Dos Sentencias Judiciales Diametralmente Opuestas Pero Moral y Éticamente Idénticas, Difieren Justa y Precisamente Por el Carácter Político del Partido al Que Pertenece Él y Los Imputados.

En el Caso del Carácter Político al Que Pertenecen la Mayoría de los Altos Miembros y Magistrados de las Diferentes Cortes Supremas de Justicia, Incluida la Constitucional, la “Sentencia de Sala IV sepulta causa penal contra Rodrigo Arias por fondos del BCIE”. Sentando un Nefasto Precedente Para Otros Casos de Corrupción y Tráfico de Influencia Política Tal y Como lo mencioné en La Ley de Herodes Es una Realidad en Costa Rica Gracias a los Hermanos Arias y al PLN.

En el Caso del Carácter Político al Que NO Pertenecen la Mayoría de los Altos Miembros y Magistrados de las Diferentes Cortes Supremas de Justicia, Pero Sí el Oficialismo del Propio Gobierno de la República, el “PAC (es) condenado por estafa al TSE”. Y Además, la “Fiscalía pide a Tribunal abrir causa contra jefa de fracción del PAC por falso testimonio”.

Decía una de Más Famosas Frases de José María Figueres Ferrer.

"Si uno no vive como piensa, termina pensando como vive.” … José María Figueres Ferrer, Ex presidente de la República de Costa Rica.

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Tristemente, Muy Tristemente Cuando Se Piensa Como Político, Y Se Vive Como Político.

Es Decir, Cuando Se Piensa en Función De la Política, Se Vive Por y Para la Política.

Y Por Ende, Se Piensa en Función del Partido Político, Y Se Vive Por y Para el Partido Político.

Es Por Eso Que, A Pesar de Que los Dos Juicios Revestía en Fondo Un Mismo Carácter Ético y Moral, ¡Un Uso Inadecuado de Fondos Públicos!, ¡Con Intención Meramente Política!, El Resultado de la Sentencia Fue Diametralmente Opuesto. Y Totalmente Dependiente del Carácter Político, Tanto del Imputado Como del Juzgador en la Sala de Juicio.

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NACIONAL

PAC condenado por estafa al TSE

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El Tribunal Penal de San José condenó a seis años de prisión al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya (al centro).

El Tribunal Penal de San José condenó a seis años de prisión al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, por estafar al Estado por más de ¢350 millones, en el cobro de la deuda política de las elecciones del 2010. La agrupación de gobierno fue condenada solidariamente por el hecho.

LEA: Más de 200 testigos tomaron parte en el juicio contra el PAC

Según los jueces, Sterling fue quien ideó que el Partido Acción Ciudadana (PAC) le cobrara al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron. Se le declaró coautor de un delito de estafa.

Por la misma causa, el Tribunal también condenó al otro imputado, el actual colaborador del grupo político, Manuel Antonio Bolaños Murillo. A él le impusieron tres años de cárcel, aunque le concedió el beneficio de libertad condicional de la pena por cinco años.

El PAC aseguró que su reserva de dinero cubriría la indemnización y que podría expulsar a los sentenciados si la condena queda en firme

Mientras se resuelven las eventuales apelaciones al fallo, el extesorero no podrá salir del país y deberá presentarse a firmar cada 15 días en un juzgado.

El PAC, por su parte, como responsable solidario, al igual que Sterling y Bolaños, fue condenado al pago de ¢354 millones más ¢40 millones de costas, monto al que se le deberán sumar intereses y otros rubros. Los jueces rechazaron un pago por daño social.

DEL ARCHIVO: Ministerio Público solicita 8 años de cárcel para extesorero del PAC por presunta estafa al TSE

El caso. La Fiscalía acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010.

Al final, los jueces determinaron la falsedad de 179 de esos contratos, los cuales ascienden a ¢352 millones. En el resto, dijeron, no se logró demostrar la falsedad o no se imputaron.

Por esos polémicos contratos, el PAC recibió ¢516 millones; sin embargo, el Ministerio Público aseguraba que la estafa fue de ¢364 millones, pues no en todos los casos se pudo comprobar algún delito.

En la contienda de hace seis años, la contribución estatal superó los ¢17.000 millones. Con los votos obtenidos, el PAC podía reclamar ¢3.741 millones. Al final, el partido político reportó gastos de campaña por ¢4.238 millones, de los cuales poco más de ¢1.100 millones —una cuarta parte— fueron incluidos en esta polémica partida de servicios especiales.

El PAC es el segundo partido político que es condenado por un delito electoral. En octubre del año pasado, el Tribunal Penal de San José impuso una pena de ocho años de prisión al vicepresidente del partido Movimiento Libertario, el exdiputado Ronaldo Alfaro, también por un delito de estafa contra el TSE.

En esa oportunidad también se le impuso arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, al ex contador de la agrupación, Róger Segura, quien ya falleció.

Mediante un comunicado de prensa, el PAC informó de que respeta la decisión del Tribunal y que esperará la sentencia completa para decidir si presenta una apelación en nombre de la agrupación.

El grupo agregó que cuenta con una reserva de dinero para hacer frente al eventual pago que dicta la sentencia.

En cuanto a los sentenciados, el PAC sostuvo que aplicará la sanción establecida en el estatuto si la condena adquiere firmeza, es decir, la expulsión del partido. La reincorporación solo la podría aprobar la Asamblea Nacional partidaria.

Añadió que se fortalecerán los controles internos. “El PAC nació para hacer política diferente, y eso implica una mejora continua de los controles sobre el uso de los recursos públicos”, dijo el actual tesorero, Anthony Cascante.

NACIONAL

Tribunal ordena abrir investigación judicial contra jefa de fracción del PAC

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La jefa de fracción del PAC, Laura Garro.

El Tribunal Penal de San José ordenó al Ministerio Público abrir una investigación judicial contra la jefa de fracción del PAC, Laura Garro, por el supuesto delito de falso testimonio.

Así lo determinaron los jueces al dictar, este lunes, la sentencia por la estafa de ¢354 millones que el Partido Acción Ciudadana (PAC) cometió contra el Estado, en la figura del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.

La propia Fiscalía había solicitado al Tribunal ordenar la investigación, al considerar que la diputada Garro cambió su testimonio sobre el caso del PAC, entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.

LEA: Fiscalía pide a Tribunal abrir causa contra jefa de fracción del PAC por falso testimonio

Ahora, la rojiamarilla deberá enfrentar un proceso judicial para esclarecer si cometió o no, falso testimonio.

Según el artículo 316 del Código Penal, por ese delito, ella podría enfrentar una condena de prisión de 1 a 5 años.

La Fiscalía y el OIJ identificaron a la legisladora entre las personas que firmaron 263 contratos por servicios especiales, por los cuales el Partido fue condenado por una estafa en contra del Estado, pues se facturaron labores que militantes y dirigentes rojiamarillos realizaron de manera gratuita y voluntaria.

LEA ADEMÁS: PAC condenado por estafa al TSE

Garro compareció en el juicio como testigo porque, en la etapa indagatoria, en el 2013, ella confirmó a un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) haber firmado uno de los contratos y relató que lo recibió de manos de Manuel Antonio Bolaños, empleado del PAC, quien es una de las dos personas que este lunes fueron condenadas por el delito de estafa; el otro fue extesorero Maynor Sterling.

De acuerdo con la fiscala Greysa Barrientos, en ese interrogatorio inicial, Garro  admitió que ella distribuyó otros de estos contratos a varios partidarios en Puntarenas, suministrados también por Bolaños, porque ella presidía el comité ejecutivo cantonal de la agrupación.

No obstante, este año, ya en el juicio, durante su declaración ante los jueces y bajo juramento, la legisladora puntarenense dijo no recordar quién fue la persona que le entregó esos documentos, al tiempo que negó que ella hubiese entregado contratos a otros militantes.

 

NACIONAL | NOTICIA

Sentencia de Sala IV sepulta causa penal contra Rodrigo Arias por fondos del BCIE

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Magistrados declararon sin lugar la acción de inconstitucionalidad que tenía frenado el sobreseimiento del Juzgado Penal de San José, de agosto del 2012.

Un fallo de la Sala IV, emitido este miércoles, sepultará la causa penal que estaba pendiente contra el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, por la forma en que se manejaron los fondos del BCIE en el segundo gobierno de su hermano Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

El 22 de agosto del 2012, el Juzgado Penal de San José dictó un sobreseimiento en favor de Arias; es decir, descartó elevar el caso a juicio al no encontrar pruebas suficientes para justificar un juicio. Sin embargo, esa sentencia no quedó en firme a la espera de que la Sala resolviera una acción de inconstitucionalidad.

El diputado libertario Otto Guevara y la Procuraduría de la Ética apelaron la decisión cuatro días después de la sentencia del 2012. Asimismo, solo dos días después del fallo, Guevara presentó la acción contra el artículo 30 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la intención de que el Juzgado obtuviera pruebas adicionales para sopesar el caso.

Ese artículo establece que los archivos del Banco son inviolables y gozan de inmunidad absoluta.

La imposición de la acción impidió que, por cuatro años y tres meses, el Juzgado resolviera el fallo que sobreseyó de manera definitiva al exministro Arias por las asesorías que el gobierno ordenó pagar a abogados, periodistas, un mensajero y hasta un músico, sin pasar por los controles de contratación del Estado, con $1,6 millón de los $2 millones que el BCIE puso a disposición de esa administración.

El Juzgado había descartado los supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y fraude de ley.

Este miércoles, la Sala Constitucional, por unanimidad, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad que impedía dejar en firme la sentencia, por lo que ahora el mismo Guevara y Arias prevén que se archivará el expediente.

DEL ARCHIVO: Otto Guevara evita que se cierre caso penal contra Rodrigo Arias

Fondos internacionales. Los magistrados concluyeron que los bienes y activos del BCIE no forman parte de la hacienda pública y, por ende, están fuera de los controles internos del país.

El magistrado instructor del caso, Luis Fernando Salazar, dijo a La Nación que el análisis se basó no solo en lo estipulado en el artículo 30 del Convenio, sino también en lo que señala el numeral 29.

El inciso 29 establece que "los bienes y demás activos del Banco, donde quiera que se hallen y quien quiera que los tuviere, gozarán de inmunidad con respecto a comiso, secuestro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión o de enajenación forzosa, mientras no existiere sentencia firme contra el Banco".

"Para la Sala Constitucional, el BCIE es parte de ese tratado internacional de integración económica y, por ende, el control que se pueda hacer sobre esos bienes, está excluido del concepto de hacienda pública al que pertenecen los otros bienes. En otras palabras, son del derecho internacional público, o sea, que son internacionales", explicó Salazar.

El magistrado agregó que tomaron como referencia pronunciamientos similares de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Tardanza. Arias dijo sentirse contento con la decisión de la Sala IV, pero lamentó que tardara tanto tiempo en tomar una decisión en un caso, que a su juicio, era sencillo.

"Yo me siento tranquilo y contento de que ya muy pronto esa absolutoria tenga firmeza y se cierra un capítulo que ya era hora que se cerrara, porque eso fue desde el año 2007, figúrese que va a cumplir nueve años de estar en la discusión pública".

"Es lamentable que las cosas duren tanto en Costa Rica para aclararse y si se cometieron algunos errores en la tramitación de ese proyecto, los costarricenses pueden estar seguros de que fueron errores menores, de orden administrativo o en la selección de uno o dos casos que no se debieron haber hecho, pero en el fondo, lo importante es que nunca se le dio un mal uso a unos fondos que nunca fueron públicos, sino que siempre fueron de un banco internacional", manifestó Arias.

Desilusión. Por su parte, Otto Guevara recibió con desilusión el fallo de los magistrados. Afirmó que en la vía judicial ya no se puede hacer nada para esclarecer cómo se gastaron $1,6 millones de fondos de cooperación, no reembolsable, que otorgó el BCIE.

Él alegaba que las consultorías fueron pagadas con recursos públicos porque el Estado costarricense es socio fundador del banco y, por consiguiente, están sujetas a los controles internos.

Argumentaba que, con base en ese apartado, las autoridades del BCIE y del gobierno de Arias se negaron a suministrar la totalidad de los documentos relacionados con las consultorías pagadas, sin controles del Estado, durante el 2006 y el 2007.

Se trata de 84 asesorías en temas legales y de imagen, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero, por las cuales se giró $1,6 millones, de un fondo de $2 millones.

DEL ARCHIVO: Arias gana batalla a Guevara en juzgado por caso del BCIE

"Al desecharse la acción de inconstitucionalidad, muy probablemente, el siguiente paso será el archivo del expediente, es decir, el sobreseimiento de la acción penal", declaró el legislador.

Agregó que solo las autoridades actuales pueden revertir esa situación, si hacen pública esa documentación.

"Voy a mandarle una nota (al presidente Luis Guillermo Solís) para que instruya a Alberto Cortés (representante de Costa Rica en el BCIE), para que traiga toda la información de la forma cómo se han gastados todos los recursos (de la cooperación no reembolsable) a lo largo de todas las administraciones, como un ejercicio de transparencia", concluyó Guevara.

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