En la Función Pública, las Instituciones y las Empresas del Estado.

¿Cómo Se Mide Cuando NO ES Derecho Sino Abuso?

Bueno Podemos Acudir a la Definición:

derecho, cha

Del lat. directus.

1. adj. Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Esta pared no está derecha.

2. adj. Justo, legítimo.

3. adj. Fundado, cierto, razonable.

abuso

Del lat. abūsus.

1. m. Acción y efecto de abusar.

abuso de derecho

1. m. Der. Ejercicio de un derecho en sentido contrario a su finalidad propiay con perjuicio ajeno.

Pero También Podemos Acudir a la Interpretación:

Es Abuso Cuando Se Sale de lo Recto e Igualitario al Torcerse Hacia Un Sólo Lado.

Es Abuso Cuando NO ES Justo Ni Legítimo Porque Privilegia a Unos Pocos y Excluye a la Mayoría.

Es Abuso Cuando NO ES Fundado, Cierto o Razonable Porque Se Recarga en la Mayoría el Soportar el Beneficio Que Reciben Unos Pocos.

Pero, ¿A Qué Viene Todo Esto?

A Que, “Recope, Japdeva y CNFL en apuros para pagar convenciones”.

¿Por Qué? Porque la

“La Contraloría General de la República sepultó la práctica de financiar gastos de convenciones colectivas con las tarifas de servicios públicos regulados.”…

“La Contraloría basó su decisión en la Ley N.° 7.593 de Aresep, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad. Con ese argumento, la Aresep rechazó gastos incluidos en las solicitudes de tarifas, lo que dejó sin contenido parte de los presupuestos de esas instituciones. Ante la ausencia de contenido por la decisión de Aresep, el ente contralor no aprobó todo el presupuesto. Esta medida excluyó recursos para financiar las convenciones colectivas. Así lo confirmó la oficina de prensa de la Contraloría, último responsable legal del Estado en aprobación presupuestaria.”…

Y Es Que, Aparte del Criterio de la Contraloría y la Aresep, la No Rectitud, la Desigualdad de Trato Hacia los Demás, la Falta de Certeza, Razonabilidad y Fundamento de las Torcidas Pretensiones de los Defensores de los Abusos Salariales y Pluses Derivados d las Convenciones Colectivas, También Están Cargados de Ilegalidad Como Confirma el Hecho de Que, una “Sentencia judicial fue el fundamento de negativas”;

“La sentencia 2510-2012 resolvió un reclamo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por el financiamiento de su convención colectiva mediante un aumento de tarifa portuaria. En el fallo se estableció que los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores prevalecen sobre los derechos de los trabajadores amparados a una convención colectiva. “En este caso, el interés público prevalente es el derecho de los usuarios o consumidores. Ese interés prevalece sobre el interés gremial y sectorial que protege la convención colectiva de Japdeva”, cita la sentencia.”…

Confirmando y Sellando Que la Defensa de los Pluses y Privilegios Salariales en las Convenciones Colectivas Se Basa en el Abuso, NO en el Derecho.

Sólo Es Libre Quien Defiende Sus Derechos y los De los Demás. Porque el Déspota y el Tirano Es el Que Impone los Suyos Por Sobre los de los Demás.

Sepamos Ser Libres, No Siervos Menguados, Derechos Sagrados la Patria Nos Da

Si Quiere Leer Más Acerca del Tema Ver: Abusos Salariales y Convenciones Colectivas Resultados » Abajo

 

 

 

NACIONAL | CONTRALORÍA FRENA PRESUPUESTOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN ESAS INSTITUCIONES

Recope, Japdeva y CNFL en apuros para pagar convenciones

Decisión acuerpa a Aresep, al indicar que tarifas no deben financiar beneficios

Gobierno se aleja del tema y traslada la responsabilidad a cada empresa

Imagen de la estación de Recope localizada en el Alto de Ochomogo. En agosto anterior, Aresep le recortó más de ¢20.000 millones a la entidad en una solicitud de ajuste ordinario de tarifas de combustibles. La solicitud incluía casi ¢5.000 millones de convención colectiva. | ARCHIVO.

Imagen de la estación de Recope localizada en el Alto de Ochomogo. En agosto anterior, Aresep le recortó más de ¢20.000 millones a la entidad en una solicitud de ajuste ordinario de tarifas de combustibles. La solicitud incluía casi ¢5.000 millones de convención colectiva.

La Contraloría General de la República sepultó la práctica de financiar gastos de convenciones colectivas con las tarifas de servicios públicos regulados.

En diciembre anterior, el ente contralor informó a por lo menos tres empresas públicas, con 5.600 empleados, de que esos fondos quedaron excluidos de sus presupuestos para este año, en sintonía con resoluciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La decisión supone un revés para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, con 1.800 empleados), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, 2.300) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva, con 1.500).

La Contraloría basó su decisión en la Ley N.° 7.593 de Aresep, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.

Con ese argumento, la Aresep rechazó gastos incluidos en las solicitudes de tarifas, lo que dejó sin contenido parte de los presupuestos de esas instituciones.

Ante la ausencia de contenido por la decisión de Aresep, el ente contralor no aprobó todo el presupuesto. Esta medida excluyó recursos para financiar las convenciones colectivas.

Así lo confirmó la oficina de prensa de la Contraloría, último responsable legal del Estado en aprobación presupuestaria.

Al exponer sus motivos, ese despacho se basó en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 2510-2012 , del 22 de octubre del 2012, en la cual se resolvió un reclamo de Japdeva en contra de la Aresep, por excluir gastos de su convención en un incremento de tarifas portuarias.

Según el fallo judicial, desfavorable a Japdeva, la convención colectiva de esa institución “distorsiona” los costos de los servicios portuarios, como cita la Contraloría en el informe DFOE-IFR- 0570 del 18 de diciembre anterior.

Del mismo modo, los informes DFOE-AE-0687 y DFOE-AE-0688, también del ente contralor, excluyen gastos de convención colectiva de la CNFL y Recope, respectivamente, partiendo de decisiones de Aresep. En meses anteriores, esa entidad hizo recortes a ambas empresas, basándose en la misma sentencia judicial. La convención de Recope cuesta, por año, ¢25.700 millones; la de Japdeva, ¢7.000 millones, y la de CNFL, más de ¢4.183 millones…

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Sentencia judicial fue el fundamento de negativas

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Los servicios en puerto de Limón los ejecuta Japdeva.

La decisión que un juez del Tribunal Contencioso-Administrativo tomó en octubre del 2012 fue la base para que la Aresep rechazara gastos de instituciones públicas y para que la Contraloría General de la República los excluyera de sus presupuestos.

La sentencia 2510-2012 resolvió un reclamo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por el financiamiento de su convención colectiva mediante un aumento de tarifa portuaria.

En el fallo se estableció que los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores prevalecen sobre los derechos de los trabajadores amparados a una convención colectiva.

“En este caso, el interés público prevalente es el derecho de los usuarios o consumidores. Ese interés prevalece sobre el interés gremial y sectorial que protege la convención colectiva de Japdeva”, cita la sentencia.

Según el texto, la Autoridad Reguladora cumplió con el bloque de legalidad, al excluir del ajuste tarifario por servicios portuarios solicitado por Japdeva, los costos de la convención colectiva y el tiempo extraordinario, así como las inversiones o fondos para el desarrollo de la vertiente atlántica.

A partir de esta sentencia, la Aresep excluyó, por primera vez en años, gastos de convención colectiva, publicidad y otros, a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en agosto del 2015, los cuales ascendían a ¢20.363 millones.

 

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