“No es cierto que el sector público genera nada”, José Pacheco, viceministro de Hacienda  La Constitución Política No Va Con el Gobierno y los Sindicatos en Materia de Salarios. El “‘Salario único no va con este Gobierno’, advierte viceministro de Hacienda”.

¿Y otras iniciativas, como el salario único?

“Salario único con Gobierno no va. Eso el Gobierno no lo ha apoyado y no tiene en la mira aplicarlo. Yo defendería que hay incentivos que, si se rediseñan, lo que permiten es que la persona modifique su trabajo.”

 Entrevista con José Francisco Pacheco.

De Esa Forma el “Salario único; el plan que nadie quiere copiarle a la Contraloría”.screenshot-www.nacion.com-2016-11-04-11-12-36

“Durante décadas, la Contraloría General de la República fue la musa de muchas entidades públicas, que copiaban los incentivos salariales con los que el ente contralor retribuía a sus empleados. Con frecuencia, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes o el Poder Ejecutivo justificaban la creación de un sobresueldo alegando que la Contraloría ya lo pagaba a sus funcionarios.

Sin embargo, tal inspiración de antaño hoy no alcanza para imitar el régimen de salario único, implementado por la Contraloría desde finales del 2007.”…

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Así Es, Tristemente, Muy Tristemente, en Materia de Salarios Públicos, Son la ¡Retórica y la Demagogia Política! los Que  Van. No Sólo en el Gobierno Central, Como Dejó Claro el Viceministro de Hacienda. Tristemente, Muy Tristemente, En las Instituciones Públicas, Que Deberían Defendernos También, la “Defensoría da ¢2.134 millones en incentivos a 185 empleados”.

“La planilla de la Defensoría de los Habitantes es la tercera más pequeña entre las entidades con cargo al Presupuesto Nacional. Sin embargo, es una de las más jugosas a la hora de repartir incentivos salariales. Entre los 185 empleados de la Defensoría se distribuyen ¢2.134 millones anuales, en sobresueldos. En el hipotético caso de que todos ganaran igual y se dividiera ese monto entre ellos, cada uno ganaría ¢11,5 millones anuales, solo por pluses. Para este año la institución destinó ¢4.200 millones (74% de su presupuesto) al pago de salarios e incentivos.”…

Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, exigió que cualquier discusión sobre empleo público debe salir de la Asamblea LegislativaY Obviamente, el  Sector Público del SindicalismoAlbino Vargas: ‘La Asamblea solo tiene ocurrencias’”.

 Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, exigió que cualquier discusión sobre empleo público debe salir de la Asamblea Legislativa.

Que Tristemente, No Se Desvía, Ni Se Aparta de lo Normal o Usual de su Comportamiento y Habituales Ocurrencias.

Porque Tristemente, Muy Tristemente, la Discusión de Salarios Públicos,   Tiene Mucho Que Ver Con el Déficit Fiscal o Presupuestario.

Ver: Salario Único Resultados » Abajo.

Y Para Finalizar, Esa Discusión No Debe Salir de la Asamblea Legislativa Que Es Donde le Corresponde Estar. Ya Que, Entre Otras Cosas.    

El Salario Único Está en la Constitución Política, El Pago Por Eficiencia También, …

El Salario Único Está en la Constitución Política, El Pago Por Eficiencia También, Constitución Política De la República De Costa Rica Titulo V: Derechos y Garantías Sociales “Articulo 57. Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual […]

 

 

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Salario único; el plan que nadie quiere copiarle a la Contraloría

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Durante décadas, la Contraloría General de la República fue la musa de muchas entidades públicas, que copiaban los incentivos salariales con los que el ente contralor retribuía a sus empleados.

Con frecuencia, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes o el Poder Ejecutivo justificaban la creación de un sobresueldo alegando que la Contraloría ya lo pagaba a sus funcionarios.

Sin embargo, tal inspiración de antaño hoy no alcanza para imitar el régimen de salario único, implementado por la Contraloría desde finales del 2007.

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Representantes de esas instituciones consultados por La Nacióndescartaron adoptar ese modelo para contrarrestar el crecimiento del gasto en sueldos.

conómicos que el órgano fiscalizador ha recibido con ese nuevo esquema salarial: un ahorro de ¢6.650 millones (en colones de hoy) durante casi una década.

Si se incluyen cargas sociales, salario escolar, cesantía y aguinaldo, lo economizado arroja un monto de ¢9.200 millones, de octubre 2007 a setiembre pasado.

Este modelo de salario único en la Contraloría solo cubre a los nuevos contratados en el periodo citado, quienes suman casi la mitad de su planilla, compuesta por 675 personas. El otro 50% continúa recibiendo su sueldo base más pluses porque se respetaron sus derechos adquiridos.

Los sobresueldos vigentes representan ¢6.180 millones; casi una tercera parte de l gasto global de la entidad. Para este año, ese presupuesto alcanzó los ¢21.600 millones, de los cuales el 89% se destina al pago de remuneraciones de sus servidores.

Las conclusiones son parte de un estudio de La Nación, medio que ha expuesto el origen e impacto económico del centenar de incentivos salariales vigentes en el Gobierno Central, los cuales son debatidos actualmente en el Asamblea Legislativa.

Poco interés. La Defensoría de los Habitantes es una de las instituciones que evita el modelo de salario por componentes.

“En cierto momento analizamos la posibilidad de variar el esquema. La limitación que encontramos es que desde la ley constitutiva de la Defensoría se establece el pago de anualidades y prohibición. Para pasar a un modelo de salario único tendríamos que ir al Congreso”, justificó la defensora Montserrat Solano.

Sin embargo, en el pasado la Defensoría no dudó en acudir a los diputados para pedir aprobar incentivos. Lo hizo en el 2005, cuando acudió al Directorio Legislativo para pedir un incentivo salarial similar al de fiscalización que gozan en la Contraloría.

Entretanto, en el Poder Judicial el asunto no se ha contemplado como una alternativa. La presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, señaló que la naturaleza de ese poder es muy distinta a la de las otras entidades donde se aplica salario único.

Señaló que una de las particularidades es que bajo el alero del Poder Judicial están diferentes órganos (la Judicatura, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública) . Cada uno tiene tareas específicas y diversas, con obligaciones en todo el país, 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Los objetivos que plantea el salario único: ahorro presupuestario, un mejor clima laboral y nuevas formas de ser más eficientes con los recursos estatales, son necesarios y valiosísimos, pero no son exclusivos de este sistema. En el Poder Judicial trabajamos por conseguirlos, solo que lo hacemos siguiendo otras líneas de acción”, aseguró Villanueva.

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(Video) ¿En qué se parece la creación de los incentivos salariales del Gobierno Central a un grupo de restaurantes que reparte queque gratis?

URL: (http://www.nacion.com/data/Salario-nadie-quiere-copiarle-Contraloria_0_1595440459.html)

Entre esas acciones citó un sistema de evaluación del desempeño, con indicadores y parámetros para medir y mejorar los resultados en el trabajo.

El Ejecutivo tampoco lo considera una opción. “Eso el Gobierno no lo apoya y no tiene en la mira aplicarlo”, sentenció el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco.

El camino andado. La Contraloría tiene autonomía para fijar salarios y pluses. De hecho, fue pionera en crear sobresueldos, como la prohibición e incentivos propios (Grado de Responsabilidad de Fiscalización Superior).

Esa independencia además le permitió, en 2007, implementar el salario único con solo una resolución del contralor general.

“Queríamos atraer recurso humano de calidad y retener a los buenos profesionales , pues teníamos mucha diferencia con el resto del sector . El ahorro no era una meta, aunque sí sabíamos que a largo plazo generaba beneficios”, contó Lorena Sánchez, jefa de la Unidad de Potencial Humano.

El salario por componentes además provocaba una gran disparidad entre quienes venían ingresando a la institución y los que ya llevaban más tiempo.

“Teníamos a dos personas haciendo lo mismo, el primero le duplicaba el salario al otro porque acumulaba 15 a 20 anualidades”, contó Sánchez. La opción del salario único cerró esas disparidades e hizo la institución más atractiva para los nuevos profesionales.

Manuel Martínez, gerente de División de Apoyo, resaltó la transparencia: hoy es posible ver en la página web del ente cuánto gana un empleado en ese modelo de salario único.

En cambio, para los funcionarios con salario más pluses no es posible, a no ser que se tengan los datos de anualidad y carrera profesional de cada uno.

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‘Salario único no va con este Gobierno’, advierte viceministro de Hacienda

Entrevista con José Francisco Pacheco.

“No es cierto que el sector público genera nada”, José Pacheco, viceministro de Hacienda

El gasto en pluses presupuestado para este año es de un 17% del presupuesto de los ministerios y un 10% del plan de gastos global.

¿Es este un porcentaje saludable? ¿Es alarmante? ¿Cómo lo calificaría?

Vería la tendencia y no tanto el estatus; lo importante es ver el comportamiento. La masa salarial depende de con qué se compare. Si se compara con inflación, los salarios crecen más que inflación, y si lo comparamos con PIB (producto interno bruto), andan parecidos.

”Lo segundo es que, efectivamente, los pluses salariales han venido creciendo a un ritmo más acelerado que los salarios base, particularmente, porque algunos de ellos, como las anualidades, se calculan sobre salario base y por cantidad de años.

Esto hace que si el salario base crece a determinado ritmo, las anualidades crezcan a ese ritmo, y lo que más contribuye a ese crecimiento es la edad.

La edad promedio del empleado público, si no me equivoco, es de 42 años.

El 25% de los funcionarios de Mideplan podrían pensionarse entre este y el próximo año y por ahí andan los funcionarios del Ministerio de Agricultura, donde la edad promedio son 55 años y en el Minae más del 10% de los funcionarios podrían pensionarse en cualquier momento.

Si se dan esos retiros de personal, ¿se experimentaría una rebaja en ese rubro?

Exactamente. Y la mayoría de esas pensiones irían a la Caja. Lo esperable es que la renovación de planilla esté por debajo de 30 años. Eso debería masificarse en unos 10 años. No hablemos de ley ni nada, se espera que por un proceso natural se dé un ahorro.

La mayoría de estos beneficios están por ley, y ahí el margen de acción del Gobierno es muy poco. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Hacienda, las posibles soluciones y su impacto en el déficit fiscal?

En el caso de la anualidad, por ejemplo, habría que cambiar la ley para que tenga alguna repercusión. El Gobierno presentó un proyecto de ley para que se pague la anualidad únicamente a quienes califiquen como excelentes.

José Francisco Pacheco, Viceministro de Egresos, apuesta por una revisión del sistema de incentivos orientada a la evaluación del desempeño, en lugar de impulsar el salario único. (GRACIELA SOLÍS)

¿Se establece un cambio en la forma de evaluación?

El objetivo del proyecto es que la vinculación entre el incentivo sea una medición de resultados.

¿Por qué apostar a cambiar este incentivo siendo que la implementación puede ser un poco turbia o subjetiva?

Sí. Los incentivos son los que orientan la forma en que usted se conduce. Si usted le tiene salarios fijos a la gente, esta pierde el interés. Y el salario del sector público no es elevado; además, el 80% corresponde a educadores.

Lo cierto es que tiene componentes que tienden a desestabilizarse en el tiempo.

Tampoco es cierto que el sector público no genera nada. El sector público sí hace cosas. El problema es que hoy día las evaluaciones de desempeño son tan burdas que el empleado no ve necesidad de cambiar, si de todas formas le van a dar el incentivo.

¿Hay alguna proyección de ahorro si este proyecto pasa?

Sí, y es poquito. Grosso modo , entre el 2015 y el 2016, el monto pasó de ¢255.000 millones a ¢275.000 millones, es decir, ¢20.000 millones más. Si la ley establece que el 70% puede recibirlo, se ahorrarían ¢6.000 millones en el primer año. Eso es un 0,02% del PIB. Para el segundo año y a largo plazo tendría un ahorro mayor.

¿Y otras iniciativas, como el salario único?

Salario único con Gobierno no va. Eso el Gobierno no lo ha apoyado y no tiene en la mira aplicarlo. Yo defendería que hay incentivos que, si se rediseñan, lo que permiten es que la persona modifique su trabajo.

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Albino Vargas: ‘La Asamblea solo tiene ocurrencias’

Entrevista al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.

 “Es aberrante tratar de resolver el tema de los pluses con ley de empleo público” Albino Vargas, ANEP

La mayoría de los incentivos se han aplicado sin estudios técnicos y solo como un mecanismo para mejorar el salario. Esto provocó que las instituciones implementaran pluses como plan para retener a su personal.

En su criterio, ¿debe continuar este modelo?

Lo primero que debe hacerse es dejar de mezclar la discusión de salarios con el déficit fiscal.

No la estoy mezclando, estoy preguntando por los pluses.

Con mucho respeto, ustedes, como medio de comunicación, expresan una posición ideológica que ha quedado clara en esta discusión del empleo público.

Dejemos la discusión del déficit y enfoquémonos en la forma cómo se han creado esas políticas salariales.

Todo este sistema salarial tan diverso del sector público, empezó desde 1949 cuando se incumplió la norma constitucional de que Servicio Civil regía para todo el mundo. Tenemos un problema de siete décadas.

Este desorden con que se han establecido incentivos ha creado unas brechas salariales muy amplias dentro del Gobierno Central, ¿qué proponen para democratizar el sistema?

Muy cierto, en materia salarial en Costa Rica existen empleados de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta en el mismo Gobierno Central. Pero, para empezar, esta discusión tiene que salir de la Asamblea Legislativa. Debe pasar a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y, a partir de ahí, desmenuzar y hacer los abordajes pertinentes, según esa sucesión de hechos históricos y esas creaciones institucionales. Para mí, lo más aberrante es tratar de resolver esto del Gobierno Central con esa ley de empleo público que tiene doña Sandra Piszk (diputada del PLN) en el Congreso.

Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, exigió que cualquier discusión sobre empleo público debe salir de la Asamblea Legislativa

Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, exigió que cualquier discusión sobre empleo público debe salir de la Asamblea Legislativa.

Lo cierto es que cualquier reforma debe pasar por la Asamblea porque ahí nacieron las leyes que crearon muchos de esos sobresueldos.

Claro, pero no es lo mismo hablar con ocurrencias porque en la Asamblea no hay estudios técnicos ni cuantificaciones de cuántos puntos del producto interno bruto (PIB) o del presupuesto nacional representa una u otra reforma. Son puras ocurrencias.

Independientemente de la discusión en el Congreso y el matiz político. Hoy día tenemos 113 incentivos en el Gobierno Central que consumen un 10% del Presupuesto Nacional. ¿Qué están dispuestos a ceder en una eventual revisión salarial?

Saquen todo de la Asamblea Legislativa y empezamos a hablar. ¡Reitero, ahí lo que tienen son puras ocurrencias! A la hora de hablar de salarios y pluses en el Gobierno Central vamos a descubrir cualquier cantidad de sorpresas. Vamos a ver lo que estamos haciendo con los policías y con las señoras de los Cen-Cinái. Vamos a ver servicios públicos deteriorados y precarizados.

¿Cómo asociación ustedes han hecho esos análisis?

Si queremos hablar de salarios, tenemos que hablar del tipo Estado que queremos tener, cuál es el tipo de cerebros que queremos retener y cómo retenerlos si los precarizamos. ”El problema es que la discusión ha estado totalmente contaminada. Ha habido una mezcla tóxica entre déficit fiscal y salarios públicos y, ¿qué pasó?, que en esta discusión tan fuerte, tan agria y, en algunos casos tan insultante, todo el mundo en el sector público se atrincheró, se puso una coraza y está a la defensiva”.

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Defensoría da ¢2.134 millones en incentivos a 185 empleados

Planilla de institución es de las más jugosas en repartir pluses

La planilla de la Defensoría de los Habitantes es la tercera más pequeña entre las entidades con cargo al Presupuesto Nacional. Sin embargo, es una de las más jugosas a la hora de repartir incentivos salariales.

Entre los 185 empleados de la Defensoría se distribuyen ¢2.134 millones anuales, en sobresueldos. En el hipotético caso de que todos ganaran igual y se dividiera ese monto entre ellos, cada uno ganaría ¢11,5 millones anuales, solo por pluses.

Para este año la institución destinó ¢4.200 millones (74% de su presupuesto) al pago de salarios e incentivos.

Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes asegura que, el problema no es el peso de los salarios y los pluses, sino que el presupuesto restante para otros rubros, como las inversiones, es muy bajo.

La Defensoría pertenece al Poder Legislativo y se inspira en esa entidad y la Contraloría en materia de sueldos y pluses.

Por ejemplo, en el 2010 la institución solicitó que sus salarios fueran equiparados con los de la Asamblea Legislativa porque consideraban que estaban muy por debajo de lo que ganaban los empleados legislativos y más aún de los de la Contraloría General de la República, también parte del Legislativo.

El 75% del presupuesto de la Defensoría de los Habitantes se destina a pagar salarios e incentivos a sus 185 servidores.

Los ruegos fueron escuchados y un acuerdo del Directorio Legislativo, del 25 de noviembre de ese año, homologó los salarios con los del Congreso y estos a su vez fueron equiparados con los del órgano contralor. De esa forma , las tres entidades nivelaron su salario base.

Además, en las tres se otorga un plus específico. En la Defensoría se llama incentivo defensoría y paga entre un 6% y un 15% sobre el salario base.

“Eso se aplicó porque los salarios de la Defensoría estaban por debajo de los de otras entidades del Poder Legislativo”, justificó la Defensora.

 

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