Tristemente, ¡Muy Tristemente!, la Planta Hidroeléctrica Desarrollada Por el ICE y Jasec, Destapa la Corrupción y la Especulación Interna Que Existen, Tanto Dentro del ICE Jasec, Como Dentro de la Administración Pública del Estado Costarricense, Principalmente, En Cuanto A, Expropiaciones y Valoraciones de Terrenos y Propiedades Públicas Por Parte del Estado, O de Sus Empresas y Ministerios Como el ICE y el MOPT.

A los Hechos Me Refiero, “Hidroeléctrica Toro III costó $78 millones más de lo previsto”.

El “Presupuesto de planta pasó de $110 millones a $188 millones en cuatro años.”…

En Otras Palabras, ($78 millones/$110 millones x 100%) = 70,9% ¡No un 40% más!, ¡Como Señala el Reportaje!

“La planta hidroeléctrica Toro III, en Venecia de San Carlos, le costó al país $78 millones (casi ¢44.000 millones) más de lo previsto. En cuestión de cuatro años, el presupuesto creció un 40%.”…

Es Decir, “En Cuestión de Cuatro Años, el Presupuesto Creció un 70%.”

No 40% ¡Como Señala el Reportaje!

El ICE y Jasec, “Atribuyen la mayor parte de esos $67 millones, unos $36 millones, a la demora de tres años en la adquisición de tierras, aunque no tienen datos exactos.”…

“Se trata de atrasos en las expropiaciones de terrenos requeridos para la obra, un alza en los precios de los materiales y los efectos del terremoto de Cinchona, el 8 de enero del 2009.”…

Entonces, De Acuerdo a lo Que Manifiesta el Propio ICE y Jasec, Podríamos Decir Que, ($36 millones/$67 millones x 100%) = 53,7% Del Presupuesto Extra Fue Debido al Aumento del Valor de los Terrenos Que Faltaban Por Expropiar.

¡Producto de la Especulación de los Interesados!

 Y ¡De la Falta de Previsión y Atención Temprana de las Autoridades Administrativas de Gobierno!

¡Llámese ICE, Llámese Banca, Llámese Tribunales, Llámese Contraloría!

Pero También, el  “ICE y Jasec alegan pago de intereses, alza en materiales y daños por terremoto.”…

“Las empresas públicas presumen que, a causa del atraso, debieron incurrir en gastos extra en rubros como el pago de personal administrativo y de intereses bancarios, así como el efecto de la apreciación del colón que se registró en ese periodo, pues el proyecto estaba financiado mediante un fideicomiso en dólares.”…

Irónicamente, en Otro Reportaje Titulado, “Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para planta hidroeléctrica Toro III”.

Si Se Detalla, el ¿Por Qué? del ¡Verdadero Aumento de Costos!

El “ICE y Jasec cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25,6 millones.”…

“En cuanto a los otros dos “eventos sobresalientes”, las entidades estiman en $22 millones el aumento en las materias primas y en $9 millones los efectos del terremoto de Cinchona. Con esos rubros, el precio sube a $204 millones.”…

De Quienes Son los Que Verdaderamente Pagamos los Costos Financieros del ICE y Jasec Con el BCR.

El “Monto se incluyó en arrendamiento al BCR que se paga con tarifas eléctricas.”…

“El incremento total en el costo del proyecto es mayor si se incluyen los $16 millones extra que se desembolsaron por concepto de costos financieros del fideicomiso del BCR y de la unidad ejecutora nombrada por este.”…

Y De ¿Por Qué el Valor (Ficticio) Subió?

El “Instituto alega que valor subió porque le cargó otra serie de costos del proyecto.”…

“Sin datos exactos, dicen que el mayor aumento se debió a lío con expropiaciones.”…

Así las Cosas, Tal Parece Que, Entre la Burocracia y el Chorizo Inter-Institucional, los Usuarios y Abonados Estamos Atrapados.

¿Habrá Algo Que Se Pueda Hacer?

Afortunadamente, ¡Sí!

Irónicamente, la Solución Proviene de Otra Institución Pública, Ícono de Corrupción Por Favorecer Abiertamente la Contratación de Empresas Constructoras Privadas Que Casualmente Inflan Precios y Elevan Costos, Gracias a la Complicidad de Otras Instituciones del Estado Y a Situaciones Como las Que Mencionábamos, el “MOPT plantea fijar plazo a jueces para expropiar terrenos”.

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) envió, este mes, al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Expropiaciones.

La propuesta plantea modificaciones a los artículos 31 y 32 de esa legislación, para agilizar la compra de terrenos, con el fin de construir carreteras y otras obras públicas.

Mauricio González, ministro de Reformas y Proyectos del MOPT, explicó que desean establecer a los jueces un plazo de cinco días hábiles para conocer los expedientes de expropiación y nombrar un perito para el avalúo de la propiedad.

En la actualidad, no existe un límite de tiempo para que los jueces completen ese paso.”…

“Además, el planteamiento del Ministerio pretende eliminar la posibilidad de que el juez frene el proceso, mientras se define un precio justo.

González señaló que la intención es que en todos se habilite la posesión del terreno y, luego, se defina, entre las partes, el monto por cancelar.

El plan también establece un único plazo de un mes para desalojos de inmuebles, a partir del inicio del proceso judicial. La ley vigente indica que el desahucio puede ejecutarse en 15 días hábiles, en el caso de comercios, y un mes para las residencias.

“El perito tendría un mes para hacer el avalúo. ¿Por qué?, porque lo que se está proponiendo es que la Administración entre en posesión automática cuando venza el plazo fijado para el desalojo”, agregó el viceministro.”…

Así las Cosas, lo Más Triste e Irónico Es Que, Mientras el MOPT Parece Querer Dar Muestra De Un Verdadero Cambio Para Evitar y Destronar la Corrupción Que lo Ha Caracterizado Desde Que el Neoliberalismo de Gobierno Creo el CONAVI.

El ICE Parece Estar Haciendo lo Contrario. Y Avanza Decididamente Hacia el Modelo de Corrupción Institucional Interno Que El MOPT Quiere Abandonar.

 

NACIONAL | PRESUPUESTO DE PLANTA PASÓ DE $110 MILLONES A $188 MILLONES EN CUATRO AÑOS

Hidroeléctrica Toro III costó $78 millones más de lo previsto

Presupuesto de planta pasó de $110 millones a $188 millones en cuatro años.

ICE y Jasec alegan pago de intereses, alza en materiales y daños por terremoto.

Sin datos exactos, dicen que el mayor aumento se debió a lío con expropiaciones.

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La planta hidroeléctrica Toro III, en Venecia de San Carlos, tiene capacidad para abastecer con electricidad a 60.000 viviendas.

La planta hidroeléctrica Toro III, en Venecia de San Carlos, le costó al país $78 millones (casi ¢44.000 millones) más de lo previsto. En cuestión de cuatro años, el presupuesto creció un 40%.

En el 2008, el ICE y Jasec estimaron que la obra costaría $110 millones (¢61.000 millones), según consta en un borrador del contrato de construcción, del cual La Nación tiene copia.

Sin embargo, la obra de 46 megavatios de potencia, construida por ambas entidades públicas, terminó costando $188 millones (¢105.000 millones) en el 2012.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) alegan que el costo de la hidroeléctrica aumentó, al menos en $67 millones, debido a tres “eventos sobresalientes” que no enfrentaron en el desarrollo de otros proyectos energéticos.

Un 40% de más. (INFOGRAFÍA)

Se trata de atrasos en las expropiaciones de terrenos requeridos para la obra, un alza en los precios de los materiales y los efectos del terremoto de Cinchona, el 8 de enero del 2009.

Atribuyen la mayor parte de esos $67 millones, unos $36 millones, a la demora de tres años en la adquisición de tierras, aunque no tienen datos exactos.

Alegatos. Las empresas públicas presumen que, a causa del atraso, debieron incurrir en gastos extra en rubros como el pago de personal administrativo y de intereses bancarios, así como el efecto de la apreciación del colón que se registró en ese periodo, pues el proyecto estaba financiado mediante un fideicomiso en dólares.

“Tiene que ver el costo financiero de haber autofinanciado la alianza (…). Eso tuvo un costo bastante importante, el costo de extender el plazo del proyecto significa tener personal administrativo, eso también golpeó, y finalmente golpea otro rubro, que fue el hecho de que el colón se apreció, entonces teníamos un financiamiento que lo llevábamos en dólares y por cada dólar teníamos menos colones, entonces, eso también nos golpeó ese prepuesto”, declaró el director del proyecto, Rafael Ugalde.

La alianza no pudo avanzar en obras como la casa de máquinas mientras no se resolvieran los 21 procesos judiciales que tuvieron que enfrentar para tomar posesión de algunos terrenos.

Por los terrenos, el ICE y Jasec tuvieron que enfrentar procesos en el Tribunal Contencioso Administrativo, en el Juzgado Notarial, en el Ministerio Público, el Tribunal Registral Administrativo y en la Sala Constitucional.

Incluso, en sede judicial no solo enfrentaron procesos relacionados con las expropiaciones, sino que también se abrió un debate sobre la potestad o no del Estado para excavar el subsuelo de terrenos privados.

No obstante, el ICE admite que el costo del atraso es una estimación, ya que no hay un cálculo de factura por factura.

“La mayor duración debido a ese problema con los propietarios tiene impactos muy fuertes que si uno quisiera cuantificarlos podrían llegar a $36 millones, no es que hay una lista de facturas, pero si uno cuantifica los impactos podría pensar en $36 millones. Es una valoración, o sea, el proyecto nos costó $188 millones, es un proyecto que produce a un costo competitivo, pero volviendo a ver para atrás, si en lugar de haber tardado todos estos años, eso habría significado costos menores”, declaró Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE.

Los $36 millones incluyen los intereses y costos adicionales de los préstamos a corto plazo que el ICE y Jasec debieron suscribir, para financiar la obra, mientras entraba en operación el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), el cual se encargaría de captar los recursos.

Las instituciones públicas no pudieron utilizar la figura del fideicomiso desde el inicio, pues la Contraloría General de la República no lo permitió hasta que no tuvieran el derecho de posesión de los terrenos.

Ante esa situación, debieron cubrir una gran cantidad de las obras con recursos propios y otros bancos para no paralizar la obra. Fue después, en el 2012, que el BCR les reembolsó el dinero, tras la entrada en operación del fideicomiso, a finales de 2010.

El ICE también carga, en el monto estimado del atraso, el hecho de haber tenido que desviar a Toro III dinero asignado a otros proyectos eléctricos, que se vieron atrasados o paralizados.

“En vista de la situación, para evitar el colapso del proyecto, fue necesario continuar la construcción buscando otros recursos en forma transitoria. Los socios del proyecto se vieron forzados a acudir a montos de caja que se generaron atrasando o reduciendo otras obras y mediante la suscripción de financiamientos de corto plazo a manera de créditos puente”, expresó Orozco.

En cuanto a los otros dos “eventos sobresalientes”, las entidades estiman en $22 millones el aumento en las materias primas y en $9 millones los efectos del terremoto de Cinchona.

El incremento total en el costo del proyecto es mayor si se incluyen los $16 millones extra que se desembolsaron por concepto de costos financieros del fideicomiso del BCR y de la unidad ejecutora nombrada por este. Con esos rubros, el precio sube a $204 millones.

“Es un proyecto que nos da energía a un costo promedio como de $0,13, $130 por megavatio hora. Es un precio equivalente a lo que estamos pagando por los proyectos hidroeléctricos, es exactamente el mismo costo. Sí podemos asegurar que el proyecto es competitivo, logramos ese proyecto competitivo a pesar de eventos muy muy particulares, es decir, que sino hubiéramos tenido esos eventos, el usuario habría disfrutado aún mejores condiciones”, dijo Orozco.

El sobrecosto en Toro III, el cual entró en operaciones en abril del 2013, es pagado mes a mes por los usuarios en su factura eléctrica, pues en las tarifas se incluyó el arrendamiento de $1,6 millones mensuales que el ICE y Jasec pagan al BCR por utilizar esa planta.

Esa entidad bancaria administra el fideicomiso con que se financió ese proyecto, luego de que el ICE suscribiera una alianza con Jasec, en el año 2006.

Toro III tiene capacidad para abastecer a 60.000 viviendas.

 

NACIONAL | NOTICIA

Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para planta hidroeléctrica Toro III

ICE y Jasec cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25,6 millones.

Monto se incluyó en arrendamiento al BCR que se paga con tarifas eléctricas.

Instituto alega que valor subió porque le cargó otra serie de costos del proyecto.

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En 2007, inició la construcción de la hidroeléctrica Toro III, en Venecia de San Carlos, que aprovecha las aguas del río Toro. La planta opera desde abril del 2013.

Mes a mes, al cancelar sus facturas de electricidad, los usuarios de este servicio le pagan al ICE y a Jasec más de $41 millones por un equipo que en realidad costó $25,6 millones.

Se trata de las turbinas, generadores, transformadores y el equipo de control del Proyecto Hidroeléctrico Toro III, en Venecia de San Carlos, que aprovecha las aguas del río Toro.

Esta obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), mediante un fideicomiso administrado en el Banco de Costa Rica (BCR).

Mapa de ubicación Toro 3. (WILLIAM SÁNCHEZ)

El fideicomiso empezó a operar en setiembre del 2010, con el objetivo de administrar la construcción y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual es cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.

Sin embargo, el ICE y Jasec empezaron a desarrollar ciertas obras antes de que entrara en escena la figura bancaria en el BCR. Una de esas fue la colocación de los equipos de la casa de máquinas, donde el paso del agua se convierte en electricidad.

Entre el 2008 y el 2009, Jasec pagó $23,9 millones a tres empresas europeas por las turbinas, los generadores y transformadores del Toro III. El precio quedó pactado en dos licitaciones públicas que ganaron las firmas Litostroj Power d.o.o., de Eslovenia ($11,5 millones), Koncar Inzerjering Za Energetiku I Transport d.d., de Croacia ($10,5 millones), y Efacec, de Portugal ($1,9 millones). Así consta en los contratos, de los cuales este medio tiene copia.

Además, en 2011, mediante una licitación abreviada, el ICE adquirió el equipo de control de la casa de máquinas a la compañía alemana Siemens, a la cual le pagó $1,7 millones; es decir, que el equipo turbogenerador costó $25,6 millones.

La Junta de Cartago compró el equipo con un préstamo de $25 millones del Banco Scotiabank, para el cual el ICE tuvo que extenderle un aval de garantía por $30 millones; de lo contrario no habría obtenido el financiamiento.

Jasec recurrió a un crédito porque la Contraloría General de la República no permitió a las dos empresas públicas utilizar la figura del fideicomiso mientras no consiguieran el derecho de posesión de las tierras donde se construyó Toro III. En consecuencia, debieron costear casi la totalidad de los gastos del proyecto por sus propios medios.

No obstante, menos de tres años después, cuando empezó a operar el fideicomiso bancario, el ICE y Jasec reportaron el costo de las turbinas, los generadores, los transformadores y el equipo de control en $41 millones, aunque habían pagado $25,6 millones.

Así lo incluyeron en el contrato de construcción de la obra que el ICE firmó con el BCR, en enero del 2012, por un monto de $188 millones.

La diferencia de $15,4 millones ya la pagan los usuarios en las tarifas eléctricas, al igual que el resto de la obra.

El director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, Javier Orozco, reconoció que los incrementos sobre el costo original del proyecto fueron incluidos dentro del arrendamiento de $1,6 millones que, mes a mes, el Instituto y Jasec le pagan al BCR.

Esos pagos, a su vez, son reportados como gasto a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual los incluye en las tarifas de electricidad.

La razón de ese aumento no pudo ser explicada a La Nación por ninguna de las dos entidades en una entrevista de casi hora y media, el miércoles pasado.

En la cita en las oficinas centrales del ICE, Sabana Norte, además de Orozco, estuvo el director del Proyecto Toro III, Rafael Ugalde, y los abogados Erick Picado y Óscar Gerardo Arias, del ICE y Jasec, respectivamente.

Los hechos. Inicialmente, Ugalde alegó que en los $41 millones con que al final se registró el costo del equipo turbogenerador no solo se incluyó la compra de las turbinas, válvulas y generadores, sino que había que sumarle el valor de los equipos auxiliares y otros sistemas, como la alarma contra incendios y los altavoces.

“El equipo no valía $22 millones, eso valía la turbina y el generador. Eso requiere de un control, requiere de equipos auxiliares, grúas, transformadores, del sistema contra incendios, del sistema de alarmas, del sistema de humos, los altavoces. Nada de eso es parte de ese equipo de generación”, dijo el director del Proyecto Toro III.

Empero, los equipos auxiliares ya venían incluidos en las licitaciones adjudicadas a las empresas europeas.

Además, algunos de los otros equipos que mencionó Orozco aparecen cobrados por aparte dentro de los casi $72 millones que costó la casa de máquinas de Toro III. Tal es el caso del sistema contra incendios. Ese detalle aparece en el anexo del contrato de construcción, donde se detalla el precio de las obras, del cual La Nación también tiene copia.

Posteriormente, cuando se refutó esa versión, el funcionario dijo que no recordaba el detalle de esos $41 millones y que enviaría a este medio un desglose millón por millón.

“Podemos dar un detalle de esos $41 millones. Voy a revisar; vamos a ver cómo fue que lo planteó el fideicomiso (…). Vamos a revisar eso para ver cómo era que se había estructurado, porque, sinceramente, le confieso que no recuerdo bien. Sí recuerdo que el monto era alto”, dijo Orozco.

El abogado del ICE, Erick Picado, intercedió en su defensa y argumentó que esa información la tenía que dar el BCR como fiduciario, a pesar de que el ICE fungió en este proyecto como constructor.

“En todo caso, eso lo tiene que responder quien administró, que es el fideicomiso”, alegó Picado.

Por su parte, el abogado de Jasec no adujo nada.

El pasado viernes, Javier Orozco envió, mediante un correo electrónico, el detalle de los $41 millones reportados en el contrato de construcción.

Ahí arguyó que, de esa suma, $28,7 millones corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12,4 millones, a “costos distribuibles del proyecto”, que no forman parte del equipo turbogenerador.

Tal es el caso de las escombreras, la gestión socioambiental, la construcción de caminos de acceso, el levantamiento de campamentos, la contratación de personal de apoyo, el transporte de equipo y personal, los servicios de ingeniería y la electricidad.

“El monto total que debía cancelar el fideicomiso al ICE en su papel de ejecutor de las obras se dividió en líneas o renglones de pago. Estos renglones sirven para estructurar la programación de los pagos, asociándolos al avance físico de algunas obras o hitos constructivos. El 100% del costo del proyecto debe ser distribuido entre los renglones de pago que se escogieron contractualmente”.

”Parte de los costos que conforman un proyecto, por ser compartidos entre varias obras o por estar presentes a lo largo de gran parte del desarrollo del proyecto, no son pagados al contratista a través de un renglón de pago específico, porque es más práctico y eficiente distribuirlos entre los renglones que sí se consideran importantes para estructurar los pagos”, afirmó Orozco.

 

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NACIONAL | ENVÍA A CONGRESO PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY

MOPT plantea fijar plazo a jueces para expropiar terrenos

Ministerio quiere que juzgado conozca solicitudes en no más de cinco días.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes desalojó terrenos en el llamado Triángulo de Solidaridad en Calle Blancos, Goicoechea. Por allí se construirá el tramo norte de la carretera de Circunvalación. Al proyecto le resta la expropiación de otros terrenos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) envió, este mes, al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Expropiaciones.

La propuesta plantea modificaciones a los artículos 31 y 32 de esa legislación, para agilizar la compra de terrenos, con el fin de construir carreteras y otras obras públicas.

Mauricio González, ministro de Reformas y Proyectos del MOPT, explicó que desean establecer a los jueces un plazo de cinco días hábiles para conocer los expedientes de expropiación y nombrar un perito para el avalúo de la propiedad.

En la actualidad, no existe un límite de tiempo para que los jueces completen ese paso.

La intervención judicial en la adquisición de lotes se realiza cuando el propietario y el Estado no llegan a un acuerdo sobre el precio del inmueble.

La resolución de estos casos en la vía legal puede tardar varios meses o hasta años, lo cual atrasa la ejecución de vías y encarece las obras.

Además, el planteamiento del Ministerio pretende eliminar la posibilidad de que el juez frene el proceso, mientras se define un precio justo.

González señaló que la intención es que en todos se habilite la posesión del terreno y, luego, se defina, entre las partes, el monto por cancelar.

El plan también establece un único plazo de un mes para desalojos de inmuebles, a partir del inicio del proceso judicial. La ley vigente indica que el desahucio puede ejecutarse en 15 días hábiles, en el caso de comercios, y un mes para las residencias.

“El perito tendría un mes para hacer el avalúo. ¿Por qué?, porque lo que se está proponiendo es que la Administración entre en posesión automática cuando venza el plazo fijado para el desalojo”, agregó el viceministro.

La reforma fue ingresada a la Asamblea Legislativa con el expediente 20.062.

Carlos Villalta, titular del MOPT, afirmó que estos cambios son clave para agilizar la construcción de obra pública.

Por ejemplo, la inauguración del viaducto de Paso Ancho, en la vía de Circunvalación, se aplazó por 10 meses por contratiempos con la compra de espacios privados para la carretera. Estos atrasos provocaron un encarecimiento de ¢324 millones.

Al igual que este proyecto, otros como Circunvalación Norte y Sifón-La Abundancia, también sufren problemas con las expropiaciones.

Entre la fase administrativa y la judicial existen 13 etapas diferentes, antes de lograr el traspaso de un inmueble a manos del MOPT. La Dirección de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT dispone de 30 funcionarios y deberían ser 34.

El Poder Ejecutivo espera convocar el proyecto en las sesiones extraordinarias, que van del 1.° de diciembre al 30 de abril.

 

ECONOMÍA | DENUNCIA PREVINO DE RELACIÓN CON FIRMA PANAMEÑA QUE SE HABRÍA USADO PARA SIMULAR EXPORTACIÓN

Hacienda recibió alerta sobre anomalías con Yanber en 2011

ÓSCAR RODRÍGUEZ A.

El Ministerio de Hacienda recibió la alerta, desde diciembre del 2011, sobre la relación anómala entre la Corporación Yanber y la firma panameña Interplastic Industries Corporation.

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