Las Cortes Supremas de Justicia, Con Especial Énfasis en sus Altos Jueces y Magistrados, Utilizan la Autonomía Institucional Que la Ley le Otorga Para: ¡Auto-Recetarse en Beneficio Propio!
El “Poder Judicial paga incentivo del 97% del salario a 46 altos funcionarios”.
Cúpula, denominada ‘clase gerencial’, ostenta los sueldos más altos de la Corte.
Sin embargo, este no es el único plus que reciben estos altos funcionarios.
El Poder Judicial les paga un incentivo equivalente al 97,2% del salario base a 46 altos funcionarios.
“Se trata de un beneficio llamado Índice Gerencial, el cual se le desembolsa a los miembros de un grupo al que califican como "clase gerencial", conformado por las personas con los sueldos más altos de la entidad. Es un beneficio que disfrutan los 22 magistrados, los integrantes del Consejo Superior, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jefe y el subjefe de Defensa Pública, el fiscal general, así como los directores y subdirectores administrativos. Así lo confirmó Roxana Arrieta, directora interina del departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, tras una consulta planteada por La Nación.” …
En Otras Palabras, los Altos Jueces y Magistrados Prácticamente Duplican su Salario Auto-Recetándose Con una Larga Lista de Sobresueldos, Pluses y Privilegios Salariales, Como Que, Se les Page Por el Sólo Hecho de Estar el Poder Judicial, Que en Total Llegan a Sumar 21 Pluses.
“Conozca los 21 incentivos más caros para el Poder Judicial”.
¿Se imagina recibir un plus hasta del 22% del salario para compensar la inflación? ¿Y otro hasta del 30% solo por el hecho de trabajar en una institución?
Funcionarios judiciales en huelga durante el 2017.
“Mientras el Gobierno llama a las instituciones a reducir gastos para evitar una crisis económica, el Poder Judicial distribuye ¢60.000 millones anuales entre sus funcionarios por 21 incentivos propios de esta institución. Estos pluses constituyen el rubro más caro en el presupuesto de beneficios salariales de la Corte, el cual asciende a ¢155.000 millones. En este apartado están, por ejemplo, un incentivo equivalente al 97% del salario base, el cual solo reciben 46 personas, así como otro que alcanza hasta un 22,3% para que los salarios no pierdan valor adquisitivo.” …
Así Mismo, el Poder Judicial, Con Especial Énfasis en sus Altos Jueces y Magistrados Utiliza la Independencia de Poder del Ejecutivo y del Legislativo Que la Constitución les Otorga Para: ¡Poder Brincarse el Orden Establecido!
“¿Imitó la Corte las medidas de ahorro que el Gobierno tomó en incentivos salariales?”.
El pago de incentivos a los empleados representa el principal gasto de la entidad: ¢155.000 millones de los ¢474.800 millones de presupuesto para este 2018.
“A la hora de decidir en dónde recortar dinero para el 2019, la cúpula del Poder Judicial dejó intactos los pluses salariales que reparte entre sus funcionarios, los cuales consumen la mayor parte de los gastos en una entidad que desembolsa, en promedio, ¢1 millón mensuales por empleado solo en incentivos. El gobierno de Carlos Alvarado limitó el pago de pluses en los ministerios para evitarle una crisis económica a la población, y les solicitó a los demás poderes de la República imitar sus medidas de ahorro. Sin embargo, la Corte no tocó los ¢155.000 millones que gasta en sus beneficios salariales, los cuales se comen una tercera parte de su presupuesto anual (de casi ¢475.000 millones). Ese dinero, transferido por el Gobierno a la Corte para su funcionamiento, proviene de los impuestos cobrados a los contribuyentes.” …
Abusando de su Posición de Jueces y Juzgadores, Utilizan la Independencia de Criterio y la Inmunidad Judicial Que la Autonomía de Poder les Otorga Para: ¡Ser Parte y Jurado en Beneficio Propio!
Y de Esa Forma, Aducir Que la Independencia de Poder, los Faculta Para Ignorar y Desacatar los Decretos Ejecutivos y Legislativos y Justificar Que, ¡Se Apliquen a Todos, Menos a Ellos!
“Empleados judiciales reciben en promedio ¢1 millón mensual solo en incentivos”.
“Los pluses que paga el Poder Judicial a sus funcionarios constituyen el mayor peso en el presupuesto. Mes a mes, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base. Se trata de una cifra que supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (¢385.000) y que triplica el salario más bajo del Gobierno (¢267.000). El gasto en incentivos, de hecho, es el que más dinero consume cada año en la Corte. El presupuesto del Poder Judicial para el 2018 es de ¢474.800 millones, de los cuales ¢384.000 millones (81%) se destinan al pago de remuneraciones.” …
Ver (Video) “Empleados judiciales reciben en promedio ¢1 millón mensual solo en incentivos”: blob:https://www.nacion.com/5eb277a8-b173-4644-8658-d309537b54c2
En Otras Palabras, ¡Haced lo Que Digo, No lo Que Hago!, ¡Que Se lo Hagan a los Otros, No a Mí!, ¡Que los Demás Se Sacrifiquen, No Yo!, ¡Yo Me lo Merezco, los Demás Me Importan un Pito! … Etcétera, Etcétera, Etcétera, ¡Usted Póngale!
Sin Embargo, Eso No Es lo Más Triste en Indignante de Todo, Sino el Mal Ejemplo y el Pésimo Precedente Que, Sientan y Defienden, Para las Demás Instituciones Públicas y Autónomas Que, Defienden los Abusos Salariales Amparados Por las Convenciones Colectivas de sus Trabajadores.
Y Para Muestra y Comprobación, 1 Botón, “Con pago anual de ¢20.000 millones en pluses, jerarca de Recope alista recortes en suscripciones de cable y viajes”. El nuevo presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo dice que quiere divulgar el rostro humano de la empresa; habla del ‘despilfarro’ en Soresco y espera ‘pauta’ para revisar anualidades.
“Alejandro Muñoz Villalobos, nuevo presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), se propone lanzar a la empresa pública hacia nuevos negocios de energía limpia y mostrar el rostro humano de la compañía; generar sólo noticia positiva, afirma.” …
Porque Ciertamente, Si los Altos Jueces y Magistrados, Quisieran Dar una Muestra de Altruismo, Comprensión y Solidaridad Con los Esfuerzos del Ejecutivo Por Reducir el Gasto Público en Materia de Salarios y A la Vez, Dar un Ejemplo al Legislativo Para Que, Aprueben Prontamente las Leyes Necesarias en Ese Sentido. Lo Primero Que Deberían Hacer Es Respetar Ellos Mismo el Orden Constitucional y lo Que Dicta el Articulo 57. De la “Constitución Política de la República de Costa Rica”. En su Titulo V: “Derechos y Garantías Sociales”.
“Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.
Todo relativo a fijación de Salarios mínimos estatura a cargo del organismo técnico que la ley determine.”
Y lo Segundo Que Deberían Hacer, Es Sugerir, Por No Decir, Exigir, Reformar el Articulo 62.
“Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”
Agregando un ¡NO! a su Inicio. Caso Contrario, lo Que Podríamos Pensar del Poder Judicial al Defender Pluses Salariales Abusivos Para Ellos Mismos (Ver los Resultados » Abajo).
Es Que, lo Que Defienden No Es un Derecho, No Es su Autonomía, No Es su Independencia de Poder, ¡Es Otra Cosa!, Ver Poder Judicial y Corrupción (Resultados » Abajo). Y, Usted, ¿Qué Opina?
Poder Judicial paga incentivo del 97% del salario a 46 altos funcionarios
Cúpula, denominada ‘clase gerencial’, ostenta los sueldos más altos de la Corte.
Sin embargo, este no es el único plus que reciben estos altos funcionarios.
El Poder Judicial les paga un incentivo equivalente al 97,2% del salario base a 46 altos funcionarios.
Se trata de un beneficio llamado Índice Gerencial, el cual se le desembolsa a los miembros de un grupo al que califican como "clase gerencial", conformado por las personas con los sueldos más altos de la entidad.
Es un beneficio que disfrutan los 22 magistrados, los integrantes del Consejo Superior, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jefe y el subjefe de Defensa Pública, el fiscal general, así como los directores y subdirectores administrativos.
Así lo confirmó Roxana Arrieta, directora interina del departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, tras una consulta planteada por La Nación.
Por ejemplo, con ese plus, el salario base más alto de un magistrado de la Corte, que es de ¢2,7 millones, crece a ¢5,3 millones.
El incentivo fue creado en el 2008 con la justificación de que los sueldos de esos altos mandos no eran competitivos en comparación con los de la empresa privada y con los de otras entidades públicas.
Más pluses
Sin embargo, este no es el único plus que reciben estos altos funcionarios.
Además, perciben el Índice de Competitividad Salarial, que oscila entre el 11% y el 22,37% del sueldo base para todos los funcionarios del Poder Judicial, según el cargo, y que fue creado para que los salarios no perdieran valor adquisitivo frente al costo de la vida.
A este se suma un beneficio llamado Reconocimiento por el ejercicio de la función judicial, que va del 10% al 30% del salario base, también para todos los empleados, tan solo por pertenecer a este poder de la República.
Estos dos últimos pluses se aplican de acuerdo con el puesto desempeñado. Por lo tanto, cuanto mayor es la jerarquía, más jugoso es el monto recibido.
Los magistrados también reciben un recargo mensual de ¢800.000 por el hecho de ser magistrados.
Siempre con el ejemplo del magistrado con el mayor salario, sumándole los tres pluses antes citados, el sueldo de un funcionario de esa categoría se dispara a poco más de ¢6,7 millones.
A ello hay que agregarle el pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión, que, en el caso de los magistrados, es de un 65% del salario base. Es decir, que el monto se eleva a casi ¢9 millones.
Lo anterior, sin tomar en cuenta los pagos extra por anualidades (cantidad de años laborados en una entidad pública) o algún otro plus que puedan cobrar, como la carrera profesional.
Para el magistrado con el sueldo más alto, una anualidad equivale a ¢52.000, cifra que se multiplica por cada año laborado.
Estos incentivos forman parte de los 21 pluses propios de que disfrutan los 12.400 empleados del Poder Judicial, monto que representa el gasto más grande dentro del presupuesto de esa entidad. Tienen un peso de ¢60.000 millones en el presupuesto anual de ¢474.800 millones de la Corte.
Restricción del gasto
Ante la crítica situación fiscal del país, el Gobierno ha tomado medidas de reducción del gasto, entre estas, las relacionadas con salarios públicos. Estas consisten en la migración de porcentajes a montos fijos o nominales, para evitar el crecimiento exponencial.
Por ejemplo, en vez del 1,30% previsto por el Ministerio de Hacienda para el incremento salarial de los empleados públicos a partir el segundo semestre de este 2018, el aumento será de ¢3.750 para todos.
El Ejecutivo también redujo a un 10% y a un 25% los porcentajes del salario base que pagará como sobresueldo a los nuevos bachilleres y licenciados, en vez del 20% y el 55% que se cancelaba antes.
Asimismo, el Gobierno también solicitó a la Dirección General del Servicio Civil cambiar el sistema de pago de anualidades de porcentual a nominal. Actualmente, se cancela un 1,94% a los funcionarios que ganan más y un 2,56% a quienes reciben menos. Todavía no se ha publicado la directriz que fijaría el nuevo monto.
No obstante, en esta coyuntura de cambio en materia salarial, la Corte todavía no define si se acogerá a las nuevas directrices. La decisión queda en manos de la Corte Plena (conformada por los 22 magistrados), argumentó la entidad a este medio.
De momento, el Poder Judicial seguirá pagando a sus empleados una anualidad de entre el 1,94% y el 2,56% del salario base, de acuerdo con las directrices del Servicio Civil.
En cuanto a la dedicación exclusiva, la institución cancela de un 20% a un 65%, según el grado académico y la clase de puesto profesional, un porcentaje mayor al que se les reconoce a los trabajadores de las entidades públicas.
La única medida a la cual se acogerá será la del aumento salarial de ¢3.750 a los colaboradores.
Así aumenta el salario de un alto jerarca del Poder Judicial gracias a los diversos incentivos que percibe.
Conozca los 21 incentivos más caros para el Poder Judicial
¿Se imagina recibir un plus hasta del 22% del salario para compensar la inflación? ¿Y otro hasta del 30% solo por el hecho de trabajar en una institución?
Funcionarios judiciales en huelga durante el 2017. Foto de Julieth Méndez
Mientras el Gobierno llama a las instituciones a reducir gastos para evitar una crisis económica, el Poder Judicial distribuye ¢60.000 millones anuales entre sus funcionarios por 21 incentivos propios de esta institución.
Estos pluses constituyen el rubro más caro en el presupuesto de beneficios salariales de la Corte, el cual asciende a ¢155.000 millones.
En este apartado están, por ejemplo, un incentivo equivalente al 97% del salario base, el cual solo reciben 46 personas, así como otro que alcanza hasta un 22,3% para que los salarios no pierdan valor adquisitivo.
El gasto en estos incentivos se engrosó en un 7% este año en comparación con el 2017, a pesar de la baja inflación. Estos privilegios no tienen rango legal, sino que fueron impuestos por el Consejo Superior y la Corte Plena, lo que implica que podrían ajustarse, de ser necesario.
¿Quiere conocer la lista completa? Vea el detalle de cada rubro a continuación:
Índice gerencial:
Pago adicional del 97,2% sobre el salario base a 46 personas que conforman una cúpula denominada "clase gerencial".
Se trata de magistrados, integrantes del Consejo Superior, el director y subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jefe y subjefe de la Defensa Pública, el Fiscal General, direcciones y subdirecciones administrativas.
Este privilegio fue creado en el 2008 bajo el alegato de que los sueldos no eran competitivos en comparación con la empresa privada y con otras entidades públicas.
Índice de Competitividad Salarial:
Plus creado para que los salarios judiciales no pierdan valor adquisitivo cada vez que crezca la inflación.
El beneficio oscila entre el 11% y el 22,37% sobre el sueldo base según el tipo de puesto y se extiende a los pensionados de la entidad.
Los mayores incrementos los reciben los jueces (de un 21,25% a un 22,37%), los magistrados (22,75%) y los miembros del Consejo Superior (22,37%).
Reconocimiento por el Ejercicio de la Función Judicial (REFJ):
Se otorga entre un 10% y un 30% adicional, sobre el salario base, según el nivel del puesto, únicamente por el hecho de ser empleados judiciales.
Es un incentivo que premia "el buen desempeño de los funcionarios judiciales", reza un documento llamado Otros incentivos salariales, facilitado a La Nación por el departamento de Gestión Humana de este poder de la República.
Sobresueldo por magistratura:
Monto de ¢800.000 que se les paga mensualmente a los magistrados, además del sueldo, para "mantener" su salario. A este se le aplica el aumento por el costo de la vida decretado por el Gobierno.
Sobresueldo por coordinación de defensores públicos:
Lo reciben los defensores públicos que tienen puestos de coordinadores en las distintas oficinas de Defensa Pública de todo el país.
Por un lapso de dos años, los favorecidos reciben un 5%, un 7,5% o un 10% sobre su salario base, según la cantidad de defensores públicos que tengan a cargo.
Sobresueldo por coordinación de jueces:
Reconocimiento a los jueces por recargo de labores de coordinación dentro de un despacho.
Este puede ser del 5%, el 7,5% o el 10% sobre el salario base, de acuerdo con la cantidad de jueces que se tengan a cargo.
Se paga por un período de cuatro años.
Sobresueldo por coordinación de profesionales:
Incentivo para peritos judiciales de Trabajo Social o Psicología que asuman labores de coordinación en oficinas regionales.
Durante dos años, la persona recibe un 5%, un 7,5% o un 10% sobre su salario base, según la cantidad de peritos judiciales que tenga a cargo.
Sobresueldo por recargo de funciones:
Pago extra para los funcionarios que deben asumir labores de jueces, fiscales, defensores e inspectores, así como resolver situaciones que no pueden ser atendidas en ese momento por los titulares de los cargos.
El pago es el resultado de la diferencia entre el cargo actual de la persona y el puesto al que asciende. Se cancela por día de trabajo.
Particularidad por ser chofer de un magistrado:
Un 10% sobre el salario base para los choferes de los magistrados "por las características especiales que desarrolla esa clase de puesto y su relación directa” con estos altos cargos de la judicatura.
Reconoce la "disponibilidad, variabilidad y particularidad" de estos colaboradores.
Incentivo por regionalización:
Privilegio de un 25% sobre el salario base cancelado a magistrados quienes deben trasladarse a zonas alejadas y de conflicto social del país.
Se reconoce a puestos catalogados como “de carácter excepcional” por el Consejo Superior.
Roxana Arrieta, directora interina de Gestión Humana del Poder Judicial, dijo que, por el momento, este plus solo se le paga a una persona.
Variación de jornada:
Incremento del 20% sobre el salario base para colaboradores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según las clases de puestos.
Laudo:
Cifra de ¢3.000 a ¢21.000 que reciben todos los profesionales en Derecho (jueces, fiscales y defensores). Se trata de un monto que no contempla los aumentos por el costo de la vida.
Ley de Incentivos Médicos:
Es un porcentaje fijo sobre el salario base otorgado a los médicos que laboran para el Poder Judicial.
Lo reciben, por ejemplo, los colaboradores de unidades como Psicología Forense, Ciencias Forenses y el odontólogo de la entidad.
Bono por Exclusividad Policial (BEP):
Porcentaje del 15% sobre el salario base que reciben los policías judiciales que realizan investigaciones criminales. Esto una forma de compensar la disponibilidad absoluta que deben tener, por la naturaleza de su labor.
Pasos por capacitación:
Es un reconocimiento para los funcionarios no profesionales que se actualicen con capacitaciones.
Cada “paso” se paga con el monto de una anualidad correspondiente al cargo que ocupe el empleado.
Responsabilidad por la protección radiológica:
Aumento del 5% sobre el salario base para los empleados que, por sus funciones, tengan exposición a radiaciones ionizantes como rayos X.
Riesgo:
Reconocimiento para quienes desempeñen los puestos de mayor peligrosidad entre los colaboradores de la institución.
Es un aumento sobre el salario base del 10% para funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 5% para jueces que asuman materia penal, del 5% para defensores públicos y fiscales y del 5% para quienes manipulen sustancias peligrosas.
Carrera profesional:
Monto extra que se paga a los empleados por ser bachilleres en alguna carrera, así como cuando obtienen un posgrado.
El bachillerato universitario equivale a 10 puntos; la licenciatura a otros 10 y las maestrías a 20 más.
Cada punto tiene un valor de ¢2.631, el cual aumenta en función del incremento por el costo de vida. Entonces, un empleado con una licenciatura y máster, que acumula 40 puntos, recibe ¢105.240 aparte del sueldo.
Este plus también se otorga por la experiencia profesional, por alguna publicación –de un libro, por ejemplo–, por ser docente en la Escuela Judicial (un centro de formación interno para los funcionarios del Poder Judicial) y por el recorrido que tenga el colaborador en organismos internacionales.
Además, este beneficio lo aprovechan quienes ostenten algún grado de responsabilidad por el ejercicio de la función judicial.
Dietas:
Cantidad fija que se reconoce a los funcionarios que integren los consejos de administración del Poder Judicial, pues están obligados a asistir a las sesiones de estos órganos fuera de su horario ordinario.
Se calcula sumando el salario base de la personas, así como los siguientes pluses: el Reconocimiento del Ejercicio de la Función Judicial (REFJ), el laudo, el Índice de Competitividad Salarial (ICS) y el sobresueldo por magistratura.
Esa sumatoria se divide entre 30 (los días del mes) y el resultado será el monto de la dieta.
Se paga media dieta cuando la sesión es de dos a cuatro horas, y completa cuando esta oscila entre las cinco y las ocho horas.
Horas extra:
Tiempo extraordinario que se emplea para actividades laborales, las cuales, por su complejidad o aumento de trabajo, no se completan durante la jornada normal.
Se pagan de la siguiente manera:
-Hora sencilla: salario bruto dividido entre 30 (días) y el resultado se divide entre 8.
-Hora a tiempo y medio: salario bruto dividido entre 30 (días); el resultado se divide entre 8 y se multiplica por 1.5.
-Tiempo doble: salario bruto dividido entre 30 (días); el resultado se divide entre 8 y se multiplica por 2.
Zonaje:
Incentivo de entre un 15% y un 20% sobre el salario base para el empleado quien tenga que cambiar de domicilio por razones laborales.
Este plus pretende amortiguar los gastos extra y las condiciones de vida diferentes de la persona al tener que cambiar su lugar de residencia.
¿Imitó la Corte las medidas de ahorro que el Gobierno tomó en incentivos salariales?
El pago de incentivos a los empleados representa el principal gasto de la entidad: ¢155.000 millones de los ¢474.800 millones de presupuesto para este 2018.
A la hora de decidir en dónde recortar dinero para el 2019, la cúpula del Poder Judicial dejó intactos los pluses salariales que reparte entre sus funcionarios, los cuales consumen la mayor parte de los gastos en una entidad que desembolsa, en promedio, ¢1 millón mensuales por empleado solo en incentivos.
El gobierno de Carlos Alvarado limitó el pago de pluses en los ministerios para evitarle una crisis económica a la población, y les solicitó a los demás poderes de la República imitar sus medidas de ahorro.
Sin embargo, la Corte no tocó los ¢155.000 millones que gasta en sus beneficios salariales, los cuales se comen una tercera parte de su presupuesto anual (de casi ¢475.000 millones).
Ese dinero, transferido por el Gobierno a la Corte para su funcionamiento, proviene de los impuestos cobrados a los contribuyentes.
Por ahora, el logro de la entidad es haber mantenido el presupuesto para el 2019 en el mismo monto estimado para el 2018 (¢474.800 millones).
La Corte proyectaba gastar ¢485.000 millones en el 2019, pero se comprometió con Hacienda a presupuestar los mismos ¢475.000 millones de este año, evitando un crecimiento de unos ¢10.000 millones.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, declaró que la Corte tiene autonomía y cuenta con una ley de salarios propia por ser un poder de la República, por lo que no está obligada a acatar las medidas de restricción del gasto del Ejecutivo.
Por su parte, Nacira Valverde, directora de Planificación, afirmó: “No se pueden acatar (todas las medidas de reducción de gasto del Ejecutivo) porque somos un poder de la República. El poder de la República tiene independencia y necesita analizar su entorno”.
Dedicación exclusiva
En el caso de la dedicación exclusiva, el Ejecutivo redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del salario base que se pagarán a nuevos bachilleres y licenciados, por este plus, en vez de un 20% y un 55%.
No obstante, el Poder Judicial paga más, entre un 20% y un 65% según el grado académico y la clase de puesto profesional.
Al consultársele si imitará la medida tomada por el Gobierno, la entidad respondió que se rige por su propio Reglamento del Régimen de Dedicación Exclusiva. Añadió que es independiente en esta materia porque también "su propia legislación en cuanto a Ley de Salarios".
La Corte no se ha sumado a esta medida, pero afirma que está revisando este plus internamente.
Este 2018, la Corte pagó ¢37.500 millones en dedicación exclusiva y prohibición, convirtiéndose en el segundo rubro de mayor tamaño.
Anualidades
Dado que su ley de salarios no es específica con respecto al pago de anualidades, la Corte paga este plus de acuerdo a las directrices de la Dirección General del Servicio Civil.
Por ello, concede a sus empleados entre un 1,94% y un 2,56% del salario base, adicional, por cada año laborado.
Sin embargo, el Gobierno solicitó al Servicio Civil cambiar de este pago, de manera que ya no sea un porcentaje del salario, sino un monto fijo. La idea es evitar el crecimiento exponencial del gasto en este plus.
Sin embargo, ahora que las reglas están por cambiar, la Corte no está segura de adaptarse al cambio. La decisión queda en manos de la Corte Plena, dijo la entidad.
Francisco Chang, subdirector de del Servicio Civil, afirmó que si el Poder Judicial decidiera apelar a su autonomía y no frenar el crecimiento en anualidades, está facultado para hacerlo.
“Las anualidades están contempladas en la Ley de salarios de la administración pública. El tema de si la Corte se separa de los contenidos de la escala de sueldos de esa normativa, es un tema que la Corte analiza desde su facultad jurídico-administrativa. Ellos son los que deciden si lo hacen o no”, explicó Chang.
Sin embargo, el funcionario advirtió de que el Poder Judicial reporta salarios mucho más altos en comparación con el resto de funcionarios públicos. “En la Corte ganan como tres veces más”, recalcó Chang.
Las anualidades son uno de los incentivos que más recursos demandan al Estado. Este 2018, el gasto de la Corte en este rubro es de ¢36.200 millones.
‘Otros incentivos’
El mayor gasto en pluses del Poder Judicial lo constituyen los “otros incentivos”, que son 21 beneficios específicos para los funcionarios judiciales y que cuestan casi ¢60.000 millones anuales. Estos no fueron tocados, se mantienen intactos.
Estos pluses podrían modificarse en cualquier momento, pues no tienen rango de ley, sino que fueron creados por la cúpula.
Desde agosto del 2017, la Corte Plena ordenó a las direcciones Jurídica y de Gestión Humana estudiar posibles ajustes en los porcentajes y montos que se paga a los empleados por incentivos como zonaje, dedicación exclusiva, disponibilidad, reajustes salariales por horas extras, ascensos, vacaciones profilácticas y otros.
“Estamos en un proceso de revisión de toda la normativa para que se tomen medidas de ajuste en esa línea (de restricción del gasto que plantea el Gobierno)”, afirmó Romero.
Por su parte, la directora de Planificación, insistió en que no es posible adelantar criterios de qué pasará. “Es un análisis que, conscientemente, se pidió desde el año pasado, adelantándose a las medidas de contención del gasto que ya sabíamos que se requerían”, aseveró Valverde.
Ajuste salarial
La única medida del Gobierno que la Corte imitará, por ahora, es el aumento salarial de ¢3.750 por semestre para todos los empleados.
Desde el 2005, la institución venía aplicando el mismo incremento salarial por costo de vida que daba el Gobierno a los funcionarios públicos, el cual se regía como un porcentaje y no como un monto fijo.
Sin embargo, una reciente directriz del Ejecutivo ordenó pasar el aumento a ¢3.750 para todos los empleados, medida que será acatada por la Corte.
“El mensaje del presidente de la Corte (Carlos Chinchilla) es de que nos vamos a sumar (a las medidas de restricción del gasto). No se trata de entrar en un conflicto de que tenemos la obligación, porque hay un tema de independencia, sino de que nos vamos a sumar”, argumentó Romero.
El nuevo aumento salarial regirá para todos los colaboradores, a excepción de la clase gerencial, un grupo de 46 personas que ostenta los sueldos más elevados en el Poder Judicial. A estos últimos no se les hará incremento para cumplir con la petición gubernamental de no subir los salarios a los altos jerarcas, aseguró la directora ejecutiva.
Consultada sobre las medidas de restricción del gasto tomadas por el Poder Judicial, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó que se trata de “un esfuerzo importante”
“Yo no quisiera que se vea como que se limita (la Corte) a hacer el ajuste salarial. Realmente, es un esfuerzo importante que yo creo que vale la pena reconocerle. No es tan sencillo mantener un presupuesto en los mismos términos que el año anterior, sobre todo cuando hay disparadores automáticos en algunos elementos de gasto”, comentó la Ministra.
Empleados judiciales reciben en promedio ¢1 millón mensual solo en incentivos
Los beneficios se engordan cada vez más y ya pesan más que los salarios base.
Los pluses que paga el Poder Judicial a sus funcionarios constituyen el mayor peso en el presupuesto. Foto: Jorge Castillo.
Mes a mes, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base.
Se trata de una cifra que supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (¢385.000) y que triplica el salario más bajo del Gobierno (¢267.000).
El gasto en incentivos, de hecho, es el que más dinero consume cada año en la Corte.
Ver (Video) Empleados judiciales reciben en promedio ¢1 millón mensual solo en incentivos: blob:https://www.nacion.com/3426160e-393a-4d6e-a2cc-dad1fde5cb77
El presupuesto del Poder Judicial para el 2018 es de ¢474.800 millones, de los cuales ¢384.000 millones (81%) se destinan al pago de remuneraciones.
De ese monto, casi ¢155.000 millones se reservan para costear los incentivos, lo que equivale a una tercera parte del total del dinero que el Gobierno le transfiere a la Corte para sufragar sus gastos, proveniente del cobro de impuestos.
Este rubro de beneficios se engordó en los últimos años en favor de los funcionarios judiciales. Creció en un 44% en los últimos ocho años al pasar de ¢107.000 millones, en el 2010, a ¢155.000 millones en la actualidad.
De hecho, el Poder Judicial gasta hoy mucho más en incentivos que en salarios base, pues estos últimos cuestan ¢102.000 millones.
El gasto de beneficios se alimenta de anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad, compensación por vacaciones, salario escolar, recargo de funciones y un rubro llamado “otros incentivos salariales”, que es el más gordo de todos y que corresponde a un grupo de 21 privilegios exclusivos para funcionarios judiciales.
Los datos se desprenden de una comparación realizada por La Nación de los presupuestos del Poder Judicial.
Holgura salarial en medio de la austeridad
La Corte dispone de esta holgura de pluses salariales en momentos en que el presidente Carlos Alvarado pide a los demás poderes imitar las medidas de austeridad del Gobierno, con la consigna de sortear una crisis económica que ahogaría al país.
En esa línea de restricción del gasto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció medidas para contener el crecimiento en anualidades y dedicación exclusiva, al tiempo que otorgará un mismo aumento salarial para todos sus funcionarios (¢3.750 por semestre).
En anualidades, por citar un caso, ya no se pagará un porcentaje del salario sino un monto fijo, lo que evitará el crecimiento exponencial. Por dedicación exclusiva, el Ejecutivo redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del salario que se pagarán a nuevos bachilleres y licenciados, en vez de un 20% y un 55%.
La Corte, que paga por ejemplo hasta un 65% por dedicación exclusiva, no ha dicho si imitará estas medidas. Lo único que ha anunciado es un recorte de un 0,4% en el presupuesto del 2018.
Solo en restricción al ejercicio de la profesión de los funcionarios, la Corte gasta ¢37.500 millones anuales y, en anualidades, ¢36.200 millones.
El Gobierno pudo ponerle freno a anualidades y dedicación porque no estaban fijados por ley, sino por decisión del Ejecutivo. Y, en la Corte, los incentivos más caros no tienen rango legal, sino que son concesiones de la cúpula.
El Poder Judicial gasta casi ¢60.000 millones en 21 beneficios ideados por el Consejo Superior o por la Corte Plena del Poder Judicial. Este es un rubro que creció muy por encima de la inflación en el 2018, pues subió en un 7% con respecto al 2017.
Costo de remuneraciones en la Corte.
Crecimiento de los incentivos en la Corte.
Ante la consulta de si estos incentivos se podrían modificar, Roxana Arrieta, directora interina de Gestión Humana del Poder Judicial, enfatizó que tales designaciones “responden a estudios técnicos realizados a las clases del puesto correspondiente”.
“En este caso, para cada acto administrativo que ha conferido un incentivo laboral, aplica el principio de intangibilidad de actos propios, lo que significa que cada uno se encuentra plenamente incorporado a la esfera jurídica de las personas trabajadoras mediante un acto administrativo válido y eficaz”, explicó la funcionaria.
Agregó: "Es decir, generan derechos subjetivos adquiridos de buena fe, por lo que no son susceptibles de perder sus efectos jurídicos, dado que se encuentran amparados al principio de confianza legítima a favor de los trabajadores".
Entre los "otros incentivos", destaca el Índice Gerencial, gestado en el 2008 por los altos jueces, quienes alegaron que sus sueldos no eran competitivos en comparación con la empresa privada y otras entidades públicas, por lo que otorgaron el plus a los 46 puestos de mayor rango.
Este se calcula en un 97,2% sobre el salario base, según consta en un documento con el detalle de esos incentivos facilitado a La Nación por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
En la lista de otros incentivos, figura también un sobresueldo por magistratura –un ajuste dirigido a los magistrados por el aumento del costo de la vida–, así como un sobresueldo por coordinación de jueces y otro por coordinación de profesionales.
Estos últimos están dirigidos a jueces y peritos judiciales e implican un alza de entre el 5% y el 10% sobre el salario base, según la cantidad de personal que los beneficiarios tengan a cargo.
Se suman a este catálogo un bono por exclusividad policial, un reconocimiento por zonaje, un incentivo por regionalización y un rubro del 10% sobre el salario base para los choferes de los magistrados.
Comparación
Cada empleado del Poder Judicial cuesta en promedio ¢2,4 millones al mes, tomando en cuenta las cargas sociales, mientras que en un órgano como el Ministerio de Justicia, la proporción es de ¢1,4 millones.
En Justicia, órgano del Poder Ejecutivo, los incentivos cuestan ¢600.000 mensuales por funcionario.
Comparación del costo de los incentivos del Poder Judicial frente a los de un ministerio.
Con pago anual de ¢20.000 millones en pluses, jerarca de Recope alista recortes en suscripciones de cable y viajes El nuevo presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo dice que quiere divulgar el rostro humano de la empresa; habla del ‘despilfarro’ en Soresco y espera ‘pauta’ para revisar anualidades.
Alejandro Muñoz Villalobos, nuevo presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), se propone lanzar a la empresa pública hacia nuevos negocios de energía limpia y mostrar el rostro humano de la compañía; generar sólo noticia positiva, afirma.
Alejandro Muñoz Villalobos, nuevo presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), se propone lanzar a la empresa pública hacia nuevos negocios de energía limpia y mostrar el “rostro humano” de la compañía; generar solo noticia positiva, afirma.
El economista de 59 años y extesorero del fallido proyecto de una refinería en conjunto con China, afirma que está dispuesto a recortar gastos. En este momento, revisa seis contratos de televisión por cable y están bajo lupa los viajes al extranjero del personal.
Si Casa Presidencial se lo ordenara, hasta interpondría acciones legales para recortar las anualidades de la convención colectiva; beneficio que rondaría los ¢20.000 millones anuales. Por cuenta suya, sin embargo, no lo haría porque “una política de choque” no es estratégico en este momento.
El 11 de junio, Muñoz detalló aspiraciones para la empresa y brindó explicaciones sobre proyectos estancados y bajo investigación; así como el avance de un polémico nombramiento de directores de área. Estas líneas resumen aquella conversación.
-Recope enfrenta un deterioro de imagen pública por lo que se consideran cláusulas abusivas de su convención colectiva. ¿Cómo se propone revertir esa percepción ahora que se estrena a la cabeza de la empresa?
-Me da oportunidad de referirme al tema de la convención colectiva, que además ya recibió algunas rebajas importantes en ciertas cosas que hacían que la opinión pública estuviera en contra. Esta es una empresa estratégica del Estado, le da al país 66% de la energía total que requiere para su producción.
“Es estratégica también, no solo por ser un monopolio de los hidrocarburos, sino porque es la única que puede desarrollar de manera intensiva una alternativa de combustible en el país, como biodiésel: etanol, hidrógeno y otras fuera del monopolio de los hidrocarburos.
"Esos no son negocios del monopolio, pero requieren una alta inversión, por eso Recope puede ser un aliado estratégico para cualquier iniciativa privada. Así como nosotros también seríamos una oportunidad para empresas privadas que deseara desarrollar una alternativa ecológica".
– ¿Va por ahí su ruta, ofrecer esta compañía a la empresa privada para generar una alternativa energética y un futuro a la Refinadora?
-El presidente me dio una directriz. Por lo menos la idea es dejar planteado e iniciar lo que se puede iniciar de una alternativa a los combustibles fósiles. Nos hemos reunido con la diputada Paola Vega de Acción Ciudadana para llevar de nuevo el planteamiento de cambiar la ley que regula a Recope (Ley Nº 6588). La conversación no solo ha implicado la posibilidad de que Recope pueda desarrollar otras iniciativas para Costa Rica sino que se le suelten amarras para hacer emprendimientos público-privados y se dinamicen otras áreas de la economía.
"Por ejemplo, Recope no se va a poner a sembrar cultivos para luego generar biocombustibles, más bien va a generarlos a partir de materia prima de otro. Esto podría dinamizar la agricultura. Recope podría ser también un dinamizador de la economía.
“En el caso del uso de gas licuado de petróleo (GLP), en alianza con el Ministerio de Ambiente y Energía, podríamos actuar como certificadores de talleres para adaptar vehículos a gas, lo cual tendría un impacto también en el tema de emisiones".
-Luego de ajustarse la convención colectiva en el 2016, el nuevo acuerdo da a sus empleados profesionales aumentos por anualidad de 5% al año. Es decir que la reforma fiscal no los afectará igual que al resto de trabajadores del país. Entendemos que este específico incentivo ronda los ¢20.000 millones al año ¿es así?
-No tengo el dato exacto de cuánto signifique ese monto, pero sí es un artículo que podría, y debe ser replanteado en la próxima negociación de Recope. Eso si no es que primero llega una directriz presidencial o un fallo de la Sala Constitucional.
-La anualidad no se tocó cuando se renegoció la convención y el presidente Carlos Alvarado era el ministro de Trabajo. Hoy Alvarado es presidente y está enviando un fuerte mensaje de recortar privilegios y contener gasto. ¿Qué específicamente propone usted como jerarca de Recope en sintonía con ese mensaje?
-Hemos acatado ya todas las directrices que él ha hado, estamos en este momento detectando algo. No es algo que signifique un monto inmenso pero es una directriz del presidente y, bueno, hay que acatarla como es la supresión de contratos de televisión por cable que son seis en Recope. De esos habremos de determinar cuáles son estrictamente necesarios.
-¿Y alguna otra oportunidad de ahorro más ambiciosa?
-Los viajes, para que sean estrictamente de capacitación y en áreas donde se vaya a incursionar. Aquí generalmente, cuando hay viajes, es para eso. Aquí nadie viaja por ir a congresos o cosas así. Entraremos en esa racionalización. Esto incluirá el tema de gasto en publicidad para que sea solo lo estrictamente necesario y modificar un poco más la comunicación interna y externa implementando más las redes sociales de forma que vamos generar solo noticia positiva y muy puntual; para que vaya calando en los costarricenses de forma que vayan conociendo el rostro humano de Recope.
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-¿Y cómo es eso?
-Recope no son las cuatros paredes de este edificio. Recope lo conforman personas y es importante que la gente sepa sobre la calidad profesional y técnica de los trabajadores de esta empresa y los riesgos que suelen enfrentar al atender labores.
"Que se conozca cómo hay personas aquí quienes aportan un esfuerzo que va más allá de dar la milla extra en su trabajo. En fin. Si los costarricenses empiezan a comprender y conocer lo que los profesionales técnicos y empleados hacen por este país, van a darle otra dimensión a la importancia estratégica de esta empresa para Costa Rica".
-¿Y no sería una noticia positiva que usted interponga una acción de inconstitucionalidad contra las anualidades en la convención colectiva alegando violación al principio de racionalidad y proporcionalidad del gasto?
-No lo he pensado específicamente. A un mes de haber asumido la Presidencia, no es un tema que en este momento sea de prioridad. La prioridad ha sido orientar el trabajo de la unidad del Planificación y las gerencias hacia los nuevos proyectos en donde queremos entrar. Una política de choque no es lo que considero más estratégico en este momento. Ya veremos más adelante cómo se plantearán las cosas.
"Aunque tengamos una idea de por dónde deben andar las anualidades, sí preferiríamos que sea el Poder Ejecutivo sea quien nos dicte la pauta de por dónde deben andar las anualidades".
-¿Y cree que el gobierno de Carlos Alvarado giraría esa orden para que se proceda con una acción de inconstitucionalidad en ese sentido?
-Hay buenas intenciones de parte del Ejecutivo en racionalizar el gasto del sector público y sobre todo con la renegociación de las convenciones colectivas que serán este año.
"En el caso de Recope en el año 2019 pero, como le digo, siempre y cuando primero no llegue un fallo constitucional que nos indique otra cosa y el cual,desde luego, acataremos".
-Usted fue tesorero de Soresco; la empresa conjunta que Costa Rica y China crearon en el marco del fracasado proyecto de una refinería con ese país. Ahora que habla de nuevos planes ¿Se propone este Gobierno o usted revivir la idea de una refinería?
-Costa Rica debe de asumir con más fuerza uno de los liderazgos mundiales en el tema del cambio hacia energías limpias y sostenibilidad del ambiente. Entonces, no lo veo en el panorama, por convicción propia o por directriz del presidente, que haya oportunidad alguna para una refinería de petróleo en Costa Rica.
"Otros proyectos quizás necesiten inversiones según el área pero, una refinería, no lo considero. El presidente más bien endurecerá la ley de hidrocarburos para que nunca se pueda explorar petróleo en el país".
-Hablando de proyectos ¿podría confirmarme si sigue paralizado el muelle petrolero por debido a disputa con el consorcio ICA-MECO? La obra debió entregarse hace más de un año cuando faltaba 3% de obras.
-Eso se finiquitó antes de irse doña Sara Salazar (exjerarca de Recope). Está para entrega en agosto próximo cuando se inaugura. Será una de las primeras obras que estrenará este gobierno… si no pasa nada malo, esperemos que no.
-La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos halló problemas en el manejo contractual a lo largo de ese proyecto, tanto de Recope como del consorcio. Deficiencias en planificación y gestión de ustedes. Hasta les abrió una investigación. ¿Qué opina de esto considerando sus planes para nuevos negocios?
-No entiendo que esto haya sido un problema unilateral de Recope, fue una mala gestión también del consorcio ICA-MECO, incluidos problemas financieros entre ellos y sus diferencias internas que obviamente nos afectaron. Sin embargo, no veo cómo esta situación particular deba trasladarse de manera directa a los nuevos proyectos que vendrán.
"Reconozco más bien que en Recope hay profesionales en las gerencias y cuya formación gerencial es muy buena. No percibo que esto tenga que ver con la continua gestión de otros proyectos de Recope. Es un caso fortuito".
-¿Algún avance en la disputa para recuperar el dinero del fondo común para el fallido proyecto de la refinería en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional? ¿Cuánto dinero queda?
-Quedan $32,6 millones; $16,1 millones por socio. El proceso legal sigue su rumbo en Londres. Por ahora desconozco cuántos meses quedan, pero creo que hablamos de un proceso de alrededor de dos años de los cuales nos faltan 20 meses. Ojalá fuera antes, pero son procesos de negociación lenta. Sigue su curso el asunto y por ahora no corresponde colaborar con el bufete contratado.
-Seguro conoce que se denunció ante la Procuraduría de la Ética un proceso para elegir a 10 directores de área debido a posibles faltas al deber de probidad luego de modificarse la convención colectiva para amarrarlos al cargo antes del cambio de Gobierno. ¿Finalizó ya ese proceso?
-Cuando asumí, los concursos estaban paralizados. En espera, pero a mí lo que me correspondía era acatar el cumplimiento de los procedimientos y, en ese sentido, ordené que los concursos siguieran su rumbo y terminaran.
"Ya hay recomendaciones finales para que los funcionarios que aprobaron los exámenes y pruebas ya fueran a la Junta de Relaciones Laborales y que, de ahí, salieran las recomendaciones que luego habría de aprobar la gerencia de administración y finanzas. Eso podría estar listo en dos semanas".
-Había una serie de pruebas para determinar si los aspirantes, incluidos estos 10 directores, eran aún competentes para el cargo. Entendemos que algunos no pasaron.
-Fueron varias pruebas y cada una tenía un puntaje. La sumatoria de ese puntaje es lo que le daba la posibilidad o no a cualquier funcionario de acceder a la entrevista final para ir al puesto.
"Hay algunos casos que tienen litigios legales en curso de forma que sobre el procedimiento específico no podemos adelantar criterio".
-Entonces, algunos directores de área no necesariamente aprobaron las pruebas.
-No necesariamente. Incluso si las hubiesen aprobado, otros participantes pudieron haber tenido un mejor resultado debido a un mejor desempeño. Entonces se remiten los nombres de quienes cumplan y será la Junta de Relaciones Laborales la que recomendará.
-¿Usted era miembro de Auditoría Interna de Recope cuando la Procuraduría de la Ética investigó denuncias ligadas a estos nombramientos?
-No lo viví ese proceso. Yo ya había renunciado a la Junta Directiva antes de que eso sucediera. Aunque era presidente del Comité de Auditoría Interna, tampoco sé si el Comité lo habría visto ese tema porque ese comité se centra principalmente en temas de inversiones y gobierno corporativo. No ve esos temas tan puntuales. Cuando se dieron esos concursos, yo ya no estaba, no sé cómo fue o cómo pasó.
-¿Cuán transparente diría que es Recope ante la opinión pública en una escala de 1 a 10?
-No puedo hablar por las administraciones anteriores. Le puedo decir que mientras estuve como director, en la Junta Directiva, como presidencia en el Comité de Auditoría, y como representante de Recope en Soresco, le puedo decir que en esos tres ámbitos Recope siempre fue total y absolutamente transparente en su información y en su proceder.
"Nosotros nunca negamos que existieran problemas, siempre se habló de ellos pero en ciertas cosas teníamos las manos atadas como en Soresco donde siempre tuvimos la intención de parar ese despilfarro de dinero pero … ¡diay! el contrato de empresa conjunta nos amarraba. Con respecto a la actuación de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, siempre fuimos transparentes en todas las opiniones que dimos.
“Pero esta es una nueva administración donde la transparencia y dar cuentas es prioritario. Vamos hacia una transformación y en esa ruta debemos ser totalmente transparentes si vamos a echar adelante los proyectos; más si queremos tejer nuevas alianzas estratégicas.”
¿Y frente a los consumidores?
-Tenemos que actuar de forma transparente para que nos comprendan, es más, si pretendemos hacer un manejo ideal de redes sociales para conocer el rostro humano de Recope, tenemos que ser totalmente transparentes con la información de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos".
Constitución Política de la República de Costa Rica
Titulo V: Derechos y Garantías Sociales
Articulo 57. Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.
Todo relativo a fijación de Salarios mínimos estatura a cargo del organismo técnico que la ley determine.
Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.
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