Hay un Hecho Irrefutable Que Podemos Ver en el Creciente y Dentro de Poco, Insostenible Déficit Fiscal, en el También Creciente y Dentro de Poco, Insostenible Gasto Público; Ambos, Principalmente Debidos a los Abusos Con los Privilegios y Pluses Salariales Que Reciben Gremios Sindicales y Trabajadores, Producto de las Convenciones Colectivas.

En las Presas Viales de Todos los Días, en las Calles Llenas de Huecos, en el Retroceso en la Economía y el Desarrollo Nacional, Gracias al Abandono en la Construcción de Nueva y Vital Infraestructura y al Prácticamente Nulo Mantenimiento Que Se le Da a la Existente, Pese al Multimillonario Pago en Dólares Que Se las Da a las Empresas Constructoras Privadas.

Ese Hecho Irrefutable Es Que, No Es Posible Avanzar Cuando Se Consiente lo Que Obstaculiza e Impide el Avance.

Y Eso Es Precisamente lo Que el Gobierno y el Ejecutivo Hacen.

Exigen más claridad en montos de convenciones colectivas”; Entre Otras Cosas Porque, el “Ahorro por convenciones llega sólo al 24,4% de lo prometido”.

Pero, ¿Qué Otra Cosa Podría esperarse Sí?

Tras nueve meses de negociación, empleados del AyA renuevan la Convención Colectiva”; Sí Luego de Que, la “Aresep excluyó gastos de convención colectiva de Recope en ajuste”; “Recope paga convención colectiva, pese a rechazo de Aresep”; Y Tras Cuernos, Palos, “Recope llevaría a Aresep a Tribunal para defender convención colectiva”.

O Sea Que, Mientras las “Convenciones colectivas se mantienen como un dilema de gasto, al cual el Gobierno aún no le apunta”; “Acudir a la Sala Constitucional, el plan “b” en caso de que no fructifiquen negociaciones de convenciones colectivas” ; Es la Estrategia de los Sindicatos Para Mantener Sus Privilegios.

Y Por Si Eso Fuera Poco, Tenemos al MOPT-CONAVI-CNC y su Ministro, Haciendo lo Suyo en Obra Pública, los “Expertos coinciden: Mopt ha sido permisivo y no escucha”; la “Contralora sobre obra pública: “gestión deficiente, improvisación y negligencia””; Razón por la Cual, las “Obras para mejorar tránsito están en parálisis”.

La “Contraloría y Tribunal ponen freno al Mopt”; los Propios “Diputados PAC piden a Presidente valorar la lentitud en Mopt”; Pero, ¡Aunque Usted No lo Crea!, el Presidente, “Solís resiente que Contralora no vea avances en obra pública”; Y Por el Contrario, ““Segnini está haciendo un trabajo muy dedicado”, dice Solís”; y de Esa Forma, el “Presidente acuerpa a ministros ante críticas de diputados”.

Consintiéndolos Pese a Que, el “Conavi no mejoró vías ni con el doble de dinero”; Consintiéndolos Pese a Que, los “Vecinos de Río Frío amenazan con bloquear Ruta 32”; y Consintiéndolos Pese a Que, “En 2016 habrá menos asfalto, puentes y mantenimiento”.

¡Todo Por Causa de la Mala Gestión y Administración de Sus Consentidos!  

CRHOY-caricatura 02-11-2015

 

 

Exigen más claridad en montos de convenciones colectivas

Los exministros de Hacienda: Edna Camacho, Édgar Ayales y Thelmo Vargas criticaron la poca transparencia que existe para conocer cuál es el monto que se gasta en cada una de las instituciones del sector público en convenciones colectivas ya que muchos de estos rubros están incluidos en incentivos y remuneraciones.

El ex ministro de Hacienda, Édgar Ayales, criticó las convenciones colectivas.  CRH.

El ex ministro de Hacienda, Édgar Ayales, criticó las convenciones colectivas. CRH.

Las instituciones deberían –según Vargas incluir en su página web para el conocimiento público todas las partidas detalladas que se destinan a este rubro y no las globales, “ya que las pagamos todos los costarricenses”, tal y como lo hacen las entidades financieras en sus estados auditados, sobre todo, en aras de generar más transparencia y eliminar aquellos gastos que son tan onerosos.

De acuerdo con Camacho, el gasto por remuneraciones, incluyendo el de aquellos a los que se les pagando convenciones colectivas, representa un 25% del gasto total del presupuesto del Gobierno.

“Es difícil cuantificar cuál es el monto total y ese es parte del problema porque muchos de ellos están incluidos en otras partidas y en la mayoría de los casos provocan que el costo sea superior al salario base y esas cosas deberían ser públicas”, mencionó.

La economista dijo que es necesario ponerle un freno a este problema, debido a que lo pagamos todos los costarricenses mediante las tarifas eléctricas y esto aumenta el déficit fiscal y el costo de los combustibles.

Cirugía mayor

El ministro de Hacienda, Édgar Ayales, manifestó que durante su administración abogó por ponerle freno a dichos privilegios, pero que “hablar de convenciones colectivas es complicadísimo porque algunas se limitan a beneficios salariales y otras simplemente no deberían de existir”.

Yo pienso que hay que renegociarlas todas, porque distorsionan la política salarial del país y es exagerado. Al analizar las cifras, se puede evidenciar fácilmente donde está el rubro de remuneraciones que creció un 7% en este año, mientras que la inflación es cero”, detalló.

En total, existen en el país, según el economista, William Hayden, 1.684.946 trabajadores en el sector privado (85% del total) que no están cobijados por convenciones colectivas.

De los 295.244 empleados del sector público, solo 124.000 están beneficiados por ellas, lo cual representa un 6,26% de la fuerza de trabajo ocupada y un 42% de los empleados públicos.

En este momento, según los datos consultados porcrhoy.com al Ministerio de Trabajo, hay 75 convenciones colectivas vigentes en instituciones públicas.

convenciones colectivas

La Contraloría General de la República (CGR) pese a que ha denunciado abusos en algunas de ellas antes, afirma que las partidas presupuestarias que se incluyen en los presupuestos ordinarios no se desglosan, ni contienen gastos detallados por rubros de las convenciones colectivas en las distintas instituciones, “ni siguiera tiene las competencias legales ni para fijarlas ni para modificarlas”.

Agrega –ante las consultas – que cada institución determina cuanto dinero desembolsa por concepto de estos rubros tras negociaciones privadas entre el sindicato y el Estado.

El viceministro de Trabajo, Harold Villegas, aseguró que desconocía cuál es el monto total de cada rubro y que únicamente tenía bien determinado el de la Refinadora Costarricense del Petróleo (Recope) que es de 22.391 millones de colones y el de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por 7.730 millones de colones porque es el que ha sido denunciado.

“La negociación entre la administración y el sindicato respectivo es autónoma e independiente, sin embargo, estamos siguiendo la directriz del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y las revisaremos para recomendar que se renegocien y se eliminen las cláusulas que consideramos no corresponden al bien común y generan desigualdad y funcionarios públicos de primera, de segunda y de tercera de acuerdo a la institución a la que pertenezcan”, concluyó.

Lea más: Convenciones colectivas se mantienen como un dilema de gasto, al cual el Gobierno aún no le apunta

Ahorro por convenciones llega sólo al 24,4% de lo prometido

Discurso-Luis-Guillermo-Solis-Asamblea-Legislativa-1

El presidente Luis Guillermo Solís habló de un ahorro en las convenciones colectivas de 13.400 millones de colones como un logro, del que cual solo el 24,4% es una realidad. CRH.

En el informe ante el Congreso del 1° de mayo el presidente Luis Guillermo Solís, destacó como un logro las 4 convenciones colectivas denunciadas y en proceso de negociación en las de Recope, AyA, Inder y Japdeva.

“Los cambios propuestos para las convenciones colectivas de Recope, Japdeva y AyA le ahorrarían al Estado ¢12.820 millones cada año”, afirmó en ese momento el Presidente.

A 6 meses del informe, de los ¢13.500 millones de ahorros sólo se han concretado ¢3.300 millones de la convención del AyA, que equivale al 24,4% de lo prometido.

Lea: Tras nueve meses de negociación, empleados del AyA renuevan la Convención Colectiva

En el caso de Inder, el sindicato inició un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo que detuvo la negociación.

En Recope las principales modificaciones consistirían en eliminar la coadministración del sindicato y bajar las ayudas económicas, con un ahorro de ¢8 mil millones.

Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), djo que la negociación avanza, pero no se puede precisar cuándo terminará. “Es difícil dar una fecha, es mejor no hacerlo para no crear falsa expectativa”, confesó Rodríguez.

Sobre los principales cambios, el Secretario aseguró que son varios artículos en los que se piensa que hay coadministración; mientras que sobre bajar las ayudas económicas prefirió no referirse debido al proceso en negociación.

Se avanza lento porque resulta difícil llegar a un consenso de cómo se maneja la empresa, pero el sindicalista insiste en que están anuentes a avanzar. La próxima reunión será el lunes.

En el caso de Japdeva, quieren modificar 33 artículos; bajar tope de cesantía de 20 a 10 años y eliminar pago de transporte y alimentación, con un ahorro de ¢2 mil millones para la institución.

De acuerdo con Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), la negociación “camina”. Se reúnen cada miércoles y van por el artículo 60 de los 132 que conforman la convención.

Blear mencionó que cederán pero se busca un equilibrio.

“Todavía no hay nada firme. Es probable que haya cambios que no perjudiquen a la clase trabajadora”, comentó Blear.

Menos de la mitad de funcionarios del sector público

En el sector público hay 75 convenciones colectivas.

De los 305 mil burócratas, éstas “cobijan” a 124.741 funcionarios.

Lea: Acudir a la Sala Constitucional, el plan “b” en caso de que no fructifiquen negociaciones de convenciones colectivas

Recope insiste en llevar a tribunales pugna por convención

Imagen con fines ilustrativos. Cortesía de www.recope.go.cr

Imagen con fines ilustrativos. Cortesía de http://www.recope.go.cr

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) llevará a instancias judiciales su discrepancia con Aresep por su rechazo a cargar en las tarifas los gastos de la convención colectiva.

Así  lo confirmó el asesor jurídico de la refinadora, Mayid Brenes, si no prospera una apelación presentada ante la junta directiva de la Aresep. La Intendencia de Energía eliminó 5 mil millones de colones en gastos por la convención colectiva (su costo total son 25 mil millones de colones).

Lea: Aresep excluyó gastos de convención colectiva de Recope en ajuste

La ley permite a Aresep determinar qué rubros puede reconocer en el costo de la prestación de un servicio público. Lo que estamos cuestionando es que desconozcan normas que de conformidad con la Constitución Política tienen rango de ley”, explicó Brenes.

Lea: Recope paga convención colectiva, pese a rechazo de Aresep

El funcionario argumentó que las convenciones tienen rango de ley entre dos partes (patrono y empleados). Es vinculante para la empresa y Recope debe honrar esas obligaciones.

Si se mantiene la tesis de Aresep tendríamos que valorar acciones legales y buscar una posición definitiva de un tercero (tribunales de justicia) para que resuelva este asunto”, acotó Brenes.

Entre los beneficios excluidos del cálculo de la tarifa están:fondo de ahorro, préstamos, vivienda, recreación y garantía, servicio de soda, útiles y materiales para recepciones y becas otorgadas a los hijos de los trabajadores, entre otros.

Lea: Recope llevaría a Aresep a Tribunal para defender convención colectiva

También excluyeron otros rubros ligados con servicios de salud como trabajo social, psicología, odontología o ginecología.

“El 26 de octubre presentamos a la junta directiva de Aresep la apelación”, acotó el representante legal.

Sobre medida cautelar

También plantearon una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso porque aparte del rubro de la convención, hay por 8.500 millones de colones relacionados con el no reconocimiento del salario de 373 funcionarios de la gerencia de refinación.

Lea: Según Recope, Aresep incurre en una desviación de poder

La Asociación Consumidores de Costa Rica respaldó la posición de Aresep y refutó un acuerdo alcanzado entre el gobierno y el colectivo sindical Patria Justa.

Lea: Aresep y Recope chocan por pago de beneficios a empleados

“La Ley de la Aresep establece el principio del servicio al costo: solamente deben ser considerados en las tarifas aquellos costos que se utilicen para desarrollar la actividad y que incidan en su continuidad y calidad. La convención colectiva de Recope es un acuerdo entre el patrono y sus empleados, no entre los usuarios y los empleados de Recope. De ninguna manera tiene que ver este costo con la prestación del servicio de compra y distribución de combustibles”, consideró la asociación.

Marco Durante, abogado especialista en derecho laboral, afirmó que en este caso existe una ‘tensión’ porque Recope está obligado a atender las obligaciones convencionales con sus trabajadores.Tomando en cuenta que sus únicos ingresos son vía tarifas.

“¿Cómo hago para cumplir con esas obligaciones convencionales si no puedo aumentar los costos? La respuesta es, bueno, usted tendrá que ver cómo hace para reducir sus gastos. Eso significan que tendrán que revisar la población de trabajadores y pensar con más cuidado cuáles son los beneficios que se deben otorgar en una convención colectiva“, cerró Durante.

Expertos coinciden: Mopt ha sido permisivo y no escucha

El Ministro Segnini y el Presidente Solís. (CRH)

El Ministro Segnini y el Presidente Solís de gira. (CRH)

Mientras las obras importantes en carreteras están en parálisis, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) se da el lujo de ser permisivo y soberbio al no escuchar.

En eso coinciden expertos que forman parte del Grupo Consenso, quienes le propusieron al presidente Luis Guillermo Solís la conformación de un equipo de trabajo sin respuesta del jerarca.

Grupo Consenso es el equipo de instituciones que ofrecieron colaboración a Solís desde antes del inicio de su gestión, pero esa comunicación desapareció.

Guillermo Loría, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el problema en el Mopt tiene diferentes orígenes: jerarcas permisivos que no sientan responsabilidades, mandos medios que solo dicen “no”, falta de planificación y de estudios que encarecen el precio de las obras.

“Vamos a seguir subdesarrollados, con cero calidad de vida, uno pierde la vida metido en presas, eso es estrés, somos poco competitivos porque no podemos mover productos que potencien el comercio”, dijo Loría.

El experto señaló que la estructura del Mopt y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya no funciona.

En este último punto coincide Randall Murillo, director de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien además refutó al jerarca Carlos Segnini al asegurar que los retrasos en el Mopt no son más que responsabilidad de la administración que no puede dar una orden de inicio de proyecto a tiempo.

Murillo aseguró que se necesita un compromiso político con la infraestructura del país y que la plata está, pero no así la voluntad.

Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (Cfia), señaló en general todos han sido permisivos con la incapacidad del Mopt. Por esa razón, espera más reacción de Casa Presidencial.

Sobre la gestión del jerarca Segnini y de la actitud del presidente Solís, los tres expertos coinciden que la relación con Grupo Consenso es mínima y no existe un plan de trabajo conjunto.

Incompetencia

Este jueves, la contralora Marta Acosta no lo pude dejar más claro en el Congreso: en la administración reina laincompetencia y eso le ha costado al país el desarrollo y $14 millones en pago de comisiones de préstamos que no se ejecutan.

Lea: Contralora sobre obra pública: “gestión deficiente, improvisación y negligencia”

¿Resultado de ello? La “platina”, ruta 32, Circunvalación norte, el edificio Mopt, tal como lo expuso la contralora.

Lea: Obras para mejorar tránsito están en parálisis

Las declaraciones de Acosta no sorprenden considerando que la Contraloría General de la República dio un mal trato al Mopt hace unas semanas por las gestiones de adendas al contrato de ruta 27 y anulación del edificio nuevo por inconsistencias en el proceso. Ambas cosas en una misma semana.

Lea: Contraloría y Tribunal ponen freno al Mopt

Luego de la audiencia de la contralora en la Asamblea, el ministro Segnini, la viceministra de Infraestructura, Giselle Alfaro y el director del Conavi, Mauricio Salom guardaron silencio.

El presidente Solís por su parte le dio un espaldarazo a Segnini, aun cuando diputados oficialistas piden reconsiderar la gestión del jerarca del Mopt.

Lea: Diputados PAC piden a Presidente valorar la lentitud en Mopt

Contralora sobre obra pública: “gestión deficiente, improvisación y negligencia”

martita hoy en comsion

Marta Acosta, Contralora General de la República, esta tarde en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

La contralora general de la República, Marta Acosta, aseguró ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que en materia de obra pública y en el manejo de los diferentes créditos que se solicitan a organismos internacionales,hay una “gestión deficiente, improvisada, desconocimiento y negligencia” en la función pública.

La Contralora aseguró que no es un tema de legislación, sino de gestión.

Aunado a ello, Acosta dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2015-2018:

  • No fija metas de inversión en términos del Producto Interno Bruto.
  • La meta de mejorar 5 puntos al 2018 en el Indice de competitividad FORUM: Carreteras ocupan la posición 114, Ferrocarriles 86; Puertos 110 y Aeropuertos 56
  • En el 2015: en materia de infraestructura ocupamos el puesto 103 de 144: Carreteras (+) de 119 a 115, Ferrocarriles (-)  91 a 95, puertos (+) 115 a 109, y aeropuertos (+) 61 a 60.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, la funcionaria presentó las metas en infraestructura vial y mostró en algunos casos casos el porcentaje de avance al 2018 (en algunas obras se estipula el %):

  • Radial Abundancia-Ciudad Quesada (Punta Norte) sin definir.
  • Cañas-Liberia.
  • Terminal Contenedores Moín, Fase 2A.
  • Construcción Sección Los Chiles-Río Infiernito-Ruta Nacional 1856 (41%)
  • Mejoramiento tramo Paquera-Playa Naranjo
  • Intercambios:
  • Garantías Sociales, Derecho UCR-La Bandera-Guadalupe
  • Paso Ancho
  • Túnel Calle Roosevelt o Túnel Ave 10 San Pedro
  • Proyecto Ciudad Gobierno-MOPT
  • Rehabilitación y ampliación de la Sección Barranca – Limonal (61,8% )
  • Rehabilitación del tramo Palmar Norte – Paso Canoas (70,33% )
  • Ruta 32 Puerto Viejo-Limón (30%)
  • Mejoramiento sección Birmania- Santa Cecilia (70,83%)
  • Ampliación San José – San Ramón (30%)
  • Construcción intercambios viales en La Lima y Taras (70,83% )
  • Mejoramiento tramo Nosara-Sámara (30%)

En la Asamblea Legislativa, según Acosta se demoran en promedio un año y 4 meses para aprobar un crédito, en la administración central se toman un tiempo similar para incluirlo en el Presupuesto General de la República, por tanto ante la lentitud y demora se deben pagar, multas o comisiones por la no ejecución. De esta forma del 2005 al 2014, por ese rubro se han pagado poco más de $14 millones.

La situación de algunos préstamos que tienen años de haber sido gestionados es la siguiente:

Poyecto
Préstamo
Desembolso
Avance

Prog.Infraestructura vial
$300 millones
$226
75,2%

Prog.Red vial cantonal
$60
$15
25%

Prog.contra violencia e inclusión social
$132
$42
31.7%

Mejoramiento educación superior
$200
$!3
6,6%

Bajos Chilamate-Vuelta
Kooper
$52
$32
61.4.%

Mejoramiento medio ambiente metropolitano
$123
$62
$44

Prog.Infraestructura transporte
$450
0
0% de ejecución

Caso de la Platina:

Para mencionar solo uno de los casos más sonados, el del puente de la platina, la contralora Acosta, aseguró que hace un año pidieron la última autorización a la Contraloría, en la que les indicaron que “era la última  acción que ocupaban” y todavía no se ha resuelto nada.

En consideración de Acosta, “no hay coordinación” entre instituciones públicas, y no realizan en muchos casos en tiempo y forma expropiaciones, la solicitud de permisos y otros trámites esenciales.

Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana,  presidente de la citada Comisión, dijo ” aquí no se sabe, si reír, llorar o salir corriendo”.

Para el diputado el panorama es sombrío, y él es uno de los que con más frecuencia ha presentado quejas de la baja ejecución de diferentes obras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

 

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