Me agrado mucho un artículo opinión escrito por el señor Eduardo Lizano Fait, economista y ex-presidente ejecutivo del Banco Central titulado, “¿Un paso adelante?”; porque señala con maestría las virtudes de crecer y desarrollar el mercado, el comercio y la productividad internas; a través del fomento y la ayuda, tanto del Estado como de la empresa privada, para la creación, sustento y sostenibilidad de pymes y mypes.

Y a la vez que señala los errores que el Gobierno y los involucrados no deben cometer; así como los procesos y procedimientos que se debería seguir y/o vigilar en la Asamblea Legislativa y la conformación y la implementación de la Ley, para que ésta no fracase y/o se quede en el papel y la mera intención, y más bien se transforme en un “escollo” como él lo llama.

El excelente artículo, se los dejo abajo, para que ustedes lo lean.

A eso quisiera agregar unos cuantos comentarios de cuenta propia para ampliar el criterio del señor Lizano.

¿Por qué el modelo de concesión de obra pública y la alianza público-privada no han funcionado en Costa Rica y en otros países si?

Primero, lo de que las alianzas público-privadas han funcionado bien en otros países y sin problemas de corrupción es falaz, como lo hemos visto recientemente en Brasil con la petrolera estatal; y como lo demuestran los múltiples resultados de búsqueda (Cerca de 154,000 resultados) en corrupción empresarial; abajo los de la primera página.

Segundo en Costa Rica no ha funcionado, por las mismas razones que, no funcionó en los otros países, en donde se destaparon los escándalos de corrupción, porque la Corrupción política se unión a la Corrupción empresarial; ya que, ambas son inherentes la una a la otra, como uña y carne, gracias a los partidos políticos, que es de donde nace y se genera la Corrupción.

Lo que me lleva al tercer punto y comentario.

¿Cómo podríamos entonces quitar, o al menos, disminuir la corrupción, tanto en la empresa como en los partidos políticos?

La respuesta es con Democracia participativa, sólo si el Pueblo tiene el poder de, valga la redundancia, quitarle el poder, a los partidos políticos, y devolvérselo a quien le pertenece, es que podremos solucionar el problema.

¿Por qué?, porque si el Gobierno firma un decreto de “interés nacional” para que una empresa extranjera venga a explotar y destruir nuestros recursos naturales y de paso dejar una gran contaminación, el Pueblo podrá decirle que no, y si el Ejecutivo no atiende al llamado, podrá destituirlo.

Porque si el Gobierno quiere formalizar contra viento y marea una concesión del tipo tigre suelto contra burro amarrado, a pesar de lo que el Pueblo diga, al final será la voluntad del Pueblo la que tenga la última palabra.

Y lo mismo aplica para los gobiernos locales (municipalidades), el poder legislativo y el judicial; ya que, el soberano es el Pueblo, no el partido político.

Y para finalizar y en relación a lo que don Eduardo Lizano comenta.

¿Cómo hacer para que funcionen bien y sin corrupción, tanto la iniciativa privada como la pública?

Haciendo que ambas sean partícipes y responsables, tanto económicamente como judicial y legalmente. O sea, que se cobre tanto a la empresa como al Estado por las fallas e incumplimientos, los daños ocasionados, la negligencia, etcétera, cuando se demuestre que ambos fueron los responsables. Y a uno solo, a quien corresponda, también, cuando se demuestre que fue el único culpable.

Lo otro es, haciendo que, tanto la empresa privada con el Estado participen de las ganancias y los beneficios de la asociación; así, ambas partes estarán interesadas en mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa conjunta. Y no en competir la una contra la otra, y en condiciones de tigre suelto (empresa privada) contra burro amarrado (empresa pública) como ocurre actualmente, gracias a criterios como los de la Sutel, el Comex y el CNC.    

 

¿Un paso adelante? POR EDUARDO LIZANO

¿Un paso adelante?

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pretende crear la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado. De acuerdo con el borrador del proyecto de ley, que circuló recientemente, el objetivo es “fortalecer el motor interno de la economía nacional” con el propósito de imprimir mayor dinamismo a la producción endógena, fortalecer la participación de las unidades productivas nacionales en las cadenas globales de valor, generar más empleo y crear más riqueza.

Concretamente, se busca la participación activa de las unidades de producción de “menor tamaño” –micro y pequeñas empresas (mypes) – en el proceso de inserción de la economía costarricense en la economía internacional.

De esta manera se fortalecerá y profundizará el modelo actual en desarrollo basado en la atracción de inversiones extranjeras y la promoción de exportaciones mediante la inclusión de las mypes en el esfuerzo exportador del país.

La incorporación se llevaría a cabo por dos caminos diferentes. En primer lugar, estas empresas se fortalecerían y se capacitarían para competir directamente en los mercados externos; es decir, llegarían a ser exportadoras directas. En segundo lugar, suministrarían insumos a las compañías exportadoras. En otras palabras, serían exportadoras “indirectas”.

La ventaja de este proceso para las empresas que actualmente se dedican a la venta de productos en el extranjero sería evidente. En efecto, los exportadores tendrían la opción de conseguir insumos producidos localmente en mejores condiciones –como precio, calidad, oportunidad ( just in time )–. Esto, a su vez, mejoraría la competitividad de los exportadores nacionales.

Ahora bien, el beneficio derivado de tal proceso para la economía nacional está a la vista: los factores de la producción –mano de obra, tierra, capital, capacidad empresarial– de los cuales disponen las mypes deben ser utilizados desde el punto de vista tecnológico y gerencial, de manera que las mypes puedan aumentar su productividad sostenidamente. Solo así podrán competir en el mercado local con los bienes y servicios importados, y en el mercado internacional con los productos ofrecidos por otros países.

Quedan así en evidencia los beneficios significativos que el país obtendría de lograr el objetivo propuesto por el proyecto de ley de marras.

Arquitectura institucional. Ahora bien, para alcanzarlo, se propone la adopción de varias medidas concretas.

Primera. La aprobación legislativa de la nueva institución. Su naturaleza jurídica es la de un “ente público no estatal”, entidad público-privada con capacidad de manejar fondos públicos, ejecutar proyectos y contratar servicios. Se regirá por el Código de Trabajo para contratar a sus trabajadores. El fin es la eficiencia, así como también evitar la burocracia.

El consejo directivo de la Agencia contará con cinco miembros del sector privado para conseguir mayor flexibilidad en el proceso de toma de decisiones y acelerar la ejecución de los programas.

El proyecto de ley contempla que a la nueva entidad no se le apliquen una serie de disposiciones normativas, sin eliminar los controles legales y políticos necesarios.

Segunda. Existe una amplia oferta de servicios de apoyo a las mypes; sin embargo, subsiste un grave problema debido a la existencia de desarticulaciones, duplicidades, dispersión, vacíos y desperdicio de recursos públicos y privados.

Lo anterior muestra la escasa articulación existente entre las instituciones y la debilidad del ecosistema para lograr el acompañamiento y apoyo que requieren las unidades productivas de menor tamaño.

La nueva institución tiene, precisamente, el propósito de resolver dicho problema.

Tercera. La nueva agencia absorberá una serie de funciones, programas y recursos financieros, hoy dispersos en varias dependencias públicas. Concretamente, se le traspasarían responsabilidades del MEIC, el INA, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el Conicit.

Así se concentrará en una sola institución el suministro de todos los servicios que requieren las mypes, excepto los de carácter financiero.

La agencia dispondría de alrededor de $35 millones anuales para su funcionamiento.

Cuarta. La agencia representa una nueva pieza institucional, que viene a conformar la nueva arquitectura institucional.

Esta arquitectura se plantea como un trípode: la nueva agencia (servicios no financieros), el sistema de Banca para el Desarrollo (servicios financieros) y Comex/Procomer (internacionalización de las mypes; es decir, facilitar su “escalamiento” para poder exportar).

Funcionará, asimismo, como un ente ejecutor y facilitador de los ministerios vinculados con la producción (MEIC, MAG, Comex y Micitt). La nueva arquitectura institucional estaría adaptándose a las mejores prácticas internacionales en materia de fomento productivo.

Los escollos. Un planteamiento de tal importancia y complejidad como lo es la creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado topará inexorablemente con múltiples escollos. Por tanto, debe considerarse:

1. Aclarar el objetivo de la nueva institución. En la exposición de motivos hay una referencia al mejoramiento de las mypes. En el proyecto de ley (art. 2) el objetivo es mucho más amplio. Es esencial mantener como prioridad el aumento de la productividad de las mypes, y así evitar caer en la tentación del asistencialismo.

2. Tramitar la legislación necesaria para crear la nueva agencia presenta las dificultades bien conocidas de la Asamblea Legislativa, dada su fragmentación. Una cosa es el texto del proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso, y otra que los señores diputados lo aprueben en definitiva.

3. Asegurar la conformidad política, administrativa y técnica de todos los entes públicos involucrados para facilitar la transferencia a la nueva agencia de parte de sus facultades, responsabilidades y recursos financieros.

4. Deben resolverse los problemas de coordinación entre los tres pilares de la nueva arquitectura institucional, o sea, entre la nueva agencia, el Sistema de Banca para el Desarrollo y Comex/Procomer.

5. Precisar la naturaleza jurídica de la nueva agencia como un ente público no estatal. No faltará quien objete la participación de representantes empresariales en la toma de decisiones en lo referente al uso de fondos públicos. Además, se requiere la debida flexibilidad en cuanto al nombramiento de estos representantes en vista de que, en el transcurso del tiempo, la estructura de la economía nacional evoluciona. Por consiguiente, no sería de extrañar que los sectores representados deban cambiarse.

6. Dotar a la nueva agencia de los instrumentos requeridos a fin de poder cumplir a cabalidad su cometido con la debida discrecionalidad. Una vez más, el énfasis ha de ponerse en la productividad de las mypes, y no en el asistencialismo.

7. Se propone la centralización de funciones, responsabilidades y recursos financieros con el propósito de disminuir los costos de la coordinación y asegurar una mayor eficiencia y eficacia de las políticas públicas en esta área de la economía del país. Dicho lo anterior, debe reconocerse la concentración de poder en la nueva agencia. De ahí la necesidad de establecer los pesos y contrapesos indispensables. También es fundamental definir, desde un principio, cómo será medido el éxito de la nueva institución.

8. Dejar de lado los resquemores ideológicos que podrían presentarse ante el fortalecimiento del actual modelo de desarrollo al cual se le responsabiliza de innumerables males económicos, sociales, políticos, culturales, etc., que aquejan al país.

Conclusión. El objetivo del proyecto de ley es loable. Permitirá mejorar el modelo de desarrollo vigente. El aumento de la competitividad de un importante sector de las mypes, mediante el aumento de su productividad, facilitará su inserción en la economía internacional.

Los resultados positivos para el país no se harían de esperar desde el punto de vista del empleo, la inclusión social y la producción nacional.

Debe mantenerse la esperanza de poder superar los escollos mencionados a lo largo del camino. Así sería posible sustituir los signos de interrogación del título de este artículo por signos de admiración.

RAFAEL PACHECO

El autor es economista y ex-presidente ejecutivo del Banco Central.

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Corrupción política

Definiciones web

  1. Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. …

    http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupción_politica

Corrupción empresarial

Definiciones web

  1. En criminología, la corrupción empresarial se refiere a delitos y faltas cometdas por una empresa o personas que ligadas a una empresa, amparándose en su relación con dicha empresa. …

    http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupción_empresarial

Corrupción

nombre femenino

  1. 1.

    Acción de corromper o corromperse.

    "corrupción de comestibles; la corrupción de un juez; la corrupción del idioma"

  2. 2.

    Situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos.

    "hartos de tanta corrupción entre los miembros del Gobierno, la oposición presentó una moción de censura"

Democracia participativa

Definiciones web

  1. Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que es la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa, esta última es una de las democracias …

    http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa

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