En el pasado artículo comentaba acerca del gran engaño de la falacia neoliberal que Oscar Arias ha tratado de hacer creer a la ciudadanía costarricense que la apertura de mercados y la competencia contra empresas privadas, han fortalecido al ICE, bajando las tarifas que pagamos y reduciendo la dependencia del petróleo; cuando justo ha sido, todo lo contrario.
Ahora quisiera extender un poco más esos argumentos, incluyendo a otras instituciones y empresas del Estado y analizando porqué suben tarifas y el costo de la vida… No Es porque no se expande el mercado privado y no se deja a las empresas privadas extender sus operaciones en el sector público y “vender” mas barato que el ICE o cualquier otra institución o empresa estatal.
Tampoco es porque los precios regulados y tarifas se incrementaron hasta 4 veces más que los no regulados como trata de argumentar el Editorial de un conocido matutino nacional… Eso es Falso, Es un Engaño.
Los Precios regulados y Tarifas Se Incrementaron No por Estar Regulados; Se Incrementaron Porque el Mecanismo de Regulación Fue Expresamente Diseñado por la Autoridad Re-Aumentadora, digo Reguladora de Servicios Públicos Para Favorecer al Mercado Privado y a las Empresas que Prestan los Servicios Públicos.
O es que acaso alguien puede demostrar o tan siquiera argumentar que las Fórmulas que Utiliza la Aresep de Aumentos Automáticos, Tomando en Cuenta Todas las Necesidades y Supuestos Gastos Operativos y Administrativos de las Empresas y Relegando la Participación del Consumidor a una Triste Participación de Voz pero Sin Voto en las Audiencias Públicas para Analizar los Aspectos Técnicos Relacionados al Aumento de la Tarifa (como si el ciudadano estuviera en la obligación de saber y comprender los aspectos técnicos, económicos y administrativos de las empresas y encima de todo: lo que cuestan los repuestos, los salarios, aspectos operativos, etc; etc; etcétera) Son Pensadas y Diseñadas Para el Beneficio del Consumidor y su Economía… Obviamente NO.
Veamos el caso de la Canasta Básica que Afecta Directamente la Inflación.
Al igual que la Autoridad Re-Aumentadora, digo Reguladora de los Servicios Públicos el MEIC Fija sus Políticas Económicas, Industriales y Comerciales, Pensando Primeramente por no Decir, Exclusivamente, en el Libre Mercado y Comercio y Luego en la Empresa Privada Tanto la Industrial como la Comercial… Por Último y Tan Solo Porque Es Obligación Legal Constitucional Hacerlo, en el Consumidor y/o Usuario.
O es que acaso alguien puede demostrar o tan siquiera argumentar que las Políticas Económicas, Industriales y Comerciales del MEIC Van Dirigidas a Defender a los Pequeños y Mediados Productores Nacionales; por ejemplo: a los parceleros del arroz en vez de a los industriales del arroz, o a los lecheros en vez de los industriales lácteos, o a nuestras pymes frente a las mega-industrias y transnacionales, o …, etcétera.
Esa es la Razón, Además de Ser la Caja Chica del Estado, por la cual los Precios de los Combustibles No Bajan… La Fórmula de Cálculo Esta Diseñada Para Su Aumento Automático, Salvo Variables Excepcionales que lo Inducen a la Baja.
La Competencia y la Apertura de Mercados Sí ha Servido para algo, Para Aumentar las tarifas Eléctricas y de Telecomunicaciones al Tener el ICE que Competir Como Una Empresa Más, Dedicada Exclusivamente al Comercio y a la Venta de Productos Mercaderías(Así Debe Ser Para Poder Competir) y No al Servicio al Cliente, al Consumidor, al Ciudadano Costarricense, Como Era Antes de la Apertura del Mercado a las Empresas Privadas.
Y No Es que las Empresas Privadas No Deban o No Se les Permita Competir y Participar del Mercado y de la Venta de Servicios, Tanto al Sector Público Como al Privado; Es que Deben Hacerlo (Competir) Entre Ellas; No, Nunca, en Contra del Estado y las Empresas Estatales que Son de Todos los Costarricenses.
Con Políticas Económicas, Comerciales y de Mercado Que Potencien y Maximicen la Participación de Nuestras Industrias, Nuestro Agro, Nuestros Productores y _Nuestros Productos Con la Participación Activa del Estado y la Asistencia Técnica y Económica de las Instituciones Públicas Respectivas.
Con Precios y Tarifas Regulados Que Velen Tanto Por los Derechos de Nuestros Empresarios, Empresas, Productores e Industriales Nacionales Como por los de los Consumidores de Productos y Servicios.
Regulando en Igual Manera el Mercado y el Comercio.
Este País Efectivamente Podría No Solo Salir de la Crisis, Sino También, Alcanzar Niveles de Prosperidad No Vistos Hace Décadas.
Inflación, precios regulados y tarifas EDITORIAL (La Nación)
Los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4% .
Hay estudios para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero no se les ha dado aplicación práctica
La inflación está aumentando y amenaza con exceder las metas establecidas en el Programa Macroeconómico del Banco Central. Medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), el aumento entre enero y febrero llegó al 2,34%, casi la mitad del previsto para todo el año, mientras que el acumulado en los últimos 12 meses ascendió al 6,52%, porcentaje superior al rango establecido por el Banco Central, de 5% (más o menos 1 punto porcentual).
¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el aumento? ¿Se podrán controlar en los meses subsiguientes para restablecer la meta? Creemos que sí. Pero habrá que hacer un esfuerzo extraordinario para controlar los principales factores que inciden en el incremento de los precios. Entre ellos, las fuertes alzas en los precios regulados y tarifas de los servicios públicos, que efectivamente se han desbordado. También deben afinarse los instrumentos monetarios con que cuenta el Banco Central para controlar la inflación, sobre todo a mediano y largo plazo.
Los precios regulados y tarifas de los servicios públicos han ejercido una presión muy marcada sobre el IPC. En algunos períodos, los ajustes han sido inferiores al promedio de los precios no regulados; en otros, como en los últimos 12 meses, han sido mucho más elevados. Eso es causa de gran preocupación, pues no dependen de factores típicamente monetarios asociados con excesos de liquidez, ni con exceso de demanda de los consumidores. Las tarifas y precios regulados responden a políticas públicas, muchas veces cuestionadas.
En efecto, los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4% (promedio) en ese mismo periodo. Por esa razón, el IPC general se salió de las metas establecidas en la programación macroeconómica y amenaza con seguir creciendo, a menos de que se adopten medidas que contengan y racionalicen los ajustes. Entre ellas, deben regularse más adecuadamente los gastos de las entidades públicas, dejados por la libre en las dos últimas administraciones y, además, es preciso cambiar sustancialmente los modelos de ajustes de precios regulados y tarifas públicas, desfasados y obsoletos, como lo prometió don Dennis Meléndez, en junio del 2010, cuando fue ratificado como regulador general.
En aquella oportunidad, el regulador general afirmó que “su prioridad sería la revisión de las metodologías utilizadas en la actualidad para fijar las tarifas y precios de los servicios regulados y los mecanismos para regular la calidad en la prestación de los servicios”. Sabemos que se han realizado varios estudios, algunos muy complejos, para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero, a estas alturas, no se han puesto en ejecución y todavía prevalecen en muchos de ellos criterios jurídico-contables para establecer las tarifas con base en todos los costos de operación de las entidades, incluyendo las burocracias, como la del ICE. Y aunque las nuevas metodologías deban ser amparadas por leyes y normas aún por promulgar, el país debe avanzar para subsanar el rezago que por años se ha venido acumulando.
Dicho lo anterior, tampoco debe ignorarse el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control del gasto de las entidades, ni la evaluación de las erogaciones por sueldos y salarios o las prebendas en los sobresueldos públicos, como tantas veces hemos señalado desde esta sección editorial. Las negociaciones con los sindicatos están atascadas y no se vislumbra un esfuerzo por reformar el sistema. Todo eso influye en los precios de los servicios prestados y, desde luego, en la inflación que recae sobre los bolsillos de los costarricenses.
Finalmente, debemos recordar la responsabilidad del Banco Central en el control de la inflación. Si bien hay factores como los anteriormente señalados que inciden en la variación de precios a corto plazo, la inflación a largo plazo siempre es un fenómeno monetario asociado con los desfases entre la liquidez y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la demanda de dinero. Teóricamente, si los precios de los servicios públicos suben extraordinariamente, los usuarios deberían ajustar sus otros gastos para mantener constante el IPC (con ciertos desfases en el tiempo). Pero, si se consiente una mayor liquidez de la que demandan en su momento los consumidores, los precios tenderán a subir.
Y eso es lo que, quizás, podría estar sucediendo actualmente, pues aún los otros índices subyacentes de inflación están subiendo, aunque levemente y dentro de las metas de inflación. Pero si la tendencia continúa, se podría llegar a perder la estabilidad que tanto ha costado tener. El Banco Central ha aumentado su captación de recursos, pero eso le incrementará sus pérdidas de operación en el futuro. Y eso indica que tenemos un problema latente de inflación más complejo de lo que han querido reconocer las autoridades.
El Gurú Todo lo Sabe 