La “Mayoría de diputados quiere cambiar salarios públicos, pero no se pone de acuerdo”.

“Las principales diferencias de criterio radican en si se debe o no homologar ese tipo de incentivos entre entidades, la posibilidad de excluir de la reforma a maestros y la de incluir a los sindicados en el debate. Esa es la principal conclusión después de analizar las respuestas de 53 de 57 congresistas que definieron su posición sobre el tema en una entrevista telefónica hecha por La Nación la semana pasada.”…

Resulta Irónico Que Para Cambiar el Sistema de Salarios Públicos No Hace Falta Que los Diputados(as) Se Pongan de Acuerdo, Sino Que, Sean Consecuentes Con lo Que Dicta la “Constitución de Costa Rica” en su “Titulo V Derechos y Garantías Sociales”.

“Articulo 50. El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y él más adecuado reparto de la riqueza.”…

Consecuentemente, Procurar el Bienestar de Ciertos Grupos y Gremios del Sector Público NO ES “Procurara(r) el Mayor Bienestar a Todos los Habitantes del País”.

En Consecuencia, Procurar el Bienestar de Ciertos Grupos y Gremios del Sector Público ES “Des-Organizar y Des-Estimular la Producción y Él Menos Adecuado Reparto de la Riqueza”.

“Articulo 57. Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.”…

Consecuentemente, “Todo Trabajador Tiene Derecho un Salario Mínimo”, … NO Ha un Salario Base + Pluses.

En Consecuencia, “El Salario Será Siempre Igual Para Trabajo Igual en Idénticas Condiciones de Eficiencia.”… NO, NUNCA, El Salario Será Siempre Des-Igual Para Trabajo Igual en Idénticas Condiciones de Eficiencia.”…

“Articulo 58.La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento mas de los sueldos o Salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicaran en los casos de excepción muy calificados, que determinen la ley.”…

En Consecuencia, la Constitución Política Establece Que Sólo en los “Casos de Excepción Muy Calificados, Que Determinen la Ley”, “Estas Disposiciones No Se Aplicaran”, en Referencia a las Horas Extraordinarias.

Consecuentemente, Correspondería a los Diputados, Revisar Exhaustivamente, y Validar, Únicamente, Esos Casos de Excepción Muy Calificados, y Desechar Por Fuerza de Ley, Todos los Demás.

“Articulo 59.Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanales de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.”…

Consecuentemente, Más de 1 Día de Descanso Por Cada 6 Días Semanales Laborados. Y Más de Dos Semanas de Vacaciones Por Año Laborado. Va Contra la Constitución Política.

En Consecuencia, Es Obligación Legal y Constitucional de los Diputados(as) el Legislar Para Que Esas Violaciones a la Constitución Política, Por Ley, No Se Permitan Más.

No Obstante, y A Pesar de Todo, Existen Varios Artículos de la Constitución Política Que Se Contradicen y Por Ende, Si Podrían Generar Desacuerdos y Diferencias de Opinión Válidas Entre los Diputados(as) en Referencia a los Salarios Públicos.

Se Trata de los Pluses o Sobresueldos Que NO FORMAN PARTE DEL SALARIO, Sino Que, CORRESPONDEN A BENEFICIOS SALARIALES.

“Articulo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.”…

“Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”…

  ¿Por Qué?, Porque Claramente Entran en Conflicto y Contradicción Con.

“Articulo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al Salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.”…

Ya Que, Es Claramente Discriminatorio Respecto al Salario, Dar Ventajas en Condiciones de Salario Entre Costarricenses y Extranjeros, Con el Fin Exclusivo de Obtener y Conservar Beneficios Económicos, Sociales o Profesionales, Por Fuerza de Ley, A las Convenciones Colectivas de Trabajo, Con Respecto del Resto de los Grupos de Trabajadores. ¡Que Obviamente No las Tienen!

¿Qué Hacer Entonces?

Respetar el Artículo 68, Modificando los Artículos.

“Articulo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, (evitando o excluyendo), el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.”…

“Articulo 62. (No)TendráPulgar hacia abajo(n) fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”…

Y Así Podrá Hacerse, Sin Generar Conflictos, Controversias o Diferencias de Criterio Entre los Diputados(as). Ya Que la Propia Constitución Política, Establece Otros Artículos Derechos y Garantías Sociales Que Sustituyen el “Fin Exclusivo de Obtener y Conservar Beneficios Económicos, Sociales o Profesionales”.

Y A los Que, los Diputados(as) Deberían Abocarse a Generar Legislación y Aprobar Leyes Dentro del Marco de la Ley de Salario Público Que Actualmente Se Discute. Como lo Son.

“Articulo 63. Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.”…

Porqué Entonces los Diputados(as) No Discuten Como Ponerse de Acuerdo Para Lograr Que el Derecho de Cesantía Sea Uno Sólo y El Mismo Para Todo Trabajador Público. ¡Para Que Así No Discriminación Salarial!

“Articulo 64. El Estado fomentara la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.”…

Porqué Entonces los Diputados(as) No Discuten Como Ponerse de Acuerdo Para Que, En Vez De, las Convenciones Colectivas de los Trabajadores Negocien Con Fuerza de Ley el Fin Exclusivo de Obtener y Conservar Beneficios Económicos, Sociales o Profesionales.

El Estado Fomente, A Través de la Creación de Cooperativas, en Todas las Instituciones Públicas, Ministerios y Empresas del Estado, los Medios de Facilitar Mejores Condiciones de Vida a los Trabajadores.

“Articulo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creara el patrimonio familiar del trabajador.”…

Porqué Entonces los Diputados(as) No Discuten Como Ponerse de Acuerdo Para Que, las Instituciones del Estado Encargadas de Promover la Construcción de Viviendas Populares y de Crear el Patrimonio Familiar del Trabajador: IMAS, INVU, BANHVI, INDER, Etcétera.

Verdaderamente Promuevan el Patrimonio Familiar del Trabajador.

Con Mejores Servicios Públicos, Acceso a la Salud, Educación y Recreación.

Verdaderamente Construyan Viviendas Populares, Sin Competencias Políticas, Sin Favoritismos, Sin Bonos de Vivienda. Sino, ¡Construyendo Vivienda Popular!

Porqué Entonces los Diputados(as) No Discuten Como Ponerse de Acuerdo Para Extender Eso A Infraestructura, A Salud, A Educación, A Servicios Públicos.

Porqué Entonces los Diputados(as) No Discuten Como Ponerse de Acuerdo Para Proteger a los Excluidos, de el “Fin Exclusivo de Obtener y Conservar Beneficios Económicos, Sociales o Profesionales”.

Tal y Como lo Dictan los Artículos.

Articulo 71. Las leyes darán protección especial a las mujeres y los menores de edad en su trabajo.

Articulo 72. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurara la reintegración de los mismos al trabajo.

Articulo 73. Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y además contingencias que la ley determine.

Y Que Así el Articulo 74 de la Constitución Política Sea un Hecho y No Sólo Palabra Impresa, Pero Sin Valor, en Nuestra Carta Magna.

Articulo 74. – Los derechos y beneficios a que este capitulo se refieren son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de Justicia social y que indiquen la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes del proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de seguridad nacional.

¡Sepamos Ser Libres, No Siervos Menguados!

¡Derechos Sagrados, la Patria Nos Da!

Así Que, Sí Quiere Saber Más Acerca de Porqué los Diputados Deberían Aprobar Leyes Acerca de Salario Único, Recorte a Pluses y Pensiones de Lujo y Normalización y Homologación de Salarios en un Sólo Régimen.

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DATA | INFORME ESPECIAL

Mayoría de diputados quiere cambiar salarios públicos, pero no se pone de acuerdo

La mayoría de los legisladores está dispuesto a cambiar el sistema de salario por pluses que reciben los empleados del sector público.

Sin embargo,  no se ponen de acuerdo en cómo y qué aspectos del esquema reformar.

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La mayoría de los legisladores está dispuesto a cambiar el sistema de salario por pluses que reciben los empleados del sector público. Sin embargo,  no se ponen de acuerdo en cómo y qué aspectos del esquema reformar.

Las principales diferencias de criterio radican en si se debe o no homologar ese tipo de incentivos entre entidades, la posibilidad de excluir de la reforma a maestros y la de incluir a los sindicados en el debate.

Esa es la principal conclusión después de analizar las respuestas de 53 de 57 congresistas que definieron su posición sobre el tema en una entrevista telefónica hecha por La Nación la semana pasada.

De los 53 diputados que aceptaron opinar, 42 (79%) avalaron cambiar el modelo de salario base más incentivos, que rige actualmente. No contestaron: los liberacionistas Michael Arce, Maureen Clarke y Carlos Arguedas, así como el socialcristiano Johnny Leiva.

Pluses salariales

La consulta a los parlamentarios se realizó luego de que una serie de reportajes de este medio evidenció cómo se crearon los 113 pluses salariales que cobijan a los servidores del Gobierno Central. Estos incentivos cuestan ¢778.000 millones anuales, el equivalente al 10% del Presupuesto Nacional.

La investigación también dio cuenta de cómo el Poder Judicial, aprovechando su autonomía para fijar sueldos, aumentó su presupuesto de incentivos como ninguna otra entidad entre 2006 y este año. El mismo pasó de ¢48.900 millones a ¢121.400 millones en el lapso citado, es decir creció 148% (¢72.500 millones, en términos reales).

La situación de los incentivos es más compleja si se considera a todo el sector público y su cantidad de regímenes para trabajos similares con distintos tipos de remuneración, tal como lo advirtió un estudio de la Academia de Centroamérica, en 2014.

¿Debe la Asamblea Legislativa enmendar esta situación?, ¿cuáles son los acuerdos y desacuerdos de los diputados al respecto?, ¿cuál es su opinión  sobre un plan legislativo que pretende regular los pluses?,  La Nación examina esos y otros cinco ángulos del  asunto en este artículo.

aSi se votara hoy una moción para revisar el sistema de remuneraciones de los empleados públicos, ¿cuál sería el resultado?

La propuesta sería respaldada por tres cuartas partes de los legisladores (42) quienes creen necesario homologar incentivos entre instituciones y eliminar desigualdades que estos pluses han creado entre los funcionarios.

Uno de los parlamentarios que apoyaría esa moción es el oficialista Víctor Morales Zapata: "Estoy de acuerdo en abonar legislación para lograr una justicia remunerativa en el sector público y, por consiguiente, revisar todos aquellos pluses que generan situaciones abusivas. Debe legislarse para lograr mayor razonabilidad en su establecimiento".

¿Cuál sería la principal traba que encararía un proyecto como ese para ser realidad?

Si bien hay una intención de poner el tema sobre la mesa, no hay consenso sobre cuál es la mejor forma de modificar dicha estructura salarial. Las posiciones de los legisladores del Partido Acción Ciudadana, Javier Cambronero y Marcela Guerrero, o de la liberacionista Aracelly Segura, evidencian ese conflicto.

¿Quienes se oponen a discutir el tema?

Siete diputados del Frente Amplio, uno del Partido Acción Ciudadana y la diputada independiente Carmen Quesada, indicaron estar en contra de cualquier revisión al sistema salarial que rige actualmente. Entre las razones para oponerse a la discusión, resaltaron que los salarios en el sector público no son un problema y que los pluses no son privilegios, sino derechos adquiridos por los trabajadores.

Existen dos proyectos en la Asamblea Legislativa que buscan modificar el sistema de pluses, ¿qué proponen?

La diputada verdiblanca Sandra Piszk presentó el proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público (expediente 19.506), que se discute en la subcomisión de Asuntos Sociales y tiene el apoyo del Gobierno. La iniciativa busca unificar los pluses de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje entre los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las corporaciones municipales. Actualmente, cada una de estas entidades paga estos pluses de forma diferente.

De acuerdo con Piszk, en dos semanas podría pasar el texto final del proyecto a la Comisión.

Por su parte, los tres legisladores del Movimiento Libertario, Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, presentaron un proyecto para una nueva Ley de Empleo Público, bajo el expediente 20.057. La iniciativa busca unificar los diferentes regímenes de empleo público en uno solo y pasar a un sistema de salario único. El proyecto está asignado a la Comisión de Asuntos Sociales, sin embargo, no se ha iniciado su discusión.

Ambos proyectos respetan los derechos adquiridos de los funcionarios.

¿Qué tanto apoyo tiene el proyecto de Piszk?

Doce legisladores (23%) están a favor de él, mientras otros 17 (32%) lo respaldarían siempre y cuando se le hagan cambios y se incorpore a sectores como los sindicatos en la discusión.

Pluses salariales

El diputado oficialista Henry Mora, por ejemplo, condicionó su apoyo a que la iniciativa final: "No violente la autonomía universitaria. No genere una regresión de derechos laborales (convenciones colectivas especialmente) y genere discriminación entre sindicalistas y solidaristas en lo que corresponde al tope de auxilio de cesantía".

Por su parte, el también oficialista Ottón Solís, afirmó que el salario único, es una opción, pero inviable políticamente. "Si este tímido plan (de Piszk), cuesta mucho para aprobarse, imagínese uno de salario único", declaró.

Finalmente, 13 diputados están en contra de la idea, mientras el resto, once, no quiso opinar hasta tener el texto final.

¿Qué pasaría con los pluses únicos de ciertas instituciones?

El proyecto presentado por la diputada Sandra Piszk no contempla modificar los pluses específicos que tienen instituciones como el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, y que han creado gracias a su autonomía de fijación salarial, según reveló este diario la semana anterior.

"Cada institución tendrá que analizar los demás pluses. En cada institución hay un montón de pluses más", dijo la legisladora.

(Video) ¿En qué se parece la creación de los incentivos salariales del Gobierno Central a un grupo de restaurantes que reparte queque gratis? (MARIANA ARTAVIA/CAMILA SALAZAR Y MERCEDES AGÜERO)

No obstante, agregó que el proyecto de ley puede enviar una señal por la vía reglamentaria para evitar la creación de estos incentivos. "Uno de los temas es que la creación de incentivos se tienen que publicar en La Gaceta y tiene que responder a principios de razonabilidad. Lo que sostenemos es que la autonomía de las instituciones es relativa, especialmente cuando se trata de materia presupuestaria", explicó.

"Yo creo que el proyecto obliga a los entes públicos a guiarse por eso y tenemos en la aprobación del Presupuesto de esas instituciones la herramienta para frenar esta situación", añadió el diputado Ottón Solís.

Entonces, ¿cuál sería el impacto económico del proyecto de Piszk?

El proyecto no incluye en su exposición de motivos una estimación del impacto o ahorro sobre las finanzas públicas que podría tener la iniciativa, en caso de ser aprobada.

Según manifestó la diputada libertaria Natalia Díaz, en los próximos días solicitarán al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un estudio sobre el impacto económico del proyecto.

Finalmente, ¿por qué tiene que pasar esta reforma por la Asamblea Legislativa?

Casi la mitad del presupuesto que se destina actualmente para incentivos en el Gobierno Central (¢373 mil millones), se destina a pagar pluses creados por leyes, por lo que, para cambiarlos, se requiere modificar la legislación. A su vez, mediante una ley se pueden homologar los incentivos que se pagan entre diversas instituciones.

"Por ejemplo si se quiere reformar el Estatuto de Servicio Civil, eso es una ley particular, por lo que tiene que pasar por la Asamblea", indicó el economista de la Academia de Centroamérica, Miguel Loría.

Pero, para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, cualquier discusión sobre remuneraciones tiene que salir del Congreso. "Debe pasar a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y, a partir de ahí, desmenuzar y hacer los abordajes pertinentes", dijo Vargas en entrevista con La Nación.

En otros casos, como los beneficios creados por convenciones colectivas, una negociación entre partes puede ser suficiente.

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Nota metodológica: La Nación consultó a los 57 diputados su opinión sobre modificar el sistema de remuneraciones del sector público y también su punto de vista sobre el proyecto 19.506, para regular y unificar algunos pluses salariales. No obstante, los diputados liberacionistas Michael Arce, Maureen Clarke y Carlos Arguedas y el socialcristiano Johnny Leiva, no atendieron la consulta. La legisladora del Partido Acción Ciudadana, Marlene Madrigal, declinó responder.

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MÁS INFORMACIÓN

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¿QUIENES SON?

42 DICEN SÍ

¿CUÁLES DIPUTADOS ESTÁN DISPUESTOS A CAMBIAR LOS SALARIOS PÚBLICOS?

14 de Noviembre | Por Unidad de Inteligencia de Datos

La Nación buscó a los 57 congresistas para conocer su posición sobre el modelo de salario base más pluses pagado en el sector público, el cual es discutido en la Asamblea Legislativa. Se les plantearon dos preguntas. Este interactivo revela lo que piensan al respecto y sobre eventuales reformas a ese sistema.

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

Consulte aquí todas las razones dadas por los diputados al preguntarles: ¿cambiaría la forma de pago a los empleados públicos?

Filtre por Partido Político Alianza Demócrata Cristiana Frente Amplio Independiente Acción Ciudadana P.A.S.E. Liberación Nacional Movimiento Libertario Renovación Costarricense Restauración Nacional Unidad Social Cristiana y por Respuesta Sí Si, pero Neutro / No respondió No No, pero

ABELINO ESQUIVEL QUESADA

Renovación Costarricense

Respuesta

SÍ, PERO

"Hay que revisar todo el sistema, no solo el asunto salarial, sino el tema de los incentivos, cómo se evalúan y califican los puestos, para determinar si las remuneraciones se justifican."

ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI

Liberación Nacional

Respuesta

SI

"Hay que avanzar en una ley que regule este sistema de remuneraciones."

ARACELLY SEGURA RETANA

Liberación Nacional

Respuesta

"Estoy de acuerdo, pero que no se toque al sector educación."

CARLOS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Frente Amplio

Respuesta

NO, PERO…

"No hay que tocar los salarios bajos, que son la mayoría. Pero sí hay montos en el sector público que van más allá de los que se gana, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso hay que arreglarlo."

CARMEN QUESADA SANTAMARÍA

Independiente

Respuesta

NO, PERO…

"No es una prioridad. Hay que tratarlo con responsabilidad y no es un proceso que debamos de acelerar."

DANNY HAYLING CARCACHE

Liberación Nacional

Respuesta

SI

"El país necesita un cambio en el que todos tenemos que estar involucrados. Hay algunas instituciones que han sido excesivas y la situación se les fue de las manos. Hay que unificar."

EDGARDO ARAYA SIBAJA

Frente Amplio

Respuesta

SÍ, PERO…

"Creemos que todo en este país debe de ser revisado, hay inequidades y diferencias entre instituciones. Lo importante es tener claridad sobre el criterio técnico del sistema de remuneraciones, no se puede meter a todos dentro de la misma canasta. Nos preocupa que se homologue. "

EMILIA MOLINA CRUZ

Acción Ciudadana

Respuesta

SÍ, PERO…

"Lo que estamos haciendo con el proyecto de ley es poner en orden el asunto, pero tomaré la posición que tome mi fracción. "

EPSY CAMPBELL BARR

Acción Ciudadana

Respuesta

"Es una forma poco transparente de pagarle a los funcionarios públicos y tenemos que migrar hacia un sistema más claro que pueda medir eficiencia y no esté tan lleno de recovecos."

FABRICIO ALVARADO MUÑOZ

Restauración Nacional

Respuesta

"Tenemos que revisarlo con lupa, algunos compañeros han denunciado los priviliegios excesivos en los incentivos que crean desigualdad y si los hay, yo estaría de acuerdo en modificarlos. Hay que revisar para tomar una decisión que genere una equiparación en el sector. "

FRANCISCO CAMACHO LEIVA

Frente Amplio

Respuesta

NO

"Hay que respetar el salario de los trabajadores del sector público. Las intenciones que existen en la Asamblea y en el sector neoliberal abren una puerta muy peligrosa."

FRANKLIN CORELLA VARGAS

Acción Ciudadana

Respuesta

"Hay que tener una discusión franca y directa, revisar algunos elementos, con un análisis serio y efectivo para eliminar algunos abusos o desproporciones. Los proyectos son un punto de partida, pero hay que escuchar a otros sectores."

GERARDO VARGAS ROJAS

Unidad Social Cristiana

Respuesta

"Al tema de empleo público tenemos que entrarle. Ha sido una de nuestras prioridades. Considero que debe modificarse, el tema de anualidades es el más claro."

GERARDO VARGAS VARELA

Frente Amplio

Respuesta

NO

"Estamos en contra de los proyectos presentados para desmejorar los derechos de los empleados del sector público, es una discusión que debe hacerse con los trabajadores, hablar con ellos e involucrarlos."

GONZALO RAMÍREZ ZAMORA

Renovación Costarricense

Respuesta

"Es necesario revisar y modificar la estructura pues se convirtió en un sistema desigual y que limita las posibilidades de atraer profesionales competitivos hacia el sector público. El proyecto de la diputada Piszk parte de un análisis muy detallado, pero creo que los sectores interesados deben presentar sus opiniones."

HENRY MORA JIMÉNEZ

Acción Ciudadana

Respuesta

"El actual sistema es muy diverso, heterogéneo y presenta importantes desigualdades y discriminaciones. Es muy importante corregirlas, por ejemplo, en materia de pluses salariales. Estos deberían ser más uniformes y otorgarse con base en el desempeño individual."

HUMBERTO VARGAS CORRALES

Unidad Social Cristiana

Respuesta

"Ojalá se pueda encontrar un proyecto de consenso para solucionar el problema. Hay unos que consideran que el sistema actual es correcto, porque se han visto favorecidos por los incentivos y las convenciones colectivas. Lo único que genera esto es un enfrentamiento permanente que no beneficia al país."

JAVIER CAMBRONERO ARGUEDAS

Acción Ciudadana

Respuesta

SI, PERO…

"Yo apoyaré una reforma en esa dirección siempre y cuando esté consensuada con los sindicatos. Una cosa es el régimen de empleo público de Servicio Civil y otra el de convenciones colectivas."

JORGE ARGUEDAS MORA

Frente Amplio

Respuesta

NO

"Son salarios adquiridos por convenciones colectivas o por tribunales de trabajo, todo esto lo habla la ley. La Nación no tiene una moral para opinar en este asunto. "

JORGE RODRÍGUEZ ARAYA

Unidad Social Cristiana

Respuesta

SÍ, PERO…

"De cierta forma es injusto. A uno no le regalan nada, uno se lo gana. No son "gollerías" que los trabajadores han creado. Hay que analizar si se lo merecen, no a todo el mundo hay que cortarle la cabeza."

JOSÉ ALBERTO ALFARO

Movimiento Libertario

Respuesta

"Estamos en este momento apoyando el proyecto de Sandra Piszk y queremos apoyar otros proyectos, la alianza está muy comprometida con revisar los privilegios."

JOSÉ RAMÍREZ AGUILAR

Frente Amplio

Respuesta

SÍ, PERO…

"Hay mucha confusión, ¿cómo se toca esa área? En la fracción estamos discutiéndolo en este momento."

JUAN L. JIMÉNEZ SUCCAR

Liberación Nacional

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

"Prefiero no adelantar posición porque los compañeros de mi fracción están discutiendo el tema."

JUAN MARÍN QUIRÓS

Liberación Nacional

Respuesta

"Estamos trabajando en un proyecto de empleo público. Es un tema que está en construcción y estamos buscando un acuerdo de mayoría. El proyecto busca poner orden en pluses salariales, pero no hay que meter mano al salario base ni a los derechos de los trabajadores."

JULIO ANTONIO ROJAS ASTORGA

Liberación Nacional

Respuesta

"No se debe de modificar el salario base. Una cosa es la aplicación de los incentivos, pluses salariales. Con respecto a los incentivos hay que valorarlo y discutirlo."

KARLA PRENDAS MATARRITA

Liberación Nacional

Respuesta

"Sí estoy de acuerdo, pero todavía estamos analizándolo en la fracción."

LAURA GARRO SÁNCHEZ

Acción Ciudadana

Respuesta

"Considero que es importante analizar esto y ver si hay que hacer modificaciones. El sistema no tiene la misma cobertura y no se aplica por igual en los diferentes ámbitos del Estado, por lo que debe de haber una unificación de remuneraciones y de incentivos."

LIGIA FALLAS RODRÍGUEZ

Frente Amplio

Respuesta

NO

"Estoy de acuerdo en que los salarios privilegiados de los altos jerarcas se regulen, pero a la clase trabajadora no se le puede estrujar más. No podemos usar un discurso de entrarle a los salarios para mejorar una condición que la ocasiona otro sector."

LORELLY TREJOS SALAS

Liberación Nacional

Respuesta

"Me parece importante una revisión justificada. Una realineación, pero vamos a esperar la discusión y los debates."

LUIS VÁSQUEZ CASTRO

Unidad Social Cristiana

Respuesta

"Hay un principio constitucional de que todos somos iguales, pero hay diferencias bastante fuertes entre personas con los mismos cargos en diferentes instituciones, hay que regular para igualar."

MARCELA GUERRERO CAMPOS

Acción Ciudadana

Respuesta

"Hay que entrarle a las modificaciones para homologar los pluses en las diferentes instituciones."

MARCO VINICIO REDONDO QUIRÓS

Acción Ciudadana

Respuesta

SI, PERO…

"Hay que revisar y uniformar, pero hay que hacerlo en concordancia con los sectores gremiales y no llegar a un acuerdo a "la brava"."

MARIO REDONDO POVEDA

Alianza Demócrata Cristiana

Respuesta

"El sistema actual tiene enormes inequidades, disparadores del gasto que están creciendo a niveles muy altos."

MARLENE MADRIGAL FLORES

Acción Ciudadana

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

"Luego de que se le hizo la pregunta no quiso responder."

MARTA ARAUZ MORA

Liberación Nacional

Respuesta

SI, PERO…

"Si son convenciones colectivas que le han dado a algunos sectores privilegios, estoy de acuerdo en que se regulen y se normen. Pero que no se toquen los derechos adquiridos. Debemos proteger al empleado público, pero no olvidarnos del tema financiero del estado."

MARVIN ATENCIO DELGADO

Acción Ciudadana

Respuesta

NO

"Proyectos que tengan que ver con empleo público tienen un no absoluto de mi persona, a excepción de que me expliquen con detalle. Hay intereses privados que quieren desmantelar los servicios públicos."

NATALIA DÍAZ QUINTANA

Movimiento Libertario

Respuesta

"Estamos abogando para que se eliminen esos privilegios dentro del sector público, para que no se den diferencias abismales entre funcionarios. Esto sería para nuevas contrataciones, respetando los derechos adquiridos."

NIDIA MARÍA JIMÉNEZ VÁSQUEZ

Acción Ciudadana

Respuesta

"Es necesario regular los altos salarios, por eso estamos trabajando en las pensiones de lujo. Donde hay pluses salariales que son abusivos, hay que meter el cincel. Pero los proyectos que están en la Asamblea hay que estudiarlos."

OLIVIER IBO JIMÉNEZ ROJAS

Liberación Nacional

Respuesta

SI, PERO…

"Sí hay que revisarlo, pero hay que estudiarlo y analizarlo en equipo, con detenimiento. Es mucha gente la que trabaja el Estado."

ÓSCAR LÓPEZ ARIAS

Accesibilidad sin Exclusión

Respuesta

"Esto hay que cambiarlo, pero salvaguardando los derechos adquiridos de los trabajadores. No cambiarles las condiciones preestablecidas."

OTTO GUEVARA GUTH

Movimiento Libertario

Respuesta

"Es urgente modificar el sistema. Mi bancada presentó un proyecto de nueva ley de empleo público con el propósito de unificar los 14 regímenes en uno solo, recordando lo que dice la Constitución. Mi proyecto y el de Sandra Piszk son complementarios. "

OTTÓN SOLÍS FALLAS

Acción Ciudadana

Respuesta

"Nadie está hablando de tocar salarios bases, son estos pluses que se convierten en una bomba de tiempo."

PATRICIA MORA CASTELLANOS

Frente Amplio

Respuesta

NO

"Se deberían de dar señales en otra dirección, entrarle al impuesto de renta y luego ver condiciones de trabajo del sector privado. No creo que sea políticamente correcto desprestigiar a los trabajadores del Estado."

PAULINA RAMÍREZ PORTUGUEZ

Liberación Nacional

Respuesta

"Estamos trabajando en eso, específicamente en modificar algunos de los pluses salariales."

RAFAEL ORTIZ FÁBREGAS

Unidad Social Cristiana

Respuesta

"Es un sistema que viene generando muchísimas distorsiones y alejándose de los objetivos de la constituyente, que buscaba formar un sistema de remuneraciones uniforme. Es un tema técnico que hay que analizar, salvaguardando los derechos adquiridos."

ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA

Liberación Nacional

Respuesta

"Es necesario revisarlo y concertar sus contenidos, no estoy manifestándome sobre los alcances de los proyectos."

RONNY MONGE SALAS

Liberación Nacional

Respuesta

"Estamos trabajando en la reorganización y reordenamiento para que los pluses sean uniformes. Además estamos evaluando qué se debe de pagar."

ROSIBEL RAMOS MADRIGAL

Unidad Social Cristiana

Respuesta

"Esperaríamos poder fijar una vía rápida para poder sentarnos a negociar con los sindicatos y el Ejecutivo, pero sí es urgente porque las remuneraciones crecen anualmente."

SANDRA PISZK FEINZILBER

Liberación Nacional

Respuesta

"El problema es que el Estado es uno solo y no debería de haber distintos regímenes salariales. Hay muchos pluses que generan una gran distorsión a la hora de aplicarse, tienen vida propia."

SILVIA SÁNCHEZ VENEGAS

Liberación Nacional

Respuesta

"Debe de hacerse un ordenamiento de pluses sin afectar derechos adquiridos, no se culpa a los trabajadores del déficit fiscal. El acuerdo es apoyar la iniciativa de la diputada Piszk excluyendo a los educadores y a los cuerpos policiales. "

SURAY CARRILLO GUEVARA

Frente Amplio

Respuesta

NO

"No lo cambiaría como quiere PLN u otras facciones. Están diciendo que al haber gente con beneficios monstruosos, hay que bajar el salario del trabajador público que se gana ¢500.000. No tiene sentido. Ustedes se equivocan en llamarlos pluses, son derechos que se ganan."

VÍCTOR HUGO MORALES ZAPATA

Acción Ciudadana

Respuesta

"Estoy de acuerdo en abonar legislación para lograr una justicia remunerativa en el sector público, y por consiguiente revisar todos aquellos pluses que generan situaciones abusivas. Debe de legislarse para lograr mayor razonabilidad en su establecimiento."

WILLIAM ALVARADO BOGANTES

Unidad Social Cristiana

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

"Metería mano al tema de los pluses salariales, revisaría tambien el tema de calificación de puestos."

JOHNNY LEIVA BADILLA

Unidad Social Cristiana

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

Se le trató de contactar por varios medios, pero no respondió a las consultas.

MAUREEN CLARKE CLARKE

Liberación Nacional

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

Se le trató de contactar por varios medios, pero no respondió a las consultas.

CARLOS ARGUEDAS RAMÍREZ

Liberación Nacional

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

Se le trató de contactar por varios medios, pero no respondió a las consultas.

MICHAEL ARCE SANCHO

Liberación Nacional

Respuesta

SIN POSTURA / NO QUISO REFERIRSE

Se le trató de contactar por varios medios, pero no respondió a las consultas.

¿CÓMO NACIERON LOS PLUSES

Un impuesto a la cerveza y otros licores fue la solución que encontraron los diputados en 1957 para financiar una mejora salarial a los empleados públicos.

Pese a la férrea oposición de los cantineros, ese tributo se incluyó en la primera Ley de Salarios de la Administración Pública, aprobada ese año para ordenar las remuneraciones del Poder Ejecutivo y establecer el pago de las anualidades.

Lo que no sospecharon los diputados es que aquella ley abriría la puerta a un grupo de instituciones para crear incentivos y subir los salarios de sus empleados, en una verdadera competencia por atraer talento a la Administración Pública, que se prolonga hasta nuestros días.

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Esto ha permitido que hoy existan 113 pluses salariales que elevan el costo de las remuneraciones del Gobierno Central a ¢2,4 billones.

De tal manera, los ¢38.000 millones que se recaudan actualmente por el impuesto específico a bebidas alcohólicas, solo alcanzarían para pagar el 1,6% de ese monto.

De ese rubro, solamente los incentivos consumen ¢778.000 millones, el equivalente al 10% del Presupuesto Nacional.

Lo anterior se desprende de un análisis de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación , sobre la totalidad de incentivos que se pagan en el Gobierno Central.

Salarios Públicos - Reportaje de Data La Nación

¿Cómo se llegó a este punto?

La bola de nieve empezó a rodar con la aprobación de esa primera Ley de Salarios. Esa legislación unificó los sueldos bases por categorías e incluyó el pago de sobresueldos como las anualidades y zonajes.

A partir de ese momento, los incentivos surgieron como una reacción en cadena: cuando una entidad otorgaba uno, otras lo reclamaban o creaban una versión mejorada.

Por ejemplo, en la Ley de Salarios del Poder Judicial, aprobada en 1959, se incluyeron beneficios que ya tenían los funcionarios del Ejecutivo y se adicionaron aumentos por costo de vida y un plus para los abogados.

Lo mismo hicieron el resto de las entidades. Así, una década después, todas tenían una norma que regulaba sus salarios y establecía distintos sobresueldos.

Parte de los nuevos beneficios se lograron con el visto bueno de los diputados, y en otros casos, bastó con la firma de un jerarca.

Esta práctica ha sido posible porque en el Gobierno Central cada uno de los poderes tiene autonomía para fijar sus salarios.En el caso del Ejecutivo debe acogerse a lo que dicte el Servicio Civil.

“Antojo”. La presión de gremios y empleados llevó a la promulgación de otros incentivos.

“Diversos grupos de profesionales que le prestan sus servicios al Poder Ejecutivo, han venido gestionando el establecimiento de la Carrera Profesional dentro del Servicio Público”, se lee en el decreto ejecutivo 4949-P que creó ese beneficio en 1975.

Las entidades de otros poderes del Estado no tardaron en reclamarlo. A pocos meses de publicado el decreto, ingresó a la Asamblea un proyecto de ley para dar el plus a los servidores legislativos.

Mientras se discutía, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió ser convidado del mismo.

“Se dispone dirigir la atenta solicitud a los señores diputados (…), para que incluyan dentro del proyecto que se tramita a los servidores del Tribunal”, dice el acta. Sin mayores contratiempos, los diputados convirtieron la iniciativa en ley.

Con el tiempo el plus no solo se amplió a todas las entidades sino que algunas le hicieron mejoras.

Ese mismo año se aprobó la ley de prohibición, que buscaba dar una remuneración adicional a un reducido grupo de profesionales del Ministerio de Hacienda a cambio de su exclusividad. Con el tiempo la lista de beneficiarios se ensanchó.

De nuevo se originó un efecto dominó. En 1983, el Servicio Civil aprobó un sobresueldo por dedicación exclusiva, argumentando que la ley de prohibición había creado una desigualdad salarial.

“¿Qué hicieron las instituciones? Crear su propia dedicación exclusiva. Eso se vuelve una bola de nieve”, dijo Francisco Chang, director de Salarios e Incentivos del Servicio Civil.

La consecuencia es que hoy el sobresueldo cuesta ¢58.000 millones, 12 veces más de lo previsto en un inicio, cuando solo aplicaba para el Poder Ejecutivo.

(Video) ¿En qué se parece la creación de los incentivos salariales del Gobierno Central a un grupo de restaurante que reparte queque gratis? (MARIANA ARTAVIA/CAMILA SALAZAR Y MERCEDES AGÜERO)

A la lucha por obtener beneficios se sumaron los médicos, quienes en los ochentas prometieron no hacer más huelgas a cambio de mejoras salariales en la Ley de Incentivos Médicos . Otros que lograron conseguir pluses a su medida, por medio de leyes o resoluciones, fueron las enfermeras, los informáticos, los educadores y los policías.

Fallo clave. Aunque el rubro de los incentivos ya había ganado suficiente peso en el plan de gastos, fue a partir de los noventas cuando un voto de la Sala Constitucional ratificó la autonomía de los Poderes de la República para fijar sus remuneraciones.

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A partir de ese momento, no necesitaron ir a la Asamblea por beneficios salariales pues los dictaban a lo interno. “Cada poder de la república, en aplicación de ese voto, fija sus propias políticas salariales para sus funcionarios”, recordó el magistrado Román Solís, quien hasta hace pocas semanas presidía el Consejo de Personal del Poder Judicial.

La Contraloría fue la primera en aprovechar esa jurisprudencia al instaurar, en 1991, el Grado de Responsabilidad por Fiscalización Superior, un incentivo para los fiscalizadores.

“Esta institución ha manifestado su preocupación por la fuga constante de profesionales, atraídos por mayores beneficios salariales”, se lee en la justificación para decretar el sobresueldo.

A hoy este es uno de los pluses que se paga a 274 funcionarios, de los 470 profesionales que laboran en la Contraloría bajo el régimen de salario por componentes.

El acuerdo de la Contraloría de nuevo generó una reacción en cascada. Siete meses después, la Asamblea se premió con el “Incentivo legislativo”, para sus servidores.

La Corte no se quedó atrás y en 1998 aprobó el incentivo de Responsabilidad por el Ejercicio de la Función Judicial (REFJ).

Al año siguiente el TSE creó su propia versión: Responsabilidad por el Ejercicio de la Función Electoral (REFE). Ambos pagan hasta un 30% sobre la base. José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, dijo que el plus se aprobó porque tenían escape de profesionales hacia la Asamblea y la Contraloría. “Hay que valorar que existe un mercado salarial y hay una competencia para atraer talento. Ya la Contraloría lo tenía”, indicó.

La última institución en reclamar lo propio fue la Defensoría de los Habitantes, en el 2005, bajo el argumento de que las demás entidades del Poder Legislativo, del cual son parte, ya lo pagaban.

Brechas visibles. Esta puja histórica por tener el salario más competitivo, unido a los incentivos específicos, ha generado brechas salariales entre los funcionarios.

Mientras en el Poder Judicial, la Contraloría, la Asamblea y la Defensoría, el gasto en remuneraciones supera el 82%del presupuesto total, en los ministerios (exceptuando al de Educación, 62%), el peso de ese rubro es del 32% del plan de gastos.

“En materia salarial en Costa Rica existen empleados de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta en el mismo Gobierno Central”, reclamó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados (Anep).

A criterio de Chang, esto se evitaría con un solo ente que rija la materia salarial del Estado.

Las instituciones más bien apuestan a mantener su autonomía y hacer cambios a lo interno. La Contraloría, por ejemplo, implementó a finales de 2007 el salario único para las nuevas contrataciones de personal lo cual le ha generado sustanciales ahorros .

Para el resto de las entidades, esta no es una opción.

“Hemos logrado con una ingeniería presupuestaria reducir el costo de la planilla”, declaró José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, quien sostiene que no hace falta tocar la parte salarial si los recursos se usan eficientemente.

Los que buscan el cambio, proponen cerrar la llave de los incentivos, en el mismo lugar donde se abrió: en la Asamblea Legislativa. El problema es que hoy son muchas más las voces que intentan impedirlo. “Esta discusión tiene que salir de la Asamblea Legislativa porque ahí solo hay ocurrencias”, sentenció Vargas.

Sobre el análisis de datos para este reportaje

Para este reportaje se utilizaron los datos de los Presupuestos Nacionales de 2006 a 2016. Previo a esta fecha no es posible desagregar por incentivos específicos en el presupuesto, debido a un cambio metodológico que realizó el Ministerio de Hacienda.  Todas las cifras se ajustaron por inflación utilizando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Para cada incentivo, se buscó la norma (ley, decreto, acuerdo, etc) que lo creó y la justificación que se dio en dicho momento para crearlo. No se consideraron como incentivos el aguinaldo ni el salario escolar.

Toda la información se sistematizó en las siguientes bases de datos:

Incentivos en el presupuesto

Presupuesto para incentivos

MÁS INFORMACIÓN

SALARIO ÚNICO

Durante décadas, la Contraloría General de la República fue la musa de muchas entidades públicas, que copiaban los incentivos salariales con los que el ente contralor retribuía a sus empleados.

Con frecuencia, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes o el Poder Ejecutivo justificaban la creación de un sobresueldo alegando que la Contraloría ya lo pagaba a sus funcionarios.

Sin embargo, tal inspiración de antaño hoy no alcanza para imitar el régimen de salario único, implementado por la Contraloría desde finales del 2007.

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Representantes de esas instituciones consultados por La Nacióndescartaron adoptar ese modelo para contrarrestar el crecimiento del gasto en sueldos.

Lo anterior pese a los beneficios económicos que el órgano fiscalizador ha recibido con ese nuevo esquema salarial: un ahorro de ¢6.650 millones (en colones de hoy) durante casi una década.

Si se incluyen cargas sociales, salario escolar, cesantía y aguinaldo, lo economizado arroja un monto de ¢9.200 millones, de octubre 2007 a setiembre pasado.

Este modelo de salario único en la Contraloría solo cubre a los nuevos contratados en el periodo citado, quienes suman casi la mitad de su planilla, compuesta por 675 personas. El otro 50% continúa recibiendo su sueldo base más pluses porque se respetaron sus derechos adquiridos.

Los sobresueldos vigentes representan ¢6.180 millones; casi una tercera parte de l gasto global de la entidad. Para este año, ese presupuesto alcanzó los ¢21.600 millones, de los cuales el 89% se destina al pago de remuneraciones de sus servidores.

Las conclusiones son parte de un estudio de La Nación, medio que ha expuesto el origen e impacto económico del centenar de incentivos salariales vigentes en el Gobierno Central, los cuales son debatidos actualmente en el Asamblea Legislativa.

Poco interés. La Defensoría de los Habitantes es una de las instituciones que evita el modelo de salario por componentes.

“En cierto momento analizamos la posibilidad de variar el esquema. La limitación que encontramos es que desde la ley constitutiva de la Defensoría se establece el pago de anualidades y prohibición. Para pasar a un modelo de salario único tendríamos que ir al Congreso”, justificó la defensora Montserrat Solano.

Sin embargo, en el pasado la Defensoría no dudó en acudir a los diputados para pedir aprobar incentivos. Lo hizo en el 2005, cuando acudió al Directorio Legislativo para pedir un incentivo salarial similar al de fiscalización que gozan en la Contraloría.

Entretanto, en el Poder Judicial el asunto no se ha contemplado como una alternativa. La presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, señaló que la naturaleza de ese poder es muy distinta a la de las otras entidades donde se aplica salario único.

Señaló que una de las particularidades es que bajo el alero del Poder Judicial están diferentes órganos (la Judicatura, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública) . Cada uno tiene tareas específicas y diversas, con obligaciones en todo el país, 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Los objetivos que plantea el salario único: ahorro presupuestario, un mejor clima laboral y nuevas formas de ser más eficientes con los recursos estatales, son necesarios y valiosísimos, pero no son exclusivos de este sistema. En el Poder Judicial trabajamos por conseguirlos, solo que lo hacemos siguiendo otras líneas de acción”, aseguró Villanueva.

(Video) ¿En qué se parece la creación de los incentivos salariales del Gobierno Central a un grupo de restaurantes que reparte queque gratis? (MARIANA ARTAVIA/CAMILA SALAZAR Y MERCEDES AGÜERO)

Entre esas acciones citó un sistema de evaluación del desempeño, con indicadores y parámetros para medir y mejorar los resultados en el trabajo.

El Ejecutivo tampoco lo considera una opción. “Eso el Gobierno no lo apoya y no tiene en la mira aplicarlo”, sentenció el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco.

El camino andado. La Contraloría tiene autonomía para fijar salarios y pluses. De hecho, fue pionera en crear sobresueldos, como la prohibición e incentivos propios (Grado de Responsabilidad de Fiscalización Superior).

Esa independencia además le permitió, en 2007, implementar el salario único con solo una resolución del contralor general.

“Queríamos atraer recurso humano de calidad y retener a los buenos profesionales , pues teníamos mucha diferencia con el resto del sector . El ahorro no era una meta, aunque sí sabíamos que a largo plazo generaba beneficios”, contó Lorena Sánchez, jefa de la Unidad de Potencial Humano.

El salario por componentes además provocaba una gran disparidad entre quienes venían ingresando a la institución y los que ya llevaban más tiempo.

“Teníamos a dos personas haciendo lo mismo, el primero le duplicaba el salario al otro porque acumulaba 15 a 20 anualidades”, contó Sánchez. La opción del salario único cerró esas disparidades e hizo la institución más atractiva para los nuevos profesionales.

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Manuel Martínez, gerente de División de Apoyo, resaltó la transparencia: hoy es posible ver en la página web del ente cuánto gana un empleado en ese modelo de salario único.

En cambio, para los funcionarios con salario más pluses no es posible, a no ser que se tengan los datos de anualidad y carrera profesional de cada uno.

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SOBRESUELDOS EN PODER JUDICIAL

Corría el año 2008 y justo cuando el mundo entero se tambaleaba por una crisis económica, los magistrados de la Corte Plena apuraban la discusión de un incremento salarial.

Era el mes de abril y sobre su mesa esperaba una propuesta para ajustar por inflación los salarios del Poder Judicial.

“Puede ser que esta opción no fructifique en el Estado, pero deberíamos hacer el mayor esfuerzo para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar casi de aquí a tres años”, justificó el entonces magistrado Gilberth Armijo, según el acta de Corte Plena del aquel 7 de abril.

Luis Paulino Mora, entonces presidente de la Corte, también estaba a favor del plan, a pesar de que reconocía la incertidumbre económica que agobiaba al país. “Debemos de aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quién sabe lo que ocurrirá en el próximo año”, manifestó antes de votar, dijo.

En esa sesión, los magistrados acordaron crear el Índice de Competitividad Salarial (ICS), un nuevo plus que hoy cuesta ¢17.300 millones. El beneficio se extendió a los pensionados de la entidad.

Incentivos salariales que salen de su bolsillo

Pasaron cuatro meses y la crisis económica seguía haciendo estragos en los mercados, pero tal hecho no alarmó a la Corte.

Bajo el argumento de que sus sueldos no eran competitivos, en comparación con la empresa privada y otras entidades públicas, los altos jueces crearon un plus gerencial de hasta 135% para los 46 puestos de mayor rango.

“Me parece que difícilmente frente a una población empobrecida nosotros podemos justificar políticamente este aumento”, advirtió el magistrado, Fernando Cruz, en medio de la discusión.

Otros como el actual presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, más bien celebraron la propuesta de alza.

“¿Por qué no produce una discriminación? (…), porque la discriminación se produce cuando se hacen diferencias que no tienen justificaciones objetivas y razonables”, argumentó Jinesta. Unos minutos después, la iniciativa quedó aprobada con 13 votos a favor y nueve en contra.

Al año siguiente el plan de gastos ya incluía ¢481 millones (¢648 millones a hoy) para ese plus.

Esas mejoras salariales del 2008, lejos de ser una excepción son una muestra de cómo el Poder Judicial ha aprovechado su autonomía para fijar sueldos, desde que la propia Sala Cuarta la ratificó hace 25 años.

En la actualidad es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional.

Asimismo, en la última década, ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% –¢72.500 millones, en términos reales–, entre 2006 y 2016. Pasó de ¢48.900 millones a ¢121.400 millones en el periodo mencionado.

Aunque el resto de entidades aumentaron sus salarios base, crearon plazas y aprobaron nuevos pluses, durante ese mismo lapso, ninguna logró una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.

Para este 2016 la entidad incluyó en su plan de gastos 17 incentivos, que suman más de ¢121.400 millones; un tercio de su presupuesto. En los ministerios, a ese rubro se destina 15% del gasto.

Las conclusiones son parte de un análisis de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación .

Durante tres meses se investigó la totalidad de incentivos y salarios presupuestados para 2016 en el Gobierno Central. Este ejercicio, es el primero de tres, que busca detallar los orígenes de un centenar de incentivos vigentes y que son motivo de discusión en la Asamblea Legislativa.

Efecto dominó. Los magistrados además ignoraron informes técnicos, que advertían del efecto negativo que sobre el resto de la planilla tendría, por ejemplo, el exclusivo plus gerencial.

Y así fue. En 2008, casi inmediatamente después de su aprobación, el 99,6% de los funcionarios excluidos reclamó que aquello generaba una brecha salarial.

Para opacar la crítica, al año siguiente, la Corte aprobó un aumento, pero solo al 21% de los empleados (jueces, defensores y profesionales en derecho 3) . Los reclamos no acabaron ahí. El resto de profesionales pidió un alza, a pesar de que un informe demostraba que sus salarios eran competitivos.

“No son las condiciones del mercado salarial las que pueden sustentar cualquier cambio”, recomendó el Consejo de Personal.

El criterio técnico volvió a ser ignorado y el Consejo Superior dio luz verde al aumento para más de 1.000 puestos con un costo inicial de unos ¢2.126 millones (¢2.837 millones hoy) .

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Cuando la calma parecía haber llegado, en noviembre de 2010, la Corte Plena acordó trasladar el plus gerencial, creado en el 2008, al salario base. Esto implicó aumentos de hasta ¢600.000 en los sueldos de magistrados, lo cual elevaba, a su vez, los montos que recibían por otros pluses.

Cuestionado sobre por qué omitieron las advertencias técnicas, el magistrado Román Solís, hasta hace poco presidente del Consejo de Personal, replicó: “En última instancia es una decisión de gobierno y la responsabilidad es de 22 magistrados. Eso es, así de sencillo. ¿Cuántas veces la Corte no se ha separado de los criterios técnicos? Es una decisión política, ciertamente hay muchas presiones”.

Más pluses. Dichas mejoras se suman a otros siete pluses que el Poder Judicial ha implementado desde 1991, cuando un voto de la Sala Constitucional, ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial. Los pluses aprobados desde entonces suman hoy ¢42.000 millones; 35% del gasto total en ese rubro. Este monto, solamente es superado por lo que, en este rubro, gasta el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuya planilla es cuatro veces más grande.

Además del ICS y el beneficio gerencial, destaca, entre otros, el Incentivo de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Judicial (REFJ), creado en 1998. Este último, otorga a todos los servidores entre 10% y 30% adicional al sueldo base .

Los magistrados de la Sala IV también fueron responsables en 2008 de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.

José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, argumentó que esas decisiones se tomaron en el pasado, pero desde hace cuatro años rige una política de austeridad.

“En los últimos años sólo se paga costo de vida y las reasignaciones son mínimas. La política con doña Zarela (Villanueva, presidenta de la Corte) es de austeridad”, añadió.

Villanueva defendió que el procedimiento vigente de remuneraciones y descartó cambios. “El sistema actual por pluses nos ayuda a mantener la calidad y estabilidad de nuestro recurso humano y es sostenible si seguimos por la línea de austeridad y manejo de recursos como lo hemos hecho hasta ahora ”.

El costo de la planilla pasó del 88% del presupuesto en 2010, a 82% para el próximo año, dijo.

Lo cierto es que a pesar de la política de austeridad, el presupuesto en incentivos del Poder Judicial, para el próximo año es dos veces mayor, en términos reales, que el de hace una década. Supera los ¢124.250 millones.

Los privilegios únicos de los que gozan los 11.877 empleados judiciales no podrían ser de otra manera, concluyó el magistrado Solís. “Los salarios son buenos por la razón de que son para los empleados judiciales”, dijo.

¿Cómo se hizo este reportaje?

Para este análisis se utilizaron los datos de los Presupuestos Nacionales de 2006 a 2016. Previo a esta fecha no es posible desagregar por incentivos específicos en el presupuesto, debido a un cambio metodológico que realizó el Ministerio de Hacienda. Todas las cifras se ajustaron por inflación y se trajeron a valor presente utilizando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. No se consideraron como incentivos el aguinaldo ni el salario escolar. Para comparar los salarios bases entre instituciones, se extrajeron datos del presupuesto sobre los requerimientos de recurso humano de cada institución, donde se detalla la cantidad de puestos y su salario base. Adicionalmente, La Nación revisó actas de Corte Plena, del Consejo de Personal y del Consejo Superior para el periodo estudiado, además de los informes técnicos relacionados con la aprobación de los pluses y aumentos a los salarios base.

Toda la información se sistematizó en las siguientes bases de datos:

Presupuestos totales, presupuestos incentivos

Incentivos Poder Judicial

Puestos 2007

Puestos 2016

MÁS INFORMACIÓN

 

Constitución de Costa Rica – Costa Rica Web

Titulo V Derechos y Garantías Sociales

Articulo 50. El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y él más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizara, defenderá y preservara ese derecho. La ley determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Articulo 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.

Articulo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges.

Articulo 53. Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.

Toda persona tiene derecho a saber quienes son sus padres, conforme a la ley.

Articulo 54. Sé prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.

Articulo 55. La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.

Articulo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.

Articulo 57. Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.

Todo relativo a fijación de Salarios mínimos estatura a cargo del organismo técnico que la ley determine.

Articulo 58.La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento mas de los sueldos o Salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicaran en los casos de excepción muy calificados, que determinen la ley.

Articulo 59.Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanales de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.

Articulo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.

Articulo 61. Se reconoce el derecho de los patrones al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.

Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.

Articulo 63. Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.

Articulo 64. El Estado fomentara la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.

Articulo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creara el patrimonio familiar del trabajador.

Articulo 66. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajador.

Articulo 67. El Estado velara por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.

Articulo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al Salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.

Articulo 69. Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros.

Articulo 70. Sé establecería una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.

Articulo 71. Las leyes darán protección especial a las mujeres y los menores de edad en su trabajo.

Articulo 72. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurara la reintegración de los mismos al trabajo.

Articulo 73. Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y además contingencias que la ley determine.

La Administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.
(Así reformado por ley Nº 2737 de mayo de 1961).

Articulo 74. – Los derechos y beneficios a que este capitulo se refieren son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de Justicia social y que indiquen la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes del proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de seguridad nacional.

 

Pluses Salariales

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Gobierno Gana y Diputados Aprueban Gasto, Despilfarro, Pluses y Privilegios Salariales…

El Gobierno Gana y Diputados Aprueban Gasto, Despilfarro, Pluses y Privilegios Salariales, a Costa del Presupuesto Nacional y por Ende, a Costa de Todos los que Pagamos Impuestos, el “Gobierno gana y diputados rechazan los recortes al presupuesto ordinario”; “Los dipu­tados re­cha­za­ron este jue­ves el in­for­me de ma­yo­ría del pre­su­pues­to or­di­na­rio, que plan­tea­ba re­cor­tes por […]

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Poder Judicial: Autonomía e Independencia Para Auto-Recetarse Privilegios Salariales

Bajo el Precepto de su Autonomía e Independencia el “Poder Judicial infló en ¢72.500 millones costo de pluses salariales en última década”. “En la última década, el Poder Judicial ha sido la entidad del Gobierno Central, con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148%, en términos reales, entre 2006 y 2016. […]

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Gremios de Educadores Aplican Miedo, Intimidación y Manipulación Para Mantener Privilegios Salariales

De Nuevo los Gremios de la Educación Aplican el Miedo, “ANDE mete miedo contra planes de empleo público”. “Una inminente reducción de los salarios, la pérdida de la protección del Código de Trabajo y la eliminación de los pluses salariales son algunas alertas que reciben los funcionarios de la educación, ante la tramitación de los […]

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Ni Torpezas Administrativas Cargadas a las Tarifas, Ni Pluses y Pensiones Abusivos Cargados al Presupuesto

El “Gobierno se ahorrará ¢21.000 millones anuales con reformas a pensiones de lujo”. El “Ministro de Hacienda subraya que ahorro es pequeño en comparación con el déficit fiscal”… Lo Cual Es Definitivamente Cierto, Ya Que, el “Gobierno presentó un presupuesto por ¢8,96 billones para el 2017”. La “Contraloría critica manejo de las pensiones pagadas por […]

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Tres Verdades (Principios) Sobre el Salario Público (Pluses)

Actualmente en la Corriente Legislativa, los “Diputados negocian dos planes para ordenar pluses salariales”. “Uno es el de la diputada liberacionista Sandra Piszk, denominado Proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público. El plan se empezó a analizar el 24 de febrero pasado en la Subcomisión de […]

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Levantado el Veto, lo que Procede Ahora Es Entrarle a los Abusos y Privilegios Salariales del Sector Público

Solís levanta veto a reforma procesal laboral”; “Tras levantar veto, mandatario hace un llamado "fraterno" a empresarios”; las “Huelgas en servicios públicos esenciales serán prohibidas por decreto, anuncia Solís”; Como Era de Esperar, “Chinchilla dice que sería "irresponsable" levantar veto a reforma a ley procesal laboral” y “Empresarios y sindicatos alzan la voz […]

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Salarios en el Sector Público: Abuso o Moderación; todo Depende de los Pluses

Escribe el Editorial de La Nación, en relación a los “Salarios ministeriales”; “En Costa Rica es difícil conformar un gabinete porque el Gobierno no puede competir en el mercado laboral para atraer talento. En demasiados casos, el ministro es designado luego del rechazo de varias ofertas formuladas a quienes el presidente hubiera preferido para el […]

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Déficit Fiscal e Incentivos Salariales: Derecho Adquirido o Privilegio Odioso

El “Déficit fiscal alcanzó un 5,4% del PIB en el 2013” ; obviamente no hace falta ser el Ministro de Hacienda para concluir que un “Déficit fiscal del 5,4% del PIB golpeará tasas de interés”; aunque sí (o la menos tener amplios conocimientos en macroeconomía) para estimar que las “Tasas de interés para ahorrantes subirían […]

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