Tal y Como lo Señale Hace un Tiempo, Se Confirman las Verdaderas Razones e Intenciones Detrás de “Ya No Más Recope”.

Y Se Confirma También Que “Ya No Más Recope” (Fue un) Engaño Mal Intencionado Para Favorecer la Apertura Neoliberal en Tiquicia.

Ahora la Propia, “Aresep advierte que abrir mercado de combustibles no asegura precios más bajos”.

Es Más, Tal y Como Se Señaló en “Ya No Más Recope” la Ideología del “Vivazo” del Aprovechado: Neoliberal y Sindical.

También, la “Entidad (Aresep) manifiesta su preocupación por artículos del proyecto debido a su posible efecto alcista sobre costos para consumidores.”

¿Por Qué?

Porque Justa Esa Es la Intención de Ya No Más Recope Ver Resultados » Abajo.

Para Lograr la Privatización Solapada de Recope o Su Quiebra Irremediable, Por Pérdidas Irreversibles, Si No Aumenta el Precio de los Combustibles.

¿Por Qué?

Porque,

“Por ejemplo, (Aresep) se refirió al artículo 3 de plan por el cual se fijaría un precio máximo a los combustibles. El texto del proyecto dice: "las empresas podrán vender sus productos a un precio menor del que fije la Aresep".

La Autoridad advierte que por la ley 6588 (que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo) solo la Aresep  puede fijar el precio final para el consumidor en estaciones de servicio; último eslabón de comercialización.

"Por lo que se desprende que el consumidor final no recibirá ningún descuento que se realice en la cadena de distribución hasta poner el producto disponible para la venta, los agentes que actúan en esta cadena serán los únicos que se verían beneficiados", indicó la Autoridad en su respuesta a la Asamblea Legislativa el 16 de agosto de 2016, según el oficio 655-RG-2016 y al cual tuvo acceso este diario esta semana.” …

En Otras Palabras, ”Ya No Más Recope”: Demagogia y Retótica al Servicio de la Ignorancia.

Pero Eso No Es Todo,

“La entidad (Aresep) incluso manifiesta su preocupación por el artículo 6 del proyecto debido a su posible efecto alcista sobre los combustibles.

Ese artículo habla del uso de infraestructura hoy administrada por Recope. Según la propuesta, empresas que ingresen al mercado podrían usar partes del Sistema Nacional de Combustibles como el poliducto.

Para el uso de servidumbres y derechos de vía de las líneas o ramales ya existentes, la Aresep establecerá el cobro de un canon por el uso del poliducto; canon que se trasladaría a las tarifas.

"Le preocupa a esta Autoridad las implicaciones tarifarias que podría tener para un país como el nuestro la posibilidad de tener múltiples redes de poliductos, lo cual afectaría no solo los costos si no la competitividad de las tarifas", señala la Aresep.” …

Y Es Que, Como Señalé en “Ya No Más Recope” El Mayor de los Engañados ES ¡Quien Cree su Propio Engaño!.

Y Efectivamente Así Es, Recope No Puede Competir Libremente Si Se le Obliga a Ceder Parte de su Infraestructura a sus Competidores Privados.

¡Eso No Es Libre Competencia!, ¡Eso No Es Competencia Justa!, ¡Eso Es!

¡Competencia de Tigre Suelto Contra Burro Amarrado!

¡Y Ya Todos Sabemos Quien Es el Burro!

Y, ¡Aún Si Recope Se Librara de No Tener Que Ceder Parte de la Infraestructura Que Pertenece a Todos los Costarricenses a las Mega Empresas Extranjeras!

¡Eso No Garantizaría Que la Competencia Bajara el Precio de los Combustibles!

¡Sino Todo lo Contrario!

¿Por Qué?

Porque en un Régimen de Competencia Gran Parte del Gasto Se Va en Engañar, digo, Seducir al Cliente Para Venderle el Producto, y Hacerle Creer Que Es Mejor Que el de la Competencia, ¡Aunque Ciertamente Sea el Mismo!

Es Por Eso Que Gran Parte de los Gastos de una Empresa Privada en Competencia con Otras Similares Se Va en Mercadeo y Publicidad.

Y Si Se Abriera el Mercado de los Combustible a la Competencia, Recope, Sí o Sí, Ahora Como un Simple Actor Más en Competencia, Tendrá Que Gastar Gran Cantidad de Recursos en Mercadeo y Publicidad, Lo Quiera o No, y Ese Gasto Deberá Cargarlo a los Combustibles, Aumentando el Precio, Lo Quiera o No.

Por Eso, “Ya No Más Recope” ¡No Es la Solución!, La Solución Es, ¡Ya No Más Impuesto Único a los Combustibles! Y… 

Reformar el Artículo 62 de la Constitución Política Que Dice.

“Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”

Agregando un Simple No al Inicio.

Que Dicho Sea de Paso, Es el Referéndum y la Recolección de Firmas Que Deberían Estar Gestionando.

¿Por Qué?

Porque de Esa Forma, No Sólo Se Solucionaría el Problema del Gasto Abusivo de la Convención Colectiva de Recope Que Por Ley y Por Constitución Se Carga al Precio de los Combustibles.

Se Evitaría Que, los “Incentivos crezcan más que salarios en sector público”.

Se Evitaría Que, “En el 2017, por cada ¢1 de salario base se prevéa gastar ¢1,10 en incentivos.” … Y Que lo Sigan Haciendo los Años Que le Siguen.

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NACIONAL | AUTORIDAD REMITIÓ EN AGOSTO AL CONGRESO SU CRITERIO SOBRE FIRMAS PARA REFERENDO

Aresep advierte que abrir mercado de combustibles no asegura precios más bajos

Entidad manifiesta su preocupación por artículos del proyecto debido a su posible efecto alcista sobre costos para consumidores.

Manifestantes levantan la voz contra el aumento de los hidrocarburos y los beneficios incluidos en la convención colectiva de Recope

Un grupo de manifestantes levantó el 18 de febrero anterior la voz contra el aumento de precios de los hidrocarburos y los beneficios incluidos en la convención colectiva de Recope.

Una eventual apertura del mercado de combustibles no necesariamente traería rebajas a los consumidores. Al contrario, los precios podrían incrementarse advierte la  Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Eso respondió la Aresep a una consulta del área de Servicios Técnicos de la Asamblea planteada desde el 2 de mayo del 2016 a pedido del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ese mes, el TSE estaba valorando si autorizaba una recolección de firmas que podría llevar a consulta popular (referendo) un proyecto de ley para abrir el mercado de combustibles.

El TSE autorizó la toma de firmas el pasado 31 de enero para el plan N°19.888, denominado Apertura del Monopolio Estatal de Recope, presentado por el Movimiento Libertario y donde algunos artículos atañen a la Aresep.

Según el artículo 190 de la Constitución Política, para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una entidad autónoma, la Asamblea Legislativa debe oir previamente su opinión.

LEA MÁS: Tribunal Supremo de Elecciones autoriza recolección de firmas para referendo contra Recope

En su respuesta a la Asamblea, la Aresep expresa inquietudes sobre varios artículos del proyecto y sus posibles efectos para los consumidores.

Por ejemplo, se refirió al artículo 3 de plan por el cual se fijaría un precio máximo a los combustibles. El texto del proyecto dice: "las empresas podrán vender sus productos a un precio menor del que fije la Aresep".

La Autoridad advierte que por la ley 6588 (que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo) solo la Aresep  puede fijar el precio final para el consumidor en estaciones de servicio; último eslabón de comercialización.

"Por lo que se desprende que el consumidor final no recibirá ningún descuento que se realice en la cadena de distribución hasta poner el producto disponible para la venta, los agentes que actúan en esta cadena serán los únicos que se verían beneficiados", indicó la Autoridad en su respuesta a la Asamblea Legislativa el 16 de agosto de 2016, según el oficio 655-RG-2016 y al cual tuvo acceso este diario esta semana.

La entidad incluso manifiesta su preocupación por el artículo 6 del proyecto debido a su posible efecto alcista sobre los combustibles.

Ese artículo habla del uso de infraestructura hoy administrada por Recope. Según la propuesta, empresas que ingresen al mercado podrían usar partes del Sistema Nacional de Combustibles como el poliducto.

Para el uso de servidumbres y derechos de vía de las líneas o ramales ya existentes, la Aresep establecerá el cobro de un canon por el uso del poliducto; canon que se trasladaría a las tarifas.

"Le preocupa a esta Autoridad las implicaciones tarifarias que podría tener para un país como el nuestro la posibilidad de tener múltiples redes de poliductos, lo cual afectaría no solo los costos si no la competitividad de las tarifas", señala la Aresep.

La iniciativa para reunir firmas surgió de un grupo de ciudadanos denominado Ya No Más Recope, que desde el 2015 planteó la posibilidad de realizar un referendo para definir si el proyecto N°19.888 se convierte en ley.

Este diario consultó ayer a uno de sus líderes, Mauricio Sánchez, para quien las advertencias de Aresep son infundadas.

"Pareciera que ellos no entendieron el proyecto que promovemos, están muy felices con el estatus quo cobrando su canon y no quieren hacer el trabajo que les encomienda la ley. Es normal, cuando están acostumbrados al monopolio, pero se trata de romper paradigmas y de buscar mayor libertad para los consumidores", advirtió Sánchez.

Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, cerró filas con la postura de Aresep.

"Estoy de acuerdo con la posición de Aresep, la distribución de combustible es un servicio público cuyo precio regula Aresep. No va a haber un libre mercado de combustibles, ni competencia por esto. Así deber ser conforme a la prestación de servicios públicos", anotó el ministro.

Gutiérrez también comentó que la propuesta de que Aresep fije un tope de precios de combustibles, tampoco es correcto porque precisamente la función de Aresep es proteger al usuario y, para él, así no funciona el mercado costarricense y más sugiere posible desconocimiento de quienes defienden el proyecto y de sus autores sobre cómo opera la regulación de servicios públicos en Costa Rica.

El fucionario también considera poco viable para un país del tamaño de Costa Rica abrir indiscriminadamente ramales a partir del poliducto actual por el impacto potencial contra el ambiente por posibles derrames.

"Poner poliductos es una inversión grande que toma años y que Recope ha hecho a lo largo de años. Eso no es de la noche a la mañana, requiere mucho trámite. Creo que hay acá un nuevo plantemiento muy irreal de los proponentes. Este referendo no tiene para mí, ni pies ni cabeza", mencionó.

LEA MÁS: Plan de ley propuesto para referendo abre posibilidad de vender Recope

Uno de los principales argumentos del grupo que impulsa el referendo es que Recope otorga privilegios a su personal, los cuales elevan los precios que pagan los consumidores por los derivados del petróleo.

Precio estructurado. No obstante, el peso de la convención colectiva no es el factor de más peso que pagan los consumidores si se analiza la estructura de precios de un litro de combustible.

Según datos de Recope, hoy un litro de gasolina regular cuesta ¢567. De ese monto, según la estructura vigente, ¢198 (35%) corresponden al precio internacional del hidrocarburo antes de llegar al país, otros ¢250 (44%) al impuesto único a los hidrocarburos que nutre las cuentas de la Caja Única del Estado, las municipalidades, la Cruz Roja y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); entre otras.

Luego hay ¢57 (10%) por flete y traslado de ese carburante a estaciones de servicio y ¢62 (11%) que corresponden al margen de operación de Recope.

Al descomponer ese margen de operación en el precio total de este combustible al día de hoy, 4% del precio final se destina a inversiones (¢23), 2% a costos de importación (¢11) y 5% a costos de operación (¢28), dentro de los cuales la convención colectiva del personal supone 0,86% (¢4,8) del precio final al consumidor.

 

ECONOMÍA / Relación aumenta cada año desde el 2010, advierte la Contraloría

Incentivos crecen más que salarios en sector público

En el 2017, por cada ¢1 de salario base se prevé gastar ¢1,10 en incentivos.

Defensoría, ICT y Recope son algunos de los entes que superan promedio.

Por cada ¢1 de remuneración básica que prevé pagar el sector público este año, tiene previsto gastar ¢1,10 en incentivos salariales.

Esta relación crece cada año desde el 2010, según advierte la Contraloría General de la República en su informe “Presupuestos públicos 2017. Situación y perspectivas”.

En Recope, los incentivos duplican los incentivos. La firma explicó que el 60% de la población laboral supera los 10 años de servicio, lo que impacta las anualidades. | ARCHIVO

Los incentivos se establecieron como un beneficio adicional al salario, con el objetivo de estimular a los trabajadores por su desempeño o por realizar ciertas labores.

Sin embargo, con el tiempo se hicieron más grandes que los salarios mismos.

Según el ente contralor, para el año 2017, el sector público destinará ¢5,8 billones al pago de remuneraciones, de las cuales un 40,8% corresponde a incentivos. También componen ese rubro los salarios base y las cargas sociales.

“Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos”, indica el informe de la Contraloría.

Consultado sobre la tendencia, el viceministro de Hacienda encargado de gastos, José Francisco Pacheco, explicó que si se evalúa el aumento en la planilla respecto a la inflación, aquella crece más, pero si se hace respecto a la producción del país (la riqueza que se genera), hay una participación estable en los últimos años, a pesar del crecimiento en los pluses o incentivos.

Explicó que el gasto en incentivos crece por varias razones: la forma en la cual se han diseñado, la elevada participación de profesionales en la estructura de empleo gubernamental (50% de la planilla tiene grado universitario, y este el grupo con los pluses más fuertes) y la elevada edad promedio del empleado de Gobierno (43 años).

Esto último implica que muchos funcionarios acumulen una cantidad significativa de anualidades.

Por lo tanto, conforme los actuales trabajadores se pensionen e ingresen otros más jóvenes, este gasto se desaceleraría, pero aún así se debe racionalizar el otorgamiento de ciertos incentivos, dijo.

El Gobierno propuso una iniciativa de ley para limitar los pluses salariales en el sector público, el cual se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa.

Algunas entidades. Según el órgano contralor, en algunas entidades la relación entre los incentivos y los salarios base sobrepasa el promedio del sector público, como en Recope, en la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial.

“En el caso de Recope, el pago de las anualidades tiene un peso significativo, debido fundamentalmente a que más del 60% de la población laboral supera los 10 años de servicio, de los cuales un 19% excede los 30 años. Conforme esta última población se acoja a su jubilación, se espera que el peso de la anualidad disminuya”, explicó la entidad en una respuesta escrita.

La defensora de los habitantes, Monserrat Solano, dejó claro que para ella es necesario ordenar el aspecto salarial en todo el sector público; no obstante, explicó que en la Defensoría los incentivos están incluidos en la ley y, por lo tanto, deben reformarse por esa vía, para lo cual tienen un plan que incluye también otros temas.

En el Poder Judicial, José Luis Bermúdez Obando, director de Gestión Humana, justificó que los incentivos han sido una de las formas más eficaces que ha tenido la institución para asegurarse la permanencia de la calidad y la estabilidad de su personal humano.

Añadió que, por la naturaleza compleja y sensible del servicio de administración de justicia, el personal debe ser muy diverso y calificado.

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