Somos “3,5 millones de usuarios de servicios públicos financian beneficios de 9.895 empleados”; Tan Sólo Un Ejemplo, los “Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a Recope”.

Es Por Eso Que, No Se Entiende Porqué el Presidente “Luis Guillermo Solís subió la voz para defender el pacto con Patria Justa”; Máxime Cuando, Solís “volvió a reconocer que la mayoría de los ocho acuerdos alcanzados con Patria Justa se concertaron de previo a la huelga”; y “negó que fuese un pacto”.

Pero No Sólo Eso, “Solís niega confabulación con bloque de sindicatos”; Pese a Que, el “Pacto con sindicatos se negoció antes de huelga”;

“Ante consultas de La Nación , el mandatario detalló que fue el jueves anterior cuando se concertó la mayoría de los aspectos incluidos en el documento firmado, ayer a las 12:35 a. m ., luego de la débil movilización de empleados del sector público en las calles de San José.”…

Y Es Que, En Relación a Todo Esto, ¿Qué Se Defiende?, la Legalidad Como Sostiene el Ejecutivo, O la Complacencia Como Sostienen Todos los Demás.

La “Aresep mantiene rechazo de incluir gastos de convenciones colectivas en tarifas”; Pero el Ejecutivo Aduce Que Su Gobierno Defiende el “principio de legalidad”; Razón Por la Cual Rechaza Que la Aresep No Incluya los Gastos de las Convenciones Colectivas Como Parte de la Tarifas Que Se Cobran al Usuario.

Efectivamente, la “Constitución Política de la República de Costa Rica”; En Su Titulo V: “Derechos y Garantías Sociales”; Señala en el Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”… Pero Dice en el “Articulo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al Salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.”…

 Y Es Precisamente Discriminar Respecto al Salario, Dando Ventajas en Condiciones de Trabajo, Que Otros Trabajadores NO POSEEN, a los Trabajadores Que, Amparados a las Convenciones Colectivas, Reciben, Vuelvo a Insistir, Beneficios, Pluses Salariales y Otros, QUE OTROS TRABAJADORES NO RECIBEN.

Y Eso No lo Digo Yo, lo Señalan Sentencias Previas de los Jueces. Y Es la Base Jurídica; O Sea, la Legalidad, Que Utilizó la Aresep Para Rechazar Incluir los Gastos de las Convenciones Colectivas en el Cobro de las Tarifas al Usuario.

“Sentencias de jueces: bases jurídicas de la Aresep

Aresep pretende excluir gastos de convenciones colectivas y otros pluses salariales partiendo de  bases legales que la asisten, según consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de  Hacienda, que  ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Según esos fallos, la naturaleza jurídica de la convención colectiva le otorga fuerza de ley, pero únicamente entre las partes contratantes (patrono y empleado).Una convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. En ese sentido, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) prevalece sobre una convención colectiva. Esto otorga potestad a Aresep de excluir gastos de esas negociaciones laborales de la prestación de servicios públicos.Las sentencias también recalcan que el interés público se impone sobre intereses particulares.Las convenciones colectivas tienen  origen constitucional en el artículo 62 de la Carta Magna.

Sin embargo, las potestades de Aresep, también en el  artículo 46, a regular el derecho de los consumidores o usuarios de servicios públicos o privados, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos. Esto significa que los derechos constitucionales de los consumidores y usuarios de servicios prevalecen sobre los derechos de trabajadores amparados a una convención colectiva.De hecho, refieren los fallos, cuando Aresep ejerce  sus funciones es incapaz de derogar  disposiciones de  una convención colectiva debido a que carece de competencia legal para hacerlo. FUENTE:  Sentencias 2510-2012 y 94-2013-I”…

Y Es Que, Hablando Sobre Convenciones Colectivas, y Bajo Ese Mismo “principio de legalidad”; Que Defiende el Ejecutivo; LAS CONVENCIONES COLECTIVAS SE PUEDEN RENOGOCIAR;

“Sobre convenciones colectivas

Es un acuerdo que fija condiciones generales de trabajo del personal y resulta de una negociación entre voceros de los trabajadores (sindicatos) y patronos.

Como su nombre lo indica, sirve para regular en un sentido amplio condiciones de trabajo y de productividad. Del igual modo, fijan obligaciones recíprocas para promover una “paz laboral”.

Dichos deberes suelen incluir medios para resolver conflictos cuando estos surjan entre ambas partes y cualquier otra pauta para gobernar otros aspectos de las relaciones laborales.Un atributo de la convención colectiva es que cubre a todos los trabajadores durante un periodo específico, el  que también se fija en la negociación que da origen al convenio.

Cuando concluye ese periodo, las partes vuelven a negociar condiciones y fijar otro lapso de vigencia de estas.En Costa Rica tienen su origen y fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política.

La norma dice: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Si bien su naturaleza jurídica le otorga esa fuerza de ley, esta solo se aplica entre las partes contratantes pues la convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. Así consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, la cual luego ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Basándose en esos fallos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) recientemente anunció que excluirá gastos de convención colectiva de futuros ajustes tarifarios pues esas erogaciones son ajenas a la prestación de los servicios públicos regulados.”…

Y Eso, No Sólo lo Digo Yo, También Es Una Realidad en la Práctica y en la Administración del Estado Costarricense y de Sus Instituciones Públicas; Tal y Como lo Confirma el Hecho de Que, “Tres bancos públicos renegociarán su convención colectiva”; Y de Que la Propia, “Ministra de Planificación propone a diputados comisión para analizar empleo público”.

Y Es Que, Sí Hablamos del “principio de legalidad”; Todos Sabemos Que Éste Puede Torcerse Hacia la Derecha Como Ha Sido la Tradición Política de los Últimos Gobiernos Neoliberales, “Conavi perpetúa a 5 empresas en millonarios contratos”.

O Hacia la Izquierda Como Parece Estarlo Haciendo el Ejecutivo Con Su “Arreglo” Con los Sindicatos.

Pero, ¿Por Qué No Hacerlo Hacia el Centro? Para Que Nos Beneficie a Todos; Tanto a la Izquierda Socialista, Como a la Derecha Neoliberal, Tanto a la Empresa, Como al Trabajador; Tanto a lo Privado, Como a lo Público.

Incluso, el Mismo Ejecutivo, y el Propio Recope, Parecían Estar Dando Pasos en Ese Sentido; Ya Que, Cuando “Recope y socios chinos acuerdan rebajar gastos de empresa conjunta”; “Luis Guillermo Solís: China analiza venta de su parte de Soresco”.

Tristemente, Muy Tristemente, ¡Hoy Parece Ser Todo lo Contrario!

 

 

complacencia

Del lat. complacentia.

1. f. Satisfacción, placer y contento que resulta de algo.

discriminar

Del lat. discrimināre.

1. tr. Seleccionar excluyendo.

2. tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales,religiosos, políticos, de sexo, etc.

legalidad

1. f. Cualidad de legal.

2. f. Der. Ordenamiento jurídico vigente. Tal partido viene aproximándose ala legalidad.

principio de legalidad

principio de legalidad

1. m. Der. principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho.

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Constitución Política de la República de Costa Rica

Titulo V: Derechos y Garantías Sociales

Articulo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.

Articulo 57. Todo trabajador tendría derecho a un Salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.

Todo relativo a fijación de Salarios mínimos estatura a cargo del organismo técnico que la ley determine.

Articulo 58.La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento mas de los sueldos o Salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicaran en los casos de excepción muy calificados, que determinen la ley.

Articulo 59.Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanales de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.

Articulo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.

Articulo 61. Se reconoce el derecho de los patrones al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.

Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.

Articulo 63. Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.

Articulo 64. El Estado fomentara la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.

Articulo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creara el patrimonio familiar del trabajador.

Articulo 66. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajador.

Articulo 67. El Estado velara por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.

Articulo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al Salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.

 

3,5 millones de usuarios de servicios públicos financian beneficios de 9.895 empleados

El mes anterior, Recope admitió que  hace años financia su convención colectiva solicitando alzas en el precio de los combustibles como parte de sus costos operativos. | ÁLBERT MARÍN.

El mes anterior, Recope admitió que hace años financia su convención colectiva solicitando alzas en el precio de los combustibles como parte de sus costos operativos.

En Costa Rica, 3,5 millones de abonados, usuarios o consumidores de servicios públicos ligados a electricidad y combustibles financian convenciones colectivas y otros beneficios de 9.895 empleados.

La cifra agrupa al personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), según datos de esas empresas, a este año.

Esa suma de trabajadores equivale a 0,47% de toda la fuerza laboral ocupada del país, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ante esa realidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) excluirá los gastos derivados de convenciones colectivas o pluses de cualquier servicio regulado en los ajustes tarifarios.

La entidad justifica su intención de revisar estos rubros en solicitudes de ajuste de cualquier servicio regulado, bajo el criterio de que debe prevalecer el bien común por encima de intereses particulares.

Ese argumento se desprende de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo ante una gestión de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en contra de la Aresep, por excluir gastos de su convención colectiva en un alza de tarifas portuarias.

El expediente N.° 94-2013-I, de agosto del 2013, confirma que la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas les da fuerza de ley, pero solo entre el patrono o Administración Pública y el sindicato de trabajadores. No tienen aplicación fuera de esas partes.

Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de Aresep, comentó que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos obliga a respetar el principio de servicio al costo, base para fijar tarifas y precios de los servicios públicos.

Quesada comentó que Aresep no cuestiona convenciones colectivas, pero sí revisa y reconoce solo aquellos componentes de costo que sí se justifiquen y guarden relación directa con la prestación del servicio público.

“Mire, esta no es una decisión sacada de la manga. Esta es una decisión institucional, basada en que una convención colectiva no puede dispensar o excepcionar leyes vigentes como la de Aresep. Los intereses públicos deben prevalecer sobre los intereses particulares”, expresó Quesada.

Molestia. Fabio Chaves, presidente del Frente Interno de Trabajadores del ICE, calificó de “leguleyada” el anuncio de Aresep.

Chaves considera un irrespeto el afán de Aresep hacia los derechos consagrados en la figura de la convención colectiva.

“Me parece una manera irresponsable, temeraria y arbitraria, la forma en que se utiliza un criterio jurídico, en vez de seguir el debido proceso de renegociación de convenciones colectivas que este Gobierno ha impulsado”, comentó el líder gremial.

Chaves reiteró que el 26 de octubre, trabajadores del sector público irán a paro de labores, específicamente para protestar contra los argumentos esgrimidos por Aresep “en defensa de derechos de los trabajadores logrados a lo largo de muchos años”.

El 25 de agosto pasado, Aresep rechazó trasladar a las tarifas de combustibles ¢5.000 millones por gastos de la convención colectiva, en una solicitud de Recope.

Por ello, aunque la refinadora pidió un aumento de 6,3% en los hidrocarburos (un incremento promedio de ¢9), Aresep aprobó solo ¢3 en el litro de gasolinas regular y súper, y de ¢2 en el diésel.

Recope reconoció que ha pagado su convención colectiva con ajustes ordinarios.

Sentencias de jueces: bases jurídicas de la Aresep

Aresep pretende excluir gastos de convenciones colectivas y otros pluses salariales partiendo de  bases legales que la asisten, según consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de  Hacienda, que  ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Según esos fallos, la naturaleza jurídica de la convención colectiva le otorga fuerza de ley, pero únicamente entre las partes contratantes (patrono y empleado).Una convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. En ese sentido, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) prevalece sobre una convención colectiva.

Esto otorga potestad a Aresep de excluir gastos de esas negociaciones laborales de la prestación de servicios públicos.Las sentencias también recalcan que el interés público se impone sobre intereses particulares.Las convenciones colectivas tienen  origen constitucional en el artículo 62 de la Carta Magna.

Sin embargo, las potestades de Aresep, también en el  artículo 46, a regular el derecho de los consumidores o usuarios de servicios públicos o privados, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.

Esto significa que los derechos constitucionales de los consumidores y usuarios de servicios prevalecen sobre los derechos de trabajadores amparados a una convención colectiva.De hecho, refieren los fallos, cuando Aresep ejerce  sus funciones es incapaz de derogar  disposiciones de  una convención colectiva debido a que carece de competencia legal para hacerlo. FUENTE:  Sentencias 2510-2012 y 94-2013-I

Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a Recope

Por litro de combustible que pagan los usuarios, 0,86% financia pluses y ayudas de 1.742 empleados de la empresa estatal. El país consume 8,2 millones de litros diarios de carburantes.

La rebaja solicitada hoy entrará a regir en noviembre (imagen con fines ilustrativos).

La rebaja solicitada hoy entrará a regir en noviembre (imagen con fines ilustrativos).

En los últimos 21 meses, los compradores de combustibles aportaron ¢25.690 millones para financiar la convención colectiva de los 1.742 trabajadores de Recope.

Solo en el 2014, la venta nacional de los hidrocarburos aportó ¢14.357 millones al fondo obrero. Con corte a setiembre, el acumulado de este año ya asciende a ¢11.335 millones.

Al cierre del 2015, ese patrimonio habrá absorbido al menos ¢28.000 millones en dos años, el equivalente a $51,8 millones al tipo de cambio actual.

La previsión se basa en que la demanda de carburantes en nueve meses del 2015 es semejante a la tendencia de consumo en el mismo lapso del 2014.

Al dividir los ¢25.690 millones entre los empleados, a cada uno corresponde un promedio de ¢14,7 millones en beneficios, fruto de la demanda registrada entre enero de 2014 y setiembre de 2015, conforme a registros históricos de consumo suministrados por la propia entidad.

Esta convención se costea de un cobro promedio de 0,86% por litro de combustible: unos ¢4,65 según sea la tarifa de cada producto incluidos búnker, asfalto y emulsión asfáltica.

Entre otros beneficios, la convención colectiva alimenta un fondo de ahorro, sirve para otorgar préstamos, financiamiento para vivienda y recreación, así como servicio de restaurante, bono por mérito, por peligrosidad, censatía, servicio de transporte del personal, útiles escolares, materiales para organizar recepciones, becas para hijos de los trabajadores entre otros. También compra de medicinas que no tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y diversos servicios de salud.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) divulgó el porcentaje hace dos semanas en conferencia de prensa cuando uno de sus directivos detalló sus costos de operación.

infografia

Los ¢4,65 asociados al porcentaje parecen una suma pequeña al diluirse entre cientos de colones que cuesta el litro de la mayoría de hidrocarburos (las gasolinas superan los ¢500).

Sin embargo, esos colones adquieren otro matiz a la luz de los 8,2 millones de litros diarios que ya se consumen en Costa Rica según estadísticas de Recope.

La convención colectiva sí está por debajo de lo que la empresa extrae para salarios y cargas sociales que absorben 1,2% (¢6,7 en promedio por litro) de las tarifas.

¿Quién aporta más? Los beneficios del fondo laboral se reflejan en salarios, confirmó Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Financieros y Económicos de Recope.

El mayor rubro es el pago de anualidades (55% del fondo). Otro 22% se destina a un rubro de ahorro para los empleados.

Quienes más cooperan con los pluses en Recope son los usuarios de automotores que usan diésel –incluido transporte público– con 38% del dinero de la convención en los últimos 21 meses para un total de ¢9.789 millones.

Les siguen los usuarios de gasolina regular con el 20% (¢5.331 millones), los compradores de gasolina súper con 17%(¢4.439 millones) y después quienes compran gas de cocina con 8,5% (¢2.528 millones).

Solo ese grupo de clientes financió 84% la convención colectiva. El resto emana del consumo de otros derivados y las compras para generación térmica de luz del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante el periodo analizado.

A revisión. Al considerar que las convenciones colectivas no tienen relación directa con la prestación de servicios públicos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) resolvió excluir los gastos relativos a la convenciones de los ajustes tarifarios en el servicio regulado.

Ingresos acumulados de la convención.

Ingresos acumulados de la convención. (INFOGRAFÍA)

En agosto, rechazó ¢5.000 millones de una solicitud presentada por Recope, al juzgar que ese dinero era para su convención.

La medida motivó una protesta organizada para la próxima semana, según Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia).

Pese al disgusto, el sindicalista aseguró que hay interés de cooperación para renegociar con la administración los términos de la actual convención colectiva.

“Hay un deseo genuino de que el resultado sea favorable a ambas partes y también ante la opinión pública, pero respetando que la convención es un derecho consagrado en la propia Constitución”, expresó Rodríguez

Víctor Morales, ministro de Trabajo, sí apoya la postura de la Aresep, al considerar que este tipo de acuerdos pueden convertirse en herramientas de uso excesivo y lesivas para el erario.

“Desde este ministerio hemos hecho un esfuerzo por eliminar cláusulas que, en lo tocante a recursos públicos, nos parecen excesivas”, declaró Morales.

Para Luis C. Solera, la creación de pluses en las convenciones colectivas responde a lo poco competitivos que son las remuneraciones en el sector público.

“¿En qué empresa privada pagan dedicación exclusiva? En ninguna. La pregunta que debemos plantear es si los salarios públicos son o no competitivos”, consideró el funcionario.

Sobre convenciones colectivas

Es un acuerdo que fija condiciones generales de trabajo del personal y resulta de una negociación entre voceros de los trabajadores (sindicatos) y patronos.

Como su nombre lo indica, sirve para regular en un sentido amplio condiciones de trabajo y de productividad. Del igual modo, fijan obligaciones recíprocas para promover una “paz laboral”.

Dichos deberes suelen incluir medios para resolver conflictos cuando estos surjan entre ambas partes y cualquier otra pauta para gobernar otros aspectos de las relaciones laborales.Un atributo de la convención colectiva es que cubre a todos los trabajadores durante un periodo específico, el  que también se fija en la negociación que da origen al convenio.

Cuando concluye ese periodo, las partes vuelven a negociar condiciones y fijar otro lapso de vigencia de estas.En Costa Rica tienen su origen y fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política.

La norma dice: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Si bien su naturaleza jurídica le otorga esa fuerza de ley, esta solo se aplica entre las partes contratantes pues la convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. Así consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, la cual luego ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Basándose en esos fallos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) recientemente anunció que excluirá gastos de convención colectiva de futuros ajustes tarifarios pues esas erogaciones son ajenas a la prestación de los servicios públicos regulados.

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Tres bancos públicos renegociarán su convención colectiva

Oficinas de Bancrédito. La convención colectiva vence en el 2016; no obstante, en este momento se están negociando modificaciones parciales, informó el gerente de la entidad, Gerardo Porras. | ARCHIVO

Oficinas de Bancrédito. La convención colectiva vence en el 2016; no obstante, en este momento se están negociando modificaciones parciales, informó el gerente de la entidad, Gerardo Porras.

Los bancos Popular, Bancrédito y Nacional renegociarán sus respectivas convenciones colectivas en el transcurso de los próximos dos años.

Un convenio colectivo es un acuerdo entre representantes de las empresas y de los trabajadores, cuyo objetivo es definir condiciones en las cuales se realizan las labores.

El martes 21, el Banco de Costa Rica culminó la renegociación de su convención con los trabajadores, en la cual se acordó reducir algunos beneficios en cesantía y horas extra.

El próximo en llegar a la mesa es el Banco Popular, pues su convención ya venció y está denunciada, lo cual significa que empezarán conversaciones.

“Próximamente, se iniciará un proceso de negociación, el cual permitirá reformular las condiciones de la convención colectiva conforme al criterio de las partes y se estime pertinente y razonable”, señaló la Oficina de Comunicación Corporativa del Banco Popular.

Le sigue la convención de Bancrédito, la cual vencerá el próximo año.

No obstante, el gerente, Gerardo Porras, informó de que, basado en la convención vigente, la Gerencia abrió un proceso de movilidad laboral voluntaria desde el 2014, y hasta la fecha, se han retirado 115 funcionarios, lo que significa un ahorro de unos ¢2.000 millones anuales respecto a gastos proyectados.

“Otro aspecto importante es que, aunque la convención no ha vencido, la Gerencia en estos momentos está negociando con la representación sindical modificaciones parciales a la convención, que permitan continuar con programas de reducción del gasto”, explicó Porras.

En el Nacional, la convención vence en el 2017. “En cada vencimiento hay un proceso de negociación con las propuestas, tanto de la parte patronal como de los trabajadores, por lo que hay que esperar a que se aproxime la fecha para proceder a hacer el acto de denunciar la misma e iniciar el proceso”, señaló Juan Carlos Corrales, gerente de este banco.

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Ministra de Planificación propone a diputados comisión para analizar empleo público

La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, propuso a los diputados que en el Congreso conformen una comisión mixta (integrada por diputados y actores sociales) para generar propuestas de reforma al sistema de remuneraciones del sector público.

La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, propuso a los diputados que en el Congreso conformen una comisión mixta (integrada por diputados y actores sociales) para generar propuestas de reforma al sistema de remuneraciones del sector público.

La ministra de Planificación y Política Económica (Mideplan), Olga Marta Sánchez, les propuso a los diputados la creación de una comisión mixta para impulsar reformas legales para la disminución de la carga salarial del sector público en el Estado.

En el apartado de "La Hoja de Ruta" de su presentación ante los legisladores, esta tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa, Sánchez incluyó entre las acciones para contrarrestar el impacto del empleo público en el déficit fiscal "abrir el estudio y debate, con actores diversos de la sociedad costarricense, sobre las realidades de los sistemas de remuneraciones".

La reacción de los congresistas fue de enojo ante la propuesta de crear un foro sin que el Gobierno pueda poner en claro proyectos de ley específicos para que se discutan de una vez en el Congreso, sobre los incentivos salariales que hoy engrosan el gasto estatal en salarios.

Según Sánchez, esa comisión serviría para "generar propuestas alternativas concertadas que permitan avanzar en materia de homologación y equidad de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público".

De acuerdo con la propuesta, ese órgano trabajaría entre el 2015 y el 2016 para que se ejecuten en unos dos años, en el mediano plazo, "sobre sistemas de remuneraciones tendiente a reducir las brechas y disparidades actualmente existentes al seno del sector público".

La ministra Sánchez fue quien propuso asistir al plenario legislativo para presentarles a los diputados el documento "Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público", lo cual fue alabado por el liberacionista Rolando González, quien por otra parte la criticó por no llevar propuestas de reformas claras.

De igual forma, los jefes del Frente Amplio, Gerardo Vargas, y del Movimiento Libertario, Gerardo Vargas, criticaron que la jerarca de Planificación centre el eje del plan de acción en hacer una comisión entre parlamentarios y "diversos actores" de la sociedad costarricense.

Guevara enfatizó que Olga Marta Sánchez conoce los proyectos de ley libertario y liberacionista (de la diputada Sandra Piszk) para poner tope a las anualidades y definir un salario único.

Sin embargo, el frenteamplista Vargas planteó que la situación de los salarios de los funcionarios no debe cambiar, salvo en el caso de los "salarios de lujo", como los de gerentes de banco y jerarcas de otras instituciones, que son millonarios.

Dentro del plan de acción presentado por la ministra está también la reducción del "gasto superfluo" en horas extra, viáticos, uso de teléfono, alimentos, bebidas y otros.

"Ya se opera así en el 2015 y se presupuesta la misma ruta para el 2016", dijo la jerarca.

Añadió las iniciativas de ley que ya había presentado el Gobierno para poner tope a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacioinal y otros para poner freno a los salarios de la administración pública (expedientes 19.661, 19.193 y 19.156).

De igual forma habló sobre la denuncia y renegociación de las convenciones colectivas "que establezcan privilegios abusivos".

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Solís niega confabulación con bloque de sindicatos

El presidente Luis Guillermo Solís negó la existencia de una confabulación entre su gobierno y el bloque sindical Patria Justa, en torno a la huelga del pasado lunes y el acuerdo que se firmó para poner fin a esta.

Solís defendió ayer los ocho puntos concertados con ese colectivo y salió al paso de quienes lo critican por negociar con los sindicatos, a pesar de que la protesta tuvo un débil apoyo de los funcionarios del sector público.

“Algunas personas me preguntan:’Entonces, ¿ para qué negociaron?’ Bueno, se negocia para que haya tranquilidad en el país, para que se cierren los procesos. No ha habido connivencia ninguna y mucho menos una suerte de entendimiento previo, como se ha hecho creer, entre el Gobierno y Patria Justa para ponerle fin a este movimiento”, declaró Solís.

También negó haber promovido la huelga durante el encuentro que sostuvo el jueves anterior con el ese bloque, el cual está integrado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y por los sindicatos de Enfermería, de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Instituto Nacional de Seguros (INS), de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y de los municipios.

(Video) Solís: ‘La huelga fracasó, porque era una huelga injustificada’ (CASA PRESIDENCIAL)

“Solo una imaginación muy frondosa podría pensar que un gobierno responsable y, este, lo es, este lo es, va a ponerse de acuerdo con un movimiento sindical o cualquier otro para generar una huelga que puede tener consecuencias sumamente graves para la producción y para la tranquilidad de la ciudadanía”, agregó el mandatario.

Esas declaraciones las brindó, este miércoles en la mañana, en el vestíbulo del Teatro Nacional, después de participar en un acto oficial. Si bien inicialmente no tenía previsto hablarle a la prensa en esa actividad, a última hora cambió de opinión y ofreció un breve discurso.

De antemano. En esa intervención de cinco minutos con 40 segundos, el presidente insistió en que no existe una relación incorrecta entre su gobierno y ese grupo sindical. Alegó que mantiene el mismo trato con el resto de sectores sociales.

Solís volvió a reconocer que la mayoría de los ocho acuerdos alcanzados con Patria Justa se concertaron de previo a la huelga y negó que fuese un pacto.

El presidente Luis Guillermo Solís negó, este miércoles, que existiera un “entendimiento previo” con Patria Justa para ponerle término a la huelga del pasado lunes. | JEFFREY ZAMORA

El presidente Luis Guillermo Solís negó, este miércoles, que existiera un “entendimiento previo” con Patria Justa para ponerle término a la huelga del pasado lunes. |

No obstante, le restó importancia a lo concertado: “Son entendimientos, muchos de ellos, estrictamente administrativos o algunos incluso en marcha desde hace muchos meses (…). Que no tienen ninguna trascendencia como lo han querido presentar algunos sectores, en el sentido de que ello pareciera inaugurar una fase de entendimientos indebidos con este colectivo”.

El líder de Patria Justa, Albino Vargas, rechazó que el acuerdo firmado con el Gobierno estuviese negociado de antemano, incluso desmintió a Solís.

“Yo pienso que a veces él es muy sensible a presiones de otro tipo, del poder económico que llamo yo. No sé por qué tuvo que decir eso. No había absolutamente nada arreglado”, afirmó Vargas.

Entre los cinco acuerdos concertados de previo a la huelga el presidente citó el compromiso de “recurrir” la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que impide a Recope incluir pluses salariales en el costo de las gasolinas.

También se dispuso revisar el dictamen del Ministerio de Trabajo, el cual declara que las convenciones colectivas no son eternas y promover un diálogo entre Patria Justa y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en aras de que el bloque sindical participe en las negociaciones sobre las decisiones financieras que ahí se tomen.

 

Luis Guillermo Solís subió la voz para defender el pacto con Patria Justa

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia de prensa ofrecida ayer, en Casa Presidencial, para referirse al acuerdo alcanzado por Patria Justa. | CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia de prensa ofrecida ayer, en Casa Presidencial, para referirse al acuerdo alcanzado por Patria Justa. |

Ante cinco consultas de La Nación , el presidente Luis Guillermo Solís admitió en conferencia de prensa que 5 de los 8 puntos pactados con el bloque sindical Patria Justa, fueron acordados antes de la huelga del lunes. En una respuesta de cuatro minutos y 15 segundos, el mandatario subió el tono para defender el pacto, del cual está satisfecho: …

Pacto con sindicatos se negoció antes de huelga

El presidente Luis Guillermo Solís reconoció que cinco de los ocho acuerdos negociados por su Gobierno con el bloque sindical Patria Justa se pactaron antes de la huelga de este lunes.

Ante consultas de La Nación , el mandatario detalló que fue el jueves anterior cuando se concertó la mayoría de los aspectos incluidos en el documento firmado, ayer a las 12:35 a. m ., luego de la débil movilización de empleados del sector público en las calles de San José.

Según Solís, fue la semana pasada cuando se dispuso revisar el dictamen del Ministerio de Trabajo, el cual declara que las convenciones colectivas de los sindicatos no son eternas y por ende, se pueden renegociar los beneficios laborales.

Agregó que también se acordó “utilizar las herramientas legales pertinentes para recurrir” la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que impide financiar privilegios salariales con las tarifas que se cobran a los usuarios.

Sobre ese tema, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, mostró la preocupación del Poder Ejecutivo, en una misiva enviada a la Aresep, el pasado 23 de octubre . En dicha nota, cuestionó que por esa razón se le negara a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) una solicitud para incrementar el precio de los combustibles.

Recope incluyó en el costo de las gasolinas un rubro de ¢5.000 millones para gastos asociados al fondo de ahorro y préstamos, el servicio de restaurantes, la compra de útiles y materiales para recepciones y las becas para los hijos de los empleados.

La huelga del lunes, convocada por Patria Justa, tuvo un débil apoyo en las calles por parte de los funcionarios del sector público. | DIANA MÉNDEZ

La huelga del lunes, convocada por Patria Justa, tuvo un débil apoyo en las calles por parte de los funcionarios del sector público. |

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, recalcó que si dicha Autoridad no aprueba el alza en las tarifas, el Gobierno deberá financiar esos gastos con deuda pública.

Posteriormente, el presidente agregó que por ley, la refinería debe cumplir con la convención pactada con su sindicato.

“La tesitura en la que se encuentra Recope, que no le ha temblado el pulso para abrir y denunciar esas convenciones y renegociarlas, es que tiene una obligación de ley para seguir respetándolas y una resolución de un órgano que también tiene competencias y le impone obligaciones a la institución diciendo lo contrario y, sobre eso, el Gobierno se pronuncia también expresando su gran preocupación porque, al final de cuentas, también estamos hablando de personas, no solamente de entidades anónimas”, declaró el mandatario.

Tras conocer el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, la Aresep reiteró que no cederá y mantendrá su postura

 

Aresep mantiene rechazo de incluir gastos de convenciones colectivas en tarifas

Edificio de Aresep en Escazú. El ente regulador rechazó por primera vez en el 2012 rubros de convención colectiva a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva). | LUIS NAVARRO.

Edificio de Aresep en Escazú. El ente regulador rechazó por primera vez en el 2012 rubros de convención colectiva a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que mantendrá su postura de trasladar a tarifas gastos ajenos a la prestación de servicios públicos regulados (como convenciones colectivas). Su declaración enfrenta el compromiso del Gobierno con grupos sindicales de recurrir una resolución que impide financiar la convención de Recope con tarifas de combustibles.

Aresep argumenta que no trasladará a las tarifas "gastos desproporcionados, excesivos, ajenos e innecesarios relacionados con la prestación del servicio público y que no se encuentren debidamente justificados", indica un comunicado de prensa emitido esta mañana.

Esta madrugada, la administración Solís acordó con grupos sindicales, que fueron a huelga, usar "las herramientas legales pertinentes para recurrir" una reciente resolución de Aresep que impide financiar gastos de convención colectiva con ingresos por tarifas. Dicha entidad rechazó parte de una solicitud planteada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la cual pretendía cubrir con un aumento en los combustibles una serie de gastos que no tienen relación con la prestación de servicios.

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No se puede inlcuir en tarifas. Dentro de los costos que se excluyeron del cálculo de la tarifa derivados de la convención colectiva, se encuentran: el fondo de ahorro, préstamos, vivienda, recreación y garantía, incluidos los gastos administrativos relacionados con la administración de este fondo, servicio de restaurantes (soda), útiles y materiales para recepciones, becas otorgadas a los hijos de los trabajadores, entre otros. También se excluyeron gastos relacionados con servicios de salud (trabajo social, psicología laboral, odontología, ginecología, entre otros).

Según Aresep, su ley constitutiva le impone la obligación de respetar el principio de servicio al costo, que constituye la base para la fijación de las tarifas y precios de los servicios públicos, de manera que dentro de las tarifas se contemplen solamente los costos asociados a la prestación del servicio y el deber de excluir aquellas erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del mismo.

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La entidad sostiene que las convenciones colectivas son condiciones establecidas entre los funcionarios y la empresa y por lo tanto, las obliga entre sí, pero no a terceros; sobre ellas (convenciones colectivas) prevalece la Ley de Aresep, lo que faculta al Regulador a excluir gastos no relacionados con la prestación del servicio público; todo ello con respaldo de sentencias del Juzgado y Tribunal Contencioso Administrativo en  2013, que valida las actuaciones de la Aresep.

Recope también argumentó que se excluyeron gastos relacionados con la Gerencia de Refinación que incluye las remuneraciones de 373 funcionarios; sin embargo, dicho argumento también fue rechazado por Aresep, por cuanto, pues dicha empresa no refina desde 2011 y no se justificó debidamente que esos funcionarios llevaran a cabo labores asociadas al almacenamiento, trasiego y distribución de combustibles.

 

Recope y socios chinos acuerdan rebajar gastos de empresa conjunta

Acordaron analizar si China busca nuevo socio para que asuma nuevo estudio de factibilidad.

Acuerdos contemplan mantener a gerente asiático pero nombrar un subgerente elegido por Recope.

Recope desmanteló  en  agosto del 2011  la antigua y obsoleta refinería en Moín   confiando en que pronto iba a iniciarse el proyecto con  China. Desde entonces el país importa todos los combustibles. La entidad tiene 1.700 empleados en los que se invierte   ¢50.600 millones por año; de ellos, 350 reciben los combustibles importados y dan mantenimiento. | ARCHIVO.

Recope desmanteló en agosto del 2011 la antigua y obsoleta refinería en Moín confiando en que pronto iba a iniciarse el proyecto con China. Desde entonces el país importa todos los combustibles.

La Junta Directiva de la Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (Soresco), creada para encaminar la construcción de una nueva refinería en Costa Rica,  acordó en una asamblea extraordinaria de socios rebajar 66% sus gastos operativos mensuales; un ahorro previsto de $200.000 al mes. La decisión se tomó debido a que el proyecto se encuentra estancado.

La reducción fue propuesta por Recope, entidad que ha insistido en reducir el presupuesto del 2015 de $10 millones a $3,6 millones.

Así lo confirmó la tarde de este martes Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), socio costarricense en Soresco y contraparte de la estatal Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC), el socio chino en la iniciativa.

La asamblea también acordó mantener en su puesto al gerente de Soresco, Shi Zhenmin, pero nombrar un subgerente que sería postulado por Recope y quien pasaría a formar parte de la planilla de Soresco. La idea es que ambos funcionarios trabajen juntos en cualquier decisión que adopte esta empresa privada creada en el 2009 con un fondo de $100 millones (cada socio-país aportó la mitad de la inversión).

Se suponía que ese capital le permitiría a Soresco empezar a realizar estudios de factibilidad financiera para encaminar el plan de la nueva refinería de Moín, Limón, la cual luego sería arrendada a Recope para operarla por al menos 15 años. La inversión asciende a unos $1.510 millones.

Sin embargo, la Contraloría General de la República frenó el plan en junio del 2013, tras descubrir un conflicto de intereses, pues el primer estudio de factibilidad o viabilidad de la inversión lo hizo la empresa china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC), subsidiaria de la socia del proyecto CNPC. Por ese análisis, nunca usado, se pagaron $1,4 millones.

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Esta situación trabó por completo el avance del proyecto desde el 7 de mayo anterior, cuando en una primera asamblea de socios, los chinos se negaron a repetir el estudio de factibilidad como lo señalaban las disposiciones de la Contraloría y tampoco cedieron en permitir que lo repitiera Recope.

En un intento de avanzar con la iniciativa, Salazar explicó que también se decidió proponer al socio chino, CNPC, que explore la posibilidad de vender parte de sus acciones a un tercero.

De concretarse, se abriría la posibilidad de que el nuevo socio sea quien asuma la elaboración de un nuevo estudio de factibilidad, explicó Mayid Brenes, director jurídico de Recope.

Por ahora, dijo el funcionario, ese acuerdo es el único paso concreto que las partes han dado para superar sus diferencias en el tema del estudio de factibilidad.

Como la propuesta se hace en una negociación que se basa en la buena fe de las partes, señalaron Salazar y Brenes, no hay ningún plazo previsto o eventual nueva asamblea para conocer cuál podría ser la opinión del socio chino al respecto. Lo que viene, dijo Brenes, es un período de seguimiento mediante llamadas y envío de correos.

En seis años, Costa Rica ha gastado $30,5 millones en el fallido plan para construir la nueva refinería mediante Soresco, debido a las discrepancias por sus gastos y el costo por planilla de 20 empleados asiáticos.

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Hasta el momento, la sociedad tico-china ha gastado más de $60 millones. El estudio más costoso se le contrató por $32,6 millones a la firma Worley Parsons que hizo el análisis de factibilidad financiera y de riesgos y el diseño de la ingeniería.

Luego sigue el estudio de $1,4 millones a HQCEC y el resto de gastos en planilla por $6,7 millones a octubre 2014, más $1,6 millones en cargas sociales. Además, otros $4 millones en alquiler de residencias del personal chino, vehículos y viajes.

Luis Guillermo Solís: China analiza venta de su parte de Soresco

Según el presidente de la República, el proceso para la renegociación del contrato sigue en marcha.

Vista de parte de las instalaciones de la actual refinería de Moín (Limón). La idea de modernizarla  se remonta al    año 2007. | ARCHIVO.

El presidente Luis Guillermo Solís aseguró que no hay seguridad de que en el país se quiera una nueva refinería, pues la apuesta va por la carbono neutralidad.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró la mañana de este jueves que el Gobierno de China analiza la posibilidad de vender su parte en Soresco, compañía conjunta con Recope, a fin de facilitar la búsqueda de un nuevo socio para la construcción de una refinería en el país.

Según el mandatario, el proceso de renegociación avanza de forma muy dinámica y, entre las posibilidades, la más reciente es la de vender.

"La parte china ha considerado una posibilidad, que nosotros no vemos mal, de vender su parte de Soresco. Es una posibilidad que puede hacer la parte china de esa compañía", dijo el mandatario.

La Sociedad Reconstructora Chino Costarricense Sociedad Anónima (Soresco S. A.) fue creada con capital conjunto entre ambos países para encaminar la construcción de una nueva refinería en el país para luego arrendarla a Recope.

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Hace dos días la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar, anunció que la junta directiva de Soresco acordó la reducción de los gastos operativos anuales de la compañía en un 66%, lo que implica un ahorro de $200.000 mensuales. Esto debido a que el proyecto de la refinería en Moín prácticamente está varado, luego de que la Contraloría General de la República encontrara vicios en el estudio de factibilidad del plan.

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Solís explicó que la potestad de vender la parte china está en manos de la China National Petroleum Corporation (CNPC).

"Al Gobierno le interesa que haya mayores y mejores posiblidades de negociar, lo hemos tratado de hacer con la parte china en el marco de esas negociaciones abiertas con el presidente Xi Jinping", dijo el mandatario.

El presidente añadió que los costos de Soresco y las condiciones del contrato son demasiado altos para la parte costarricense y "hay que replantearlos".

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Conavi perpetúa a 5 empresas en millonarios contratos

CONSTRUCTORAS QUE REPARAN VÍAS NACIONALES SON LAS MISMAS DESDE 2009

Durante dos años seguidos, entidad fue incapaz de sacar licitación pública.

En seis años, el Estado ha cancelado a las compañías ¢394.000 millones.

El pasado 12 de octubre un grupo de obreros realizaba trabajos de recarpeteo y perfilado en la carretera de circunvalación San Pedro de Montes de Oca y Zapote. | RAFAEL PACHECO.

El pasado 12 de octubre un grupo de obreros realizaba trabajos de recarpeteo y perfilado en la carretera de circunvalación San Pedro de Montes de Oca y Zapote.

El mantenimiento de los 5.000 km de la red nacional de carreteras se concentra, desde el 2009, en manos de cinco empresas constructoras a las cuales se les han pagado ¢394.000 millones.

Se trata de Constructora Hernán Solís S.R.L., MECO S.A., Quebradores del Sur S.A, Grupo Orosi S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A.

Estas compañías ganaron en el 2009 una licitación pública para encargarse del mantenimiento vial hasta el 2013.

No obstante, vencido el plazo del contrato, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) renovó de forma directa los convenios, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público para incluir otros oferentes.

Según consta en los oficios 11.093 del 16 de octubre del 2014 y 15.224 del 20 de octubre del 2015 de la CGR, el Conavi ha alegado que múltiples apelaciones de empresarios e imprevistos le han impedido publicar a tiempo la nueva licitación.

Además, en dos ocasiones dijo que por la pronta llegada del invierno se hacía “urgente” recontratar a las compañías.

De acuerdo con una denuncia del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, el Consejo ha dado contratos, desde el 2009, por ¢394.000 millones a las cinco constructoras. Este monto incluye los ¢81.455 millones aprobados por la Contraloría el pasado 20 de octubre.

infografia

La queja provocó que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso aprobara, la semana anterior, una moción para llamar a Mauricio Salom, director ejecutivo del Conavi, a dar explicaciones.

Vásquez afirmó que los exministros de Transportes Pedro Castro y Francisco Jiménez también deberán comparecer frente a los legisladores, así como los gerentes de las constructoras.

“¿Qué va a pasar el otro año? ¿Va a pasar lo mismo y les van a ampliar los contratos a los mismos?”, cuestionó…

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