Así Como, el Sol No Puede Taparse con Un Dedo, Tampoco Puede Hacerlo la Corrupción y la Hipocresía del PLUSC.

A la pregunta, “¿Quién firmó las convenciones colectivas vigentes?”; la Respuesta Única, Contundente y Definitiva Es, la “Mayoría de convenciones colectivas se negociaron en gobiernos del PLN”; Así Es, los “Gobiernos del PLN y el PUSC otorgaron beneficios de fiestas con fondos públicos”.

Laura Chinchilla fue la Presidente que más convenciones colectivas firmó”; el “Gobierno de Laura Chinchilla renovó 9 de 25 convenciones colectivas”; las Cuales Están Vigentes Hoy y a la Espera de Ser Renegociadas.

Y Hablando de Renegociación, “¿Puede el Gobierno eliminar las convenciones colectivas?”; Aparentemente Si;

“Un nuevo criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abre un portillo para eliminar las convenciones colectivas de las instituciones que las denuncien y no las renegocien.”… Y No Sólo Eso, los Beneficios no son derechos;

“También los beneficios eternos que reciben los trabajadores públicos por medio de las convenciones colectivas están a punto de entrar en jaque y morir.

El criterio del MTSS elimina la idea de que esas ventajas son “derechos adquiridos” que se deben incorporar en el contrato del trabajador y los entiende como beneficios temporales que se acaban con la vigencia de la convención.

LEA: Lo que nos enseñan otros países sobre los incentivos salariales.”…

Todo lo Anterior Sólo por el Lado de la Corrupción en el PLN y el PUSC.

Veamos Ahora el Lado de la Hipocresía, “Solís tachó a diputados de otros partidos que critican gastos en convenciones colectivas”; Ya Que, los “Diputados investigarán acuerdos alcanzados entre sindicatos y Gobierno”; Hipócritamente,  “Diputado tacha de mentirosa campaña publicitaria del Gobierno”; Y Más Bien, Según, el “Diputado: directriz sobre fiestas en instituciones es tardía”; Siendo Que, Como Vimos, Gobiernos del PLN y el PUSC otorgaron beneficios de fiestas con fondos públicos”.

“En un documento publicado en el sitio web de Presidencia, el Gobierno de Solís enlistan las convenciones colectivas vigentes, ordenadas por año de creación, renovaciones, persona que la firmó por el Gobierno, sindicato y otras observaciones.

Según se desprende de un análisis de los datos, existen actualmente 25 convenciones colectivas en el sector público. Nueve de ellas fueron firmadas por Laura Chinchilla, seis por Óscar Arias, dos por José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier.

Abel Pacheco de La Espriella y Rodrigo Carazo firmaron una convención colectiva vigente, mientras que Luis Guillermo Solís ha firmado dos en lo que va de su gobierno.”…

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Nota: En el caso de las convenciones colectivas que aparecen en el Gobierno de Solís, corresponden a la del AyA y el BCR, ambas renegociadas en esta administración.

Así Que Vuelvo a Repetir, El Sol No Puede Taparse con Un Dedo, Tampoco la Corrupción y la Hipocresía del PLUSC.

¡Principalmente las del PLN, el Más Corrupto e Hipócrita de Todos!

 

 

¿Quién firmó las convenciones colectivas vigentes?

Huelga-marcha del ICE salarios jul 2015 (19)

San José, 05 nov (elmundo.cr) – Casa Presidencial ha revelado el listado de las convenciones colectivas que existen en el Gobierno Central y en las instituciones descentralizadas, tan solo días después del escándalo por la organización de fiestas en RECOPE y el INA, amparadas en su convención colectiva.

En un documento publicado en el sitio web de Presidencia, el Gobierno de Solís enlistan las convenciones colectivas vigentes, ordenadas por año de creación, renovaciones, persona que la firmó por el Gobierno, sindicato y otras observaciones.

Según se desprende de un análisis de los datos, existen actualmente 25 convenciones colectivas en el sector público. Nueve de ellas fueron firmadas por Laura Chinchilla, seis por Óscar Arias, dos por José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier.

Abel Pacheco de La Espriella y Rodrigo Carazo firmaron una convención colectiva vigente, mientras que Luis Guillermo Solís ha firmado dos en lo que va de su gobierno.

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Nota: En el caso de las convenciones colectivas que aparecen en el Gobierno de Solís, corresponden a la del AyA y el BCR, ambas renegociadas en esta administración.

EN QUÉ AÑO Y QUIÉNES LA FIRMARON

La convención colectiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) data del año 1967 y ha sido renovada en los años 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1983, 1987, 1989, 1992 y 1995. La última renovación le efectuó Pablo Cob Sanabria, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la CNFL durante la Administración Figueres Olsen, junto con el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones.  La misma vence en el año 2017 y nunca ha sido denunciada.

La convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.), está vigente desde el año 1969 y ha sido renovada en los años 1974, 1976, 1978, 1980, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1994 y 1999. La última firma la efectuó Jorge Villalobos Clare en su calidad de Presidente Ejecutivo durante la Administración de Rodríguez Echeverría junto con el sindicato SITRAPEQUIA y ha sido denunciada el 25 de noviembre del 2014 por RECOPE y el 27 de noviembre de 2014 por el Sindicato.

Actualmente se encuentra renegociando la convención colectiva y Sara Salazar, presidenta Ejecutiva de RECOPE presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 104 por financiar fiestas navideñas con fondos públicos.

La convención colectiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue suscrita en el año 1971 y ha sido renovada desde entonces hasta el año 2014, año en que Gerardo Porras Sanabria, gerente general del Banco la suscribió con el Sindicato del Banco Popular, durante la administración de Laura Chinchilla.

La convención colectiva venció en el 2014 y fue denunciada el pasado 17 de febrero del 2015 por parte de la Gerencia General.

Por otra parte, la convención de la Junta de Protección Social (JPS) data del año 1971 y ha sido renovada en 1976 y 2002, siendo este último suscrito por Luis Polinaris Vargas, Gerente de la JPS durante la Administración de Miguel Ángel Rodríguez, junto con el sindicato SATIS, la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud y la ANEP. Esta convención vence en el 2016 y no ha sido denunciada.

La convención del Instituto Nacional de Seguros (INS), data del año 1972 y ha sido renovada desde entonces hasta el 2014, año en que Fernando Naranjo Villalobos de la Presidencia Ejecutiva, lo suscribió con el SEBANA durante la administración de Laura Chinchilla.

Esta convención del INS vence en el 2017 y no ha sido denunciada.

Asimismo, la convención colectiva de JAPDEVA data del año 1974 y ha sido renovada desde entonces hasta el 2012, año en que fue firmada por Allan Hidalgo Campos de la Presidencia Ejecutiva, durante la Administración Chinchilla Miranda con el SINTRAJAP. Esta convención vence este año y fue denunciada por JAPDEVA el 3 de noviembre. Actualmente está siendo negociada.

En el caso de la Universidad de Costa Rica, la convención colectiva fue firmada por primera vez en el año 1976 y ha sido renovada desde entonces hasta 1992, año en que fue suscrita por Luis Garita Bonilla que era el Rector de esa entonces en la administración Calderón Fournier y vence hasta el año 2017.

Roy González Rojas, Gerente General del Banco Central de Costa Rica durante la administración Chinchilla Miranda, firmó la convención colectiva de esa entidad junto con el sindicato de trabajadores del Banco en el año 2010. Data por primera vez de 1977 y venció en el 2011. Según Presidencia, fue denunciada y hubo un informe de una comisión antes de la presente administración, la cual aún no convoca a la negociación.

La convención colectiva de la Universidad Nacional data de 1978. Fue renovada en 1922 por Sandra León Coto, entonces rectora de la Administración Calderón Fournier junto con el SITUN y vence en el año 2016.

Guillermo Quesada Oviedo, gerente general del Banco Crédito Agrícola de Cartago firmó en el 2008 la última renovación hecha a la convención colectiva de esa entidad, suscrita con UNECA durante la administración de Óscar Arias. Esta convención colectiva vencerá en el año 2017.

También en la administración de Arias, se suscribió la convención colectiva del Consejo Nacional de Producción, por parte de Javier Flores de la Presidencia Ejecutiva, junto con el Sindicato de Trabajadores del C.N.P. Esta convención data del año 1980 y fue renovada por última vez en 1995, venciendo el próximo año.

La convención del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue firmada por primera vez en el año 1986. Ha sido renovada en 1995 por Alejandro Cruz Molina, rector de esa universidad en la Administración Figueres Olsen, junto con el AFITEC. Esta convención según Casa Presidencial, vencerá en el año 2016.

Luis Jiménez Sancho, director del Registro Nacional renovó la convención colectiva que databa del año 1997. El hecho se dio durante la administración de Laura Chinchilla con el SITRARENA en el 2014 y vencerá en el año 2017.

Por otra lado, la convención del Banco de Costa Rica data del año 2005, fue renovada en el 2015 por parte de Mario Barrenechea Coto, gerente general y vencerá en el 2017. Esta es la primera convención colectiva de la Administración de Luis Guillermo Solís y fue renegociada “hacia la baja” por acuerdo del Banco y el UNEBANCO, además de homologada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en agosto de este año.

La convención de la Imprenta Nacional data del 2009, fue renovada en el 2012 por parte de Mario Zamora, Ministro y Jorge Vargas, gerente de la Imprenta durante la Administración Chinchilla Miranda. Esta convención, suscrita con la ANEP vencerá este año y fue denunciada el 27 de febrero del presente año por parte de la Imprenta Nacional, la cual está a la espera del proyecto para su análisis respectivo.

En el caso de Correos de Costa Rica, la convención data del 2006, vencerá el próximo año y fue suscrita por Susy Moreno Amador, Gerente de la entonces Administración de Abel Pacheco con los sindicatos de ANDET-SITET-SINACO.

Otra convención suscrita en la administración de Óscar Arias fue la del INAMU, que data del 2008 y vencerá en el 2017. Fue firmada por Jeanette Carrillo Madrigal, entonces presidenta Ejecutiva del INAMU junto con la ANEP.

En el Instituto Nacional de Aprendizaje, segunda institución que organizaría una fiesta para sus empleados, la convención colectiva data del año 2009 y vencerá este 2015. Fue suscrita también en el Gobierno de Óscar Arias por parte de Carlos Sequeira Lépiz, presidente ejecutivo del INA junto con el SITRAINA y fue denunciada por el Gobierno de Solís el 9 de julio.

La convención del Ministerio de Trabajo se firmó en el 2009 y vence este año. Fue suscrita por el entonces ministro Álvaro González Alfaro en la Administración de Óscar Arias, con el sindicato AFUMITRA.

En el caso del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), su convención colectiva data del año 1976 y ha sido renovada por última vez en 1980 durante la Administración Rodrigo Carazo Odio. Dicha convención vence en el año 2016 y fue suscrita por el entonces director ejecutivo Rafael Ángel Rojas, junto con la ANEP.

En el 2010 se firmó la convención colectiva de Acueductos y Alcantarillados. Fue renovada este 2015 por parte de Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva de la Administración Solís Rivera junto con el ASSTRAA luego de un proceso de diálogo y negociación entre ambas partesy vencerá en el año 2018. Esta convención fue denunciada el 28 de julio de 2014 por parte del sindicato.

En el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), su convención se firmó en el 2011 por parte de Rodrigo Arias Camacho, entonces presidente ejecutivo de la Administración Chinchilla Miranda junto con la ANEP. Esta convención vencerá en el 2017.

En el caso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), la convención data del año 1994 cuando en ese entonces se llama IDA y venció en el 2014. El último acuerdo lo firmó Víctor Julio Carvajal Garro, presidente Ejecutivo en abril de 2014, durante la administración de Laura Chinchilla junto con el UNEINDER. Si bien hubo una negociación y un acuerdo, este no fue remitido a la Comisión por lo que no se homologó en el MTSS. Actualmente, esta convención se encuentra en el Contencioso Administrativo porque el sindicato envió una consulta para no pasar por la Comisión.

La última de las convenciones colectivas es la del Ministerio de Educación Pública. Fue firmada en el año 2013 y vence en el 2016. Se suscribió por parte de Leonardo Garnier Rímolo, entonces ministro de la administración Laura Chinchilla junto con el SEC-SITRACOME. Para el año 2016, APSE y ANDE anunciaron su interés de ingresar a la negociación de la convención colectiva.

Gobiernos del PLN y el PUSC otorgaron beneficios de fiestas con fondos públicos

Gobiernos del PLN y el PUSC otorgaron beneficios de fiestas con fondos públicos

En los últimos días abundaron las críticas en la unidad y los liberacionistas hacia las fiestas con fondos públicos.
¿Pero quienes otorgaron estos derechos?
¿O bajo cuales gobiernos nunca se intentaron frenar?
Justamente los de estos partidos.
Por ejemplo, la convención colectiva de Recope se firmó por primera vez en 1969.
La del INA, en el año 2009.
Algunos diputados de esos partidos reconocen abusos en el pasado pero dicen que ahora la situación es diferente.
Los diputados llenaron de cuestionamientos las fiestas en instituciones públicas que por años se realizaron sin que se hiciera nada.

Mayoría de convenciones colectivas se negociaron en gobiernos del PLN

Mayoría de convenciones colectivas se negociaron en gobiernos del PLN

La mayoría de las convenciones colectivas fueron negociadas en gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN).

De las 25 convenciones colectivas del Gobierno Central y el sector descentralizado, 17 son del PLN, seis del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y 2 renegociadas por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Se trata de la del BCR y la del AyA.

Juan Luis Jiménez, diputado liberacionista explicó que en muchos casos los patronos son empleados de la institución  a la que pertenecen, lo cual hace que se otorguen beneficios exagerados.

Jiménez aceptó que se cometieron errores en el pasado; sin embargo, dijo que están a tiempo de evitar perjuicios económicos en las instituciones que suman beneficios desproporcionados.

Eric Briones, especialista en derecho laboral, enfatizó que las convenciones han permitido que existan mejores condiciones tanto para los patronos como para los trabajadores.

El especialista consideró que hay que revisar cada normativa bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad, ya que en 1943, fecha que surgieron las convenciones el panorama es muy diferente al de la actualidad.

Laura Chinchilla fue la Presidente que más convenciones colectivas firmó

Laura Chinchilla fue la Presidente que más convenciones colectivas firmó

San José – La exmandataria Laura Chinchilla Miranda fue la presidente que más convenciones colectivas firmó desde el año 1967.

Chinchilla firmó un total de nueve convenciones colectivas durante su administración. Entre ellas están la del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la del Banco Nacional de Costa Rica, JAPDEVA, Banco Central, Registro Nacional, Imprenta Nacional, SINART, INDER y del Ministerio de Educación Pública.

Solo tres de las nueve convenciones fueron iniciadas durante su administración, las demás ya habían iniciado años atrás, por lo tanto, la exmandatario las renovó.

Seguido de la expresidenta, se encuentra Óscar Arias, quien firmó un total de seis convenciones. Del INS, Banco Crédito Agrícola, Consejo Nacional de Producción, INAMU, entre otras.

En el caso del expresidente Abel Pacheco, solo se registra una convención colectiva firmada, la de Correos de Costa Rica.

Por otra parte, en el caso del presidente Luis Guillermo Solís, dos convenciones se encuentran en renegociaciones por denuncias del propio mandatario, la del Banco de Costa Rica y la del AyA, según información de Stephanny González, de Prensa de Casa Presidencial.

Gobierno de Laura Chinchilla renovó 9 de 25 convenciones colectivas

Gobierno de Laura Chinchilla renovó 9 de 25 convenciones colectivas

¿Cuándo se crearon las convenciones colectivas? En 1967 fue la primera en fuerza y luz. La más reciente es la del MEP en 2013.
¿Cuántas son? 25 instituciones públicas aparecen en la lista que revelo el gobierno este jueves.
El presidente Solís y 7 exmandatarios tuvieron en sus manos las últimas modificaciones a las convenciones.
En este gobierno se han renovado dos: la de Acueductos y Alcantarillados y la del BCR.
En el de Laura Chinchilla nueve convenciones: Banco Popular, Banco Nacional, Japdeva, Banco Central, Registro Nacional, Imprenta Nacional, Sinart, Inder y Ministerio de Educación.
En el periodo de Arias 6: la del INS, Bancrédito, CNP, Inamu, INA y el Ministerio de Trabajo.
Con Abel Pacheco 1: Correos de Costa Rica.
En la gestión de Miguel Ángel Rodríguez 2: Recope y Junta de Protección Social.
Cuando José María Figueres fue presidente 2: Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Tecnológico.
Con Rafael Ángel Calderón Fournier 2: Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional.
Y en el periodo de Carazo una: la de Infocoop.
Las fiestas en instituciones públicas están en estos convenios.
Solís justificó su directriz para prohibirlas: por la economía y por la opinión de la gente.
22 sindicatos han participado en las negociaciones de convenciones colectivas. Solo Anep, negoció cuatro de ellas.

Diputados investigarán acuerdos alcanzados entre sindicatos y Gobierno

San José, 6 Nov (ElPaís.cr) – Las fiestas de Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) terminaron siendo una discusión donde ya hay vinculadas más de dos caras de la moneda, esto debido a que ya no es un tema de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contra la Junta Directiva de la entidad, sino que también están involucrados diputados, Casa Presidencial y sindicatos.

Y es que, en el marco de la comparecencia del Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, los diputados acordaron investigarán a fondo los motivos de Casa Presidencial para enviar una nota a la Aresep de reconsiderar el riesgo de cambiar la metodología de ingresos de las convenciones colectivas y a la vez suprimir el pago de 373 empleados de Recope así como su presunta relación con el acuerdo que logró el Gobierno con bloque sindical Patria Justa.

A partir de las explicaciones que dio el Ministro de la Presidencia, la comisión acordó llamar a comparecer al Regulador General (Dennis Meléndez), quién deberá rendir cuentas sobre la carta que envío el Gobierno a la entidad que analiza el desembolso de 6,8 millones de colones para realizar una fiesta vaquera que solicitaron 300 de los 1.700 funcionarios y que iba ser costeado con financiamiento de la convención colectiva, es decir mediante el pago de combustible de los y las costarricenses.

Luis Guillermo Solís EFE

El Ministro de la Presidencia señaló ante los diputados que él no está defendiendo la convención colectiva, que más bien el Gobierno firmó una prohibición a la realización de fiestas y actividades recreativas con fondos estatales. La Directriz 034-P especifica que “se ordenó a las instituciones de la Administración Central, sin excepción, no usar fondos públicos para sufragar actividades festivas”, además solicita a los jerarcas de las diferentes entidades del Gobierno denuncien los abusos dentro de las convenciones colectivas.

Sin embargo, destacó que se envío dicha carta porque la decisión que tomó Aresep no solo recorta esos gastos sino que también pone en riesgo que 373 empleados del área de refinanción en Limón pierdan su trabajo lo cual según dice podría causar un desabastecimiento, esto a pesar a que la Gerencia en mención no refina desde el año 2011.

Recope-Costa Rica

Según manifestó el jerarca ante la comisión, “con la carta no hubo intromisión en las funciones de Aresep, mi intención no fue exigir ni imponer, simplemente les alerta de una situación yo solo estoy cumpliendo con mi deber constitucional”.

Alfaro indicó que esta decisión no tiene vinculación directa con lo pactado con los sindicatos, debido a que la recomendación de no cesar a estos trabajadores que asegura no son prescindibles, no tiene vinculación con los beneficios excesivos de las convenciones.

Lo que el Ministro expresa en el documento es, “con gran preocupación he recibido la noticia de parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo, que por decisión de la Intendencia de Energía a través de la resolución RIE-092-2015, se ha sacado del cálculo de las tarifas de combustibles la remuneración de al menos 373 funcionarios adscritos a la Gerencia de Refinación de esa entidad”.

Ante lo que pide el Gobierno, en la Autoridad Reguladora consideran que esta nueva propuesta es más transparente ya que mediante la nueva metodología para adquirir combustible se cobrará directamente los costos de almacenarlo y distribuirlo a nivel nacional, sin que los usuarios tengan que pagar montos extra destinados a la convención colectiva.

Imagen ilustrativa.

Esta tesis es defendida por el intendente de Energía de la entidad reguladora, Juan Manuel Quesada quien también será llamado a audiencia junto con el ministro de Trabajo, Víctor Morales.

Cabe recordar, que esta decisión fue parte del motivo por el cual los sindicatos se levantaron en huelga hace poco y para algunos diputados lo que está pasando es que el Poder Ejecutivo quiere cosas distintas, ya que critican al Ministro pero aplauden la postura de la Presidenta Ejecutiva de Recope, Sara Salazar, quien ordenó rechazar la licitación de la fiesta.

A pesar de lo que explicó Sergio Alfaro, varios congresistas criticaron fuertemente al Gobierno por presuntamente ceder ante la presión del gremio sindical, como por ejemplo Ottón Solís Fallas y Mario Redondo Poveda.

Poveda, Presidente de la Comisión dijo que desde su perspectiva Alfaro fue a la comisión para explicar “como le metió miedo a Aresep mediante su carta” además destacó que él no debería andar enviando cartas a Juntas Directivas para cuestionar sus órdenes.

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Solís Fallas cuestionó al Ministro por defender las convenciones abusivas con base en una carta de Patria Justa donde se resguarda el accionar del Gobierno desde este punto de vista, ante lo que en nombre de Casa Presidencial el jerarca aclaró que, “esa es la interpretación de los sindicatos”.

“Uno de los acuerdos del levantamiento de esa pseudo huelga es la garantización de la adecuada prestación del servicio y en lo relativo a la defensa de los derechos laborales ¿Entonces porque esta referencia?”, puso en duda Solís quién afirmó que pareciera que la cartera de Presidencia está presionando a Aresep para continuar con los privilegios en la Refinadora.

Por su parte, en el FA sostienen que ellos no resguardan el pago de las convenciones colectivas para actividades como fiestas de ningún tipo y que avalan la decisión de Solís de firmar el acuerdo relacionado con el tema.

El liberacionista Antonio Álvarez Desanti indicó que dicha comparecencia dio paso a una investigación más profunda donde se analizarán detalladamente los acuerdos entre las partes.

“Hemos decidido investigar los puntos 4 y5 de la negociación entre el Gobierno y Patria Justa porque si creemos que eso viene a debilitar las nuevas políticas establecidas en materia de convenciones colectivas, a mi me generó preocupación que el Ministro no fue categórico en afirmar que el Gobierno respeta el principio que lo negociado en las convenciones colectivas no tiene que pasar automáticamente a las tarifas”, mencionó Álvarez.

Al igual que Álvarez otros miembros de la comisión ponen en duda la veracidad y transparencia del acuerdo entre Gobierno y líderes sindicales.

Solís tachó a diputados de otros partidos que critican gastos en convenciones colectivas

Tildó a las agrupaciones de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana como los responsables de que estos convenios laborales se firmaran años atrás.

¿Pero por qué el Gobierno esperó hasta que las millonarias fiestas de RECOPE y el INA salieran a la luz, para girar una directriz? Así respondió.

Añadió que fue en su administración donde se decidió renegociar las convecciones colectivas de las instituciones públicas.

Las declaraciones las brindó este jueves desde Guácimo, donde participó en un foro de la Universidad Earth sobre cambio climático.

Diputado tacha de mentirosa campaña publicitaria del Gobierno

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Cuesta de Moras. 4 nov. (elmundo.cr) – “Tuvieron que pasar 45 años para que llegara un Gobierno a tratar de detener los abusos de las convenciones colectivas”, así cita un afiche que se divulga en redes sociales.

Incialmente fue publicado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mediante su cuenta en Facebook, donde el mandatario señala, “reitero el llamado a todos los jerarcas a seguir denunciando las prácticas abusivas en convenciones colectivas”.

Sin embargo, para el diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, la publicación es “falsa, totalmente falsa. Es una mentira”.

“Lamento que Casa Presidencial pretenda engañar a los costarricenses con eso. Desde el 9 de junio de 2014. Hace año y medio. Yo fui el primero que le pedí al Presidente que denunciara las convenciones colectivas, y hoy, si no es por la prensa que denuncia la fiesta de los empleados de RECOPE, y mi persona, la del INA, todo seguiría igual”, afirma el congresista.

Redondo denunció la mañana de éste miércoles que el Instituto Nacional de Aprendizaje realizó un proceso de contración de “juegos navideños”, para un día “fraterno” con los funcionario de la institución, cuyo monto superaba los 4 millones de colones.

“La actitud del Gobierno es simplemente reactiva, una vez que los excesos son descubiertos por la prensa y los ciudadanos, ellos se aperciben y corren para echarlos para atrás”, señala el legislador.

Solís emitió ésta mañana, una directriz donde prohibió el uso de los recursos públicos para sufragar actividades recreativas, luego de que la prensa diera a conocer sobre un cartel de licitación por un monto de 6,8 millones de colones, los cuales serían destinados para la fiesta navideña de los empleados de Recope.

Diputado: directriz sobre fiestas en instituciones es tardía

La decisión anunciada hoy por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de prohibir la celebración de fiestas en las instituciones públicas con recursos del Estado fue tardía y reactiva, dijo este miércoles el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo.

El legislador recordó que desde el 12 de junio anterior le solicitó a Solís, mediante un oficio, que el gobiernodenunciara todas las convenciones colectivas vigentes en el sector público y que instruyera a sus ministros y jerarcas para que impugnaran ante la Sala Constitucional lascláusulas abusivas contenidas en algunas de ellas.

Mario Redondo

Mario Redondo cuestionó lentitud en decisión. Archivo CRH.

“La respuesta fue el silencio y la falta de acción. Ahora por una actitud receptiva el Presidente corre a presentar esta directriz que es incompleta además”, aseguró.

Lea además: Tras denuncia, Recope frena licitación para fiesta navideña

Redondo pidió a Solís que el gobierno publique en una página digital todas las convenciones colectivas, sus detalles, costos y beneficios, e insistió que impugne las cláusulas abusivas.

La Directriz 034-P ordenó a las instituciones de la Administración Central, sin excepción, no usar fondos públicos para sufragar actividades festivas, y se instruyó a las entidades de la administración descentralizada para que apliquen una limitación similar.

Lea: Solís prohíbe fiestas en instituciones con fondos público

Solís dio a conocer la decisión luego de que Crhoy.com denunció el pasado martes que 300, de los 1.700 empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), iban a tener una fiesta que iba a costar ¢6,8 millones  que iban a ser financiados mediante  las tarifas que pagan los usuarios por el precio de los combustibles.

Lea: INA suspende millonario ‘almuerzo fraterno’

Otto Guevara del Movimiento Libertario también cuestionó el gasto abusivo de las entidades públicas y la respuesta tardía del Poder Ejecutivo.

¿Puede el Gobierno eliminar las convenciones colectivas?

Los sindicatos marcharon contra el Gobierno el pasado lunes 26 de octubre. Entre las negociaciones, el Presidente aceptó que retomarán el criterio en el que el MTSS abre el portillo para limitar las convenciones.

Un nuevo criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abre un portillo para eliminar las convenciones colectivas de las instituciones que las denuncien y no las renegocien.

Es el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, cuyo alcalde de turno denunció la convención colectiva de la institución en el 2004 y nunca se sentó a renegociar.

Las convenciones están definidas en el Código de Trabajo como el derecho de los trabajadores a negociar sus beneficios con los patronos, de igual a igual.

LEA: Incentivos aumentan siete veces más rápido que contrataciones en el Estado.

Hasta el momento y aunque estas figuras tienen una vigencia de tres años, los beneficios se prorrogan automática y eternamente mientras no haya una nueva negociación.

Según esta interpretación, los empleados de la municipalidad disfrutaron de beneficios y pluses adquiridos en 1998.

El pronunciamiento del 14 de setiembre del 2015 (en el expediente DAJ-AE-237-15) elimina la posibilidad de que esa prórroga se mantenga si las partes no logran ponerse de acuerdo.

Si uno de los involucrados se levanta de la mesa de negociaciones, los beneficios de la convención se eliminan al contar los siguientes 30 días. Si quisieran volver a negociarla, deberán empezar desde cero.

Si el conflicto es mayor, cualquiera de las partes puede llevarlo a Tribunales.

“Lo que no se vale es que la convención se siga aplicando y que después ustedes se vayan para la casa y duren diez años sin renegociar, pero con los mismos beneficios”, explicó el ministro de Trabajo, Víctor Morales.

Beneficios no son derechos

También los beneficios eternos que reciben los trabajadores públicos por medio de las convenciones colectivas están a punto de entrar en jaque y morir.

El criterio del MTSS elimina la idea de que esas ventajas son “derechos adquiridos” que se deben incorporar en el contrato del trabajador y los entiende como beneficios temporales que se acaban con la vigencia de la convención.

LEA: Lo que nos enseñan otros países sobre los incentivos salariales.

Así, si un sindicato negocia cesantías por 12 años, ese privilegio lo tendrán sus trabajadores solo si se retiran durante la vigencia de la negociación.

“La convención colectiva (…) refleja una coyuntura laboral limitada en el tiempo dentro de su ámbito de aplicación”, indica el pronunciamiento del Ministerio.

Todo esto sucederá siempre que los jerarcas sigan la directriz del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de denunciar las convenciones un mes antes de que termine su vigencia.

Sindicatos en vela

Otra acción determinante para que se haga efectivo este cambio es que el MTSS logre mantener su criterio en firme, una posibilidad que ahora se tambalea al ritmo de las protestas sindicales.

Como parte de las negociaciones para poner fin a la huelga del 26 de octubre, el Gobierno aceptó que revisará el pronunciamiento del MTSS a la luz de los nuevos insumos de los sindicatos.

“Eso significa que lo leeremos pero no necesariamente que lo cambiaremos”, aclaró el jerarca de Trabajo.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) evitó referirse a los criterios jurídicos que presentarán contra la tesis del pronunciamiento.

Aunque el Gobierno insiste en que el “espíritu” del Gobierno no es matar la figura de las convenciones colectivas sino renegociarlas, los sindicatos lo tomaron como abono para atizar la huelga en sus llamados públicos.

“No se trata de un cuestionamiento a una determinada cláusula de una convención colectiva de trabajo, ¡es contra toda forma de convención colectiva de trabajo!”, apunta el comunicado.

¿Vinculante o no?

Para el abogado laboralista Ronald Gutiérrez, de BDS Asesores, el efecto de este pronunciamiento dependerá de que se consolide en otras instancias como la judicial o de que las instituciones lo tomen como referencia para sus casos concretos.

“Son interpretaciones razonables pero no podríamos darle un alcance indiscriminado”, dijo.

El MTSS coincidió en que el pronunciamiento no es vinculante para la Municipalidad de Montes de Oca en este momento.

Sin embargo, la directora Jurídica del Ministerio, Ivannia Barrantes, explicó que tendrá más peso a la hora de resolver otras consultas semejantes.

Además, se volverá vinculante cuando las instituciones traten de inscribir la convención ante el departamento de Relaciones de Trabajo.

“En última instancia se va a convertir en vinculante por analogía porque Relaciones de Trabajo no va a poder decir que la convención está vigente con base en el criterio de nosotros”, explicó la abogada.

Eso se cumplirá siempre que el Gobierno mantenga en firme su criterio.

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