El Problema de la Vivienda y de la Infraestructura en Costa Rica Es Que el Chorizo Se Mezcla con la Burrocracia, digo Burocracia y Ésta con la Corrupción Política e Institucional.
Al Igual Que el MOPT Entrona el Chorizo, la Corrupción y el Tráfico de Influencias Políticas con las Empresas Constructoras Privadas y el Mantenimiento de las Carreteras Nacionales, A Través del Conavi y el CNC.
El MIVAH lo Hace Con las Empresas Privadas Constructoras de Viviendas, las Desarrolladoras de Condominios y Urbanizaciones y las Entidades Bancarias, Cooperativas y Agencias Financieras Que Tramitan y Facilitan Prestamos Para la Construcción y/o Compra de Vivienda, A Través del INVU, el BANVHI y Sus Agentes y Corredores de Bienes Raíces.
Como Siempre y Al Igual Que Con el Conavi y el CNC, Somos Nosotros, Los Que Tributamos y Pagamos Impuestos, Los Que Terminamos Pagando los Platos Rotos de los Chorizos y la Corrupción de la Administración Pública de Esas Instituciones y Dependencias del Estado Costarricense.
Pero, Para No Ser Yo Quien lo Diga; Y Para Que Sean Ustedes Mismos Quienes Se Convenzan, Abajo les Dejo los Hechos Noticiosos Que lo Demuestran.
Y Unas Reflexiones a Manera de Cuestionamientos Para Que la Medite y Analice.
¿Qué Pasaría Si el INVU Volviera a los Orígenes y Propósitos Para los Que Fue Creado?
El de Construir Vivienda Barata, Pero Bien Hecha, Para Familias de Clase Baja o en Riesgo Social.
El Hacerlo (Construirlas) Con Todos Servicios: Agua, Luz, Alcantarillados, Etcétera; Y Periféricos Necesarios: Calles, Aceras, Parque, Escuela, Etcétera.
¿Qué Pasaría Si el BANVHI Volviera a los Orígenes y Propósitos Para los Que Fue Creado?
El de Otorgar Vivienda a las Familias Pobres y Necesitadas Pagadas en Cuotas Bajas, Sin Ganar Intereses y A Muy Largo Plazo, Porque la Función del Banco No Era Capitalizar Sino Que las Familias Pudieran Tener Su Vivienda.
En Otras Palabras, el Banco de la Vivienda Asumía el Costo Social y Económico de No Cobrar, Ni Generar Ganancia Por el Crédito y Ese Costo lo Asumía el Estado, Porque el Objetivo Social y Económico Era Darle Vivienda a Quien la Necesitaba.
No Que el Banco y los Funcionarios Públicos Que en Él Laboraban Tuvieran Ganancias y Lucraran A Costa de Quienes Estaban Necesitados de Vivienda.
Y Finalmente, ¿Cómo Estaría Nuestra Infraestructura Vial Si el MOPT Se Deshiciera del Conavi y Volviera a Construirla Él Mismo? Como Cuando Fuimos la Suiza Centroamericana y Éramos la Envidia y la Admiración del Resto.
¿Que Tanta y Maravillosa Obra Pública Podríamos en Este Momento Tener Si No Estuviera el CNC Concediendo Chorizos Multimillonarios (en Dólares) a Empresas Privadas Extranjeras Que No los Construyen Bien, Pero Que Sí Se Llevan las Multimillonarias Ganancias Para Sus Países?
¡Piénselo!
ESTUDIO DE FUPROVI DENUNCIA QUE PRECIO SUBE ENTRE 7,5% Y 15% DEL VALOR DE LA VIVIENDA
Trámites encarecen casas de bien social del Estado
Fuprovi emitió un informe en el que cuestiona la duración y el costo de los trámites que exige el Banhvi para financiar proyectos de vivienda de interés social.
El exceso de trámites encarece hasta en ¢3 millones los costos de las casas de interés social, sujetas al financiamiento del bono que entrega el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Así lo concluyó el informe Situación de la vivienda y desarrollo urbano 2014, que presentó este martes la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).
La directora ejecutiva de la Fundación, Eloísa Ulibarri, dijo que el estudio detectó proyectos que tardaron hasta cuatro años en concretarse a causa de la cantidad de permisos exigidos.
Asimismo, detalló que el Banhvi se demora hasta un año en resolver si financia o no proyectos que recibe para su estudio, pese a que llegan con el visto bueno de entidades autorizadas.
El gobierno de Luis Guillermo Solís ha entregado, a la fecha, 13.568 bonos de vivienda.
Según el estudio de Fuprovi, el 2014 fue un buen año para la construcción de casas, debido a factores como las bajas tasas de interés.
Impacto en precio. Ulibarri dijo que el precio de la vivienda social es, en promedio, ¢20 millones.
Número de bonos de vivienda. (INFOGRAFÍA)
El estudio halló que, de ese total, ¢1,5 millones corresponden al costo de los trámites (tiempo laborado, kilometraje y precio de los estudios que debe pagar el desarrollador) si se trata de una casa que va a construirse mediante el “adelanto de subsidio”.
En caso de que la vivienda vaya a levantarse bajo la modalidad “llave en mano”, el peso del costo directo de los trámites en el precio final es de ¢3 millones.
“El impacto es altísimo, de entre un 7,5% y un 15% del precio, dependiendo de la modalidad. Eso significa que la vivienda social se está encareciendo por trámites”, aseveró.
Ulibarri recalcó que uno de los aspectos que alarga el proceso de construcción de vivienda social es la duplicación de funciones y procesos en el Banhvi.
Tasas de interés para viviendas. (INFOGRAFÍA)
“ Una entidad autorizada dura dos meses para aprobar un proyecto, pero, al enviarlo al Banhvi, este tarda entre ocho meses y un año para tramitar el subsidio, porque empieza la revisión desde cero. Hay una confusión de roles”, afirmó.
Según la representante, la demora constituye una violación a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Respecto al estudio, el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Rosendo Pujol, cuestionó el cálculo del costo de los trámites en el precio final.
Pujol calificó como una “exageración” que un proyecto tarde hasta cuatro años en ser una realidad y citó ejemplos de planes aprobados por esta administración que se entregaron cuatro meses después de su visto bueno.
El jerarca agregó que el próximo año se verán los frutos de procesos más ágiles en el sector.
“Estamos haciendo esfuerzos por destrabar proyectos. La gente no reconoce la dificultad que implica el cambio”, reclamó.
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El gerente general del Banhvi, Luis Montoya, justificó la duración de los trámites que la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) juzga como excesivos.
La razón primordial de ese proceso, indicó, es cumplir con la obligación del Estado de velar por la buena calidad de la vivienda de interés social que entrega a familias pobres.
Montoya afirmó que comparte el criterio de Fuprovi de que los trámites de construcción de vivienda deben responder a criterios de eficacia y eficiencia, para que consuman menos tiempo y recursos.
Sin embargo, subrayó que esa rapidez deseable no debe ir en menoscabo de la responsabilidad del Estado con la calidad del producto, ni de la necesidad de verificar “el buen uso” de las inversiones con recursos estatales. “Buena parte de los trámites establecidos en el Banhvi, derivan de recomendaciones de entidades de control, como auditorías o la Contraloría”, dijo.
Ejemplo de esto, opinó, es el requisito de presentación ante el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV) de expedientes completos del proyecto habitacional, que deben incluir documentación adicional, como planos catastrados individuales visados y segregados a favor de cada beneficiario, para garantizar a cada familia la formalización del bono.
El gerente aclaró que el costo de los controles y la fiscalización son asumidos por el Estado.
Pese a la defensa que Montoya hace de los trámites, la Contraloría detectó que durante los primeros cuatro meses del 2014, casi una cuarta parte de los bonos de vivienda que entregó el Banhvi fue para personas que ya habían tenido propiedades.
Es decir, que después de 30 años de entregar bonos, el Estado no tiene un sistema que garantice que estos se den solo a familias pobres sin casa.
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