Tristemente el Actual Gobierno, A Pesar de Que lo Prometió en Campaña, No Sólo Ha Mantenido y Preservado Algunos de los Peores Rasgos Institucionales de Anteriores Gobiernos Neoliberales Como los Son el CNC y el CONAVI.

Sino Que, Además, Con Otros Rasgos e Instituciones, los Ha Aumentado.

Tal Es el Caso del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos o MIVAH.

Gracias al Cual, los “Planes para poner cantones en orden quedaron varados”.

“La situación obedece a que la Sala Constitucional congeló un decreto ejecutivo, aprobado en setiembre del 2015, que permitiría agilizar y abaratar los trámites para crear los planes reguladores de los municipios, los cuales marcan la cancha sobre dónde y cómo construir. Los magistrados tomaron la decisión ante una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del decreto 39.150- Minae-MAG-Mivah-Plan-Tur.”…

Y ¿Por Qué?

“Según palabras del consultor ambiental, Allan Astorga, quien fue uno de los quejosos que presentó la acción, esos artículos excluyen de la elaboración de los planes “información ambiental importante como el tema de amenazas naturales y capacidad de uso de la tierras”.”…

Pero Según, el MIVAH, el “Decreto fue un intento por agilizar planes reguladores en municipios”.

“Coadyuvar. Atendiendo a estos reclamos, en agosto de 2015, el Gobierno emitió el Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores, con el objetivo de ‘coadyuvar’ con los gobiernos locales en el cumplimiento de sus obligaciones. La normativa deja en otra entidad estatal la realización de los estudios hidrogeológicos necesarios y permite a los ayuntamientos elaborar los planes reguladores con la información básica que tengan.”…

En Otras Palabras, Con el Fin de Poder Coadyuvar a las Municipalidades, Más Concretamente, Para Poder Coadyuvar al Alcalde Que Gobierna en el Municipio A Poder Evadir Legalmente el Cumplimiento de sus Obligaciones en Materia de Normativa Ambiental Tal Como la Realización de los Estudios Hidrogeológicos Necesarios.

Lo Que Dejaría a la Entidad Estatal (Municipalidad), Pero Sobretodo a su Alcalde, Legalmente Vulnerable Para Recibir Sanciones Condenatorias Por No Ser Riguroso, Ser Negligente, O Ser Omiso en la Debida Atención de los Controles y las Regulaciones Que Se Deben Aplicar Para el Ordenamiento Ambiental del Respectivo Cantón.   

Y Es Que, Más Bien, A Quienes Pareciera Querer Coadyuvar el Citado Decreto Firmado Por el MIVAH Es a los Empresarios, Constructores y Desarrolladores de Proyectos Urbanísticos, Turísticos, Comerciales, Edificaciones, … ¡De Todo Tipo!

Que Tienen Interés en Construir y Desarrollar en Terrenos Pertenecientes a los Gobiernos Locales. Pero Que, ¡Obviamente! NO Quieren Tener Que Pasar (Saltar, Brincar, Omitir) Por el Debido Proceso y los Trámites Ambientales de Ley.

Mucho Menos, Por los Respectivos Controles y Regulaciones Que Podrían Significar Atrasos. Y lo Más Importante Para Ellos, Más Gastos, O Tener Que Abandonar el Proyecto Por Incumplimientos Ambientales.

Y Es Que, Si Hablamos de Incumplimientos, Irónicamente, Es el Propio MIVAH y los Alcaldes, los Que Encabezan la Lista.

El “Ministerio de Vivienda construyó millonario parque en zona de riesgo”. La “Contraloría pide sanciones en INVU por compra de finca”.

Las “Autoridades allanan Municipalidad de Poás de Alajuela por aparentes irregularidades”. Cínicamente, “José Joaquín Brenes, alcalde de Poás: ‘Que yo esté denunciado no signfica que sea culpable’”.

El “Municipio de Pococí insiste en explotar terrenos de acuíferos”. Pero No Es el Único, los “Vecinos de Guacimal ganan pulso contra proyecto de riego”.

¡AFORTUNADAMENTE!

Así Es, ¡Afortunadamente! Porque, “Menos lluvia llega a acuíferos debido a crecimiento urbano”. Por lo Que, los “Ticos tendrán 65% menos agua por persona para el año 2020”.

Pero Eso No Es Todo en Contra del Ambiente Y de Natura Que, el Citado Decreto Ayuda a Empeorar, Coadyuvando a los Empresarios, Constructores Etcétera.

Las “Empresas tientan a municipios para generar energía con basura”.

Pero No Se Deje Engañar de Primera Vista Con el Título.

“Incinerar o gasificar. Existen varias tecnologías para generar electricidad a partir de residuos, pero en el país se habla de dos: incineración y gasificación. Ambas conciben los desechos como combustible para sus procesos termoquímicos, cuya finalidad es generar suficiente calor para que se forme el vapor que mueve las turbinas. La incineración es la más conocida, más estandarizada y la que puede manejar una mayor cantidad de desechos. La gasificación es más exigente en el tipo de desechos que puede aceptar.”…

La “Incineradora de residuos sólidos orgánicos”. Como Señala el Artículo.

“Una incineradora de desechos orgánicos sólidos es un sistema de tratamiento de la basura proveniente de los desechos orgánicos sólidos, el cual consiste en incinerar a altas temperaturas los desechos sólidos, con lo que se reduce su volumen un 95% y su peso hasta un 80%. Si no se implantan sistemas de filtros en la combustión resultan cenizas, escoria o residuos inertes y gases tóxicos que pueden afectar gravemente a la salud de las personas.”…

En Otras Palabras Contamina Con Residuos Tóxicos Volátiles de un 5% a un 20%.

Pero Eso Es, Sí y Sólo Sí, la Planta Incineradora Se Opera en Óptimas Condiciones y Se le Da el Debido y Adecuado Mantenimiento.

Caso Contrario, la Contaminación Ambiental y el Porcentaje de Residuos Tóxicos Volátiles Se Disparan Exponencialmente.

En Tanto Que, la “Gasificación de biomasa” Es un Proceso Más Limpio y Puro. Y No Produce Residuos Tóxicos Volátiles. Pero al Ser “más exigente en el tipo de desechos que puede aceptar”. Al “manejar una menor cantidad de desechos”. Y al Ser Mucho Más Caro y Costoso Que la Incineración.

¿Cuál Opción Creen Ustedes Que Va a Escoger el Alcalde de su Cantón?

Pero Sigamos Con la Coadyuva Que Propone el Citado Decreto Para Suavizar los Controles y Regulaciones Ambientales y Constructivas de su Cantón.

De Forma Que su Alcalde Pueda Dar Permisos Constructivos Tan Sólo Con Requerimientos Básicos. Coadyuvando al Crecimiento Irrestricto de Obra Gris, Sin Ordenamiento Territorial.

El Alcalde Tendría Su Beneficio, la Empresa Constructora Lograría Su Objetivo, Construir Sin Impedimentos, el Cantón Tendría Más Obra Gris.

Para Muestra, Tres Botones, Tres empresas compiten para hacer centro de convenciones”.

Y ¿Ambientalmente Que Lograríamos Con Todo Eso?

Tristemente la Respuesta Es Que, “6.705 desastres afectaron el Valle Central en los últimos 30 años”. ¿Producto de Qué?

El “Informe del Estado de la Nación reveló que eventos golpearon a los 10 cantones más urbanizados del país entre ellos: Desamparados, San José y Alajuela. 20.251 casas resultaron afectadas y 2.077 completamente destruidas por diferentes desastres.

Los pobladores del Valle Central de Costa Rica se vieron afectados por 6.705 desastres entre 1985 y el 2013, de acuerdo con datos revelados este martes por el Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación.

El documento que cada año hace un balance general sobre la coyuntura del país y aborda diferentes fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos; dedicó para esta edición, un capítulo especial al análisis del crecimiento urbano, el endeble ordenamiento territorial y el impacto de los desastres naturales en los últimos 30 años.”…

¡Más Claro No Canta Un Gallo!

No Hay Peor Ciego Que Quien No Quiere Ver, Peor Sordo Que Quien No Quiere Escuchar, Ni Peor Terco Que Quien No Quiere Entender.                

 

 

NACIONAL | REGULACIÓN DEL DESARROLLO EN TERRITORIOS Y COSTAS

Planes para poner cantones en orden quedaron varados

Sala IV estudia impugnación de ambientalistas a decreto del Ejecutivo.

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Según datos del Setena, del 2004 al 2016 solo se registran 26 viabilidades ambientales otorgadas. Otras 80 se han archivado, la mayoría, por inconsistencias técnicas.

Un total de 57 cantones tienen varados los planes reguladores con los que pretenden ordenar el desarrollo de sus territorios.

La situación obedece a que la Sala Constitucional congeló un decreto ejecutivo, aprobado en setiembre del 2015, que permitiría agilizar y abaratar los trámites para crear los planes reguladores de los municipios, los cuales marcan la cancha sobre dónde y cómo construir.

Los magistrados tomaron la decisión ante una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del decreto 39.150- Minae-MAG-Mivah-Plan-Tur.

Según palabras del consultor ambiental, Allan Astorga, quien fue uno de los quejosos que presentó la acción, esos artículos excluyen de la elaboración de los planes “información ambiental importante como el tema de amenazas naturales y capacidad de uso de la tierras”.

La acción la presentó, en diciembre, junto con el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

Según Astorga, el decreto permite a los municipios utilizar una metodología diferente a la que fue aprobada en el 2006 (contenida en el decreto ejecutivo 37.967), sin justificar por qué.

”Además, el capítulo 17 del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominica) establece que la normativa ambiental se puede modificar, pero no por una más flexible”, comentó Astorga, quien fue uno de los que participó en la redacción del decreto 37.967.

La Sala IV acogió la acción para estudio, lo cual detiene las sentencias finales de cualquier acto administrativo con base en esa normativa. La resolución de este caso puede durar un año.

Esto significa que si la Setena estudia una solicitud de viabilidad ambiental, para un plan regulador hecho bajo el decreto 39.150, no se le puede dar la viabilidad hasta que la Sala resuelva la acción, aunque se hayan presentado los documentos correctos.

En espera. El decreto ejecutivo impugnado permitía a los municipios emitir planes reguladores con información básica, mientras otras entidades dan insumos en temas como el hidrogeológico.

Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, explicó que más del 70% de las 81 municipios están a la espera de que la Sala resuelva esa acción, para continuar con los trámites de sus planes.

“No puede ser que un plan regulador (con la normativa del decreto 39.150) pida requisitos que ni siquiera se tienen en el país los instrumentos necesarios para cumplirlos. Le pedimos al Gobierno que cada institución definiera sus pasos para concretar el plan y resulta que saca un decreto para agilizar y ahora se entraba. El Setena continúa archivando solicitudes”, dijo Porras.

Archivados. Según datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), del 2004 al 2016, solo se registran 26 viabilidades ambientales otorgadas, de las cuales cinco continuaron el proceso y poseen plan regulador, siete solicitudes están en estudio y 80 se han archivado, la mayoría, por inconsistencias técnicas.

Gerardo Rojas, alcalde de Flores, es uno de los que espera que la Sala resuelva la acción de inconstitucionalidad.

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica fue contratado por este gobierno local para elaborar el plan regulador.

“Nosotros hicimos los estudios, pero no como los estaba pidiendo Setena, ya que son demasiado onerosos. La normativa vigente (37. 967) pide estudios de suelos que son muy caros. Con el nuevo decreto se permite utilizar la información que ya se tiene y avanzar con el plan, pero estamos varados”, dijo Rojas.

Críticas. Astorga reprocha que Produs utilizara una metodología sustitutiva y no la del 2006. También critica que Rosendo Pujol, titular de Vivienda, quien antes era coordinador de Produs, fuera uno de los ministros que firmó el nuevo decreto.

“Rechazo cualquier insinuación de tráfico de influencias. Lo que había era una parálisis total porque el IFA (índice de fragilidad ambiental) que había redactado Astorga, para la normativa del 2006, es imposible de aplicar. El Gobierno lo que hizo con el nuevo decreto es liberar a las municipalidades de esa camisa de fuerza”, explicó Pujol.

Se intentó hablar con Produs, pero no fue posible.

La Setena instó a los municipios a que se acerquen a la institución, sin importar que este decreto esté impugnado.

“No todas las normas del decreto están impugnadas. Estamos en la mejor disposición de ayudar a los municipios para ver las opciones que tienen para seguir adelante con su plan regulador”, detalló Marco Arroyo, secretario general de la Setena.

 

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NACIONAL | NOTICIA

Decreto fue un intento por agilizar planes reguladores en municipios

Coadyuvar. Atendiendo a estos reclamos, en agosto de 2015, el Gobierno emitió el Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores, con el objetivo de ‘coadyuvar’ con los gobiernos locales en el cumplimiento de sus obligaciones.

La normativa deja en otra entidad estatal la realización de los estudios hidrogeológicos necesarios y permite a los ayuntamientos elaborar los planes reguladores con la información básica que tengan.

Estos planes serían mejorados con la información que le suministren en materia de vulnerabilidad hidrogeológica, capacidad del suelo y amenazas naturales.

 

ECONOMÍA | NOTICIA

Tres empresas compiten para hacer centro de convenciones

El centro de eventos estaría listo para operar en el 2018. | CORTESÍA ICT

El centro de eventos estaría listo para operar en el 2018. | CORTESÍA ICT

Tres empresas privadas son las finalistas para construir el nuevo Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC).

Se trata de las firmas nacionales Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez, Edica Ltda. y Estructuras S. A.

Mauricio Ventura, ministro de Turismo, afirmó que actualmente están en el análisis técnico de las ofertas presentadas por las empresas. El proyecto está valorado en $35 millones.

Ventura indicó que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dueño del Centro, adjudique la obra antes de finalizar el mes de abril.

La meta del ICT es que el centro de eventos esté construido en el segundo semestre del 2017 y en operación a partir del 2018.

El CNCC no será administrado por el Instituto, sino por una empresa especializada en la industria de centros de convenciones, detalló Ventura.

El Centro tendrá una edificación de 15.600 metros cuadrados y estará en un terreno de 10 hectáreas, cedido por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) en el 2011. El lugar estará ubicado en Barreal de Heredia.

Las ofertas. La construcción del centro de eventos se hará con el sistema de llave en mano. La empresa que se adjudique el proyecto tendrá un plazo de un año para edificar la obra.

El jerarca de Turismo detalló que para hacer el recinto la compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez cotizó edificar el proyecto por $35,3 millones; Estructuras S.A., en $34,6 millones, y Edica, en $32,3 millones.

“Las variables para adjudicar la obra son muy sencillas. Básicamente, son el precio y el plazo de construcción. El plazo es igual para las tres empresas y los precios no tienen gran diferencia entre sí”, dijo Ventura.

El ICT tiene los permisos municipales y los de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), además de un convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

También, tiene listos todos los planos (estructurales, eléctricos, mecánicos, hidráulicos y la planta de tratamiento).

 

NACIONAL | NOTICIA

Ministerio de Vivienda construyó millonario parque en zona de riesgo

Cieneguita, LIMÓN. En marzo anterior, el presidente Luis Guillermo Solís viajó hasta el Caribe para inaugurar un parque en Cieneguita.

La obra, de ¢1.424 millones y financiada con el programa de bono comunal, incluía canchas de fútbol, baloncesto, varias plazoletas, un bulevar y una ciclovía, entre otros.

La ciclovía construida en Cieneguita de Limón está en el extremo sur de la playa, el sitio más afectado por la erosión. | ALBERT MARÍN.

La ciclovía construida en Cieneguita de Limón está en el extremo sur de la playa, el sitio más afectado por la erosión. |

El objetivo del complejo era reactivar el comercio en el poblado y ofrecer espacios de esparcimiento a los jóvenes de la comunidad.

No obstante, menos de un año después, la inversión corre riesgo por el avance del mar sobre la costa caribeña.

En el extremo sur, el mar está a pocos metros de tocar el bulevar y la ciclovía.

La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la Fundación Costa Rica-Canadá, que cobró el 5% del valor total del proyecto, segúin manifestó Juan José Umaña, gerente general de esa organización.

Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, reconoció que no se efectuaron estudios técnicos previos para determinar si la construcción peligraba por la erosión costera.

El jerarca agregó que no se enteró hasta el año anterior de que no se habían realizado las evaluaciones oceanográficas. Sin embargo, asegura que pese a las condiciones actuales, valió la pena levantar las áreas recreativas en Cieneguita.

Sobre un eventual traslado de familias, Pujol expresó que hay que esperar para observar la evolución del fenómeno.

De acuerdo con Vivienda, el año anterior se pagaron ¢38 millones por trabajos de reparación en este parque.

Omar Lizano, oceanógrafo de la Universidad de Costa Rica, calificó como una torpeza haber invertido dinero en un sitio tan vulnerable ante las marejadas.

Justificación. La Fundación Costa Rica-Canadá sostiene que actuó como lo exigía la ley en el caso de Cieneguita, pues llevó a cabo varios estudios exigidos por las diferentes instituciones.

“Si usted me pregunta si se hicieron estudios oceanográficos, yo tengo que decirle que no, pero ninguna entidad del Estado nos los pidió.

Este proyecto se llevó a Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Limón, y nadie nos pidió ese tipo de estudios”, aseveró Umaña.

Añadió que los oceanógrafos debieron advertir sobre los peligros antes de que se construyera el proyecto y no hasta ahora.

 

NACIONAL | NOTICIA

Contraloría pide sanciones en INVU por compra de finca

Recomienda despidos e inhabilitaciones para cargos públicos contra 14 personas.

Instituto pagó sobreprecio por lote con problemas para construir viviendas.

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El 3 de junio de 2015, el presidente Luis Guillermo Solís recorrió la finca Boschini, en Alajuelita, cuya compra despertó polémica. El mandatario prometió levantar torres de viviendas para familias pobres del cantón. Lo acompañó Julio Madrigal, de la CNE.

Despidos, inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de daños por ¢96 millones son algunas de las sanciones que pide la Contraloría General de la República (CGR) para 12 exfuncionarios y dos funcionarios del INVU por las irregularidades en la compra de una finca en el cantón de Alajuelita, San José.

Así consta en la resolución del procedimiento administrativo DJ-63-2011, emitida por la División Jurídica en noviembre del 2015, y por la cual está pendientes de resolver un recurso de revocatoria y apelación.

El objeto del conflicto fue la adquisición de la llamada finca Boschini, en el 2011, para construir casas de interés social.

Los cuestionamientos surgieron por el pago de ¢512 millones por esta propiedad pese a las condiciones riesgosas que posee, en especial, por las características de los taludes.

Además, se criticó la existencia de un sobreprecio cercano a los ¢96 millones.

Por estas razones, el ente contralor pide sentar responsabilidades al grupo de exempleados y empleados del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), encabezado por la expresidenta ejecutiva, Eugenia Vargas Gurdián.

Para ella, la CGR recomendó la inhabilitación por ocho años para ocupar cargos públicos. Vargas se desempeñó en el puesto durante los primeros dos años de la administración Chinchilla Miranda; renunció en julio del 2012.

A la exjerarca se le atribuye, entre otras actos, la aprobación de la compra sin contar con el avalúo por parte de la Dirección General de Tributación, cuyo requisito era obligatorio.

Se intentó localizar a Vargas por medio del INVU y a teléfonos a su nombre, pero no fue posible.

Sobre la propiedad, también la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advirtió, desde el 2008, de que no era apta para construir debido a que no hay suficiente espacio, por la cercanía del talud al río. Según la Comisión, por las condiciones topográficas y de alta vulnerabilidad, solo se podría utilizar un 41% de la superficie para planes habitacionales.

La compra de la finca Boschini también fue tema de discusión en la Asamblea Legislativa y fue motivo de una denuncia ante el Ministerio Público.

El proyecto de vivienda, sin embargo, recibió el apoyo de este gobierno.

Más sanciones. El ente contralor también ordenó una amonestación escrita para el actual miembro de la Junta Directiva del INVU, Ernesto Bertolini, quien, presuntamente, “es responsable de no haber adoptado un sistema de control en materia de refrendo que garantizara el cumplimiento a lo externo y a lo interno de este requerimiento constitucional”.

En la oficina de prensa de la institución, indicaron que Bertolini no se iba a referir.

Asimismo, también se señaló la suspensión por 30 días para Olman Vargas, actual director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), quien era miembro de la Junta Directiva del INVU al momento de la compra del terreno.

A Vargas se le achaca haber dado su apoyo al acuerdo para la compra de la finca. Él apeló la resolución.

“Los miembros de la Junta Directiva, con una excepción, no tuvimos una responsabilidad. Resolvimos una licitación con base en informes técnicos y legales que nos presentó la Administración y lo hicimos de buena fe, en atención a lo que los técnicos resolvieron”, manifestó.

Otros implicados. La Contraloría solicitó despido sin responsabilidad patronal e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años para la exgerenta administrativa del INVU, de apellido González; una notaria, de apellido Solís; el ex jefe de Ingeniería, de apellido Lobo, y una exasesora de apellido Hidalgo.

Se pidió, además, la inhabilitación para ocupar cargos públicos a un exasistente administrativo, de apellido Díaz, y a un exjefe de Proveeduría, de apellido Calvo.

También se solicitó la suspensión de hasta 30 días a cuatro exmiembros de la Junta Directiva, de apellidos Jiménez, Herrera, Protti y Gamboa.

“A todos los sancionados, excepto Bertolini, los declara civilmente responsables y ordena al INVU cobrarles daños por ¢96 millones (pagados de sobreprecio)”, dice la resolución.

 

NACIONAL | NOTICIA

Empresas tientan a municipios para generar energía con basura

Vigencia de reglamento abre puertas a la actividad.

Coopeguanacaste propone planta que daría electricidad a 10.000 hogares.

El problema de la basura podría convertirse en una oportunidad en Guanacaste, la zona de Los Santos y el área metropolitana.

Así lo presentan las empresas que quieren usar los desechos sólidos para convertirlos en electricidad, aprovechando el reglamento que regula este método, conocido como coincineración, firmado por el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) en julio de 2015.

Una de estas empresas es Coopeguanacaste. A esta solo le falta el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para comenzar a gasificar los desechos. A la vez, Coopeguanacaste ofrece a los municipios de Liberia, Carrillo y Nicoya recibirles su basura y usarla como materia prima.

“La empresa Grupo Hoskinson nos proveería la tecnología de gasificación. La planta se ubicaría en Belén de Guanacaste”, explicó Marisol Arias, vocera de Coopeguanacaste.

Según Arias, la planta tendría capacidad para generar nueve megavatios (MW), lo que permitiría dar servicio eléctrico a 10.000 hogares.

La inversión de Coopeguanacaste en este plan será de $35 millones. Una vez que Setena dé el visto bueno, se comenzará a construir la planta, la cual tardaría un año en levantarse.

Incinerar o gasificar. Existen varias tecnologías para generar electricidad a partir de residuos, pero en el país se habla de dos: incineración y gasificación. Ambas conciben los desechos como combustible para sus procesos termoquímicos, cuya finalidad es generar suficiente calor para que se forme el vapor que mueve las turbinas.

La incineración es la más conocida, más estandarizada y la que puede manejar una mayor cantidad de desechos. La gasificación es más exigente en el tipo de desechos que puede aceptar.

infografia

La posible existencia de este tipo de tecnologías en el país ha generado el rechazo de organizaciones ambientalistas, ya que consideran que hay un riesgo de contaminación para la salud y el ambiente y temen que se promueva el consumismo y se pierda el reciclaje.

Más interés. En la zona de Los Santos, la Agropecuaria 7048 desarrolló un proyecto para generar electricidad con basura, mediante la utilización de tecnología de gasificación.

Esta firma también conversa con las municipalidades de San Marcos de Tarrazú, León Cortés y Dota.

Estos tres municipios aportarían unas 100 toneladas diarias de basura que sirven para una producción por hora de 2,5 a 3 megavatios (MW). Con eso se iluminarían unas 300 casas. Al igual que a Coopeguanacaste, a la Agropecuaria 7048 solo le faltan los permisos de la Setena.

“Ya tenemos la compañía que nos va a brindar el equipo para gasificación. Se llama América W2E. La inversión sería de unos $15 millones”, dijo Luis Aguilar, dueño de la empresa.

Bernardo Barboza, alcalde la Municipalidad de Tarrazú, afirmó que este proyecto ha generado mucha oposición de la gente de la zona por el miedo de que se generen gases tóxicos.

“Se requiere más información de un ente que sea neutral, que no sean los ambientalistas ni empresas, para que sea un informe objetivo”, manifestó Barboza.

Por otra parte, la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom) y el Instituto Costarricense de Electricidad tienen firmado un acuerdo para generar electricidad con basura.

Actualmente, 10 municipios de Femetrom están interesados en aportar la materia prima y el ICE compraría la electricidad. El acuerdo es por 20 años.

Juan Antonio Vargas, director de Femetron, explicó que hay cinco empresas interesadas en participar en el proceso.

“Se tratarían 1.000 toneladas diarias de desechos; sin embargo, aún no se define el tipo de tecnología. Para iniciar el proyecto, falta que la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) defina la tarifa de compra de electricidad que les solicitamos hace cuatro años”, explicó Vargas.

Guanacaste, la zona de Los Santos y el área metropolitana son los sectores que tienen más camino recorrido en la ruta de poder generar electricidad con basura, según la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Para la Asociación, la falta de oferentes , la tramitología y la desinformación son algunas de las causas por las cuales, en otros sectores, no se ha despertado interés por el proyecto.

 

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Sala IV frena reglamento para incinerar residuos

Acogió para estudio acción de inconstitucionalidad.

Decisión paraliza trámite de solicitudes de viabilidad ambiental.

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Varias empresas viene mostrando interés en desarrollar la actividad de generación de residuos desde la emisión del reglamento en el 2015.

La Sala IV frenó la aplicación del nuevo reglamento que abrió las puertas a la incineración de residuos sólidos en el país, al acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada contra dicha normativa.

Mientras los magistrados constitucionalistas no se pronuncien sobre este tema, se paralizará el trámite, por ejemplo, de solicitudes de viabilidad ambiental en el Ministerio de Salud o en las municipalidades.

La acción fue interpuesta por Allam Astorga Gatgens y Álvaro Sagot Rodríguezse, y fue acogida para revisión el 24 de febrero anterior, según el expediente 16-002290-0007-CO.

Entre otros argumentos, Astorga y Sagot alegan que el reglamento fija los requisitos de operación y límites máximos de emisión para las instalaciones de coincineración de residuos sólidos ordinarios, lo cual, según alegan, también implica autorizar o permitir la incineración de aquellos residuos generados en viviendas.

"Ni siquiera existen profesionales capacitados para verificar que las cosas se hagan como debe ser en los procesos de incineración, como así se deriva de lo dispuesto en el transitorio segundo del reglamento cuestionado, en tanto prevé la necesidad de capacitar a profesionales para la realización de las actividades de arranque y puesta en marcha inicial, regencia, estudios de materiales, resistencia mecánica, operación y control ambiental de tales instalaciones", se lee en el expediente.

El reglamento impugnado había sido firmado, en julio del 2015, porÉdgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía. La noticia fue festejada, en aquel entonces, por varias municipalidades interesadas en impulsar proyectos para la incineración de basura y la generación de energía con desechos sólidos.

Varias compañías ya han mostrado interés en el desarrollo de la actividad en Guanacaste, la zona de Los Santos y el área metropolitana.

Coopeguanacaste, por ejemplo, está dispuesta a invertir hasta $35 millones. A esta organización solo le falta el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para comenzar a gasificar desechos. Incluso ya ofreció a los municipios de Liberia, Carrillo y Nicoya recibirles su basura y usarla como materia prima.

También en la zona de Los Santos, la Agropecuaria 7048 desarrolló un proyecto para generar electricidad con basura, mediante la utilización de tecnología de gasificación. Esta firma ya conversa con las municipalidades de San Marcos de Tarrazú, León Cortés y Dota.

Sin embargo, Astorga y Sagot afirman que, al abrirse a la industria de la incineración, se transgrede el objetivo internacional previsto en esas normas de evitar la generación de gases de efecto invernadero.

"Ni siquiera existen profesionales capacitados para verificar que las cosas se hagan como debe ser en los procesos de incineración, como así se deriva de lo dispuesto en el transitorio segundo del reglamento cuestionado, en tanto prevé la necesidad de capacitar a profesionales para la realización de las actividades de arranque y puesta en marcha inicial, regencia, estudios de materiales, resistencia mecánica, operación y control ambiental de tales instalaciones", se lee en el expediente.

 

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Electricidad de 20.000 hogares de Guanacaste y Puntarenas será más barata por nueva hidroeléctrica

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La obra tiene un costo de $67 millones y estará finalizada antes de marzo.

El proyecto hidroeléctrico Bijagua permitirá que 20.000 familias de las provincias de Guanacaste y Puntarenas reciban una reducción de entre 10% y 12% en su tarifa de electricidad.

Los hogares beneficiados con el proyecto, que esta ubicado en Upala, son de las zonas de Santa Cruz, Nicoya, Jicaral, Cóbano y Paquera.

La obra esta a cargo de la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L. (Coopeguanacaste R. L.), la cual se ahorrará ¢500 millones por año con esta construcción.

Las obras tienen un 96% de avance y empezarán a trabajar en marzo.

"Es más económico para la cooperativa generar su propia energía que comprarla al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de ahí el beneficio directo para nuestros asociados. Este proyecto que iniciará funciones en marzo también colabora con la eliminación del uso de combustibles fósiles para generar electricidad", afirmó Miguel Gómez, gerente de la Cooperativa.

La obra tiene un costo de $67 millones, los cuales son cubiertos con fondos de la cooperativa y el financiamiento de bancos nacionales.

El Proyecto Hidroeléctrico Bijagua empezó a construirse en el 2013, toma aguas de los ríos Zapote y Bijagua. Consiste en la construcción de un sistema de tomas de agua que será conducida hasta canales abiertos y luego pasará por un túnel de 1,9 kilómetros, hasta un embalse de aproximadamente 4 hectáreas.

La cooperativa posee un área de cobertura de 4.808 kilómetros cuadrados, desde la comunidad de Guardia hasta San Rafael de Paquera e isla Cedros en el Golfo de Nicoya.

Coopeguanacaste espera trabajar en algunos años con energía eólica, solar y gasificar la basura.

 

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Menos lluvia llega a acuíferos debido a crecimiento urbano

Recurso se pierde por evaporación o provoca que ríos se desborden.

Falta de obras y azote del cambio climático complican más las ciudades.

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El 27 de octubre anterior, las calles cercanas a los antiguos talleres de la empresa Dos Pinos en Barrio Luján (San José) se inundaron como pocas veces han visto los vecinos. El alcantarillado colapsó por la carga de aguas superficiales.

Tierras que antes absorbían agua llovida durante el invierno, quedaron cubiertas por cemento o asfalto debido a la expansión urbana, sobre todo en el Valle Central

Esta situación es una de las causantes de las inundaciones en áreas urbanas, pero también desnuda la poca planificación y mínima infraestructura para mitigar el impacto del cambio climático en las alcantarillas, ríos y acueductos.

El desbordamiento del río María Aguilar, en San José, ocurrido en setiembre, por ejemplo, podría convertirse en un problema rutinario, lo mismo que el anegamiento de carros y casas en San Pedro de Montes de Oca, Zapote, Desamparados, barrio Luján, Tibás y Goicoechea.

El asunto va más allá de la basura en las alcantarillas que tapan el paso del agua: las alcantarillas y ductos actuales ya no aguantan la presión y carga de agua por un fenómeno denominado el síndrome del río urbano .

Este fenómeno se vincula a la impermeabilidad del suelo por el cemento urbano, lo cual hace que menos agua recargue acuíferos subterráneos pues más líquido se pierde por evaporación y corrientes superficiales.

“Los ríos tienen dimensiones de caudal natural, pero hoy también deben cargar el excedente de agua superficiales. Por eso se salen del cauce y por eso las alcantarillas colapsan”, explicó el doctor Ricardo Sánchez, hidrólogo e investigador del fenómeno de la Universidad Nacional.

De seguir la construcción en zonas donde debería filtrarse agua al subsuelo, asegura Sánchez, las corrientes superficiales desbordarán aún más alcantarillas y otras obras creadas hace décadas.

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Esta previsión se basa en que los patrones de variabilidad climática serán más agudos en este país donde los rezagos en infraestructura para recurso hídrico rondan los $1.500 millones, aseguró Carlos Herrera, intendente de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

“Ha faltado planificación para enfrentarnos al cambio climático. El indicador más claro de esta falta de eficiencia es el agua sin contabilizar por fugas o captaciones ilegales”, expresó el funcionario.

Al 2015, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solo cobró 49% del agua bajo su administración. En el 2014 cobró solo 48% y 47,3% en el 2013, indican sus estadísticas.

Costa Rica tiene agua, afirmó Herrera, pero necesita mejorar su gestión, crear nuevas conexiones, obras para almacenarla y, sobre todo, para trasvase.

“Nos sobra agua en el Caribe y se nos inunda San José, pero el líquido nos falta en el Pacífico y la Región Chorotega”, recordó.

Rezago. Yamileth Astorga, presidenta del AyA, reconoció el grave déficit de infraestructura, pero advirtió de que no es sencillo construirla ahora, aun teniendo recursos económicos, pues los criterios técnicos y científicos han sido ignorados en el pasado.

En su criterio, Costa Rica necesita obras diferentes y de mayores dimensiones para afrontar el cambio climático, aunque las decisiones clave no se tomaron.

“Mire los acuíferos costeros; hace años se sabía que construir en las costas era sensible y debíamos tomar previsiones para asegurar nuestra afluencia de agua y, sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias”, afirmó.

La jerarca insistió en que el recurso hídrico es sostenible si prevalecen criterios correctos.

Para los próximos cinco años, la entidad se propone invertir ¢965.000 millones en acueductos y plantas de tratamiento de aguas. El énfasis, dijo, recaerá en las gestión de cuencas hidrográficas superficiales que sean de “extrema vulnerabilidad”.

El plan incluye facilitar usos de suelo que permitan la filtración del agua y la vigilancia en cantidad y calidad de este tipo de captaciones del líquido.

Esta ruta, afirma Astorga, responde a una “preocupación principal” como es la ejecución presupuestaria de inversiones del AyA que hoy ronda al 60%. Al cabo de cinco años, se espera sea de 75%.

Este plan estratégico, afirma la funcionaria, considera el exceso o mal uso del recurso hídrico por los cambios en los patrones de lluvia que enfrenta el planeta y los cuales afectan la cantidad y calidad de agua de la población.

 

VIVIR | NOTICIA

Ticos tendrán 65% menos agua por persona para el año 2020

Aparte de la cantidad, la calidad del recurso también está amenazada.

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La contaminación de los ríos, como el Torres, incide en el ciclo hidrológico y eso, a la larga, afectará la cantidad y calidad del agua disponible para consumo humano.

Si en estos momentos cientos de personas sufren por los recortes de agua, la situación podría empeorar para el 2020, debido a la influencia del cambio climático, el deterioro ambiental y el crecimiento demográfico.

Costa Rica pasó de disponer, en 1970, de 55.000 metros cúbicos (m³) de este líquido por persona, a solo 30.000 m³ en 1996. La proyección para el 2020 es de apenas 19.000 m³ por habitante; es decir, 65% menos que hace 46 años.

Pero, aparte de la menor cantidad, el recurso hídrico también está amenazado en su calidad.

La alerta la hizo Guillermo Calvo, químico e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), durante la presentación de su libroRíos: fundamentos sobre su calidad y relación con el entorno socioambiental , publicado recientemente por Editorial Tecnológica de Costa Rica.

Contaminación. “En el país se ha hecho un inventario de oferta hídrica considerando fuentes subterráneas y superficiales, pero sin contemplar la contaminación de los ríos”, comentó Calvo.

Durante dos años, este químico y su equipo tomaron muestras en 10 ríos del país. A cada uno lo dividieron en cuenca alta, media y baja, por lo que se contó con un total de 30 puntos de muestreo.

Para valorar la calidad, los investigadores utilizaron el índice holandés, el cual contempla tres criterios: demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto y nitrógeno amoniacal.

Calvo observó una correlación entre la densidad poblacional y los niveles de contaminación encontrados.

Las zonas con densidad media y alta mostraron niveles de contaminación “severos” y “muy severos” –la escala de medición consta de las siguientes categorías: sin contaminación, incipiente, moderada, severo y muy severo, ordenadas de menor a mayor–.

Como era de suponer, los ríos María Aguilar, Torres y Agres, en zonas urbanas, puntuaron alto en sus cuencas medias y altas. La sorpresa la depararon los ríos Rincón y Tigre, en el Pacífico sur, pues con las lluvias son arrastrados contaminantes desde las partes medias y altas.

Para Calvo, el índice holandés es limitado y por ello recomienda incluir otros indicadores para tener una fotografía más completa de lo que sucede en los cuerpos de agua en el país. El investigador propone medir los fosfatos para evaluar el impacto de las aguas jabonosas; nitratos y amonio para detectar fertilizantes y pesticidas; coliformes fecales (contaminación microbiológica) y la turbiedad.

“Un índice de calidad del agua adecuadamente diseñado es una herramienta conveniente para el análisis de tendencias, nos advierte sobre situaciones particulares del ambiente y también ayuda a los tomadores de decisiones en la evaluación de la efectividad de los programas regulatorios implementados”, resaltó Calvo.

Ciclo. En Costa Rica, el 69% del agua extraída se utiliza en labores agrícolas. “La mitad del agua que se utiliza en el riego es evaporada y transpirada por las plantas; el resto, que se extrae pero no se consume durante este proceso, regresa a los ríos, se infiltra en los suelos y además se almacena en los mantos acuíferos”, pormenorizó el investigador.

Esa infiltración es clave en el balance hídrico y mejora la recarga hídrica.

Por eso, Calvo recomienda los sistemas silvopastoriles (combinación de cultivos o ganado con árboles), ya que estos promueven la infiltración y disminuyen la escorrentía superficial, lo cual favorece la recarga de mantos acuíferos y se evita la erosión.

La industria, por su parte, utiliza el 21% del agua extraída, mientras que 29% es para uso doméstico. El 90% de ese líquido proveniente de las viviendas regresa como agua residual. “El agua retornada usualmente es de inferior calidad en relación con el agua extraída”, detalló Calvo.

El problema de calidad empeora cuando esas aguas residuales no se tratan. En Costa Rica, solo el 4% recibe un tratamiento antes de ser devueltas al río.

La cuenca del Tárcoles, por ejemplo, recibe 3.200 litros de aguas residuales sin tratar, por segundo; es decir, 276 millones de litros diarios.

Los ríos Tárcoles y Reventazón, en cuyos alrededores se asienta el 70% de la población, reciben las aguas residuales sin tratar de las ciudades de San José, Heredia, Alajuela y Cartago.

“La cuenca del río Grande de Tárcoles ha sufrido un grave proceso de deterioro que se refleja en la calidad de su agua. Aunque esta contaminación es superficial, terminará por afectar paulatinamente los cuerpos subterráneos usados en el suministro de agua para consumo humano, debido a la relación intrínseca que existe entre ambas capas de agua”, destacó el químico del ITCR.

 

NACIONAL | NOTICIA

6.705 desastres afectaron el Valle Central en los últimos 30 años

Informe del Estado de la Nación reveló que eventos golpearon a los 10 cantones más urbanizados del país entre ellos: Desamparados, San José y Alajuela.

20.251 casas resultaron afectadas y 2.077 completamente destruidas por diferentes desastres.

Los pobladores del Valle Central de Costa Rica se vieron afectados por 6.705 desastres entre 1985 y el 2013, de acuerdo con datos revelados este martes por el Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación.

El documento que cada año hace un balance general sobre la coyuntura del país y aborda diferentes fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos; dedicó para esta edición, un capítulo especial al análisis del crecimiento urbano, el endeble ordenamiento territorial y el impacto de los desastres naturales en los últimos 30 años.

El capítulo seis —apartado especial del informe— lleva como título:Ordenamiento territorial: implicaciones para el desarrollo humano, y relaciona el desordenado crecimiento territorial que registra la Gran Área Metropolitana (GAM) en las últimas tres décadas, con los desastres naturales que afectaron al Valle Central en el mismo periodo.

Para determinar la cantidad de desastres que afectaron al país y el impacto socioeconómico que tuvieron; los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), tomaron la información de DesInventar 2015, una base de datos que tiene registros de Costa Rica desde 1968.

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De los 6.705 desastres que se contabilizaron en el Valle Central, 3.829 se dieron por inundaciones, lluvias, tempestades o tormentas eléctricas; 2.082 se produjeron por deslizamientos; 563 por vendavales y 143 por sismos.

"Al analizar la incidencia geográfica de estos eventos, queda claro que la falta de ordenamiento territorial efectivo en las distintas escalas hace que la presión demográfica y la inadecuada gestión de las políticas de desarrollo urbano aumenten la vulnerabilidad", explica el informe en la página 314.

Costa Rica está expuesta a amenazas geológicas (provocadas por sismos o volcanes) y las hidrometeorológicas (provocadas por inundaciones, sequías, vendavales); además de los deslizamientos propios de las condiciones montañosas del 60% del territorio nacional.

Impacto en cantones más poblados. La mayoría de los desastres naturales afectó los cantones más poblados del Valle Central, debido a que concentran más personas en zonas de riesgo.

Los cantones con mayor número de eventos en el Valle Central son Desamparados, San José, Alajuela, Cartago, Aserrí, La Unión, Heredia, Alajuelita, Goicoechea y Curridabat.

El impacto de los desastres es propiciado por los fenómenos naturales y por la cantidad de población vulnerable expuesta en los cantones que tienen mayor densidad de población.

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"Los mayores registros de impacto de desastres se presentan en las zonas del Valle Central más densamente urbanizadas y pobladas, como las cabeceras de cuatro provincias, y en cantones que han crecido de manera acelerada en las últimas dos décadas", señala el documento.

El informe destaca los deslizamientos más importantes que se presentaron en el Valle Central entre 1985 y el 2013: Tapezco en Santa Ana, Banderillas en Cartago, Potrerillos en Acosta, El Burío en Aserrí, El Tablazo en Desamparados, Peñas Blancas en Esparza, Arancibia en Puntarenas, bajo de El Cacao y barrio Fátima en Atenas, y Calle Lajas en Escazú.

Entre los últimos desastres que azotaron al país, destaca el terremoto de Cinchona en enero del 2009, que provocó deslizamientos, inundaciones, destrucción de casas e infraestructura pública y muertes.

Una vista panorámica de las casas de Río Azul de Desamparados que evidencia la construcción de vivienda en zonas montañosas, lo que aumenta el riesgo ante eventos como deslizamientos. (ADRIÁN SOTO)

Pérdidas humanas y económicas. Las condiciones geográficas del país y el desordenado crecimiento urbano también provocaron pérdidas humanas y económicas en las últimas tres décadas.

En ese mismo periodo, se contabilizaron 133 muertes en distintos desastres. 92 personas fallecieron en deslizamientos, 17 por cabezas de agua y 13 en inundaciones.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, entre 1988 y el 2009, Costa Rica registró pérdidas económicas relacionadas directa e indirectamente con desastres naturales por $1.823 millones.

El estudio agrega que las pérdidas se dieron "mayoritariamente por eventos hidrometeorológicos (82,9%) y sismos (12,2%). El sector público fue el más afectado, pues el 62% de esas pérdidas correspondió a infraestructura pública y, dentro de este rubro, resaltan obras e instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Salud, acueductos rurales y urbanos, edificaciones publicas y ferrovías".

En el documento se calcula que las pérdidas anuales representan al menos el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2005 y el 2009.

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Pobreza y crecimiento urbano. La pobreza y el crecimiento urbano sin regulación, son condiciones que influyen para que los eventos naturales se conviertan en desastres.

El informe indica que "en el Valle Central, y en particular en la GAM, esa vulnerabilidad se ha incrementado en las últimas décadas por el crecimiento de la población urbana, la presión constructiva, la demanda de nuevos servicios e infraestructura, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el desarrollo de anillos de pobreza y tugurios y, muy en especial, la débil o inexistente planificación del territorio".

El área construida en la GAM prácticamente se duplicó al pasar de 16.000 hectáreas en 1982 a unas 32.000 hectáreas en el 2013.

En ese mismo periodo, la cantidad de la población en la GAM pasó de 1.288.082 personas en 1982 a 2.268.248 en el 2013.

Todo este fenómeno se dio de forma libre, desordenado y con pocas regulaciones efectivas por parte del Gobierno.

El estudio evidencia que la tierra es más barata en zonas con mayor riesgo de desastres, lo que impulsa que más personas vivan en regiones peligrosas.

"En el Valle Central se ha construido en márgenes de ríos, laderas, zonas con pendientes muy pronunciadas, en ocasiones por desarrolladores inmobiliarios y en otras por el fenómeno del ‘precarismo’, lo que ha dado lugar a la recurrencia de inundaciones y deslizamientos", concluye el documento.

 

SUCESO | NOTICIA

Autoridades allanan Municipalidad de Poás de Alajuela por aparentes irregularidades

En proyectos de construcción urbanísticos

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La fiscalía dirige el allanamiento de nueve departamentos de la Municipalidad de Poás por aparentemente irregulares en proyectos urbanísticos.

Agentes de la Policía Judicial allanaron esta mañana la Municipalidad del cantón de Poás de Alajuela.

El operativo comenzó a eso de las 6 a. m. cuando las autoridades de la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público ingresaron al ayuntamiento para investigar sobre posibles irregularidades en el financiamiento de proyectos en la zona.

Celso Gamboa, fiscal adjunto, escribió en su cuenta oficial de Twitterque la "Fiscalía dirige allanamiento en 9 departamentos de Municipalidad de Poás. Se investigan 22 proyectos urbanísticos aparentemente irregulares".

Fiscalía dirige allanamiento en 9 departamentos de Municipalidad de Poás. Se investigan 22 proyectos urbanísticos aparentemente irregulares.

— Celso Gamboa Sánchez (@CelsoGamboaCR) Mayo 19, 2015

La oficina de prensa de la Fiscalía indicó que las denuncias se encuentran en cuatro expedientes, en los cuales se señala al alcalde municipal y a otros funcionarios del gobierno local, por la aparente aprobación de permisos de segregación y construcción de 22 polémicos proyectos urbanísticos.

Esos permisos supondrían un criterio contrario al ordenado por un voto de la Sala Constitucional en el cual se pedía proteger parte del territorio.

"En dicho voto se ordenó a la Municipalidad de Poás a elaborar y aprobar, en plazo de 24 meses, un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas. A partir de esa orden, la Municipalidad ha enfrentado una serie de limitaciones para otorgar permisos constructivos en el cantón", especificó la institución.

También se investiga la supuesta apertura ilegal de calles públicas sin seguir la tramitología urbanística.

"El objetivo del allanamiento en los nueve departamentos es localizar elementos de prueba documental", agregó.

Los delitos investigados por parte de la Fiscalía son prevaricato, fraude de ley, legislación en provecho propio, negociaciones incompatibles, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión de áreas de protección.

DATA | NOTICIA

José Joaquín Brenes, alcalde de Poás: ‘Que yo esté denunciado no signfica que sea culpable’

José Joaquín Brenes competirá contra siete aspirantes. | JOSÉ DÍAZ.

La reubicación de afectados por el terremoto de Cinchona (2009) y la posterior construcción de urbanizaciones en Poás de Alajuela, fueron el origen de las denuncias contra el alcalde José Joaquín Brenes, quien pretende reelegirse por tercera vez.

Por aparentes irregularidades en proyectos urbanísticos, apertura de calles e incumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional, el liberacionista acumula cinco denuncias por supuesto prevaricato. Además, se le atribuyen aparentes delitos fraude de ley, legislación en provecho propio, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal.

En una de las causas ya está citado para juicio, del 12 de julio al 11 de agosto del 2017.

Brenes replicó que el “hecho de estar denunciado no significa que sea culpable”. El alcalde sostiene que ha ejercido dentro del marco de la legalidad.

No obstante, quienes lo adversan lo responsabilizan de otorgar permisos constructivos en lugares de alta vulnerabilidad por su cercanía con mantos acuíferos o nacientes.

Fallo decisivo. Una resolución de la Sala IV del 2004, que detuvo la urbanización Linda Vista por estar en zona de riesgo, sentó las bases de construcción en Poás y ordenó a la Municipalidad hacer un plan regulador.

“El voto fue interpretado como que no se podía construir nada, absolutamente nada. La gente que se dedicaba a la construcción tuvo que irse a trabajar afuera”, alegó Brenes.

El fallo especifica que el 90% del cantón es una zona de alta vulnerabilidad, por lo cual se exigió que todo fraccionamiento, urbanización , segregación o condominio cuente con planta de tratamiento de aguas negras.

A pesar del voto de la Sala IV, hoy en el mismo lugar donde se iba a levantar el complejo Linda Vista, hay un fraccionamiento lineal llamado Don Nicolás que no tiene planta de tratamiento.“Hasta donde yo sé, los argumentos de decir que esas casas se desarrollaron sobre una zona de restricción no es correcto. El voto se dio en el 2004 y durante ocho años se generó mucha información técnica y científica; y la ciencia y la técnica supera el derecho”, añadió.

El alcalde argumentó que la urbanización San Nicolás, donde reubicaron a los damnificados por el terremoto, no cuenta con la planta de tratamiento porque el Ministerio de Salud avaló el uso de tanques sépticos. El plan regulador no está listo por un problema de competencias y derecho público, dijo.

 

NACIONAL | NOTICIA

Vecinos de Guacimal ganan pulso contra proyecto de riego

Sala IV detiene entubamiento por falta de estudio ambiental.

Sala IV paró obras de entubamiento por falta de estudios de impacto ambiental.

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Río Veracruz a la altura de Guacimal (Puntarenas).

La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo de vecinos de Guacimal de Puntarenas contra el Proyecto de Riego Guacimal-Sardinal.

Según los vecinos, la concesión de agua a la Sociedad de Usuarios de Agua de los Ángeles de Guacimal (Sudagua) amenazaba a toda la comunidad, pues habría dejado el río Veracruz con solo 16% de caudal disponible, lo cual iba a dañar a las familias de la zona.

El 16 de febrero anterior, los magistrados anularon la inclusión del Proyecto de Riego Sudagua al Plan General de la Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país, del Decreto Ejecutivo 38642-MP-MAG del 10 de octubre del 2014.

El texto declaró estado de emergencia la situación causada por la sequía en cantones de Guanacaste, en algunos de Puntarenas como Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza, y también en los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas (Alajuela).

La declaratoria de emergencia obvió la realización estudios de impacto ambiental cuando se incluyó Sudagua en el decreto.

Los magistrados le ordenan a la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía que, para incluir a Sudagua de nuevo en el decreto, hagan primero estudios de impacto ambiental.

La resolución también condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados. El Proyecto de Riego Sudagua, en Guacimal de Puntarenas, planteaba la extracción de 75 litros por segundo del río Veracruz para llevarlos a la zona de Sardinal, donde serían para uso exclusivo de riego de fincas ganaderas.

Con el fallo, se excluyeron de la zona de emergencia 100 hectáreas de tierras, señaló Patricia Quirós, directora del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara) del Ministerio de Agricultura.

“Ahorita estamos a la espera de la resolución de Setena para ver cómo procedemos en adelante”, refirió Quirós.

David Villalobos, uno de los líderes locales de Guacimal, afirmó que, aparte del agua, el proyecto amenazaba caseríos en la comunidad.

Citó que los responsables de las obras nunca detallaron planos de las tuberías, pero sí querían pasarlas en zonas pobladas.

“Todo lo que han construido ha sido improvisado, una pura suposición. Pretendían incluso pasar encima de una naciente de agua. Ese el tipo de daño ambiental que nadie consideró y, por eso, todo esto se denunció”, refirió .

 

NACIONAL | NOTICIA

Municipio de Pococí insiste en explotar terrenos de acuíferos

Ayuntamiento contradice criterios técnicos del AyA y UCR sobre protección de esta zona.

Concejo contrató a la Universidad, pero prescindió del plan regulador propuesto.

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La Nación recorrió la zona de la polémica. Allí se observan decenas de lotes en venta, con extensiones menores a las sugeridas por la UCR. Muchas de las propiedades anuncian un río colindante como valor agregado.

La Municipalidad de Pococí desechó una propuesta de plan regulador que imponía restricciones de uso de suelo en la zona de recarga de los acuíferos Suerre y Santa Clara, ubicados al sur de la ruta 32, que lleva a Limón.

Esto, a pesar de los criterios técnicos emitidos por expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quienes aseguran que construir en esa área pondría en riesgo las reservas de agua potable de los cantones de Pococí y Guácimo.

Precisamente, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la UCR, fue el encargado de elaborar el plan tras ser contratado en el 2004 por el municipio, que luego lo descartó en el 2011 por prohibir la explotación de una franja de 500 metros a lo largo de la carretera Braulio Carrillo.

El gobierno local tampoco estuvo de acuerdo con las restricciones planteadas por Produs para segregar propiedades y construir en ese sector.

Jorge Espinoza, alcalde de Pococí, afirmó que el planteamiento de Produs era una “camisa de fuerza” para el cantón.

“Simplemente a nosotros nos dieron una camisa de fuerza que no nos gustó y toda camisa de fuerza, yo creo, que debe negociarse. Se pagó una plata para que nos hicieran un diseño y no me gustó ese diseño”, comentó Espinoza, al admitir que el Ayuntamiento no cuenta con ningún estudio para refutar las recomendaciones de Produs.

Los trabajos realizados por la entidad universitaria costaron ¢57 millones, los cuales fueron financiados por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

De acuerdo con el AyA, solamente del acuífero Suerre dependen 23.000 conexiones de agua, lo cual equivale a unas 92.000 personas.

En el sector ya se ubican diversos establecimientos comerciales, así como los Tribunales de Justicia.  |  LUIS NAVARRO

En el sector ya se ubican diversos establecimientos comerciales, así como los Tribunales de Justicia. | LUIS NAVARRO

“El tema de si se quiere proteger o no, no está en discusión, es una responsabilidad. Ahora, con Produs, quizá, donde no había una coincidencia era en el hecho de tolerancia cero en algunos desarrollos”, manifestó a La Nación el ingeniero municipal Francisco Fallas.

Defensa. Luis Zamora, director de Produs, desmintió el argumento del municipio y enfatizó que durante el diseño del plan tomaron en cuenta a las comunidades y al gobierno local.

“Nosotros hacemos un proceso participativo que va en toda la extensión del proyecto; ese proceso incluye reuniones con la gente de todas las comunidades; vamos a las comunidades y hablamos con ellos”, dijo Zamora.

El plan de ordenamiento territorial elaborado por Produs establecía dos grandes zonas de manejo al sur de la carretera, las cuales suman una extensión de 2.543 hectáreas.

Produs incluso cedió y calificó una franja de 500 metros a lo largo de la carretera como zona de amortiguamiento de centro urbano; esto, con el fin de permitir actividades comerciales, industriales y residenciales.

“No es cierto que hacia el sur de la carretera no permitamos hacer nada”, aseguró Jorge Solano, investigador de Produs.

Otras de las diferencias entre la UCR y la Municipalidad giran alrededor de los anchos de vía y la altura de los edificios.

Respaldo. Moisés Bermúdez, director de Cuencas del AyA, respaldó el estudio de Produs y recalcó que estos acuíferos son la única reserva de agua en esa región.

“No es solamente el agua para consumo, eso es muy importante subrayarlo; todo el sistema hidrológico (de esa zona) está sustentado en esos territorios.

”Nos parece primordial que se haga un esfuerzo para garantizar la protección de esos territorios”, aseveró Bermúdez.

Hace dos años, el AyA envió a la Municipalidad de Pococí la ubicación de los puntos de captación de agua potable, con la idea de que no se permitan construcciones cercanas a las fuentes.

Sin embargo, la única regulación existente en la zona de recarga acuífera es que los interesados en construir no hagan, “en la medida de lo posible”, tanques sépticos, sino otros sistemas para la captación de las aguas negras.

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