El gran problema con esta y con otras leyes que la A.L ha aprobado es que desde un principio fueron pensadas para defender, proteger o encubrir una mala praxis política, valiéndose de las nuevas leyes para incorporar en ellas aspectos que faciliten los portillos legales o de interpretación que permitan la impunidad, la inmunidad o con en el actual caso, la sanción legal en contra de quienes denuncian y se atreven a sacar a la luz pública dichos actos de corrupción, tráfico de influencias políticas, etcétera.
Con conocimiento de causa y de hecho los Diputados(as) de los Partidos Políticos Que Firmaron la Ley; Lo Hicieron Con la Convicción de Crear los Portillos Legales Para Evitar la Investigación en Temas de Corrupción y Tráfico de Influencias Políticas. Y Con Todo el Cinismo del Caso, Más Bien, Sancionar Con Cárcel A Quienes Se Atrevan A Investigarlos.
Sí Es Posible Vetar la Ley. Una Forma de Hacerlo Es Derogar la Ley. Otra, es Invalidarla; es decir, Declararla Nula. Y Una Mas es Vía Referéndum Popular.
Diputados se comprometen a reformar Ley de Delitos Informáticos
En redes sociales se han movido varias campañas en contra de lo que se considera una "Ley Mordaza" para la prensa. CRH
Ante las ambigüedades encontradas en la Ley de Delitos Informáticos y la preocupación planteada por el Colegio de Periodistas (COLPER) de que la ley podría representar “una mordaza” a la función periodística, varios diputados se comprometieron a reformarla, con el fin de que no se limite el acceso de la información política a los comunicadores.
Los legisladores Óscar Alfaro, Carlos Góngora, Danilo Cubero, Rita Chavez y Yolanda Acuña, se comprometieron a estudiar la posibilidad de reformar la ley, por medio de una interpretación auténtica, a fin de que no se confunda el objeto de la ley.
“El tema no fue nunca perjudicar la función periodística, ni es eso lo que se plantea. Por el contrario, el artículo busca que se amplíe la regulación con los delitos informáticos y en todo lo referente al tema de narcotráfico, en ningún momento es una coerción para la prensa”, explicó Góngora.
Por su parte, el liberacionista Óscar Alfaro, aseguró que apenas entren del receso de medio año, se reunirá con sus asesores legales para analizar cuál es la manera más adecuada para corregir el error que detectaron.
La visión la comparten la diputada Rita Chavez y el legislador Danilo Cubero. Cubero fue uno de los firmantes de la moción, al igual que Alfaro, pero enfatizó en que no se había percartado de las ambigüedades en la ley.
“Yo firmé la moción, pero el que maneja el tema es mi compañero Carlos Góngora. Igual, yo he dicho siempre que la intención nunca es limitar la función periodística, todo lo contrario. El artículo busca regular los delitos informáticos, que es algo que en nuestro país esta a la libre”, añade el diputado.
El Colegio de Periodistas manifestó serias preocupaciones debido a la reforma al artículo 288 del Código Penal, donde se establece que se condenará con penas de cárcel a quien obtenga “informaciones políticas secretas”, concepto que los mismos diputados calificaron como “ambiguo”.
“No es posible vetar la ley”, dice Ministro
El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, enfatizó en que “la Presidencia servirá de puente para que tanto los comunicadores, como los diputados y la Presidencia, puedan aclarar las disimilitudes que se han presentado con la Ley de Delitos Informáticos, cuyo fin no fue nunca limitar la libertad de prensa”.
El ministro dijo además que comparte la posición de los legisladores, de aclarar el artículo 288, porque vetar la ley ya no es posible, puesto que se vencieron los plazos. Además enfatizó en que la preocupación de los medios de prensa es comprensible, pero que desde 1970 el código penal, establece en este mismo artículo 288, que no se tendrá acceso a las “informaciones políticas secretas”.
“No comprendemos cuál es la novedad, pero en vista de que los medios han externado su preocupación vamos a el tema”, expresó el ministro.
En un comunicado de prensa, la Presidencia enfatizó que “la firma de la ley por parte del Poder Ejecutivo se hizo, luego de que el proyecto fuera aprobado en sus dos debates por una amplísima mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y previa constatación de que se cumpliera con los requisitos de consultas obligatorias, entre ellas, la de la Corte Plena, cuyo criterio fue favorable a la iniciativa”.
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