¿Por qué Defender la Plutocracia y la Oligarquía? No existe ninguna razón para hacerlo, salvo que se sea parte de ella… Será esa la razón por la que Sindicatos, Sindicalistas y ciertos Gremios y Grupos Élite de Trabajadores Muy Calificados como Médicos y Especialistas defienden las enormes Desigualdades Salariales que marcan diferencias y Discriminan entre Trabajadores Iguales, en Posiciones Semejantes, pero con Privilegios y Pluses Salariares Desiguales, que Llevan a Diferencias No Aceptables, No Justas de Salario de Hasta 600%; Tal y Como Está Documentado por la CGR y el Ministerio de Trabajo.
Defender la Injusticia y la Falta de Equidad de este Sistema de Privilegios Para Unos Pocos Es Defender la Plutocracia y la Oligarquía que los Genera Con Costo (Enorme Costo) para el Estado y por ende, para Todos los Costarricenses y Sobretodo para aquellos que Contribuyen con la Seguridad Social del País Con sus Impuestos y Tributos… ¿Por qué debemos Pagar los Contribuyentes los Excesos y la Buena Vida de Unos Cuantos Privilegiados Salariales?… No es Justo, Ni Debido.
La Constitución protege y defiende los Derechos Adquiridos de los Trabajadores; así como las Convenciones Colectivas y el Producto de Ellas por Ley… Eso No Significa, Ni Debe Significar que Esos Derechos y Pluses Salariales Adquiridos, Producto de Convenciones Colectivas y Respaldados y Protegidos por Ley, Deban Ser Parte Constitutiva de Salario del Trabajador o Trabajadores que los Adquirieron… Eso es un Falacia, una Falsa Interpretación de lo que dice la Ley y la Constitución… La Constitución Protege y Garantiza el Derecho a las Convenciones Colectivas y los Beneficios Obtenidos de Éstas por Ley; NO Así, que Esos Beneficios Sean Incorporados al Salario, a la Pensión o a las Garantías Sociales del Trabajador a la Hora del Cese o Despido.
Pocas veces he tenido la posibilidad de estar de acuerdo con las políticas de gobierno; principalmente porque son neoliberales y casi siempre van enfocadas a la empresa, al libre comercio y a la especulación de mercado y mercaderías, lo que el gobierno llama libre mercado… Ídem, pocas veces (muy pocas) el Gobierno olvida su ideología neoliberal y verdaderamente hace propuestas a favor de la sociedad civil, la economía del país, el desarrollo, el ambiente o la productividad… Ésta es una de esas ocasiones, a favor de la sociedad civil y la homogenización de los derechos de todos los trabajadores, no solo de unos cuantos … Es por eso que no entiendo por sindicatos y sindicalistas defiendan los privilegios de unos cuantos; máxime cuando gracias a estos (privilegios) se avasallan los derechos de la mayoría.
Contraloría impugna ante Sala Constitucional beneficios por pago de cesantía en cinco entidades
ENTE CONTRALOR IMPUGNÓ BENEFICIO EN CINCO INSTITUCIONES
Convenciones dan beneficio hasta cinco veces más alto que el resto de trabajadores
Órgano contralor dice que procura un manejo eficiente de fondos públicos
La Contraloría General de la República (CGR) arremetió contra los excesos en el pago de cesantía de cinco instituciones públicas.
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El 29 de enero, empleados municipales josefinos protestaron contra la idea de fijar un tope a la cesantía.
En esas entidades se reconoce este derecho hasta por 25 años o incluso sin límite alguno.
Tales beneficios están incorporados en las convenciones colectivas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Popular, el Consejo Nacional de Producción (CNP), así como las municipalidades de San José y de Turrialba.
Esto les permite a esos trabajadores recibir un pago hasta cinco veces mayor al resto de los empleados del sector público, a quienes solo les reconocen ocho años en el cálculo de la cesantía.
Además, sobrepasan el tope máximo de 20 años fijado por la Sala Constitucional.
Para el 2011, esas instituciones pagaron un total de ¢3.876 millones. El monto mayor lo desembolsó Recope con ¢2.028 millones.
En diciembre pasado, la CGR planteó cinco acciones de inconstitucionalidad contra cada uno de los cinco acuerdos laborales. La Sala IV ya las admitió y está en proceso de análisis.
“Al superar el tope máximo de años por reconocer el título de cesantía establecido en la jurisprudencia de ese Tribunal Constitucional, crea un privilegio odioso, exclusivo y excluyente en favor de un grupo selecto de servidores públicos.
”Lo anterior, sin contar con una base objetiva de respaldo y en detrimento de una serie de normas y principios constitucionales, potenciando una disposición desmedida de fondos públicos”, dice la Contraloría en la acción que cuestiona el artículo 142 de la Convención Colectiva de Recope.
La entidad cita que, por ejemplo, un funcionario de la Refinadora con un salario mensual de ¢1 millón, con 30 años de servicio cuya relación laboral terminó en diciembre de 2011, habría recibido ¢22,4 millones de cesantía.
Mientras, un servidor con las mismas condiciones de salario y años laborados que presta sus servicios en una entidad cubierta por el régimen del Servicio Civil, apenas habría recibido ¢5,7 millones.
La diferencia es mayor si se compara con un empleado del Banco Popular, ente que no tiene tope.
En ese caso, el servidor recibiría ¢26 millones. Es decir, cinco veces el monto que se otorgaría a un funcionario por el Servicio Civil.
Eficiencia. El ente contralor alegó que las gestiones ante la Sala IV procuran un manejo eficiente de los fondos públicos y se elaboraron tras estudios de fiscalización en algunas de esas entidades o a partir de denuncias recibidas.
Jaínse Marín, gerente asociado de Fiscalización de la Contraloría, aclaró que no se trata de una agenda para atacar la progresividad de los derechos laborales ni las convenciones colectivas como instrumento de negociación.
“Se trata de un ejercicio concreto y puntual frente a una acción de fiscalización que realiza la Contraloría”, dijo Marín.
El funcionario recordó que la Sala IV y la Sala Segunda han sido claras en que el tope de cesantía no puede ir más allá de los 20 años.
Rodrigo Aguilar, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, cree que la CGR se excedió en sus funciones.
“No es a la Contraloría a la que le corresponde dictar si hay o no hay justicia en los beneficios que se le proporcionen a la clase trabajadora”, aseveró.
Recordó que el país debe respetar convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical (derecho a organizarse) los cuales tienen rango superior a la ley.
A juicio del ministro de Trabajo, Olman Segura, lo que se necesita es justicia y equidad en los derechos laborales, aún más “siendo todos funcionarios de un mismo patrono que es el Estado costarricense”.
Segura hizo referencia, además, al impacto en las finanzas de las instituciones, dinero que los ciudadanos aportan con impuestos.
Como la mayoría de los trabajadores tienen un tope de ocho años, y la Sala IV autoriza hasta 20 años, el Gobierno intenta consensuar un plazo igual para todos.
¿Cuánto se paga?
Recope. La cesantía tiene un tope de 24 años. En el 2011, Recope pagó ¢2.028 millones en cesantía a de 80 funcionarios. Esto significó un 87,4% de la partida de prestaciones que en ese año fue de ¢2.322 millones.
Banco Popular. No tienen tope de cesantía. En el 2011 esa entidad pagó ¢283 millones por dicho beneficio, un 66% del presupuesto de prestaciones para ese año que alcanzó ¢429 millones.
CNP. Establece un límite de cesantía de hasta 25 años. En el 2011 la institución giró por ese concepto ¢651 millones a 52 funcionarios que se retiraron.
Municipalidad de Turrialba. No establece ningún límite para el pago del auxilio de cesantía. En el 2011 ese ayuntamiento pagó ¢26 millones por tal concepto.
Municipalidad de San José. No tenía límite de años para el pago de cesantía hasta enero, en que por un acuerdo se fijó en 20 años. Según la Contraloría, durante el 2011 ese gobierno local giró ¢888 millones por dicho concepto. Un funcionario de ese ayuntamiento con 30 años de servicio y un salario de ¢1 millón recibiría casi ¢30 millones por concepto de cesantía.
FUENTE: Contraloría General.
Plan para ordenar salarios sigue en pie tras rechazo sindical
Ejecutivo definirá texto con reformas para remitirlo al Congreso
Sindicatos amenazan con paro nacional si propuestas llegan a la Asamblea
La negativa de los sindicatos a negociar sobre salarios del sector público agotó la espera del Ejecutivo, por lo que el Gobierno anunció que impulsará medidas por su cuenta en procura de reducir las disparidades entre servidores del Estado.
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El ministro de Trabajo, Olman Segura (anteojos), criticó que, aunque los sindicatos presentaron un documento de “prediagnóstico” sobre empleo público, declinaran la negociación con las autoridades de Gobierno.
Con las sillas para los sindicalistas vacías, el ministro de Trabajo, Olman Segura, lamentó ayer su ausencia de la cita prevista para conformar una mesa de diálogo que pueda analizar los cambios.
Los dirigentes gremiales, mientras tanto, optaron por ir al paro hoy, y realizar una manifestación que se iniciará en la fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca, y culminará frente a la Casa Presidencial, en Zapote.
“El Gobierno es tolerante, pero creo que sobre este tema será muy difícil insistir, porque si la respuesta es alargar el tiempo, no nos vamos a prestar al juego”, declaró el ministro Segura.
Las autoridades de Hacienda, Planificación y el Servicio Civil indicaron que revisarán los pluses salariales y que unos se llevarán al Poder Legislativo y otros se verán mediante decreto ejecutivo.
Mientras tanto, ayer en horas de la tarde, Franklin Benavides, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), fue el representante sindical que entregó el “prediagnóstico” sobre empleo público al Ministerio de Trabajo, y aseguró que no negociarán sobre salarios.
Mentiras. Para ambos sectores, la mentira es el denominador común, que llevó el diálogo al fracaso.
“No estamos dispuestos a negociar, porque lo que ellos (Gobierno) proponen es un recorte de nuestros pluses salariales. La preocupación sobre la equidad salarial es un cuento. Nos van a reducir las anualidades y los incentivos”, dijo el líder sindical Benavides.
El Gobierno contradice el enfoque de los sindicatos, puesto que considera que “son mentiras sin fundamento alguno, que perjudican a los trabajadores”.
”El país no se lo merece y no se lo merecen los niños y jóvenes que mañana (hoy) no recibirán clases debido a un movimiento que está lleno de mentiras, que se contraponen a la voluntad del Gobierno”, dijo el ministro de Planificación, Roberto Gallardo.
Además, el ministro Segura insistió en que anualidades, cesantías y convenciones colectivas no se verán afectadas con la propuesta que busca el Ejecutivo.
“A los profesores les están mintiendo con que vamos a atacar sus derechos. Más bien, la propuesta habla de aumentar las anualidades y cesantías. Lo que hay es desinformación”, añadió Segura.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló en el 2009 diferencias de salario de hasta 614% en puestos con funciones y años de servicio similares.
El Ejecutivo insistió en que trabajará en desarrollar una propuesta que atienda las diferencias salariales en el sector público. Y advirtió de que se descontará el día a los empleados públicos que no asistan hoy a su lugar de trabajo.
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