Por Fin Por el Buen Camino: Combate a la Pobreza, “Sistema integrado, instituciones alineadas y recursos sincronizados; claves para bajar la pobreza”;

“Después de más de 10 meses de análisis y consulta, el Gobierno de Luis Guillermo Solís presentó “Puente al Desarrollo”, su estrategia para combatir la pobreza y erradicar poco más de la mitad de las familias en pobreza extrema.

El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Carlos Alvarado, destacó el uso de herramientas tecnológicas, las bases de datos y los cúmulos de información para tomar decisiones. Por ejemplo los recién presentados conglomerados de pobreza que presentó la Universidad de Costa Rica, se pueden combinar con los mapas de pobreza generados entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que arroja los 75 distritos prioritarios.”…

Y Eliminación de Exoneraciones, “Ley de Exoneraciones derogará 141 leyes y establecerá sanciones”;

“También deroga 60 artículos y 12 incisos de otras leyes que tratan sobe el “no pago” de tributos. Para compensarlo, la iniciativa define las actividades e instituciones que sí gozarán de exenciones, las cuales están definidas a lo largo de 90 artículos del prospecto. Según lo especifica el propio texto del proyecto, su propósito es “definir en forma taxativa las no sujeciones y exenciones previstas en el ordenamiento jurídico costarricense.”…

Para Hacerla Completa, lo Que Hace Falta Es: Combate a las Políticas Discriminatorias de Trabajo en el Sector Privado, “Un mercado laboral con severos incumplimientos estanca la pobreza y la desigualdad”;

“El XX Informe Estado de la Nación volvió a darle seguimiento al incumplimiento de las garantías laborales, tema recurrente en el análisis. El estudio lo vincula directamente con la pobreza y desigualdad, estancada una y creciente la otra. Casi uno de cada tres trabajadores no recibe salario mínimo. Pero la violación de derechos es más amplia. Al 6,7% de los asalariados, un total de 102.380 personas, no se les reconoce un solo derecho laboral y más de 50.000 no tienen garantías ni salario mínimo. Asimismo 19.317 tienen un incumplimiento por tres vías. En la infografía abajo, vea los números de los hallazgos.”…

“Se realizaron modelos de como se impactaría la pobreza si se cumpliera el salario mínimo. Bajaría en un 4,3%. Además si a todos aquellos que no concluyeron la secundaria, se les asigna el ingreso promedio de quienes si la completaron, la pobreza bajaría a la mitad. Aplicaron la misma idea para descubrir cuanto bajaría la desigualdad, en su coeficiente Gini (indicador que la mide), si se cumple el salario mínimo. Este bajaría en un 14%.”…

Pero para el di­rec­tor de la Unión Cos­ta­rri­cen­se de Cá­ma­ras y Aso­cia­cio­nes del Sec­tor Em­pre­sa­rial Pri­va­do (Uc­caep), “Mesalles: “Preocupa dar un alza salarial más alta que la capacidad de las empresas formales de contratar personal”;

“No­so­tros con­si­de­ra­mos que la si­tua­ción eco­nó­mi­ca, si bien el país viene cre­cien­do a una tasa pro­me­dio de los úl­ti­mos 20 años, la tasa de des­em­pleo sigue sien­do alta y el em­pleo for­mal no esta cre­cien­do mucho; ape­nas crece un poco más del 1,5% eso sig­ni­fi­ca que hay mucha gente que está sien­do ex­pul­sa­da al sec­tor in­for­mal la cual ni si­quie­ra tiene las car­gas ni se­gu­ri­dad so­cia­les, ni tam­po­co está de­ven­gan­do el sa­la­rio mí­ni­mo. Nos preo­cu­pa dar un au­men­to sa­la­rial mucho más alto que la ca­pa­ci­dad que tie­nen las em­pre­sas for­ma­les de con­tra­tar per­so­nal a esa tasa”, ex­pli­có una vez que pre­sen­tó la pro­pues­ta ante el Con­se­jo Na­cio­nal de Sa­la­rios. Me­sa­lles ase­gu­ra que el sec­tor pa­tro­nal no co­mul­ga con au­men­tos di­fe­ren­cia­dos, ya que in­cen­ti­van a la in­for­ma­li­dad. “Estar dando au­men­tos sa­la­ria­les di­fe­ren­cia­dos tien­de hacer com­pli­ca­cio­nes a la hora de hacer los au­men­tos sa­la­ria­les en las em­pre­sas, a unos sí, a otros no. Lo que siem­pre hemos abo­ga­do en la Unión de Cá­ma­ras es que el au­men­to sea igual para todas las ca­te­go­rías. Al final es mucho más sen­ci­llo y todo se va mo­vien­do al mismo ritmo”, ase­gu­ró.”…

Y la Eliminación de Pluses Salariales, Privilegios de Convenciones Colectivas y Pensiones y Salarios  de Lujo en el Sector Público:

Desigualdad se apodera del régimen de pensiones; un solo costarricense recibe 16 millones de colones al mes”; “Exministros, economistas, abogados y hasta una jerarca actual encabezan la lista de las pensiones más altas”; “Salario mensual de gerentes de bancos estatales ronda los 70 millones de colones”; “Salarios de agentes del INVU alcanzan los 50 millones de colones”; “Incentivos salariales y horas extras de funcionarios públicos suman más de un billón de colones para el 2015”;  “Desproporcionados aumentos salariales trajeron crisis en la Caja, afirma comisión legislativa”; “Convenciones colectivas multiplican salario de empleados del sector público: eso lo pagamos todos”; “En 20 años, Sala Constitucional realizó 36 fallos sobre beneficios de convenciones colectivas”.

Y Es que, al Igual que las Dos Excelentes Iniciativas Que Actualmente Promueve el Gobierno, Son los Hechos, No las Palabras, los Que Definen la Acción y el Progreso Efectivo, En Vez de la Demagogia y la Retórica Política Vacía.   

 

 

Sistema integrado, instituciones alineadas y recursos sincronizados; claves para bajar la pobreza

Después de más de 10 meses de análisis y consulta, el Gobierno de Luis Guillermo Solís presentó “Puente al Desarrollo”, su estrategia para combatir la pobreza y erradicar poco más de la mitad de las familias en pobreza extrema.

El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Carlos Alvarado, destacó el uso de herramientas tecnológicas, las bases de datos y los cúmulos de información para tomar decisiones.

Por ejemplo los recién presentados conglomerados de pobreza que presentó la Universidad de Costa Rica, se pueden combinar con los mapas de pobreza generados entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que arroja los 75 distritos prioritarios.

Este jueves, el presidente Luis Guillermo Solís firmó la Estrategia. (Imagen de Casa Presidencial)

Este jueves, el presidente Luis Guillermo Solís firmó la Estrategia. (Imagen de Casa Presidencial)

Según Alvarado es información existente desde hace unos años, pero que no se usa. Ya se capacitó a funcionarios para aprovecharla y maximizar el uso de herramientas técnicas y científicas. Pero admite que es un “pleito burocrático” cambiar mentalidades.

El Índice de Pobreza Multidimensional también será aprovechado para desglosar, con base en esas variables concretas, dónde deben ponerse los recursos y combinar las herramientas.

El Ministro también hizo énfasis en lograr encadenamientos, entre las familias y personas en pobreza capacitados. ¿Cómo? Con facilidades desde instituciones y uniones como cooperativas o asociaciones, así como formación en temas que necesitan las empresas privadas.

REGIÓN

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA

TERCERA

Central
3.500
3.495
1.834

Chorotega
1.167
1.030
960

Pacífico Central
1.805
868
516

Brunca
1.372
1.381
1.229

Huetar Atlántica
1.157
1.562
1.397

Huetar Norte
999
1.664
1.064

TOTAL
10.000
10.000
7.000

Prioridad pobreza extrema

Pero la clave para que el plan funcione es una genuina y efectiva alineación de las instituciones. Al caracterizar a las familias (edad, estudios, empleo, , vivienda propia, asegurados, ingresos, etc.) se pueden tomar decisiones y dar órdenes a las entidades.

Así se le pidió al Fondo Nacional de Becas (Fonabe) que para las primeras 27.300 familias a tratar en el 2015, se reserven 15.000 becas para niños en esas familias. Igualmente hay más de 2.000 adultos mayores sin pensión en esas familias, que se pedirán a la Caja.

Alvarado reconoce que es el “gran riesgo” del programa, pues es vital que no se entraben. Una vez en unión con los cogestores, se realizará el perfil y al mismo tiempo se buscará toda la ficha social de las personas, con los recursos que reciben en las distintas instituciones que aportan beneficios.

La meta del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) es permitir el seguimiento de las familias y su avance en becas. Pero la alimentación de las bases de datos – del IMAS y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y demás entes – debe mantenerse, para lograr la transparencia en todo momento.

La plataforma informática, vital en la unión de datos, revisión y transparencia de terceros está prácticamente lista según comentó el Ministro.

Ley de Exoneraciones derogará 141 leyes y establecerá sanciones

El proyecto exoneraciones de nominado “Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”,  listo para ser enviado a la corriente legislativa, incluye la derogación de 141 leyes vigentes que conceden este beneficio.

Archivo/CRH.

Archivo/CRH.

También deroga 60 artículos y 12 incisos de otras leyes que tratan sobe el “no pago” de tributos.

Para compensarlo, la iniciativa define las actividades e instituciones que sí gozarán de exenciones, las cuales están definidas a lo largo de 90 artículos del prospecto.

Según lo especifica el propio texto del proyecto, su propósito es “definir en forma taxativa las no sujeciones y exenciones previstas en el ordenamiento jurídico costarricense”

Además, crea un régimen sancionatorio aplicable a los incumplimientos a la normativa, es decir, que castigará a quienes hagan un uso inadecuado o ilícito de las exenciones para motivos diferentes a los previstos en la ley.

“Para las exenciones aplicables a la importación y compra local de mercancías se regula además, el  otorgamiento, los procedimientos para la liberación, liquidación y traspaso de bienes  exonerados,  y los mecanismos de control para el correcto uso y destino de los mismos”, define.

Asimismo, el texto aclara que en adelante las personas físicas y jurídicas estarán exentas del pago de impuestos únicamente en aquellos casos previstos en dicha ley, salvo en lo que respecta al impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, que tendrán exenciones particulares.

¿Qué queda exonerado?

El proyecto exonera del pago de todo tributo a los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

También define como entidades “no sujetas a tributos” a la Caja Costarricense del Seguro Social, las Municipalidades, el INA, el Incopesca, el Pani el Inder, el Inamu, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banhvi, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Inec y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

Otros entes descentralizados o autónomos solo tendrán exenciones específicas.

Las medicinas seguirán exentas. CRH.

En el caso de misiones internacionales, las exenciones se basarán en el principio de reciprocidad, es decir, se otorgarán las mismas que reciban las embajadas de Costa Rica en el extranjero.

En el plano educativo,  se exonera de tributos a la importación y compras locales de mercancías y servicios de las instituciones estatales de educación universitaria y parauniversitaria y las juntas de educación de escuelas y colegios.

Los medicamentos y los equipos médicos  para procedimientos no estéticos y para personas con discapacidad  permanecerán exonerados de todo tributo nacional, excepto derechos arancelarios.

Todos los autobuses, los taxis de tecnologías limpias, los vehículos de transporte para discapacitados, así como las bicicletas que cuesten menos de $1.000 tendrán exoneración del 100% de sus impuestos.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja podrán hacer compras locales e importaciones sin pagar impuestos. Las cooperativas no pagarán impuestos nacionales ni municipales.

Tampoco pagarán impuestos las maquinarias, equipos e insumos para la producción agrícola y agrícola orgánica.

Al Comité Olímpico, las federaciones y asociaciones deportivas y recreativas se les exonera del pago de impuestos aplicables a la compra de artículos o implementos deportivos.

Otras exoneraciones atañen a las producciones artísticas, los espectáculos deportivos y públicos, servicios de hotelería, arrendamiento de vehículos a turistas, el transporte aéreo nacional e internacional y los productos manufacturados en Centroamérica.

Lea la lista completa y detallada.

Ley de exoneraciones comprende sanciones

El proyecto de ley indica que los beneficiarios de exenciones tributarias que incumplan sus obligaciones incurren en la comisión de infracciones administrativas y serán sancionados.

Las infracciones administrativas son sancionables, incluso como negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes que tienen los beneficiarios de exenciones.

Estas infracciones son:

Mal uso y destino de bienes exonerados: mercancías exoneradas a las que se les da un uso distinto del previsto en la ley o se les destina para otros fines que no sea para los cuales se  otorgó la exención.

Quien cometa esa infracción será sancionado con una multa correspondiente a dos veces el monto originalmente exonerado, excepto en el caso de mal uso y destino de los vehículos automotores exonerados, en cuyo caso el monto de la sanción corresponde a diez veces el monto originalmente exonerado.

Omisión en la Presentación de Informes: beneficiarios que no presenten los informes periódicos o especiales  requeridos por la Dirección General de Hacienda, dentro de los plazos preestablecidos. Se le impondrá una sanción equivalente a dos salarios base.

Falta de pago de liquidación de tributos: cuando el beneficiario o quien demuestre un interés legítimo, no cancele la obligación tributaria una vez vencido el plazo otorgado para su liquidación.

Estos serán sancionados con una multa correspondiente al cincuenta por ciento del monto correspondiente a la liquidación.

De acuerdo con Helio Fallas, vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, este proyecto ya recibió el visto bueno del presidente Luis Guillermo Solís y solo falta que sea enviado al Congreso.

 

Un mercado laboral con severos incumplimientos estanca la pobreza y la desigualdad

El XX Informe Estado de la Nación volvió a darle seguimiento al incumplimiento de las garantías laborales, tema recurrente en el análisis. El estudio lo vincula directamente con la pobreza y desigualdad, estancada una y creciente la otra.

Casi uno de cada tres trabajadores no recibe salario mínimo. Pero la violación de derechos es más amplia.

Al 6,7% de los asalariados, un total de 102.380 personas, no se les reconoce un solo derecho laboral y más de 50.000 no tienen garantías ni salario mínimo. Asimismo 19.317 tienen un incumplimiento por tres vías. En la infografía abajo, vea los números de los hallazgos.

Teresa Cruz sobrevive con lo que vende en un pequeño abastecedor y el aporte de su hija. (CRH)

Teresa Cruz sobrevive con lo que vende en un pequeño abastecedor y el aporte de su hija. (CRH)

Se realizaron modelos de como se impactaría la pobreza si se cumpliera el salario mínimo. Bajaría en un 4,3%. Además si a todos aquellos que no concluyeron la secundaria, se les asigna el ingreso promedio de quienes si la completaron, la pobreza bajaría a la mitad.

Aplicaron la misma idea para descubrir cuanto bajaría la desigualdad, en su coeficiente Gini (indicador que la mide), si se cumple el salario mínimo. Este bajaría en un 14%.

Natalia Morales, encargada del capítulo de Equidad e integración social, explicó que con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), a los desempleados se les asigna el ingreso promedio del último empleo que tuvieron, según el sector, para recalcular la pobreza en el escenario simulado.

Comprender que el problema de la desigualdad se origina en el mercado laboral ayudaría a enfocar mejor la política social, que debe estar vinculada a políticas de empleo, de fomento productivo y de una mayor calificación de la fuerza de trabajo, como herramientas para combatir efectivamente la pobreza.

El abogado especialista en el tema laboral, Marco Durante, afirmó que el país ha mejorado con resultados positivos por las campañas del Ministerio de Trabajo y esfuerzos en el Consejo Nacional de Salarios, para simplificar la definición del salario mínimo y que haya mayor facilidad.

Durante coincidió en que el cumplimiento del salario mínimo es delicado e íntimamente ligado a condición de pobreza y recomendó que se cree un centro interinstitucional a favor del trabajador, donde se unan autoridades sociales, de migración, de trabajo y más.

Desigualdad sigue su ola creciente

En Los Anonos han desalojado familias en los últimos años. Las que quedan, viven con lujosos edificios a pocos metros. (CRH)

En Los Anonos han desalojado familias en los últimos años. Las que quedan, viven con lujosos edificios a pocos metros. (CRH)

Aunque en el siglo XXI hay un crecimiento real del ingreso de los hogares, en los últimos cinco años, la desigualdad es un elemento creciente, como ya reflejaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Enaho.

En el 2013, el ingreso neto promedio de los hogares ascendió a ¢979.292, un 1,3% más que en el año anterior.

Pero se mantiene la tendencia de que los beneficios se concentraron en algunos grupos y los más pobres vivieron un deterioro de su situación. Se percibe en el análisis de los quintiles de la población. Los ingresos se redujeron un 3,4% en los hogares del primer quintil (los más pobres) y se incrementaron un 3,7% en los del quinto (los más ricos).

Misma desigualdad se acumula en cada decil. Los hogares del primero concentran el 1,3% de los ingresos y el décimo decil acumulan un 34,7% de los ingresos, es decir un tercio.

El coeficiente de Gini, indicador más utilizado para monitorear la desigualdad, mantiene una tendencia de crecimiento. En el 2013 registró el valor más alto, en 0,524 (se mide acercando a 0 u 1, cero significa que un país tiene una equidad perfecta, uno una inequidad total).

Evolución sostenida y regiones más desiguales

El índice de Gini tuvo un comportamiento estable desde 1987 y durante la década de 1990.

Entre 1999 y 2001 se vivió una aceleración que elevó el indicador hasta 0,519. Luego bajó en el 2005 y retomó la tendencia de crecimiento hasta el año pasado.

No se ven brechas significativas según el lugar de residencia, 0,508 en la urbana y 0,490 en la rural. Pero si se ven diferencias en las regiones.

Las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central registran cifras similares entre si e inferiores al promedio nacional. La Huetar Atlántica se mantiene como la menos desigual, seguida por la Huetar Norte y en el otro extremo está la Brunca, como la más desigual.

Pero además la relación entre los ingresos de los grupos más extremos de la distribución también es más lejana. En el 2013, los ingresos promedio del 20% de los hogares más ricos (quinto quintil) fueron trece veces mayores que los del 20% más pobre (primer quintil), un punto más que en el 2012 y dos puntos por encima de la proporción del 2010.

Pobreza estancada, un año más

El año pasado, nuevamente la pobreza afectó a uno de cada cinco hogares y se mantiene en 20,7%, de los cuales 6,4% eran pobres extremos. (22,4% según la más reciente Enaho). Al crecer la población, hay más pobres.

Según el vigésimo Informe Estado de la Nación, habían 285.467 hogares pobres. Para el 2014, subió a 318.810. Esto equivalió a 1.096.512 personas pobres. De acuerdo con la Enaho 2014 son 1.170.634.

Como ha sido señalado anteriormente, el fenómeno no es estático. Del total de hogares pobres en el 2013, el 58% estaba en esa condición desde el año pasado, el restante 42% no era pobre en el 2012.

Esta población tiene una tasa de desempleo más de cuatro veces superior a la de los hogares no pobres, que se agrava en los de pobreza extrema (23,9% – 5,7% – 38%). Es decir, el país siguió un año más varado.

Los errores cometidos en la década de los ochenta, que llevaron a la caída de las coberturas educativas, todavía hoy repercuten en los niveles de pobreza que afectan a proporciones importantes de las poblaciones, que no lograron completar la enseñanza secundaria y viven al margen del desarrollo.

Mesalles: “Preocupa dar un alza salarial más alta que la capacidad de las empresas formales de contratar personal”

Los pluses salariales han sido el punto de controversia en la discusión del aumento en los salarios de los empleados públicos.CRH

Pa­tro­nos ofre­cen a em­plea­dos del sec­tor pri­va­do 1,62% de ajus­te a par­tir del 1° de enero. CRH

Luis Me­sa­lles, di­rec­tor de la Unión Cos­ta­rri­cen­se de Cá­ma­ras y Aso­cia­cio­nes del Sec­tor Em­pre­sa­rial Pri­va­do (Uc­caep) ex­pli­có que la razón de plan­tear una pro­pues­ta del 1,62% para el ajus­te sa­la­rial del pri­mer se­mes­tre del 2015 para los em­plea­dos del sec­tor pri­va­do, se debe al temor de que crez­ca la in­for­ma­li­dad.

“No­so­tros con­si­de­ra­mos que la si­tua­ción eco­nó­mi­ca, si bien el país viene cre­cien­do a una tasa pro­me­dio de los úl­ti­mos 20 años, la tasa de des­em­pleo sigue sien­do alta y el em­pleo for­mal no esta cre­cien­do mucho; ape­nas crece un poco más del 1,5% eso sig­ni­fi­ca que hay mucha gente que está sien­do ex­pul­sa­da al sec­tor in­for­mal la cual ni si­quie­ra tiene las car­gas ni se­gu­ri­dad so­cia­les, ni tam­po­co está de­ven­gan­do el sa­la­rio mí­ni­mo. Nos preo­cu­pa dar un au­men­to sa­la­rial mucho más alto que la ca­pa­ci­dad que tie­nen las em­pre­sas for­ma­les de con­tra­tar per­so­nal a esa tasa”, ex­pli­có una vez que pre­sen­tó la pro­pues­ta ante el Con­se­jo Na­cio­nal de Sa­la­rios.

Me­sa­lles ase­gu­ra que el sec­tor pa­tro­nal no co­mul­ga con au­men­tos di­fe­ren­cia­dos, ya que in­cen­ti­van a la in­for­ma­li­dad.

“Estar dando au­men­tos sa­la­ria­les di­fe­ren­cia­dos tien­de hacer com­pli­ca­cio­nes a la hora de hacer los au­men­tos sa­la­ria­les en las em­pre­sas, a unos sí, a otros no. Lo que siem­pre hemos abo­ga­do en la Unión de Cá­ma­ras es que el au­men­to sea igual para todas las ca­te­go­rías. Al final es mucho más sen­ci­llo y todo se va mo­vien­do al mismo ritmo”, ase­gu­ró.

Entre los sec­to­res que men­cio­nó que más preo­cu­pan se en­cuen­tra el ma­nu­fac­tu­re­ro y el agrí­co­la, ya que alegó que prác­ti­ca­men­te no están cre­cien­do.

 

Desigualdad se apodera del régimen de pensiones; un solo costarricense recibe 16 millones de colones al mes

Un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda evidenció que existe una gran desigualdad en el régimen de pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional y que, por ejemplo, existen 1.745 personas que absorben un 15% del total pagado, con sumas mensuales que superan los 2.600.000 colones y hay una sola persona que recibe una pensión mensual de 16 millones de colones.

Helio Fallas, ministro de Hacienda y Fernando Rodríguez, viceministro.  CRH.

Helio Fallas, ministro de Hacienda y Fernando Rodríguez, viceministro. CRH.

Estos individuos, según explicó el ministro de Hacienda Helio Fallas, pertenecen a los regímenes del Magisterio Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

“Son personas que en muchos casos estaban viviendo fuera del país que tenían sueldos muy altos, pero que no quiere decir que hicieran algo ilegal”, destacó.

La desigualdad se evidencia porque apenas un 15,1% de las personas reciben menos de 200.000 colones y 66,5% montos que rondan entre los 200.000 colones al 1.200.000 colones.

Fuente: Ministerio de Hacienda.  CRH.

Fuente: Ministerio de Hacienda. CRH.

El viceministro de ingresos, Fernando Rodríguez, mencionó que hay muchas personas que fueron embajadores, que incluso reciben hasta 16 millones de colones por mes.

“De los 1.745 casos, 30 personas cuentan con pensiones que superan los cinco o seis millones para arriba y son montos muy elevados”, explicó.

“La idea para solucionar este problema es verificar todos los lineamientos jurídicos que se puedan y estar claros de lo que se estaría haciendo”, mencionó.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, manifestó que ellos estarán planteándole a la Procuraduría General de la República la posibilidad de realizar algunos cambios porque hay legislación que topa las pensiones y la gente no recibe ahorita la pensión de acuerdo a todo lo que ha declarado.
Gasto supera los ¢600.000 millones
La contralora General de la República (CGR), Martha Acosta Zuñiga, hizo un llamado de alerta a las nuevas autoridades, al dar a conocer su Memoria Anual, asegurando que más de ¢600.000 millones, de los ¢655.339 millones que se desembolsan para los regímenes de pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional, debieron ser pagados por el Gobierno y una buena parte se financió con deuda.

Acosta advirtió que esa cifra “es insostenible en el tiempo”. Esto representa -en promedio- un 2,6% del PIB para el 2014.

El superintendente de Pensiones, Edgar Robles, manifestó que no hay mucho campo de acción en estos regímenes porque los beneficiarios tienen un derecho adquirido que no puede ser modificado.

Recomendaciones del documento ¿Cómo lograr la consolidación fiscal?

1) Implementar el tope, actualmente establecido en la ley de 10 salarios mínimos independientemente de la fecha de jubilación del pensionado.

2) Eliminar la posibilidad de pensionarse anticipadamente.

3) Modificar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto de forma que los beneficios converjan hacia aquellos otorgados por el IVM, excepto en el tanto en que aportaciones mayores justifiquen beneficios mayores.

Exministros, economistas, abogados y hasta una jerarca actual encabezan la lista de las pensiones más altas

La lista de las personas que reciben más dinero por su pensión con cargo en el Presupuesto Nacional fue dada a conocer por el Ministerio de Hacienda y para sorpresa de muchos salieron nombres de ex ministros, economistas, abogados, ex cancilleres, y hasta jerarcas actuales como la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Escalante.

La ministra de Educación los representantes gremiales reunidos por la falta de pago de los educadores. CRH.

La ministra de Educación, Sonia MArtha Mora se defendió ante los cuestionamientos en su contra. CRH.

Además, el periodista y escritor, Alberto Cañas Escalante, quien falleció hace una semana, quien recibía una pensión superior a los cinco millones de colones.

El costarricense que recibe la pensión más alta es Rolando Ramírez Paniagua con 16,3 millones de colones, luego con ingresos de 11 millones de colones sobresalen: Adrián Prado Jenkins, Rodrigo Ureña Quirós, María Luisa Ramírez Rodríguez, Juan Elías Lara Herrera, Ligia López Ivankovich, Francisco Rojas Arroyo, Fulvio Rodríguez Sagot, Allen Ramos Arias Angulo y Roxana María Orlich Esquivel.

Todos ellos pertenecen al Régimen de la Dirección Nacional de Pensiones, pero también hay un gran número de ciudadanos que reciben nueve millones, entre los que sobresalen: Teófilo de la Torre Arguello, Ricardo Castro Monge, Alejandro César Soto, Emilia María González, Manrique Soto Pacheco y Álvaro José Chen Lao.

Otros de los conocidos son el economista y exministro de Hacienda, Federico Vargas Peralta, que recibe siete millones de colones y con un millón menos figuran Francisco Morales Morales y el exministro de la Presidencia, Rolando Laclé Castro.

El ministerio de Hacienda busca reducir las pensiones millonarias.  CRH.

El ministerio de Hacienda busca reducir las pensiones millonarias. CRH.

Con una pensión de cinco millones de colones figuran Rafael Carrillo Lara y el ex presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), German Serrano Pinto.

Del régimen de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional se destacan la ex rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González García, Miguel Ángel Gutiérrez Saxe, director del programa Estado de La Nación y el ex ministro de Planificación, Juan Manuel Villasuso Estomba.

El superintendente de pensiones, Édgar Robles, mencionó que a muchos de estos desembolsos que pertenecen al Magisterio Nacional (Jupema) se les rebaja un 75% del monto total por concepto de impuestos, pero los otros que si pertenecen a la Dirección Nacional de Pensiones reciben el monto completo.

En su defensa

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, mencionó, al dar a conocer la lista, que estos beneficiarios no hicieron nada ilegal, “era el monto que les correspondía”.

Este grupo es de 1.745 jubilados quienes en promedio reciben mensualmente más de ¢2,6 millones.

Las autoridades, según confirmó el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, busca algunas alternativas para tomar, pero para eso se reunirá en los próximos días con la Procuraduría General de la República.

Sonia Marta Mora, ministra de Educación Pública, mencionó que “yo soy Jubilada del Magisterio Nacional, y he seguido devengando mi jubilación. No recibo el salario del Ministerio de Educación.

Puede ver la lista completa aquí.

Salario mensual de gerentes de bancos estatales ronda los 70 millones de colones

La entidad recordó que el cliente siempre debe digitar la página bancobcr.com directamente en el navegador. CRH.

El BCR forma parte del sis­te­ma ban­ca­rio na­cio­nal y su junta di­rec­ti­va es la en­car­ga­da de fijar el sa­la­rio de su ge­ren­te. ar­chi­vo.

Un monto cer­cano a los 70 mi­llo­nes de co­lo­nes al mes es el pago por el sa­la­rio de los cinco pre­si­den­tes eje­cu­ti­vos o ge­ren­tes ge­ne­ra­les de los ban­cos de sis­te­ma ban­ca­rio na­cio­nal.

Los suel­dos más altos entre los fun­cio­na­rios ban­ca­rios según el pre­su­pues­to or­di­na­rio de cada una de las en­ti­da­des ban­ca­rias, apro­ba­do por la Con­tra­lo­ría Ge­ne­ral de la Re­pú­bli­ca (CGR), des­ta­ca en la ca­be­za de la lista, Fer­nan­do Na­ran­jo, ge­ren­te ge­ne­ral del Banco Na­cio­nal de Costa Rica (BNCR), con un sa­la­rio men­sual de ¢17,7 mi­llo­nes.

Con el se­gun­do sa­la­rio más ele­va­do según la CGR, se en­cuen­tra Mario Ri­ve­ra, ge­ren­te ge­ne­ral del Banco de Costa Rica (BCR), con un suel­do al mes de ¢16,6 mi­llo­nes.

Les si­guen el ge­ren­te ge­ne­ral cor­po­ra­ti­vo del Banco Po­pu­lar y de Desa­rro­llo Co­mu­nal (BPDC), Gio­van­ni Garro con ¢15,1 mi­llo­nes; la lista la con­ti­núa el pre­si­den­te eje­cu­ti­vo del Banco Cen­tral con ¢9,2 mi­llo­nes al mes, y el ge­ren­te ge­ne­ral del Banco Cré­di­to Agrí­co­la de Car­ta­go (Ban­Cré­di­to) gana ¢8,9 mi­llo­nes

Fuen­te: Con­tra­lo­ría Ge­ne­ral de la Re­pú­bli­ca.

De acuer­do con la CGR, todos los sa­la­rios están vi­gen­tes y ac­tua­li­za­dos al 2014.

Según ex­pli­có Ja­vier Cas­can­te Eli­zon­do, Su­per­in­ten­den­te Ge­ne­ral de En­ti­da­des Fi­nan­cie­ras, ex­pli­có que no exis­te un me­ca­nis­mo o fór­mu­la es­ta­ble­ci­do por Sugef para es­ta­ble­cer el sa­la­rio de los ge­ren­tes. “Todo el tema queda a de­fi­ni­ción de la en­ti­dad en el marco de go­ber­nan­za cor­po­ra­ti­va”, agre­gó.

“En el Re­gla­men­to de Go­bierno Cor­po­ra­ti­vo se men­cio­na el tema de la re­mu­ne­ra­ción de los cua­dros ge­ren­cia­les y di­rec­ti­vos, en el sen­ti­do de que las en­ti­da­des deben es­ta­ble­cer las po­lí­ti­cas al res­pec­to, tra­tan­do de ali­near los in­tere­ses a largo plazo de la en­ti­dad con la re­tri­bu­ción de los miem­bros del ór­gano di­rec­ti­vo, ge­ren­cias, eje­cu­ti­vos, miem­bros de co­mi­té de apoyo, au­di­tor in­terno y demás em­plea­dos o fun­cio­na­rios de la en­ti­dad”, ex­pli­có Cas­can­te.

Ade­más el Su­per­in­ten­den­te dijo que la su­per­vi­sión de estos as­pec­tos se abor­da desde una pers­pec­ti­va ba­sa­da en ries­gos, den­tro del desem­pe­ño ge­ne­ral de la go­ber­nan­za cor­po­ra­ti­va.

“Un as­pec­to que ge­ne­ral­men­te llama la aten­ción del su­per­vi­sor, con­sis­te en que las po­lí­ti­cas de re­mu­ne­ra­ción no ge­ne­ren in­cen­ti­vos para la toma ex­ce­si­va de ries­gos, cuyas con­se­cuen­cias ne­ga­ti­vas ge­ne­ral­men­te no las asume quien re­ci­be la re­mu­ne­ra­ción. En tal sen­ti­do, la Su­per­in­ten­den­cia es­pe­ra que las en­ti­da­des es­ta­blez­can los pesos y con­tra­pe­sos ne­ce­sa­rios para ali­near ade­cua­da­men­te sus po­lí­ti­cas de re­mu­ne­ra­ción con sus pro­pias metas es­tra­té­gi­cas, siem­pre con una vi­sión de largo plazo”, con­clu­yó Cas­can­te.

Salarios de agentes del INVU alcanzan los 50 millones de colones

El INVU ofrece nueve planes de ahorro y préstamo para adquirir lote, construir casa o comprar vivienda.  CRH.

El INVU ofre­ce nueve pla­nes de aho­rro y prés­ta­mo para ad­qui­rir lote, cons­truir casa o com­prar vi­vien­da. CRH.

Los sa­la­rios de un grupo de agen­tes del Sis­te­ma de Aho­rro y Prés­ta­mo (SAP) del Ins­ti­tu­to de Vi­vien­da y Ur­ba­nis­mo (INVU) ron­dan entre 564 mil co­lo­nes hasta los 52 mi­llo­nes de co­lo­nes, por con­cep­to de sa­la­rios pro­me­dio más car­gas pa­tro­na­les.

Así se des­pren­de de un ofi­cio de res­pues­ta di­ri­gi­do al dipu­tado Otto Gue­va­ra de parte de la ge­ren­cia ge­ne­ral del INVU. La ma­yo­ría de los sa­la­rios in­clu­yen las co­mi­sio­nes que ganan los fun­cio­na­rios por venta de con­tra­tos.

Por ejem­plo, el sa­la­rio más alto al­can­za los 52 mi­llo­nes de co­lo­nes y se di­vi­de entre más de 37 mi­llo­nes de co­lo­nes y 14 mi­llo­nes de car­gas so­cia­les. Le sigue un suel­do de 35 mi­llo­nes de co­lo­nes (25 mi­llo­nes de ga­nan­cia para el agen­te y 9 mi­llo­nes como car­gas so­cia­les.

Por de­ba­jo de esos dos sa­la­rios, está uno de 10 mi­llo­nes de co­lo­nes y otro de 9 mi­llo­nes de co­lo­nes. Los demás no su­pe­ran los 6 mi­llo­nes de co­lo­nes.

El sa­la­rio más bajo re­por­ta­do en los agen­tes es de 564 mil co­lo­nes bru­tos, pero el monto neto es de 407 mil co­lo­nes…

Incentivos salariales y horas extras de funcionarios públicos suman más de un billón de colones para el 2015

El monto que presupuestó el Ministerio de Hacienda para los incentivos salariales de los funcionarios públicos para el 2015 asciende a los 993.729 millones de colones y además se deben sumar 11.329 millones de colones para el pago de las horas extras, montos que vienen a pesar sobre un presupuesto que creció para este año y que prevé un déficit fiscal de 6,7% del Producto Interno Bruto del país (PIB). Esas sumas de incentivos y horas extra fue más que criticado por los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, ayer durante la comparecencia del jerarca de la cartera, Helio Fallas.

La comparecencia de Helio Fallas, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. CRH.

La comparecencia de Helio Fallas, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. CRH.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir el gasto de este presupuesto, porque es exagerado y no debería pagarse montos tan altos por horas extras, ni darse incentivos salariales al sector público, que apenas representan a 300 mil trabajadores. Ellos se están recetando con cuchara grande, mientras que el empleado del sector privado está cada vez más apretado”, destacó el diputado de la Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo.

Además, criticó el hecho de que el ministro de Hacienda no planteó reformas estructurales sino sólo algunos “parchecitos”, en los principales tres rubros de gasto: salarios, transferencias (pensiones y pago a las universidades) y amortización de la deuda) que representa aproximadamente un 95% del presupuesto nacional.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, asegura que el problema es que el presupuesto está “amarrado”, es decir, Fallas insiste en que un 95 por ciento de los “gastos son inflexibles”, por mandato legal y constitucional.

Agregó que si se excluyen los compromisos constitucionales, tales como la inversión en educación y el Poder Judicial, así como la amortiguación y los intereses de la deuda pública, “el incremento del presupuesto sería de apenas un 8 por ciento”, argumentó.

El viceministro de Ingresos, José Francisco Pacheco, mencionó que hay algunos contratos con trabajadores que no se pueden variar, porque fueron establecidos desde hace mucho tiempo.

“Para detallar con un ejemplo, si hay un empleado al que se le paga un 55% de dedicación exclusiva, jurídicamente no se puede quitar porque es un contrato. En horas extras, sí se hizo un esfuerzo, ya se rebajaron las partidas en cada uno de los Ministerios”, destacó.

Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, criticó fuertemente este tema y dijo que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, debería aprobar una directriz para que se exija al Gobierno Central revisar ministerio por ministerio el pago de dedicación exclusiva, horas extra e incentivos que existen.

Otto Guevara dice que pareciera que las investigaciones del TSE en contra del ML son muy rápidas pero que en contra del PLN no. CRH

Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario. CRH

“Sí hay una serie de destinos que amarran el presupuesto de la República, pero si usted tiene una vocación para reducir el gasto no hace lo que hizo el Ministro de aprobar un incremento salarial por encima de la inflación”, mencionó.

Edna Camacho, economista de la Academia de Centroamérica, quien ha analizado este tema, manifestó que existe la potestad administrativa de no pagar incentivos como las anualidades si el patrono lo decide, y aseguró que si uno se guía por la letra menuda, el tema podría revisarse pero que en la práctica el 100% de los empleados recibe el pago por ese concepto.

El estudio publicado por la Academia de Centroamérica denominado: “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público” realizado por esa economista y Miguel Loría llega a la conclusión de que el gasto por remuneraciones, incluyendo el de aquellos a los que se les pagan convenciones colectivas, representa un 25% del gasto total del presupuesto del Gobierno.

Desproporcionados aumentos salariales trajeron crisis en la Caja, afirma comisión legislativa

Imagen archivo CCSS. CRH

Ima­gen ar­chi­vo CCSS. CRH

Co­la­bo­ró la pe­rio­dis­ta Ji­me­na Soto

La cri­sis de la Caja Cos­ta­rri­cen­se del Se­gu­ro So­cial (CCSS) es pro­duc­to de los des­pro­por­cio­na­dos au­men­tos sa­la­ria­les que otor­gó esa ins­ti­tu­ción cuan­do la pre­si­dió Eduar­do Dor­yan, afir­ma la Co­mi­sión Es­pe­cial de la Asam­blea Le­gis­la­ti­va que eva­luó la si­tua­ción fi­nan­cie­ra de la en­ti­dad, en el in­for­me que dio a co­no­cer esta ma­ña­na.

El do­cu­men­to cita que la pla­ni­lla de la CCSS ab­sor­be casi el 70% de los gas­tos anua­les de la ins­ti­tu­ción en las lla­ma­das “guar­dias mé­di­cas” y en horas ex­tras, y se­ña­la que, al res­pec­to, no exis­te un de­bi­do con­trol ni su­per­vi­sión por parte de nin­guno de los de­par­ta­men­tos de toda la es­truc­tu­ra del Sis­te­ma Fi­nan­cie­ro.

El pago por con­cep­to de dis­po­ni­bi­li­da­des y guar­dias mé­di­cas pa­re­ce estar so­bre­di­men­sio­na­do con res­pec­to a los sa­la­rios de la ins­ti­tu­ción y del país. Cuan­do se con­si­de­ra el pro­me­dio de los 100 sa­la­rios más altos pa­ga­dos por la ins­ti­tu­ción, casi la mitad co­rres­pon­de a esos dos ru­bros: 32% a guar­dias mé­di­cas y 17,2% a dis­po­ni­bi­li­da­des.

Ade­más, el por­cen­ta­je de cre­ci­mien­to de los in­gre­sos según datos de la Caja es de 16,4% y de los gas­tos un 20,9%. Ejem­plo de esto es el be­ne­fi­cio del sa­la­rio es­co­lar. Este be­ne­fi­cio cons­ti­tu­ye uno de los pri­vi­le­gios que im­pac­tan las fi­nan­zas de la CCSS, por­que se con­vir­tió, según el in­for­me, en un sa­la­rio más y no en un aho­rro.

Para la Co­mi­sión fue irres­pon­sa­ble por parte de todo el Sis­te­ma Fi­nan­cie­ro de la ins­ti­tu­ción au­men­tar los sa­la­rios con­si­de­rán­do­se en una tasa de in­fla­ción del 11,31% en el año 2007, cuan­do en ese mo­men­to la tasa era de un 10%. Con esos gran­des au­men­tos sa­la­ria­les lo que pro­du­je­ron fue que los in­gre­sos de la CCSS de­cre­cie­ran a un 16,5% y los egre­sos pa­sa­ran a un 19,6%.

Se aña­dió que entre los años 2005 y 2010 se crea­ron 11.164 pla­zas, de las cua­les un 44% co­rres­pon­die­ron a pla­zas ad­mi­nis­tra­ti­vas y de apoyo y a 122 a je­fa­tu­ras, mien­tras que so­la­men­te 423 pla­zas (3,8%) co­rres­pon­die­ron a mé­di­cos es­pe­cia­lis­tas.

Las ci­fras son con­sis­ten­tes con una fuer­te ex­pan­sión en la es­truc­tu­ra ad­mi­nis­tra­ti­va, que se re­fle­ja en un in­cre­men­to en el nú­me­ro de Ge­ren­cias, Di­rec­cio­nes Ins­ti­tu­cio­na­les, Je­fa­tu­ras y otras es­truc­tu­ras me­no­res, sin que se haya ce­rra­do nin­gu­na de las exis­ten­tes, con un im­por­tan­te im­pac­to ne­ga­ti­vo sobre las fi­nan­zas ins­ti­tu­cio­na­les y sin me­jo­rías en la ges­tión ins­ti­tu­cio­nal, lo que jus­ti­fi­ca una re­es­truc­tu­ra­ción.

El do­cu­men­to tam­bién re­ve­la in­con­sis­ten­cias en los pre­su­pues­tos, ya que por ejem­plo en el 2007 la CCSS pro­yec­to un monto de in­gre­sos por ¢1,277,325,6 mi­llo­nes, pero el monto real de in­gre­sos que re­ci­bió la ins­ti­tu­ción fue de ¢1,295,868,0 mi­llo­nes; o sea la ins­ti­tu­ción ob­tie­ne un su­pe­rá­vit de ¢18,542,4 mi­llo­nes, so­la­men­te en in­gre­sos.

Para los dipu­tados es evi­den­te que la cri­sis fi­nan­cie­ra ins­ti­tu­cio­nal no fue un fe­nó­meno que ex­plo­tó hasta en el 2011; sino que debió ser algo pre­vi­si­ble para las au­to­ri­da­des ins­ti­tu­cio­na­les.

El es­tu­dio con­clu­ye que a lo largo de las com­pa­re­cen­cias no se logró pal­par con cla­ri­dad y con­tun­den­cia la efec­ti­vi­dad de los me­ca­nis­mos de con­trol que se tie­nen, qui­zás por­que no se tie­nen, o bien por­que desde la misma pla­ni­fi­ca­ción se co­me­ten erro­res, que fi­nal­men­te, es la so­cie­dad civil la que ter­mi­na pa­gán­do­los y vién­do­se afec­ta­da por lar­gas lis­tas de es­pe­ra o las tor­men­to­sas horas que un ciu­da­dano debe pasar a la es­pe­ra de re­sul­ta­dos, los cua­les en mu­chos casos lle­gan de­ma­sia­do tarde.

Los dipu­tados se­ña­lan que una ins­ti­tu­ción con más de 2 bi­llo­nes de co­lo­nes en su pre­su­pues­to; “no puede, ni debe ha­blar de cri­sis fi­nan­cie­ra”, sin antes haber abor­da­do el tema de efi­cien­cia y efi­ca­cia en sus pro­ce­di­mien­tos.

Convenciones colectivas multiplican salario de empleados del sector público: eso lo pagamos todos

Adecuar algunos usos de la tecnología puede permitirle ahorrar dinero.

Ade­cuar al­gu­nos usos de la tec­no­lo­gía puede per­mi­tir­le aho­rrar di­ne­ro.

Los be­ne­fi­cios que tie­nen los em­plea­dos de va­rias ins­ti­tu­cio­nes des­cen­tra­li­za­das, gra­cias a las
con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas in­flan su sa­la­rio hasta tres veces más que el pago nor­mal, gra­cias al pago de anua­li­da­des, de­di­ca­ción ex­clu­si­va, in­cen­ti­vos aca­dé­mi­cos, com­pen­sa­ción por va­ca­cio­nes y otros.

Ade­más, pro­pi­cian di­fe­ren­cias abis­ma­les entre los sa­la­rios de otros pues­tos con las mis­mas res­pon­sa­bi­li­da­des pero en el Go­bierno Cen­tral y, ni qué decir, con los em­plea­dos del sec­tor pri­va­do.

El dipu­tado Mario Re­don­do afir­mó que es re­le­van­te es­tu­diar con de­ta­lle los be­ne­fi­cios de di­chas con­ven­cio­nes, pues­to que el sec­tor pri­va­do en Costa Rica re­pre­sen­ta el 86% de la fuer­za la­bo­ral y, en vista de que el país no tiene ri­que­za para ex­plo­tar, es este por­cen­ta­je el que ter­mi­na pa­gan­do los be­ne­fi­cios del otro 34%, que per­te­ne­ce al sec­tor Es­ta­tal. Es decir, los be­ne­fi­cios de ese 34% de fun­cio­na­rios los pagan quie­nes tra­ba­jan para el sec­tor em­pre­sa­rial.

Según Re­don­do, el pago de re­mu­ne­ra­cio­nes del Go­bierno Cen­tral as­cien­de a los 2.1 bi­llo­nes de co­lo­nes, mien­tras que en el sec­tor des­cen­tra­li­za­do es­ta­tal esta cifra po­dría lle­gar a los 2.5 bi­llo­nes. En­ton­ces, las re­mu­ne­ra­cio­nes de cerca de 300 mil em­plea­dos po­drían es­tar­le cos­tan­do al país hasta 4.5 bi­llo­nes. De estos, al menos 120 mil se be­ne­fi­cian con los pa­rá­me­tros de las con­ven­cio­nes.

“No se vale que si­ga­mos con el es­que­ma donde se acu­mu­lan las ven­ta­jas y los be­ne­fi­cios para un sec­tor del ala pú­bli­ca, mien­tras mucha gente del sec­tor pri­va­do no tiene las mis­mas ven­ta­jas. Nues­tra in­sis­ten­cia es que lo pri­me­ro que tiene que hacer el país es poner orden en la po­lí­ti­ca de em­pleo pú­bli­co, por­que hay di­fe­ren­cias abis­ma­les entre el sec­tor pri­va­do y pú­bli­co, los 300 mil fun­cio­na­rios ganan el doble o el tri­ple de lo que ga­na­rían en el sec­tor pri­va­do”, co­men­tó Re­don­do.

Efec­ti­va­men­te, solo en el tema del pago de la ce­san­tía, las di­fe­ren­cias se notan. Mien­tras que para el sec­tor pri­va­do la ley es­ta­ble­ce que el pago de los años la­bo­ra­dos por des­pi­do no podrá su­perar del re­co­no­ci­mien­to de los 8 años, en las ins­ti­tu­cio­nes au­tó­no­mas y des­cen­tra­li­za­das los años re­co­no­ci­dos va­rían. Las que menos re­co­no­cen son la Mu­ni­ci­pa­li­dad de He­re­dia, de Ase­rrí, la Uni­ver­si­dad Na­cio­nal y la de Costa Rica (de 12 a 15 años) mien­tras que el Banco Po­pu­lar re­co­no­ce todos los años.

Ver tabla

Los be­ne­fi­cios de las ins­ti­tu­cio­nes au­tó­no­mas

Con o sin con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas, las ins­ti­tu­cio­nes au­tó­no­mas son las que más be­ne­fi­cios tie­nen. Desde com­pen­sa­ción de va­ca­cio­nes, re­co­no­ci­mien­to de pe­li­gro­si­dad hasta un in­cen­ti­vo por buceo (Ins­ti­tu­to Cos­ta­rri­cen­se de Elec­tri­ci­dad).

Para men­cio­nar al­gu­nos, en la Caja Cos­ta­rri­cen­se de Se­gu­ro So­cial (Ccss), los mé­di­cos tie­nen, al menos, diez be­ne­fi­cios. Por antigüedad se les paga el 5,5% del sa­la­rio, zo­na­je (10%, 12% y 14%) tiene que ver con la ubi­ca­ción a la que se le trans­fie­ra al mé­di­co, ca­rre­ra hos­pi­ta­la­ria 11%, de­di­ca­ción ex­clu­si­va (os­ci­la entre un 35% y un 55%), y el in­cre­men­to anual mé­di­cos (3,5%).

En el caso del Ins­ti­tu­to Cos­ta­rri­cen­se de Elec­tri­ci­dad (ICE) el Es­ta­tu­to la­bo­ral dis­po­ne de va­rios as­pec­tos con­si­de­ra­dos como so­bre­suel­dos o plu­ses sa­la­ria­les: se les re­co­no­ce un 10% del sa­la­rio a los fun­cio­na­rios que ten­gan que tras­la­dar­se, al menos tres días, a una zona fuera de su lugar de tra­ba­jo, se les da un 15% del sa­la­rio a los fun­cio­na­rios que ten­gan que rea­li­zar ac­ti­vi­da­des acuá­ti­cas (buceo) y se les re­co­no­ce un in­cen­ti­vo por inopia a los fun­cio­na­rios que ocu­pan pues­tos cuyas ca­rac­te­rís­ti­cas son di­fí­ci­les de ocu­par.

La Di­rec­to­ra Eje­cu­ti­va de la Unión Cos­ta­rri­cen­se de Cá­ma­ras y Aso­cia­cio­nes del Sec­tor Em­pre­sa­rial Pri­va­do (Uc­caep) Shir­ley Sa­bo­río ex­pre­só que es re­le­van­te que se re­vi­sen los be­ne­fi­cios de las con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas y piden una Ley de Em­pleo Pú­bli­co.

“Las con­ven­cio­nes se deben re­vi­sar, hay cier­ta­men­te una dis­pa­ri­dad, no solo con el sec­tor pri­va­do, sino entre ins­ti­tu­cio­nes del Es­ta­do. De­be­ría haber una ley de em­pleo pú­bli­co que ga­ran­ti­ce que se ganen sa­la­rios de mer­ca­do, pero que se eli­mi­nen todos esos gas­tos que cre­cen en forma sos­te­ni­da”, co­men­tó Sa­bo­río.

Agre­gó que los pagos que se rea­li­zan a los fun­cio­na­rios en­gro­san los co­bros que hacen las em­pre­sas por los ser­vi­cios pú­bli­cos.

La ley de em­pleo pú­bli­co

Pese a que los dipu­tados coin­ci­den en que es una ne­ce­si­dad, en el Con­gre­so no exis­te aún nin­gu­na pro­pues­ta de ley re­fe­ren­te a la re­gu­la­ción del em­pleo pú­bli­co y pa­re­ce que no se ve pró­xi­mo su co­no­ci­mien­to.

En el pa­sa­do, se ar­chi­va­ron dos pro­yec­tos de ley que pre­ten­dían poner orden al sec­tor, prin­ci­pal­men­te por­que no en­con­tra­ban con­sen­so con los sec­to­res in­vo­lu­cra­dos. En la ad­mi­nis­tra­ción pa­sa­da, la mi­nis­tra de tra­ba­jo y ahora dipu­tada San­dra Pisk im­pul­só una pro­pues­ta, pero al no en­con­trar apro­ba­ción en el sec­tor sin­di­cal, nunca se pre­sen­tó al Con­gre­so.

En 20 años, Sala Constitucional realizó 36 fallos sobre beneficios de convenciones colectivas

Cuando fue diputado, Federico Malavassi, junto a otros compañeros, interpuso varias acciones por el tema. En la imagen, en una audiencia por el tema de bonos electorales. (Archivo CRH)

Cuan­do fue dipu­tado, Fe­de­ri­co Ma­la­vas­si, junto a otros de sus com­pa­ñe­ros, in­ter­pu­so va­rias ac­cio­nes. En la ima­gen, en una au­dien­cia por el tema de bonos elec­to­ra­les. (Ar­chi­vo CRH)

La Sala Cons­ti­tu­cio­nal ha sido el prin­ci­pal me­ca­nis­mo para lo­grar cam­bios en las con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas del país. Desde 1994, el tri­bu­nal ha rea­li­za­do 62 sen­ten­cias y res­pon­di­do una con­sul­ta sobre el tema. Más de la mitad fue­ron de­cla­ra­das con lugar to­tal­men­te o en parte, lo que ge­ne­ró cam­bios.

Sin em­bar­go, en esos 36 fa­llos, 20 fue­ron par­cia­les que mo­di­fi­ca­ron o eli­mi­na­ron uno o parte de los ar­tícu­los que el ac­cio­nan­te vio como abu­si­vos o con afec­ta­ción para un sec­tor, fuera em­plea­dos (los menos) o las fi­nan­zas del Es­ta­do. (Ver grá­fi­cos más abajo.)

crhoy.​com ana­li­zó las 63 sen­ten­cias que según la Coor­di­na­do­ra del Cen­tro de Ju­ris­pru­den­cia Cons­ti­tu­cio­nal, han to­ca­do el tema de con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas, desde la fun­da­ción de la Sala, en 1989, a la fecha.

En las úl­ti­mas se­ma­nas, se in­ten­si­fi­có la dis­cu­sión sobrelas con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas que co­bi­jan a más de 126.000 fun­cio­na­rios del Es­ta­do. Con­tem­pla­das por la pro­pia Cons­ti­tu­ción Po­lí­ti­ca y re­gu­la­das por el Có­di­go de Tra­ba­jo, son cri­ti­ca­das como abu­si­vas por unos y de­fen­di­das como desa­rro­llo del de­re­cho por otros.

En­ti­da­des y los go­bier­nos de turno las fue­ron ne­go­cian­do y acor­da­ron be­ne­fi­cios que su­pe­ran lo de­fi­ni­do en el Có­di­go de Tra­ba­jo y que dan con­di­cio­nes – desde li­cen­cias con goce de sa­la­rio y más días de va­ca­cio­nes, hasta un alto tope de ce­san­tía – que no son igua­les para todo el sec­tor pú­bli­co.

¿Qué dice la Ley?

Cons­ti­tu­ción Po­lí­ti­ca

Ar­tícu­lo 62

Ten­drán fuer­za de ley las con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas de tra­ba­jo que, con arre­glo a la ley, se con­cier­ten entre pa­tro­nos o sin­di­ca­tos de pa­tro­nos y sin­di­ca­tos de tra­ba­ja­do­res le­gal­men­te or­ga­ni­za­dos.

Có­di­go de Tra­ba­jo

Ar­tícu­lo 58

e) La du­ra­ción de la con­ven­ción y el día en que co­men­za­rá a regir. Es en­ten­di­do que no podrá fi­jar­se su vi­gen­cia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada oca­sión se pro­rro­ga­rá au­to­má­ti­ca­men­te du­ran­te un pe­río­do igual al es­ti­pu­la­do, si nin­gu­na de las par­tes la de­nun­cia con un mes de an­ti­ci­pa­ción al res­pec­ti­vo ven­ci­mien­to.

Cuan­do la de­nun­cia la hi­cie­ren los tra­ba­ja­do­res, de­be­rán re­pre­sen­tar por lo menos el se­sen­ta por cien­to de la to­ta­li­dad de los miem­bros que te­nían el sin­di­ca­to o sin­di­ca­tos que la hu­bie­ren ce­le­bra­do; y cuan­do la for­mu­len los pa­tro­nos, éstos de­be­rán en ese mo­men­to tener tra­ba­jan­do por lo menos igual por­cen­ta­je de los afec­ta­dos por la con­ven­ción.

Copia de dicha de­nun­cia debe ha­cer­se lle­gar a la Ofi­ci­na de Asun­tos Gre­mia­les y de Con­ci­lia­ción Ad­mi­nis­tra­ti­va del Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo y Se­gu­ri­dad So­cial antes de que se ini­cie el trans­cur­so del mes a que alude el pá­rra­fo an­te­rior; (…)

¿Qué se peleó ante la Sala? El en­ri­que­ci­mien­to ilí­ci­to

Los aumentos de beneficios, que los accionantes consideraron irracionales, fue el tema más repetido. (CRH)

Los au­men­tos de be­ne­fi­cios, que los ac­cio­nan­tes con­si­de­ra­ron irra­cio­na­les, fue el tema más re­pe­ti­do. (CRH)

En dos dé­ca­das, los ma­gis­tra­dos re­ci­bie­ron 62 ac­cio­nes in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad por parte de dis­tin­tos ac­to­res como dipu­tados, la Con­tra­lo­ría Ge­ne­ral de la Re­pú­bli­ca, je­rar­cas, man­dos me­dios, fun­cio­na­rios u otros.

Con el aná­li­sis hecho a las sen­ten­cias, se di­vi­die­ron los temas im­pug­na­dos. El que más se re­pi­tió fue el de be­ne­fi­cios de gru­pos de em­plea­dos, en 36 de las ac­cio­nes.

Den­tro de esas, el tope de ce­san­tía fue el con­cep­to más im­pug­na­do, pre­sen­te en siete ac­cio­nes, ex­clu­si­va­men­te y en otras cinco, donde tam­bién se cues­tio­na­ron otros ele­men­tos, como au­men­tos en las va­ca­cio­nes; per­mi­sos y li­cen­cias con goce de sa­la­rio; anua­li­da­des o plu­ses; trans­por­te para sin­di­ca­tos y ayuda en caso de muer­te de fa­mi­liar. (Ver grá­fi­co a la de­re­cha.)

De esos be­ne­fi­cios que los ac­cio­nan­tes ape­la­ron como irra­cio­na­les y dis­pa­ra­do­res en ex­ce­so del gasto, el 50% fue de­cla­ra­do par­cial­men­te con lugar y el 25% to­tal­men­te. Es decir, la cuar­ta parte logró que se anu­la­ran ar­tícu­los hoy con­si­de­ra­dos ex­ce­si­vos e in­clu­so de “en­ri­que­ci­mien­to ilí­ci­to”, como ca­li­fi­có la Sala, en su sen­ten­cia 7730-00, sobre per­mi­sos y bonos de va­ca­cio­nes en Re­co­pe.

Bajo el mismo aná­li­sis rea­li­za­do, se nota que las con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas de mu­ni­ci­pa­li­da­des fue­ron las que se de­nun­cia­ron en mayor can­ti­dad. Según un re­cien­te re­cuen­to hecho por crhoy.​com en se­tiem­bre pa­sa­do, con in­for­ma­ción del Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo, 52 con­ven­cio­nes en mu­ni­ci­pios cu­bren a 10.691 em­plea­dos.

Tras las “munis”, las en­ti­da­des cuya con­ven­ción más veces se im­pug­nó fue­ron los ban­cos del es­ta­do (10 veces, Po­pu­lar cua­tro, Na­cio­nal cua­tro, el ex­tin­to Anglo y el Cré­di­to Agrí­co­la); el Ins­ti­tu­to Na­cio­nal de Se­gu­ros (INS, en 10 oca­sio­nes); la Re­fi­ne­ría Cos­ta­rri­cen­se de Pe­tró­leo (Re­co­pe, 6); y la Junta de Ad­mi­nis­tra­ción Por­tua­ria y de Desa­rro­llo Eco­nó­mi­co de la Ver­tien­te Atlán­ti­ca (Jap­de­va, 5).

La Sala vio un pico de casos en el 2006 y 2013, cuan­do lle­ga­ron 14 y nueve ac­cio­nes res­pec­ti­va­men­te.

Ade­más los dipu­tados del Mo­vi­mien­to Li­ber­ta­rio Fe­de­ri­co Ma­la­vas­si, Ro­nal­do Al­fa­ro, Peter Gue­va­ra, Car­los He­rre­ra y Car­los Sa­la­zar (pe­rio­do 2002-06) fue­ron los que más acu­die­ron por el tema, con 15 ac­cio­nes pre­sen­ta­das.

Fun­cio­na­rios – fue­ran je­rar­cas, man­dos me­dios o de pues­tos re­gu­la­res – acu­die­ron en 17 y la Con­tra­lo­ría fue nueve veces, siete bajo el ac­tual man­da­to de Marta Acos­ta. Al­cal­días, De­fen­so­ría de los Ha­bi­tan­tes y otros dos dipu­tados tam­bién rea­li­za­ron ges­tio­nes.

Abu­sos o be­ne­fi­cios eli­mi­na­dos

En sus 27 fa­llos con lugar, total o par­cial – de los 36 re­la­cio­na­dos con be­ne­fi­cios – la Sala de­ter­mi­nó una in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad de par­tes de con­ven­cio­nes co­lec­ti­vas de en­ti­da­des pú­bli­cas.

En el 2013 y 2014, la Sala falló con lugar en cinco oca­sio­nes por casos sobre el tope de ce­san­tía (Banco Na­cio­nal, Con­se­jo Na­cio­nal de Pro­duc­ción, Re­co­pe, Mu­ni­ci­pa­li­da­des de San José y Tu­rrial­ba).

Igual re­sul­ta­do en caso de be­ne­fi­cios como in­cen­ti­vo por tener ba­chi­lle­ra­to (Mon­tes de Oca), una tri­ple anua­li­dad por lo mismo (Re­co­pe) y ce­san­tía, va­ca­cio­nes y más be­ne­fi­cios en el mu­ni­ci­pio de Santa Ana.

De­ba­jo puede leer el de­ta­lle al­gu­nos de fa­llos sig­ni­fi­ca­ti­vos, sobre en­ti­da­des cues­tio­na­das.

Re­co­pe

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En el 2000, la De­fen­so­ría, con San­dra Pisk a la ca­be­za, pidió de­cla­rar in­cons­ti­tu­cio­na­les cinco ar­tícu­los de la con­ven­ción co­lec­ti­va de Re­co­pe por va­rias ra­zo­nes:

  • Ar­tícu­lo 28: au­xi­lio para el dis­fru­te de va­ca­cio­nes en au­men­to (de siete días por un año de ser­vi­cio a 30 días por 26 o más años)
  • Art. 33: per­mi­sos sin o con goce de sa­la­rio por ra­zo­nes per­so­na­les sin que ex­ce­dan 250 días.
  • Art. 107: apor­te anual de 3,5 mi­llo­nes de co­lo­nes para para ac­ti­vi­da­des so­cia­les, sin­di­ca­les, de­por­ti­vas y cul­tu­ra­les.
  • Art. 112: bo­ni­fi­ca­ción por asis­ten­cia según días que faltó (nin­gu­na falta daba 14 días de sa­la­rio a cinco fal­tas, nueve días de sa­la­rio).
  • Art. 137: obli­ga­ción de afi­liar­se al Fondo de Aho­rro.

En su sen­ten­cia 7730-00, la Sala aco­gió casi toda la ape­la­ción, ase­gu­ró que el bono va­ca­cio­nal era “un en­ri­que­ci­mien­to ilí­ci­to de los tra­ba­ja­do­res” y anuló cua­tro de los cinco ar­tícu­los im­pug­na­dos.

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En el 2012, la Con­tra­lo­ra Mart­ha Acos­ta pidió que se de­cla­ra­ra in­cons­ti­tu­cio­nal el ar­tícu­lo 142 de la Con­ven­ción, el cual dijo pro­pi­cia­ba “un uso abu­si­vo e in­efi­cien­te” de los fon­dos pú­bli­cos.

Solo en el año 2011, Re­co­pe pagó por con­cep­to de au­xi­lio de ce­san­tía más de dos mil mi­llo­nes de co­lo­nes, el 87,4% de la sub­par­ti­da pres­ta­cio­nes le­ga­les. Para enter como fun­cio­na, Acos­ta puso un ejem­plo de lo que tildó pri­vi­le­gio “odio­so, ex­clu­si­vo y ex­clu­yen­te”.

Si com­pa­ra dos fun­cio­na­rios, uno pa­ga­do por la Re­fi­ne­ría y otro cu­bier­to por Ser­vi­cio Civil, ambos con 30 años de la­bo­rar, al ce­sar­los, el pri­me­ro tiene una ce­san­tía de casi 22,5 mi­llo­nes de co­lo­nes. El pri­me­ro tiene de­re­cho a ocho men­sua­li­da­des, 5,7 mi­llo­nes. Casi se cua­dru­pli­ca.

El ar­tícu­lo 142 se­ña­la­ba que no se po­dría ex­ce­der dicho au­xi­lio de vein­ti­cua­tro meses, lo que sig­ni­fi­ca­ba al­guien con más de 20 años de fun­cio­nar, podía re­ci­bir un má­xi­mo de 24 años de pago por con­cep­to de ce­san­tía.

La Sala ha dic­ta­mi­na­do que el má­xi­mo ra­zo­na­ble es 20 años, por lo que lo en­con­tró in­cons­ti­tu­cio­nal en su sen­ten­cia 13-11506.

Jap­de­va

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En una de las tan­tas ac­cio­nes que pro­mo­vie­ron, el dipu­tado Fe­de­ri­co Ma­la­vas­si junto a sus com­pa­ñe­ros del Mo­vi­mien­to Li­ber­ta­rio, Ro­nal­do Al­fa­ro, Peter Gue­va­ra, Car­los He­rre­ra y Car­los Sa­la­zar, im­pug­na­ron va­rios sig­ni­fi­ca­ti­vos be­ne­fi­cio­sos de la cri­ti­ca­da con­ven­ción de Jap­de­va, con­cre­ta­men­te 11 ar­tícu­los.

  • Ar­tícu­lo 44: otor­ga per­mi­sos con goce de sa­la­rio para los miem­bros de la Junta Di­rec­ti­va del Sin­di­ca­to, de hasta 150 días por mes. (En el 2010 se de­ter­mi­nó que no pa­sa­ra 162 días). Los ac­cio­nan­tes y la Pro­cu­ra­du­ría con­si­de­ró la li­cen­cia “desor­bi­tan­te”.
  • Ar­tícu­lo 55: re­co­no­ce un in­cen­ti­vo sa­la­rial del 25% a los pues­tos de compu­tación.
  • Ar­tícu­lo 57: in­cen­ti­vo del 30% a fun­cio­na­rios “pro­fe­sio­na­les”.
  • Ar­tícu­lo 59: in­cen­ti­vo de 25% a tra­ba­ja­do­res de con­ta­bi­li­dad, te­so­re­ría y pla­ni­lle­ros.
  • Ar­tícu­lo 60:in­cen­ti­vo sa­la­rial del 25% a los pues­tos cuyo tra­ba­jo se reali­ce en al­tu­ras.
  • Ar­tícu­lo 61: de­ter­mi­nó un tope de ce­san­tía de 20 años. La Sala de­ter­mi­nó que see marcó un “techo” o má­xi­mo por lo que no vio nada in­cons­ti­tu­cio­nal.
  • Ar­tícu­lo 63: au­men­to de 5% al sa­la­rio por la ca­rre­ra de ad­mi­nis­tra­ción por­tua­ria. Bis: in­cen­ti­vo del 12% para los que reali­cen fun­cio­nes de se­gu­ri­dad
  • Ar­tícu­lo 65: ayuda de 100.000 co­lo­nes, en el caso de la muer­te de un fa­mi­liar.
  • Ar­tícu­lo 68: par­ti­da de quin­ce mi­llo­nes de co­lo­nes a un fondo para pro­gra­mas de vi­vien­da de los tra­ba­ja­do­res.
  • Ar­tícu­lo 70: “Plan de in­cen­ti­vos” para los tra­ba­ja­do­res, 40% en­tre­ga­do en efec­ti­vo. La Sala en­con­tró que se otor­ga­ban aún sin que hu­bie­ra con­tra­pres­ta­ción.

En su sen­ten­cia 6729-06, la Sala aco­gió par­cial­men­te la ac­ción y anuló los ar­tícu­los 44, 59 y 68, así como parte del 59, casi todo el 70, para re­gla­men­tar la ayuda por la muer­te de un fa­mi­liar.

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Ese mismo año, el mismo grupo de dipu­tados im­pug­nó otros cua­tro ar­tícu­los de la con­ven­ción de Jap­de­va por con­si­de­rar que vio­la­ban los prin­ci­pios de ra­zo­na­bi­li­dad y pro­por­cio­na­li­dad, así como los de le­ga­li­dad e igual­dad.

  • Ar­tícu­lo 9: medio de trans­por­te para los miem­bros di­rec­ti­vos del sin­di­ca­to.
  • Art. 49: li­cen­cias con goce de sa­la­rio para asis­tir a cur­sos y se­mi­na­rios de ca­pa­ci­ta­ción sin­di­cal y coope­ra­ti­vis­mo.
  • Art. 53: obli­ga­ción de ne­go­ciar un au­men­to sa­la­rial en las fe­chas es­ta­ble­ci­das, ade­más de cual­quier au­men­to que otor­gue el Poder Eje­cu­ti­vo.
  • Art. 77: sis­te­ma de pagos sa­la­ria­les para aque­llos tra­ba­ja­do­res que por edad, con­di­ción fí­si­ca o salud no pue­den la­bo­rar y que, por falta de cuo­tas, no han po­di­do pen­sio­nar­se, con lo que­dan exi­mi­dos de tra­ba­jar todos los pla­zos. Mí­ni­mo un plazo de diez años de tra­ba­jar, pero po­dría re­du­cir­se.

En su fallo 06-6730, la Sala Cons­ti­tu­cio­nal úni­ca­men­te eli­mi­nó la frase sobre los diez años, para pen­sio­nar­se sin com­ple­tar el tiem­po de tra­ba­jo ni las cuota ne­ce­sa­rias.

Fa­llos ne­ga­ti­vos de la Sala

Por otro lado, los ma­gis­tra­dos fa­lla­ron en con­tra de cam­bios a be­ne­fi­cios u otros as­pec­tos es­ti­pu­la­dos en las con­ven­cio­nes. Llama la aten­ción que en la ma­yo­ría de sen­ten­cias hubo votos sal­va­dos y di­vi­sio­nes en las dis­cu­sio­nes de los ma­gis­tra­dos, mu­chos que aún se man­tie­nen.

En los úl­ti­mos dos años, no dio la razón a la Mu­ni­ci­pa­li­dad de He­re­dia que im­pug­nó la con­ven­ción como un todo. Tam­bién en otro caso en el Banco Po­pu­lar, por la ce­san­tía. Tam­bién re­cha­zó ac­cio­nes en con­tra de be­ne­fi­cios en el Ins­ti­tu­to Tec­no­ló­gi­co y la Junta de Pro­tec­ción So­cial en dos oca­sio­nes, en el 2006.

TEC – 1996 – Tope, va­ca­cio­nes y más

La Sala no dio la razón a los ac­cio­nan­tes li­ber­ta­rios, cuan­do im­pug­na­ron ar­tícu­los de la con­ven­ción del Ins­ti­tu­to Tec­no­ló­gi­co de Costa Rica. Ellos re­cla­ma­ron que el tope de ce­san­tía es 18 años, mien­tras que el de­fi­ni­do por el Có­di­go de Tra­ba­jo para el resto de fun­cio­na­rios es de ocho años.

La Sala no solo negó algún pro­ble­ma en el ar­tícu­lo, sino que lo con­si­de­ró un es­tí­mu­lo para que los tra­ba­ja­do­res per­ma­ne­cie­ran en el TEC.

“Si bien re­co­no­ce una in­dem­ni­za­ción su­pe­rior a los mí­ni­mos le­ga­les, lo cier­to es que no lega a ser irra­zo­na­ble, si se toma en cuen­ta que está su­je­ta a un lí­mi­te y que es re­la­ti­va­men­te pro­por­cio­nal a la antigüedad del fun­cio­na­rio en la ins­ti­tu­ción, de modo que cuen­ta con ese de­re­cho úni­ca­men­te quien se ha desem­pe­ña­do du­ran­te un largo pe­río­do de tiem­po”, ra­zo­na­ron los ma­gis­tra­dos en su sen­ten­cia 017439-06.

Con res­pec­to a los 31 días de va­ca­cio­nes que se otor­gan, muy su­pe­rior el mí­ni­mo de 10 días es­ta­ble­ci­do por el Có­di­go, la Sala juzgó que puede ser su­pe­ra­do para otro grupo de fun­cio­na­rios.

Ex­dipu­tado cri­ti­ca ac­cio­nar de la Sala, sis­te­ma y a Go­bierno; ANEP lo llama ne­fas­to

Este año, uno de los sindicatos del AyA pidió romper el teop de cesantía, lo cual Trabajo no recomendó. (Imagen tomada del Facebook de Astraa)

Este año, uno de los sin­di­ca­tos del AyA pidió rom­per el teop de ce­san­tía, lo cual Tra­ba­jo no re­co­men­dó. (Ima­gen to­ma­da del Fa­ce­book de As­traa)

El ex­dipu­tado Fe­de­ri­co Ma­la­vas­si, junto a otros de sus com­pa­ñe­ros li­ber­ta­rios, fue el que más veces acu­dió a la Sala Cons­ti­tu­cio­nal por el tema, en un tra­ba­jo am­plio, rea­li­za­do desde el Con­gre­so, que no ha sido igua­la­do hasta hoy.

Res­ca­tó que se lo­gra­ron re­cor­tar al­gu­nos abu­sos. Pero la­men­tó que han ve­ni­do cre­cien­do y se han des­cu­brien­do otras. In­clu­so afir­mó que ese tri­bu­nal ya se “cansó” de ver el tema y ya no tiene la dis­po­si­ción de fa­llar al res­pec­to. Ade­más cri­ti­có cuan­do la Or­ga­ni­za­ción In­ter­na­cio­nal de Tra­ba­jo (OIT) vino al país a pedir que no se im­pug­na­ran más con­ven­cio­nes.

Jain­se Marín, ge­ren­te Aso­cia­do de la Di­vi­sión Ju­rí­di­ca de la Con­tra­lo­ría, re­cor­dó la di­vi­sión en la Sala y la po­lé­mi­ca en las dis­cu­sio­nes de los ma­gis­tra­dos. Re­cor­dó que hace al­gu­nos años se con­si­de­ra­ba que no po­dían cues­tio­nar las con­ven­cio­nes.

Hoy ha cam­bia­do, aun­que las vo­ta­cio­nes no son uná­ni­mes. Estos acuer­dos son per­mi­ti­dos, bus­can me­jo­rar las con­di­cio­nes de los tra­ba­ja­do­res y su­perar los mí­ni­mos le­ga­les, pero Marín re­cla­mó que más allá de lo de­li­ca­do, el pro­ble­ma es cuan­do el au­men­to raya en lo irra­cio­nal. Algo que la Con­tra­lo­ría puede de­ter­mi­nar, con aná­li­sis ob­je­ti­vos.

Para ge­ne­rar o cam­biar la con­ven­ción, esta debe ser de­nun­cia­da por el gre­mio (sin­di­ca­to) o por la ge­ren­cia o pre­si­den­cia de una ins­ti­tu­ción. Es la vía ad­mi­nis­tra­ti­va, que se dis­cu­te en el Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo, cuya Co­mi­sión sobre el tema emite una re­co­men­da­ción de lo so­li­ci­ta­do.

El vi­ce­mi­nis­tro de Tra­ba­jo, Há­rold Vi­lle­gas, ase­gu­ró que el Poder Eje­cu­ti­vo solo puede emi­tir una re­co­men­da­ción, ago­tan­do la vía po­lí­ti­ca y ad­mi­nis­tra­ti­va. Pero la Sala Cons­ti­tu­cio­nal es­ta­rá abier­ta a cual­quier ciu­da­dano para im­pug­nar y se­guir el ca­mino vá­li­do ju­ris­dic­cio­nal.

Vi­lle­gas si llamó la aten­ción a que se debe di­fe­ren­ciar entre de­re­chos ad­qui­ri­dos y abu­sos, como el caso de su­pera­cio­nes de topes de ce­san­tía, como el que buscó el sin­di­ca­to del AyA, pero fue re­cha­za­do. Pero el Go­bierno re­co­no­ce que solo la Sala puede cam­biar lo exis­ten­te, aun­que se bus­ca­rá aus­te­ri­dad en cam­bios.

Los sin­di­ca­tos in­sis­ten en que las con­ven­cio­nes no son abu­si­vas y plas­mas de­re­chos ga­na­dos por los tra­ba­ja­do­res. In­clu­so, en su in­for­me del 2001 a la OIT, dis­tin­tos gre­mios cri­ti­ca­ron que una Co­mi­sión – con Tra­ba­jo y Ha­cien­da – era una “in­tro­mi­sión” a una ne­go­cia­ción libre.

Ra­fael Mora, ase­sor po­lí­ti­ca de la Aso­cia­ción Na­cio­nal de Em­plea­dos Pú­bli­cos y Pri­va­dos (ANEP), ca­li­fi­có de “ne­fas­to” el ac­cio­nar de la Sala Cons­ti­tu­cio­nal, pues gol­peó a los tra­ba­ja­do­res. El sin­di­ca­lis­ta cree que estos temas de­be­rían eva­luar­se en la Sala II, que jus­ta­men­te es la que ve ma­te­ria la­bo­ral y no en el de­re­cho cons­ti­tu­cio­nal.

En un caso par­ti­cu­lar como el tope de ce­san­tía, Mora dijo que se rom­pió desde las nor­ma­ti­vas de las aso­cia­cio­nes so­li­da­ris­tas, así como la Ley de Pro­tec­ción al Tra­ba­ja­dor, por lo que no en­tien­den por­que no se per­mi­te su­perar esos 20 años.

El miem­bro de ANEP le restó la va­li­dez a la Con­tra­lo­ría, ente al que con­si­de­ra que ha es­ta­do “con­tro­la­do por gru­pos de poder y ha se­gui­do la línea de la de­re­cha po­lí­ti­ca” del país. Por eso in­sis­tió en que deben ser los juz­ga­dos de tra­ba­jo los que fa­llen sobre las con­ven­cio­nes.

Bajo este com­ple­jo pa­no­ra­ma, con dis­cu­sio­nes de la Sala Cons­ti­tu­cio­nal di­vi­di­das; sin­di­ca­tos con­ven­ci­dos de la va­li­dez ab­so­lu­ta de las con­ven­cio­nes; y pocos es­fuer­zos ins­ti­tu­cio­na­les por cam­biar­lo, se pre­sen­ta la única vía para cam­biar be­ne­fi­cios de­sigua­les para el mismo sec­tor pú­bli­co.

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