La Aprobación de la Nueva Reforma Fiscal Que Plantea Nuevos Impuestos y la Ley Contra el Fraude y la Defraudación Fiscal Que Plantea Más Controles y Transparencia Para las Empresas y Sociedades Anónimas Han Desnudado la Ironía y las Contradicciones del Neo-Capitalismo: Asociaciones de Empresarios, Comerciantes, UCCAEP, Sector Privado y el Neo-Socialismo: Gremios, Sindicatos, Empresas Estatales, Sector Público, A La Tica. ¿Por Qué?

Ambos Tienen Razón En lo Que Se Oponen, Y Se Equivocan En lo Que Defienden.

Cuando, A Toda Lógica y Sentido, Debería Ser Al Revés: Tener Razón En lo Que Se Defiende, Y Equivocarse En lo Que Se Opone. ¿A Qué Viene Todo Eso?

Aunque Suene Redundante, A Que Defienden Lo Equivocado y Se Oponen  A Lo Correcto.

El Neo-Capitalismo Tico de la UCCAEP, los Empresarios y los Comerciantes del Sector Privado Defienden Que Se Debe Atacar Primero el Gasto Fiscal Producto del Pago Creciente de Salarios y Pluses; Así Como Poner en Orden las Convenciones Colectivas, la Eficiencia y la Productividad en el Sector Público.

Y Tienen Razón En Eso. Pero Se Equivocan de Cabo a Rabo En Que Eso No Debe Ir Acompañado de Nuevos Impuestos y Más Transparencia y Control Para las Asociaciones Empresariales y Comerciales Anónimas.

El Neo-Socialismo Tico de los Gremios Sindicales, las Empresas de Estado y Cierta Parte del Sector Público Defienden Que Es Al Sector Privado Que Evade, Elude y No Paga los Impuestos Que le Corresponden Al Que el Gobierno Debe Entrarle Primero, Antes de Empezar a Quitarle a los Trabajadores Públicos los Derechos Salariales Adquiridos en las Convenciones Colectivas.

Y Que En Todo Caso, Son los Salarios y las Pensiones de Lujo Que Reciben los Altos Jerarcas del Poder Judicial, los Presidentes de los Bancos Públicos y las Instituciones Autónomas, Los Que Afectan en Mayor Cuantía el Erario Público.

Y Tienen Razón En Eso. Pero Se Equivocan de Cabo a Rabo En Que No Se Deben Revisar, Ni Re-Negociar las Convenciones Colectivas, Eliminar los Pluses y Privilegios Salariales Abusivos y Permitir Sólo los Que Tienen Que Ver Eficiencia y Productividad.

Así Como, Se Equivocan En Que No Se Debe Evaluar la Función Pública Por Eficiencia y Productividad.

Como También Se Equivoca el Sector Empresarial y Comercial Privado Al Decir Que Obligarlos A Pagar y A Tributar Como Deben y Establecer Más Controles Para Más Transparencia en la Función Privada, Va a Generar Más Despidos y Mermar la Productividad y la Competitividad de Ese Sector.

Por Eso, el “FMI señala una vez más urgencia de reforma fiscal”.

Por Eso, la “Reforma fiscal domina expectativas de sectores para 2016”.

Por Eso Es Una Pena Que Esté, la “Vía rápida a reforma fiscal sin apoyo en el Congreso”.

Por Eso Resulta ¡Increíble! Grupos de Poder Opuestos Prefieren la Ruina del País a Ceder en sus Posiciones Equivocadas.

Y Por Eso, “Luis Guillermo Solís fustiga sueldos públicos y enardece el debate fiscal”.

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Vía rápida a reforma fiscal sin apoyo en el Congreso

  • INICIATIVA NO CUENTA CON EL RESPALDO DE LAS BANCADAS DEL PLN, PUSC Y MOVIMIENTO LIBERTARIO
  • FRENTE AMPLIO ESTARÍA DISPUESTO A VALORAR LA PROPUESTA

La propuesta de aplicar la vía rápida a la reforma fiscal que impulsa el gobierno no tendría apoyo en el Congreso y eventualmente solo sería respaldada por la bancada legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) y uno que otro aliado político.

Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario no avalan la iniciativa del diputado del PAC, Ottón Solís, y respaldada por el mandatario Luis Guillermo Solís.

 

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El PLN no dará votos para la vía rápida a la reforma fiscal, según Rolando González. (CRH)

No daremos un solo voto para la vía rápida propuesta por Solís y Solís, uno en la Asamblea Legislativa y otro en el Poder Ejecutivo, que al fin parece que se ponen de acuerdo en algo, no vamos a dar votos para la vía rápida de los impuestos”, dijo el legislador del PLN, Rolando González.

El diputado del PUSC, Luis Vásquez, por su parte, aseguró que su agrupación política y bancada no está dispuesta ni siquiera a entrar a conocer el tema de la creación de más impuestos.

“Nosotros con respecto a más impuestos ni vía rápida, ni vía corta, ni vía larga“, sostuvo.

Sin ambiente

La misma oposición genera la propuesta en el Movimiento Libertario.

“Con respecto a la vía rápida no vamos a meter nuestros tres votos a ningún proyecto de ley vinculado con el tema de impuestos”, afirmó.

Los libertarios tampoco respaldan la propuesta. (CRH)

El Frente Amplio, que ha fungido como aliado del gobierno en algunos temas, por ahora lo que ofrece es valorar la posibilidad de la vía rápida.

Estamos valorándolo. Nosotros lo que hemos dicho es que valoraríamos una reforma tributaria si pone a pagar a los que nunca han pagado, si nos garantizan que no va a caer en las clases media y baja. Históricamente, hemos estado en contra de las vías rápidas, pero las cosas cambian, aunque como están las cosas, es difícil”, dijo el congresista Edgardo Araya.

La Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que pretende transformar el impuesto de ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa que subiría de 13 por ciento a 15 por ciento en un plazo de dos años y otro que crea el impuesto de renta global.

Con ambas iniciativas, el Ministerio de Hacienda espera aumentar la recaudación tributaria y paliar el déficit fiscal, que podría alcanzar el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cerrar 2016, de acuerdo con estimaciones del Banco Central.

FMI señala una vez más urgencia de reforma fiscal

Al centro, Renzo Figliuoli, jefe de misión del FMI. CRH

Al centro, Renzo Figliuoli, jefe de misión del FMI. CRH

Una inminente reforma fiscal es la prioridad que deben asumir las autoridades económicas de Costa Rica, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Solo así se evitaría un cambio posterior abrupto que tendría efectos no deseados sobre los más pobres.

Sobre este tema fue insistente Lorenzo Figliuoli, jefe de la misión del organismo internacional que estudió las variables económicas del país en las últimas semanas.

Los mercados se podrían contraer e impedir el financiamiento futuro del déficit (…) si los mercados se cierran, esto obliga a hacer ajustes con prisa y desordenados, lo que impediría hacer los cambios con gradualidad y golpearía a los sectores más débiles“, explicó el economista.

Según Figliuoli, la brecha entre ingresos y gastos del gobierno ejerce presión sobre las tasas y aunque el país tiene otras condiciones que permiten que los intereses bajen, el déficit podría impedir una disminución duradera domésticamente.

El FMI también insistió en que el ajuste fiscal necesario actualmente debería ser cercano al 3,75% del PIB. Pero que si la decisión de una reforma se posterga, el ajuste podría crecer.

“No creemos que todo el ajuste se pueda hacer del lado del gasto (1,75%), del lado de la recaudación debe hacerse en el IVA y la Renta (2%)”, detalló Figliuoli.

La recomendación del organismo es que las medidas fiscales que se tomen sean severas y eviten que el gasto siga creciendo a futuro. También destacan la necesidad de una reforma en el empleo público.

“Tenemos la confianza de que hay convicción de que esto es un problema serio“, agregó el economista del FMI.

En el FMI sugieren que las medidas propuestas se acaten de inmediato, aunque reconocen que el proceso completo podría tomar unos 4 años…

Reforma fiscal domina expectativas de sectores para 2016

  • UCCAEP INSISTIRÁ EN REFORMAS AL EMPLEO PÚBLICO; ANEP LAS COMBATIRÁ
  • GRUPOS PIDEN MAYOR COMUNICACIÓN CON EL GOBIERNO

plenario-(2)La reforma fiscal y las modificaciones al empleo público, que se tramitan en la Asamblea Legislativa, dominan lasexpectativas de empresarios y sindicalistas para el próximo año, según dijeron representantes de ambos sectores.

Para el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Ronald Jiménez, y el asesor político de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Rafael Mora, la aprobación legislativa de proyectos para paliar el elevado déficit fiscal será, sin duda alguna, prioridad.

Ambos coinciden en que la reforma fiscal debe enfocarse en acciones como el control a la evasión y contención del gasto, pero objetan la aprobación de nuevos impuestos para elevar los ingresos del Estado.

Mora considera que el gobierno debe hacer un gran esfuerzo para lograr que el Congreso apruebe la ley que fortalece el combate al fraude fiscal y otras iniciativas planteadas en la misma línea, pero es enfático al afirmar que se oponen al plan para crear el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El representante de la cúpula empresarial, por su parte, asegura que el gobierno debe concentrarse en revisar y eliminar los disparadores del gasto público, y no solamente en plantear reformas impositivas para aumentar los ingresos.

Como parte de la reforma fiscal, el Poder Ejecutivo planea convocar en las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley que transforma el impuesto general de ventas en el IVA, cuya tasa aumentaría de 13 por ciento a 15 por ciento en dos años, y otra iniciativa para crear el impuesto de renta global.

Según proyecciones oficiales, el déficit fiscal -diferencia entre ingresos y gastos del gobierno- rondará el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2015.

Empleo público

Desde la óptica empresarial, la aprobación de reformas al empleo público es una prioridad que se deberá impulsar en 2016, como parte de acciones para disminuir el gasto público y mejorar la eficiencia estatal.

Para Vargas el tema deberá ser abordado de forma integral y no solamente como un proyecto de ley, sino que debe incluir revisiones a las convenciones colectivas y al régimen de pago de anualidades automáticas para los empleados públicos.

El tema del empleo público será objeto de confrontación. (Imagen ilustrativa/CRH)

Sin embargo, la dirigencia sindical ve como inaceptablela aprobación de iniciativas como el establecimiento del salario único y la eliminación de pluses salariales en el sector público.

Desde este punto de vista, las organizaciones laborales estiman que podría haber mayor conflictividad social si la cúpula empresarial y un sector del gobierno insiste en el tema del empleo público.

No obstante, los empresarios consideran esenciales tales modificaciones para lograr aplacar la presión fiscal e impulsar un crecimiento de la economía en una tasa que ronde el cuatro por ciento del PIB.

Ambos coinciden en que la administración del presidente Luis Guillermo Solís necesitará mejorar la comunicación y coordinación con los distintos sectores del país para tratar de llegar a acuerdos.

Luis Guillermo Solís fustiga sueldos públicos y enardece el debate fiscal

Solís mostró ayer  la reforma procesal laboral tras firmarla. El presidente aprovechó el acto para pedir más tributos. | ALBERT MARÍN

Solís mostró ayer la reforma procesal laboral tras firmarla. El presidente aprovechó el acto para pedir más tributos.

En un intento por apuntalar la idea de que la reforma fiscal que impulsa su gobierno es integral, el presidente Luis Guillermo Solís arremetió contra varios regímenes salariales del sector público, lo cual molestó a la dirigencia sindical.

El ataque contra la planilla del Gobierno, uno de los mayores disparadores del gasto público, lo dirigió Solís desde el podio en el que realizó su discurso tras firmar la Reforma Procesal Laboral, este lunes, en el Museo Rafael Calderón Guardia.

Solís afirmó, al llamar a todos los sectores a negociar un gran acuerdo para dotar al Estado de mejores ingresos tributarios, que es el momento para “acabar de una buena vez” con “los privilegios y exageradas concesiones” de algunos regímenes salariales.

Sin puntualizar cuáles, el mandatario dijo que esos regímenes salariales públicos perdieron viabilidad por la crisis fiscal que enfrenta el país.

Para el 2016, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el déficit fiscal cerraría en un 6,2% del producto interno bruto (PIB), 0,3 puntos porcentuales mayor al del 2015 (5,7%).

“Hoy (algunos regímenes salariales) ofenden la condición de vida en que apenas sobreviven decenas de miles de costarricenses”, lamentó el presidente, enfocado en hacer que el mensaje de que su equipo vigila el gasto calara en la centena de políticos, empresarios y sindicalistas invitados al acto de firma de la reforma más importante que ha tenido el Código de Trabajo, desde su promulgación en 1943.

Reacciones. El discurso cayó bien a los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que piden acciones para frenar el gasto antes de aceptar hablar de más impuestos.

“Es un atisbo de que el Gobierno sabe que la vía para sanear sus finanzas es recortar gastos. Pero necesitamos pasar del dicho al hecho. Queremos ver acciones”, dijo Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

El efecto contrario de las palabras del presidente se advirtió en la dirigencia sindical invitada a la firma de la Reforma Laboral.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reprochó lo dicho por Solís.

“¡Que les ponga nombres y apellidos (a los regímenes salariales)! El presidente debió haber sido más valiente. Yo le puedo mencionar uno de esos regímenes: a mí me da vergüenza el régimen salarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Si se refirió al de la Aresep, lo vamos a aplaudir. Si se refirió al de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), le vamos a aplaudir”, dijo.

Él es uno de los sindicalistas opuestos a que se discuta una reforma al empleo público que racionalice el pago de salarios y de pluses, como las anualidades, entre otros aspectos, como la implementación en el Gobierno Central del salario único que ya aplica en nuevas contrataciones el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Tal oposición hace pensar al ministro de Trabajo, Víctor Morales, en que cambios de ese calado están lejos de ocurrir, pues requieren de un gran acuerdo nacional similar al que, según él, logró el Gobierno en el trámite de la Reforma Procesal Laboral.

Morales, empero, dijo que el Gobierno “está casado” con dos reformas que discuten los diputados actualmente para limitar a unos ¢4 millones los salarios más altos del sector público y para mejorar la evaluación del trabajo de los burócratas, pagando anualidades solo a aquellos que obtengan calificaciones excelentes. Cambios tímidos, desde la óptica del sector patronal.

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