La Pregunta del Millón de Dólares, ¿Ganó el sindicato el “pulso” al Gobierno?, la Respuesta, Sin el Mayor Esfuerzo, Es ¡Obvio Que Si!

Sí el “Gobierno cedió ante un débil sindicato, dicen analistas”; Sí, el “Pacto con sindicatos se negoció antes de huelga”; Sí los “Diputados cuestionan los acuerdos con Patria Justa”.

Entre Otras Cosas Porque, la “Aresep excluyó gastos de convención colectiva de Recope en ajuste”; Porque, las “Convenciones colectivas multiplican salario de empleados del sector público: eso lo pagamos todos”.

Pero, En Vez de, Apoyar a la Aresep y Negociar la Rendición de los Sindicatos a Que el Pueblo, la Ciudadanía Pague Sus Abusos en Pluses Salariales y Convenciones Colectivas, “Luis Guillermo Solís subió la voz para defender el pacto con Patria Justa”; “Ver documento acuerdos Gobierno-Sindicatos”.

Pese a Que, “Sindicatos van a huelga; ticos furiosos protestan en redes”; Pese a Que, Valientemente, la “Aresep reiteró que no cederá y mantendrá su postura”; Pese a Que, los “Diputados califican de lamentable el pacto con sindicatos”; Y Pese a Que, los Propios “Diputados del PAC rechazan huelga pese a acuerdo firmado con sindicatos”.

¿Qué Otra Cosa Entonces Podemos Concluir?

Y Cómo Siempre y Para Que Después No Digan Que No Se Hizo Nada, el Gobierno Da las Migas y el Premio de Consolación a Todos los Perdedores, A Todos los Usuarios de los Servicios Públicos y los Combustibles Que Aumentarán Sus Tarifas Públicas Gracias a la Debilidad del Gobierno y la “Aresep recompensaría a usuarios por huelga”.

Afortunadamente, Aún Hay Funcionarios Públicos Que Mantienen en su Corazón, la Ética, la Solidaridad Con los Demás y la Conciencia Social, “CCSS dividida por mesa de diálogo con gremios”.

Pero Sí Por la Víspera Se Saca el Día, ¡Tristemente Llevan las de Perder!

CRHOY-caricatura-28-10-2015

 

 

¿Ganó el sindicato el “pulso” al Gobierno?

(Imagen Casa Presidencial).

(Imagen Casa Presidencial).

Una manifestación con poca participación en el centro de San José, que no representó gran afectación pero que obtuvo un resultado: 8 acuerdos con el Gobierno.

Lea: Estos son los 8 acuerdos firmados por Gobierno y sindicatos

¿Cedió a las presiones de Patria Justa? Desmenuzando cada punto se puede encontrar que algunos temas no pasan de “formalismos” o un tipo de “pañuelo blanco” para acabar el movimiento; mientras que otros les “baja el piso” a jerarcas.

En el tema de que la Intendencia de Energía en el tema de ajuste eliminó de los gastos de Recope ¢5 mil millones por concepto de convenciones colectivas, el conjunto de sindicatos aseguró que el Gobierno mediante ese acuerdo aceptó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) “está sin control legislando de facto en materia de empleo público”.

Sobre esto, la Intendencia de Energía se limitó a pronunciarse que “mantiene su posición de no trasladar a las tarifas pagadas por los usuarios, gastos desproporcionados, excesivos, ajenos e innecesarios relacionados con la prestación del servicio público y que no se encuentren debidamente justificados”.

Lea: Ministro media entre Recope y Aresep por costo de refinación

Con el compromiso que asumió el Ejecutivo de convocar el proyecto de ley de Salario Mínimo Vital del sector privado,el presidente de la Unión de Cámaras, Rónald Jiménez, aseguró que esto fue como un “pañuelo blanco” para terminar el movimiento.

Lea: Uccaep: enviar proyecto a extraordinarias no garantiza nada

Otros de los acuerdos a los que se llegó fueron: elcompromiso de presentar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene que ver con lasinspecciones laborales en la agricultura; y el de incorporara todo Patria Justa en la negociación del tema portuario en el que la Defensoría es mediador, tema en el que no se ven ni informan avances.

Tanto analistas, como diputados han criticado estos acuerdos ante una manifestación tan desnutrida.

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Caja y Ministro de Trabajo “pintados”

Por otra parte, otros acuerdos “le pasan por encima” a posiciones del Ministerio de Trabajo y a temas que le conciernen a la Caja Costarricense de Seguro Social (Ccss).

En el caso del ministro de Trabajo, Víctor Morales, los sindicatos le apostaban a derogar una directriz emitida por la Dirección Jurídica de la cartera relacionada con las denuncias de convenciones colectivas.

Lea: Sindicatos piden la cabeza del Ministro de Trabajo

Además de esa directriz, el último punto del acuerdo establece que no se sancionará a los funcionarios que participaron en la manifestación; lo que contradice a lo que instó Morales de cara a los movimientos.

Lea: Trabajo pide que rebajen el día a quien participe en marcha

Con la Caja, Patria Justa pide una mesa de diálogo para ver temas en los que la potestad reside en la institución como: situación actual y futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, el reglamento de incapacidades a nivel nacional, así como la Salud Ocupacional con relación a los trabajadores de esa entidad.

Además, en este conjunto de sindicatos solo uno tiene que ver con el área de salud; se trata del Sindicato Nacional deEnfermería (Sinae).

Sin embargo, la doctora María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, niega que esto afecte la autonomía de la institución.

“No hay que interpretar que se afecta la autonomía de la Ccss, sino entender que el Gobierno procurará y tendrá que plantearlo a la institución y en ese marco la institución lo analizaría en su momento”, comentó.

crhoy.com está a la espera de una posición tanto del ministro Morales sobre este tema.

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Gobierno cedió ante un débil sindicato, dicen analistas

El gobierno de Luis Guillermo Solís sucumbió ante las presiones de un grupo sindical, que demostró el pasado lunes, no tener capacidad de convocatoria ni de cohesión, consideran expertos en materia política.

La huelga del pasado lunes del sindicato Patria Justa, lejos de convocar a miles de personas y ser “la madre de todas las huelgas”, como anunciaron sus líderes, se caracterizó por una débil participación.

En el Hospital México, unos 18 enfermeros se sumaron a la huelga. Foto Sinae.

En el Hospital México, unos 18 enfermeros se sumaron a la huelga. Foto Sinae.

Para los expertos, los sindicatos se dieron cuenta desde tempranas horas de la mañana de ayer que el movimiento fue un fracaso y reorganizaron su estrategia en la reunión sostenida hasta la medianoche de este martes en la Presidencia, donde se firmó un acuerdo de 8 puntos, tratando de hacer ver esto ante la ciudadanía como un triunfo.

Lea: Estos son los 8 acuerdos firmados por Gobierno y sindicatos

Sin embargo, los acuerdos alcanzados en la reunión con el gobierno, no son de carácter estratégico, ni representan logros de la manifestación.

“Estos no son logros de una manifestación multitudinaria, como lo querían hacer ver, pero ante la opinión pública lo que dejan ver es que al gobierno le torsieron el brazo con ese débil movimiento”, dijo el politólogo  Gustavo Araya.

El analista Claudio Alpízar coincidió con Araya y aseguró que el acuerdo firmado por ambas partes fue “la necesidad de ambas partes de mostrarse conciliadores”.

Criticó que el gobierno tomó decisiones que no le competen, como por ejemplo los puntos relacionados con la Caja Costarricense de Seguro Social y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

“No son competencia del Ejecutivo, algunos puntos son repetitivos. Fue un documento con parches y oportunismo de ambas partes”, dijo Alpízar.

Estos son los 8 acuerdos firmados por Gobierno y sindicatos

El Gobierno y los sindicatos agrupados en el colectivo Patria Justa, pusieron esta madrugada fin a la huelga que inició este lunes.

Luego de más de 8 horas de reunión, suscribieron 8 acuerdos en los que el Gobierno se compromete a “analizar” y en algunos casos “recurrir” los temas que llevaron a los sindicatos a protestar.

En el primer acuerdo, el Gobierno afirma que convocará en el próximo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Expediente Legislativo No.19.312 conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital” para su conocimiento y debate parlamentario.

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Ver documento acuerdos Gobierno-Sindicatos

Segundo, el Gobierno se comprometió a “iniciar los procedimientos respectivos para la presentación a la corriente legislativa, del Convenio 184 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT); Convenio Relativo a la Seguridad y la Salud en la Agricultura”.

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En el tercer acuerdo, se compromete a promover una mesa de diálogo entre la Caja Costarricense de Seguro Social (Ccss), Patria Justa y demás organizaciones sociales sobre la situación actual y futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, el reglamento de incapacidades a nivel nacional, así como la Salud Ocupacional con relación a los trabajadores de esa entidad.

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En el cuarto, el Gobierno asegura que revisará “los planteamientos jurídicos relacionados con el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo No.DAJ-AE-237-15, fechado 14 de setiembre 2015, a fin de valorar los argumentos expresados por el colectivo Patria Justa, que se formalizarán por escrito”. Esta fue una directriz firmada por el Ministro de Trabajo, Víctor Morales, sobre 27 convenciones colectivas. La norma suscrita por Morales señala que una vez que esas convenciones colectivas hayan sido denunciadas, serán eliminadas y no renegociadas. El gobierno ahora “analizará” la medida tomada por el jerarca de Trabajo.

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Esta madrugada en Casa Presidencial, durante la firma del Acuerdo.

Esta madrugada en Casa Presidencial, durante la firma del Acuerdo.

Quinto: según el documento enviado por Casa Presidencial, Patria Justa conoció de una nota, enviada por el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sobre la resolución en la que Aresep decidió excluir de un aumento tarifario en los combustibles un monto que Recope destinaría al pago de la convención colectiva.

Este ha sido uno de los grandes reclamos de Patria Justa y ahora el gobierno se compromete a “recurrir” la resolución de Aresep, es decir, a buscar la forma de que la Aresep dé marcha atrás.

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“Las partes reconocen como legítimo el proceso de diálogo facilitado por la Defensoría de los Habitantes, entre Japdeva, Sintrajap y el Poder Ejecutivo como marco para la continuidad de la valoración y análisis de los temas relacionados con la actividad portuaria de Limón y Moín”, dice el documento en el sexto.

Como sétimo punto, se trató el tema de la modernización portuaria de Japdeva también está dentro de los acuerdos, para ello, el Gobierno incorporará en el presupuesto extraordinario, recursos necesarios para compra de equipo montacargas.

El octavo compromiso, es en el que tras conseguir todo lo anterior, Patria Justa se comprometió a levantar la huelga y llamar a los trabajadores a retomar nuevamente las labores y “exhorta” a abstenerse a convocar movimientos similares.

En la reunión participaron Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, Patria Justa, representado por Albino Vargas, Fabio Chaves del Sindicato del ICE, Lenín Hernández del Sindicato Nacional de Enfermería, Ronaldo Blear del sindicato de Japdeva, Manuel Rodríguez de Sitrapequia, entre otros.

Diputados cuestionan los acuerdos con Patria Justa

huelga

Las negociaciones con Patria Justa culminaron con un acuerdo en horas de la madrugada en Casa Presidencial.

Para el diputado oficialista Ottón Solís, resultaba innecesaria tanta negociación con los sindicatos de Patria Justa, que anunciaron “la madre de todas las huelgas” y  que -en su consideración- terminó siendo “un fracaso”.

“El único objetivo de la huelga fue lo indefinido de su  objetivo”, aseguró Solís.

El legislador además calificó de “preocupante” que en el acuerdo cuestionen la decisión tomada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que recientemente eliminó de los costos de los combustibles más de cinco mil millones que la Refinadora Costarricense de Petróleo iba a destinar al pago de “privilegios de la convención colectiva”.

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Para Solís, además, se da “un paso atrás, cuando el Ministerio de Trabajo viene negociando las convenciones colectivas” y ahora el Gobierno acuerda con los sindicatos recurrir esa decisión.

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Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, afirma que“se dio una negociación muy débil, cuando la huelga fue un absoluto fracaso”.

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Le preocupa la situación de Recope y el cuestionamiento a Aresep, porque para el diputado, sin duda alguna, esas prevendas inciden en los precios de los combustibles.  “¡Fue decepcionante!”, afirmó Redondo.

Otto Guevara, del Movimiento Libertario, afirma que las concesiones otorgadas eran -en muchos de los casos- actividades que se venían desarrollando, tal es el caso del fortalecimiento de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), o  los proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa.

El libertario afirma que “preocupa el cuestionamiento a Aresep”, pero a la vez considera que “ese tipo de concesiones son normales en el actual Gobierno”.

“Se logró beneficio para la sociedad”

Para el jefe de fracción de Frente Amplio, Gerardo Vargas se logró poner sobre la mesa una serie importante de asuntos que “eran de urgente y gran necesidad”, porque en ésta sociedad, la “brecha social sigue siendo grande”.

Para el frenteamplista, hay muchos diputados y gente -en general- que culpan de todo a los empleados e instituciones públicas, pero en su consideración organizaciones como Recope y otras se deben fortalecer, de ahí que avala los acuerdos logrados con Patria Justa.

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Vargas considera que hay muchos que “quieren que se elimine el monopolio para beneficiarse ellos o sus amigotes”.

Pacto con sindicatos se negoció antes de huelga

El presidente Luis Guillermo Solís reconoció que cinco de los ocho acuerdos negociados por su Gobierno con el bloque sindical Patria Justa se pactaron antes de la huelga de este lunes.

Ante consultas de La Nación , el mandatario detalló que fue el jueves anterior cuando se concertó la mayoría de los aspectos incluidos en el documento firmado, ayer a las 12:35 a. m ., luego de la débil movilización de empleados del sector público en las calles de San José.

Según Solís, fue la semana pasada cuando se dispuso revisar el dictamen del Ministerio de Trabajo, el cual declara que las convenciones colectivas de los sindicatos no son eternas y por ende, se pueden renegociar los beneficios laborales.

Agregó que también se acordó “utilizar las herramientas legales pertinentes para recurrir” la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que impide financiar privilegios salariales con las tarifas que se cobran a los usuarios.

Sobre ese tema, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, mostró la preocupación del Poder Ejecutivo, en una misiva enviada a la Aresep, el pasado 23 de octubre . En dicha nota, cuestionó que por esa razón se le negara a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) una solicitud para incrementar el precio de los combustibles.

Recope incluyó en el costo de las gasolinas un rubro de ¢5.000 millones para gastos asociados al fondo de ahorro y préstamos, el servicio de restaurantes, la compra de útiles y materiales para recepciones y las becas para los hijos de los empleados.

La huelga del lunes, convocada por Patria Justa, tuvo un débil apoyo en las calles por parte de los funcionarios del sector público. | DIANA MÉNDEZ

La huelga del lunes, convocada por Patria Justa, tuvo un débil apoyo en las calles por parte de los funcionarios del sector público. |

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, recalcó que si dicha Autoridad no aprueba el alza en las tarifas, el Gobierno deberá financiar esos gastos con deuda pública.

Posteriormente, el presidente agregó que por ley, la refinería debe cumplir con la convención pactada con su sindicato.

“La tesitura en la que se encuentra Recope, que no le ha temblado el pulso para abrir y denunciar esas convenciones y renegociarlas, es que tiene una obligación de ley para seguir respetándolas y una resolución de un órgano que también tiene competencias y le impone obligaciones a la institución diciendo lo contrario y, sobre eso, el Gobierno se pronuncia también expresando su gran preocupación porque, al final de cuentas, también estamos hablando de personas, no solamente de entidades anónimas”, declaró el mandatario.

Tras conocer el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, la Aresep reiteró que no cederá y mantendrá su postura .

Impulso legislativo. El tercer compromiso pactado con anterioridad es el que establece que el Ejecutivo convocará, durante el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa– el cual se inicia el 1.° de diciembre–, el Proyecto de Ley de Salario Mínimo Vital, aunque Solís aclaró que el llamamiento no significa un apoyo suyo al plan.

Esa iniciativa, presentada por el Frente Amplio, propone que cada cinco años, el Consejo Nacional de Salarios calcule un monto mínimo de sueldo que deberá tomarse en cuenta en la siguiente fijación salarial, de modo que ningún pago mínimo pueda ser inferior a esa suma.

El Gobierno y los sindicatos previamente también habían acordado incorporar a Patria Justa en el diálogo liderado por la Defensoría de los Habitantes en relación con la actividad portuaria en Limón y Moín, debido a la incursión de la firma APM Terminals en la construcción de un megapuerto para contenedores.

El último punto es la reafirmación de la promesa de incluir, en el presupuesto extraordinario para el próximo año, una partida de ¢500 millones para la compra de equipo de montacargas para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El mandatario, incluso, dijo que él le planteó a Albino Vargas, líder de Patria Justa, abrir el diálogo desde el mediodía del lunes, para ponerle fin a la protesta.

Lo nuevo. Los únicos aspectos negociados la tarde y noche del lunes fueron la propuesta de promover la apertura de una mesa de diálogo entre Patria Justa y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en aras de que el bloque sindical dialogue y negocie sobre las decisiones financieras que ahí se tomen, así como la cláusula de término de la huelga, en donde se hace el llamado a los empleados públicos para volver a sus labores y los exhorta a abstenerse de nuevas protestas.

Tampoco estaba pactado el compromiso de iniciar los procedimientos para la presentación en el Congreso del convenio 184 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la seguridad y a la salud en la agricultura.

En cuanto al primero de esos tres aspectos, los directivos de la CCSS están divididos sobre la conveniencia de que el Gobierno pida abrir un diálogo con los sindicatos.

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Luis Guillermo Solís subió la voz para defender el pacto con Patria Justa

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia de prensa ofrecida ayer, en Casa Presidencial, para referirse al acuerdo alcanzado por Patria Justa. | CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia de prensa ofrecida ayer, en Casa Presidencial, para referirse al acuerdo alcanzado por Patria Justa. | CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Ante cinco consultas de La Nación , el presidente Luis Guillermo Solís admitió en conferencia de prensa que 5 de los 8 puntos pactados con el bloque sindical Patria Justa, fueron acordados antes de la huelga del lunes. En una respuesta de cuatro minutos y 15 segundos, el mandatario subió el tono para defender el pacto, del cual está satisfecho:

¿Se le consultó a la CCSS el tema de que Patria Justa iba a formar parte de las negociaciones sobre asuntos financieros? ¿Cuál es la posición del Gobierno con respecto a este proyecto de ley de salario mínimo? Usted dice que muchos de estos acuerdos ya se venían negociando desde tiempo atrás, desde el jueves pasado, cuando se reunió con Bussco y con Patria Justa, ¿qué se había acordado?, ¿qué no se concedió? Viendo que el movimiento no tuvo tanta fuerza, ¿por qué no se le restó un poco el margen de maniobra a los sindicatos?

Empiezo por el final. ¿Que no se le redujo el margen de maniobra a los sindicatos?, ¿cómo se llama tomar los puertos y garantizar el funcionamiento de los planteles de las instituciones públicas?

Pero le pregunto por el tema de los acuerdos.

No, no, no, espere, ahora hablo de los acuerdos. Pero es que se agotaron todas las opciones para evitar que esa huelga afectara los servicios. Y, además, lo que hemos hecho, simplemente, fue atender nuestra obligación de diálogo con todas las entidades sociales y empresariales.

”Hemos hablado con los bloques sindicales; hemos hablado con cámaras empresariales, en otro sentido, con otras preocupaciones pero también muy entendibles.

”Sobre qué se acordó y qué no se acordó, yo hablo de lo que se acordó, que es lo que queda aquí, porque lo que no se acordó ya no existe. ¿Qué estaba acordado previamente? El tema de la revisión del planteamiento jurídico del Ministerio de Trabajo (sobre la forma de renegociar las convenciones colectivas), eso ya se había señalado, porque nos parecía normal que se pueda revisar y que se revise una vez que se formalicen, por escrito, las posiciones del sindicato, que fue algo que se les pidió desde una reunión anterior.

”Estaba ya en camino lo que tiene que ver con Recope. Ya Recope ha recurrido varias veces la resolución de la Aresep y, desde el viernes, hay una carta de don Sergio (Alfaro, ministro de la Presidencia). Eso no era novedad.

”También se conocía el acápite sexto, sobre la legitimidad del proceso (de negociación sobre los muelles de Japdeva), que está abierto en la Defensoría de los Habitantes, en cuyo ámbito se han hecho una serie de acciones dirigidas a fortalecer los muelles públicos. Tanto es así que ya se incorporó, en el presupuesto de la República, la compra de los montacargas y se negoció a finales de la semana pasada, el día que vino Patria Justa a Casa Presidencial, se anunció que ya estaba se estaban negociando las dos grúas pórticas.

”El sétimo, el compromiso con la modernización portuaria de Japdeva. Entonces, bueno, ahí hay cinco de ocho.

”Ahora, sobre el tema de la CCSS. Lo que se hace con la CCSS es promover (lo pronuncia enfáticamente: “pro-mo-ver”) la apertura de una mesa de diálogo social. No veo que eso sea ni extraño ni que lesione la autonomía de ninguna institución. Es promover un acuerdo para que se sienten a hablar sobre una serie de temas, que me parecen tan justificados, como cualquier otro.

”¿La CCSS sabía? No, en el momento no sabía, pero es que lo que estamos haciendo es promoviendo, no le estamos imponiendo a la CCSS ningún curso de acción. Lo que nos parece bien es que, así como se hace con otras instituciones, la CCSS también se reúna con los distintos usuarios de sus servicios, o las poblaciones que reciben beneficios de sus obligaciones y que en ese marco puedan valorar esas tres cosas. Pero no es una imposición. La CCSS fue enterada al final de la negociación sobre ese párrafo para que supieran de qué se trataba, pero no es una imposición ni una medida de intromisión en las potestades de la CCSS como institución.

”Y, finalmente, usted dice que si el hecho de que se haya acordado convocar en el periodo de sesiones extraordinarias la ley de salario mínimo vital (del Frente Amplio), implica que el Gobierno lo apoya, la respuesta es no, no lo implica”.

Lo que Aresep hizo fue rechazar ¢5000 millones de la convención colectiva que se le iban a trasladar a los consumidores. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Están del lado de los sindicatos y sus beneficios, o del lado de los consumidores con este tema de la convención colectiva y los gastos de Recope?

Le voy a contestar para que no le quede ninguna duda. El gobierno está de parte de la ley. Este gobierno ha abierto las convenciones colectivas para cualquier cláusula que pueda ser arbitraria o abusiva, como se hizo en el pasado. Y lo vamos a seguir haciendo, incluida la de Recope. La de Recope, dicho sea de paso, fue la primera de las convenciones que fue denunciada para ser renegociada. En esto no hay ninguna duda ni debe haberla de la tesis del gobierno, que además ha dicho que esa es una competencia no solamente que tenemos, sino también que nos otorgan las convenciones a las cuales respetamos porque son constitucionalmente garantizadas. La tesitura en la que se encuentra Recope, que no le ha temblado el pulso para abrir y denunciar esas convenciones, y renegociarlas, es que tiene una obligación de ley para seguir respetándolas. Y sobre eso el gobierno se pronuncia también, expresando su gran preocupación, porque al final de cuentas también estamos hablando de personas, no solamente de entidades anónimas.

Diputados califican de lamentable el pacto con sindicatos

Diputados califican de lamentable el pacto con sindicatos

Diputados califican de lamentable el pacto con sindicatos.

Legisladores de cuatro bancadas lamentaron el acuerdo firmado por el Gobierno con el colectivo sindical Patria Justa.

Antonio Álvarez Desanti, de Liberación, calificó de “barbaridad” que Zapote aceptara combatir la decisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de no cargar a los consumidores de combustibles el costo de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

“Se sacrifica a los consumidores, sobre todo a los de escasos recursos, en beneficio de unos pocos líderes sindicales”, dijo el congresista.

“Es un paso atrás”, dijo Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), quien adujo que, ante la debilidad de la huelga del lunes, lo que tocaba era dejar que se evaporara, sin pactar tal negociación. Insistió en que la decisión de la Aresep obligaba a Recope a revisar los excesos laborales, otorgados en la convención colectiva, pues estos no podrían ser incluidos en tarifas.

El mismo ICE informó el lunes que solo 1.053 de sus 15.041 empleados (7%) se sumaron al paro y la CCSS reportó que solo 745 (1,3%) fueron a huelga. Mientras, Japdeva aseguró que los puertos no se paralizaron.

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, machacó en que el acuerdo entrega más allá de lo que debería: “Les da (a los sindicalistas) prerrogativas que son innecesarias. Deja abierta la posibilidad de que movimientos tan ralitos puedan terminar obteniendo concesiones de Gobierno, lo que es inconveniente”.

Gerardo Vargas, del PUSC, estimó que el acuerdo “fue un buen arreglo entre socios”. En su criterio, el Ejecutivo y los sindicatos han sido aliados y lo que sorprende es que necesitaran de un intento de huelga para consensuar propuestas que de antemano compartían.

Los parlamentarios también consideraron inaceptable la obligación impuesta a la CCSS de negociar con Patria Justa las reformas para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones y el pago de incapacidades.

Ottón Solís sostuvo que la decisión es “grave”, pues los sindicatos se quieren convertir en patrones. “Una cosa es el diálogo, informar y consultar. Otra es obligar a la consulta. La Caja es de todos los costarricenses y muy poquitos costarricenses están sindicalizados. Es antidemocrático, no hay representatividad. Los sindicatos ya tienen representación en la Directiva de la Caja. Si no les gusta, que la cambien”, dijo el diputado quien alega que la intención de Patria Justa es frenar decisiones que urgen para evitar el descalabro financiero de la CCSS.

Diputados del PAC rechazan huelga pese a acuerdo firmado con sindicatos

Gerardo Vargas Varela (izq.) y Marco Vinicio Redondo, jefes de fracción del Frente Amplio y PAC, respectivamente, firmaron, el pasado 26 de junio, el pacto político que los liga en una agenda común. Junto a ellos, la diputada rojiamarilla Nidia Jiménez. | MELISSA FERNÁNDEZ

El 25 de junio, el jefe del Frente Amplio, Gerardo Vargas, y el del PAC, Marco Redondo, firmaron el pacto con los sindicatos representados en Patria Justa. Nidia Jiménez, del PAC, renunció a la subjefatura a causa de ese pacto.

A pesar del pacto que firmaron las autoridades del PAC con el colectivo sindical Patria Justa, el 25 de junio, esta tarde, los diputados de esa fracción manifestaron el rechazo a la huelga efectuada hoy por varios sindicatos.

En una nota, firmada por 10 legisladores (de 13 en total), la fracción del PAC manifestó el "apoyo íntegro" al mensaje emitido por el presidente, Luis Guillermo Solís, quien consideró que el movimiento era injustificado, y a "las acciones puestas en práctica por el Gobierno con el fin de mantener en funcionamiento las instituciones del Estado".

En la nota, los diputados destacan que la huelga es de "algunos trabajadores del sector público", además de que apoyan las acciones gubernamentales para "eliminar privilegios excesivos" de las convenciones colectivas.

Según los legisladores, mantienen el compromiso de defender las instituciones estatales y el mejoramiento de su eficiencia y eficacia.

"(La fracción del Partido Acción Ciudadana) se compromete a defender los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público y a luchar para que exista un sistema de reconocimientos a los que cumplen a cabalidad con sus funciones", dice la nota.

A finales de junio, junto al Frente Amplio, el PAC comprometió su apoyo a una agenda política conjunta con los sindicatos. Por el partido oficialista, firmaron el jefe de la fracción de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, Margarita Bolaños.

Entre los compromisos que asumieron los firmantes está el combate al Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, que permitiría el incremento de la participación de los generadores privados en el mercado eléctrico, y a cualquier iniciativa de equiparación de los pluses de los empleados del sector público que implique reducciones de beneficios.

También se comprometieron a impulsar el plan de ordenamiento de las exoneraciones de impuestos, así como reformas fiscales de tipo progresivo (en las que el monto de los tributos depende de las ganancias de las personas) y el polémico proyecto del Gobierno contra el fraude fiscal, que permitiría a la Dirección de Tributación embargar bienes y salarios de contribuyentes morosos sin orden judicial.

Partido insta a deponer huelga

En un comunicado enviado por separado, la Comisión Política del PAC instó al colectivo sindical Patria Justa a deponer la huelga y llamó a los funcionarios que se hayan unido al movimiento  a volver a  sus labores.

"Para no perjudicar más los servicios públicos que deben ser ofrecidos a la ciudadanía por ley y por solidaridad", dice la nota para justificar su llamado.

El documento, firmado por la presidenta del Comité Ejecutivo del PAC, Margarita Bolaños, busca reafirmar "la convicción del diálogo y la concertación para el equilibrio político".

En la nota, Bolaños asegura también que apoyan al presidente Solís es buscar los acuerdos con todos los sectores "para enfrentar los grandes retos del estilo de desarrollo de las últimas décadas".

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Aresep recompensaría a usuarios por huelga

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rebajaría en las facturas de los consumidores el costo que representó la interrupción de servicios públicos por la huelga realizada este lunes.

Vista del edificio de Aresep en Guachipelín (Escazú). | ARCHIVO

Vista del edificio de Aresep en Guachipelín (Escazú). |

El posible ajuste favorable a los usuarios se aplicará en caso de que dicho movimiento de protesta sea declarado ilegal.

Así lo confirmó Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de Aresep, quien señaló que la medida afectaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Quesada señaló que las administraciones de ambas instituciones solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga ante los juzgados competentes.

Además, Aresep ya les pidió a ambas empresas detallar el costo de la interrupción de los servicios durante la jornada de protesta.

Más allá de los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos que convocaron la manifestación, ahora habrá que esperar lo que un juez resuelva sobre las gestiones de Recope y del ICE.

Quesada recordó que el 18 de noviembre del 2003, la Aresep ordenó al ICE rebajar de los recibos de sus clientes de telecomunicaciones la suma de ¢448 y ¢172 en servicios de telefonía fija y móvil, respectivamente.

Lo hizo para resarcir a consumidores afectados cuando esos servicios se vieron afectados debido a una huelga de trabajadores de esa institución, entre el 16 de mayo y el 4 de junio del 2003.

El ICE recurrió la medida, pero la Aresep la desestimó. Posteriormente, la entidad llevó el caso al Juzgado Contencioso-Administrativo, que declaró sin lugar la demanda.

El Juzgado concluyó que la acción de la Aresep no era una sanción, sino una devolución tarifaria equivalente al costo del servicio público que no se prestó.

CCSS dividida por mesa de diálogo con gremios

La Caja atraviesa un proceso de toma de decisiones respecto a la sostenibilidad del IVM. | RAFAEL PACHECO

La Caja atraviesa un proceso de toma de decisiones respecto a la sostenibilidad del IVM.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se dividió ante la promesa hecha por el Gobierno al colectivo sindical Patria Justa de promover una mesa de diálogo sobre asuntos sensibles, como las incapacidades y pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Mientras unos apoyan la propuesta, otros rechazan que el Poder Ejecutivo desee incidir en temas que solo le competen a la CCSS, debido a su autonomía.

“Están entrando a violentar la autonomía de la Caja, llegando a un acuerdo donde no ha participado la Junta. Hemos discutido sobre abrir foros a la ciudadanía; pero de eso, a discutir con Patria Justa las decisiones fundamentales sobre el IVM…”, reclamó Renato Alvarado, representante del sector patronal en la Directiva.

Por su parte, María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, apoya el actuar del Gobierno y espera que el planteamiento llegue a la Junta Directiva.

“ Para fortalecer la sostenibilidad del IVM en el largo plazo, es necesario contar con el nuevo estudio actuarial. Será entonces y, a partir de sus resultados, que se valoren nuevos escenarios. Ahí, el diálogo social cobra sentido como un espacio de socialización de propuestas”, dijo Sáenz.

Discusión. Desde hace ocho años existe una discusión entre la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre cuándo se correría el riesgo de que el fondo de IVM sea deficitario. Según la Supén, la solvencia quedaría comprometida en el 2023, pero la Caja dice que será en el 2044.

Para aclarar esas diferencias, las dos instituciones esperan un estudio actuarial hecho por la Universidad de Costa Rica, en el que se indicará el estado del régimen y, a partir de ahí, definirán reformas como edad de retiro.

“Al Gobierno no le alcanzan las potestades para intervenir. La Caja, como ente autónomo, no está obligada a someterse a acuerdos de terceros”, reclamó Luis Loría, representante gremial.

Mario Devandas, también delegado de los trabajadores, apuntó que el Ejecutivo no puede ordenarle a la CCSS abrir ningún tipo de diálogo.

“Tendrá que hacer una solicitud formal a la Caja. Me parece que las vías del diálogo son importantes. Sin embargo, ya hay abierta una mesa de negociaciones, desde hace cuatro meses, en la cual la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados) se negó a participar”, resaltó, por su parte, Alvarado.

Óscar Fallas, representante del Estado, dijo que, para él, es conveniente conversar con distintos sectores sobre este tema.

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