La Junta Directiva de la CCSS Viola de Manera Repetida e Intencionada la Ley, “CCSS retiene datos de salarios públicos pese a fallos de Sala IV”; “Siete fallos confirman ‘acceso irrestricto’ a la información salarial”.

“Aunado a ello, en decenas de oportunidades, desde 1993 , la Sala IV ha declarado que un ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración Pública por qué requiere acceder a un dato de una institución del Estado.”… 

Para No Auto-Incriminarse, “Presidenta ejecutiva de la CCSS: ‘No se está negando la información’.

¿En Qué y Por Qué?

“Rónald Lacayo, director del Sicere, negó entonces los datos, al alegar que existían recursos de amparo contra la Caja, luego de que el diputado libertario Otto Guevara divulgara datos salariales de funcionarios públicos. Esas informaciones, publicadas sin nombres, precisamente, dejaron al descubierto en varios reportajes de este medio (La Nación) las grandes diferencias en remuneraciones de cargos similares entre instituciones estatales y entre estas y el sector privado.”…

Efectivamente, El Que No Se De a Conocer al Público “las grandes diferencias en remuneraciones de cargos similares entre instituciones estatales y entre estas y el sector privado”, Es el Meollo del Asunto. Ya Que, Viene a Ser Como Auto-Incriminarse e Incriminar a Otros (Funcionarios e Instituciones Públicas) En el Delito Denunciado: Enriquecimiento Lícito (Tristemente) Por Medio de Pluses y Privilegios Salariales Amparados Por Convenciones Colectivas y Otros Medios.

Pero la Junta Directiva de la CCSS y el Sector Público Estatal No Es el Único en Procurar Desconocer la Ley Cuando Ésta No Opera en Su Beneficio Propio.

También lo Hace el Sector Privado Empresarial, Al Procurar No Se Apruebe Una Ley Que Haría Algo Similar (al Conocimiento de los Salarios de los Funcionarios públicos) En el Sector Privado al Dar a Conocer Quienes Son los Accionistas de la Empresas Privadas.

El Ministerio de “Hacienda quiere registro de dueños de empresas”;

¿Qué se busca? “El jerarca de Tributación comentó que la medida pretende verificar la cancelación del impuesto de traspaso y satisfacer los estándares internacionales de transparencia fiscal de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Además, cumplir con las normas de transparencia del país en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica. En los considerandos del decreto, se afirma, también, que el registro permitiría el cruce masivo de información.”…

En Otras Palabras, Se Busca Transparencia y Control Fiscal Para Poder Contrastar Información y Verificar Si Ésta Es Cierta y A Quienes Correspondería Sancionar En Caso de No Serla o Ser Falaz.

Pero, el “Sector privado teme violación a la privacidad de accionistas”.

Como Siempre y Al Igual Que, el Sector Público Que Se Ve Afectado En Sus Intereses, ¡Bajo Premisas Falaces!

“El Ministerio de Hacienda podría no estar en capacidad de garantizar que la información sobre propiedad de las acciones no sea vulnerada y utilizada por terceros para fines extorsivos, de competencia desleal o de intimidación de personas y familias”, manifestó la Cámara de Industrias, mediante una carta enviada el 30 de enero del 2015, al director general de Tributación, Carlos Vargas. Una preocupación similar expresó Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en otra misiva remitida el mismo día. Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, también citó esa inquietud y especificó que se la hará llegar a Hacienda. Vargas dice que analizan los argumentos y que harían todo lo posible por resguardar la confidencialidad de la información.”…

Ya Que, Lo Que, En Realidad Busca el Sector Privado Empresarial Es Evitar Cosas Como Esta, “Alan Saborío, coordinador de la comisión fiscal de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), explicó que en el borrador del proyecto del levantamiento del secreto bancario, el Ministerio de Hacienda incluyó una serie de artículos tendientes a crear, por vía de ley, el registro de accionistas de sociedades anónimas, pero luego esa parte se eliminó de la propuesta.”…

O Sea, Y Al Igual Que, el Sector Público Que Se Ve Afectado En Sus Intereses, Que Éstos (Intereses) No Se Vean Afectados, Disminuidos y/o Recortados Por el Conocimiento de Terceros Que Justamente Reclaman ¿Por Qué Ellos (los Privilegiados) Sí Tienen Ese Derecho (In-Justo) Y los Demás Que También Se Ven Afectados A Causa de Ellos NO?

Como Siempre, Abajo Éstas y Otras Noticias Relacionadas Con el Tema.

 

 

CCSS retiene datos de salarios públicos pese a fallos de Sala IV

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se niega desde agosto a facilitar datos de salarios públicos, aun cuando esa información pública es de ”acceso irrestricto” a cualquier ciudadano, según reiterados fallos de la Sala Constitucional emitidos desde 1993.

En agosto pasado, La Nación solicitó a la oficina de prensa copia de la planilla de empleados del Banco Nacional reportada al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la CCSS.

Rónald Lacayo, director del Sicere, negó entonces los datos, al alegar que existían recursos de amparo contra la Caja, luego de que el diputado libertario Otto Guevara divulgara datos salariales de funcionarios públicos.

Esas informaciones, publicadas sin nombres, precisamente, dejaron al descubierto en varios reportajes de este medio las grandes diferencias en remuneraciones de cargos similares entre instituciones estatales y entre estas y el sector privado.

Los recursos de amparo fueron planteados por funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Según Lacayo, preferían esperar a que la Sala resolviera las gestiones.

La Nación recordó al jerarca que los recursos en estudio no dejaban sin efecto la abundantemente jurisprudencia de la Sala sobre el acceso a los datos.

A inicio de mes, La Nación volvió a solicitar las planillas del ICE, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la propia Caja. La respuesta aún no llega.

infografia

Este lunes, sin embargo, trascendió que la Sala dejó sin lugar durante diciembre los siete amparos, que, según Sicere, los condicionaba.

De inmediato, este diario solicitó de nuevo la información ya que los magistrados reiteraron la publicidad en el tema de salarios y puestos en entidades estatales.

“Básicamente, la Sala concluye que la información publicada por el diputado es pública y consta físicamente en dependencias administrativas, razón por la cual existe la libertad de divulgar esa información, de hacerla pública y eso fomenta el pluralismo democrático”, expresó el magistrado Luis Fernando Salazar, magistrado constitucional.

Tras ser notificada del fallo, la entidad informó de que entregaría los datos, pero previo pago por la labor que esto implicaría. La suma sería comunicaba esta misma semana. Asimismo, adelantó que también requería de la autorización de la Junta Directiva de la Caja, conforme al acuerdo de ese órgano del año 2003.

El acuerdo establece que: “Cuando la petición la formule un particular, esto es una persona funcionalmente ajena a la administración y a cualquiera de los órganos estatales, la información será proporcionada cuando exista autorización expresa de la Junta Directiva”.

Dicha decisión, sin embargo, también se aparta de los fallos de la Sala, según los cuales un ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración Pública para qué requiere acceder a un dato público.

El acceso a esa información es un derecho constitucional estipulado en el artículo 30 de la Carta Magna y posee reconocimiento en el derecho convencional.

María del Rocío Sáenz, presidenta de la CCSS, declaró desconocer por qué la Junta Directiva debe autorizar la entrega de datos públicos. Aun así, defendió el hecho de que la entidad esperara la resolución de la Sala y justificó el cobro por la entrega.

“No se cobra por el acceso a la información pública, sino que se solicita cubrir el costo en que incurre la Administración para generar la información que se pide. Muchas solicitan información que implica un ajuste a la que nosotros tenemos”, justificó.

Reacciones. Rubén Hernández, abogado constitucionalista, considera que los directivos de la entidad podrían enfrentar una causa penal por desobediencia, pues la Sala, en decenas de ocasiones, ha sido clara en este tema.

“No hay razón para que la Caja no brinde los datos; la Sala va a seguir resolviendo de forma similar a como lo ha hecho. No veo por qué va a fallar distinto”, expresó Hernández.

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María del Rocío Sáenz, presidenta de la CCSS. | ARCHIVO

María del Rocío Sáenz, presidenta de la CCSS, aseguró que no se cobra por entregar datos del Sicere, sino que el monto que se pide es para cubrir el costo en que se incurre para facilitar tal información.

La presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, niega que la institución impida el acceso a la ciudadanía a los montos de los salarios que devengan los funcionarios del Estado.

Alega que si bien desde 1993 la Sala IV declaró que tales datos son públicos, algunos funcionarios se pudieron inhibir de entregar las planillas, pues los magistrados constitucionales estaban analizando siete recursos de amparo al respecto, los cuales fueron rechazados a principios de diciembre pasado.

A continuación la entrevista completa con Sáenz:

"De alguna manera, al haber un recurso, me imagino yo que esto podría haber estado inhibiendo a las personas de entregar porque había una cuestión recurrida por haber entregado la información. Estoy tratando de encontrar una explicación lógica", María del Rocío Sáenz.

Siete fallos recientes de la Sala Constitucional reiteran el “acceso irrestricto” de cualquier ciudadano a conocer los montos de los salarios que reciben los funcionarios públicos.

Así lo plasmaron los magistrados, a principios de diciembre pasado, al declarar sin lugar siete recursos de amparo interpuestos por empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los recurrentes se quejaban de que por solicitud del diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) divulgó los sueldos que se pagan en esas instituciones.

Ellos alegaron una supuesta violación a la intimidad y que se “manipuló irregularmente información de carácter personal y para propósitos ajenos”.

Tales argumentos fueron rechazados, unánimemente, por la Sala IV, la que concluyó que el acceso a esa información es de interés público y, por ende, no violenta derechos individuales.

“La ciudadanía tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también cómo se distribuyen”, expresó el magistrado Luis Fernando Salazar, quien estuvo a cargo de la redacción de dos de las resoluciones.

Añadió: “La Sala dice que los datos que estén en esas bases del Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja) acerca del salario de los funcionarios públicos, no son datos ni sensibles ni privados”.

Una y otra vez. Salazar insistió en que esta no es una posición nueva, sino que en reiteradas ocasiones los magistrados han fallado de la misma forma.

Incluso, las siete resoluciones de febrero se basan en otros dos pronunciamientos de marzo del 2014 y febrero del 2015.

Aunado a ello, en decenas de oportunidades, desde 1993 , la Sala IV ha declarado que un ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración Pública por qué requiere acceder a un dato de una institución del Estado.

Pese a los reiterados fallos constitucionales, desde agosto pasado, la CCSS se niega a entregar, sin condiciones, las planillas de las instituciones del Estado. La presidenta de la entidad, María del Rocío Sáenz, aduce que todavía no ha sido notificada sobre las últimas resoluciones.

Guevara, por su parte, aplaudió la decisión y dijo que espera que sea cumplida por la Caja.

El Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), a cargo de la CCSS, es la plataforma donde los patronos envían los datos de su planilla mediante un proceso específico. Así, la información llega lista y procesada a la Caja, donde se almacena.

En la mayoría de empresas, públicas o privadas, los responsables utilizan un documento en blanco o machote hecho a la medida del sistema informático de Sicere, dijo Luis Amón, director corporativo de Ventas en la firma Avantica Technologies.

El machote lo usan cada mes cuando se envía a Sicere la información de la última planilla, la cual consiste en el nombre del empleado, cédula, salario pagado y, en ocasiones, el puesto.

Técnicamente, compartir información tampoco sería mayor reto para Sicere porque los datos pueden guardarse en varios formatos de archivo susceptibles de abrirse en diversos programas de cómputo. Tampoco debería ser mayor problema enviarlo por correo electrónico o copiarlo en algún soporte, como una llave USB.

Cuando las firmas completan el envío rutinario de datos, estos se revisan automáticamente y se archivan. Luego, Sicere confirma que todo está en orden y da un mensaje de confirmación.

“Sicere es una maravilla. Patronos con planillas numerosas pueden acceder a la plataforma a descargar datos de meses anteriores”, opinó Manuel Umaña, analista sénior de planilla y responsable de la nómina de personal en el diario La Nación . Tan fácil es el uso de la plataforma que Umaña puede obtener planillas de meses anteriores en 10 minutos.

“Las planillas se pueden enviar por correo o llevar en un medio magnético a la CCSS y ellos lo suben, es lo que se llama grandes clientes”, explicó Juan Carlos Bertsch, profesional en Informática y gerente general de la compañía Análisis MBC.

“Lo que sí es claro es que en Sicere en línea hay una opción para que cada cliente descargue sus planillas en PDF. Por tanto, pensaría que no sería problema para un funcionario de la CCSS hacer lo mismo para una planilla que se le solicite”, dijo Bertsch.

 

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