En Tiquicia la Mafia Utiliza la Legalidad Para Cubrir la Ilegalidad.

Con Eso Me Refiero, A Que Vuelven Legal, Lo Que No Debe Ser.

El Abuso, la Explotación Comercial, Salarial, Empresarial, Etcétera.

Mientras Unos Reciben Mucho Más de lo Que Deben o Necesitan.

Otros, la Mayoría, Recibe Mucho Menos de Que Necesitan.

Para Vivir Dignamente.

Ya Que, lo Mucho Que Pocos Reciben, le Impide a los Otros Muchos.

Recibir lo Justo Para Vivir Dignamente.

La Mafia Sindical y Gremial Utiliza las Convenciones Colectivas.

Para el Beneficio Propio y Abusivo de sus Afiliados y Agremiados.

Dejando al Resto de los Servidores Públicos Excluidos de sus Beneficios.

Y Al Gobierno Imposibilitado de Extenderlos o Equipararlos Con los Demás.

 

La Mafia Neoliberal Utiliza la Legalidad Para Restringir, Reprimir y Silenciar.

A Quienes Denuncian y Sacan a la Luz Pública las Ilegalidades Legales de la Administración Pública, los Poderes de la República y las Empresas e Instituciones del Estado Costarricense.

Y a Eso Es a lo Que Quiero Referirme en Esta Ocasión.

Cuando el Capitalismo Aún Era Capitalismo, la Mafia Actuaba al Margen de la Ley, Su Actuar Era Ilegal.

Cuando el Capitalismo Aún Era Capitalismo, la Mafia Era Reprimida Severamente Por la Ley, Precisamente Por Ilegal.

Con el Surgimiento del Neoliberalismo, Tanto los Mafiosos Como la Mafia Cambiaron.

Los Mafiosos Se Volvieron Educados, Estudiaron y Se Graduaron en las Mejores Universidades.

Y la Mafia Se Volvió Legal, O Más Correctamente, Se Legalizó.

Gracias a las Acciones de Esos Mafiosos Educados, Que Pasaron de la Clandestinidad A.

Ejercer Cargos Públicos, Tener sus Propias Empresas, en Banca, en Finanzas, en Acciones en la Bolsa, en el Comercio y en un Largo Etcétera, Etcétera Etcétera.

En Otras Palabras, Le Dieron Vuelta a la Tortilla, He Hicieron Que la Ley Actuara en Favor de Ellos, En Vez de, En Contra de Ellos.

Ahora, Con la Ley de Su Lado, En Vez de, En Su Contra.

Los Mafiosos Pudieron Hacer lo Que Quisieron y Surgió el Neoliberalismo Económico y Comercial. ¡Apoyado Ahora Por las Políticas de Gobierno!

Tristemente, Eso No Sólo Ocurre, En los Países Que Podríamos Calificar de Neoliberales, Como USA o la Unión Europea.

Ocurre También en Países Que Uno Supondría Son No Neoliberales Como Rusia o China.

Y, Por Supuesto, Ocurre También en Tiquicia.

Un Claro Ejemplo Es, el Hecho de Que, el “BNCR desató ofensiva para silenciar a la prensa”. Ver Todas las Noticias Abajo.

Si Quiere Leer Más Acerca del Porqué de Esta Persecución.

Ver Bicsa Resultados » Abajo.

 

HOY EN LA NACIÓN

BNCR desató ofensiva para silenciar a la prensa

Ejército de abogados, relacionistas públicos y otros funcionarios participaron.

Administración confiesa uso de publicidad como medio de presión.

Estudian acciones legales para perseguir periodistas e imponer censura.

Banco Nacional desató ofensiva para silenciar a la prensa

El Banco Nacional echó mano a sus cuantiosos recursos para desatar una ofensiva destinada a silenciar a la prensa e impedir la divulgación de delicadas informaciones de interés.

El Banco Nacional, el más grande de Centroamérica, echó mano a sus cuantiosos recursos para desatar una ofensiva destinada a silenciar a la prensa e impedir la divulgación de delicadas informaciones de interés público que considera un “riesgo reputacional” si son conocidas por los costarricenses.

La ofensiva incluye la cancelación de pautas publicitarias, la exploración de vías para interponer demandas penales, la falsa atribución a la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de exigencias de investigación por fugas de información, el intento de contratar bufetes e investigadores privados en el extranjero, la presión sobre directores y funcionarios del Banco para obligarlos a renunciar a su derecho a la privacidad y la posibilidad de interponer una demanda contra “ignorado” para conseguir una orden de suprimir información de interés público que puede ser consultada en la edición electrónica de La Nación .

LEA: Gerente del BN: ‘Hay que rectificar los errores’

La operación silencio comenzó a desplegarse desde que La Nación informó del acaparamiento de nombramientos y dietas en las juntas directivas de la subsidiarias por parte de directores del Banco Nacional que, a la postre, debieron renunciar a esos cargos. Posteriormente, informamos sobre la actitud asumida por la institución frente al caso de una directora vinculada con una empresa cuyas cuentas cerró el Banco de Costa Rica (BCR) por movimientos sospechosos y sobre los riesgos comerciales de Bicsa, entre otros temas.

En el esfuerzo han participado abogados, comunicadores, administradores, directores y relacionistas públicos del Banco, cuyas gestiones incluyen la exploración de motivos para demandar penalmente a los periodistas encargados de las publicaciones.

El Banco Nacional empezó por enviar derechos de respuesta a los cuales La Nación contestó con razones y documentos nunca desvirtuados por la institución financiera. En esas respuestas ya figuraban advertencias sobre posibles reacciones del Banco. Poco después, la pauta publicitaria de La Nación cayó abruptamente hasta llegar a cero en junio.

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Es un medio de presión económica utilizado en otras oportunidades en nuestro país, pero totalmente contrario a la jurisprudencia internacional, especialmente la Interamericana. La utilización de recursos públicos para acallar a la prensa viola la libertad de expresión de quien emite el mensaje y también el derecho del público a recibir información. Es una práctica odiosa porque implica utilizar el dinero del pueblo para mantener al pueblo en la ignorancia. Igualmente censurable es la otra cara de la moneda: utilizar la publicidad estatal para comprar aplausos.

Por eso, el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial “con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibida por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

El castigo. A partir del 24 de febrero pasado, La Nación comenzó a difundir información sobre graves anomalías en el Banco, entre ellas el autonombramiento de los miembros de la Junta Directiva general en las directivas de las subsidiarias, donde ganarían jugosas dietas, con violación flagrante de las normas vigentes; las tímidas actuaciones de los mismos directivos en relación con el caso de la empresa Latco, investigada por presunta legitimación de capitales y vinculada con la directora Jennifer Morsink Schaefer; el cobro de ¢48.000 millones del impuesto sobre la renta durante la gestión del exgerente Fernando Naranjo Villalobos y las decisiones tomadas por la Junta Directiva en ese caso ; el diferimiento de los costos de crédito que distorsionó los resultados del Banco y fundamentó el pago de bonificaciones excesivas ; las relaciones inconvenientes entre funcionarios del Banco y algunos de sus proveedores; la discordia en la Junta Directiva por varios de estos temas; y las advertencias de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la vulnerabilidad del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) –(propiedad del Banco Nacional y del BCR–, así como del sistema financiero en general, frente al lavado de divisas . La lista no es exhaustiva, pero basta para entender el enojo de la burocracia afectada, así como la importancia de las informaciones para la comunidad costarricense.

A partir de las publicaciones de La Nación , la primera de las cuales apareció el 24 de febrero, la pauta publicitaria del Banco Nacional cayó paulatinamente hasta llegar a cero el mes pasado. La medida de presión fue aplicada de forma paulatina, como para disimularla y calibrar la reacción del medio.

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La reducción habría sido más rápida de no ser por campos pagados de respuesta a las informaciones del diario. De camino, hubo señales de advertencia. El 13 de mayo, el Banco tomó la inusitada medida de publicar un campo pagado en otros dos periódicos nacionales para responder a publicaciones de La Nación , cuando lo normal es responder en el mismo medio, sea mediante campo pagado o derecho de respuesta, para alcanzar a los lectores del periódico que publicó el reportaje al cual se contesta.

El mensaje era claro: no pautaremos en La Nación ni siquiera para responderle.

Juan Carlos Corrales, gerente general del Banco, admite haber tomado la decisión a sugerencia de los encargados de la publicidad. La califica como un error y giró orden de restablecer la pauta luego de una conversación con el director de La Nación , quien le hizo ver que el diario no cedería a la presión y la denunciaría ante la opinión pública aunque el Banco rectificara, porque más allá de los intereses empresariales está la defensa de la libertad de expresión.

“Medios más pequeños no siempre tienen la capacidad de resistir estas presiones, que son frecuentes y no solo en el caso del Banco Nacional. El uso perverso de los presupuestos públicos para acallar o premiar a los medios debe cesar por el bien de nuestra democracia”, afirmó Armando González, director de La Nación .

Mishelle Mitchell, encargada de Relaciones Institucionales del Banco, niega haber participado de la decisión, pero admite haber sido informada de su adopción.

Acciones legales. En un memorando de ocho páginas, firmado el 10 de mayo, tres abogados del Banco, incluida la directora jurídica Marietta Herrera Cantillo, responden las consultas de Mitchell sobre la posible comisión de algún delito en las informaciones relacionadas con los escándalos de la institución.

La funcionaria, habitualmente dedicada a las relaciones públicas, preparó con su personal un informe de 54 folios para pedir al Departamento Legal estudiar “los cuestionamientos y difusión de temas negativos en el periodo de análisis” que “se concentran en el diario La Nación ”.

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En especial, según el memorando, hubo cuatro temas de interés: 1- “La participación de los miembros de la Junta Directiva general del Banco Nacional de Costa Rica en las juntas directivas de las subsidiarias. 2- “El conocimiento y las decisiones de la citada Junta Directiva general sobre el cierre de cuentas de la empresa Latco por presunta legitimación de capitales en el Banco de Costa Rica y la intervención de la señora Jennifer Morsink Schaefer”. 3- “El cobro del Ministerio de Hacienda por ¢48.000 millones por concepto de impuesto sobre la renta durante la gestión del anterior gerente general Sr. Fernando Naranjo Villalobos y las decisiones que en torno a ello tomó la Junta Directiva general en mención”. Y 4- “El diferimiento de los costos de crédito”.

Los esfuerzos del Departamento de Relaciones Institucionales no fructificaron. Según los abogados, de los documentos presentados a su consideración “no derivan elementos serios y objetivos que permitan concluir, aun bajo el grado de probabilidad, que la divulgación de las noticias supongan la comisión de algún delito”.

Mitchell negó haber solicitado el estudio. “Ni la dirección de Relaciones Institucionales ni Mishelle Mitchell pueden solicitarle a la Dirección Jurídica interponer acciones legales. Para ser absolutamente clara, porque no sé de dónde viene esa información, esta dirección y Mishelle Mitchell lo que sí generó fue un documento en donde había una relación de lo que se publicó, qué fue lo que preguntaron y qué fue lo que se le contestó al medio de comunicación”.

Sin embargo, el estudio de la Dirección Jurídica del Banco, del cual La Nación tiene copia, está dirigido a Mitchell “para dar respuesta a su consulta remitida por correo electrónico el 27 de abril del 2016”.

Presión a directivos y funcionarios. Casi al mismo tiempo, la operación silencio se volcó sobre los propios directores y funcionarios de la institución. La Directiva debatió con fuerza los medios para descubrir si alguno de ellos hizo llegar informaciones a la prensa. Los directores, especialmente los afectados por las publicaciones, pretendieron exigir a todos la apertura de sus computadoras y correos electrónicos.

El principal objetivo era descubrir si alguno de ellos reveló a La Naciónel contenido de una carta donde la Reserva Federal de los Estados Unidos advertía al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) sobre la vulnerabilidad de sus operaciones, cuestionaba “la capacidad de supervisión para combatir las elevadas actividades de lavado de dinero” en Costa Rica y le imponía al Banco la más baja calificación, representativa del “más alto” nivel de “problemas de supervisión”.

Según el órgano supervisor estadounidense, “la clasificación se basa también en la falta de transparencia del sistema financiero de Costa Rica con respecto a la presentación de informes sobre la suficiencia de capital del Banco y los recursos limitados del país, y la capacidad para combatir las elevadas actividades de lavado de dinero y para llevar a cabo una supervisión bancaria consolidada dado el actual marco regulatorio”. Bicsa pertenece en un 49% al Banco Nacional y en un 51% al Banco de Costa Rica.

Durante la sesión celebrada el 2 de mayo, la Junta Directiva aprobó “la creación de una comisión especial con amplias facultades de investigación” entre las cuales estaba “previas las correspondientes autorizaciones (…) realizar el seguimiento de llamadas telefónicas y revisar los correos electrónicos de los directores que lo consientan, tanto los personales como los institucionales”.

Las autorizaciones previas son necesarias porque la ley impide violar comunicaciones privadas, pero quien no estuviera dispuesto a consentirlas caería bajo sospecha. El método claramente implica presión sobre los directores para abrir sus comunicaciones privadas. A esas alturas, el Banco no había conseguido intimidar a La Nación con demandas y tampoco hacerla callar con la pauta pagada con dinero de los costarricenses. Volcó entonces sus ojos sobre su propio personal para cortarle al diario sus fuentes de información, si efectivamente fueran fuentes internas de la entidad financiera.

Todo esto pese a la clara conciencia, en la propia Directiva del Banco, sobre las múltiples falencias propias y de sus subsidiarias. Por ejemplo, el director Víctor Ramírez llegó a afirmar, en la sesión del 4 de abril, que estaba “totalmente convencido de que Bicsa es un elefante blanco, una estrella fugaz en la que ha habido casos de corrupción muy serios”, algunos de los cuales va “a presentar a la Junta Directiva, y en los que nunca pasó nada porque, en parte, ocurrió lo de siempre, que se ocultan las cosas e impera el secreto”.

La comisión investigadora fracasó, pese a que la presidenta de la Junta Directiva, Ana Isabel Solano, informó del acuerdo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). El acuerdo nunca fue tomado en firme y posteriores propuestas de contratar penalistas y criminólogos no prosperaron. Una moción de revocatoria objetó la integración de la comisión con directivos que tuvieron acceso a los documentos de la FED, incluida la presidenta Solano.

No es la primera vez que el Banco Nacional recurre a semejantes métodos para sofocar la información de interés público. En diciembre del 2014, la Junta Directiva decidió hurgar en los correos electrónicos de sus siete integrantes para investigar si alguno de ellos facilitó al semanario El Financiero información sobre medidas adoptadas para amortiguar el deterioro de las ganancias.

Nueva iniciativa legal. No obstante la respuesta del Departamento Legal a la consulta de Mitchell, el 6 de junio la Junta Directiva conoció una nueva iniciativa legal, esta vez indirectamente dirigida contra La Nación para obligarla a suprimir de su sitio en Internet un amplio informe sobre Bicsa, elaborado por el propio Banco Nacional, que de nuevo habla de riesgos y recomienda estudiar la posibilidad de venderlo.

El informe puede ser consultado en www.nacion.com/bicsa pero el Banco Nacional aspira a que los costarricenses dejen de tener acceso a él pese a ser, en última instancia, los propietarios de ambos bancos.La Nación había informado del contenido del documento y el Banco Nacional decidió desmentir la información. Fiel a la presión que intentaba ejercer mediante la pauta publicitaria, publicó el desmentido en campos pagados difundidos en otros dos periódicos, no en este. La Nación reprodujo literalmente el contenido de los campos pagados y como parte de su respuesta subió los documentos originales del Banco a la Internet para demostrar la veracidad de sus informaciones. Ahora el Banco procura suprimirlas junto con las informaciones relacionadas.

Sabedor de la imposibilidad de demandar a los periodistas e incapaz de encontrar a otro demandado, el Banco plantearía la acción legal contra “ignorado”, por el supuesto delito de divulgación de secretos, pero la principal medida solicitada sería contra La Nación .

La discusión de la Junta Directiva al respecto es extraordinaria. Varios directores mencionaron la inexistencia de un sospechoso y reconocieron la imposibilidad de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, pero insistieron en la necesidad de plantear la denuncia, entre cuyas petitorias está la siguiente: “Se pide a la Fiscalía requerir al juzgado penal la eliminación del contenido del sitio de Internetwww.nacion.com/bicsa y de otras publicaciones digitales de La Nación relacionadas”.

“No creo que un juzgado costarricense vaya a conceder semejante medida de censura, pero estamos listos para acudir a donde sea necesario, incluida la Comisión y la Corte Interamericanas, para pedir amparo”, declaró Armando González, director de La Nación . “Ya conocemos el camino y hemos conseguido medidas cautelares contra el país en el pasado. No cederemos, como tampoco ante las demás presiones ejercidas por el Banco Nacional. Pelearemos en la jurisdicción interamericana los años que sean necesarios e informaremos al país y al continente paso a paso”.

Sin embargo, no hay certeza del planteamiento de la acción contra “ignorado”. El Banco teme que en el proceso de investigación la Fiscalía allane sus oficinas, según se dice con toda claridad en las actas. También teme otras posibles repercusiones negativas. No obstante, el directivo Jorge Méndez, uno de los más aguerridos defensores de las actuaciones de la Junta en los casos que denunció este diario, insiste en que están obligados a plantear la acción porque hay indicios de la comisión de un delito.

Pero en el caso concreto, el Banco es incapaz de orientar a las autoridades sobre elemento alguno que ayude a individualizar al supuesto sujeto “ignorado”. En esas condiciones, el único efecto práctico de la denuncia sería lograr la censura y supresión de las informaciones. Por otra parte, la ley exige que la divulgación pueda causar daño. Es decir, la posible denuncia contra “ignorado” partiría de que la divulgación de un informe sobre anomalías en una institución pública es dañina, una premisa muy peligrosa para la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad democrática.

El propio asesor jurídico Édgar Cordero se manifestó “preocupado por una denuncia de esta naturaleza con un sujeto ignorado” e insistió: “Hay que discutir definitivamente la parte de La Nación . No soy penalista y desconozco si La Nación es responsable o no de la divulgación de secretos, pero se debe decir”.

El delito, sin embargo, solo puede ser cometido por quien tiene obligación de guardar un secreto “por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte” y ese no es el caso de la prensa, que más bien está obligada a divulgar las informaciones de interés público que sean de su conocimiento en resguardo del derecho de los ciudadanos a saber cómo se manejan sus instituciones.

Cordero es el mismo asesor según cuyo criterio los directores del Banco no violaron la prohibición de integrar las directivas de las subsidiarias con participación de más de dos de ellos mismos porque cuando se autonombraron modificaron implícitamente la prohibición.

Teatro en Bicsa. La operación silencio, ejecutada sin escatimar recursos, también pretendió tener un brazo internacional, como lo informamos el sábado. Cuando La Nación hizo públicas las advertencias de la Reserva Federal, los directivos de Bicsa dijeron haber sido convocados a una reunión en Miami donde las autoridades estadounidenses les exigieron una investigación. Viajaron Francisco Molina, presidente de Bicsa; Daniel González, gerente general; y Andrés Fernández, abogado asesor del Banco.

Sobre la base de la información traída del viaje, la Junta Directiva de Bicsa autorizó contratar al bufete estadounidense Holland and Knight para que “inicie el proceso de selección de una firma de investigadores de reconocido prestigio internacional (…) para que realice una investigación conforme lo indicado por la Fed (Reserva Federal), sobre el curso y divulgación que tuvo el oficio de fecha 19 de noviembre, 2015”.

Poco después, cuestionado sobre las exigencias de la Reserva Federal, Molina admitió que no hubo ninguna, ni escrita ni verbal. Según consta en actas, el director Víctor Ramírez cuestionó a Molina frente a colegas de los dos bancos propietarios de Bicsa: “El señor Molina nos expresa que los señores de la Fed dijeron que si la fuga de información se da todos los días en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y en todos los grandes bancos del mundo, cómo no iba a ocurrir en un banquito del tamaño de Bicsa”. Aún más, dijo Ramírez: “Lo que se sabe es que la Fed nunca llamó a los personeros de Bicsa. Fueron estos los que le solicitaron a la Fed esa reunión”.

El respeto de las autoridades estadounidenses hacia la labor de la prensa, un principio muy valorado en ese país, contrasta con las observaciones hechas por Molina a la periodista Natasha Cambronero poco después de publicadas las observaciones de la Reserva Federal. En el curso de una entrevista de seguimiento a la noticia, Molina mencionó la posibilidad de una cancelación de la visa y la existencia de cuartitos de interrogatorio en los aeropuertos norteamericanos.

Cuando se supo la verdad, el Banco de Costa Rica decidió revocar la costosa investigación, jamás solicitada por la Reserva Federal en una reunión celebrada a petición de Bicsa y no de los reguladores estadounidenses, como inicialmente se hizo creer. El teatro sirvió para presionar a favor de la investigación, pero el telón cayó inesperadamente sobre el capítulo más vergonzoso de la operación silencio.

“Es la primera vez en los tres años que tengo de ser director de este órgano colegiado que alguien me dice, después de haber leído y aprobado el acta, que lo consignado ahí no es cierto”, afirmó el director Luis Pal.

 

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