Hoy, En un Giro Inesperado de Valentía, Honor y Amor Por la Patria y la Justicia Social y Económica Para Todos los Servidores Públicos, los “Gremios del Poder Judicial aceptan un recorte mayor en pensiones que los magistrados”.

“Los gremios judiciales están dispuestos a aceptar un recorte mayor a las pensiones del Poder Judicial que el defendido por la cúpula de la institución: los 22 magistrados. Esta mañana, las organizaciones laborales propusieron a los diputados dos reformas clave:

-Fijar un tope de ¢4,7 millones a las nuevas pensiones (hoy se otorgan hasta por ¢9 millones)

-Cobrar un aporte solidario a las jubilaciones que hoy sobrepasen los ¢4,7 millones, el cual equivaldría a un 20% sobre el exceso de ese monto, dejando abierta la puerta para llevar esa contribución hasta un 50% si estudios actuariales lo consideren necesario.”…

Tristemente, Muy Tristemente, Quienes Están Llamados a Dar el Ejemplo.

¡Por Ser los Que Más Beneficios Reciben!, ¡Lejos de Ser Ejemplo!, ¡Fueron Contra el Ejemplo!, ¡Fueron un Muy Mal Ejemplo!,Ya Que.

“A diferencia de los gremios, los magistrados aceptan lo siguiente:

-Un tope de ¢7,5 millones para las nuevas pensiones

-Una contribución solidaria del 20% para las pensiones que superen ese monto, sobre el exceso, pero descontando el 11% que ya hoy aportan obligatoriamente sobre la pensión bruta.”…

Dejando Claro los Magistrados Que, Con Ese Último Punto, No Sólo Dan un Mal, Muy Mal Ejemplo, Sino Que También, Actúan en Contra del Buen Ejemplo.

“Los gremios tienen una clara diferencia con los magistrados en ese último punto, pues consideran que el aporte adicional no puede mezclarse con el 11% de cotización obligatoria y que ambos deben pagarse por aparte. Adriana Orocú argumentó que no hay punto de comparación porque el 11% se calcula sobre el monto total y la contribución solidaria sobre el exceso a partir del tope.”…

Tristemente, Muy Tristemente, los Magistrados No Fueron los Únicos en Dar un Mal Ejemplo y Actuar en Contra del Buen Ejemplo, las “Anualidades y vacaciones atizan diálogo por convención en UCR”. ¿Por Qué?, Porque Entre Otras Cosas.

La “Rectoría bajaría rubro de 5,5% a 3% para desacelerar aumento de salarios.”…

Con Eso, la “UCR persigue cortar ¢8.000 millones en pago de anualidades”.

Pero, el “Sindicato (Sindéu) advierte que no aceptará baja en sobresueldo de 5,5% por año.”…

En Otras Palabras, el Sindicato de la UCR ¡Cierra los Ojos! Para ¡No Ver la Luz!

Dejando Claro Que, el Sindicato de la UCR, No Sólo Da un Mal, Muy Mal Ejemplo, A los Estudiantes del Campus, Sino Que También, Les Enseñan a Actuar Contra el Lema del Campus. “Lucem Aspicio” (en latín: En busca de la luz).

¡Cerrando los Ojos a la Luz!, Para No Verla.

 

 

HOY EN NACIONAL

NACIONAL | NOTICIA

Gremios del Poder Judicial aceptan un recorte mayor en pensiones que los magistrados

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Adriana Orocú, Jorge Morales y Hernán Campos, del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, consideran inaceptable igualar las condiciones jubilatorias en ese poder con las del resto de los costarricenses, en cuanto a edad y cálculo de la pensión.

Los gremios judiciales están dispuestos a aceptar un recorte mayor a las pensiones del Poder Judicial que el defendido por la cúpula de la institución: los 22 magistrados.

Esta mañana, las organizaciones laborales propusieron a los diputados dos reformas clave:

-Fijar un tope de ¢4,7 millones a las nuevas pensiones (hoy se otorgan hasta por ¢9 millones)

-Cobrar un aporte solidario a las jubilaciones que hoy sobrepasen los ¢4,7 millones, el cual equivaldría a un 20% sobre el exceso de ese monto, dejando abierta la puerta para llevar esa contribución hasta un 50% si estudios actuariales lo consideren necesario.

La declaración la hicieron tres representantes del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, en la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.

Adriana Orocú, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud); Jorge Morales, del Sindicato de la Judicatura, y Hernán Campos, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, enfatizaron en las diferencias que los gremios tienen con los magistrados, en el proyecto de reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

Los diputados quieren cambiar el régimen por el costo que implica para el Estado. El sistema otorga ventajas como la posibilidad de pensionarse con solo 30 años de labor y recibir de pensión el promedio de los últimos 24 mejores salarios (la CCSS, en cambio, otorga el promedio los últimos 240 sueldos a la mayoría de la población).

A diferencia de los gremios, los magistrados aceptan lo siguiente:

-Un tope de ¢7,5 millones para las nuevas pensiones

-Una contribución solidaria del 20% para las pensiones que superen ese monto, sobre el exceso, pero descontando el 11% que ya hoy aportan obligatoriamente sobre la pensión bruta

Los gremios tienen una clara diferencia con los magistrados en ese último punto, pues consideran que el aporte adicional no puede mezclarse con el 11% de cotización obligatoria y que ambos deben pagarse por aparte. Adriana Orocú argumentó que no hay punto de comparación porque el 11% se calcula sobre el monto total y la contribución solidaria sobre el exceso a partir del tope.

La principal disputa es, entonces, que los trabajadores defienden un tope de ¢4,7 millones y los magistrados uno de ¢7,5 millones (75% de la pensión más alta pagada por el Poder Judicial, que es de ¢10 millones).

"Esto no es realmente un tope, es un tope de mentirillas", dijo Morales, del Sindicato de la Judicatura, a los diputados.

La propuesta gremial también se diferencia de la defendida por Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema y los demás 21 magistrados, en la administración del fondo, porque las organizaciones quieren ponerlo en manos de una junta administradora y la cúpula prefiere dejarlo en manos del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial.

"Lo que pretendemos es que el sistema se vuelva un tanto solidario, porque este sistema no lo es", aseguró Morales.

Según los datos presentados por los voceros de los trabajadores, que dijeron representar 22 organizaciones gremiales (excepto la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Anejud), hay 40 personas cuyas pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones.

La mayoría de los jubilados (1.967 personas) tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones.

Ese Frente Gremial, con la representación del 98% de los trabajadores judiciales, está a favor de fijar un tope de pensiones mucho menor que el apoyado por los magistrados.

Orocú enfatizó que también tienen una fuerte diferencia en la administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

"Tenemos una de las aportaciones más altas de todos los fondos de jubilaciones y, por ley, la obligación de aportar al fondo incluso después de jubilados. Estas variables se deben considerar a la hora de tomar las decisiones y ver con un mayor prisma", les dijo Orocú a los diputados.

La Corte se niega a crear una Junta Administradora, pues quiere mantener las decisiones en el seno del Consejo Superior, pero los gremios exigen mayor representatividad de los funcionarios, con una mayoría de asientos en el órgano que están proponiendo crear.

Para Morales, hay un alto porcentaje de acuerdo entre las propuestas de los magistrados y de los trabajadores. "No estamos agarrados del moño, queremos lo mejor para la institución", aseguró. Añadió que no ha habido una administración fraudulenta del fondo jubilatorio, sino una mala administración.

Entre las nuevas condiciones para jubilarse por este régimen están el establecimiento de la edad jubilatoria en 62 años para hombres y 60 para mujeres. Además, el monto de la jubilación para personal nuevo equivaldría al promedio de los últimos 120 salarios (10 años) del trabajador.

Además, las reformas que se introducirían no aplicarían para los funcionarios que, a la hora de entrada en vigencia de la ley, tengan 20 años o más de laborar para el Poder Judicial, en el caso de la edad y del cálculo de la pensión, pero sí se les aplicaría el tope.

En cuanto a los que tienen menos de 20 años como funcionarios, se les haría cálculos diferenciados a la hora de fijar el monto de la pensión:

-A los trabajadores con menos de 10 años de servicio se les calcularía con base en los últimos 96 salarios (ocho años)

-A los que tienen de 10 a 15 años, el cálculo sería con los últimos 72.

-A los que tienen de 15 a 20 años allí, tendrían una pensión igual al promedio de los últimos 48 salarios, traídos a valor presente.

MÁS INFORMACIÓN

NACIONAL | ACUERDO LABORAL SE RENEGOCIARÁ ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL SINDÉU

Anualidades y vacaciones atizan diálogo por convención en UCR

El rector de la UCR, Henning Jensen, denunciará en los próximos días la actual convención, que tiene vigencia hasta marzo del 2017.

Sindicato advierte que no aceptará baja en sobresueldo de 5,5% por año.

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La convención colectiva de la Universidad de Costa Rica cobija a 9.537 funcionarios de este centro de estudios.

En la Universidad de Costa Rica (UCR), un trabajador con solo un año de laborar en esa institución gana el derecho a 16 días de vacaciones anuales.

Además, este casa de estudios superiores le aumenta a cada empleado un 5,5%, sobre el salario base, por cada año laborado. Esto es lo que se conoce como anualidad.

Precisamente, estos dos rubros, contenidos en la convención colectiva de la UCR que cobija a 9.537 funcionarios, son los que más atizan el debate entre la administración y el sindicato de empleados (Sindéu).

Henning Jensen, rector de la UCR, denunciará en los próximos días la actual convención, que tiene vigencia hasta marzo del 2017. Actualmente, trabaja en la elaboración de un documento que presentará como propuesta de negociación.

Por año, esta convención colectiva le cuesta unos ¢42.000 millones a ese centro de enseñanza superior.

El pasado 10 de octubre, la fracción legislativa del Movimiento Libertario presentó una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas “abusivas” de la convención referidas a anualidad, vacaciones, permisos con goce de salario para estudios, para actividades sindicales y permisos por matrimonio.

Jensen explicó que en la propuesta para negociar el acuerdo laboral, planteará que se revise el tema de las vacaciones; en este momento, quienes tienen entre seis a 10 años de laborar en la UCR tienen derecho a 23 días de descanso al año; los que tienen más de 10 años disfrutan de 30 días anuales.

Para Jensen, aparte de ese rubro, el tema de las anualidades es otro que es necesario sacar al debate.

Desde agosto del 2015, el rector ha señalado la urgencia de hacer un recorte a ese beneficio ya que, de no hacerlo, “podría poner en riesgo la estabilidad financiera de esa casa de estudios”.

En ese entonces, Jensen indicó que, para hacer esa afirmación, se basó en cinco informes internos de la UCR.

En la convención colectiva, la anualidad está en un 3%. Sin embargo, un acuerdo del 2009 avalado por el Consejo Universitario incrementó ese beneficio a 5,5%.

“Este acuerdo del Consejo puede ser derogado. Propongo que se regrese al 3% que está contemplado en la convención y que luego ese porcentaje sea negociado con el sindicato”, dijo Jensen.

Si eso se lograra, la UCR estima un ahorro por año de unos ¢8.000 millones en el pago de anualidades.

Se está a la espera de que el Consejo agende para las próximas semanas la discusión del tema de la anualidad y revise el acuerdo del 2009.

Ni un paso atrás. El secretario de Resolución de Conflictos de Sindéu, Rodrigo Aymerich, expresó que van a esperar a que la administración formalice su plan. Sin embargo, advirtió que el tema de las anualidades “no será negociado a la baja”.

Aymerich manifestó que, si bien en la convención se estipula una anualidad de 3% y que fue un acuerdo del Consejo el que la aumentó, el artículo 76 de la misma convención indica que toda mejora hecha por las autoridades “queda incorporada como un derecho”.

“Discrepamos de que el acuerdo pueda ser derogado. El aumento es un derecho laboral consagrado. Tenemos claro que no podemos negociar la anualidad a la baja, el rector no nos ha dado una razón de que las anualidades afecten la estabilidad financiera de la universidad ¿Por qué, si estamos en crisis, la administración solo quiere recortar en salarios y no en otros rubros?”, cuestionó el secretario.

El sindicalista se refiere a los gastos que hace la institución en aspectos como capacitación y protocolo; viajes y, en alimentos y bebidas. Aymerich aseguró que, en lo que va del 2016, la UCR ha gastado ¢1.290 millones, ¢600 millones y ¢317 millones en estos rubros, respectivamente.

Otros cambios. Jensen explicó que también se van a revisar los días de permiso con goce de salario que tienen los funcionarios para estudiar y los días de permiso que se le da a los miembros del sindicato para sus actividades.

“Además, se van a incorporar nuevos derechos, por ejemplo, otorgar más días para la licencia de paternidad, pasarlo de dos a 10. El derecho a la lactancia materna; en este momento no se estipula el periodo de lactancia, proponemos que sea de dos años.

”Se va a introducir el derecho a asistir a una persona enferma por parte de su pareja, no su cónyuge como dice en la actualidad. Queremos reconocer derechos y ser más inclusivos”, detalló el rector sobre la futura propuesta.

NACIONAL | NOTICIA

UCR persigue cortar ¢8.000 millones en pago de anualidades

Rector anuncia que renegociará convención colectiva en Octubre.

Rectoría bajaría rubro de 5,5% a 3% para desacelerar aumento de salarios.

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La Universidad de Costa Rica (UCR) es la institución de educación superior más importante del país. Emplea a cerca de 10.000 personas en sus diferentes sedes, ubicadas en varias zonas del país.

Ahorrar por año ¢8.000 millones en el pago de anualidades a empleados es la principal razón de la Universidad de Costa Rica (UCR) para denunciar su convención colectiva.

La denuncia de la convención es el primer paso para una renegociación de los beneficios que tienen los trabajadores.

Carlos Araya, vicerrector de Administración de la UCR, afirmó que es necesario reducir el porcentaje de anualidad que se les paga a los 9.537 empleados de la Universidad, para resguardar las finanzas de la entidad.

El funcionario manifestó que la medida pretende frenar el crecimiento acelerado que han experimentado los salarios universitarios desde el 2009, año en el cual el Consejo Universitario decidió elevar el monto de ese beneficio.

“A partir del incremento de la anualidad del 3% al 5,5%, los salarios han empezado a crecer a un ritmo que la institución no podría sostener.

”La institución es una institución absolutamente sana en materia financiera, pero, si no tomamos decisiones, podríamos sufrir, a tres o cinco años, un desequilibrio financiero”, manifestó Araya.

Según la Vicerrectoría de Administración de la UCR, solo en anualidades se desembolsan ¢30.000 millones anualmente.

La UCR aún no detalla la forma en la que pretende hacer la disminución de anualidades.

Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindéu), expresó que la Rectoría aún no les informa formalmente de sus intenciones de denunciar el documento.

“Nosotros, como sindicato, nos sentimos alarmados y preocupados porque luego de muchos cuestionamientos contra el mismo rector, ahora se nos viene a decir que se va a denunciar la convención colectiva (…). Formalmente, es algo que no se nos ha informado, más que la denuncia llega en medio de un ambiente de dudas contra el señor rector”, expresó la dirigente sindical.

Cambios. El centro de estudios calcula que de los 80 artículos de la convención, la mitad debe ser actualizada. Por ejemplo, Araya señaló que las licencias para cuido de cónyuges enfermos debe extenderse a las parejas en unión libre y del mismo sexo.

Además, buscarán incluir normativa para realizar teletrabajo y licencias por paternidad.

El proceso de negociación se iniciará en octubre, con el objetivo de concluirlo antes del 2 de marzo del 2017, fecha en la que vence la convención vigente.

En dos semanas, aproximadamente, la Administración Universitaria tendrá un primer borrador de la nueva convención.

La última vez que se denunció el acuerdo laboral fue en 1997. Si la UCR logra un nuevo acuerdo, deberá someterlo a revisión del Ministerio de Trabajo.

Meses atrás, entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo y Acueductos y Alcantarillados, han logrado hacer recortes a sus convenciones colectivas, tras años sin realizar cambios a esos acuerdos.

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