El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, confía en que la Sala Constitucional No Considere las Normas Legales y Constitucionales. ‘Sala IV tiene una visión más amplia que las normas estrictas’ El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, confía en que la Sala Constitucional considere las implicaciones que tendría para el país el hecho de que la reforma tributaria no avance, y no solo las normas legales estrictas, por eso espera que el plan se apruebe y con ello se abra la puerta para que al país le aumenten la calificación externa como deudor, lo cual permitiría pagar menores tasas de interés y tener acceso a más recursos externos. Y al igual que lo hizo el Gobierno Neoliberal, pretende que la Sala IV, las Atropelle, las Ignore y les Pase por Encima, Para Darle una Aprobación Rápida al Paquete de Impuestos. So Pretexto de la Crisis Fiscal.
Pero, ¿Porqué al país le bajaron la calificación externa como deudor? Justamente por acciones como estas Ministros corrieron a corregir monto de fincas subvaloradas Siete ministros de Estado, incluido el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, corrieron a aumentar el valor tributario de sus propiedades y las de sus cónyuges, luego de que una investigación de este diario detectó que estaban subvaloradas y pagaban menos impuestos de lo debido.
Y ¿Qué permitiría al Estado pagar menores tasas de interés y tener acceso a más recursos externos? No realizar acciones como estas Festín de contrataciones Aumentaron en 60 mil los burócratas en cinco años. Planilla estatal pasó de $3,2 mil millones a $8,6 mil millones.
Conclusiones:
Para Eso Somos Mayoría, somos mayoría No se refiere al Pueblo, al Electorado, o al Ciudadano Común y Silvestre. Somos mayoría se refiere, únicamente y exclusivamente, al Gobierno Neoliberal de mayoría Arista que se cree y considera con derecho de decidir por los demás e imponer su voluntad sobre la minoría; o sea, sobre el Pueblo, el Electorado, el Ciudadano Común y Silvestre.
Para Que los Demás (el Pueblo, el Electorado, el Ciudadano Común y Silvestre, a los que ellos consideran como minoría) los Que les Mantengan el Status y la Calidad de Vida, Pagando los Tributos que Ellos Evaden.
EL MINISTRO DE HACIENDA, FERNANDO HERRERO, CONFÍA EN QUE LA SALA CONSTITUCIONAL CONSIDERE LAS IMPLICACIONES QUE TENDRÍA PARA EL PAÍS
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, confía en que la Sala Constitucional considere las implicaciones que tendría para el país el hecho de que la reforma tributaria no avance, y no solo las normas legales estrictas, por eso espera que el plan se apruebe y con ello se abra la puerta para que al país le aumenten la calificación externa como deudor, lo cual permitiría pagar menores tasas de interés y tener acceso a más recursos externos.
Llegó puntual a la cita con este diario, el pasado jueves a las 3:30 de la tarde; en su camino saludó al gerente del Banco Central, Félix Delgado, quien iba a una reunión en el Despacho, entró corriendo a su oficina, y salió unos 40 minutos después, preparado, con su computadora, para atender las consultas.
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Con su particular estilo pausado, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, dejó ver que vive un momento realmente tenso.
Después de luchar intensamente durante casi dos años por la aprobación de un proyecto de reforma tributaria, ahora el futuro de la propuesta depende de la decisión que tome la Sala Constitucional en relación con varias consultas planteadas sobre su tramitación…
ONCE MIEMBROS DEL GABINETE PAGABAN MENOS IMPUESTOS POR PROPIEDADES
Siete jerarcas aumentaron valores de propiedades tras consulta periodística
Incrementaron declaraciones ante municipalidades en ¢622 millones
Siete ministros de Estado, incluido el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, corrieron a aumentar el valor tributario de sus propiedades y las de sus cónyuges, luego de que una investigación de este diario detectó que estaban subvaloradas y pagaban menos impuestos de lo debido.
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ANEXOS
Especial multimedia: Las Propiedades de los ministros
Un análisis de datos realizado por La Nación reveló que, al 1.° de marzo anterior, 11 ministros, sus cónyuges o sus empresas tenían al menos una propiedad sin declarar ante la Municipalidad o la tenían estimada en un valor inferior al precio mínimo del terreno calculado por el Ministerio de Hacienda para esa zona.
La Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles exige a todos los propietarios de terrenos declarar el valor de sus inmuebles cada cinco años.
Esa declaración debe comprender el valor del terreno y de la construcción. El valor del terreno se calcula según una tabla de Valores por Zonas Homogéneas, que el Ministerio de Hacienda entregó a las municipalidades del país.
La investigación de este diario comparó esos valores por metro cuadrado elaborados por Hacienda, con los que las propiedades de los ministros y sus cónyuges registraban en cada municipio.
Se consideraron subvaloradas únicamente las propiedades cuyo valor de terreno por metro cuadrado era inferior al del Ministerio de Hacienda.
Del valor que declaran a las municipalidades, los propietarios deben pagar un 0,25 por ciento anual en concepto de impuestos inmobiliarios.
Las 58 propiedades estudiadas tienen, en conjunto, un valor declarado ante las municipalidades de ¢2.291 millones.
Si se toman los valores homogéneos por metro cuadrado que establece Hacienda para cada zona, esas propiedades deberían estar declaradas, en conjunto, en ¢13.504 millones.
El grupo, en total, subdeclara sus propiedades en un monto de ¢11.213 millones.
Por esta subdeclaración, las propiedades de los ministros, sus cónyuges y sus empresas dejan de pagar impuestos por un total de ¢28 millones cada año.
Aumentaron valores . Desde principios de este mes, este diario envió cartas y correos electrónicos a los 22 ministros, los dos vicepresidentes y la presidenta Laura Chinchilla. Se les detallaron los hallazgos obtenidos sobre esas propiedades y se les solicitó su versión.
Tras recibir las consultas, aumentaron el valor declarado de sus propiedades los jerarcas de Hacienda, Fernando Herrero; Agricultura, Gloria Abraham; Cultura, Manuel Obregón; Trabajo, Sandra Piszk; Relaciones Exteriores, Enrique Castillo; y el jerarca de Descentralización, Juan Marín; así como Luis Pal Hegedus, cónyuge de la ministra de Economía, Mayi Antillón.
En total, esos seis ministros y el cónyuge de Antillón incrementaron en ¢622 millones el valor declarado de 10 propiedades.
Mientras, los ministros de Educación, Leonardo Garnier; Salud, Daisy Corrales; y Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, así como el vicepresidente Alfio Piva aún mantienen los valores de sus declaraciones territoriales sin actualizar.
La ministra Antillón y el vicepresidente Piva no ofrecieron explicaciones sobre el valor desactualizado de sus propiedades.
Por otra parte, las propiedades vinculadas a la presidenta Laura Chinchilla, el vicepresidente Luis Liberman y los ministros de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; Vivienda, Irene Campos; Transportes, Francisco Jiménez; Comunicación, Francisco Chacón; Turismo, Alan Flores; Ambiente, René Castro; Comercio Exterior, Anabel González y Planificación, Roberto Gallardo, reflejaron valores dentro del rango estimado por el Ministerio de Hacienda.
Dos ministros, el de Seguridad Pública, Mario Zamora; y el de Justicia, Hernando París, no registran propiedades, mientras que el ministro de Bienestar Social, Fernando Marín, ya había iniciado, desde enero anterior, un trámite voluntario para actualizar el valor de su casa de habitación en San José…
Planilla estatal pasó de $3,2 mil millones a $8,6 mil millones
En momentos en que se pretende aplicar un nuevo paquete tributario, el incremento en la planilla estatal implica un costo que casi se triplica al pasar de $3,2 mil millones en 2007, a $8,6 mil millones durante este año. Una parte crucial de la actual crisis fiscal.
El Estado ha aumentado los burócratas en 60 mil personas, o sea en un 20% en los últimos cinco años.
El Gobierno se propuso hacer una revisión de su sistema de contratación, pero cedió ante presiones sindicales y ahora no lo hará.
La decisión de aumentar los burócratas tiene un costo trascendental en las finanzas públicas.
La cantidad de dinero que el Estado destina a su planilla aumentó en más del 170% en los últimos cinco años.
Esta nómina toma en cuenta el Gobierno central y entes autónomos. Además incluye universidades, municipalidades y bancos.
Contratar más burócratas, sin tener el dinero, provocó el actual déficit fiscal, que se estima en un 5,5% para este año.
El deterioro en las cuentas gubernamentales es la principal razón por la cual el Gobierno y el Partido Acción Ciudadana insisten en el plan de nuevos impuestos.
Sin embargo, darle más recursos al Estado que no para de crecer no es bueno, argumentan los críticos del proyecto.
“Nos oponemos a más tributos para financiar un gasto público descontrolado y creciente, sin ningún compromiso del Gobierno, para realizar las correcciones”, dijo Arnoldo André, presidente de la Cámara de Comercio.
Además, este crecimiento afecta la economía, ya que el dinero para nuevas obras se destina a la contratación de más trabajadores.
Por cierto que este festín de contrataciones estatales generó el incremento de puestos más grande en las últimas dos décadas.
El crecimiento de empleados públicos dobló al del sector privado que, en los últimos cinco años, tuvo una variación del 9%, frente al 20% del Gobierno, aunque el dato no incluye universidades, municipios ni bancos.
El aumento de la planilla, en varios aspectos es positivo, como la contratación de más maestros.
El problema con el incremento de burócratas es que en muchos casos no han ayudado a dar mejores servicios públicos.
Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguros Social aumentó su planilla en casi 11 mil empleados, pero la mayoría fueron cargos administrativos, en vez del área médica.
De hecho, dos sondeos de LA REPUBLICA mostraron que el público cree que ha empeorado la atención en la Caja y la seguridad ciudadana.
El estímulo al empleo público comenzó con el fin de activar la economía nacional, durante el periodo de crisis, ante la ralentización del empleo privado.
La iniciativa nació en el denominado Plan Escudo en la administración de Oscar Arias. Sin embargo, una medida temporal se convirtió en norma.
También, el Gobierno desechó revisar el actual sistema de empleo público, ante la presión sindical.
El objetivo era regular el crecimiento de los burócratas, argumentaba una directriz presidencial en noviembre pasado.
Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla aceptó negociar con los líderes gremiales los cambios en la contratación de burócratas.
Los sindicatos advirtieron que no renunciarán a la rebaja de sus derechos laborales.
Con lo cual la posibilidad de hacer alguna reforma que frene el crecimiento del Estado es poco probable.
Uno de los problemas principales es que no hay forma de limitar el aumento de la planilla de más de 200 instituciones descentralizadas.
Son los propios jerarcas de estos entes quienes determinan sus propios límites.
La Contraloría General de la República y el Gobierno solo pueden instarles a contratar menos personal, pero no obligarlos a detener el crecimiento de la planilla, pese a que son entes públicos.
En el caso del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte sí se puede impedir el aumento de empleos.
Pero no ha habido compromiso para detener la glotonería en la contratación.
El Gurú Todo lo Sabe 
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