El Gobierno (No Todo) y la Oposición (No Toda), Dan un Pequeño Paso (Porque Se Queda Corto en Muchos Aspectos y Puntos a Recortar; Ver Tabla), Pero, ¡En el Sentido Correcto!, el “Gobierno y oposición impulsan límites a los pluses salariales”.

Ya Que, la “Propuesta aclara beneficios y fija topes a los porcentajes que se otorgarían.”…

Como Era de Esperarse, el “FA y bloques sindicales anuncian guerra contra plan de empleo público”.

“En particular, los frenteamplistas aseguran que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Gobierno traicionan a los empleados públicos, por impulsar un acuerdo con los opositores que implicaría, no solo una vía rápida para el plan sobre empleo público, sino también la vía rápida al proyecto para convertir el impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), con un incremento en la tasa que lo llevaría del 13% al 15%.”…

Y Es Que, Si Hablamos de Particulares, En Particular, Las Consecuencias de No Haber Aprobado Durante 3 Gobiernos Ninguna Propuesta o Proyecto Tendiente a Controlar y Rebajar Pluses Salariales Abusivos en el Sector Público, Ha Sido Que, los Gobiernos de “Arias, Chinchilla y Solís triplicaron la deuda del Gobierno Central”.

Las “Decisiones económicas y financieras tomadas en las administraciones de Óscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, triplicaron el monto de la deuda pública total (interna y externa) entre el 2006 y el 2016.

Desde el 2006, primer año del segundo gobierno de Arias –cuando el déficit fiscal era un 4% del producto interno bruto (PIB)–, la deuda del Gobierno Central pasó de ¢3,9 billones a ¢13,4 billones, para julio del 2016, año en que se estima que el déficit cerrará en 6%.”…

“Como porcentaje del PIB, el endeudamiento total del Gobierno pasó de representar un 33,6% en el 2006, a un 43,2% a julio del año en curso, un total de diez puntos porcentuales más en una década.

Entre año y año, las variaciones porcentuales más importantes que sufrió la deuda se presentaron en el 2010, cuando creció un 21,7% con respecto al 2009; en el 2012, año en el que aumentó un 25% en relación con el monto del 2011, y en el 2014, con un aumento del 18% en comparación con el 2013.”…

Esos saltos están relacionados con momentos históricos determinados.

Problema imparable (INFOGRAFÍA / LA NACIÓN)

Extraña e Irónicamente, el Gobierno (No Todo) y la Oposición (No Toda), Comprendieron Que, Traicionar a los Empleados Públicos, Es Impedir la Sostenibilidad del Régimen de Empleo Público; Así Como, Futuras Contrataciones, Con Tal De, Mantener Privilegios Salariales Abusivos, A los Que, Falsamente, La Otra Parte del Gobierno y la Otra Parte de la Oposición, Califican de, “Derechos Adquiridos”. Ver, Pluses Salariales, Resultados » Abajo.

¿Qué Hacer Entonces?

Aparte de Aprobar los Proyectos Actuales, Y Analizar Si Se Pueden Reducir Aún Más los Beneficios Salariales Abusivos. Cambiar Nuestras Políticas Públicas y Privadas de Empleo y Contratación. Volverlas Más Flexibles, Pero NO en el Sentido de Aumentar las Jornadas de Trabajo, Para Pagar Menos, Y Explotar Más la Jornada Laboral, Y al Trabajador. Hacerlo, En el Sentido De, Flexibilizar la Formalidad Para Privilegiar el Conocimiento y la Experiencia. Y Cuando, Por Juventud, Ésta No Se Tenga, Facilitar el Entrenamiento y la Capacitación Por Parte de la Empresa o Patrono, A Cambio de su Permanencia y Lealtad a Éstos.

Ver, Empleo Público, Resultados » Abajo.

 

NACIONAL | EJECUTIVO PUSO A CONSULTA PROYECTO QUE INCIDIRÍA SOBRE SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO

Gobierno y oposición impulsan límites a los pluses salariales

Propuesta aclara beneficios y fija topes a los porcentajes que se otorgarían.

Gobierno sugiere vía rápida a debate de este tema; al IVA y tributo a sociedades.

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Desde julio, llegaron grupos sindicales, como el Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco) al Congreso, para protestar contra los planes de empleo público.

El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales, desde el miércoles anterior, un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público.

El texto proviene del trabajo de la congresista Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN) junto con compañeros de distintos partidos y que integran la subcomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

En ese foro participaron la diputada Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Patricia Mora, del Frente Amplio.

Otros fueron invitados a tomar parte en la discusión, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (quien finalmente no asistió).

Aclaración y topes. En la propuesta, tanto el Ejecutivo como opositores al plan, proponen aclarar mejor los conceptos asociados a los diferentes pluses, como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, anualidades, disponibilidad, zonaje y cesantía.

En cuanto a dedicación exclusiva y prohibición, Piszk explicó que se tuvo que diferenciar claramente entre ambos y establecer que solo se pueden recibir luego de la firma de un contrato entre el empleado y la administración.

En ambos casos, el funcionario deberá aportar una certificación del colegio profesional respectivo, donde se indique que el empleado está en facultad de ejercer su profesión.

En ninguno de los dos casos se considerará un derecho adquirido y la administración respectiva no tendría obligación de renovar el contrato sobre ese plus, una vez que haya vencido su plazo.

En cuanto a las anualidades, deja por fuera a los empleados que tengan calificación de ‘bueno’ y solo se les daría a los ‘muy buenos’ y los ‘excelentes’: para los primeros, el porcentaje de la anualidad sería de un 1,94% y los segundos recibirían un 2,56%.

Reglas. Ante las grandes diferencias que actualmente existen sobre varios de los pluses, el proyecto establece cuáles instituciones públicas estarían obligadas a sujetarse a esta legislación.

Los tres poderes, sus órganos desconcentrados y auxiliares, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades serían alcanzadas por la iniciativa.

Quedarían fuera bancos, entidades públicas no estatales y empresas públicas en competencia, así como los empleados que estén en régimen de salario único.

Para el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, se trata de un buen texto, que ya pasó por correcciones desde que Piszk lo puso en conocimiento del Poder Ejecutivo, hace cerca de tres semanas.

“La posición del Gobierno es positiva, es un buen documento para iniciar la discusión”, dijo el viceministro, encargado de los asuntos legislativos.

Mora explicó que las vías para impulsar el proyecto en el Congreso serían: o como un nuevo texto al expediente 19.506, presentado originalmente por Piszk, o como dictamen de la subcomisión, con los cambios sugeridos.

Prohibiciones. En cuanto a los pluses prohibidos, la iniciativa legal destierra aquellos reconocimientos por discrecionalidad o confidencialidad de los empleados, así como un porcentaje por quinquenios.

tabla (TABLA)

Las convenciones colectivas también tendrían que ajustarse a nuevas reglas, como una vigencia máxima de cinco años y el vencimiento automático si no se quiere renegociar, además del cese de sus efectos si en un año no se ha logrado renegociar.

Piszk añadió que habría castigo para jerarcas institucionales o sindicales que, a propósito, atrasen las negociaciones para afectar una modificación de la convención colectiva respectiva.

Los pagos de años de cesantía, según la nueva propuesta, serán los establecidos en el Código de Trabajo, o sea, ocho; sin embargo, si a la entrada en vigencia de la normativa hay trabajadores que acumulan más por regímenes determinados, se les respetará ese derecho adquirido.

Ruta ligera. Antes de que saliera a consulta el plan sobre los beneficios adicionales a las remuneraciones, ya el Gobierno tenía en sus manos tres mociones de vía rápida: una sobre este plan de empleo público, otra sobre el impuesto al valor agregado y una más relacionada al tributo sobre las personas jurídicas.

Mientras que el Frente Amplio asegura que este “acuerdo” entre Gobierno y PLN va de la mano con la ruta expedita de tramitación de proyectos, el libertario Guevara manifestó que no apoya estas mociones, ya que él se opone a los impuestos.

Sin embargo, Guevara alabó la propuesta de Piszk.

Por otro lado, el demócrata cristiano Redondo confirmó que recibió la consulta relacionada al proyecto sobre pluses, pero no así las mociones de vía rápida para ese plan y los tributos.

Según el viceministro Mora, las mociones son prácticamente una copia de la utilizada para aprobar de forma rápida, en setiembre, el plan para mejorar la lucha contra fraude fiscal.

NACIONAL | NOTICIA

FA y bloques sindicales anuncian guerra contra plan de empleo público

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El Frente Amplio asegura que el Gobierno y el PAC traicionan a los empleados públicos, al querer revisar los pluses salariales.

Una vez consultados sobre el proyecto de ley para regular las remuneraciones adicionales al salario, los bloques sindicales y el partido Frente Amplio le anunciaron prácticamente la guerra a dicha discusión.

En particular, los frenteamplistas aseguran que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Gobierno traicionan a los empleados públicos, por impulsar un acuerdo con los opositores que implicaría, no solo una vía rápida para el plan sobre empleo público, sino también la vía rápida al proyecto para convertir el impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), con un incremento en la tasa que lo llevaría del 13% al 15%.

Aunque la diputada Patricia Mora ha sido parte de la subcomisión de Asuntos Sociales que ha estudiado el proyecto de la liberacionista Sandra Piszk desde que ella lo presentó, asegura que en ese foro conocen de su resistencia a ciertas de las proposiciones.

Mora indicó que fue Piszk quien, “en todo su derecho”, le envió el texto al Gobierno y este lo trabajó “sin la presencia del Frente Amplio”, para luego ponerlo en consulta con varias mociones de vía rápida, a las cuales ellos se oponen.

“No se le dará vía rápida a más impuestos. Hemos estado de acuerdo con IVA, si se mantiene en un 13%, siempre y cuando vaya junto con el proyecto para mejorar la recaudación y la fijación del impuesto sobre la renta, porque son esos grandes capitales los que no están pagando. Los pobres ya están pagando”, dijo.

En cuanto a los dos grandes bloques sindicales, a los que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, confirmó que se envió a consulta, también se oponen a todo lo que suene a “emplo público”.

Reacción sindical. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y vocero de Patria Justa, publicó un artículo el sábado en la página de ANEP, donde dice que el proyecto de Piszk está “satanizado” y que el déficit fiscal no es culpa de los funcionarios públicos.

En tanto, el Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco), que agrupa a sindicatos de la salud y del magisterio, insiste en una campaña contra todo lo que llaman “combo contra el empleo público” y contra dos diputados en particular: Otto Guevara, del Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata.

Ese bloque anunció, vía Facebook, que reforzó la campaña publicitaria contra las iniciativas para regular los abusos en las remuneraciones adicionales al salario de los empleados públicos, con vallas por todo el país.

NACIONAL | NOTICIA

Arias, Chinchilla y Solís triplicaron la deuda del Gobierno Central

Endeudamiento total pasó de ¢3,9 billones a ¢13,4 billones entre 2006 y 2016.

Los mayores crecimientos se dieron en el 2010, 2012 y el 2014.

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En 2017 se invertirá un 0,8% del presupuesto en obra pública mientras que el servicio de la deuda será el 33% del plan de gasto.

Decisiones económicas y financieras tomadas en las administraciones de Óscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, triplicaron el monto de la deuda pública total (interna y externa) entre el 2006 y el 2016.

Desde el 2006, primer año del segundo gobierno de Arias –cuando el déficit fiscal era un 4% del producto interno bruto (PIB)–, la deuda del Gobierno Central pasó de ¢3,9 billones a ¢13,4 billones, para julio del 2016, año en que se estima que el déficit cerrará en 6%.

Las cifras del incremento en ese endeudamiento las arrojó un cálculo de La Nación con variables como el PIB, el gasto devengado (real) del Gobierno Central y el déficit, proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica en sus páginas web; los datos se calcularon en colones de hoy, de acuerdo con la inflación, para compararlos.

Como porcentaje del PIB, el endeudamiento total del Gobierno pasó de representar un 33,6% en el 2006, a un 43,2% a julio del año en curso, un total de diez puntos porcentuales más en una década.

Entre año y año, las variaciones porcentuales más importantes que sufrió la deuda se presentaron en el 2010, cuando creció un 21,7% con respecto al 2009; en el 2012, año en el que aumentó un 25% en relación con el monto del 2011, y en el 2014, con un aumento del 18% en comparación con el 2013.

Esos saltos están relacionados con momentos históricos determinados.

Problema imparable (INFOGRAFÍA / LA NACIÓN)

Políticas de gasto. Así, el brinco del 2010 coincide con el cierre de la administración Arias, cuando se desencadenaron una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica elPlan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial del 2008.

En el 2012, el disparo porcentual de la deuda coincidió con la primera de cuatro emisiones de $1.000 millones, cada una, de títulos valores conocidos como “eurobonos”, instrumento que Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa.

En tanto, el aumento porcentual del 2014 coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en “eurobonos” y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ¢62.000 millones.

Al poner el gasto real del Gobierno Central en el 2015, que fue de ¢5,8 billones (de un total presupuestado de ¢7,9 billones), frente a la deuda acumulada hasta ese periodo (¢12 billones), esta superó el gasto devengado más de dos veces: en un 206,9%.

En el presupuesto del 2017, presentado hace dos semanas por Hacienda, el servicio de la deuda se come un 33% del plan de gastos por ¢8,9 billones.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, reconoció que ese componente del presupuesto es el que más crece. “Representa casi el costo de mantener en operación otro gobierno”, afirmó.

La Nación solicitó una entrevista con el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, pero el viernes pasado se indicó que no estaba disponible para atender la consulta.

Édgar Ayales, quien fue ministro de Hacienda en los últimos dos años del gobierno de Chinchilla, calificó como “preocupante” el incremento que la deuda tuvo en la última década y señaló que la relación con respecto al PIB superaría el 52% a finales del 2016.

“En el periodo presidencial anterior y en el actual ha habido un alto endeudamiento porque no hemos sido capaces de resolver el problema de las finanzas públicas. Esto se empezó a deteriorar en el 2008, cuando la deuda era el 24% del PIB y ya en el 2016 será de un 52%; es decir, se duplicó”, manifestó Ayales.

Perspectivas. Los diputados Antonio Álvarez (Liberación Nacional) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), miembros de la alianza opositora que controla el Congreso, creen que la solución al problema de la creciente deuda pasa porque el Gobierno fije una posición a favor de la reforma al empleo público que se discute en el legislativo.

Las propuestas planteadas intentan reducir privilegios como las anualidades.

De esta forma, según Álvarez, se quitaría del camino el obstáculo que impide discutir los proyectos de reforma tributaria que impulsa Luis Guillermo Solís para reducir el déficit en un 3,5% del PIB por la vía de los ingresos.

 

Pluses Salariales

Resultados » Abajo

Propuesta de la CCSS Para Quitar Pluses Salariales Es ¡Una Farsa!

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