Ya rige la ley que transfiere ¢60.000 millones a municipios para arreglar vías”.

Y la Pregunta Que Muchos Se Hacen Es, “Con más recursos, ¿harán las municipalidades bien el trabajo?”.

Y la Respuesta Es No; Al Menos No Mientras No Se Formule Una Ley Para la Transferencia Efectiva y la Redistribución de los Recursos Provenientes de las Diferentes Municipalidades, Entre las Diferentes Municipalidades.

Doña Joyce Zurcher Nos Da la Respuesta Inicial del Porqué en lo Que Ella Llama:

Problemas estructurales.

“Con la transferencia de recursos que recibirán las municipalidades, será el concejo quien decidirá sobre las calles que se repararán y construirán, y el alcalde las reparará y construirá. Pero me permito enumerar las dificultades que veremos:

1.- El concejo discutirá hasta la saciedad (y con sesgo político) cuáles calles, donde y cuándo, y podrá atrasar la ejecución.

2.- La mayoría de los municipios carecen de ingenieros civiles y de maquinaria, por lo que el alcalde procederá a licitar las obras cuando el concejo dé la orden de inicio (que puede ser atrasada según conveniencia partidaria).

3.- La mayoría de las municipalidades no cuenta con una proveeduría moderna que sepa hacer licitaciones públicas o directas concursadas, ni compras en red. Esto causará un diluvio de apelaciones que irán al concejo nuevamente para su resolución definitiva.

4.- Si el alcalde no tiene afinidad con el concejo, su presidente o sus regidores pueden atrasar el inicio de la obra previamente aprobada, o puede atrasar durante meses la adjudicación o la resolución de una apelación.

5.- El alcalde no siempre cuenta con funcionarios idóneos porque, más a menudo de lo que se sabe, la administración está integrada por clientes políticos nombrados anteriormente y protegidos por los miembros del concejo del partido político afín al funcionario, lo que dificulta la gestión administrativa.

6.- El funcionario que incurre en una falta y es sancionado, generalmente recurre a la Sala IV, quien lo reinstala en su cargo hasta que dos años después resuelve el caso.

Finalmente, el alcalde no puede cambiar el “establishment” administrativo, porque debe solicitar cualquier reforma al Servicio Civil, quien se tomará cinco años en resolver, si lo hace.”…

Pero Más Allá de Esos Problemas Estructurales, El Verdadero Problema Es la Ineficiente Distribución de los Recursos Provenientes de las Diferentes Municipalidades, Entre las Diferentes Municipalidades.

Aclaro: Una Municipalidad Como la de Escazú, Aparte de la Alta (Muy Alta) Generación de Recursos Económicos Por Parte de Sus Ciudadanos, Ya Tiene la Mayoría de Sus Problemas Estructurales Solucionados: Cuanta Con Ingenieros, Experticia, Tanto Administrativa Como Política, Y Por Si Eso Fuera Poco, Su Infraestructura Vial y Pública Ya Está Altamente Desarrollada, Por lo Que No Necesita Mayor Inversión, Pero los Recursos Le Sobran (Y En Demasía).

En Otras Palabras Tiene Un Superávit, Tanto en Infraestructura Como en Recursos.

En Tanto Que, Una Municipalidad Como la Guatuso, los Chiles o Guatuso. A Parte de Que, Casi No Cuenta Con Población Que Aporte Recursos, Ésta Es Muy Pobre en Comparación Con la de Escazú. Y Por Sí Eso Fuera Poco, Su Territorio Es Muy Extenso, Carente de Infraestructura, Tanto Vial Como Pública, Y Hace Falta Construir Nueva y Mucha.

En Otras Palabras, Está en la Quiebra y Encima Carente de Recursos Con Que Afrontarla.

¿Soluciones? Sí, las Hay, Dos (2):

1- Transferir Recursos de las Municipalidades “Ricas” a las Pobres, Dentro del Anunciado (Por el Gobierno) Modelo de Redistribución de la Riqueza. Y

2- Solventar los Problemas Estructurales A Través del MOPT, Eliminado el CONAVI y el CNC y Devolviendo al MOPT Su Papel de Ente Rector de la Construcción y el Desarrollo de Infraestructura Pública y Vial en el País.

¿Cómo?

Volviendo a Invertir el los Plantes del MOPT en Distintas Municipalidades, Dotándolos de Ingenieros y Trabajadores Capacitados, Surtiéndolos de Maquinaria, Y Dando Trabajo a la Mano de Obra Local.

 

 

Con más recursos, ¿harán las municipalidades bien el trabajo? POR JOYCE ZURCHER B

Ante la necesidad que tiene el país de contar con una red vial local adecuada, el Congreso decidió aumentar la deuda pública para financiar la transferencia de recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hacia las municipalidades para que lleven a cabo la tarea.

Esto nos demanda atención porque no hay garantía de que puedan hacer bien el trabajo.

Las municipalidades son entes bicéfalos, conformados por un alcalde elegido directamente por el pueblo y por un concejo municipal conformado por regidores que provienen de listas elaboradas por los partidos políticos. Esto implica luchas de poder internas.

El alcalde tiene a su cargo la presentación del presupuesto y su ejecución. El concejo tiene a su cargo la aprobación del presupuesto y, adicionalmente, interviene en la ejecución presupuestaria al otorgar la orden de inicio para toda licitación pública o directa concursada, al aprobar o improbar la oferta escogida por la administración, al decidir sobre las apelaciones que las empresas presenten, al otorgar o no patentes, al permitir o no las urbanizaciones y obras mayores, al resolver todas las apelaciones originadas por las decisiones administrativas del alcalde y al decidir sobre las apelaciones de los funcionarios sancionados por este.

Problemas estructurales.

Con la transferencia de recursos que recibirán las municipalidades, será el concejo quien decidirá sobre las calles que se repararán y construirán, y el alcalde las reparará y construirá. Pero me permito enumerar las dificultades que veremos:

1.- El concejo discutirá hasta la saciedad (y con sesgo político) cuáles calles, donde y cuándo, y podrá atrasar la ejecución.

2.- La mayoría de los municipios carecen de ingenieros civiles y de maquinaria, por lo que el alcalde procederá a licitar las obras cuando el concejo dé la orden de inicio (que puede ser atrasada según conveniencia partidaria).

3.- La mayoría de las municipalidades no cuenta con una proveeduría moderna que sepa hacer licitaciones públicas o directas concursadas, ni compras en red. Esto causará un diluvio de apelaciones que irán al concejo nuevamente para su resolución definitiva.

4.- Si el alcalde no tiene afinidad con el concejo, su presidente o sus regidores pueden atrasar el inicio de la obra previamente aprobada, o puede atrasar durante meses la adjudicación o la resolución de una apelación.

5.- El alcalde no siempre cuenta con funcionarios idóneos porque, más a menudo de lo que se sabe, la administración está integrada por clientes políticos nombrados anteriormente y protegidos por los miembros del concejo del partido político afín al funcionario, lo que dificulta la gestión administrativa.

6.- El funcionario que incurre en una falta y es sancionado, generalmente recurre a la Sala IV, quien lo reinstala en su cargo hasta que dos años después resuelve el caso.

Finalmente, el alcalde no puede cambiar el “establishment” administrativo, porque debe solicitar cualquier reforma al Servicio Civil, quien se tomará cinco años en resolver, si lo hace.

En este contexto, los alcaldes que logran armonía con sus concejos harán las calles, y esperamos que lo harán legal y transparentemente. Cuando no haya tal afinidad, el concejo amarrará las manos al alcalde y no le permitirá ejecutar.

Desde luego, todo esto se resolvería si los partidos políticos nacionales no participaran en las elecciones municipales y el pueblo escogiera libremente su gobierno local. Pero también se podría evitar con algunos cambios menores en el Código Municipal, que le dieran mayor autonomía administrativa al alcalde y limitaran la función del concejo a la aprobación presupuestaria y a una vigilancia eficiente del cumplimiento administrativo, con el respaldo que nos deben de dar los Tribunales de Justicia, ante cualquier irregularidad.

Lo positivo de este complejo asunto es que el traslado de recursos a las municipalidades para la construcción de vía locales pondrá de manifiesto los problemas estructurales del régimen municipal, y esto constituirá un enorme paso hacia la resolución futura.

Joyce Zürcher: Un asunto de conciencia

La autora es filósofa.

Ya rige la ley que transfiere ¢60.000 millones a municipios para arreglar vías

Este martes se publicó en La Gaceta la Ley Especial de Transferencia de Competencias que triplica los recursos de los municipios para atender la red vial cantonal.

Ñkán inhabilitadas hasta por  cinco años.í lo indica el artículo 45 de la propuesta de ley que promueve el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para crear el nuevo Instituto Nacional de Infraestructura (INI).

La ley da más recursos a las municipalidades para reparar calles, aceras y otras obras.

Esta ley otorga, además, competencias a los ayuntamientos para hacerse cargo de las rutas cantonales, que actualmente son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

LEA: Sindicatos del MOPT temen despidos si se transfieren competencias a municipios

La nueva ley girará aproximadamente ¢60.000 millones para aceras, ciclovías, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato y señalización.

La iniciativa, aprobada por los diputados el 13 de octubre pasado, le ordena al Ejecutivo aumentar en 15 puntos porcentuales el monto que actualmente se les da a los ayuntamientos para atender las calles, que equivale a un 7,25% de lo recaudado por el consumo de los hidrocarburos.

Actualmente, las municipalidades reciben el 7,25% de la recaudación anual del tributo. La nueva norma eleva ese porcentaje a un 22,25%, con lo que subirán los ingresos de unos ¢30.000 millones a ¢60.000 millones anuales.
El aporte adicional sale de la parte que recibía el Ministerio de Hacienda para financiar las diferentes obligaciones del Gobierno. Hacienda recibirá un 51,4% en vez de un 66,4%.

LEA:Aprobado  proyecto que transfiere dinero a municipalidades para reparar infraestructura vial

Según el artículo 6 de  la nueva normativa, la totalidad del monto será girado a las municipalidades por la Tesorería Nacional de acuerdo a una serie de parámetros.

De esta forma, el 50% de los recursos se repartirán de acuerdo a la extensión vial de cada cantón, el 35% se distribuirá en relación con el índice de desarrollo social cantonal, dando mayor cantidad de recursos a los cantones con menor desarrollo. El 15% restante será distribuido en partes iguales a cada municipio.

Además, establece que tras la entrada en vigencia,  el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá definir en un plazo de seis meses, un órgano encargado para asesorar  y coordinar con los gobiernos locales.  Este órgano deberá realizar los cálculos necesarios para Hacienda transfiera los recursos.

Pese a que la ley menciona que los recursos serán girados de manera directa, en Hacienda aseguraron que dicha función le corresponde al MOPT.

"La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) celebra la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, lo cual es un acontecimiento histórico para la democracia costarricense, que permitirá iniciar la implementación efectiva del Artículo 170 de la Constitución Política, como mecanismo para contribuir al proceso de descentralización del estado costarricense", indicaron los representantes de los municipios en un comunicado.

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