Dice el Adagio que “El Poder Corrompe” y “El Poder Absoluto Corrompe Absolutamente”.

El Adagio Es del Todo Cierto, Tristemente lo Podemos Comprobar y Constatar en Nuestra Realidad Nacional Con los Partidos Políticos, En las Elecciones Municipales, Con los Diputados, Alcaldes y Munícipes (Síndicos y Regidores), Con Ciertos Ministros, Altos Jerarcas y Funcionarios de Gobierno y En Empresas Estatales e Instituciones Públicas y Autónomas.

Es Una Realidad Que Nos Envuelve y Nos Carcome Como Un Cáncer.

Es Una Realidad Tan Latente y Presente Que Hasta las Propias Autoridades de Gobierno y los Poderes de la República Tienen Que Reconocerla, el “TSE insiste: ‘Cuidado con el dinero del crimen organizado en elecciones municipales’.

Tristemente, Muy Tristemente, Son Esas Mismas Autoridades de Gobierno y  los Poderes de la República, los Que las Propician y Consiente en Base a la Impunidad Que Ellos Mismos Han Generado Para Proteger y Conservar Sus Privilegios y los de Otros Sectores Políticamente Influyentes.

Por Ejemplo, Y Hablando de las Elecciones Municipales, las “Irregularidades de alcaldes se quedan sin castigo”; ¿Por Qué?

“Una pugna legal entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impide suspender sin goce de salario a los alcaldes y regidores que cometen irregularidades en el ejercicio de su función.”…

Entre Tanto y A Pesar de Todas las Cosas, la Realidad Es y Sigue Siendo Que las “Irregularidades de alcaldes se quedan sin castigo”.

Y Ellos(as) Siguen Haciendo lo Que Quieren, Gracias a la Impunidad Que las Autoridades de Gobierno y  los Poderes de la República les Han Concedido, Gracias a Pugnas Como la Anterior.

Y A Que, Esas Autoridades de Gobierno y  los Poderes de la República, Pugnan, Legislan, Proponen y Actúan en Beneficio Propio, Amparados en los Derechos, Poderes y Legalidades Que Ellos Mismos Se Han Otorgado Y A la Inmunidad Que Cobija a Muchos de Ellos.

Ejemplos (Unos Cuantos, Porque Son Muchos), los “Escándalos en hospitales de la Caja acumulan años sin sanción”; Y Así Seguirán, Hasta Que No Se Haga Algo.

Las “Licencias le costaron ¢7.162 millones al Poder Judicial el año pasado”; Y Así Seguirán, Hasta Que No Se Haga Algo. ¿Por Qué?

Porque, la “Corte rehúsa discutir ahora beneficio en incapacidades”; y Porque, la “Sala IV protegió privilegio en incapacidades de la Corte”.

Y Es Que, Ese Rechazo Por Parte de las Autoridades de Gobierno y  los Poderes de la República, Para Que Se Castigue, Se Controle y Se Sancione la Mala Función y Administración Públicas.

Y Por el Contrario, Se Privilegien, Se Mantengan, Se Sostengan e Incluso Se Aumenten los Beneficios Que Protegen y Elevan Por Encima de los Demás a Dichas Autoridades de Gobierno y  los Poderes de la República.

Es Precisamente lo Que Ha Permitido y Facilitado Que Se Den Cosas Como Estas, Que Mientras “Tributación multa a bancos públicos por ¢115.000 millones”; los “Bancos públicos invocaron a Sala IV para suspender cobro de multa”.

Y En un Plano un poco Más Político, Pero Que Involucra a Todo el Sector Público, Que, el “Proyecto de salario único sigue fuera de radar legislativo”; Entre Otras Cosas, Porque, Por Razones Igualmente Políticas, el “Gobierno desecha plan de salario único por ofrecer lentos resultados”; Y el “Jerarca del ICE rechaza consultar salario único”.

Así Como Otras Empresas Estatales e Instituciones Públicas y Autónomas, Sus Jerarcas, Gremios y Líderes Sindicales. ¿Coincidencia?

Cuando la Corrupción y la Impunidad Toman el Poder, la Única Solución Es Devolvérselo al Pueblo; Ver Corrupción y Constitución Política Resultados Abajo.

 

 

TSE insiste: ‘Cuidado con el dinero del crimen organizado en elecciones municipales’

Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, llamó a los diputados a no echar para atrás en las reformas de control de deuda política que el Congreso logró aprobar en el 2009. | LUIS NAVARRO

Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, llamó a unas elecciones municipales limpias.

El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, volvió este viernes con más énfasis sobre una preocupación que ya había manifestado en torno a las elecciones municipales de febrero: el cuidado con el dinero del crimen organizado y su filtración en el financiamiento de campañas.

Ante la ausencia de financiamiento por bonos y de deuda política adelantada, además del fracaso de un proyecto para crear una especie de "franjas publicitarias" y repartirlas entre los partidos, las necesidades de dinero de los candidatos aumentan y las tentaciones también.

Por eso, el TSE está monitoreando la propaganda electoral y otras actividades que impliquen gasto, con la intención de cotejar estas erogaciones con los ingresos que después deben entregar los partidos de manera periódica durante la campaña iniciada de manera formal el pasado 7 de octubre.

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Con este mecanismo insuficiente de vigilancia, más el control que hacen los medios de comunicación y, sobre todo, la labor de los ciudadanos mediante denuncias, el Tribunal espera que la preocupación por el dinero sucio quede en eso, en preocupación, y no en una realidad.

La dificultad, apuntó el director del Registro Electoral, Héctor Fernández, es la enorme cantidad de candidatos (más de 30.000 en procura de los 6.069 cargos en disputa), de partidos (63) y la variedad de elecciones, pues cada uno de los 81 cantones será una batalla aparte.

De los partidos, solo ocho de los 63 participantes tienen algún dinero de las reservas provenientes de la deuda política de las elecciones nacionales del 2014, informó Fernández.

Por eso tratan de dar seguimiento a la publicidad en medios de comunicación, incluidos los regionales y la Internet, siempre que los contenidos calcen con lo que el TSE considera "propaganda electoral".

El Tribunal ha reconocido una dificultad mayor para dar seguimiento a la dinámica política en cantones costeros o fronterizos, muchos de ellos con una gran extensión y con pocas entidades de control.

Irregularidades de alcaldes se quedan sin castigo

Una pugna legal entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impide suspender sin goce de salario a los alcaldes y regidores que cometen irregularidades en el ejercicio de su función.

La contralora general, Marta Acosta, alega que el TSE es el responsable de hacer cumplir el castigo, pues fue el órgano que entregó las credenciales a los jerarcas municipales y, por ende, es su superior jerárquico.

Argumenta, además, que el ente contralor solo emite recomendaciones vinculantes, pero no está facultado para ejecutar los castigos.

Acosta sustenta su posición en un pronunciamiento del Tribunal Procesal Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda, de julio del 2015.

“El TSE constituye el órgano que por disposición legal debe ejecutar las recomendaciones de sanciones de suspensión de credenciales de los alcaldes”, señala el fallo N.° 69-2015-VII.

Sin embargo, el TSE niega que le corresponda esa función. Según el letrado Juan Luis Rivera, la Contraloría tiene las herramientas para ejecutar las penas.

“El TSE no ejerce una potestad plena sobre ellos; es decir, no le toca disciplinar todas sus faltas, sino que la competencia otorgada es solo para cancelar sus credenciales, por lo que sanciones distintas a la cancelación no es la sede electoral donde se aplican (…). Lo procedente es que la Contraloría ejecute esa sanción, en el entendido que la CGR tiene competencias para adoptar ese tipo de sanciones y hacer que se ejecuten”, declaró Rivera.

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva; del TSE, Luis Antonio Sobrado, y de la República, Luis Guillermo Solís, junto con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, durante el acto de apertura de la campaña para las elecciones municipales del 2016. | DIANA MÉNDEZ

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva; del TSE, Luis Antonio Sobrado, y de la República, Luis Guillermo Solís, junto con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, durante el acto de apertura de la campaña para las elecciones municipales del 2016. |

Además, le restó peso a la resolución del Contencioso al aducir que, en materia electoral, el máximo órgano es el TSE y por consiguiente, ningún otro tribunal le puede pasar por encima.

“El Tribunal Contencioso se está metiendo en materia electoral y el TSE es el que define que no le toca aplicar una sanción como la que ellos indican (…). Al TSE es al que le corresponde interpretar la materia electoral”, agregó.

Pero a Acosta no le satisface esa respuesta del tribunal electoral y por ello, el viernes pasado presentó ocho denuncias ante el Contencioso-Administrativo.

“Pedimos la nulidad absoluta de las resoluciones del TSE y que se abstenga en el futuro de hacerlas (…). La pretensión subsidiaria es que al menos sean los concejos municipales”, dijo Acosta.

Siete en vilo. Añadió que esta situación promueve la impunidad y no abona a la transparencia en la función pública.

Acosta cuestionó que se presente la pugna legal en las vísperas de las elecciones municipales de febrero del próximo año.

“Esto es una burla. Todo un desgaste para nada si no se pueden ejecutar las sanciones. Hay personas que están para reelegirse y el ciudadano no sabe que fue sancionado, por falta de ejecución, y la gente entonces va a ciegas a votar. Eso  no es transparente (…). Lo que desvela es  que esto genera más impunidad en el país y afecta terriblemente al sector municipal, que es además el sector más denunciado ante la CGR", contralora general, Marta Acosta.

“Esto es una burla. Todo un desgaste para nada si no se pueden ejecutar las sanciones. Hay personas que están para reelegirse y el ciudadano no sabe que fue sancionado, por falta de ejecución, y la gente entonces va a ciegas a votar. Eso no es transparente”, sentenció la jerarca.

A la fecha, según fallos del ente contralor, siete alcaldes deberían descontar una suspensión sin goce de salario, de entre ocho y 30 días, y de ellos, cinco buscarán su reelección hasta el 2020.

Se trata de Néstor Mattis, de Limón; Leonardo Quesada, de León Cortés; Gerardo Oviedo, de Santa Ana; Jairo Guzmán, de San Mateo, y Bernal Vargas, de Palmares.

Por ejemplo, a Mattis se le achaca haber comprado un tiquete aéreo a China en primera clase y no en económica, mientras que a Oviedo se le culpa de una contratación de personal, sin concurso previo.

También fueron suspendidos, pero no buscan la reelección, Querima Bermúdez, de Atenas, y Luis Antonio Barrantes, de Valverde Vega. Además está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago, y una vicealcaldesa de Osa.

Calvario legal. Este no es el primer obstáculo que enfrenta la CGR para poder sancionar las anomalías que cometen los funcionarios públicos. Primero, tuvo que esquivar dos acciones de inconstitucionalidad que cuestionaban los artículos que le dan esa potestad tanto en su ley orgánica, como en la Ley de Control Interno.

Fue hasta febrero pasado, cuando la Sala IV le dio el visto bueno para emitir castigos .

Una de esas acciones la presentó el exalcalde de San José y actual candidato, Johnny Araya, luego de que la Contraloría recomendara suspenderlo durante 15 días , en el 2010, por autorizar presuntos sobrepagos a la firma que ordenó el catastro del cantón.

34.000 personas quieren ser electas en las próximas elecciones municipales

Tras el cierre de la recepción de candidaturas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contabiliza 34.000 personas interesadas en ocupar un cargo de elección municipal.

De esas, solamente 6069 resultarán electas tras la jornada electoral del 7 de febrero del 2016, cuando se elijan los alcaldes, regidores, síndicos, concejales e intendentes que estarán al frente de los 81 municipios del país durante cuatro años.

3,2 millones personas están inscritas en el padrón electoral y tendrán la decisión de delegar esos puestos.

Los postulantes están distribuidos en 12 partidos de escala nacional, cuatro de escala provinciales y 45 cantonales.

Desde las 4 p.m. del viernes pasado y hasta aproximadamente el 15 de noviembre, los funcionarios del Departamento de Registro de Partidos Políticos se dedicarán a estudiar cada solicitud y a rechazar aquellas que tengan anomalías.

Cedric Solano, de la oficina de prensa del TSE, informó que hasta la mañana de ayer, lunes, sólo se había rechazado una candidatura, ya que la persona incumplía con el requisito de haber vivido mínimo dos años en el cantón para el cual se postulaba.

Participación de mujeres. Otro de los aspectos que se revisará en las inscripciones es si los partidos políticos cumplieron con los principios de paridad y alternancia, que establecen que las listas presentadas por las agrupaciones políticas deben estar integradas por un 50% de hombres y 50% de mujeres.

El TSE aspira a que ese porcentaje no se quede en la nómina, y que el resultado de las elecciones refleje que la mitad de las alcaldías estarán lideradas por mujeres. El órgano electoral ha perseguido ese propósito mediante campañas como "Ya estás lista".

Las campañas informativas del TSE se concentraron en incentivar que más mujeres se postularan para las alcaldías de los 81 cantones.

Las campañas informativas del TSE se concentraron en incentivar que más mujeres se postularan para las alcaldías de los 81 cantones. (INAMU Y TSE.)

Una de las limitantes para alcanzarlo es que la decisión de a quién postular para los puestos principales recae en cada agrupación, por lo que al final, la voluntad de los partidos políticos es la que determina si esa aspiración se alcanza, comentó Marta Castillo, quien lidera el Departamento de Registro de Partidos Políticos.

La distribución por género en los puestos de elección popular preocupa al órgano electoral, ya que según sus estadísticas, para las elecciones municipales del año 2010 solo un 12,3% de las alcaldías fueron ganadas por mujeres.

 

Escándalos en hospitales de la Caja acumulan años sin sanción

Funcionarios investigados tienen derecho de apelar en varias ocasiones.

En junio del 2014, el OIJ allanó las oficinas de Synthes por un supuesto fraude con insumos de ortopedia por $2,3 millones. Este caso sigue en investigación. | ARCHIVO/CARLOS GONZÁLEZ

En junio del 2014, el OIJ allanó las oficinas de Synthes por un supuesto fraude con insumos de ortopedia por $2,3 millones. Este caso sigue en investigación.

El caso del cirujano del Hospital de Niños, quien supuestamente abandonó el quirófano mientras operaba a un bebé para atender a otro paciente en una clínica privada, cumplirá en enero dos años sin que se haya hecho efectiva alguna sanción.

Este médico ha gestionado varias apelaciones, a las que tiene derecho como parte del proceso y que podrían retrasar aún más la ejecución del despido sin responsabilidad patronal que se decidió luego de la investigación interna de la Caja.

La gerenta médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María Eugenia Villalta Bonilla, reconoce que el cumplimiento del debido proceso al que tiene derecho todo funcionario puede consumir meses y hasta años para llegar a ver alguna sanción.

Un caso típico es el de cuatro médicos radioterapeutas del Hospital México, a quienes una auditoría interna de la Caja relaciona con un supuesto conflicto de interés.

Estos profesionales, aparentemente, referían pacientes de la consulta pública a un centro de radioterapia privada donde también trabajaban.

El caso lo reveló este diario desde el 2002, pero no fue sino hasta junio del 2014 cuando la CCSS interpuso la denuncia ante la Fiscalía, donde el asunto apenas está en la recolección de pruebas.

“Uno tiene que tener cierta dosis de tolerancia porque muchas veces, el propio investigado mete apelaciones y apelaciones, y la fase de recepción de prueba y de citar a los testigos llega muy tarde”, dijo la gerenta.

”Hay que respetar toda la normativa. Se da la sensación de que no se va a sancionar, se da la sensación de que nosotros, tal vez, estamos alargando el tiempo, pero eso no es así.

”Estamos respetando la normativa de la institución, y lo que se le está validando al funcionario es que él está haciendo uso de todos sus derechos para nosotros poderlo sancionar respetando el debido proceso”, agregó la funcionaria de la Caja.

Trámites. En esa institución, muchas de estas investigaciones las desarrolla el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), despacho que en un solo año manejó 200 casos complejos.

El debido proceso incluye, entre otros trámites, apelaciones ante los jefes inmediatos del investigado, ante la comisión local de relaciones laborales y luego ante la comisión nacional.

“Documentar algún grado de responsabilidad lleva mucho tiempo. No solo en la institución. Por ejemplo, el tráfico de órganos a nivel judicial ha llevado muchísimo tiempo. Fundamentar bien y tener sustentados los hechos es bastante difícil”, dijo.

La Nación consultó a la Fiscalía el estado de varios casos, y la mayoría de ellos está aún en la fase preparatoria, informó la oficina de prensa.

 

Licencias le costaron ¢7.162 millones al Poder Judicial el año pasado

Entre enero y setiembre de este año, 91 empleados del Poder Judicial sumaban más de 180 días de incapacitados. En todo ese tiempo recibieron el 100% de su remuneración gracias a una licencia. | JORGE CASTILLO

Entre enero y setiembre de este año, 91 empleados del Poder Judicial sumaban más de 180 días de incapacitados. En todo ese tiempo recibieron el 100% de su remuneración gracias a una licencia.

Cuando finalizó el 2014, el Poder Judicial había pagado ¢7.162 millones en licencias con goce de salario por incapacidad por enfermedad.

Ese gasto fue equivalente a un 2% del presupuesto total de esa institución para el 2014, por un total de ¢352.236 millones.

Los ¢7.162 millones cubrieron el pago de 151.487 días de incapacidad, según datos que proporcionó aLa Nación la oficina de prensa del Poder Judicial.

Más para incapacidades. Para tener una idea de la proporción de ese gasto, con los recursos que la Corte destinó en el 2014 al pago de licencias con goce de salario por enfermedad, casi habría financiado el Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, al que se le asignaron el año pasado ¢7.328 millones, (2,08% del plan de gastos). Y le hubiera sobrado para subsidiar la operación de los tribunales de tránsito, que devengaron un presupuesto de ¢6.477 millones (1,84% del presupuesto total).

Durante el 2014, los servidores de la Corte tramitaron un total de 11.393 boletas de incapacidad, de acuerdo con un informe que remitió a la Corte Plena (compuesta por todos los magistrados) la Dirección de Tecnología de la Información, el 18 de junio del 2015.

Pesado rubro. Durante el año en curso, hasta el 21 de setiembre, los trabajadores judiciales habían gozado de 112.055 días de incapacidad, producto del trámite de 2.659 boletas, al 15 de mayo.

El costo de esas licencias con goce de sueldo fue de ¢5.423 millones para la Corte.

Por solicitud de este diario, el Poder Judicial informó de que entre el 1.° de enero y el 21 de setiembre del 2015, 91 empleados disfrutaron de licencias con goce del 100% del salario, por más de 180 días de incapacidad.

También se consultó cuánto pagó el año pasado y en lo que va del 2015 por concepto de contratación de funcionarios interinos para sustituir a empleados con licencia de incapacidad.

No obstante, la oficina de prensa alegó que necesita más tiempo para contestar, pues requiere realizar un análisis caso por caso para determinar cuántas personas fueron sustituidas.

¿Contención del gasto? El Poder Judicial indicó que está la Comisión de Incapacidades que coordina Carlos Montero, miembro del Consejo Superior.

Su función es analizar los casos concretos de trabajadores judiciales que presentan incapacidades de manera frecuente y por tiempos prolongados.

Esos casos, informó la oficina de prensa, se remiten al Departamento de Medicina Legal, para su análisis. En este departamento se determina si la condición del trabajador le permite o no realizar las labores del puesto que ocupa, con el objetivo de contener el gasto en licencias con goce de salario por incapacidad.

Pese a la existencia de esa comisión, entre el 2012 y el 2014 se incrementó la cantidad de días de incapacidad que pagó la Corte, según se desprende de los datos enviados a este diario.

Corte rehúsa discutir ahora beneficio en incapacidades

La magistrada Nancy Hernández se opone a beneficio. | ARCHIVO

La magistrada Nancy Hernández se opone a beneficio. | ARCHIVO

La Corte Plena, integrada por los 22 magistrados, rechazó, ayer lunes, discutir en este año si se debe o no eliminar el beneficio del 100% del salario a los funcionarios del Poder Judicial cuando se incapacitan.

Los magistrados acordaron, por mayoría, que el tema quedará para el 2016, cuando se debata sobre las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la votación realizada ayer, 13 magistrados estuvieron a favor posponer el tema, mientras que ocho apoyaron que se discuta durante el 2015.

Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional, es una de las que considera que el tema debe discutirse pronto. “Mi posición es que la prioridad de la Corte debería ser velar por la sostenibilidad financiera del servicio de Justicia”, expresó.

Precisamente, la iniciativa de hacer una reforma legal para bajar del 100% del salario a un subsidio del 60% cuando haya una incapacidad, la hizo Hernández en el 2011, cuando era jefa del despacho de Presidencia.

Empero, en julio del 2012, la Corte suspendió ese debate hasta que la Sala IV resolviera una acción de inconstitucionalidad en contra del privilegio. La acción fue rechazada.

El presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, fue uno de los que votó en contra de que la discusión se haga este año. “Es un derecho adquirido, no podemos echar marcha atrás en esto”, manifestó el magistrado Chinchilla.

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La Sala IV declaró sin lugar, en diciembre de 2014, una acción de inconstitucionalidad donde  la Contraloría cuestionaba la licencia con goce de 100% de salario que se paga a los empleados de la Corte cuando se incapacitan. El privilegio, entonces, aún se aplica. | MAYELA LÓPEZ

La Sala IV declaró sin lugar, en diciembre de 2014, una acción de inconstitucionalidad donde la Contraloría cuestionaba la licencia con goce de 100% de salario que se paga a los empleados de la Corte cuando se incapacitan. El privilegio, entonces, aún se aplica.

A diferencia del resto del sector público, los empleados del Poder Judicial ganan más cuando se incapacitan por enfermedad, que cuando trabajan. Y ese privilegio lo ratificó la Sala Constitucional en diciembre de 2014.

Pagos por incapacidades

Pagos por incapacidades (INFOGRAFÍA GN)

El 18 de ese mes, por mayoría, el alto tribunal –compuesto para ese caso por magistrados suplentes– declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad de la Contraloría General de la República (CGR) en contra de esa ventaja, estipulada en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La resolución trasciende ahora que el país discute los pluses y beneficios salariales del sector público y los que en específico ofrecen a sus empleados las instituciones del Estado.

En ese contexto, la CGR considera que es inconstitucional que la incapacidad sea una licencia con goce de salario para los empleados judiciales, pues crea una desigualdad con el resto del sector público.

La licencia les permite a los servidores judiciales recibir un 100% de salario, por lo que la ausencia por enfermedad no impacta su aguinaldo ni cesantía.

El resto del sector público y el privado reciben un 60% de subsidio. Así, disminuyen el ingreso, aguinaldo y cesantía, cada vez que los empleados se enferman.

En el caso del Poder Judicial, el 60% de la licencia la paga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el restante 40% lo cubre con su presupuesto.

La Ley Orgánica de la Corte estipula que, cuando un servidor se incapacita, la Dirección Ejecutiva tramitará la licencia. Si se trata de un magistrado, la gestión la hace el presidente de ese poder de la República.

Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, indicó la semana pasada que la acción se declaró sin lugar porque se estimó que los reclamos debieron haberse planteado ante el Tribunal Contencioso-Administrativo o ante la Asamblea Legislativa, para que los diputados discutieran una posible reforma.

“Yo no puedo decir que hay una violación al principio de igualdad (en este caso, entre empleados públicos) cuando a los trabajadores de la Caja se les paga (la incapacidad) diferente a los de la Corte. Son cosas distintas”, exteriorizó Armijo, al referirse a los alegatos de la CGR.

Los magistrados también concluyeron que la Constitución no explica la forma o el monto en que se paga la incapacidad, por lo que les corresponde a los legisladores definirlo en cada caso, por una ley. Las magistradas suplentes Aracelly Pacheco y Anamari Garro se apartaron de ese criterio.

Aquella votación quedó en manos de magistrados suplentes porque los propietarios se inhibieron para evitar un conflicto de intereses. Sin embargo, participaron Armijo y Ernesto Jinesta porque no había suficientes suplentes y la votación no se puede realizar con menos de los siete miembros. Ellos estuvieron presentes por ser los de mayor antigüedad en ese tribunal.

¿Contradicciones? La decisión de la Sala IV se alejó de sentencias previas donde ese tribunal aclaró que las incapacidades no pueden ser salario, sino un subsidio.

Ocurrió en el 2008, en la sentencia 014146, donde la Sala estableció que, para los servidores del Estado incapacitados, se reconoce un porcentaje de su sueldo por concepto de subsidio, cuya naturaleza no es de derecho fundamental, ni se trata de salario.

La sentencia tampoco tomó en cuenta el dictamen C-118-2011, en el que la Procuraduría General de la República (PGR) recalcó que lo que se paga por una incapacidad es un subsidio y no un salario.

Con base en eso, en el 2011 la CCSS dejó de tomar en cuenta los subsidios para pagar aguinaldo, prestaciones y salario escolar a sus empleados.

Costo de empleado por supremo poder

Costo de empleado por supremo poder.

El efecto fue una reducción de 13.426 incapacidades a 8.017, entre el mes anterior y el posterior a la resolución de la CCSS.

Al final, en el 2013, el Tribunal Contencioso falló a favor de un reclamo sindical y anuló el cambio y el dictamen de la PGR. La apelación al fallo que presentó la autónoma aún no se resuelve.

El magistrado Armijo alegó que no hay contradicción con otras sentencias, al tener cada una sus particularidades.

Intocable. Este diario consultó a la directora ejecutiva de la Corte, Eugenia Romero, si la Administración tiene algún plan para eliminar la equiparación de las incapacidades con el salario, en el contexto de la crisis fiscal actual.

Romero explicó que se está revisando toda la Ley Orgánica, proceso en el cual la licencia con goce de salario está incluida.

Empero, la Administración concluyó que el artículo 42 que sustenta la licencia no tiene vicios de constitucionalidad, como lo señaló la Sala IV al rechazar la acción de la Contraloría.

En su alegato, la CGR calificó la licencia como “un privilegio exclusivo y excluyente” que causa “un uso desmedido y abusivo de fondos públicos”.

La contralora Marta Acosta dijo que respeta la decisión de los magistrados, pero, a la vez, los llamó a la reflexión sobre el gasto en incapacidades de la Corte, en el marco del debate por las disparidades en el empleo público.

 

Tributación multa a bancos públicos por ¢115.000 millones

El fisco inició el cobró, en abril anterior, ¢60.215 millones al Banco Popular tras auditar sus declaraciones de renta de los periodos fiscales del 2010 al 2013, reveló el banco en sus estados financieros. | RAFAEL PACHECO

El fisco inició el cobró, en abril anterior, ¢60.215 millones al Banco Popular tras auditar sus declaraciones de renta de los periodos fiscales del 2010 al 2013, reveló el banco en sus estados financieros.

La Dirección General de Tributación multó a los bancos públicos con ¢115.000 millones, tras auditar sus declaraciones de impuestos sobre la renta.

La fiscalización tributaria se efectuó en los bancos Nacional, de Costa Rica (BCR), Popular y Bancrédito por los periodos fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013.

Así lo informaron las propias entidades financieras en sus estados financieros, con corte al 30 de junio anterior, tras revelar la propuesta de regularización de cobro por parte del fisco.

Tributación notificó a la banca pública de la deuda registrada ante el Ministerio de Hacienda, entre enero y abril anterior.

Del total de recursos, el Popular adeuda ¢60.215 millones, entre el monto pendiente de declarar y sanciones; es decir, el 52% de los recursos.

Mientras que la cuenta pendiente de pago del Nacional asciende a ¢49.400 millones y la del BCR a ¢5.100 millones, según el cálculo de Tributación.

Bancrédito no reveló el monto del cobro hecho.

Tributación inició la auditoría en la banca pública a mediados del 2014. Sin embargo, fue hasta este año que notificó la propuesta de regulación de la deuda acreditada.

El fisco sancionó la banca pública con base en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que establece infracciones por omisiones o inexactitudes en las declaraciones tributarias.

“Se ha impugnado el cobro, pues se estima que existen diversos gastos necesarios para generar rentas gravables los que Tributación no permite descontar del impuesto sobre la renta. En todos estos periodos fiscalizados, el Banco Popular ha pagado; es hasta ahora que se nos vienen a endilgar,  dentro del monto total, multas e intereses" Armando Rojas, director jurídico Banco Popular

“Los bancos aún pueden acudir a la vía administrativa e impugnar el acto de liquidación de oficio del proceso de cobro o ir directamente a la vía contenciosa”, explicó Carlos Vargas, director de Tributación.

No es la primera vez que el fisco choca con la banca pública por el pago del impuesto sobre la renta. A mediados de la década del 2000 , los bancos realizaron pagos millonarios tras auditorías tributarias.

Defensa. La banca pública planteó ante Tributación la disconformidad del cobro. Tres bancos invocaron la suspensión de las multas, pues la Sala IV analiza la legalidad del cobro anticipado de deudas tributarias.

“Se ha impugnado el cobro, pues se estima que existen diversos gastos útiles y necesarios para generar rentas gravables, los cuales Tributación no está permitiendo descontar del impuesto de renta”, dijo Armando Rojas, director jurídico del Popular.

Leonardo Acuña, subgerente del BCR, detalló que la diferencia con el fisco se centra en el rendimientos de inversiones en el exterior y ciertas partidas relacionadas con el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).

Gerardo Porras, gerente general de Bancrédito, reconoció que no han realizado ninguna reserva del monto puesto al cobro.

“De quedar en firme el traslado de cargos (tributarios), se registrarían contra el patrimonio y no contra las utilidades del 2015”, afirmó Porras.

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Bancos públicos invocaron a Sala IV para suspender cobro de multa

Para la Dirección Jurídica del Banco Nacional el acto de liquidación de oficio de la deuda por ¢49.400 millones está sujeto a lo que resuelva la Sala IV.

Para la Dirección Jurídica del Banco Nacional el acto de liquidación de oficio de la deuda por ¢49.400 millones está sujeto a lo que resuelva la Sala IV.

Los bancos Nacional, Popular y Bancrédito invocaron a la Sala IV para suspender la millonaria multa impuesta por la Dirección General de Tributación.

Los magistrados analizan desde agosto anterior, si el fisco puede hacer cobros anticipados al contribuyente por deudas de impuestos, establecidos en el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios .

La norma cuestionada permite a Tributación, desde setiembre del 2012, cobrarle al contribuyente inmediatamente después de realizar una auditoría tributaria.

“Estamos a la espera de que se resuelvan las diferentes acciones de inconstitucionalidad con el propósito de definir el camino y las acciones legales por seguir”, aseguró Armando Rojas, director jurídico del Popular.

Rojas argumentó que la institución financiera pagará de acuerdo con las obligaciones tributarias que correspondan.

En el Nacional, la Dirección Jurídica emitió el criterio D.J. 176-2015, de febrero anterior, y señaló que el acto de liquidación de oficio de la deuda por ¢49.400 millones está sujeto a lo que resuelva la Sala Constitucional.

Dicho órgano sostuvo que de mantenerse invariable la redacción de la norma cuestionada, la deuda adquiere carácter de obligatoria.

Gerardo Porras, gerente general de Bancrédito, detalló que la institución no brindó ninguna respuesta formal al fisco, a la espera de que se resuelvan los reclamos en análisis ante el tribunal constitucional.

 

Proyecto de salario único sigue fuera de radar legislativo

La liberacionista Sandra Piszk presentó un plan para limitar los pluses del sector público. Esa propuesta  la rescataría el gobierno para debatir eventuales cambios a los regímenes salariales.  | MARIO ROJAS/PARA LA NACIÓN

La liberacionista Sandra Piszk presentó un plan para limitar los pluses del sector público. Esa propuesta la rescataría el gobierno para debatir eventuales cambios a los regímenes salariales.

El consenso no acompaña al proyecto de ley para instaurar en el sector público el pago del sueldo único o global, en lugar del salario base más incentivos.

Una propuesta en ese sentido apenas está en etapa preliminar de consultas y la tramita una subcomisión del panel de Asuntos Hacendarios del Congreso.

Su proponente, el diputado libertario Otto Guevara, argumenta que el plan sustituiría 14 regímenes salariales del sector público, por uno solo de pago único por categoría salarial, ordenando la planilla del Estado.

La Nación publicó recientemente que este esquema deriva en millonarios ahorros en entidades descentralizadas que la usan desde hace unos 14 años.

En el caso de la Contraloría General de la República, que aplica el salario único desde el 2008, se estima que este año el ahorro será de ¢1.400 millones.

Guevara pidió a Liberación Nacional (PLN) y a la Unidad Social Cristiana (PUSC) respaldar su iniciativa.

“Esos partidos son los culpables del desorden salarial del Estado”, aseguró.

Pese al ahorro, el Gobierno descartó impulsar cualquier plan de salario único, aunque la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, dijo que la Administración tampoco se cerraría a discutir una propuesta de ese tipo generada por la oposición.

Límite. Empero, la alternativa para controlar las remuneraciones que toma la delantera, por ahora, es una de la diputada liberacionista Sandra Piszk.

Según ella, el Gobierno estaría anuente a adoptar su texto como base del debate.

Su plan propone que el porcentaje que se paga por incentivos, como las anualidades, sea el mismo para todo el sector público, así, homologa la cesantía a ocho años, excepto para los trabajadores que tienen más tiempo de laborar para el Gobierno.

Además, establece una comisión técnica que definiría el porcentaje de la anualidad y revisará los contratos de dedicación exclusiva y de disponibilidad.

Marco Redondo, jefe de fracción de Acción Ciudadana (PAC), no descartó que alguno de esos proyectos sea convocado para su debate en las sesiones extraordinarias que empezarán el 1.° de diciembre, periodo en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda de la Asamblea Legislativa.

El congresista tampoco descartó que el Gobierno presente un tercer plan, que se enfoque en hacer más rigurosa la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, con el objetivo de eliminar el carácter automático del pago de anualidades.

Redondo dijo que la Administración no ve este tema salarial como la opción más importante para reducir el déficit fiscal.

La brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central cerró en el 2014 en 5,7% del producto interno bruto (PIB) y para el 2016 las remuneraciones acapararían el 49,1% del presupuesto.

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Sindicatos, como el  Frente Interno de Trabajadores del ICE, se oponen al salario único y a cualquier otra variación que rompa con el esquema tradicional de salario base más pluses. | DIANA MÉNDEZ

Sindicatos, como el Frente Interno de Trabajadores del ICE, se oponen al salario único y a cualquier otra variación que rompa con el esquema tradicional de salario base más pluses.

Hace poco más de un mes, la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, le cerró la puerta a la posibilidad de que la administración de Luis Guillermo Solís impulse la aplicación del pago del salario único o global en los ministerios.

El principal argumento en el que la jerarca basó su afirmación fue que ese esquema no reduciría la planilla del Estado sino hasta dentro de 15 o 18 años.

Esa misma idea defendió, en julio pasado, el presidente Solís, al echar por tierra cualquier intento por reformar los regímenes de empleo público durante su gestión.

Si bien no son comparables los grados de complejidad con que se administran el Gobierno Central y una entidad autónoma, varias de esas instituciones que aplican el salario único han demostrado resultados positivos en sus presupuestos en menos del tiempo señalado por el mandatario y su ministra de Planificación.

A favor. En el Banco Nacional de Costa Rica, por ejemplo, hay muestras positivas sobre el salario único que esa entidad empezó a implementar en el 2011.

La directora de Desarrollo Humano del Banco, Maritza Fuentes, dijo que, por lo general, se requieren 13 años y medio para que esa modalidad se refleje en el costo de la planilla.

Empero, en apenas cuatro años y medio, el mayor intermediario financiero del país ya vio reducciones en incentivos, como días de vacaciones para sus empleados y el tope de cesantía.

En el caso del Banco Popular, empezó la aplicación del salario global desde el 2001.

Desde entonces, en menos de 14 años, 174 funcionarios migraron de forma voluntaria desde el esquema de salario base más pluses, al de sueldo global, el cual se estima con base en un estudio de mercado del sector.

La Contraloría General de la República (CGR), que comenzó a contratar personal bajo la modalidad de salario único en el 2008, informó de que una de las ventajas es que ese esquema permite hacer una mejor gestión de las remuneraciones, pues elimina las distorsiones que causa el pago de pluses o incentivos.

“El salario único ha significado la eliminación de asimetrías en nuestra estructura salarial, se paga un salario igual por trabajo igual a quienes están en esta modalidad”, resaltó la contralora Marta Acosta.

Para ella, el salario único debería ser considerado por el Gobierno como una opción en materia de empleo público, en virtud de la mala situación fiscal del país.

Por su parte, el regulador general Dennis Meléndez, quien lidera la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), expresó que, desde el 2008, esa institución empezó a ver beneficios del salario único, como el freno al crecimiento “desproporcionado” de la planilla debido al aumento automático en los salarios de los funcionarios.

Meléndez cree que un complemento al sueldo global sería la creación de incentivos temporales con base en productividad.

Jerarca del ICE rechaza consultar salario único

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, consideró innecesario consultar a los sindicatos de la institución sobre la medida de eliminar sobresueldos para los nuevos empleados, que se conoció este lunes.

“Ya he dicho que la Administración toma las acciones que considere que corresponde hacer”, manifestó el jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al ser cuestionado sobre los reclamos del dirigente sindical Fabio Chaves.

Chaves, presidente del Frente Interno de Trabajadores (FIT), que agrupa a todas las organizaciones sindicales del ICE, calificó la decisión de las autoridades de la entidad como “arbitraria”.

Según Obregón, ese acuerdo no cierra los canales con los trabajadores o los sindicatos.

Carlos Obregón (izq) y su asesor de prensa Elberth Durán. | RONALD PÉREZ

Carlos Obregón (izq) y su asesor de prensa Elberth Durán. |

La eliminación de sobresueldos para futuros empleados se resolvió tres meses después de que el ICE firmara con los sindicatos un acuerdo que les permitía participar en la toma de decisiones en materia de recurso humano, de telecomunicaciones y electricidad.

Con base en ese pacto se mantenían mesas de diálogo; no obstante, según Obregón, el tema del salario único no estaba en la agenda.

“Nosotros hemos sido transparentes y se lo dije a Fabio Chaves: los temas que pusimos (en agenda) los discutimos. Ese tema no forma parte, no fue solicitado (…). No estamos planteando nada por debajo, le informamos a la gente. La aprobación del salario único es el final del proceso que venía desde hace muchos años. También se establecieron las clases anchas. No se puede alegar que no fuese conocido, no está perjudicando a los trabajadores actuales”, añadió Obregón.

Tras comparecer en el Congreso, el presidente del ICE dijo que buscan una forma más simple y clara de tener “salarios competitivos” respaldados en las reglas del mercado. Por el momento, no se tiene ninguna proyección de ahorro, pues desconocen las necesidades de contratación para el futuro.

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