Muy pocas veces tengo la oportunidad de señalar algo positivo acerca del Gobierno, mucho menos de señalar que el camino escogido es el correcto; por eso cuando la tengo, lo hago.
Al parecer el Gobierno Chinchilla ha iniciado un viraje en su gestión en la ruta correcta; la cual es: el Control de la Evasión Fiscal y la Eliminación de los Privilegios y Pluses Salariales en ciertas Cúpulas, Élites y Gremios del Sector Público que no hacen mas que promover e incrementar la desigualdad salarial y por consiguiente, la brecha social , la discriminación laboral y la diferenciación de clases económicas.
Y es que con solo adoptar y poner en práctica estas medidas y otras que hacen falta; se podrá observar a corto plazo que la actual restricción presupuestaria del gobierno podrá ser disminuida; reduciendo el porcentaje de financiamiento con deuda y por el contrario, aumentando el el porcentaje de financiamiento con gasto corriente, proveniente del aumento de los activos del Estado debidos a la mayor recaudación (ingresos).
El camino iniciado es el correcto; aún así, falta por hacer. No se deberían restringir los presupuestos de los ministerios de Vivienda, Ambiente y de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en sectores tan importantes como: la transferencia de dineros hacia el Banco Hipotecario de la Vivienda, correspondientes al bono colectivo, por razones obvias (ya prácticamente ninguna familia puede financiar una vivienda a título personal o individual); restar recursos al programa Rectoría del Sector Telecomunicaciones, lo cual implicaría desventaja para el ICE y ventaja para sus competidores.
En el caso del MOPT para el 2013 no se incluye una transferencia al Consejo Nacional de Vialidad para la ruta 32 (carretera a Limón). Aquí debemos hacer una excepción y analizar el recorte aparte; No porque se justifique el recorte; en términos ordinarios No se justificaría. El problema, como lo he mencionado muchas veces, es que el MOPT ya no es el ente rector de construcción y desarrollo de infraestructura para el país; eso ya se perdió y ahora lo que hace es transferir recursos al Conavi para que el CNC de en concesión la la construcción o el mantenimiento de la infraestructura proyectado; por lo tanto, en este caso, el recorte No significaría que se estaría eliminando una transferencia para que el MOPT desarrolle la ruta 32 (carretera a Limón); sino que se estaría eliminando una trasferencia para que Conavi page a la empresa consecionaria para que ésta desarrolle el proyecto y además obtenga ganancia por cobro de peaje por parte de los usuarios de la ruta.
¿Que faltaría por hacer?
Eliminar el modelo de concesión adoptado junto con el CNC y el Conavi; sustituirlo por un modelo de contratación de obra pública ; devolver al MOPT su papel histórico de ente rector de la construcción y mantenimiento de infraestructura pública.
En vez de recortar el presupuesto de importantes proyectos sociales y de infraestructura; hacerlo con partidas específicas para accesorias, consultorías, gastos administrativos, pago de incentivos, viáticos a quienes No los necesitan, relaciones públicas, personal administrativo, publicidad, papelería, etc; etc; etcétera.
Aumentar, exigir y controlar aún más los programas de evasión fiscal; denunciar a los evasores; cobrar a los evasores; tomar acciones legales en su contra.
Cobrar efectivamente los impuestos ya existentes; transformar el I.V en I.V.A; pero No trasladar su cobro al consumidor; que el expendedor, el profesional, el vendedor, el que sea, lo asuma como pago de sus impuestos y tributos y que así lo reporte ha Hacienda y a Tributación Directa.
Crear la legislación necesaria para obligar al Estado al cumplimiento en el cobro de los impuestos y la sanción a los evasores.
Ya que el Gobierno tuvo la iniciativa de abrir la trocha en el camino correcto; porqué no convertirla en una súper-autopista a 8 carriles y motor de un desarrollo económico y social justo y equitativo para todos.
Gobierno pretende cortar privilegios a empleados públicos
PRESENTA A SINDICATOS LEY PARA UNIFICAR SOBRESUELDOS
Cesantía no superará los 8 años y pago de incapacidad será de 60% máximo
Instituciones estarán obligadas a renegociar los convenios colectivos
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para recortar privilegios en cesantía, anualidades, disponibilidad y dedicación exclusiva que se pagan a los empleados del sector público.
IMAGENES/FOTOS
La iniciativa también pretende obligar a los jerarcas de todas las instituciones que tienen una convención colectiva, a denunciar el acuerdo poco antes de que caduque su vigencia, para renegociar los beneficios cubiertos.
La propuesta se presentó ayer ante la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público, donde algunos sindicalistas ya sonaron tambores de guerra.
El interés del Gobierno es que el texto se discuta durante seis meses y haya acuerdos.
Luego, los ministros de Hacienda, Édgar Ayales; Trabajo, Sandra Piszk; y de Planificación, Roberto Gallardo, hicieron una exposición a la prensa y justificaron los recortes.
Según argumentaron, existe una gran cantidad de normas y convenios que generan desigualdades salariales entre trabajadores con los mismos años de experiencia, las mismas responsabilidades y los mismos atestados.
A modo de ejemplo, pero sin indicar las instituciones, expresaron que el sueldo de un gerente de área es de ¢900.000 en una entidad y de ¢4,6 millones en otra.
También alegaron que el gasto en salarios se disparó en los últimos años. Por ejemplo, el rubro de remuneraciones (salarios + incentivos) representa el 36% del gasto del Gobierno Central, el 88% de la Corte y el 43% en la Caja Costarricense del Seguro Social.
Por otra parte, estos incentivos salariales consumen el 47% del dinero correspondiente a remuneraciones en la Universidad de Costa Rica, el 42% en la Caja y el 45% en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Finalmente, el sueldo promedio de un empleado del Gobierno Central (ministerios) es 2,2 veces superior al salario promedio del sector privado. Los datos están incluidos en un informe sobre la situación salarial del sector público, el cual también se divulgó ayer.
La propuesta. El anteproyecto de ley cubre a todos los empleados del sector público (Gobierno Central, entes descentralizados y municipalidades). Los únicos excluidos de las restricciones son los bancos del Estado, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad “por encontrarse en un régimen de competencia”.
En cesantía, fija un tope máximo de 8 años. Eso sí, aquellos que tengan una norma que les conceda el pago de más años de cesantía, “se les respetará la cantidad de años acumulados a la fecha de entrada en vigencia” de la nueva ley.
Lo mismo ocurrirá con aquellos cubiertos por una convención colectiva, cuyo tope de cesantía se mantendrá intacto, mientras la norma esté vigente.
Sobre el pago de anualidades, se busca que el monto fijo para todos los trabajadores sea de 2,54%.
NOTAS RELACIONADAS
Sandra Piszk: ‘Un problema por más de 60 años’
Propuesta estatal ya genera molestia sindical
ANEXOS
Disparidades en regímenes vigentes
Cesantía
El Código de Trabajo establece que la cesantía equivale al pago de 22 días de salario por cada año laborado, hasta un tope máximo de 8 años. Sin embargo, en los diferentes convenios laborales del sector público este beneficio se dispara a 20 años (CCSS, INS, Fuerza y Luz, Japdeva y JPS), 24 años en Recope y 25 años en el Consejo Nacional de Producción.
Anualidades
Es un monto adicional al salario que se acumula por cada año laborado en el sector público. Mientras en el Instituto Nacional de Aprendizaje cada anualidad equivale al 1,94% del salario, en el Instituto Nacional de Seguros ronda entre el 3% y 9,99% y en la Universidad de Costa Rica es del 5,5%.
Disponibilidad
La compensación se cancela cuando el trabajador debe estar disponible en horarios diferentes a la jornada ordinaria. En el ICE, el beneficio es de un 10% de sobresueldo, en Recope oscila entre 5% y 15%, en Japdeva es 40% y en la Municipalidad de San José, 45%.
Curiosidades
En la Caja Costarricense de Seguro Social se paga un incentivo especial para la vivienda que se paga cada 28 días a los médicos, dependiendo de su localidad laboral. El monto oscila entre ¢5.000 y ¢10.000.
En la Refinería Costarricense de Petróleo cuando un trabajador se incapacita, recibe el 60% del salario que paga la Caja Costarricense de Seguro Social y Recope paga el otro 40% para que devengue salario completo. Además, se traslada gratuitamente a los empleados hasta su centro de trabajo y los trabajadores cuentan con un fondo de ¢5,5 millones anuales para actividades sociales, sindicales, culturales y deportivas.
En el Instituto Costarricense de Electricidad, hay permiso con goce de salario para asistir a clases (que sean de interés para el ICE), con un tope máximo de 6 horas por semana.
En el Poder Judicial, la dedicación exclusiva oscila entre un 20% más sobre el salario base para bachilleres y 65% para licenciados.
Fuentes: Informe técnico del Ministerio del Mideplan. Agosto, 2012.
Propuesta nueva
Dedicación exclusiva: Se aplicará solo a los trabajadores cuyas funciones así lo ameriten. La compensación económica estará diferenciada conforme al grado académico. El contrato por dedicación exclusiva tiene una vigencia máxima de un año, renovable mientras se requiera.
Disponibilidad: El pago debe ser justificado por el jerarca de la institución y se pagará solo a quienes atiendan emergencias. El porcentaje por pagar no puede sobrepasar el 15% del sueldo. Ni la disponibilidad ni la dedicación serán derechos adquiridos.
Incapacidades: Solo se pagará el subsidio que concede el Seguro Social o Riesgos del Trabajo (máximo 60%). No podrán darse beneficios adicionales para completar 100% del sueldo.
Convenciones: Los jerarcas de entidades con convención deben denunciarla (para renegociarla) un mes antes de su vencimiento. Si no hay acuerdo entre las partes, los beneficios caducan.
FUENTE Anteproyecto de Ley.
Gobierno pretende pagar pluses solo a los buenos trabajadores
PROPUESTA DE LEY PARA FRENAR PRIVILEGIOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Sandra Piszk critica que evaluaciones de desempeño casi no se aplican en el sector
Presidenta Chinchilla espera diálogo maduro y serio con sindicatos
El Gobierno pretende que el pago de pluses salariales en el sector público –como las anualidades– solo se les haga a los empleados que superen evaluaciones de desempeño con notas de bueno o muy bueno.
IMAGENES/FOTOS
Esta medida está planteada en el anteproyecto de ley que busca frenar el pago de privilegios en la Administración Pública y fue profundizada ayer por la ministra de Trabajo, Sandra Piszk.
“El objetivo de esta ley es establecer de manera racional y transparente un sistema de retribuciones adicionales al salario base, mediante criterios unificados de razonabilidad, eficiencia e igualdad, que garanticen el fiel cumplimiento de los objetivos institucionales conforme el resultado de las evaluaciones de desempeño”, reza el artículo dos de la propuesta.
Piszk lamentó que los modelos actuales para evaluar la labor de un trabajador se aplican muy poco.
“Históricamente, la evaluación de desempeño en el sector público ha sido terriblemente pobre”, dijo.
Y su apreciación está sustentada en estudios previos de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación.
En un informe del ente contralor del 2009, se señala “la inoperancia de los instrumentos de evaluación de desempeño en la función pública, por cuanto en el 76,5% de las instituciones analizadas no se utiliza de forma oportuna y adecuada esta evaluación”.
Piszk también recordó un estudio de Planificación en el que se señala que de 160.000 empleados públicos solo 13 no obtuvieron el pago de las anualidades correspondientes, porque recibieron una calificación mala en sus rendimientos.
La ministra insistió en que el reconocimiento de las anualidades no puede considerarse un pago “automático”, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
Héctor Cerdas, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la Municipalidad de San José no cuestiona esta propuesta.
“A nosotros en la Municipalidad de San José nos evalúan anualmente y a mí, en lo personal, me parece que no hay ningún problema, siempre y cuando haya ítems objetivos y un proceso serio y no sea un asunto para despedir gente porque me da la gana”, aseguró.
Según relató, el municipio hace evaluaciones desde hace dos años y toma en cuenta asistencia, productividad, y si el trabajador cumple con estándares establecidos.
Aunque Cerdas está anuente a que lo evalúen, el sindicalista cree que el proyecto de ley “quiere acabar con todos los derechos de los trabajadores”, y por eso anunció una “guerra” contra el Gobierno.
La propuesta. El proyecto de ley establece que las entidades serán responsables de definir mecanismos para medir el rendimiento de sus empleado con criterios de igualdad, objetividad y transparencia.
“El resultado de la evaluación periódica se utilizará como referencia para la promoción de la carrera administrativa, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinación de las retribuciones complementarias”, agrega el artículo nueve.
La ministra Piszk dijo que ya existen algunos modelos para evaluar a los empleados públicos, algunos fijados por el Servicio Civil.
Sin embargo, consideró que el tema debe discutirse con los sindicatos, para definir en conjunto algunos modelos por seguir y definir cuáles aspectos deberían incluirse en los formularios.
Ayer, durante la inauguración de un centro de servicios de Amazon, la presidenta Laura Chinchilla dijo que esperaba seriedad y madurez en el diálogo con sindicatos.
“Al menos de arranque, el Gobierno espera que haya seriedad, que haya madurez, que se entienda y se comprenda la magnitud del problema y la necesidad de empezar a abordar el debate sobre este tema”, dijo Chinchilla.
Gobierno restringe presupuesto del 2013 por alto déficit fiscal
PLAN DE GASTOS TIENE CRECIMIENTO REAL DE UN 2%
Un 57% se financiará con gasto corriente y un 43% con endeudamiento
Hacienda dice que leyes con destino específico le impiden reducir erogaciones
El presupuesto para el 2013 de los tres poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones creció poco con respecto al 2012, como consecuencia del alto déficit fiscal del Gobierno Central.
IMAGENES/FOTOS
Ayer, Édgar Ayales, ministro de Hacienda presentó el plan de gastos para el próximo año, que ascenderá a ¢6,4 billones (millones de millones), lo que representa un crecimiento nominal del 7,7% con respecto al 2012.
No obstante, en términos reales (descontando inflación) el crecimiento es de apenas un 2%.
“Tenemos tres meses de estar dialogando con todos los ministerios para ver si ciertamente hay capacidad para ejecutar los montos que se solicitan en el presupuesto. Así evitamos tener que venir a pelear al inicio por dinero y un año después para explicar por qué no se gastó”, dijo el ministro Ayales.
El jerarca de Hacienda calificó como “saludable” la composición del nuevo presupuesto. Además, señaló que el gasto crecerá menos que los ingresos corrientes, los cuales aumentarían en un 11,7% en comparación con el 2012.
Financiamiento. El presupuesto del próximo año se financiará en un 57% con ingreso corriente y en un 43% con endeudamiento.
Consultada sobre el tema, Laura Chinchilla, presidenta de la República, calificó como “difícil” el balance del presupuesto; no obstante, resaltó las opciones que tiene el Gobierno para lograr mejores condiciones de endeudamiento. “Afortunadamente tenemos los eurobonos, que se van a poder colocar a tasas más razonables. Eso desahoga”, comentó.
De acuerdo con Ayales, la alta proporción del endeudamiento es consecuencia de un gasto rígido y el alto déficit fiscal.
El Proyecto de Presupuesto para el 2013 estima un déficit financiero –gastos mayores que ingresos– de 5,26% del producto interno bruto (PIB), ligeramente inferior al déficit del 2012 (5,39%).
En lo referente al gasto, más del 47% se destinará al sector social: vivienda, educación y salud, entre otras. Esto incluye remuneraciones (salarios y transferencias).
Para el 2013 se crean 3.189 plazas nuevas, de las cuales la gran mayoría se sitúa en el Ministerio de Educación Pública y en entidades de seguridad pública.
Críticas. El plan de erogaciones del Gobierno fue recibido con críticas por parte de Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien cuestionó el uso de endeudamiento para financiar una parte del gasto corriente, pues violenta la Ley de Presupuestos Públicos.
Para Fernando Rodríguez, analista del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, es lógico que el Gobierno recurra al endeudamiento, por la falta de una reforma estructural que le provea más ingresos.
No obstante, el analista esperaba un menor crecimiento del gasto para el 2013.
NOTAS RELACIONADAS
ÉdgarAyales: ‘85% del gasto es muy rígido’
Vivienda, Ambiente y MOPT enfrentan la mayor reducción
Los ministerios de Vivienda, Ambiente y de Obras Públicas y Transportes (MOPT) son los que afrontan la mayor reducción en sus presupuestos para el próximo año con respecto al actual.
No obstante, cada uno tiene su justificación.
En el caso de Vivienda, la ministra, Irene Campos, explicó de que el presupuesto propio de la entidad no se redujo. “La partida que disminuyó fue la transferencia de dineros hacia el Banco Hipotecario de la Vivienda, correspondientes al bono colectivo”, detalló ayer.
En Ambiente, la reducción se explica porque se le restan los recursos del programa Rectoría del Sector Telecomunicaciones, el cual pasará, a partir de enero del 2013, al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto se explica que en el caso del MOPT para el 2013 no se incluye una transferencia al Consejo Nacional de Vialidad para la ruta 32 (carretera a Limón).
“Para el ejercicio económico del 2013 el MOPT presenta un decrecimiento porcentual a nivel global, explicado por la no incorporación de la transferencia asignada al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por la suma de ¢30.000 millones destinados al proyecto de la ruta N.° 32. Sin embargo a nivel operativo experimenta un incremento del 10,3% para cubrir el accionar de la gestión institucional”, se señala en el documento.
Para este ministerio, se incorporan 466 plazas de oficiales de tránsito, según lo dispuesto en la reforma a la ley de tránsito.
El traslado de telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología explica que el presupuesto de este ministerio casi se duplique para el próximo año.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz , detalló ayer que si se excluye este efecto el presupuesto del ministerio sube un 3,65%. En el 2012 el presupuesto de esta entidad había caído 10,5% con respecto al 2011.
Si se considera la inflación de 5% prevista para 2012 y 2013, este ministerio ha perdido capacidad de gasto entre el 2011 y el 2013.
Cruz detalló que para el 2013 les rechazaron una partida por ¢700 millones para hacer un edificio para albergar a las tres áreas: ciencia, tecnología y telecomunicaciones.
Otra entidad que afronta un fuerte aumento en su presupuesto para el próximo año es el Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual se justifica por los gastos que tendrá la entidad relacionados con las elecciones del año 2014 por ¢29.052 millones y la previsión de recursos para un eventual referendo por ¢3.204 millones.
En seguridad, que es uno de los principales temas de preocupación de la población, se incorporan recursos para crear 500 plazas policiales y para obras de infraestructura y equipos.
es el precio de los bienes de consumo; 
es el monto que representa la demanda agregada por bienes y servicios; y 
representa el suministro agregado de bienes de consumo. 
El Gurú Todo lo Sabe 
Debe estar conectado para enviar un comentario.