En Razón de Que, la “Viceministra de la Presidencia le justificó al país el cobro de un incentivo al que no tendría derecho”.

Y No Sólo Eso, la “Viceministra contradice a la Procuraduría: (y dice) “Mi pago es legal”.

Y Además de Contradecir al Ente Procurador, la “Viceministra Ana Gabriel Zúñiga: (añade) “No voy a repensar el pago”.

Generando Que, Ante Tal Desacato y Desfachatez, los Diputados, “Exigen sentar responsabilidad por millonario sobrepago a viceministras”.

Ya Que, “3 viceministras habrían ganado ¢50 millones sin merecerlo”.

Y Provocando Que, la “Contraloría analiza denuncia contra viceministra de Presidencia”.

Señala un Reportaje Que, “Solís pisotea promesa de campaña con caso de viceministra”.

No Obstante, Y ¡Aunque Usted No lo Crea! Dice el “Presidente: No ha habido nada de corrupción en este Gobierno”.

Y Agrega “Luis Guillermo Solís: “Seguirán intentando señalar trochas de corrupción donde solo hay puentes de amor”.

Como Dije, ¡Aunque Usted No lo Crea!

Corrupción “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”.  Fuente RAE

¡Más Claro No Canta un Gallo!

Y Parafraseando a Luis Guillermo Solís,

¡No Hay Puentes de Amor!, Donde Sólo Existen, ¡Trochas de Corrupción!

Aunque Así lo Señale y Quiera Ver el Sr. Presidente de la República. 

 

 

 

SOSTIENEN DIPUTADOS

Solís pisotea promesa de campaña con caso de viceministra

  • COMO CANDIDATO DIJO QUE CRITERIOS DE PROCURADURÍA Y CONTRALORÍA SERÍAN VINCULANTES
  • OFICIALISMO NIEGA CONTRADICCIÓN ENTRE PROMESA Y ACCIONAR

Imagen de archivo. ilustrativa.

El compromiso lo asumió en campaña. (CRH)

El presidente Luis Guillermo Solís pisotea uno de sus compromisos de campaña por no instruir a su viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, a acatar un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que señala -claramente- que ella no tiene derecho a recibir pago por el incentivo salarial por prohibición al ejercicio de su carrera profesional.

Así lo sostienen cuatro diputados de oposición, quienes le reclaman al mandatario la incongruencia entre lo que ofreció en la contienda electoral y lo que hace como gobernante.

Pero el oficialismo niega que exista una contradicción entre lo que prometió el Presidente y su accionar en el caso de Zúñiga.

Siendo candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Solís ofreció, en un debate organizado por la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), que haría vinculantes los pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

Tuit

Viceministra Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga - Foto Roberto Carlos Sánchez

La viceministra Ana Gabriel Zúñiga se niega a acatar el criterio de la Procuraduría. (CRH)

Sin embargo, su subalterna lo deja mal parado al discutir con la Procuraduría sobre la legalidad del pago del incentivo salarial, por el cual ya ha recibido más de ¢30 millones.

Zúñiga no solo rechaza el criterio de esa institución, sino que afirma que seguirá recibiendo el pago del plus porque considera que la opinión de la Procuraduría no es vinculante.

Así lo dijo antes de irse a vacaciones mientras el Presidente, quien predicó la ética en la función pública cuando buscaba votos, no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, el tercero ya en su administración.

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3 viceministras habrían ganado ¢50 millones sin merecerlo

Los dos anteriores fueron los de las viceministras de Gobernación y Vivienda, Carmen Muñoz y Ana Cristina Trejos, respectivamente, quienes también recibieron sumas millonarias correspondientes al incentivo de prohibición, a pesar de que tampoco cumplían con los requisitos.

Muñoz recibió casi ¢11 millones desde que inició su gestión y Trejos percibió cerca de ¢10 millones, pero se encuentran en proceso de devolución del dinero.

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Viceministra Ana Gabriel Zúñiga: “No voy a repensar el pago”

Solís falta a la verdad

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Los diputados Mario Redondo y Otto Guevara aseguran que el Presidente falta a la verdad. (CRH)

Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), asegura que el tuit del Presidente y su accionar en este caso evidencia que falta a la verdad.

“Lamentablemente, es uno de los aspectos en donde el señor Presidente no le dijo la verdad a los costarricenses o me parece que no ha actuado en consonancia con su ofrecimiento y es un tema medular porque tiene que ver con su compromiso con la ética y con el combate a la corrupción”, opina.

Esto, de acuerdo con Redondo, le hace “un enorme daño a su credibilidad y a la confianza que la gente le pueda tener sobre la veracidad de sus palabras“, pero también daña la credibilidad de la clase política y de la democracia.

“Para mí es la decepción más grande con respecto a la labor del Gobierno (…)  Me parece que el amiguismo o la protección a allegados ha estado por encima de su promesa al pueblo”, asevera.

Igualmente de severo es el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

“Ese tuit de Luis Guillermo Solís muestra una vez más la gran estafa de que fueron víctimas las personas que votaron por él. El Presidente, siendo candidato, le hizo creer a la ciudadanía en una gran cantidad de promesas. Una de las cuales era que los criterios de la Procuraduría y de la Contraloría iban a ser vinculantes para ellos, independientemente de si estos tenían o no fuerza vinculante”, dice.

El libertario acusa al Presidente de ignorar el pronunciamiento de la Procuraduría y sostiene que es una muestra más de que Solís “dijo una cosa en campaña y hace otra como Presidente, igual que los anteriores“.

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Viceministra contradice a la Procuraduría: “Mi pago es legal”

Ayer valía, hoy no…

Gerardo Vargas Rojas PUSC

El legislador Gerardo Vargas Rojas cuestiona la incongruencia del Gobierno. (CRH)

Gerardo Vargas Rojas, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), demanda del Presidente mayor claridad y coherencia con lo ofrecido en campaña.

“Lo que se dice en campaña debería respetarse en Gobierno. Ahora pareciera que no se quiere respetar los criterios de la Procuraduría. Más bien se contradicen. Por otro lado, pareciera que el Código de Ética era solo para campaña y no para Gobierno”, enfatiza.

El socialcristiano resalta que si el PUSC o el Partido Liberación Nacional (PLN) estuvieran en el ejercicio del gobierno en este momento, para el PAC esto sería corrupción. “Quiero que me digan en un gobierno PAC cómo se llama“, agrega.

El diputado Ronny Monge, del PLN, recuerda que el mismo Solís dijo después de ser electo “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”.

“Esto significa que una cosa era lo que se decía en campaña, sin saber qué era gobernar, y otra cosa es gobernar y parece que sus viceministras ahora hacen eco de esas palabras porque en campaña el mismo Presidente, siendo candidato, decía que los criterios de la Procuraduría eran de acatamiento o debían ser acatamiento obligatorio. Hoy la viceministra dice que no, que la resolución no es acorde con lo que ella piensa y por eso no la respeta”, indica.

Según Monge, la Casa de Cristal, de la que habló Solís en sus primeros días como gobernante, tiene más polarizados y cada vez se ve menos hacia adentro.

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Exigen sentar responsabilidad por millonario sobrepago a viceministras

Sin contradicción

Marco Vinicio Redondo, PAC (3)

El diputado Marco Vinicio Redondo no ve una contradicción. (CRH)

Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, sostiene que no hay contradicción entre la promesa que hizo Solís como candidato y su accionar como Presidente.

Asegura que la misma Procuraduría tiene criterios encontrados sobre el caso de la viceministra Zúñiga y que lo va a demostrar.

Pero también responsabiliza a los departamentos de recursos humanos de las instituciones que representan las tres viceministras de inducir a error con el pago del incentivo y acusa a las administraciones anteriores de montar los sistemas en los que se basaron las funcionarias para reclamar el pago de la remuneración.

“Lo que pasa es que antes se tapaban los errores. Ahora hay disposición a enmendarlos”, dice.

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Contraloría analiza denuncia contra viceministra de Presidencia

 

Presidente: No ha habido nada de corrupción en este Gobierno

Manifestó preocupación por cuestionamientos de diputados.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, enfatizó que no ha habido ningún acto de corrupción en este Gobierno, esto debido a los cuestionamientos realizados por diputados y grupos sociales sobre nombramientos u otras decisiones financieras.

Solís dijo que no se trata de buscar empates, sino de abrir un espacio para determinar que no hay ningún acto de corrupción.

Solís ve con preocupación que desde la Asamblea Legislativa se estén realizando cuestionamientos legales, éticos, financieros políticos.

El Mandatario justificó que, posiblemente, el hecho de que su Gobierno no haya tenido actos de corrupción haya llevado a que estén haciendo estos cuestionamientos, a ver si encuentran algo.

"Lo que digo es que lo revisen todo y que digan dónde está la corrupción, con mucha facilidad.

Desde hace rato, insistí en que el año electoral fuera de magistratura cívica, que no nos pusiéramos a politiquear debilitando las bases de la confianza ciudadana del Gobierno en el Estado costarricense", señaló.

Solís descartó que en su Administración haya utilizado alguna influencia para decisiones de juntas directivas de bancos o de la Corte Suprema de Justicia.

"No sé si es que nos hemos acostumbrado en este país y es que en cada nombramiento de la Junta Directiva de un banco, el Presidente le metía mano, o que cada tema en una sala de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno podía hacer movimientos indebidos para presionar a magistrados.

Eso no lo he hecho, no lo voy a hacer nunca. Entonces, ¿cuál es mi respuesta?, que lo vean todo, porque ni en lo ético ni en lo moral ha habido nada", señaló.

Las declaraciones del Mandatario las brindó durante una actividad en el Museo Nacional este jueves.

 

Luis Guillermo Solís: “Seguirán intentando señalar trochas de corrupción donde solo hay puentes de amor”

Luis Guillermo Solís, Presidente de la República. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 23 feb (elmundo.cr) – El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, la emprendió esta mañana contra los que señalan actos irregulares en su Administración.

“Sabemos que están desesperados y que seguirán intentando señalar trochas de corrupción donde solo hay puentes de amor por el país, intentan encontrar equivalencias entre posibles errores administrativos y horrores de corrupción que han conmovido al país en el pasado y sabemos que seguirán buscando fantasmas en sus propias sombras”, dijo el mandatario esta mañana, mientras explicaba que a la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga, se le suspenderá parcialmente el cuestionado pago de prohibición.

LEA: Viceministra de la Presidencia dejará de cobrar 20% del incentivo de prohibición

En la conferencia, Solís leyó un documento donde rompió el silencio a la investigación publicada por EL MUNDO que reveló el pago irregular a la viceministra de la Presidencia, así como las críticas hechas contra su Gobierno desde Cuesta de Moras por no tomar acciones sobre ello.

“Esta administración ha actuado siempre apegada de manera estricta a los principios de transparencia y legalidad. Cuando hemos detectado que puede haber un error en el pago que han percibido algunas funcionarias o funcionarios, las personas aludidas han renunciado al beneficio cuestionado y reintegrado los recursos de acuerdo con lo que establece la Ley”, declaró el Mandatario.

Y agregó: “En este gobierno ningún jerarca a quien se le haya señalado un posible error en sus pagos, ha dejado de devolver los montos en discusión. Ningún jerarca se ha apropiado de fondos públicos ni ha cometido acto alguno de corrupción y tampoco existe algún procedimiento judicial que así lo indique. Esto es necesario recalcarlo porque en las últimas semanas han arreciado los intentos fallidos de diferentes personas para señalar actos de corrupción donde no los hay”.

De seguido, el Presidente arremetió contra los ataques que, según él, ha habido contra su familia en las últimas semanas, tras salir a la luz el otorgamiento de una beca académica a una de sus hijas, por parte de la CCSSS, para especializarse en reproducción asistida.

“Han arremetido contra mi familia, mis hijos, mi hermana y mi hermano, sin que se pueda encontrar ninguna acción indebida. Han intentado cuestionar a prácticamente todo mi gabinete sin que haya una sola acusación fundamentada. Han intentado manchar nuestro honor sin que haya una sola mácula de corrupción”, dijo.

Para el Presidente, “es evidente la desesperación de algunos ante la evidente constatación de (que) 32 meses después de haber asumido el poder no ha habido actos de corrupción en esta Administración”.

“Es evidente la desesperación ante un Gobierno que ha logrado hacer crecer la producción nacional en medio de un contexto fiscal desfavorable, un gobierno que ha logrado reducir la pobreza con métodos innovadores, un gobierno que está desentrabando la construcción de obra pública estratégica en carreteras, escuelas y acueductos, y que lo está haciendo con absoluta honestidad y transparencia”, agregó Solís Rivera.

“Sabemos que seguirán buscando fantasmas en sus propias sombras. Nuestro compromiso con la honestidad y la transparencia es absoluto y por eso estamos de acuerdo con que nos investiguen, a que nos pidan cuentas, a que nos escruten hasta el límite de la legalidad misma y siempre estaremos ahí para responder, para rendir cuentas y para explicar cada uno de nuestros actos porque no le tememos a la crítica ni a los señalamientos, porque actuamos de buena fe y de manera responsable, dirigente y cristalina ante el país”, finalizó el mandatario.

 

Viceministra de la Presidencia le justificó al país el cobro de un incentivo al que no tendría derecho

Ana Gabriel Zúñiga defendió su cobro de prohibición, pero la procuradora dijo que este solo corresponde a los graduados con licenciatura incorporados a su colegio profesional respectivo.

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La viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga defendió el pago erróneo del incentivo por prohibición en una entrevista con ‘La Nación’, la tarde de este lunes. (JOHN DURÁN)

En el corazón de Casa Presidencial también hay problemas con los pluses salariales. La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, cobra un 65% de más en su sueldo por un incentivo al que no tendría derecho. A lo largo de 33 meses en el cargo, ella ha devengado poco más de ¢30 millones por concepto de prohibición, a pesar de que no es abogada.

De acuerdo con la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, una viceministra egresada de la licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, no puede acceder a ese incentivo. Sí podría cobrar otra compensación, declaró Rojas, pero equivalente al 45% de su sueldo base.

Actualmente, la alta funcionaria de Presidencia recibe ¢846.722 mensuales por prohibición, con lo que ha acumulado ¢30,1 millones, incluyendo la remuneración mensual y aguinaldos

Si la viceministra hubiera recibido la compensación que le podría corresponder realmente, según lo expuesto por la procuradora Rojas, solo habría podido cobrar ¢20,8 millones en estos 33 meses, por el equivalente a un 45% de sus salarios bases; por mes, se trata de una compensación mensual de ¢586.192.

El cobro del incentivo fue revelado esta mañana por el sitio webelmundo.cr.

De inmediato, a través de sus cuentas en Facebook y Twitter, Zúñiga le justificó al país el cobro del incentivo con base en interpretaciones propias de varios criterios de la Procuraduría General de la República. Añadió en sus publicaciones que su plus se deriva de los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Una de las publicaciones que la viceministra Zúñiga hizo en su cuenta de Facebook (REPRODUCCIÓN)

Incluso, la viceministra defendió el monto percibido y reiteró su interpretación legal en una entrevista con La Nación a las 2:30 p. m.

"La interpretación conjunta de todos estos elementos, desde la instancia administrativa correspondiente, lo que hace es que la ley especial que tiene peso en mi caso, por ser viceministra, es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y por eso se me asigna ese pago", declaró Zúñiga.

Ella insistió en que el incentivo que recibe es legal de acuerdo con la Ley contra la Corrupción e hizo hincapié en que fue el departamento de Recursos Humanos, de la Presidencia, el que avaló que se le pagara el 65% adicional sobre el sueldo base.

"Tengo entendido que si se da la asignación correspondiente es porque ellos contaban con los criterios de previo, ya establecidos. Asumo que ellos tuvieron que hacer un análisis de mi situación y, además, yo no puedo decir, porque no estoy en la oficina de Recursos Humanos, les corresponde a ellos", añadió la viceministra.

Zúñiga es la tercera viceministra del gobierno de Luis Guillermo Solís que habría cobrado erróneamente el incentivo por prohibición. Con ella, ya asciende a casi ¢50 millones lo que este Gobierno habría pagado de más a viceministras por ese mismo beneficio, sin que lo ameritaran.

Sus homólogas de Gobernación y Vivienda, Carmen Muñoz y Ana Cristiana Trejos, respectivamente, también fueron advertidas de esa falta.

Hasta mediados del 2015, Muñoz cobró ¢11 millones de más y Trejos ¢8 millones a diciembre del año pasado. Ambas debieron llegar a un acuerdo con la administración para devolver esas sumas, en tractos, al erario público.

A las 7:34 p. m., Casa Presidencial remitió un comunicado de prensa para justificar el pago erroneo a las tres funcionarias.

"Es necesario señalar que, aunque las tres situaciones tienen circunstancias muy diferentes, en todas ellas el otorgamiento de alguna compensación al salario base de ¢800 mil se ha fundamentado en decisiones avaladas por las instancias administrativas competentes de sus respectivas instituciones", señala la nota de prensa.

Y agrega: "En la situación más reciente, de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ella ha ofrecido las explicaciones correspondientes y presentará ante las instancias que sean necesarias las pruebas que en su criterio fundamentan la legalidad del beneficio recibido".

EL CASO EN GOBERNACIÓN: Carmen Muñoz devolverá a pagos giro erróneo de ¢11 millones

EL CASO EN VIVIENDA: Viceministra achaca a Ministerio pago indebido de ¢8 millones en su salario

Magda Rojas

Otra interpretación. La ley que la viceministra de la Presidencia invoca no la cobijaría porque carece del título de licenciatura en Derecho, y ese requisito es indispensable.

Si bien la Ley contra la Corrupción impide a los viceministros y otros jerarcas públicos el ejercicio de profesiones liberales, el pago solo aplica para quienes estén debidamente incorporados en el colegio profesional respectivo.

Así lo explicó la procuradora general adjunta: "Esta prohibición ha sido desarrollada por nosotros en algunos dictámenes y en estos dictámenes se ha establecido que, para que se pueda compensar el pago de esa prohibición, se requiere que la persona esté colegiada. Esa colegiatura es necesaria para los profesionales en Derecho. La prohibición del artículo 14 establece que solo se puede compensar cuando la persona es abogada incorporada al colegio correspondiente y, por ende, cuando puede ejercer liberalmente la profesión".

Por el contrario, Ana Gabriel Zúñiga sí podría cobrar una compensación distinta, también por prohibición, pero ya no con base en la Ley contra la Corrupción, sino mediante el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los alcances de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, ley 5867 y sus reformas.

En esa legislación sí se consigna el pago de esa indemnización para los funcionarios del Poder Ejecutivo "egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho".

Con base en esa normativa, la viceministra solo podría cobrar un 45%, no el 65% que establece la Ley contra la Corrupción.

"Si una viceministra tiene sus estudios en el ámbito jurídico y no está incorporada al colegio no le cabría la compensación del artículo 14 (de la Ley contra la Corrupción) pero sí podría tener una compensación distinta si ocurren las condiciones que estable la Ley de Compensación de la Prohibición", agregó la procuradora.

Ana Gabriel Zúñiga: ‘Yo no me asigno a mí misma el pago de la prohibición’

En la ley de prohibición…

-Se hacen excepciones para la carrera de Derecho.

¿Cuáles son los argumentos o el criterio para pagarle el incentivo por prohibición?

-Yo me voy a referir, bastante limitadamente, a los argumentos administrativos, porque yo no me asigno a mí misma el pago de la prohibición, sino que se me asigna por parte de las instancias administrativas correspondientes. En aras de la transparencia, mi salario es público en el portal de transparencia desde octubre del año pasado.

¿Aparece ahí el monto completo, pluses, salario base?

Efectivamente, la planilla que sale en el portal de transparencia está el salario base y todos los pluses que se me pagan. Todo detallado, tal cual se produce la planilla según Hacienda y según Recursos Humanos.

¿Cuál es el monto?

-Es un 65% del salario base.

Ese es el pago por prohibición.

-Ese es el que se asigna por prohibición. Se llama compensación por prohibición.

¿Y el monto total de su percepción salarial?

-Esperate. Aquí tengo mi constancia salarial. Un salario bruto, mensual, ordinario, es de ¢2.598.109.

Continúe.

-La asignación del pago es un 65%, lo que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, artículo 15. No voy a poder dar interpretaciones, sería algo subjetivo, y yo no soy un ente de emisión de opiniones jurídicas. Vamos a ver, entonces (lee) argumentos: artículo 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El artículo 14 claramente establece: prohibición para ejercer profesiones liberales, establece a los viceministros. Y luego, la retribución está en el artículo 15: retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, salvo que esté en un régimen especial de remuneración para el funcionario público, la compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un 65% sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo.

"El otro argumento legal es el artículo 5 de la ley 7896, la Ley de Asignación de Compensación por Prohibición, que establece los beneficios dispuestos en los incisos a y b del artículo 1 de esa ley, se aplican a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, luego hay otros funcionarios, emmm, y establece los funcionarios referidos al artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de programas de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho que estén cumpliendo tales funciones."

¿Usted cabría como egresada de licenciatura?

-Efectivamente. Yo soy bachiller en Derecho, ya tengo título de bachiller y, además, soy egresada de la licenciatura. Lo único que me falta es la presentación y defensa de la tesis.

¿Se está aplicando la Ley contra la corrupción? Pero en la Ley de Compensación por Prohibición, ley 5867, hay porcentajes específicos según su título profesional. Si es egresado de licenciatura un 45%, bachiller un 30%. ¿Por qué se aplica la Ley contra la corrupción y no esa otra?

-Aquí lo que se establece es el pago… Bueno, me estoy refiriendo a un dictamen de la Procuraduría, el 252-2012 (…). En ese caso, la asignación del porcentaje lo estoy planteando a partir de los criterios de la Procuraduría, porque el incentivo que establece la Ley contra la Corrupción (…) es un incentivo que, como ve, creo que aquí lo dice el otro dictamen, establece (lee): ‘cabe indicar que aunque la dedicación exclusiva es una compensación económica por el no ejercicio particular de la profesión y que por las razones mencionadas (no colegiatura de bachilleres en Derecho), los bachilleres en Derecho no están en posibilidad legal de ejercer, sí podrían ser retribuidos con dicha compensación con el fin de que no ejerzan, no ya la profesión, sino actividades relacionadas con esta, como ocurre con el pago de la denominada prohibición, que autoriza el pago de una compensación económica por el no ejercicio particular de la profesión a bachilleres y egresados de Derecho, a pesar de no estar incorporados en el Colegio’.

"La interpretación conjunta de todos estos elementos, desde la instancia administrativa correspondiente, hace que la ley especial que tiene peso en mi caso, por ser viceministra, es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y por eso se me asigna ese pago. No puedo entrar a debatir jurídicamente, no soy una instancia de análisis jurídico específico, además de que soy la persona que recibe la compensación por prohibición que, al estar por ley, tiene un mandato que tiene la administración pública.

"Además, yo ostento grado académico que, de acuerdo a estos pronunciamientos, me permitirían a mí ejercer otras actividades, por ejemplo, egresados en Derecho pueden ser auxiliares, asistentes legales."

¿El análisis se hizo desde el principio o tiempo después de que usted entró en el cargo?

-Tengo entendido que si se da la asignación correspondiente es porque ellos contaban con los criterios de previo, ya establecidos. Asumo que ellos tuvieron que hacer un análisis de mi situación y demás, yo no puedo decir, porque no estoy en la oficina de Recursos Humanos, les corresponde a ellos.

¿Hará la consulta sobre su caso específico? Los criterios de la Procuraduría que usted menciona se refiere, primero, a funcionarios municipales, luego a una funcionaria de Dinadeco y así.

-Yo no puedo adelantar criterio, tiene que ver con procedimientos administrativos internos. Sí puedo decir que no hay una resolución específica que establezca que ese pago se me esté atribuyendo de manera irregular. Si se llega a dar algún cuestionamiento, se procederá como corresponde. Si llega a haber una resolución específica que atienda mi caso particular y establezca algo contrario, se actuará como corresponda.

¿En parte está en manos de la asesoría legal o el departamento legal de la Presidencia?

-Depende, hay que ver si eventualmente corresponde, quién iniciaría los procedimientos y demás. Eso varía mucho, porque eventualmente alguna información tiene que ser facilitada por la Oficina de Recursos Humanos y las instancias administrativas correspondientes. Pero, sin duda alguna, un grueso importante lo tiene la valoración jurídica de acá, de Casa Presidencial.

Los requisitos para licenciatura están completos, excepto la tesis…

-Exacto, yo no he defendido tesis y no me he colegiado. Para el Colegio de Abogados, para que uno se pueda colegiar tiene que cumplir con esos requisitos, lo cual no quiere decir que eso aplique para la asignación de la compensación.

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