Las “Contradicciones abundan en decisiones del Gobierno sobre rumbo de la economía”; Eso Es Un Hecho;

“En octubre del 2014, el Presidente Solís afirmaba en una cadena nacional de televisión que el déficit fiscal no era “el único ni el más grave problema del país”. Ocho meses después el discurso oficial cambió, pero ahora en boca del vicepresidente Helio Fallas quien ante los diputados calificó de “urgencia” el ataque al déficit fiscal, mismo que ha crecido permanentemente por seis años.

Hubo que esperar a julio para enterar al país que la premura no era tal: en la primera agenda de sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para este semestre  dejó por fuera los proyectos de reforma a los tributos de ventas, renta y pensiones con cargo al erario.

La percepción de desinterés la reforzó el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien consideró que no hay urgencia sobre el proyecto para ordenar salarios del sector público, un requisito indispensable que pidieron los diputados de oposición antes de analizar una reforma fiscal.

Pese a esto, declaraciones del viceministro de Hacienda mantuvieron vivas las expectativas sobre la inclusión prioritaria de los temas tributarios en la agenda legislativa.

Pero el presidente Solís nuevamente restó relevancia al tema y afirmo que todavía se valora la inclusión de los proyectos fiscales en la agenda del Congreso, para “no exacerbar las reacciones en la Asamblea Legislativa.” CRHOY-caricatura-04-08-2015

Tanta y Tan Evidente Contradicción Ha Dado Paso Para Que la Oposición Mediática y Político Empresarial del Neoliberalismo Económico y Comercial en Costa Rica Apunte, Enfile y Dispare Sus Baterías en Contra de la Aplicación de Medidas Fiscales y Tributarias Tendientes a Cobrar Mas Impuestos a Quienes Menos los Pagan, O No los Pagan; Así Como, en Contra de Que Se Controle, Sancione y Fiscalice la Defraudación y la Evasión Fiscal y Tributaria; Tal y Como Señala La Nación en Su Editorial TituladoPolítica fiscal equivocada”;

“Como dijimos en nuestro editorial del viernes, el Gobierno equivocó el rumbo. Hay tres fuentes de equivocación: económica, política y conceptual.”…

Donde Procede a Enumerar las Razones Que Justifican Desde Su Punto de Vista Político, Neoliberal y Totalmente Parcializado, la No Aplicación de Mas Impuestos, Controles y Sanciones al Sector Económicamente Mas Poderoso.

Irónicamente, en un Pasado Editorial Titulado “Equilibrio fiscal”; La Nación Reconoce Que Ellos También Están Implícitamente Equivocados y le Dan la Razón a la Contraloría General de la República Que Justamente Señala Que el Descalabro Fiscal Se Debe Tanto al Gasto Excesivo del Gobierno, Sobretodo Por Concepto del Pago de Pluses Salariales; Como al Hueco Fiscal Causado Por la Baja Recaudación y el No Pago de Ciertos y Necesarios Impuestos Como el IVA;

“La contralora general de la República, Marta Acosta, hizo ante la Asamblea Legislativa una valiente y puntual defensa del informe anual de la institución a su cargo. Urgió un acuerdo para evitar el descalabro fiscal e instó al Gobierno y a la oposición a ceder en algunas de sus posiciones para poder avanzar. La Contralora lleva mucho de razón.”…

Aún Así, Explícitamente, No Dan Su Brazo a Torcer; 

“El problema, sin embargo, responde a visiones muy distintas del papel del Estado y el modelo de desarrollo.”…

Porque Como Todo Extremista Neoliberal, el Editorial de La Nación No Entiende Que el Modelo Económico Neoliberal NO ES Un Modelo de Desarrollo, Sino Un Modelo de Desigualdad Económica, Política y Social, Basado en Ideología.

Ideología Neoliberal Por Supuesto; Por lo Que, Sólo Ven la Parte Económica, Financiera, Comercial y Empresarial; Olvidando Por Completo la Parte Política, Social y Tributaria; Tal y Como lo Sugiere, el Hecho de Que Hayan Olvidado; 

“Más inconsistencias

Otro tema tributario también fue objeto de contradicciones públicas: las exenciones. El 20 de julio anterior, el viceministro de Trabajo propuso discutir las exoneraciones a las zonas francas del país.

La afirmación, sin embargo, no contó con el apoyo del Ejecutivo y un día después el Presidente Solís desacreditó al viceministro Villegas y dio la vocería exclusiva del tema al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora.

Días después, es la Casa Presidencial la que publica una serie de beneficios que ha logrado el país de las empresas instaladas bajo el régimen de zona franca.

Y las dudas persisten. Un grupo de empresarios nacionales denunciaron inseguridad jurídica y un “retroceso en el modelo de desarrollo” ante el cierre a las importaciones de varios productos utilizados como materia prima.

Unos días después, son el Servicio Fitosanitario del Estado y Ministerio de Agricultura y Ganadería los que  reviven una comisión olvidada desde cuatro años antes  para analizar políticas sanitarias y mantener las restricciones.

La última de las contradicciones fue la divergencia de opiniones entre el Presidente de la República y el jerarca del Banco Central, Olivier Castro, sobe el rango meta de inflación que se determinó este año alrededor del 4%.

Mientras el mandatario manifestó que no se debería sacrificar el empleo por mantener “cifras macroeconómicas coquetas”, el presidente de la Autoridad Monetaria manifestó que no conoce “un país en el que alta inflación resuelva el desempleo.”…

Y Es que, Por el Lado del Gobierno, “Hacienda plantea ahora que situación fiscal del país “es una urgencia”; Pero También, el “Gobierno propone nuevos impuestos aunque evasión fiscal llega a los ¢2 billones”.

Y Por el Lado del Neoliberalismo Económico y Comercial, Siguen Insistiendo en Que “El Cuerno de la Abundancia de la Riqueza Económica y Comercial del Neoliberalismo Llegará a Derramarse y Parte de Esa Riqueza Llegará a las Manos de los Mas Pobres y Desfavorecidos”.

Lo Que No Mencionan Es Que Eso Nunca Ocurrirá, Simple y Sencillamente Porque Cuando el Cuerno Esté A Punto de Alcanzar Su Límite, el Neoliberalismo Económico y Comercial, Se Conseguirá Un Cuerno Más Grande.    

Irónicamente, No Sólo la Política Fiscal Está Equivocada, También lo Está la Política Tributaria; Paradójicamente, Ambas Están en la Razón: Por Un Lado Deben Corregirse los Excesos en el Gasto Público Derivados del Pago de Pluses Salariales y Otros Privilegios de Convenciones Colectivas de Trabajadores;

Y Por el Otro Lado, También Deben Cobrarse Mas Tributos a Quienes Menos Pagan, los Evaden, los Defraudan o Simplemente, No los Pagan Por Exoneraciones o Porque No Existen Como el IVA.Fiscal policy.png

Y Es que;   

“La Política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.”…

Así las Cosas, de Alguna Manera Se Justifica Que el Gobierno (Estado) Tenga un superávit Fiscal: Sí Éste Es Reinvertido Por el Estado (Gobierno) en Programas Sociales, en Infraestructura Pública, en Mejorar la Calidad de Vida, de la Educación, en Salud, Etcétera.

Pero, de Ninguna Manera Se Justifica Que Sea Para Generar déficit Fiscal, Por el Elevado gasto público; Mucho Menos Cuando Este Es Debido al Pago de Privilegios Salariales Para Unos Cuantos.

Y Es que, el Déficit Fiscal Sólo Se Resuelve Con Equilibrio Fiscal, Cualquier Otra Cosa Es Una Contradicción, Un Desbalance; Es Por Eso que, Ambos Deben Corregirse Para Poder Lograr el Tan Deseado Equilibrio Fiscal.

Si Quiere Ver o Leer Mas: Déficit Fiscal  Results » Abajo

 

 

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Contradicciones abundan en decisiones del Gobierno sobre rumbo de la economía

Una serie de contradicciones públicas dejan en los costarricenses la duda sobre el rumbo que quiere dar el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís a la economía costarricense.

Lo que parece una falta de comunicación entre miembros del Ejecutivo, se ha prestado para que llegue a los titulares de la prensa una serie de afirmaciones que luego deben ser desmentidas por las autoridades del Gobierno, incluido el propio mandatario.

Quizás una de las más relevantes es la indecisión sobre la prioridad que esta Administración quiere dar a una eventual reforma fiscal.

En octubre del 2014, el Presidente Solís afirmaba en una cadena nacional de televisión que el déficit fiscal no era “el único ni el más grave problema del país”. Ocho meses después el discurso oficial cambió, pero ahora en boca del vicepresidente Helio Fallas quien ante los diputados calificó de “urgencia” el ataque al déficit fiscal, mismo que ha crecido permanentemente por seis años.

Hubo que esperar a julio para enterar al país que la premura no era tal: en la primera agenda de sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para este semestre  dejó por fuera los proyectos de reforma a los tributos de ventas, renta y pensiones con cargo al erario.

La percepción de desinterés la reforzó el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien consideró que no hay urgencia sobre el proyecto para ordenar salarios del sector público, un requisito indispensable que pidieron los diputados de oposición antes de analizar una reforma fiscal.

Pese a esto, declaraciones del viceministro de Hacienda mantuvieron vivas las expectativas sobre la inclusión prioritaria de los temas tributarios en la agenda legislativa.

Pero el presidente Solís nuevamente restó relevancia al tema y afirmo que todavía se valora la inclusión de los proyectos fiscales en la agenda del Congreso, para “no exacerbar las reacciones en la Asamblea Legislativa”.

Más inconsistencias

Otro tema tributario también fue objeto de contradicciones públicas: las exenciones. El 20 de julio anterior, el viceministro de Trabajo propuso discutir las exoneraciones a las zonas francas del país.

La afirmación, sin embargo, no contó con el apoyo del Ejecutivo y un día después el Presidente Solís desacreditó al viceministro Villegas y dio la vocería exclusiva del tema al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora.

Días después, es la Casa Presidencial la que publica una serie de beneficios que ha logrado el país de las empresas instaladas bajo el régimen de zona franca.

Y las dudas persisten. Un grupo de empresarios nacionales denunciaron inseguridad jurídica y un “retroceso en el modelo de desarrollo” ante el cierre a las importaciones de varios productos utilizados como materia prima.

Unos días después, son el Servicio Fitosanitario del Estado y Ministerio de Agricultura y Ganadería los que  reviven una comisión olvidada desde cuatro años antes  para analizar políticas sanitarias y mantener las restricciones.

La última de las contradicciones fue la divergencia de opiniones entre el Presidente de la República y el jerarca del Banco Central, Olivier Castro, sobe el rango meta de inflación que se determinó este año alrededor del 4%.

Mientras el mandatario manifestó que no se debería sacrificar el empleo por mantener “cifras macroeconómicas coquetas”, el presidente de la Autoridad Monetaria manifestó que no conoce “un país en el que alta inflación resuelva el desempleo”.

Hacienda plantea ahora que situación fiscal del país “es una urgencia”

En la imagen Helio Fallas, Ministro de Hacienda. CRH

En la ima­gen Helio Fa­llas, Mi­nis­tro de Ha­cien­da. CRH

El mi­nis­tro de Ha­cien­da Helio Fa­llas, com­pa­re­ció esta tarde ante la Co­mi­sión de In­gre­so y Gasto Pú­bli­co, donde le plan­teó a los dipu­tados la ur­gen­cia de que se en­cuen­tre una so­lu­ción al pro­ble­ma del dé­fi­cit fis­cal que afron­ta el país.

Esta po­si­ción fue, de al­gu­na ma­ne­ra, bien re­ci­bi­da por los con­gre­sis­tas, pues ale­gan que hay un cam­bio de dis­cur­so entre lo que decía el Pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca Luis Gui­ller­mo Solís de que el tema del dé­fi­cit “no lo des­ve­la­ba” y lo que se dijo en cam­pa­ña po­lí­ti­ca, que es­pe­ra­rían dos años para en­viar pro­yec­tos de im­pues­tos.

“Yo aplau­do el cam­bio de po­si­ción siem­pre y cuan­do sea po­si­ti­vo, en este caso, el hecho de que el Mi­nis­tro ahora re­co­noz­ca que el pro­ble­ma fis­cal es una ur­gen­cia y que se estén ace­le­ran­do los pro­ce­sos para en­con­trar­le so­lu­ción es una buena señal”, dijo el dipu­tado Ottón Solís.

Solís le plan­teó a Fa­llas la ne­ce­si­dad de que se avan­ce con una re­for­ma es­truc­tu­ral en el Es­ta­do para re­du­cir de forma efi­cien­te el per­so­nal y man­te­ner solo los pues­tos que sean ne­ce­sa­rios.

Por su parte, el dipu­tado Otto Gue­va­ra le plan­teó a Fa­llas la po­si­bi­li­dad de que el Es­ta­do re­duz­ca el gasto, aun­que se plan­tee que más del 95% del pre­su­pues­to está com­ple­ta­men­te com­pro­me­ti­do.

Fa­llas afir­mó que el dé­fi­cit fis­cal es un pro­ble­ma que se arras­tra desde hace más de tres dé­ca­das, sin que se le de una so­lu­ción, pero mues­tra un agra­van­te de cri­sis a par­tir del 2009 y hasta ahora, donde los in­gre­sos están hasta un 3% por de­ba­jo de los gas­tos.

“La carga tri­bu­ta­ria se ha man­te­ni­do casi cons­tan­te desde el 2001, sin em­bar­go, el gasto se ha in­cre­men­ta­do ace­le­ra­da­men­te a par­tir del 2008, por la po­lí­ti­ca sa­la­rial, el au­men­to de trans­fe­ren­cias, el giro del 8% del PIB para edu­ca­ción, sin con­tem­plar las nue­vas fuen­tes de fi­nan­cia­mien­to. Se puede men­cio­nar que la eva­sión y la elu­sión fis­cal es del 7,75%.

De acuer­do con datos de Ha­cien­da, entre lo que in­gre­só por tri­bu­tos en el 2014 y el gasto pú­bli­co hay una bre­cha de casi el 8%.

“Ha­cien­da ha ac­tua­do y ac­tua­rá res­pon­sa­ble­men­te. Hemos ini­cia­do la ruta para el for­ta­le­ci­mien­to de ja ha­cien­da pú­bli­ca, con ac­cio­nes ad­mi­nis­tra­ti­vas y pre­sen­ta­ción de pro­yec­tos para so­lu­cio­nar el pro­ble­ma (Fa­llas alega que fal­tan casi la mitad de pro­yec­tos en ma­te­ria fis­cal por pre­sen­tar)”, in­di­có el je­rar­ca.

Persiste doble discurso en el gobierno sobre plan fiscal, Presidente no da seguridad que IVA y Renta vayan a ser convocados a extraordinarias
 

"Vamos a ver", dijo el mandatario hoy. CRH

“Vamos a ver (…) para no exa­cer­bar las reac­cio­nes”, dijo el man­da­ta­rio hoy. CRH

Las con­tra­dic­cio­nes a lo in­terno del ga­bi­ne­te de Luis Gui­ller­mo Solís per­sis­ten, in­clu­so en­torno a los pla­nes de más in­te­rés del Eje­cu­ti­vo: los pro­yec­tos fis­ca­les.

Mien­tras que por una parte el mi­nis­tro de la Pre­si­den­cia y el vi­ce­mi­nis­tro de Ha­cien­da, Ser­gio Al­fa­ro y Fer­nan­do Ro­drí­guez, res­pec­ti­va­men­te, dan por un hecho que los pro­yec­tos de Im­pues­to al Valor Agre­ga­do (IVA) y de Renta serán con­vo­ca­dos a las pró­xi­mas se­sio­nes ex­tra­or­di­na­rias en la Asam­blea Le­gis­la­ti­va, este vier­nes el pre­si­den­te, Luis Gui­ller­mo Solís, no da cer­te­za de que vaya a ser así.

El man­da­ta­rio dijo que “para no exa­cer­bar las reac­cio­nes en la Asam­blea Le­gis­la­ti­va” el go­bierno va­lo­ra “un tema tác­ti­co” sobre cuan­do en­viar ambos pla­nes a los le­gis­la­do­res.

“Vamos a ver si van o no ( en las ex­tra­or­di­na­rias) en esta con­vo­ca­to­ria, pero que van a estar, van a estar”, dijo Solís.

El pró­xi­mo lunes 3 de agos­to ini­cian en el Con­gre­so las se­sio­nes ex­tra­or­di­na­rias. Este pe­rio­do será de un mes y du­ran­te el mismo es la Casa Pre­si­den­cial que ma­ne­ja la agen­da de los le­gis­la­do­res.

Me­dian­te las ini­cia­ti­vas de IVA y Renta el go­bierno es­pe­ra re­cau­dar ¢600 mil mi­llo­nes anua­les, para dis­mi­nuir el dé­fi­cit en las fi­nan­zas pú­bli­cas.

Lea Re­for­mas al im­pues­to de ven­tas, renta y pen­sio­nes que­dan fuera en la pri­me­ra agen­da de se­sio­nes ex­tra­or­di­na­rias
Lea Em­pre­sa­rios: Go­bierno no en­tre­gó pro­yec­tos fis­ca­les por­que no tiene “au­to­ri­dad moral” para pedir nue­vos im­pues­tos
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Política fiscal equivocada EDITORIAL 3 de agosto de 2015

Como dijimos en nuestro editorial del viernes, el Gobierno equivocó el rumbo. Hay tres fuentes de equivocación: económica, política y conceptual. Desde el punto de vista económico, es un error insistir exclusivamente en aumentar impuestos cuando la tasa de crecimiento de la producción va de pique. Según estimaciones del Banco Central en la revisión del programa macroeconómico, el producto interno bruto (PIB) ya no crecerá un 3,4% en términos reales, como originalmente se había calculado, sino un 2,8%, muy por debajo del promedio histórico. En tales circunstancias, una traslación del 2% del PIB del sector privado, que invierte y produce, a un sector público dispendioso, que privilegia gastos corrientes en detrimento de la inversión, es un error de fondo. Comprimiría más el crecimiento.

Renunciar a recortar gastos, especialmente en la planilla del Gobierno central y también en las de los entes descentralizados, es otro yerro. Ignora que la menor tasa de crecimiento del PIB puede afectar la recaudación efectiva de ingresos tributarios, dada la probada relación entre crecimiento y recaudación. Se incrementará el déficit fiscal, que ya ronda el 6% del PIB, y también la presión sobre las tasas de interés y la deuda pública; además, tiraría por la borda el esfuerzo que ha hecho el Banco Central por reducir las tasas de interés y facilitar el crédito para estimular la economía interna.

Desde el punto de vista político, es erróneo insistir en mantener los disparadores del gasto, particularmente la planilla y el servicio de intereses de la deuda, cuando la oposición mayoritaria en el Congreso ha advertido su indisposición a aprobar nuevos impuestos sin un esfuerzo concomitante y sostenible en el gasto. La actitud del Ejecutivo no solo es desafiante, sino también equivocada. Su mensaje es que desea nuevos impuestos para mantener la frondosa burocracia y los irritantes privilegios sindicales.

Desde el punto de vista conceptual, la posición oficial también es controvertible. El presidente confirmó su desinterés en entrarle de lleno al problema de los pluses y demás prebendas salariales bajo la desacertada premisa de que toda reforma produciría efectos a quince o veinte años plazo. No debe necesariamente ser así. Mucho depende de cómo se planteen las enmiendas, la cobertura de las leyes y el valor de enfrentar a los sindicatos.

Mientras la Constitución Política originalmente establecía un régimen estatutario de servicio público, en la práctica se fue perdiendo y complicando hasta producir el desigual y complicado enjambre actual. El Poder Ejecutivo se rige por el Estatuto del Servicio Civil, pero las instituciones descentralizadas quedaron por la libre. Al salario básico se le fueron agregando pluses de distinta naturaleza, incluidos la dedicación exclusiva, los incrementos meritorios, las mejoras con el transcurso del tiempo y otros. En las convenciones colectivas se ampliaron las prebendas que hemos detallado en numerosas informaciones y se incorporaron pagos de horas extras, dedicación exclusiva e incrementos salariales a la base en vez del salario total.

¿Se pueden corregir las anomalías? La respuesta es que se puede y se debe. Algunas de manera casi inmediata y otras a más largo plazo. Lo fundamental es empezar a actuar. He aquí algunas sugerencias, sin perjuicio de otras que pudieran elaborar los asesores y técnicos de la Asamblea y del propio Poder Ejecutivo.

A corto plazo, es posible empezar a racionalizar el pago de horas extras no solo en el próximo presupuesto, sino emitir una normativa general y vinculante para todas las instituciones a fin de limitar el monto a una fracción de lo que actualmente se paga. Debe recordarse que el pago de horas extras no es un derecho adquirido. El diputado Ottón Solís propuso hacer un recorte general en todas las partidas de un 40% en la discusión del presupuesto actual, que finalmente no fue aprobada por desidia de la oposición y la estratagema del anterior presidente del Congreso para ponerlo en ejecución.

Las anualidades que se reconocen casi automáticamente tampoco constituyen un derecho adquirido con miras al futuro. Se podrían limitar, no solo en el próximo presupuesto, sino también mediante otra directriz general a todas las instituciones. De nuevo, el diputado Ottón Solís hizo un planteamiento en la discusión presupuestaria que no fue bien atendido. También se podrían reducir al mínimo necesario los pagos por dedicación exclusiva, en busca de la forma de hacerlo sin contravenir derechos adquiridos.

Uno de los principales problemas por solucionar es la disparidad entre los salarios del Gobierno central y las instituciones descentralizadas. Se debe implantar un régimen de salario único para racionalizar los aumentos salariales concedidos a la base, que terminan por incrementar el salario total muy por encima de la inflación. Esto se puede conseguir no solo para los funcionarios nuevos, sino también para los actuales, como hicieron inteligentemente el Banco Central y la Contraloría General de la República. Ya hay mucho terreno andado. En la corriente legislativa circula el proyecto número 19.431 que contempla una serie de medidas muy concretas, pero que ha sido ignorado deliberadamente por el Poder Ejecutivo; ni siquiera lo convocó a sesiones extraordinarias.

También corre en la Asamblea Legislativa el proyecto de la diputada Sandra Piszk, tendiente a ordenar los pluses de los trabajadores actuales. Ese plan también ha sido ignorado por el Poder Ejecutivo y está ausente de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Se podría analizar y mejorar, junto con el proyecto antes mencionado.

Quizás lo más eficaz para producir resultados inmediatos sea una directriz presidencial para ordenar a los jerarcas de las instituciones renegociar las convenciones colectivas bajo términos y condiciones más favorables para el Estado. Hay suficientes abogados especialistas en derecho laboral y administrativo dentro y fuera del Estado para hacerlo. O, mejor aún, si se adopta una legislación general para hacer el ejercicio vinculante, con participación de la Contraloría General de la República.

Como puede observarse, sí hay formas eficaces de entrarle al problema. Si hubiera, claro está, una buena actitud gubernamental.

Equilibrio fiscal EDITORIAL 22 de junio de 2015

La contralora general de la República, Marta Acosta, hizo ante la Asamblea Legislativa una valiente y puntual defensa del informe anual de la institución a su cargo. Urgió un acuerdo para evitar el descalabro fiscal e instó al Gobierno y a la oposición a ceder en algunas de sus posiciones para poder avanzar. La Contralora lleva mucho de razón. El problema, sin embargo, responde a visiones muy distintas del papel del Estado y el modelo de desarrollo.

k Dos tesis. La Contralora planteó dos tesis contrapuestas: la impulsada por el Gobierno, tendiente a subir impuestos y aumentar la recaudación de los existentes sin efectuar ningún esfuerzo significativo por la vía del gasto, y la de la oposición, opuesta firmemente a tramitar nuevas cargas tributarias sin que antes el Gobierno haya dado muestras fehacientes de reducir la expansión de los egresos. Ambos deben ceder un poco –agrega– para evitar el descalabro. Estamos de acuerdo, pero es preciso tener extremo cuidado de no debilitar la estabilidad futura a cambio de una mejoría temporal. Los impuestos son permanentes. La reducción de las erogaciones, en cambio, puede ser fugaz. Todo acuerdo debe partir de la adopción de nuevas reglas fiscales erigidas por encima de los ejercicios presupuestarios anuales para que sea sostenible en el tiempo.

La situación presupuestaria descrita con amplitud en el informe de la Contraloría es ya bastante conocida. Una tercera parte del presupuesto se va en salarios y en los consabidos pluses que incrementan el gasto de forma automática, independientemente de la inflación y los ajustes salariales semestrales. El problema no se resuelve, entonces, con un ajuste salarial conservador, ahora que la inflación es baja, sino con una reforma de la política salarial. El Gobierno no ha expresado un interés genuino de emprender la tarea. Se ha limitado a exteriorizar algún interés por entrar en una negociación con los sindicatos públicos, de la que poco, o nada, podría salir. A la oposición le corresponde asir el toro por los cuernos. Debe realizar un esfuerzo concertado y aprobar una ley para racionalizar las remuneraciones en el sector público (incluidos entes descentralizados y empresas públicas), aunque ello implique un sacrificio político inicial, en beneficio de los intereses más generales y permanentes del país. Ceder en este tema podría ser fatal.

Las transferencias, las pensiones a cargo del Estado y el servicio de la deuda pública acumulada son, también, partidas permanentes y crecientes a las que se les debe imponer una solución definitiva, aunque sea impopular. Ante ellas, la voluntad del Ejecutivo es muy endeble. Más bien ha demostrado ser proclive al gasto. El presupuesto ordinario que actualmente se está ejecutando representaba un incremento del 16% con respecto al del 2014 y, aunque posteriormente se redujo un poco ante la oposición a los recortes del Frente Amplio, cuya visión es expansiva, siempre significa un incremento muy superior al crecimiento real del PIB. En ese mismo presupuesto se incluyó un aumento del 13% del fondo estatal para financiar a las universidades públicas (FEES), también excesivo ante el magro crecimiento de la producción. La paradoja es que las universidades siempre quieren más y más, pero nunca están dispuestas a discutir públicamente la eficiencia y eficacia de sus gastos, ni los excesivos niveles salariales que disfrutan todos sus empleados. Las remuneraciones de los profesores universitarios se han disparado en los últimos años, y hasta los choferes y jardineros con antigüedad ganan sumas extraordinarias en esos centros educativos, que deberían educar con el ejemplo.

El gasto en educación se lleva un porcentaje muy elevado y se pretende incrementarlo hasta llegar a un porcentaje equivalente al 8% del PIB, también creciente año con año conforme se expande el PIB nominal, no el real que es mucho menor. Ahí hay una bomba de tiempo, sobre todo si se piensa que el aumento tan significativo en educación en los últimos años se ha ido en sueldos y salarios, sin ninguna relación con la calidad de la educación o la infraestructura, según demostró un pormenorizado estudio de la Academia de Centroamérica. Es un problema de fondo que se debe racionalizar y en el que ceder también sería muy peligroso. Lo fácil y populista es tener contentos a los maestros y profesores; lo difícil es exigir nuevos estándares educativos. Se requiere visión y agallas.

Algo similar sucede con los proyectos para trasladar a las municipalidades un 10% del presupuesto nacional. El presidente, Luis Guillermo Solís, se pronunció a favor de lo que podría ser un nuevo descalabro fiscal. Ojalá cambie de opinión.

Hay muchos otros rubros que fácilmente se pueden recortar, como propaganda oficial innecesaria, cuyo único objetivo es levantar la imagen del Gobierno; consultorías, viajes al exterior (empezando por los del Presidente de la República y sus ministros), horas extras, incapacidades y otros rubros identificados por el diputado Ottón Solís el año pasado durante la tramitación del presupuesto. En esa oportunidad, la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo e imponer los recortes hizo fracasar la iniciativa. Esperamos que esta vez no corramos la misma suerte. Esto nos lleva a discutir otro asunto muy delicado: la tramitación del presupuesto ordinario para el 2016.

k Presupuesto 2016. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, ha reiterado su deseo de presentar un proyecto de presupuesto ordinario con cero incrementos para el 2016. En principio, nos parece bien, pero es necesario exponer tres consideraciones esenciales. La primera es que en un presupuesto tan grande es posible restringir fácilmente ciertos rubros (inversión) para privilegiar otros (sueldos y salarios) y mantener un equilibrio numérico pero distorsionado en su distribución. El diablo está en los detalles. La segunda es que no sería difícil lograr una tasa de cero crecimiento con una inflación tan baja. El reto es reducir el déficit de manera sostenible pues, si no, fácilmente se podría deshacer el hechizo en períodos subsiguientes. Como dice otro viejo refrán, una golondrina no hace verano. La tercera es que un bajo crecimiento presupuestario no debe alegrar el ojo de la oposición y hacerla creer en un acto sincero de contrición. Las cosas pueden variar en ejercicios presupuestarios subsiguientes. Por eso, los gestos puntuales deben ir acompañados de reglas fiscales para garantizar la compostura fiscal, antes de aprobar nuevos impuestos. Y en esto, de nuevo, tampoco se debe ceder.

El Gobierno nunca ha querido hablar oficialmente de reglas fiscales para encasillar el gasto, el déficit y el crecimiento de la deuda pública, y colocarlos dentro de límites racionales de carácter vinculante. Trascendió que solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una asesoría técnica para elaborar el proyecto, pero no ha vuelto a mencionar el asunto ni está entre los planes oficiales. Eso nos parece sumamente preocupante, pues las reglas fiscales con sanciones efectivas podrían ser la única garantía contra el despilfarro.

k Dos visiones. En el fondo, hay dos visiones muy distintas del papel del Estado y el modelo de desarrollo. El Gobierno y la fracción legislativa del PAC, apoyados por la del FA, suscriben una visión proclive a expandir la intervención del Estado en la economía, para lo cual es necesario mantener o incrementar el gasto y financiarlo con nuevos impuestos. También se inclina por restringir la apertura, posponer la incorporación a la Alianza del Pacífico sin ninguna razón de fondo y es muy proteccionista. El viceministro de Hacienda, Francisco Pacheco, achacó la situación fiscal a los tratados de libre comercio al decir que “según sus cálculos, el país ha dejado de percibir ingresos equivalentes al 2,5% del PIB por las desgravaciones arancelarias que conllevan estos acuerdos”. Si recordamos que el PAC hizo toda una cruzada en contra del TLC, vemos con claridad las diferentes estrategias de desarrollo. Una pretende más Estado y menos mercado; la otra, más mercado y un Estado eficiente, pero no necesariamente más grande y dispendioso. Y en esta diferencia fundamental tampoco debe ceder la oposición.

Gobierno propone nuevos impuestos aunque evasión fiscal llega a los ¢2 billones

En medio del corre corre diario. ¿Alguna vez ha hecho un alto en el camino para analizar cuánto de su salario se va en el pago de impuestos? Probablemente son pocas las personas que lo hacen.
Sólo la Dirección de Tributación Directa reporta el cobro de 18 impuestos.
Sin embargo los que más afectan su billetera son:
El impuesto de ventas, que hay que pagar un 13% por cada producto que adquiere.
Cada vez que compra gasolina debe cancelar un 36% corresponde sólo de impuesto
Y el impuesto al marchamo es del 48%.
Pese a ello los ingresos del Gobierno no son suficientes para hacerle frente a los gastos. De ahí que impulsa la creación de nuevos tributos.
El 55% de lo recaudado se va al pago de remuneraciones de los empleados públicos. El resto a cancelar los intereses de las deudas y en ayudas sociales.
Según reconoce el Ministerio de Hacienda, el problema de recaudación también se debe a la evasión tributaria, que es de 2 billones de colones, lo que representa el 8% de la producción del país.
Desde que ingresó la nueva administración anunciaron que enfocarían sus baterías a luchar contra la evasión para sanear las finanzas públicas, pero aún no lo han podido lograr, por el contrario el déficit fiscal sigue en aumento.

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Política fiscal

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.1 El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo, y los precios…

Proceso de actuación de la política fiscal

El proceso se resume en este gráfico, que marca una inversión fija y unos impuestos proporcionales a la producción:

Fiscal policy.png

Leyenda:

  • T: tributos (impuestos, tasas, contribuciones especiales,etc), dinero que se recauda los ciudadanos
  • G: gasto público, dinero que gasta el Estado para obras, etc.
  • Eje de ordenadas (vertical): mide dinero (recibido o gastado)
  • Eje de abscisas (horizontal): producto nacional (PNB); producción
  • P1: equilibrio fiscal; T=G
  • Zona en rojo, P2: zona de déficit, porque el gasto es mayor que los ingresos
  • Zona en verde, P3: zona de superávit, porque se ingresan más de lo que se gasta, mediante los impuestos

Hay que aclarar que el déficit (déficit fiscal, ya que se trata de un gobierno) no es necesariamente algo malo que hay que evitar. Los partidarios de la política fiscal creen que, en vez de intentar estar en el punto de equilibrio (P1 en la gráfica), va bien aumentar el gasto público para incentivar la economía; por tanto G>T y hay déficit.

Mecanismos

Los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos (los seguidores de la política fiscal) son:

De los dos, es más importante el control de la inversión pública. Pero si hay que elegir entre hacer que el Estado gaste más o bajar los impuestos, lospolíticos suelen preferir lo segundo, porque es inmediato, reversible, y les da buena fama.

A continuación se explica cada uno de estos métodos…

 

Déficit Fiscal

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