Botar la Plata del “Erario” Público y Por “Ende” de Todos los “Costarricenses” Es,

¡Pensar en Construir una Jaula de Oro Para Albergar Pájaros de Cuentas!,

En Otras Palabras, Pensar en Construir la Torre (Edificio) Para la Asamblea Legislativa, Sabiendo Que, la “Torre para la Asamblea Legislativa excede el presupuesto en ¢13.500 millones”.

El “EDIFICIO COSTARÁ ¢54.500 MILLONES Y PRESUPUESTO ES DE ¢41.000 MILLONES”…

Ya Que, el “Costo se disparó con el segundo diseño contratado a firma de arquitectos.”…

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El segundo diseño de edificio para el Congreso contaría con 18 pisos y cuatro sótanos, según lo previsto por el arquitecto Javier Salinas. | CORTESÍA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Diseño y Contrato Que Nacieron “Viciados” Desde su “Gestación”.

Razón” Por la Cual, la “Contralora denuncia pago indebido de ¢385 millones por nuevo edificio de la Asamblea”.

“La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció que tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (¢385 millones) dentro del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. Se trata de los legisladores Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC), quienes integraron el primer Directorio de este periodo legislativo, que operó de mayo del 2014 a abril del 2015.”…

Misma” Razón Por la Cual “Exdirectorio deberá rendir cuentas sobre pago indebido por edificio legislativo”.

“Deberán comparecer ante el foro de Control de Ingreso y Gasto Público los legisladores Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana; Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana.”… 

Miembros del Directorio legislativo en el periodo 2014-2015.

Pero, ¡Aún Hay Más!,

¿Por Qué un Segundo Diseño Contratado A Firma de Arquitectos?

Porque el Primero “Igualmente” Nació “Viciado” Desde su “Gestación”.

La “Ministra de Cultura reitera rechazo a nuevo edificio del Congreso”.

“La ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, rechazó de nuevo el permiso para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en manos del arquitecto Javier Salinas. La jerarca tenía bajo estudio un recurso extraordinario de revisión presentado por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 presentado por el vocero del Banco de Costa Rica (BCR), Leonardo Acuña.

En el por tanto que Fonseca comunicó al Directorio legislativo esta tarde, informó que su decisión confirma en todos sus extremos la denegatoria para la supuesta intervención de edificios patrimoniales que, a criterio del Centro de Investigación y Protección del Patrimonio Arquitectónico, se verían afectados por la construcción del nuevo parlamento. "Por cuanto la ejecución de las obras se considera lesiva para estos", cierra la denegatoria de Fonseca.”…

Este es el diseño de una nueva Asamblea Legislativa que el Centro de Conservación del Patrimonio rechazó en definitiva en agosto del 2014.

Por lo Que, Ante el Deseo de Tener su Jaula de Oro los Pájaros de Cuenta “Idearon” un “Plan B”.

Plan B

“El diputado Jorge Rodríguez, segundo secretario del Directorio legislativo, dijo que ante la denegatoria de Fonseca, que ya la preveían, buscarán eludir la falta del permiso de Patrimonio por vía legal. "El presidente (Luis Guillermo Solís) sí está de acuerdo con la construcción del edificio, entonces vamos a pedirle que convoque el proyecto de ley para levantar esa prohibición", dijo Rodríguez.”…

Lo Que Habría Que “Preguntarse” Es.

¿Está Usted de “Acuerdo” Ciudadano “Soberano” Conque Se Gasten ¢54.500 MILLONES del “Erario” Público y Por “Ende” de Todos los “Costarricenses”?

¡En “Construirle” una Jaula de Oro!,

¡A los Pájaros de Cuenta de la Asamblea Legislativa!

¿Juzgue Usted?

 

 

NACIONAL | EDIFICIO COSTARÁ ¢54.500 MILLONES Y PRESUPUESTO ES DE ¢41.000 MILLONES

Torre para la Asamblea Legislativa excede el presupuesto en ¢13.500 millones

Costo se disparó con el segundo diseño contratado a firma de arquitectos.

Directorio evalúa si continúa; suspender plan implicaría gasto de ¢3.000 millones.

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El segundo diseño de edificio para el Congreso contaría con 18 pisos y cuatro sótanos, según lo previsto por el arquitecto Javier Salinas. | CORTESÍA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

El nuevo edificio para la Asamblea Legislativa le costaría al Estado cerca de ¢13.500 millones más de lo que pactaron el Banco de Costa Rica (BCR) y la administración del Congreso en el 2011, cuando firmaron el contrato de fideicomiso.

Así se desprende de un oficio remitido por Julio Cedeño Maglione, director de la empresa Novatecnia y gerente de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), al director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, en julio pasado.

En esa carta, Cedeño detalla que el costo aproximado del proyecto incluye el edificio principal (de 18 pisos y cuatro sótanos), los parqueos, plazas, mobiliario y equipo, así como imprevistos, servicios públicos, gastos financieros y comisiones.

A eso se le deben sumar los ¢2.795 millones que se destinarían a las obras de remodelación y rehabilitación de los edificios patrimoniales donde actualmente se ubica el parlamento.

Sin embargo, el contrato de fideicomiso firmado originalmente por el BCR y el Congreso establecía que los fondos para el proyecto del nuevo edificio legislativo eran de $76 millones (o sea, ¢41.000 millones).

El exceso en el costo, que ha sido fuertemente criticado por diputados como el libertario Otto Guevara en días recientes, deviene del segundo diseño para el edificio, ordenado por la administración legislativa y el Directorio liderado por Henry Mora, del PAC, en abril del 2015.

Ese diseño se adjudicó directamente al mismo arquitecto que realizó el primer diseño, fallido porque nunca logró un visto bueno del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC).

Según lo establecía el concurso que ganó Javier Salinas, en el 2013, el proyecto de nueva sede legislativa debía costar $60 millones, para lo cual el arquitecto diseñó dos edificios de 13 pisos que se interconectaban con una estructura por encima del inmueble actual y que recibió múltiples críticas y el bloqueo por parte de Patrimonio.

Salinas, encargado por el Directorio del 2014-2015 “por conveniencia” –según acta del Directorio 057-2015– hizo un nuevo diseño que mantiene el mismo costo solo para la edificación principal, más todos los costos ya indicados, hasta superar en ¢13.500 millones el presupuesto original.

Consultado por La Nación, Cedeño aseguró ayer que el monto definido por el fideicomiso solo era un costo “de referencia”. También criticó que se compare ese proyecto con el oficentro El Higuerón, como lo ha hecho Otto Guevara.

‘Sarcófago’. El libertario calificó el nuevo diseño, que tiene 80 metros de altura, como un “sarcófago”, con problemas de iluminación y ventilación. Añadió que no se puede pagar tanto por un edificio así para el Congreso, en una época de crisis fiscal.

El actual Directorio está analizando continuar con el proyecto, luego de que la contralora general de la República, Marta Acosta, señaló hace una semana que el fideicomiso administrado por el BCR le pagó, de forma indebida, ¢390 millones a Salinas.

De acuerdo con el presidente del Congreso, Antonio Álvarez, tienen que analizar la conveniencia de suspender todo el proyecto o continuarlo, pero luego de corregir los problemas de administración señalados por Acosta.

Si se suspendiera el plan, la Asamblea no tendría que pagar ninguna indemnización, pero sí cancelar los gastos en que ya incurrió, a junio de este año, el BCR. Estos ascienden a unos ¢3.000 millones, entre los diseños del anteproyecto y los planos constructivos hechos por Salinas.

El arquitecto adujo que él no tiene nada que ver con los costos, sino que estos son previstos por Cedeño y la UAP.

MÁS INFORMACIÓN

NACIONAL | NOTICIA

Exdirectorio deberá rendir cuentas sobre pago indebido por edificio legislativo

Deberán comparecer ante el foro de Control de Ingreso y Gasto Público los legisladores Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana; Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana.

Miembros del Directorio legislativo en el periodo 2014-2015.

Los tres integrantes del Directorio legislativo que gobernó el Congreso entre mayo del 2014 y abril del 2015 deberán comparecer ante la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, para explicar los pagos indebidos realizados al contratista del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea.

El jueves, ese foro parlamentario aprobó de forma unánime una moción para llamar a rendir cuentas a los diputados Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además, deberá ir a la audiencia el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, para explicar junto con los legisladores las razones de adoptar un acuerdo, el 27 de abril del 2015, que ordenó pagarle al contratista del proyecto, el abogado Javier Salinas Guerrero, un monto de casi $700 mil.

Así se desprende de la comparecencia de la contralora general de la República, Marta Acosta, quien el jueves denunció ante los diputados que ese pago fue indebido, pues ese monto (60% del pago por los planos de la obra) solo se debía cancelar si el contratista cumplía con el requisito de presentar todos los permisos respectivos para la construcción.

Sin embargo, Salinas no logró conseguir -en febrero del 2015- el permiso del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC). Aún así, en abril de ese mismo año, los legisladores al mando del Congreso y actuando en nombre de la Asamblea como fideicomitentes y fideicomisarios, aprobaron el acuerdo para que el mismo arquitecto, sin concurso, rediseñara la obra y que se le pagara el monto total de los primeros planos, sin haber cumplido con la reglamentación establecida.

En su presentación, la contralora explicó que envió un oficio al Directorio actual de la Asamblea Legislativa para cobrar ese dinero pagado de forma indebida y establecer las responsabilidades civiles por esos actos realizados por los congresistas Mora, Vásquez y Rodríguez.

Estos legisladores aseguraron el jueves, mediante comunicado de prensa -pues no aceptaron consultas directas- que pedían la creación de un órgano director para que haga un procedimiento administrativo y que siente las responsabilidades civiles.

"La decisión de replantear la propusta arquitectónica original para superar los obstáculos que se enfrentaban permitió solventar tanto el tema de patrimonio histórico como acelerar el avance del proyecto del edificio, pues la alternativa representaba enfrentar un litigio judicial que podía prolongarse por años y elevar considerablemente el costo total del edificio", justificaron en esa nota de prensa los parlamentarios.

Además de los diputados, también deberá asistir a comparecencia en el Congreso el Comité de Vigilancia, integrado por tres miembros, uno por el Banco de Costa Rica (fiduciario del proyecto), otro del Congreso y uno de la Unidad Administradora del Proyecto.

En cuanto a ese comité, la contralora Acosta aseguró que no fungió como debía y que, incluso, durante los meses más críticos del proyecto, entre febrero y mayo del 2015, ni siquiera se reunió.

Entre otros de los problemas señalados por la Contraloría, está la existencia de 24 contrataciones con múltiples irregularidades y problemas en el manejo del fideicomiso por parte del BCR, que también solicitó a la entidad bancaria atender de forma inmediata, para mejorar la situación administrativa del fideicomiso.

En cuanto a lo que le toca a la Contraloría, aún está en curso una investigación en su División Jurídica, con el fin de determinar eventuales irregularidades en la contratación de los segundos planos para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.

Además, envió informe de los recabado en torno a este proyecto al Ministerio Público, en cuyas manos hay una investigacióni contra los miembros del antiguo Directorio legislativo, luego de que se presentó una denuncia anónima.

NACIONAL | NOTICIA

Contralora denuncia pago indebido de ¢385 millones por nuevo edificio de la Asamblea

Marta Acosta ordena recuperar el dinero e investigar al Directorio legislativo del periodo 2014-2015.

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La Contralora Marta Acosta compareció este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Acosta cuestionó el pago que hizo el Directorio Legislativo relacionado con la construcción del nuevo edificio del Parlamento.

La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció que tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (¢385 millones) dentro del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.

Se trata de los legisladores Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC), quienes integraron el primer Directorio de este periodo legislativo, que operó de mayo del 2014 a abril del 2015.

Esta tarde, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la contralora denunció que, en abril del 2015, el Directorio ordenó al BCR girar al arquitecto contratado para la obra, Javier Salinas, el 60% del monto pactado por la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.

El problema, dijo Acosta, es que el reglamento del fideicomiso que administra el proyecto, desde el Banco de Costa Rica (BCR), establece que ese porcentaje solamente se debía girar si el arquitecto conseguía los permisos a satisfacción, lo cual no sucedió por la oposición del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC).

“El BCR pagó el equivalente al 60% restante del precio del contrato, a pesar de que en definitiva la denegatoria del permiso por parte del CICPC hacía imposible tener por cumplida la obligación del contratista y, al mismo tiempo, impedía la recepción a conformidad del objeto”, dijo la contralora.

El 40% restante ya se había pagado por la aceptación de los planos.

En agosto del 2014, la entonces ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, comunicó al Congreso que confirmaba el rechazo del CICPC por considerar que el edificio propuesto por Salinas, que se levantaba por encima del Congreso actual, era lesivo para los edificios patrimoniales a su alrededor.

El pago al contratista cuestionado por la contralora se acordó en la sesión 57-2015, del 27 de abril del 2015, donde además se estableció una modificación al contrato para rediseñar el proyecto del nuevo edificio legislativo, junto a un reconocimiento adicional al arquitecto Salinas.

Tal como consta en dicha acta y en la presentación de la contralora, ese pago adicional por modificación del diseño alcanzó $825.000 por honorarios, tiempos caídos y ampliación del contrato. Fue así como se elaboró una nueva propuesta de edificio que se levantaría, en forma de torre, en terrenos adquiridos al oeste del Congreso actual.

Este es el diseño de una nueva Asamblea Legislativa que el Centro de Conservación del Patrimonio rechazó en definitiva en agosto del 2014.

A tal punto llega la preocupación de la Contraloría que, en su criterio, con el pago de ese 60% se produjo una eventual afectación a la Hacienda pública y por eso le pidió al Directorio actual de la Asamblea Legislativa determinar las responsabilidades civiles por dicha orden, así como cobrarle al contratista ese dinero para retribuírselo al patrimonio público.

Después de la comparecencia de la contralora, los diputados cuestionados emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron como "apropiado" que se constituya un órgano director para que determine las responsabilidades civiles que correspondan.

Irregularidades.

La contralora habló también de una serie de irregularidades encontradas en el análisis de diferentes documentos que solicitaron a las unidades encargadas del proyecto, como el fiduciario (BCR), la unidad administradora del proyecto (UAP) y el fideicomisario y fideicomitente (ambas funciones en manos de la Asamblea Legislativa).

De hecho, de las 34 contrataciones por bienes y servicios que a la fecha se han realizado dentro del proyecto, 24 de ellas presentan irregularidades:

-En cuatro contrataciones directas  no constan documentos que las autoricen.

-Hay 13 contrataciones sin solicitud de materiales, bienes o servicios.

-Hay cuatro contrataciones sin términos de referencia conforme el reglamento, y tres sin evidencia del respectivo contrato.

Este es el segundo diseño que se propuso para la Asamblea Legislativa. (ASAMBLEA LEGISLATIIVA)

Por otra parte, el Comité de Vigilancia integrado por tres personas, una del Banco, otra de la Asamblea y otra externa, no cumplió a cabalidad con sus funciones, denunció la contralora, porque no habría participado en el análisis de los informes financieros ni de gestión de la iniciativa, no dio un seguimiento de temas críticos, ni se reunió durante cuatro meses (febrero a mayo del 2015), "a pesar de que en esas fechas se tomaron decisiones importantes para el desarrollo del proyecto".

Los diputados Mario Redondo (izq.), presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y Antonio Álvarez, presidente del Directorio Legislativo, escucharon la comparecencia de la contralora Marta Acosta.

Los diputados reaccionaron sumamente escandalizados por todas las situaciones denunciadas por la contralora, en particular porque, en un documento de la Unidad Administradora del Proyecto, se reevalúa el costo del nuevo edificio ya no en los $60 millones originales, sino en más de $100 millones.

Incluso, el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, leyó parte del acuerdo 50-2015, del Directorio legislativo, en que aceptó modificar el reglamento del fideicomiso para obviar el concurso para el nuevo diseño, luego de que el primero resultó fallido, por razones "de conveniencia".

En cuanto a los aspectos de esta segunda etapa, la contralora evitó referirse a profundidad, por dos razones: primero, porque hay una investigación preliminar en la Dirección Jurídica de la Contraloría sobre ese asunto, y segundo, porque el Ministerio Público está tras la pista de una denuncia contra el Directorio legislativo de Henry Mora, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez.

En su comunicado conjunto, los tres congresistas también celebraron que el actual Directorio tome las medidas que correspondan para solventar las debilidades administrativas cometidas en el manejo del fideicomisopara la construcción del edificio legislativo.

"Es importante señalar que el cobro efectuado por el contratista se acercaba casi a $1,5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000. Desde el 2011 este proyecto ha estado a cargo de un fideicomiso y está acompañado por una comisión interdisciplinaria de funcionarios legislativos que han asesorado y dado seguimiento a lo actuado", justificaron los legisladores.

NACIONAL | NOTICIA

Ministra de Cultura reitera rechazo a nuevo edificio del Congreso

Elizabeth Fonseca negó reconsiderar dictamen del Centro de Patrimonio.

Jorge Rodríguez, segundo secretario del Directorio, anuncia que usarán el plan B, eludir negatoria por vía de un proyecto de ley.

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Este es el diseño de una nueva Asamblea Legislativa que preocupa al Centro de Conservación del Patrimonio.

La ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, rechazó de nuevo el permiso para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en manos del arquitecto Javier Salinas.

La jerarca tenía bajo estudio un recurso extraordinario de revisión presentado por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 presentado por el vocero del Banco de Costa Rica (BCR), Leonardo Acuña.

En el por tanto que Fonseca comunicó al Directorio legislativo esta tarde, informó que su decisión confirma en todos sus extremos la denegatoria para la supuesta intervención de edificios patrimoniales que, a criterio del Centro de Investigación y Protección del Patrimonio Arquitectónico, se verían afectados por la construcción del nuevo parlamento.

"Por cuanto la ejecución de las obras se considera lesiva para estos", cierra la denegatoria de Fonseca.

El recurso de revisión lo pidió el BCR con base en un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el cual avalaron la construcción del gigante legislativo, por considerar que no afecta el paisaje patrimonial.

Plan B

El diputado Jorge Rodríguez, segundo secretario del Directorio legislativo, dijo que ante la denegatoria de Fonseca, que ya la preveían, buscarán eludir la falta del permiso de Patrimonio por vía legal.

"El presidente (Luis Guillermo Solís) sí está de acuerdo con la construcción del edificio, entonces vamos a pedirle que convoque el proyecto de ley para levantar esa prohibición", dijo Rodríguez.

El actual edificio del Congreso tuvo una orden sanitaria, del Ministerio de Salud, en el 2010.

El actual edificio del Congreso tuvo una orden sanitaria, del Ministerio de Salud, en el 2010.

El pronunciamiento de la ministra confirmó los oficios del 17 de febrero, el 26 de febrero y el 31 de marzo del 2014, las dos primeras del Centro de Patrimonio y la última del anterior jerarca de Cultura, donde se rechaza otorgar el permiso para la construcción.

Fonseca sigue, además, los pasos del exministro Manuel Obregón de no extender el permiso para la construcción de un nuevo Congreso.

Entre los argumentos que se dieron en esos documentos, se dijo que la construcción de un edificio de oficinas para los diputados, de 170 metros de largo, 25 de alto y 17 de ancho, opacaría tres edificios que son patrimonio.

Esas construcciones son el edificio legislativo principal, la Casa Rosada y el edificio Sión. Se incluye en la afectación el Castillo Azul, sede de la presidencia legislativa, aunque esta casa centenaria no ha sido declarada como patrimonio arquitectónico.

El diseño del arquitecto Javier Salinas implica un costo de $76 millones en obra nueva y $5 millones en restauración de las oficinas antiguas.

Se intentó conversar con la ministra Fonseca; sin embargo, no contestó su teléfono celular.

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