La Noticia, “CCSS condenada a pagar ¢3.800 millones en pluses a enfermeras”.
“Una condena judicial contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la obligará a pagar millones pluses salariales desde 1987 a los profesionales en Enfermería. Un cálculo preliminar elaborado por un perito del Juzgado de Trabajo, estimó en ¢3.800 millones lo que podría recibir un primer grupo de 129 demandantes, informó José Luis Loría Chaves, directivo de la Caja y presidente de la Comisión de Pluses de la Junta Directiva. Otros dos expedientes que ya están en camino incluyen 942 casos más. De acuerdo con Loría, si se dieran todos los reclamos y se mantiene la decisión de las autoridades judiciales, eso tendría un impacto para la CCSS de cerca de ¢109.000 millones.”…
Nos Pone de Manifiesto Dos Hechos Innegables.
El Primero Es la Reiterada Política de la CCSS de Proteger la Desigualdad Salarial de Sus Empleados. Y de los Empleados Públicos en General. Con Políticas Como Estas: la “Fiscalía investigará a la CCSS por desobedecer órdenes judiciales”; Eso Por Cuanto, la “CCSS retiene datos de salarios públicos pese a fallos de Sala IV”; Y, “Siete fallos confirman ‘acceso irrestricto’ a la información salarial”.
Pero No Sólo Eso, un “Supuesto manoseo de datos pudo causar crisis en CCSS”. Efectivamente, un “Economista de CCSS atribuyó crisis a supuesto maquillaje de datos financieros”.
Y ¡Aunque Usted No lo Crea!, ¡Pese a Todo Eso!, Dice la “Presidenta ejecutiva de la CCSS: ‘No se está negando la información’. ¿Cómo Se le Puede Llamar a Eso?
Lo Segundo Es Que, la Condena a la CCSS, Además de la Desobediencia, Se Da Porque la CCSS Insiste en Desproteger la Equidad y la Igualdad Salarial A Favor de Sus Empleados Más Desprotegidos. ¡Para Proteger los Abusos y Privilegios Salariales de Sus Empleados Más Privilegiados!. Tal y Como Se Deduce de.
“Este reclamo, entre otras cosas, buscaba una equiparación salarial con funcionarios de la misma categoría que están bajo el Régimen del Servicio Civil.”…
Y Es Que, Como Sentencia la Noticia.
“Esto ocurre en momentos en que se registra una expansión en gastos salariales, específicamente en el seguro de salud, uno de los factores que incidieron para la crisis del 2010.”…
Como Advierte, la “OCDE ve en salarios públicos un disparador de desigualdad”.
Y Es Que, Tristemente, Muy Tristemente, Ese Abuso Con los Fondos y Recursos Públicos, Que Pagamos Todos Nosotros, No Sólo Se Da Sólo en la CCSS. Se Da También en la Mayoría de Nuestras Instituciones Públicas. Para Muestra, Un Botón, “Funcionarios de ocho entidades cobraron 22.000 días sin trabajar”. “Estas son las instituciones con la mayor inequidad salarial”.
Y En los Supremos Poderes de la República, “Corte, Asamblea y TSE pagan un plus solo por trabajar ahí”.
Por Eso, “La indispensable cirugía en las remuneraciones del sector público”.
Por Eso, el Presidente “Luis Guillermo Solís fustiga sueldos públicos y enardece el debate fiscal”.
Por Eso, Quienes Se Oponen Señalan Que, el “Gobierno carece de planes para atacar caos en salarios”. Pero, ¿Será Eso Cierto?. No Del Todo, Es Una Falacia, Como Todo lo Que Proviene del Sector Empleador Privado y de la UCCAEP.
El “Gobierno propondrá un límite del 2,54% para las anualidades”; Respecto al, “Aumento salarial: Gobierno propone incremento solo para trabajadores públicos que ganan menos de ¢439.000”; ¿Por Qué? Porque, el “70% de los trabajadores gana menos de ¢450.000 al mes”.
Y En Ese Sentido, el Gobierno Cumplió, Ya Que, los “Sindicatos piden aumento de 1,5% para trabajadores del sector público”; O Sea, Para Todo el Conglomerado de Trabajadores Públicos; Aumentando Así el Gasto Público en Salarios Muy Por Encima de la Inflación.
Pero, el “Gobierno decreta aumento de 1% para trabajadores del sector público que ganen menos de ¢439.000”; Conteniendo el Gasto Público en Salarios; Y Disminuyendo la Brecha Salarial y la Desigualdad Para los Más Desprotegidos.
Y ¿Qué Hizo el Gobierno Con el Sector Privado Que Se Opone y lo Critica?
Los “Patronos proponen 0,08% de alza salarial”; O Sea, Igual a la Inflación (Cómo Debieron Proponerlo los Sindicatos del Sector Público).
Y, ¿Qué Concedió el Gobierno?
El “Alza salarial para sector privado será de 0,67%”.
“Este incremento, calculado con base en la inflación proyectada al primer semestre del 2016, que sería de 1,98%, representa ¢670 por cada ¢100.000 de salario. Para las trabajadoras domésticas, el Consejo aprobó un incremento adicional de un 0,33%, por lo que recibirán un 1% de alza salarial. El ajuste dista del 0,08% que propuso el sector patronal por inflación, y del 2% al 7% que defendió el sector sindical.”…
O Sea Que, el Gobierno Defendió los Derechos Salariales del Trabajador Privado A Ganar Un Salario Más Digno y Justo, Pero Sin Sacrificar el Poder Económico del Sector Empleador Privado Para Contratar.
No Obstante, Hay Un Reclamo del Sector Privado Que Sigue Siendo Cierto, Comprobado y A Prueba de Todo Rebate.
“En el informe Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público, de finales del año pasado, tres ministerios diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina. El documento, que firman los ministerios de Planificación (Mideplán), Hacienda y Trabajo, propone una hoja de ruta que se queda corta en aspectos como la equidad en el pago de remuneraciones. En sus páginas, incluso ofrece ejemplos de inequidad. Uno de ellos es que un gerente de una empresa pública gana un 75% más que uno del Gobierno Central, mientras que la remuneración en una descentralizada es un 33% mayor. Se apunta, también que, mientras una secretaria 2 del Poder Judicial gana ¢500.000, en el Poder Ejecutivo gana ¢300.000, entre otros ejemplos.”…
Así Es, No Sólo Basta Con Mejorar las Condiciones Salariales de los Empleados Públicos Más Desprotegidos y Contener las Alzas Salariales de los Más Privilegiados.
Hace Falta, Es Indispensable, Eliminar las Distorsiones Salariales, los Pluses y los Privilegios Que Generan Que Se Dispare el Gasto Público en Materia de Salarios.
Y Lo Peor de Todo, ¡Que Genera Desigualdad Salarial, Social y Económica Entre los Empleados Públicos!, ¡Que Impide Que el Estado (Gobierno) Contrate Más Personal! ¡Algunos de Ellos Indispensables Como en el Área de Salud e Infraestructura!
Y Sobretodo, ¡Que Impiden Que Podamos Rebajar el Déficit Fiscal!
Y Que, Por el Contrario, ¡Facilitan Que Se Nos Pene y Rebaje la Categoría Económica, de Desarrollo, y Social, Con Que, Se Nos Califica a Nivel Internacional. Y Que Refleja Como Nos Ve el Resto del Mundo.
NACIONAL | NOTICIA
CCSS condenada a pagar ¢3.800 millones en pluses a enfermeras
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá pagar millones al personal de enfermería, por pluses retroactivos a 1987…
NACIONAL | NOTICIA
Supuesto manoseo de datos pudo causar crisis en CCSS
El presunto maquillaje de datos financieros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habría desencadenado la crisis financiera de esa entidad entre los años 2010-2011…
NACIONAL | NOTICIA
Economista de CCSS atribuyó crisis a supuesto maquillaje de datos financieros
Diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público recibieron este jueves a Daniel Muñoz Corea, empleado y economista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quien en el 2012 interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra …
NACIONAL | NOTICIA
Presidenta ejecutiva de la CCSS: ‘No se está negando la información’
La presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, niega que la institución impida el acceso a la ciudadanía a los montos de los salarios que devengan los funcionarios del Estado…
NACIONAL | NOTICIA
CCSS retiene datos de salarios públicos pese a fallos de Sala IV
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se niega desde agosto a facilitar datos de salarios públicos aún y cuando esa información pública es de libre acceso a cualquier ciudadano tal y como lo ha expresa la Sala Constitucional desde 1990…
NACIONAL | NOTICIA
Siete fallos confirman ‘acceso irrestricto’ a la información salarial
Siete fallos recientes de la Sala Constitucional reiteran el “acceso irrestricto” de cualquier ciudadano a conocer los montos de los salarios que reciben los funcionarios públicos…
NACIONAL | NOTICIA
Fiscalía investigará a la CCSS por desobedecer órdenes judiciales
El Ministerio Público abrió una investigación contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para determinar si incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad por negarse a dar información pública, como la planilla de entidades del Estado, ante …
NACIONAL | NOTICIA
Diputados piden sanciones a funcionarios de CCSS por desobediencia a la Sala IV
NATASHA CAMBRONERO – Miércoles 20 de enero de 2016 a las 04:15 p.m.
Diputados de diferentes bancadas piden sanciones para los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que se niegan a facilitar datos de salarios públicos, pese a reiterados fallos de la Sala IV que declaran públicos estos datos y de acceso …
ECONOMÍA | NOTICIA
OCDE ve en salarios públicos un disparador de desigualdad
El aumento en los salarios del sector público entre el 2010 y el 2014 fue el factor que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese periodo, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio …
NACIONAL | NOTICIA
Funcionarios de ocho entidades cobraron 22.000 días sin trabajar
En dos años, los empleados de ocho entidades del sector público cobraron el pago correspondiente a 22.000 días que dejaron de trabajar con licencias con goce de salario…
NACIONAL | NOTICIA
Corte, Asamblea y TSE pagan un plus solo por trabajar ahí
Sin la necesidad de cumplir ningún requisito adicional y solo por trabajar en la Asamblea Legislativa, la Corte y el TSE, a los funcionarios de esas instituciones se les paga un incentivo extra mensual…
ECONOMÍA | NOTICIA
La indispensable cirugía en las remuneraciones del sector público
Esto del sistema de remuneraciones del sector público constituye una muestra representativa de la forma cómo funciona el Estado costarricense y de cómo lo gestionan los poderes ejecutivo y legislativo…
Estas son las instituciones con la mayor inequidad salarial
Sin importar el indicador, el Poder Judicial destaca como una de las instituciones públicas con una distribución más inequitativa de sus salarios.
Esa entidad supera en desigualdad salarial, medida bajo el coeficiente de Gini, a 18 organizaciones públicas cuyos salarios brutos mensuales del 2014 fueron analizados por EF.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP) le siguen en el escalafón de distribución más desigual de sus salarios.
El coeficiente de desigualdad más bajo de la muestra lo registra el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Eso quiere decir que, de la selección de instituciones utilizada por EF, el INA distribuye los salarios de forma más equitativa entre sus trabajadores.
La alta inequidad es explicada por las propias instituciones como una consecuencia de sus pluses salariales, entre ellas anualidades y dedicación exclusiva. Al mismo tiempo, por una heterogeneidad en sus puestos de trabajo.
Más allá de la justificación, el Gobierno y los diputados insisten en la necesidad de atacar dichas brechas salariales, pero sus propuestas carecen de consenso y parecen quedar en el limbo.
Existen varios proyectos de ley sobre el mismo tema pero con diferencias ideológicas notorias.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, plantea una reforma del empleo público bajo el establecimiento de un esquema de salario único. La legisladora Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN), busca unificar criterios para ordenar los pluses salariales en el sector público.
Ninguno de los proyectos ha sobrepasado la discusión en las comisiones legislativas.
Mientras tanto, especialistas señalan que grandes disparidades económicas en una organización repercuten negativamente en el rendimiento de sus colaboradores.
De esta forma, incentivos más allá de la remuneración se vuelven cada vez más una tendencia para los empleadores. Teletrabajo, servicios de transporte y hasta centros de cuido infantil son algunos de ellos.
“Un trabajador motivado se vuelve un socio estratégico de una compañía, entiende el negocio y se compromete. No tener pluses económicos ni emocionales hacen que el colaborador pierda el interés”, manifestó Viria Araya, coordinadora del modelo de empresas familiarmente responsables de la fundación Dehvi.
El rey de la inequidad
El Gini del Poder Judicial es de 0,38, donde 0 implica una igualdad perfecta y 1 una desigualdad perfecta.
El promedio de la muestra de EF es 0,31.
Si el Poder Judicial fuera un país, naciones como Bhután, Grecia, Tailandia y Vietnam estarían en su nivel de desigualdad en la distribución de ingresos según datos del Banco Mundial.
Al buscar referencias, considere que Costa Rica maneja un coeficiente de Gini considerablemente más alto que el de la muestra: la distribución de ingreso corriente bruto por familia fue de 0,5 en el 2013.
Comparado con el Legislativo y el Ejecutivo, el Judicial es, por mucho, el Poder de la República con mayor concentración de dinero salarial en pocas manos.
Las causas de la fuerte inequidad salarial en el Poder Judicial transitan por el hecho de que en el 2008, los magistrados acordaron subir su ingreso en un 68%, junto al de otros funcionarios de “alta gerencia”.
Esto generó un fuerte impacto en el presupuesto del Poder Judicial y en su sistema de pensiones, el cual vive una crisis.
En la acera de enfrente, el coeficiente del INA es de 0,22, lo cual lo ubica al nivel de naciones como Noruega, Finlandia o Dinamarca, unas de las más igualitarias del mundo.
Cerca de ese nivel de equidad también se ubican el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Popular.
El contraste entre el Poder Judicial y el INA es dramático al comparar los salarios medianos de la décima parte de sus empleados mejor pagados con la de la misma porción peor pagada.
El Poder Judicial muestra que el 10% de sus trabajadores mejor pagados gana 9,7 veces más que lo remunerado al 10% peor pagado. Ese indicador cae a 4,7 veces en el caso del INA.
Cabe advertir que una alta desigualdad en la distribución de ingresos salariales de las entidades no implica que en esa institución se paguen salarios relativamente altos.
La desigualdad implica que una porción alta de los salarios se concentra en pocas manos.
Así, pese a que el Poder Judicial es una institución con una alta inequidad en la distribución del dinero de remuneraciones, no se encuentra entre las que pagan un salario mediano más alto.
Según el análisis de EF, la mediana salarial del Poder Judicial en el 2014 era de ¢951.000, una cifra altamente superada por la mediana salarial de una institución mucho más equitativa en la distribución de salarios: el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que registra salarios medianos de ¢1,7 millones.
EF solicitó al Banco de Costa Rica (BCR) la información para realizar este tipo de estudio sobre su planilla. La institución hizo entrega de un documento digital con los datos, pero estos solamente podían procesarse y editarse por una computadora si se introducía una contraseña. Pese a la insistencia de EF para que el BCR entregara tal contraseña y así poder tener acceso real a los datos, el Banco se negó a brindarla.
A raíz de eso EF no pudo ofrecer a sus lectores los principales indicadores de desigualdad salarial del BCR.
Mayor ventaja, y por mucho
Más allá del Gini, una medida de desigualdad relevante es cuánta porción de dinero que se gasta en salarios llega a manos del 20% mejor pagado y cuánto al 20% peor pagado de cada institución.
Bajo la concentración de dinero entre los más ricos, persiste la presencia del Poder Judicial entre los más desiguales, pero en segundo lugar, pues el primer lugar se lo lleva el AyA.
En el AyA el 20% mejor pagado acapara casi la mitad de todo el dinero pagado en salarios, un 48%; mientras que la quinta parte peor pagada recibe el 7% del dinero.
William Agüero, director de capital humano AyA, aseguró que esas diferencias se explican, en primer lugar, porque la mayor parte de los profesionales de alto nivel que entran en el grupo superior tienen muchos años de antigüedad, “lo que sube sustancialmente su salario, especialmente los de Ciencias Médicas, cuya anualidad es de un 5,5 % del salario base”.
Al mismo tiempo, los funcionarios en el grupo de los mejor pagados cuentan con el 55% de dedicación exclusiva, gran cantidad de puntos por carrera profesional y algunos de ellos devengan disponibilidad.
“Es importante aclarar que el AyA no puede generar una política salarial propia para reducir la brecha que se presenta entre los salarios ubicados en los deciles superior e inferior; ya que estamos homologados al Servicio Civil. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a las valoraciones de los puestos que maneja dicha institución”, manifestó Agüero.
El promedio de concentración de toda la muestra estudiada por EF entre quienes reciben salarios altos es de 40%; y entre los peor pagados es de 8%.
En el Poder Judicial la quinta parte de los empleados con más ingresos se lleva el 45% de los recursos consumidos en remuneraciones. El 20% con los salarios más bajos consume el 7%.
Al utilizar esta medición aparece en tercer lugar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con 44% consumido por los empleados mejor pagados y 8% entre de los menores ingresos laborales.
Como contraste, en el INA la concentración es mucho menor: 31% va a los mejor pagados y un 9% a los que tienen menores remuneraciones.
A las declaraciones del AyA se le suma la posición del propio Consejo Nacional de Producción (CNP), quienes al margen de no contar con una sola categoría de funcionarios se adicionan los pluses salariales, que son diferentes para cada puesto.
“Para identificar las personas que ganan más que otros (ricos o pobres) es imprescindible separar las clases ocupacionales. El estudio realizado por EF no es aplicado por franja ocupacional, no están en igualdad de condiciones”, alegó Edgar Isaac Vargas González, gerente general del CNP
Datos de la institución aseguran que del total de la planilla del Consejo, el 47% de los funcionarios son profesionales y el 52% no lo son.
Soluciones sin norte claro
A la fecha, un total de siete instituciones a nivel nacional han implementado el esquema de salario único para ponerle un freno al gasto y acercar los incentivos a la eficiencia.
Se trata del Banco Central (BCCR), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el Banco de Costa Rica (BCR), Radiográfica Costarricense (Racsa), el Banco Nacional (BN), el Banco Popular (BP) y la Contraloría General de la República (CGR).
Un análisis realizado por EF en octubre del 2015, reveló que en el caso de la Aresep, y desde la implementación del salario global en el 2008, el peso de sus incentivos por antigüedad y prohibición cayeron en un 60%.
Esto coincide, además, con que el Banco Central y el Banco Popular están entre las instituciones estudiadas con menor desigualdad en sus salarios, con un coeficiente de Gini de 0,26 y 0,27, respectivamente.
Justamente, el diputado libertario Otto Guevara quiere hacer que las iniciativas de estas instituciones dejen de ser excepción y se conviertan en la regla. Esto a través del proyecto de ley 19.431 (Ley de Empleo Público).
Según su criterio, el que exista un sistema de remuneración de pago único en todo el sector público evitaría que, a partir de un salario base, se agreguen remuneraciones adicionales sin el control de las autoridades hacendarias. “Se busca, por lo menos, evitar variaciones entre puestos iguales. Pero imagínese que el proyecto no está ni convocado a las actuales sesiones extraordinarias, lo que evidencia la falta de interés del Ejecutivo por reformar los regímenes de empleo”, dijo Guevara.
Otro de los proyectos que busca un ordenamiento de pluses salariales, y por ende una mayor equidad dentro de las insituciones es el de la diputada liberacionista Sandra Piszk.
El proyecto de ley de reordenamiento de las retribuciones adicionales al salario plantea reorganizar todo aquel sobrepago salarial vigente en el sector público, pero sin tocar salarios.
“Estamos ante una reforma que no solo es necesaria, sino urgente, y tiene la virtud que no es solo algo antojadizo. Buscamos que se premie el buen trabajo, la eficiencia del trabajador”, comentó Piszk.
El proyecto se estudia en la Comisión de Asuntos Sociales y registra el mayor grado de avance dentro del trámite legislativo desde su presentación en marzo del 2015.
Sin embargo, desligar a instituciones en condiciones de competencia, como el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad del plan, ya genera roncha entre las bancadas legislativas.
Como es usual, todo queda en manos de los diputados.
Colaboraron con esta investigación: María Fernanda Cisneros, Jessica Soto, María Fernanda Cruz, Eugenia Soto y Cristina Fallas.
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