El Agua Es un Derecho Humano, No un Bien Comercial o Empresarial.

Por Eso, Extraña Sobremanera Que en el “Texto base proyecto de Ley 17.722”.

O Proyecto de la Nueva Ley de Aguas, Se Redactara Originalmente. 

“Que el agua sería un “derecho humano, en calidad y cantidad que debe preservarse para las futuras generaciones.”…

Pero, en “el proyecto de Ley dictaminado y aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa”, Se Redacta.

“Que el agua será un “bien económico”, todo lo contrario a lo que los costarricenses firmaron para apoyar.”…

“Los abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el cual es un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones.”…

Y lo Mismo Ocurre en Diferentes Párrafos del Artículo 2. – Principios generales.

Cuya Redacción Original Fue Cambiada en el Proyecto de Ley dictaminado y Aprobado en Primer Debate por la Asamblea Legislativa Actual.

Ver los Cambios de Relevancia Efectuados en el Cuadro Abajo.

Fuente: “Cómo miles de costarricenses fueron engañados con el proyecto de la nueva Ley de Aguas

La “mentira escrita acerca de ciertas condiciones que se enumeran en los varios supuestos punibles.”… Es un Delito, “Punible”. Es, “Falsedad Ideológica”.

¡Bien Harían los Diputados Que Dictaminaron el Proyecto de Ley Aprobado en Primer Debate! En ¡RECORDARLO!  

¡La Falsedad Ideológica Es un Delito Punible!

Y Sí No Quieren Recordarlo. ¡Ahí Está el Pueblo Que Firmó Para Recordárselos!

Y los Que No lo Hicieron (Firmar), Pero Que Igualmente Se Sienten Engañados (Por No Decir Indignados), También.

“Sepamos Ser Libres, No Siervos Menguados. Derechos Sagrados la Patria Nos Da” (Himno Patriótico del 15 de Septiembre)

Himno Patriótico al 15 de Setiembre [con letra] – YouTube

Video de sepamos ser libres no siervos menguados▶ 3:05

Sepamos ser libres no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da…

 

 

Cómo miles de costarricenses fueron engañados con el proyecto de la nueva Ley de Aguas

El futuro

El futuro del proyecto de Ley de iniciativa popular sobre la nueva Ley de Aguas podría conocerse a partir de esta semana.

San José, 18 jul (elmundo.cr) – ¿Recuerda haber puesto a inicios del año 2010 su firma a una hoja, luego de que alguna persona le explicara que el fin de la misma era apoyar un proyecto de Ley para proteger el agua? Si es así, usted podría ser uno de los 170.000 costarricenses que fueron engañados.

Los diputados se dispondrán a partir de este lunes, intentar aprobar en segundo debate el proyecto para la nueva Ley de Aguas, que se introdujo al Congreso mediante el mecanismo de iniciativa popular.

El proyecto, que surgió como un intento por aplacar los miedos que existían en ese entonces de que el agua fuera privatizada, tras el gane del “sí” en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), no es ni de cerca lo que se presentó con el respaldo de miles de costarricenses.

EL MUNDO hace un repaso por el procedimiento que ha seguido este proyecto que pronto podría convertirse en Ley de la República y expondrá los cambios que le fueron hechos que inclusive han llevado a los magistrados de la Sala Constitucional, a emitir cuestionamientos por el texto actual.

LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Cuando las firmas empezaron a ser recolectadas, el proyecto de Ley no existía. La hoja, similar, pero a la vez diferente a la que autoriza el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recolección de firmas previo a un referéndum, simplemente traía un encabezado que textualmente decía:

“Los abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el cual es un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.

La recolección de firmas para el proyecto, antes de que este siquiera exista es algo que permite la Ley de Iniciativa Popular; a diferencia de la recolección de firmas para un referéndum, donde en este caso el proyecto ya ha sido presentado al Congreso y recibe revisiones tanto del Departamento de Servicios Técnicos como del propio Tribunal Supremo de Elecciones.

No fue sino hasta que las firmas estaban completas que el proyecto de Ley se redactó y se presentó ante la Asamblea Legislativa. No importaba lo que el proyecto dijera, pues este ya llevaba el respaldo de más de 150.000 costarricenses.

EL PROYECTO DE LEY

La Asamblea Legislativa conserva los textos originales de los proyectos de Ley, así como las distintas modificaciones que se le hacen con el paso del tiempo en los distintos órganos legislativos.

Esto permite a EL MUNDO ver cómo el texto original que establecía que el agua sería un “derecho humano, en calidad y cantidad que debe preservarse para las futuras generaciones”, pasó a decir que el agua será un “bien económico”, todo lo contrario a lo que los costarricenses firmaron para apoyar.

Algunas de las modificaciones más relevantes hechas al principio del proyecto son la eliminatoria de la declaratoria del acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas como un derecho; la declaratoria del agua como un bien económico; la eliminación de la disposición de que ningún aprovechamiento del agua debe ser afectado o afectar a otros usos, además de la obligatoriedad del Estado de asegurar que tanto los usuarios públicos como privados estén sujetos a los criterios y decisiones sobre la planificación del agua.

También se eliminó un inciso que establecía que la gestión del agua deberá ser integrada y participativa; se quitó la disposición de que el Estado deberá velar por el aprovechamiento y uso sostenible del agua, resguardándola para las generaciones presentes y futuras; además de que se eliminó un inciso que decía que el Estado velará por la prestación eficiente, eficaz y sin fines de lucro de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento.

(Click para ampliar la imagen) Comparativo del artículo 2 original, del actual y los cambios más relevantes que se hicieron. Fuente: Texto base proyecto de Ley 17.722, texto del proyecto dictaminado y aprobado en primer debate.

Comparativo del artículo 2 original, del actual y los cambios más relevantes que se hicieron. Fuente: Texto base proyecto de Ley 17.722, texto del proyecto dictaminado y aprobado en primer debate.

Pero además, el proyecto de Ley dictaminado y aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa le da mayores poderes al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para administrar y tomar decisiones sobre el agua.

Dichas decisiones están hoy descentralizadas en diversas instituciones u órganos técnicos, lo que para los opositores a este proyecto de Ley es una alarma, pues con la iniciativa se centralizaría todo hacia el MINAE, dejando la forma en la que se administre el recurso hídrico en manos del ministro en turno.

Preocupación similar es que el proyecto deja un total de 25 artículos para que sean regulados mediante un reglamento que deberá emitir el Gobierno y que por la propia condición de dicho reglamento, podría ser modificada en cualquier momento.

“Cuando se recogieron las firmas ni siquiera existía un proyecto escrito, eso significa que se puso a la gente a firmar un cheque en blanco”, afirman los opositores a la nueva Ley mediante un volante repartido en diversas actividades.

Asimismo, el proyecto eliminaría las competencias que tiene hoy el Ministerio de Salud en materia de aguas y reforma el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), trasladando casi todas sus competencias a un nuevo órgano que se llamaría Dirección Nacional de Aguas (DINA).

Estas mutilaciones al proyecto original fueron señaladas por los magistrados Gilberth Armijo Sancho y Fernando Cruz Castro como una violación al principio de conexidad.

“No es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso (…) hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad”, manifestaron.

Ambos se refieren a la disminución de las áreas protegidas alrededor de los manantiales que hace la propuesta Ley, pasándolas de un radio de 200 metros a solo 20 metros, es decir 90% más pequeñas.

Pero más allá de ese cambio hecho por los legisladores, ambos magistrados coincidieron en que cuando se trata de proyectos de iniciativa popular, el derecho a enmienda de los diputados (aquel que se traduce en la presentación de mociones para modificar el texto) es limitado.

Un análisis comparativo completo de ambos textos (original y dictaminado) hecho por EL MUNDO reveló que al proyecto inicial se le hicieron al menos 1000 adiciones y otras 1000 eliminaciones.

El documento completo con los cambios hechos puede ser visto en este enlace.

LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS DIPUTADOS

Firmas Ley Maltrato Animal Referendum

Cuando un proyecto de Ley es presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular, debe votarse en un plazo de dos años.

La Ley de Iniciativa Popular, el mecanismo que permitió que este proyecto de Ley fuera presentado ante la Asamblea Legislativa el 9 de junio de 2010, establece que los proyectos que se presentan bajo esta modalidad deben estar votados en un plazo máximo de dos años.

El cómputo de ese tipo arranca desde el momento en el que el proyecto es presentado, pero se suspende durante los recesos legislativos y no cuenta los periodos de sesiones extraordinarias (aquellos en los que es Casa Presidencial la que fija la agenda de proyectos).

De este modo, y tomando en cuenta que cada año legislativo tiene dos periodos de sesiones ordinarias y dos de sesiones extraordinarias, los dos años para aprobar un proyecto de Ley de iniciativa popular se transforman en cuatro.

El plazo del proyecto se cumplió, según una sentencia de la Sala Constitucional, el día 29 de marzo del año 2014.

La Ley establece que cuando a un proyecto de iniciativa popular se le ha vencido el plazo debe ser votado (ya sea en primer o segundo debate) en la sesión del Plenario inmediatamente siguiente y que si no fuere posible realizarla, se deberá someter a votación en la siguiente sesión habilitada.

“…Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley,…”, dice el artículo 123 de la Constitución Política.

Este proyecto fue sometido a votación en primer debate el 31 de marzo de 2014 y aunque se votó fuera de plazo, los magistrados no consideraron que esto considerara un vicio de procedimiento que motivara declarar inconstitucional el proyecto de Ley, ya que la norma del plazo no debe usarse contra el proyecto de iniciativa popular, sino a su favor.

La fecha para votar el proyecto en segundo debate quedó para el 22 de abril, una vez que la Comisión de Redacción revisara el texto y se descontaran los días de la Semana Santa.

Finalmente, la votación no llegó el 22 de abril, y tampoco lo ha hecho hasta hoy, pese a que ya se cumplieron dos años desde que se fijó esa fecha.

LA JUGARRETA Y LA MENTIRA A LA SALA CONSTITUCIONAL

Diputados del PAC y Frente Amplio enviaron

Diputados del PAC y Frente Amplio enviaron en mayo anterior una consulta a la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley, basándose en una mentira.

Los diputados del periodo 2010-2014 enviaron una primera consulta sobre el proyecto de Ley a la Sala Constitucional el 22 de abril de 2014, fecha en la que el proyecto debió haberse votado en segundo debate.

Esto suspendió su tramite en la Asamblea Legislativa, mientras los magistrados estudiaban si los cinco aspectos señalados por los 12 diputados consultantes rozaban la Constitución Política.

El 29 de abril del 2014, otros 10 diputados presentaron una segunda consulta a la Sala Constitucional sobre este proyecto de Ley, en el que cuestionaban el fondo del proyecto de Ley y su trámite en el Congreso.

En ese entonces se desató la jugarreta de los diputados con sus firmas a las consultas enviadas a la Sala Constitucional, lo que retrasó aún más el conocimiento del proyecto de Ley.

Varios diputados firmantes de la la primera de las consultas, tramitada en el expediente 14-004877- 0007-CO empezaron a retirar su firma. La Ley establece que se requieren al menos 10 firmas de legisladores para sostener una consulta sobre un proyecto de Ley en la Sala Constitucional.

El 28 de abril de 2014, el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar retiró su firma de la consulta. El 29 de abril de 2014, los diputados Carlos Humberto Góngora Fuentes y José Joaquín Porras Contreras retiraron la suya, quedando con 9 firmas. Insuficientes para poder seguir dándole trámite.

Sin embargo, horas más tarde las diputadas María Eugenia Venegas Renauld y Damaris Quintana Porras adicionaron su firma a la consulta, quedando ahora en 11.

La segunda consulta, tramitada en el expediente 14-005214- 0007-CO corrió con la misma suerte. Esta se presentó el 29 de abril de 2014 sin embargo, ese mismo día los diputados Fabio Molina Rojas, María Ocampo Baltodano y Víctor Hugo Víquez Chaverri quitaron su firma quedando solamente en 7.

Tres horas más tarde, los mismos tres diputados volvieron a colocar sus firmas, volviendo a quedar en 10. Sin embargo, esta consulta fue declarada “inevacuable” por los magistrados, pues la misma contenía la firma del diputado Luis Fishman Zonzinski, quien además había firmado la primer consulta.

Los magistrados por mayoría argumentaron que un diputado solo podía firmar una consulta por proyecto, por lo que la firma de Fishman en la segunda consulta, no debía tomarse en cuenta. Entonces la consulta quedó con nueve firmas, insuficientes para poder ser tramitada.

El retiro y coloque de firmas fue criticado por los magistrados en su sentencia. Inclusive dejaron ver que esta actuación podía considerarse un acto de mala fe, con el fin de dilatar las resoluciones de la Sala.

“Nuestra opinión es que tal tipo de vicios lleva a una perversión del mecanismo de la consulta facultativa de constitucionalidad, en la medida que la sujeta a los vaivenes y peripecias de la política”, dice una nota suscrita por los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal y Luis Fernando Salazar Alvarado.

Además, otro evento polémico que ha tenido este proyecto fue una consulta enviada por los diputados actuales a la Sala Constitucional, usando como base una mentira.

El 12 de mayo de 2016, los diputados del Frente Amplio (excepto Ligia Fallas) y cinco diputados del PAC (Marcela Guerrero, Franklin Corella, Javier Cambronero, Marco Vinicio Redondo y Nidia Jiménez) enviaron a la Sala Constitucional una consulta facultativa de constitucionalidad, donde entre otros puntos, aseguran que el acto de devolver el proyecto a la Comisión de Ambiente para que sea corregido implicará que se continúe violentando el plazo de dos años establecido en la Ley de Iniciativa Popular para que este sea votado.

Sin embargo, y según consta en la consulta hecha por los diputados y de la cual EL MUNDO tiene copia, en la página 12 de la misma afirmaron erróneamente, que el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad había sido aprobado por el Plenario en la sesión del jueves 12 de mayo de 2016.

Contradictoriamente, la consulta de los legisladores fue presentada ante la Sala Constitucional el 12 de mayo de 2016, a las 13:26 horas, lo que hace que tal argumento sea mentira, pues el Plenario del Congreso sesiona de lunes a jueves a partir de las 15:00 horas.

Los magistrados detectaron esa discrepancia entre las aseveraciones de los diputados de que tal aprobación del informe se había dado y lo que decía el expediente del proyecto de Ley, por lo que solicitaron el 1 de junio de 2016 una copia certificada del mismo para verificar que lo dicho por los legisladores era cierto.

El mismo día, Edgardo Araya Sibaja, jefe de fracción del Frente Amplio envió un escrito a la Sala Constitucional, donde afirmó “… un error material en el escrito inicial de la presente consulta de constitucionalidad […] es preciso señalar que el dictamen de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad no ha sido aprobado“.

Seguidamente, el jefe de los frenteamplistas le dijo a los magistrados que si bien el informe no había sido aprobado, esto podría ocurrir por lo que “se materializarían” los supuestos “vicios procedimentales” que solicitaron a los magistrados señalar en su consulta.

Los magistrados emitieron el pasado 15 de junio una sentencia en la que declaran que la consulta efectuada por los diputados no tiene lugar.

Esto porque le piden a los magistrados referirse a actos inexistentes, como lo es la aprobación del dictamen de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley.

LAS INCONSTITUCIONALIDADES DETECTADAS

Sala IV Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia

La Sala IV declaró inconstitucional dos artículos y un transitorio del proyecto de Ley.

La primer consulta de los diputados del periodo anterior fue resulta por la Sala Constitucional, mientras que la segunda fue imposible de resolver por la doble firma impuesta por el diputado Luis Fishman.

En su fallo, los magistrados declararon inconstitucional dos artículos del proyecto de Ley y un transitorio.

Los artículos anulados se referían a la reducción de las áreas protegidas de las nacientes de agua en Costa Rica, la cual hoy según la Ley de Aguas y la Ley Forestal señalan que la protección en el área alrededor de los manantiales permanentes será de un radio de 200 metros cuando se trate de una fuente de captación para uso poblacional y de 100 metros para las demás nacientes.

El proyecto de Ley hoy establece en su artículo 29 y 30, que el área de protección será de solo 20 metros, sin ningún tipo de estudio técnico que lo sustente y justifique, y dictaba en el transitorio XI que tras promulgarse la Ley y por un plazo de seis meses, los propietarios de un terreno donde exista una naciente protegida por la Ley, deberán apersonarse ante la Dirección Nacional de Aguas (DINA) para decir qué harán con el área que ya no estaría protegida.

Por tal motivo, ambos artículos y el transitorio XI fueron declarado inconstitucionales por la Sala IV.

“Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño”, dice el fallo de los magistrados.

Tras haber sido declarado inconstitucional, el proyecto de Ley regresó a la Asamblea Legislativa para ser subsanado. La Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que es la que recomienda a los diputados cómo reparar errores señalados por la Sala Constitucional emitió dos informes.

El de mayoría recomienda al Plenario devolver el proyecto de Ley a la Comisión de Ambiente, donde fue dictaminado, para que allí se subsanen las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados.

El de minoría recomienda al Plenario reparar ahí mismo las inconstituconalidades detectadas y continuar con su discusión y votación.

Estos informes podrían conocerse a partir de este lunes, luego de finalizado el receso legislativo de medio periodo.

LOS DIMES Y DIRETES

El Frente Amplio

El Frente Amplio sostiene profundas divisiones internas por este proyecto de Ley.

Las discusiones en torno a este proyecto de Ley se han intensificado en las últimas semanas, por una creciente presión para que sea aprobado cuanto antes.

Inclusive las discusiones son a lo interno de las agrupaciones políticas, especialmente en el Frente Amplio.

En el partido de izquierda la forma en la que votarán el proyecto de Ley es dividida, y aunque el grupo de diputados que lo apoya envió recientemente un comunicado de prensa afirmando que todo el partido lo votaría a favor, lo cierto es que al menos Ligia Fallas anunció su rotunda oposición al mismo.

Además, este medio supo que el diputado José Ramírez Aguilar votaría en contra luego de que sus bases en una votación así lo decidieran. Además, la diputada Suray Carrillo de Guanacaste tampoco ha definido su posición y recientemente EL MUNDO la vio participar de oyente en un foro en el que se expusieron los motivos para oponerse a la iniciativa.

Finalmente, el diputado Carlos Hernández no ha anunciado la forma en la que votará, aunque por su creciente divorcio con el partido fuentes de este diario afirman que lo votará negativamente.

Las guerras en redes sociales entre los integrantes del partido han sido más que evidentes. En su perfil oficial de Facebook, el Frente Amplio pautó el comunicado de prensa en el que afirman que todos lo votarán a favor, pero ante los comentarios negativos de algunas personas han optado por irlos eliminando.

LOS QUE ESTÁN A FAVOR

El Gobierno de Luis Guillermo Solís emitió este domingo una cadena nacional en la que defienden el proyecto, con declaraciones de Yamileth Astorga, presidenta de Acueductos y Alcantarillados; el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez y el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz.

Astorga afirmó que es necesario dejarle a Costa Rica una mejor Ley que administre el agua y dijo que la severa sequía que acaba de atravesar el país, que dejó hasta por 100 horas sin el recurso a miles de personas en los barrios del sur de San José, es un recordatorio de que se debe actuar ya.

“Esta Ley ya no responde a los nuevos desafíos que enfrentamos”, dijo en la cadena nacional.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz detalló que el proyecto declara el acceso al agua para consumo humano y saneamiento, como un derecho humano indispensable; se declara el agua como bien de dominio público y que el servicio solo podrán prestarlo entes públicos y sin fines de lucro, además de establecer una mejor protección del agua, recrudeciendo las sanciones para quienes causen afectaciones al agua.

El ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez reconoció que el agua no es un bien gratuito. “Es un bien social y económico que genera salud, producción, bienestar y permite el desarrollo de nuestro país. Quienes la utilizamos, debemos pagar por aprovecharla”.

El diputado Edgardo Araya, abogado ambientalista y jefe de fracción del Frente Amplio respondió en su sitio web una serie 32 señalamientos que han hecho quienes se oponen al proyecto de Ley.

Entre ellos se encuentra la defensa a la centralización de la rectoría del agua en la Dirección Nacional de Aguas (DINA), afirmando que esto es importante porque actualmente, la dispersión que hay en muchas instituciones, dificulta la coordinación y la organización.

También reconoció que el proyecto de ley eliminó el texto que obligaba a las sociedades de usuarios a convertirse en ASADAS, esto mediante el transitorio XV de la iniciativa, pero afirma que esto no tendrá consecuencias negativas.

Sobre la declaratoria del agua como un bien económico, el frenteamplista aseguró que el abastecimiento de agua para el consumo humano, no se considerará valor económico, si no un servicio público.

Finalmente, otro de los argumentos de quienes están en contra es que no es necesario promulgar esta nueva Ley, solo con el fin de aplicar sanciones más severas.

Sobre esto, Edgardo Araya afirmó que a ley actual tiene sanciones obsoletas.

“Es esencial reformarlas. Sin embargo, este no es el único problema de la ley actual. Por ello, creemos en un proyecto integral que no resuelva únicamente este aspecto”, indicó.

Los expresidentes Luis Alberto Monge, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y Laura Chinchilla también han manifestado su apoyo a la nueva Ley de Aguas.

LOS QUE ESTÁN EN CONTRA

Ligia Fallas encabeza los esfuerzos para intentar que el proyecto de Ley no sea aprobado

Ligia Fallas encabeza los esfuerzos para intentar que el proyecto de Ley no sea aprobado

La diputada Ligia Fallas encabeza los esfuerzos para oponerse a la nueva Ley. A ella se sumó el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge quien cuando estuvo en Cuesta de Moras apoyó el proyecto.

Mediante la página “Agua es vida, no mercancía” empezaron la batalla contra el proyecto.

“Había un trabajo desde Casa Presidencial, explícito, organizado e influenciado por Organismos Internacionales para serrucharle el piso a la Comisión de Ambiente, para obstaculizar el trabajo de la comisión”, dijo el exdiputado oficialista.

Asimismo, manifestó que cuando la iniciativa fue votada en primer debate el 31 de marzo de 2014 a altas horas de la noche, había un ambiente propicio para impedir que los legisladores tuvieran tiempo para poder leer lo que se había dictaminado.

“Cuando votamos ese primer debate, presionados de múltiples maneras, en el caos mío presionado ante la opinión pública, por el pueblo que había firmado. Era un ambiente maquiavélico, era una presión organizada por la gente que sabía que ese ambiente era propicio para que nosotros actuáramos de alguna manera, con fe y esperanza y creyendo que había la posibilidad de rescatar cosas importantes de esa Ley, pero no tuvimos la oportunidad de leer el proyecto”, dijo.

El legislador calificó el actual texto como una “estafa social”.

Posición similar mantiene la excandidata a la vicepresidencia de la República, Dagmar Facio que acompañó a José María Villalta en la papeleta para los comicios del año 2014.

“Cuando José María Villalta me llamó para que lo acompañara en la papeleta presidencial yo le pedí que me explicara por qué me querían ahí (…) Hoy cuando veo a los diputados del Frente Amplio compartiendo criterios con Laura Chinchilla y Vica Andrade (sic.) sobre la Ley de Agua me indigno”, dijo Facio en una publicación hecha en su perfil de Facebook.

“Yo entiendo que hay que negociar, pero prestarse a cumplir los deseos del Banco Mundial es como demasiado. Yo fui responsable de llevar, a las comunidades, un discurso diferente, absolutamente convencida de la lealtad del partido a su ideología. Me dejé llevar por la ilusión de una propuesta progresista, me equivoqué”, concluyó.

Justamente, un sector del Frente Amplio le reclama a José María Villalta su silencio en torno a este proyecto de Ley.

Un correo electrónico en poder de EL MUNDO mostraba como el exdiputado y excandidato presidencial denunciaba las maniobras que se estaban llevando a cabo para cambiar el texto presentado con el respaldo de la ciudadanía e introducir uno completamente diferente. Afirmó que no lo permitirían y que levantarían la voz para denunciarlo, algo que a la fecha no ha hecho.

Tampoco Villalta se ha pronunciado a favor del proyecto de Ley.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) también ya anunció su oposición a este proyecto de Ley.

El foro

El foro en contra del proyecto de la Ley de Aguas que se realizó el pasado 6 de julio en la Asamblea Legislativa quedó con una silla vacía, correspondiente a un funcionario de SENARA al que le prohibieron hablar en contra de la iniciativa.

Otros que han manifestado rechazo al proyecto son los integrantes del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), entidad que sería reformada de llegar a aprobarse la iniciativa con el fin de dar lugar a la Dirección Nacional de Aguas (DINA).

EL MUNDO pudo comprobar como uno de los funcionarios de esta institución, no pudo participar en un foro organizado en la Asamblea Legislativa semanas atrás sobre este proyecto de Ley, tras haber recibido una orden superior que le prohibía hablar en contra del proyecto o sería despedido.

Este diario consultó a Casa Presidencial si tal orden de censura provino de alguno de sus ministros o viceministros. Tras varias consultas y respuestas en las que remitían a otros contactos de prensa, todos lo negaron.

Magistrado Fernando Cruz Castro

El Magistrado Fernando Cruz Castro

Otro que ha vertido opiniones negativas sobre esta iniciativa es el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro.

En varias de sus notas colocadas en la sentencia que declaró inconstitucional los artículos regresivos en materia ambiental del proyecto ambiental, el magistrado cuestionó los cambios hechos por los diputados a la voluntad popular plasmada en el proyecto original.

“No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales”, redactó el magistrado en la sentencia, cuyo criterio fue acogido por la mayoría.

Para el magistrado, un procedimiento de vocación tan democrática y de participación ciudadana como el se hizo con una nueva regulación sobre las aguas, no puede transformarse, eventualmente, en un instrumento que debilite el marco jurídico de protección de un derecho tan relevante como el derecho al agua.

Además, Cruz afirmó sobre el eventual debilitamiento de instituciones protectoras del agua para dar pie al DINA que ningún órgano ni tampoco un Ministerio pueden arrogarse las competencias de una institución autónoma, sin violar su autonomía administrativa.

En una nota separada en la que se refería a la derogación de la Ley de Aguas contenida en el proyecto de Ley, el constitucionalista afirmó que “la vocación comunitaria del agua, no como bien de interés económico, sino de interés social, cultural y de protección de la vida y la salud de la población, debe tener un marco bien definido sobre el dominio a favor de la comunidad”.

El magistrado defendió las áreas de protección actuales alrededor de los manantiales (200 metros de radio) afirmando que estas son una previsión trascendental como reserva a favor de la Nación.

“No es un tema menor, es fundamental; resulta lesivo a los valores que tutelan y protegen la participación ciudadana, que una legislación que surge bajo el influjo del protagonismo de la población, se convierta más bien en un instrumento que debilite el marco jurídico que ya existía antes de la intervención de la ciudadanía”, criticó el magistrado

Inclusive en su redacción, Cruz incluyó un fragmento del cantautor Joan Manuel Serrat sobre el hombre y el agua

“.. si el hombre es un gesto, el agua es la historia…. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo…Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo…Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria… Si el hombre está vivo, el agua es la vida…. Si el hombre es un niño, el agua es Paris……Si el hombre la pisa, el agua salpica…Cuídala como cuida de ti…”

“Estas reflexiones, es algo más, mucho más, que poesía, algo más que bellas palabras, es una evidencia que demuestra que el agua es algo más que un bien de apropiación o de registros contables, porque su tratamiento, reparto y protección, es una prioridad social, cultural y de vida”, declaró.

 

Falsedad Ideológica

La falsedad ideológica comprende la mentira escrita en ciertas condiciones que se enumeran en los varios supuestos punibles. A diferencia de la falsificación, en que lo cuestionado es la autenticidad, en la falsedad ideológica siempre la realización externa es real y el documento esta confeccionado por quien corresponde y en la forma que es debida. Lacontradicción punible resulta porque esa correcta exteriorizacion genera una desfiguración de la verdad objetiva que se desprende del texto. Se ve entonces que, además de tratarse de un tipo de falsificación de suyo mas complejo que los materiales, es preciso que se delimiten, asimismo, las otras condiciones para que esa mentira merezca
sanción. Esta falsedad se encuentra en un acto exteriormente verdadero, cuando contiene declaraciones mendaces; y se llama ideológica precisamente porque el documento no es falso en sus condiciones esenciales, pero si son falsas las ideas que en el se quieren afirmar como verdaderas, resultando un documento auténtico en su forma pero falso en su contenido.

Fe Pública

Calidad de documentos determinados, suscriptos por funcionarios cuyas aseveraciones, cumplidas determinadasformalidades, tienen la virtud de garantir la autenticidad de los hechos narrados, y por consiguiente su validez y eficacia jurídica.

 

Punible

Punible es un adjetivo que refiere a lo susceptible o merecedor de ser castigado. Un castigo, por otra parte, es una sanción o una penaque se aplica sobre quien incumplió una ley, una norma, etc. Esto quiere decir que una conducta punible es aquella que, por sus características, puede o debe recibir una punición.

Punible

Por ejemplo: “Se trata de una acción punible que debería recibir una multa por parte de las autoridades”, “No me parece que sus declaraciones sean punibles ya que no incitan al delito ni al odio”, “El magistrado consideró que el hecho no es punible porque no hubo damnificados ni intención de daño”.

Puede decirse que todos los delitos son acciones punibles: su concreción acarrea un castigo, después del procedimiento judicial correspondiente que lo confirme. Una estafa, por citar apenas un caso, es un hecho que, cuando es demostrado ante la Justicia, recibe un castigo. Por lo tanto, una estafa es punible…

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