De Piñeras A Fecundos Labriegos, Hay Mucho Trecho y Desigualdad

De Piñeras A Fecundos Labriegos, Hay Mucho Trecho y Desigualdad.

De una agroindustria corporativa cuyas ventas generaron $743 millones de dólares en 2011 pero No pagan impuesto a las Municipalidades “Al contrario del banano, la piñería no deja un impuesto específico al Estado o municipio (leyes 5519, 5515, 7313). Sin embargo, las municipalidades sí tienen que arreglarle caminos y brindarle servicios básicos”.

Del fecundo labriego que cultiva su parcela para ganarse el sustento, tener una vida digna y brindarle algo de prosperidad a su familia y a su comunidad; a una mega-industria capitalista que se dedica a explotar a sus esclavos, digo, empleados, para obtener la mayor ganancia del fruto de su trabajo “De cada euro que se paga en Europa en la compra de piña, los trabajadores en las plantaciones reciben tan solo 4 centavos; mientras los comerciantes, propietarios de plantaciones y multinacionales se dejan los 96 centavos restantes (Red Consumidores Internacionales, 2010)”.

Del fecundo labriego que cultiva su parcela al estilo tradicional, procurando cada vez mas utilizar agricultura orgánica, productos naturales y control biológico para abonar la tierra y eliminar pestes; a una mega-industria capitalista que se dedica a la explotación y al uso intensivo del suelo, causando graves daños ambientales, contaminación y graves perjuicios a la salud humana y animal “Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos”… “Ya se han encontrado muestras de polvo en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas,…” “Se han encontrado rastros de hasta siete plaguicidas en el pelo, brazos y limpieza bucal de un grupo de osos perezosos en una finca en…” “La contaminación se encontró en aguas superficiales y suelos en la finca Tico Verde en La Perla de Guácimo (Vargas, UCR, 2010), en las aguas subterráneas en el 10% de los pozos muestreados en El Caribe (Ruepert, UNA, 2004).” “En la cuenca Río Jiménez se encontraron ocho diferentes agroquímicos, algunos de ellos presentan una toxicidad de alta a extrema (Echeverría et al., UNA, 2010). Todos estos químicos van a drenar al mar donde se han encontrado en agua y en sedimentos en las desembocaduras de El Caribe (UCR et al., Investigación, 2009). A todo esto se le agregan las pérdidas producidas en ganadería por la mosca que se reproduce en altas cantidades por el mal manejo (evidente falta de inversión) de los desechos de la piña. Son cientos de productores locales que han tenido que terminar malvendiendo sus tierras a las piñeras, perdiendo su actividad principal.”

¿Creé usted que sería justo que estos explotadores comerciales reciban el 80% de exoneración en sus ya de por sí lucrativos negocios?… O deberían pagar el 100%  como siguieren algunos Diputados.

¿Se les debería cobrar el 50% a pequeños y medianos agricultores como proponen algunas Municipalidades?… O se les debería cobrar un un impuesto específico al Estado y al Municipio a todas y cada una de estas mega-empresas y corporaciones agroindustriales, sin importar cual sea el producto.

¿Se debería reclamar un trato preferencial para el pequeño productor (80%), uno medio para el mediano (50%) y No exenciones para el grande (0%)?… Yo creo que Sí.  

 

Alcaldes: exoneración de tributo favorece a grandes productores

PROYECTO PARA REDUCIR IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SE DISCUTE EN EL CONGRESO

Plan despierta a municipios en contra de inminente recorte a sus ingresos

Voceros del agro defienden reforma pues dicen que gravamen los golpea

Alcaldes y diputados señalan que el plan para exonerar a los agricultores del impuesto a la tierra abre una puerta para que grandes firmas agrícolas se beneficien.

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Los agricultores tomaron las calles josefinas el 31 de julio para exigir la rebaja del impuesto.

El proyecto de ley 18.070, que tiene cautivo al Congreso, plantea reducir en un 80% el impuesto sobre bienes inmuebles para los terrenos dedicados a la agricultura.

Para los alcaldes el plan afectaría sus proyectos: “Es muy peligroso para las municipalidades y sí atenta contra dos cosas: los ingresos y la proyección de crecimiento de los municipios”, apuntó Luis Barrantes, alcalde de Valverde Vega.

Firmas productoras de piña, banano, palma, arroz y plantas ornamentales, entre otras, se verían beneficiadas con millonarios descuentos, declaró la presidenta de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras.

“El problema de esta ley es que es un portillo demasiado grande y al final, más bien se va a perjudicar al agricultor, por que con qué vamos a arreglar los caminos”, afirmó el alcalde de la municipalidad de Osa, Jorge Alberto Cole.

Beneficio. Datos de la UNGL señalan que de aprobarse el plan, los ayuntamientos verían afectados sus presupuestos, calculados con base en una tabla elaborada por el ministerio de Hacienda.

Por ejemplo, en el cantón de Pococí, en la provincia de Limón, fincas como Roxana Farms S.A. de la transnacional Dole, se beneficiaría con descuentos en el pago del impuesto por hasta ¢5.496.000 al año.

Juan Carlos Rojas, director de asuntos legales de Dole, afirmó que apoyan el movimiento agrícola por el cálculo del impuesto en otros ayuntamientos, pero que no persiguen pagar menos.

“En el caso de Pococí consideramos que la municipalidad aplica el cobro en forma correcta hasta la fecha y no estamos pretendiendo una rebaja en dicho cantón”, expresó.

Otro de los eventuales beneficiados es el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, ligado a la bananera Támesis, también en Pococí.

Álvarez Desanti recalcó que no participa de las gestiones para que se apruebe el plan de ley. “El sector agropecuario merece un trato diferenciado. No es lo mismo tener edificios de alquiler, que terrenos agrícolas”, señaló el político.

Voceros del sector alegan que la ley no permite distinguir entre pequeños y grandes empresarios.

“El proyecto lo que pretende es preservar el uso agropecuario del suelo. Cuando pretendemos la conservación del uso agropecuario, no podemos hacer distinciones”, opinó Rigoberto Vega, de la Cámara Nacional de Agricultura.

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Beneficiar con la disminución del impuesto sobre bienes inmuebles solo a los pequeños y medianos productores agrícolas, y que los grandes paguen la totalidad.

Esta es la bandera que agita el grupo de diputados que se oponen a la aprobación del expediente 18.070 en el Congreso.

Entre ellos hay legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC), del Frente Amplio y de Liberación Nacional (PLN) quienes exigen que las firmas extranjeras y las nacionales que producen a gran escala paguen el 100% del impuesto.

Tal distinción, sin embargo, no está incluida en el texto actual del proyecto. Para lograr esa modificación, los congresistas presentaron ya cerca de 200 mociones.

El jefe de fracción del PUSC, Luis Fishman, dedicó discursos y entrevistas a reclamar un trato preferencial para el pequeño productor y señaló que no se debe permitir un beneficio para firmas que sí pueden pagar.

“El proyecto se aprueba mañana mismo (hoy), si se deja como beneficiarios a los pequeños y medianos agricultores”, dijo Fishman.

El plan está en el primer lugar de discusión en el plenario.

Ananá Republic FABIÁN PACHECOMAURICIO ÁLVAREZ AGRO-BIÓLOGO, PROFESOR INAGEÓGRAFO, PROFESOR UCR

El sector piñero y el Gobierno deben explicaciones a la sociedad costarricense

Ninguna otra actividad es tan rentable como la piñería –minería de suelos, explotación de trabajadores y contaminación–. Sus ventas generaron $743 millones de dólares en 2011 y emplea a 20.000 personas. La pregunta obligada es: ¿adónde va esta riqueza? ¿Cuáles son sus impuestos y quién está soportando los impactos o externalidades?

Adónde va la riqueza. De cada euro que se paga en Europa en la compra de piña, los trabajadores en las plantaciones reciben tan solo 4 centavos; mientras los comerciantes, propietarios de plantaciones y multinacionales se dejan los 96 centavos restantes (Red Consumidores Internacionales, 2010).

Al contrario del banano, la piñería no deja un impuesto específico al Estado o municipio (leyes 5519, 5515, 7313). Sin embargo, las municipalidades sí tienen que arreglarle caminos y brindarle servicios básicos.

Esto lo reclama la Municipalidad de Pococí en su política que prohíbe la instalación de nuevas piñeras en el cantón: “la actividad piñera ha venido a establecer una sensible reducción en los ingresos del Gobierno Local, a causa de que esta actividad no está gravada con impuesto de exportación que sí pagan las empresas bananeras, lo que viene a reducir el volumen de ingreso de los recursos con que cuenta este municipio para sus políticas de desarrollo”, dice el documento Prohibición a la expansión piñera (La Gaceta, 27-04-2012).

Empleo y desarrollo. Según la Municipalidad de Pococí, el desempleo y problemas socioeconómicos han aumentado porque la producción piñera requiere menos mano de obra que la actividad bananera.

En el caso de Buenos Aires de Puntarenas, con más de 30 años de presencia de PINDECO, el cantón tiene un índice de pobreza del 40,4% (Estado de la Nación, 2005), ocupa el lugar número 74 de 81 en el índice de rezago social (Censo, 2000), 77 en el índice de pobreza humana cantonal (IPHC) y en el índice desarrollo humano ocupaba la posición 74 en 2009 (PNUD, UCR 2011). PINDECO es el principal empleador del cantón (SENDER, 2006).

Algunas piñeras tienen la mala costumbre de estar morosas con la Seguridad Social. Trece empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) adeudaban al 30 de mayo de este año más de ¢350 millones según el sistema en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si el empleo es el medio de retribución de la riqueza, cabe preguntar cuántos de los 20.000 empleados están en realidad asegurados y cotizando para la seguridad social y cuánta de la riqueza piñera no será nunca redistribuida mediante esta forma.

Impactos bien distribuidos. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo (Solano, Tesis, UNA, 2007). Se han encontrado rastros de hasta siete plaguicidas en el pelo, brazos y limpieza bucal de un grupo de osos perezosos en una finca en Pueblo Nuevo de Guácimo. (Pinnock, Tesis, UNED, 2010).

La contaminación se encontró en aguas superficiales y suelos en la finca Tico Verde en La Perla de Guácimo (Vargas, UCR, 2010), en las aguas subterráneas en el 10% de los pozos muestreados en El Caribe (Ruepert, UNA, 2004). Especialmente con el herbicida bromacil (prohibido en Europa) que se usa en el cultivo de piña y contaminó las aguas de consumo humano en Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres. Esas comunidades tienen más de cuatro años recibiendo agua en camiones cisterna del AyA.

En la cuenca Río Jiménez se encontraron ocho diferentes agroquímicos, algunos de ellos presentan una toxicidad de alta a extrema (Echeverría et al., UNA, 2010). Todos estos químicos van a drenar al mar donde se han encontrado en agua y en sedimentos en las desembocaduras de El Caribe (UCR et al., Investigación, 2009). A todo esto se le agregan las pérdidas producidas en ganadería por la mosca que se reproduce en altas cantidades por el mal manejo (evidente falta de inversión) de los desechos de la piña. Son cientos de productores locales que han tenido que terminar malvendiendo sus tierras a las piñeras, perdiendo su actividad principal.

Quedan muchas preguntas que el sector piñero y el Gobierno deben explicar a la sociedad costarricense. Continuar expandiendo esta actividad sin responderlas, nos convierte cada vez más en una “ananá republic”, la reconversión de la odiosa fama de “banana republic” que arrastramos del pasado.

Desde hace años sabemos estas implicaciones de seguir expandiendo el cultivo de la piña, de sus impactos a las poblaciones locales y del costo que el país entero debe pagar para que unos pocos sigan abultando su bolsillo.

Es hora de exigir respuestas, soluciones y una moratoria a la expansión incontrolada piñera.