El “Poder Judicial infló pensiones con mala interpretación legal”.

El “Consejo Superior eliminó la fórmula de cálculo de pensiones cuestionada.”…

Pese a Que, Según la “Directora del Poder Judicial: ‘Se otorgaron pensiones sin cumplir requisitos’”. 

Pese a Que la “Auditoría Judicial pidió corregir 641 casos de beneficios sobrevaluados.”… 

Tristemente, Esas “Malas Interpretaciones” No Vienen de Ahora, No Son Nada Nuevo Dentro del Poder Judicial. Ya Que, Desde Noviembre del 2014 el “Poder Judicial anula contrato con firma que evalúa pensiones”.

La Pregunta Obvia Es ¿Por Qué?. Tristemente, la Respuesta Es Igualmente Obvia.

Porque, “Diez sindicatos de empleados pidieron la nulidad absoluta del proceso”…

Y Porque, “Atrasar (el) estudio es negarle al sistema reformas urgentes, advierte la Supén”…

Tal y Como lo Confirma el Hecho de Que, Casi Dos Años años Después, la Posición y las Razones Que Defienden los Gremios del Poder Judicial, ¡Siguen Siendo las Mismas!, “Gremios del Poder Judicial defienden metodología de cálculo”.

“El Frente Gremial del Poder Judicial pidió al Consejo Superior mantener la interpretación legal de la metodología de cálculo de pensiones que sobrevalora los montos de jubilaciones otorgados en el Poder Judicial.

Así se desprende de la posición dada por la organización, compuesta por 21 gremios de trabajadores, sobre la aplicación de los beneficios de pensión dados con base en la Ley Marco de Pensiones de 1992.

Los empleados judiciales defendieron su régimen. | ARCHIVO

En el documento, del pasado 20 de junio, se rechazan los cuestionamientos de la Auditoría Judicial y la Superintendencia de Pensiones (Supén) a la fórmula de cálculo de la pensión de aquellos empleados que laboraban previo a julio de 1992.”…

¡En Otras Palabras!

El Fin de los Gremios del Poder Judicial: “Inflar las Pensiones de los Funcionarios Judiciales”, Justifica los Medios: “Malinterpretar las Leyes de Pensiones”, ¡En Beneficio Propio!, Y ¡Por el Propio Gremio del Poder Judicial!

Pero No Solo el Poder Judicial Justifica su Fin de Enriquecerse Lícitamente Con los Fondos Públicos Que Pertenecen a Todo el Pueblo Costarricense.

También lo Hacen las Cortes de Justicia, Incluida la Sala IV, Según Se Deduce del Reportaje, “Diputados: Corte pudo adelantar criterio en recorte a pensiones”.

Los “Legisladores de PAC y PUSC temen que reformas a jubilaciones de lujo no pasen filtro de Sala IV”…

Ya Que, la Propia “Jerarca judicial (Sala IV) dijo que exigir un aporte solidario del 50% es ‘inconstitucional’”…

Y Serán los Propios “Magistrados, cuyas pensiones están bajo la lupa, decidirán futuro de rebajas”…

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Ver Video “Presidenta de la Corte da criterio sobre aporte solidario en pensiones judiciales”: http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-Corte-adelantar-criterio-pensiones_0_1593240687.html Fuente: (LA NACIÓN)

¡En Otras Palabras!

El Fin de los Magistrados de las Salas de Justicia: “Mantener las Pensiones de Lujo”,  Justifica los Medios: “Malinterpretar lo Que Es Constitucional”, “Malinterpretar lo Que Es Confiscatorio”, ¡En las Salas de Justicia!, y ¡Por las Propias Salas de Justicia!, ¡Incluida la Sala IV!

Como Dice el Viejo Adagio. “El Poder Corrompe, y El Poder Absoluto, Corrompe Absolutamente”

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ECONOMÍA

Poder Judicial infló pensiones con mala interpretación legal

El Poder Judicial infló las pensiones de sus empleados por una mala interpretación legal.

Consejo Superior eliminó la fórmula de cálculo de pensiones cuestionada.

Auditoría Judicial pidió corregir 641 casos de beneficios sobrevaluados.

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El Consejo Superior decidió, el pasado 12 de octubre, eliminar definitivamente la interpretación legal errónea que otorgó al menos 641 pensiones sobrevaluadas en el Poder Judicial.

El Poder Judicial infló las pensiones de sus empleados por una mala interpretación legal.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) cuestionó a la Corte por establecer una fórmula de cálculo de pensiones que combina erróneamente dos leyes diferentes.

En el oficio SP-629-2016, del 18 de mayo anterior, la entidad enfatizó que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones otorgó pensiones con la mezcla de beneficios entre la Ley Marco de Pensiones y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“En ningún caso se puede otorgar un beneficio por vejez haciendo una combinación (de leyes)”, señala el documento suscrito por Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia.

El principal resultado es que se otorgaron jubilaciones con montos sobrevaluados que representan casi el 100% del salario del trabajador jubilado.

Por ejemplo, la Supén encontró que, en febrero anterior, se dio una jubilación de ¢3,8 millones por mes a una funcionaria al usar la metodología cuestionada.

Sin embargo, si se hubiese aplicado la fórmula dictada por la ley del Poder Judicial, la pensión ascendería a ¢3,6 millones, según la estimación de Supén.

La Superintendencia pidió al Consejo Superior, como administrador del fondo, revisar el procedimiento para otorgar pensiones e informar sobre las acciones correctivas a las fallas señaladas.

12 días después del informe de la Superintendencia, la Auditoría Judicial remitió al Consejo el oficio N°539-31-SAFJP-2016 denominado “Evaluación sobre el otorgamiento y ajustes de jubilaciones y pensiones”, que concluyó que el régimen otorgó “montos de pensiones sobrevaluados y beneficios que se dieron de manera anticipada, cuyo efecto económico se replica en el tiempo”.

Desde setiembre del año pasado, la Auditoría advirtió que 641 empleados se jubilaron, entre el 2010 y el 2015, y no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o bien, ninguna de las dos condiciones.

Asimismo, halló que había un grupo de 938 servidores que podrían jubilarse con base en la interpretación errónea.

La Auditoría recomendó, en el documento citado previamente, suspender en forma definitiva la interpretación del Transitorio III de la Ley Marco de Pensiones y corregir los casos de jubilaciones sobrevaloradas sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Requisitos cuestionados

A CONTINUACIÓN LAS CRÍTICAS POR LA INTERPRETACIÓN APLICADA POR EL PODER JUDICIAL.

Edad de jubilación: La interpretación aplicada por el Consejo Superior permitía reducir la edad de jubilación de 62 años hasta 55 años con la aplicación del beneficio conocido como 2×1. Este permite descontar un año de edad por cada dos años de servicio pero solo quienes tenían dos años de laborar en el Poder Judicial antes de 1992. La Auditoría detectó casos de jubilados con menos de 55 años.

Supén: Para la Supén el beneficio de 2×1 se aplicaba solo a quienes tenían como mínimo dos años de laborar en el Poder Judicial y 55 años cuando entró en vigencia la Ley Marco de Pensiones en 1992.

Auditoría: Para la Auditoría ley del Poder Judicial establece la edad de 62 años como requisito para jubilarse por el fondo de pensiones judiciales.

Tiempo laborado: La interpretación aplicada por el Consejo dicta como mínimo la obligación de 30 años de servicio para pensionarse

Supén y Auditoría. Ambas coinciden en que la ley dicta la necesidad de contar con 30 años o más de servicio para poder pensionarse.

Fuente: Informes de la Auditoría Judicial y Supén.

Modificaciones

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, reconoció que el Consejo Superior otorgó pensiones a empleados que no contaban ni con la edad ni años laborados para retirarse bajo los beneficios de la Ley Marco de Pensiones.

Confirmó que, el pasado 12 de octubre, se eliminó definitivamente la fórmula de cálculo de pensión cuestionado.

La interpretación permitía a quienes tenían al menos dos años de trabajar en el Poder Judicial, al entrar en vigencia la Ley Marco de Pensiones en 1992, jubilarse con los beneficios de esa norma.

“En la sesión extraordinaria del 12 de octubre recién pasado, dedicada de manera exclusiva a atender temas de Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el Consejo Superior acordó acoger el criterio emitido por la Auditoria Judicial en cuanto a la interpretación de dicha norma (ley marco)”, reconoció Romero.

Además, admitió que no cuentan con una estimación de la cantidad de pensiones sobrevaloradas otorgadas, ni del daño económico generado al Fondo.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se discuten varios proyectos de ley para reformar este régimen de pensiones. En una de estas se promueve imponer como pensión máxima ¢4,7 millones . Hoy el régimen carece de tope y hay jubilaciones mensuales de hasta ¢9 millones.

Hasta agosto anterior, el régimen de pensiones de la Corte tenía 3.621 jubilados y 12.871 empleados judiciales cotizantes.

El régimen de pensiones tenía acumulado, a dicho mes, una reserva de ¢415.495 millones, según los estados financiera del régimen de pensiones.

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NACIONAL | LEGISLADORES DE PAC Y PUSC TEMEN QUE REFORMAS A JUBILACIONES DE LUJO NO PASEN FILTRO DE SALA IV

Diputados: Corte pudo adelantar criterio en recorte a pensiones

Jerarca judicial dijo que exigir un aporte solidario del 50% es ‘inconstitucional’.

Magistrados, cuyas pensiones están bajo la lupa, decidirán futuro de rebajas.

Legisladores de PAC y PUSC temen que reformas a jubilaciones de lujo no pasen filtro de Sala IV.

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Ver Video “Presidenta de la Corte da criterio sobre aporte solidario en pensiones judiciales”: http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-Corte-adelantar-criterio-pensiones_0_1593240687.html Fuente: (LA NACIÓN)

Los diputados Franklin Corella, subjefe legislativo del PAC, y Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción del PUSC, consideran que la Corte Suprema de Justicia podría haber adelantado criterio, indebidamente, sobre los recortes a las pensiones de lujo.

La opinión de los legisladores surge ante las palabras de la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, quien a nombre de los 22 magistrados detalló las observaciones de la Corte Suprema de Justicia al plan de ley para reformar el régimen jubilatorio de ese supremo poder.

Villanueva se presentó dos veces, la semana pasada, ante la Comisión Especial sobre Reformas al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. En ambas ocasiones, aseguró que una contribución solidaria de hasta un 50%, sería una medida confiscatoria e inconstitucional.

Ese aporte solidario solamente lo tendrían que pagar las pensiones que sobrepasen un tope fijado por medio de una reforma legal, que para la Corte debe ser de ¢7 millones y para los trabajadores judiciales no mayor de ¢4,7 millones.

"La Corte considera, en su análisis y estudio, en las conversaciones que ha tenido, que la propuesta de hasta un 50% es confiscatoria e inconstitucional", aseguró Villanueva.

Esa posición incluye a los siete miembros de la Sala Constitucional que actualmente estudian cinco recursos de amparo de exdiputados y exministros, principalmente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), contra los recortes a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional aprobados en julio, en el Congreso.

Temores

El temor de los legisladores Corella y Vargas no solo radica en que esa opinión de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte en pleno podría tener efectos sobre la resolución de esos amparos, sino también sobre una eventual acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al régimen jubilatorio de ese poder.

Mientras el alto tribunal constitucional analiza los amparos de exlegisladores como Rolando Laclé y Danilo Chaverri, en el Congreso se debate la forma de reducir las pensiones judiciales, que llegan incluso a ¢9 millones.

"¿Qué pasa si se presenta una acción contra esta ley? ¿Quién resuelve? ¿Cómo resuelven? Y sobre todo, ¿qué va a suceder? Ya hay algunos exdiputados que presentaron acciones, fundamentándose en lo mismo que usted dijo, el concepto de confiscatorio sobre la contribución solidaria", le replicó Corella a Villanueva.

El subjefe del Partido Acción Ciudadana (PAC) enfatizó que, en el 2010, la Sala Constitucional falló en contra del tope que tenían las pensiones judiciales, que era el mismo monto del salario de los congresistas. Corella lanzó dudas sobre la posibilidad de que los que resolvieron en esa ocasión, se hayan beneficiado de esa ruptura del techo de la jubilación.

"Ustedes van a generar jurisprudencia. ¿Cuál va a ser el alcance de esa jurisprudencia?", insistió el legislador oficialista.

Por su parte, Gerardo Vargas lanzó una alarma en su perfil de Facebook: "Preocupante que esta posición sea un adelanto de criterio de casos por resolver y más preocupante que los señores magistrados terminen siendo juez y parte", enfatizó el legislador.

Villanueva negó que los magistrados que rompieran el tope se beneficiaran de ello.

La jerarca judicial instó a que se respete la decisión que, en su momento, tome la Sala Constitucional sobre los recortes a las pensiones de lujo.

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