La Intención de Una Empresa Es Generar Lucro Para Sus Dueños, la Intención de Una Cooperativa Es Hacerlo Para Sus Asociados; la Diferencia Está en el Volumen, Mientras en Una Empresa los Dueños Son Unos Pocos (Sino Uno), en Una Cooperativa los Asociados Son Muchos.

Por Eso No Resulta Extraño que, el “INA enseñe ‘economía social solidaria’ en sus clases”; que, el Presidente “Luis Guillermo Solís avale inclusión de economía social en planes deI INA”; que Diga, el “Viceministro de Trabajo: ‘La economía social no es nada nuevo’; o que Señale, el “Presidente ejecutivo del INA sobre enseñar economía social solidaria: ‘No es impuesto por la izquierda’.

Lo Que Sí Resulta Extraño Es Que Se Diga que, el INA se precipitó al adoptar la enseñanza de ‘economía social’; Porque Se Hizo Con la Clara Intención de Hacer Creer a la Gente, ¡Lo Que No Es!, ¡Otra Vez!

Y Es que, Sí Discutimos de “Economía social solidaria”; También, lo Hacemos de, “Capitalismo solidario, discusión saludable”.

Pero, Obviamente, Eso No Interesa al Capitalismo Nada Solidario de la UCCAEP.

Y Para el Neoliberalismo Económico y Comercial y los Políticos y Empresarios de la Élite Plutocrática de Nuestro País, Es Una Discusión Nada Saludable Que Ellos Nunca Quisieran Tener o Que Se De Con el Resto de la Ciudadanía.

Pero Volviendo a lo Anterior, No Sólo en Eso Hay Diferencias, Una Empresa Por Ser Privada y Por No Tener Un Fin Social, Debe Pagar Impuestos, Rentas y Otros Tributos Que Usualmente las Cooperativas No Pagan o Que Ven Disminuidos por Leyes y Exoneraciones.

Es por Eso Que No Entiende Que Aquí Ocurra Todo lo Contrario: Se Exonera o Se Disminuye de Impuestos a Empresas Privadas Por Leyes y Regímenes Especiales Como los de Zonas Francas y No Se les Cobra Impuestos y Otros Tributos a Grandes Cooperativas y Asociaciones Solidaristas Que No Cumples Con Esos Fines; Es Decir, Su Fin Es el Lucro, Y No Para Todos los Asociados, Principalmente Para los Dueños y los Grandes Accionistas.

Es Decir, Son Grandes Empresas Privadas, a Pesar de Llamarse “Cooperativa” o “Asociación Solidarista”.

Ese Es el Caso de los Porteadores, Cuyas “Asociaciones Solidaristas” Responden a los Intereses Económicos Privados de Sus Dueños y Representantes; Dejando Por Fuera a los Cientos de “Asociados” Que Son los Que Conducen y Manejan los Taxis y Con el Sudor de Sus Frentes, Les Pagan a los Dueños Gran Parte del Fruto de Su Trabajo, Por el Único Hecho de Ser Éstos los Dueños de los Permisos.

Es Por Eso que, la “Fiscalía investiga la entrega de permisos a empresas de porteo”; Es Por Eso que, el “MOPT intenta paliar concentración de los permisos de porteo”; Es Por Eso que, Se Diseñó un “Plan ataca concentración de placas de taxi especial”.

Es Por Eso que No Se Entiende Porqué una “Comisión legislativa avala eliminar cárcel por cierre de vías”; Bueno, En Realidad, Sí Se Entiende, Porque Esa Comisión Es Políticos Tradicionales y Defensores y Asesores de “Asociaciones Solidaristas” de Porteadores.

Es Por Eso que los “Porteadores protestan en San José, Alajuela y Puntarenas”; y la “Manifestación de porteadores colapsa Circunvalación”; No Es Porque, “1.600 unidades de porteadores quedaron sin permisos para circular”; Sino Porque Sus Dueños Perderán el Chorizo, digo Contrato, de Concesión de Esos Permisos.

Es Por Eso que Se Entiende Perfectamente que, el Gobierno Busque que, las “Grandes cooperativas y educación privada pagarían impuesto sobre la renta”; y Que, Por las Mismas Razones y al Igual que los Dueños de los Permisos de Concesión de Porteadores, las Grandes “Cooperativas evidenciaron su oposición formal a pagar impuestos de renta”.

Es Por Eso que, También Se Entiende que, el “Ministerio de Hacienda redactará proyecto de ley para eliminar 200 exoneraciones”; y Que, la “Ley de Exoneraciones derogará 141 leyes y establecerá sanciones”.

Es Por Eso que No Se Entiende Porqué el “Gobierno impulsa iniciativa para exonerar del pago del Impuesto de ventas a los centros de recreo”.

Es Por Eso que Tampoco Se Entiende Porqué, “Mientras Gobierno habla de impuestos, proyecto de economía social solidaria crearía exenciones para ciertos grupos”.

Y Es que, Hablando de Taxis y Porteadores, Empresas y Cooperativas: Hay Que Cambiar el Modelo, No la Intención.

Con Eso me Refiero a Que, Hablando de Cooperativas y Asociaciones Solidaristas, lo Que el Gobierno y la Ley Deben Hacer Es Darle Titularidad Legal y Social a Dichas Cooperativas y Asociaciones; Pero NO LOS DERECHOS DE CONCESIÓN O DE PROPIEDAD, Estos Deben Pertenecer a los Miembros y Asociados, a los Trabajadores, a los Productores.

Ejemplo: el Título Legal a la Asociación de Porteadores X, la Pertenencia y la Placa de Taxi a Cada Dueño Individual; el Dueño del Taxi y Por Ende de la Placa o Permiso de Concesión Paga a la Asociación de Porteadores X el Derecho de Asociación y la Representación Legal Que Esa Conlleva, NO EL PERMISO DE CONCESIÓN; la Asociación de Porteadores X Por su Parte, Paga al Estado (Gobierno) los Tributos Necesarios Por el Derecho que Éste (Gobierno) le Concedió; Entiéndase, Renta, Servicios Municipales, Placas, Etcétera.

En Eso Es que Se Basa Una Verdadera Economía Solidaria; en Otras Palabras, Tanto Para el Estado (Gobierno) Como Para la Empresa Privada.

En Eso Es Que Se Basa la Democracia Participativa; Que Es a lo Que el Estado (Gobierno) Debería Aspirar en Un Futuro No Muy Lejano.

Eso Sería Una Excelente Iniciativa, Lástima Que Siempre Haya Políticos y Empresarios Tradicionales Que Se Opongan

 

Comisión legislativa avala eliminar cárcel por cierre de vías

Cientos de transportistas del Seetaxi mantuvieron bloqueadas vías principales del país tras la decisión del CTP de no renovar 1.821 placas. Una de las vías más afectadas fue la carretera de Circunvalación, cerca de la Casa Presidencial | ALBERTH MARÍN

Cientos de transportistas del Seetaxi mantuvieron bloqueadas vías principales del país tras la decisión del CTP de no renovar 1.821 placas. Una de las vías más afectadas fue la carretera de Circunvalación, cerca de la Casa Presidencial.

Si uno de los responsables de bloquear calles el miércoles hubiera sido procesado judicialmente, se expondría a pasar hasta un mes en la cárcel.

No obstante, si el Congreso aprueba un proyecto de ley, dictaminado afirmativamente este martes en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ese castigo podría ser solo de una multa de entre ¢40.340 y ¢403.400.

La iniciativa, titulada Ley para Frenar la Criminalización de la Protesta Social, propone derogar el artículo 256 bis, agregado al Código Penal por la Ley N.° 8.250, el 2 de mayo del 2002.

Dicha norma impone una pena de cárcel de 10 a 30 días a quienes participen en protestas populares que impliquen bloqueos de vías públicas.

Este proyecto fue presentado en el 2009 por el entonces diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, ya fallecido.

El martes, los congresistas de seis fracciones dictaminaron el plan. Ahora pasará a conocimiento del plenario legislativo para su trámite de primero y segundo debates.

Uno de ellos fue el legislador del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, quien fundó en el 2004 la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), la cual recibió 772 placas del Servicio Especial Estable de Taxis (Seetaxi).

Este miércoles, cientos de transportistas que brindan este servicio bloquearon vías clave de todo el país, luego de la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de no renovar 1.821 placas.

Tras estos acontecimientos, el Gobierno prometió no tolerar más la obstrucción de las carreteras, al tiempo que rechazó la intención de los diputados de suavizar los castigos.

“Usted tiene todo el derecho de manifestarse, pero esto no incluye la posibilidad de limitar el libre tránsito. La instrucción del presidente es la de actuar de inmediato contra los bloqueos”, explicó Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia.

A Mora le llamó la atención que algunos legisladores hablaran de la necesidad de actuar con mano firme contra los bloqueos y que luego existiera un dictamen a favor de eliminar la cárcel para esas conductas. “No apoyo este plan”, declaró Mora.

Apoyo. Además de Alfaro, la Comisión de Jurídicos la integran Marvin Atencio y Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Carlos Arguedas, Antonio Álvarez y Juan Luis Jiménez, de Liberación Nacional (PLN); Edgardo Araya, del Frente Amplio; Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión, y Gerardo Vargas, de la Unidad Social Cristiana.

Según la iniciativa de ley, la cárcel para quienes bloqueen vías es “represiva, excesiva, desproporcionada e incongruente con un Estado de derecho”.

“La penalización con cárcel para ciudadanos implica estigmatizar como delincuentes, e insertar en el sistema penal a personas que de ninguna manera pueden ser calificadas como tales”, se justifica en el expediente.

El diputado Alfaro no atendió las llamadas ni los mensajes enviados por este diario a su móvil.

Sin embargo, el congresista Otto Guevara, jefe de la fracción libertaria, dijo que el partido está en contra de la propuesta.

“El que un diputado votara por despenalizar los bloqueos en las marchas, no compromete a la bancada. Haremos lo que esté al alcance para que este plan no se apruebe”, explicó Guevara.

Para Edgardo Araya, no criminalizar las protestas va a favor de los derechos humanos

“Hay derecho de protestar, pero también tiene que haber un derecho de transitar. Los abusos son lo que deben castigarse con otro tipo de penas. Este país deber ir a la despenalización de la protesta social”, añadió Araya.

Sin multas ni detenidos. Ninguno de los cientos de porteadores que bloquearon las vías el miércoles fue multado por la Policía de Tránsito, ni procesado por el delito de obstrucción de vías.

El artículo 111 de la ley de tránsito prohíbe transitar a una velocidad tan baja que entorpezca la libre circulación vehicular.

“Había una negociación, mientras estén en ese proceso, ¿cómo va a multar? Hay que respetar el proceso de los que se están negociando”, opinó Mario Calderón, director de Tránsito.

El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, dijo que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.

Tanto Mata como Calderón explicaron que el mandatario, Luis Guillermo Solís, giró instrucciones para que se actuara de inmediato para quitar los bloqueos.

Los porteadores presentaron ayer un recurso de revocatoria ante el CTP.

1.600 unidades de porteadores quedaron sin permisos para circular

Los porteadores tomaron el paso por circunvalación Los porteadores tomaron el paso por circunvalación Porteadores se manifestaron este miércoles en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.Un grupo de porteadores se manifestaron este miércoles frente a Casa Presidencial.

Porteadores se manifestaron la mañana de este miércoles en Alajuela.Porteadores realizan tortuguismo en la autopista General Cañas la mañana de este miércoles. Los porteadores realizan una manifestación la mañana de este miércoles frente a Casa Presidencial. Porteadores se manifestaron este miércoles en Alajuela.

Porteadores se manifestaron este miércoles en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.Porteadores bloquearon el paso este miércoles en el cruce de Río Frío. Los porteadores cerraron el paso por la ruta 32.Los líderes de los porteadores se reúnen para tomar decisiones cerca de Casa Presidencial

Los porteadores bloquearon el paso por Zapote.Los porteadores cerraron el paso por Zapote.Los porteadores cerraron el paso por Zapote.Los antimotines llegaron a Casa Presidencial

Unas 1.600 unidades del Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) quedaron hoy sin permisos para circular.
Ayer se venció el periodo para renovar las concesiones de este servicio. En total, el Consejo de Transporte Público (CTP) aprobó la renovación de 1.324 permisos (todavía a personas jurídicas), de unos 3.000 que estaban registrados.

La decisión provocó sorpresivas protestas de estos transportistas que, desde tempranas horas de este miércoles, bloquearon importantes vías de la Gran Área Metropolitana.

LEA:Porteadores protestan en San José, Alajuela y Puntarenas
Sebastián Urbina, viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), explicó esta mañana que reducirán la cantidad de permisos como resultado de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.

En ese criterio se estableció que la cifra máxima de Seetaxi que debe avalar el CTP es del 30% de la flotilla de taxis rojos, por cada base de operación.

"Se hizo un análisis para determinar cuales bases tenían exceso y, con base en eso, se determinaron los recortes. Ese es un proceso para ordenar el servicio de transporte público. Estamos acatando una disposición legal, por una mala interpretación de la administración anterior, de cómo otorgar esos permisos", dijo Urbina.

Por su parte, Mario Zárate, director del CTP, informó de que no se renovó ningún permiso para las microbuses que operaban con Seetaxi, pues en este caso, los propietarios deben solicitar un permiso de servicio especial de transporte.

"Todos los servicios de microbús están amparados en la normativa vigente de servicios especiales. Los 583 vehículos que prestaban el servicio pueden ampararse a la ley 3.503. En un plazo máximo de 45 días, estas 583 personas pueden acudir a la institución y tener el permiso. Estos tienen la oportunidad de constituirse en microempresarios", dijo Zárate.

Los porteadores realizan una manifestación la mañana de este miércoles frente a Casa Presidencial.

Los porteadores realizaron bloqueos en varios puntos del Valle Central este miércoles.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se manifestó esta mañana en contra de las acciones que tomaron cientos de conductores del Seetaxi, y rechazó cualquier diálogo mientras se mantuvieran los bloqueos.

"Lo que están haciendo los porteadores es un sinsentido y atenta contra la actitud que debe prevalecer en el país de apoyo por mantener a los hermanos y hermanas que están viviendo dificultades (por las lluvias) en una condición adecuada, no vamos a participar en ningún diálogo mientras esos bloqueos se mantengan", declaró el mandatario, desde la Cancillería de la República.
Según el viceministro del MOPT,  el reglamento para ordenar el servicio especial "está próximo a publicarse" y exigirá, por ejemplo, que los permisos se otorguen a nombre de personas físicas, y no jurídicas, como ahora. Esto, para evitar abusos entre patronos y obreros.
Urbina y Zárate se reunirán a las 11 a.m. con los representantes de Seetaxi, para definir acuerdos.

Exigencias. Byron Marcos, presidente de la Cámara del Seetaxi (que agrupa a 42 empresas y el 80% de códigos) expresó que están exigiendo que se cumpla la ley, y advirtió de que habrá muchos más bloqueos si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Asimismo, solicitó la renuncia de Zárate.

"Todas las empresas presentamos la solicitud de renovación hace un mes, pero no fue sino hasta el viernes que el CTP dijo que el único día para presentarla era el martes 7 de julio (ayer). De todas formas presentamos la solicitud, aunque nos pidieron muchos más requisitos de los que debían y nos dieron solo 48 horas para hacerlo. Los que se atrasaron con los trámites fueron ellos", dijo Marcos.

Marcos rechaza la "migración forzosa que pretende el CTP", al exigirles a microbuses y autobuses sacar sus autorizaciones según la Ley 3.503. También está en contra de la normativa que pretende publicar próximamente el Consejo, para ordenar el sector.

"No aceptamos el reglamento arbitrario que hizo Mario Zárate, que es igual al de los taxis rojos. No nos convocaron ni nos dieron oportunidad de apelarlo; en ningún momento se tomó en cuenta nuestra opinión y no estamos de acuerdo", agregó.

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Fiscalía investiga la entrega de permisos a empresas de porteo

La Fiscalía investiga en qué condiciones se otorgaron los permisos a 22 empresas dedicadas al Servicio Especial Estable (SEE Taxi).

El secuestro de expedientes, en la sede del Consejo de Transporte Público (CTP), lo efectuaron el viernes pasado agentes de la Unidad de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Ese mandato fue emitido desde febrero anterior, pero la diligencia judicial se realizó luego de recientes publicaciones de La Nación sobre la concentración de 1.680 permisos en siete empresas.

Desde el 2011, cuando fue aprobada la Ley N.° 8.955 que creó esa modalidad de transporte que eliminó la figura del porteo, el CTP ha adjudicado en total 3.072 códigos.

Colaboración. La investigación de la Fiscalía se tramita por el supuesto delito de prevaricato, con el expediente 12-000121-621-PE, según el director del Consejo, Mario Zárate.

“El secuestro de los documentos no implica necesariamente que se haya cometido el delito, sino que la Fiscalía, en esta etapa de la investigación, va a determinar si se cometió o no”, declaró Zárate.

El jerarca del CTP, órgano encargado de tramitar los permisos, dijo que entregó datos a las autoridades y lo seguirá haciendo para lograr un resultado transparente.

Con él coincidió el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, quien aseguró que esa cartera ya inició su propia investigación para definir si hubo anomalías en los procesos de tres años atrás.

“Nos preocupa mucho esta concentración en la emisión de los permisos; estamos colaborando con el proceso del OIJ y con el que abrió el Ministerio de Trabajo”, manifestó.

Dudas. Una de las compañías involucradas en la pesquisa de la Fiscalía es la Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), la cual tiene bajo su control la mayor cantidad de permisos: 772.

Esa empresa fue constituida en el 2004 por el ahora diputado José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario. Desde marzo, esa sociedad es presidida por su esposa y también asesora en el Congreso, María Lorena Cordero.

El jueves pasado La Nación publicó que uno de los prestatarios del SEE Taxi fue despedido tras revelar que Unaporte le cobró ¢1 millón por afiliación o “franquicia”.

Eso impulsó a la cartera de Trabajo a investigar ese y otros casos, con tal de esclarecer las relaciones empresa-empleado.

En esa ocasión se intentó hablar con el diputado Alfaro, sin éxito. A pesar de nuevos intentos, ayer tampoco fue posible localizarlo.

German Lobo, vocero de los transportistas de SEE Taxi, declaró que aunque desconocía de las intenciones de la Fiscalía, le parece “maravilloso, muy bien” que se investigue placa por placa, para que “de una vez por todas se acaben tantas especulaciones con el tema”.

MOPT intenta paliar concentración de los permisos de porteo

Hoy, cada vehículo autorizado para el Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) debe portar una calcomanía que lo identifique.  | ARCHIVO

Hoy, cada vehículo autorizado para el Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) debe portar una calcomanía que lo identifique.

Con un nuevo reglamento para el Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi), emitido el pasado 20 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) busca remediar la concentración en pocas manos de este tipo de permisos.

Según el Consejo de Transporte Público (CTP), unas 58 sociedades anónimas manejan 2.800 códigos de Seetaxi.

La nueva normativa –cuyo proceso de consulta cerrará este viernes– otorga un plazo de 14 meses para que los concesionarios cumplan las regulaciones o podrían perder los permisos.

El director del CTP, Mario Zárate, explicó que las licencias que sean revocadas, serán reasignadas entre nuevos interesados, siempre y cuando se trate de personas físicas.

“Los permisos para personas jurídicas se acabaron, ya no es posible que una persona jurídica venga aquí a solicitar permisos (…). La ley lo que establece es permisos a personas físicas”, enfatizó Zárate.

Tener un contrato para cada cliente, pólizas de seguros, portar placas metálicas y mantener vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años son algunas de las nuevas disposiciones.

Según Zárate, las medidas propuestas ayudarían a eliminar los abusos denunciados por choferes con permisos de Seetaxi.

“Las quejas siguen siendo por abusos de las empresas permisionarias y la inseguridad del usuario del servicio, porque este no sabe, en realidad, si verdaderamente está tomando un servicio que está autorizado o no”, añadió el jerarca del CTP.

Actualmente, el dueño de un solo permiso puede reunir a varios conductores, quienes deben aportar sus vehículos y pagar una cuota diaria o mensual a cambio de hacer uso de un código, así como del servicio de llamadas y un parqueo.

Uno de los cambios más significativos es que cada vehículo será poseedor de una placa metálica, la cual estará a nombre del propietario de ese automóvil.

Las compañías que agrupan mayor cantidad de códigos son Unaporte (772), Transportes Carolina (117), Autotransportes Privados Casber (126) y, Porteadores de Goicoechea (118).

En la modalidad de Seetaxi para microbuses son: Agrupación de Porteadores Alajuelenses (258), Transpriva (149), Semtra (55) y Transofi K y G S. A. con 34.

Versiones. El 17 julio del 2014, La Nación divulgó el caso del porteador Carlos Guevara Noguera, despedido sin responsabilidad patronal, luego revelar el monto que la empresa Unaporte S. A. le cobraba por utilizar un permiso.

Guevara tenía en su poder un recibo por ¢1 millón que la firma pretendía por ese derecho.

Dos días después de la publicación, el Ministerio de Trabajo dijo que investigaría la situación.

No obstante, la Cámara Costarricense de Servicio Especial Estable de Taxi considera que tanto el MOPT como el CTP están irrespetando las normas.

Según Enrique Rojas, abogado de la Cámara, no se les ha dado una audiencia formal para exponer sus puntos de vista y aseguró que el reglamento propuesto es un intento del Gobierno para eliminar este tipo de transporte.

“Aquí lo que quieren es eliminar nuestra actividad”, reiteró Byron Marcos, dirigente de los permisionarios de Seetaxi.

Hasta ahora, los transportistas no han presentado objeciones al reglamento, pese a que el próximo viernes vencerá el periodo para exponerlas.

La semana pasada los porteadores anunciaron manifestaciones callejeras si no se les abre una vía de diálogo en el CTP.

Marcos negó que las empresas abusen de los conductores que reciben permisos y aclaró que las cuotas que se cobran son diferentes en cada sociedad.

Plan ataca concentración de placas de taxi especial

En el país hay cerca de 3.000 placas de Servicio Especial de Taxis (SEE Taxi). En su mayoría, las explotan vehículos tipo sedan (hay 2.587) y microbuses (584). Estos últimos se dedican principalmente al transporte de estudiantes o de trabajadores.    | JEFREY ZAMORA

En el país hay cerca de 3.000 placas de Servicio Especial de Taxis (SEE Taxi). En su mayoría, las explotan vehículos tipo sedan (hay 2.587) y microbuses (584). Estos últimos se dedican principalmente al transporte de estudiantes o de trabajadores.

Una propuesta de ley pretende quitar las placas de Servicio Especial Estable de Taxi (SEE Taxi) a las personas jurídicas y entregarlas a personas físicas, es decir, a los conductores que hoy trabajan para una empresa.

La iniciativa la impulsa el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas. Según dijo, estaría lista la próxima semana.

“Lo que queremos es democratizar el servicio especial de taxi. No puede ser que estas placas estén en tan pocas personas y el que realmente trabaja no tenga derechos sobre el código de la placa”, manifestó Vargas.

Su plan pretende derogar la ley que le dio vida a esa nueva modalidad de taxi. Para eso, ya tiene el respaldo de otras fracciones legislativas.

El SEE Taxi tuvo su origen en la ley 8.955, de mayo del 2011. Esta legislación se creó para eliminar la figura del porteo.

Sin embargo, de las 3.072 placas entregadas, más de la mitad están en manos de siete firmas.

Una de esas empresas es la Unión Nacional de Porteadores (Unaporte), ligada al diputado del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, con 772 permisos de transporte.

En promedio, a cada conductor le cobran semanalmente ¢21.000 por explotar la placa, así como entre ¢600.000 y ¢1 millón por inscribirse en la compañía.

“No puede ser posible que se explote a estos conductores que además deben hacerse cargo de los costos de mantener su carro. Tenemos bastante apoyo en la Asamblea para aprobar este plan”, afirmó el socialcristiano.

Para Vargas, el proyecto deja sin efecto lo que establece la ley 8.955 y libera las placas.

Apoyo. Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), aseguró ayer que su bancada apoyaría esta propuesta del PUSC. Según dijo, él coincide en la necesidad de democratizar el SEE Taxi.

“Yo creo que desde el inicio se cometió un error por la manera en que se adjudicaron esas placas. Realmente, lo que deberían hacer es darle una a cada uno. Que el que trabaja sea el dueño de la placa”, expresó Vargas.

Otto Guevara, diputado y jefe de fracción del Movimiento Libertario indicó que apoyarán toda iniciativa que pretende liberar el transporte público.

“En el tema de transporte, nosotros como partido hemos venido abogando por la liberación de los permisos. Nosotros como nadie nos opusimos a esa ley 8.955, incluso alegando inconstitucionalidad. Creemos que lo que corresponde es abrir el mercado”, expresó Guevara.

Sebastián Urbina viceministro de Transportes y Seguridad Vial, expresó que no conoce a fondo el plan de Vargas.

No obstante, cree que va por la misma línea del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de entregar las placas a personas físicas y no a empresas o personas jurídicas. “Debo revisarlo, pero creemos que es importante evaluar las reformas de la ley que cambie la situación que vivimos en este momento”, dijo Urbina.

El viceministro añadió que espera solucionar este tema el próximo año.

 

INA se precipitó al adoptar la enseñanza de ‘economía social’

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El pasado 31 de enero, el INA inauguró su sede en San Pablo de León Cortés, con el nombre de Centro Nacional de Economía Social Solidaria, a pesar de que no existía un plan de estudios formal que respaldara ese nombre. En esa sede, Iván Fonseca enseña Informática.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se precipitó al adoptar en sus aulas la enseñanza de conceptos de la “economía social solidaria” , como el sindicalismo y el cooperativismo.

Según un informe de la Auditoría Interna, el INA se adelantó en inaugurar, el sábado 31 de enero, el centro especializado en San Pablo de León Cortés, en la zona de Los Santos, pues no existe un plan de estudios formal que dé sustento a la creación de esa sede.

“Partiendo de la inexistencia de un proyecto como tal, el cambio del nombre del centro fue un hecho precipitado, puesto que actualmente en ese centro se está entregando una oferta de servicios de capacitación y formación profesional regular”, señala el documento con fecha 27 de marzo del 2015.

Agrega: “No es comprensible el motivo por el cual se inició con el cambio del nombre al Centro de Formación Los Santos a Centro Nacional de Economía Social Solidaria, que primero fue únicamente semántico, pero que conlleva aspectos más complejos que deben desarrollarse. El punto es que hasta el momento solo existe un espacio físico con ese nombre”.

De acuerdo con la Auditoría Interna, el INA, antes, debió diseñar un currículo “adecuado con las necesidades del mercado laboral” y posteriormente crear esa casa de enseñanza.

Recomendó, además, que esa oferta curricular no solo se ofrezca en dicha sede, sino en todas las del país.

En respuesta a esa sugerencia, la Junta Directiva del INA acordó desarrollar un “plan integral” para definir cómo la institución variará sus programas de estudio para incluir conceptos de la economía social solidaria que incluyen, además del sindicalismo y cooperativismo, el solidarismo, el Magisterio y las mutuales, así como las asociaciones de productores y de profesionales. La propuesta debe estar lista el 20 de julio.

El presidente del INA, Minor Rodríguez, restó importancia a las críticas por el nombre de la sede y aseguró que no habían desarrollado el plan integral, porque primero los docentes y el personal administrativo debían “comprender el concepto” de este modelo de asociación.

“Los cambios de nombre a veces no son tan relevantes; en este caso, tal vez cobra relevancia por tratarse de economía social solidaria. En el INA, los cambios de nombre se han dado siempre (…). En ese centro se siguen dando los mismos cursos de siempre”, enfatizó Rodríguez.

La Auditoría hizo el informe por solicitud de uno de los directores del INA, Jorge Muñoz Araya, para determinar si la Junta Directiva había sido “inducida a error” con el cambio de nombre.

Contradicciones. La incursión del INA en la enseñanza de la economía social solidaria responde a lineamientos del Gobierno de darle mayor importancia.

Los principales promotores son Víctor Hugo Morales Zapata, diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y amigo cercano al presidente, Luis Guillermo Solís, y el viceministro de Trabajo, Hárold Villegas.

Morales lidera una comisión en el Congreso que redacta un proyecto para definir en qué consiste ese modelo. Aunque el término ya se incluyó en la Estrategia Nacional de Empleo.

Sin embargo, el legislador culpó al ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, de intentar minar esa iniciativa de ley, que también es cuestionada por Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

“Don Víctor seguramente ve mucho más conveniente mantener buenas relaciones con el presidente de la Uccaep antes de confrontar (…). Lo que sí le puedo decir es que mi compañero ministro ha manifestado en reuniones que para qué economía social, si existe cooperativismo”, aseguró Morales Zapata.

La Nación intentó conocer la versión de Morales Mora, pero tras explicarle a su periodista, Geovanny Díaz, sobre las declaraciones de Morales Zapata, este dijo que era “complicado” poder hablar con el ministro.

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¿Por qué el Gobierno decidió impulsar la economía social?

Queremos fortalecer la asociatividad, organizaciones que ya están en el país como las cooperativas, como las asociaciones. Hay muchas organizaciones que están en la informalidad. En los últimos 30 años, Costa Rica privilegió al mercado externo, a todas las transnacionales y las zonas francas. Pero descuidó el mercado interno. Entonces, no es nada nuevo, es algo que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la ONU (Organización de Naciones Unidas) están recomendando para la generación de trabajo digno y también porque eso es fortalecimiento del mercado interno.

¿Cuál es el objetivo de crear una ley sobre economía social ?

Lo que se quiere hacer es una ley marco, muy general, y que esta ley marco venga a articular todas las leyes que ya están en el país, no es una nueva ley, no es nada contrario a lo que ya se está haciendo acá.

¿Están redactando el texto?

El Ministerio de Trabajo no está impulsando ninguna ley, si dentro de unos meses aparece un expediente, eso sería en la Asamblea Legislativa y, seguramente, los diputados nos van a consultar a nosotros, y en ese momento opinaremos.

¿Deben tener las organizaciones de la economía social un trato diferente, exoneraciones o en compras públicas?

¿Por qué las zonas francas no pagan impuestos? Es decir, ha habido políticas que le han dado un trato diferenciado a ciertas organizaciones. Hoy las asociaciones solidaristas y cooperativas tienen un tratamiento diferenciado. Creo que debería discutirse si toda la economía social debería tener ese tratamiento diferenciado… creo que debería discutirse. En compras del Estado, estaría a favor que se discuta si debe haber una cuota; es decir, que el Estado designe un porcentaje para que les compre a las cooperativas y asociaciones.

¿Debe existir temor?

No, son solo prejuicios, pues este Gobierno es respetuoso de la propiedad privada.

Luis Guillermo Solís avala inclusión de economía social en planes deI INA

El presidente Luis Guillermo Solís aprueba los ajustes que realiza el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para incorporar la enseñanza de conceptos de la economía social solidaria en sus planes de estudio.

“No veo por qué no pueda ser uno de los puntos del currículo. No es que el INA se vaya a convertir en el instituto de formación en economía solidaria, pero es una alternativa (…). No veo cuál es el problema con ello”, declaró Solís este miércoles.

Al mismo tiempo negó que la modificación en la oferta académica para incluir conceptos como el cooperativismo y el sindicalismo, tenga como objetivo la imposición, dentro del Instituto, de una ideología política.

Según el mandatario, el temor a que se instruya a los estudiantes en doctrinas de izquierda, como lo expresaron empresarios y algunos diputados, es una “opinión adelantada que no corresponde a la realidad”.

Alegó que la economía social solidaria tiene una larga existencia en Costa Rica con el cooperativismo y no están importando modelos de otros países.

“Hay una ideologización que se mira en las expresiones de las cúpulas empresariales (pero) que no la veo por ningún lado”, adujo, aunque reconoció que desconoce el contenido de esa nueva materia que el INA imparte en sus sedes.

“Todavía no conozco el currículo de esos cursos, pero me gustaría verlo para ver si efectivamente existen esas amenazas”, dijo Solís al responder la consulta de un periodista mientras estaba en la Cancillería, donde entregó credenciales a seis embajadores.

Cuestionamientos. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y los diputados Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), mostraron recelo ante los ajustes que hace el INA para incluir esa materia.

La preocupación nace porque, según ellos, el Poder Ejecutivo no ha definido cuáles serán los alcances del término de “economía social solidaria” en el país.

Ellos coinciden en que los objetivos del Instituto no contemplan la enseñanza de este modelo de asociación, el cual, además del sindicalismo y cooperativismo, incluye al solidarismo, el Magisterio y las mutuales, así como a las asociaciones de productores y de profesionales.

La Uccaep también cuestiona que la Junta Directiva del INA no haya aprobado los ajustes.

De acuerdo con el presidente de la organización, Ronald Jiménez, los tres representantes del sector empresarial en la directiva niegan un acuerdo al respecto.

“Cursos de Economía Social Solidaria o de cualquier otro tipo de teoría económica existente está ajeno a los fines y funciones que legalmente le corresponden al INA”, enfatizó Jiménez.

Presidente ejecutivo del INA sobre enseñar economía social solidaria: ‘No es impuesto por la izquierda’

¿Por qué enfocar el INA en economía social solidaria?

Si los ayudamos a asociarse, a fortalecer los encadenamientos y la relación que puede haber con el ecosistema empresarial, eso les puede ayudar a ser más sostenibles.

¿Se busca socavar la empresa privada?

Al principio, se sintió una reacción de los empresarios. Empezaron a tener ciertos temores de que hablar de economía social tenía relación con hablar de izquierda y nada que ver. Pueden convivir perfectamente los dos modelos y ninguno sustituye al otro.

Presidente ejecutivo del INA: ‘No es impuesto por la izquierda’

Presidente ejecutivo del INA: ‘No es impuesto por la izquierda’

¿Es doctrina de izquierda?

No es impuesto por la izquierda. Es un producto costarricense.

¿Si un estudiante quiere conformar una sociedad anónima?

El emprendedurismo es una decisión de la persona, pero también hay que darle las posibilidades para que elija. A veces es un riesgo lanzarse solo en vez de hacerlo con otros.

Dice que no está favoreciendo ningún modelo, pero hay pancartas en las que llaman al estudiante a priorizar el interés colectivo, ¿por qué?

No estoy diciendo que uno sea malo y el otro bueno. Solo que hay dos modelos. Simplemente estamos atendiendo un modelo de gestión que no se estaba atendiendo.

La Ley del INA no habla de economía social solidaria…

Todo lo que sea fortalecer la economía de las familias de este país, es una responsabilidad del INA.

MAS SOBRE ESTE TEMA

Grandes cooperativas y educación privada pagarían impuesto sobre la renta

Las grandes cooperativas y la educación privada pagarían impuesto sobre la renta de prosperar el proyecto de ley para reformar ese tributo, cuyo borrador sometió a consulta el Ministerio de Hacienda a partir de este martes y hasta el próximo 27 de marzo.

El proyecto de reforma al impuesto sobre la renta plantea que únicamente las micro y pequeñas cooperativas no pagarán ese impuesto en caso de prosperar las modificaciones propuestas por Hacienda.

El proyecto va de la mano con una reforma que convertiría el actual impuesto sobre las ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cooperativas en la mira

Según el artículo 3 del proyecto para modificar el impuesto sobre la renta, las cooperativas que serían exentas del pago del impuesto sobre la renta serían aquellas declaradas como micro, pequeñas o medianas empresas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), o bien, que se dediquen a la venta de electricidad y que tengan precios regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En cuanto a las asociaciones solidaristas, la exención se aplicará sobre los aportes de sus asociados, no así en las rentas que generen esos ingresos que constituyan una actividad lucrativa.

La reforma también incluirá entre las entidades sujetas al gravamen sobre la renta al Instituto Costarricense de Electricidad por los ingresos que reporte por telecomunicaciones-no así por la venta de electricidad-y al Banco Popular.

Sobre la educación privada, el proyecto de ley establece que quedará gravada con renta en todos sus niveles académicos, con independencia de la figura jurídica adoptada por la empresa que ofrezca esos servicios.

El proyecto de cambios a la ley del impuesto sobre la renta también incorpora modificaciones para limitar la deducción de intereses del pago del tributo por parte de las empresas. Esto con la finalidad de evitar la subcapitalización.

La iniciativa también propone regular los precios de transferencia.

En relación con la tasa del impuesto, el proyecto establece que quedará en un 30% para las personas jurídicas y entre un 10 y un 25% para las personas físicas y para las micro y pequeñas empresas.

Otra modificación que llama la atención es la que propone Hacienda para gravar con una tarifa del 15% el pago de la cesantía sobre el exceso del tope máximo de 8 años.

IVA con nueva tasa

La propuesta para reformar el tributo sobre las ventas también propone cambios sustanciales en caso de que el país adopte el IVA.

La principal diferencia que sugiere Hacienda es un aumento en la tasa del impuesto del 13% actual a un 15%. A esa nueva tarifa se llegaría dos años después de la aprobación del proyecto, en tramos de un 1% anual.

El proyecto exime del pago del IVA a las empresas localizadas en zonas francas, a la educación y la salud privadas. En este último caso se aclara que los servicios de hospitalización y de cirugía sí tendrán que pagar la tasa normal del IVA.

Hacienda propone la creación de una canasta básica tributaria que se establecería por decreto ejecutivo y cuyos componentes no pagarían el impuesto.

Algunos de esos elementos serían el transporte terrestre y el cabotaje, las medicinas, productos veterinarios, insumos para la producción agrícola, pecuaria y la pesca, los libros, siempre que sean impresos y las comisiones, intereses y servicios ligadas a los préstamos que otorgan las entidades bancarias reguladas.

Asimismo, el proyecto menciona que quedarán exentos los alquileres de casas de habitación cuanto la renta sea igual o menor a un salario base (¢403.000).

El servicio de agua sería exento siempre que el consumo mensual sea inferior a 40 metros cúbicos.

Actividades recreativas más caras

Por otra parte, Hacienda está proponiendo condicionar la exoneración de actividades científicas, culturales, deportivas y artísticas siempre que sean sin fines de lucro.

El proyecto de ley mantiene vigente la negociación cerrada por el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) con el sector industrial en cuanto a que los empaques, embalajes y las materias primas para construirlos tendrían una tasa diferenciada del IVA de un 5%.

Esa misma tasa se aplicaría a la transferencia de la propiedad de vehículos, aeronaves y barcos usados.

La propuesta también sugiere exonerar del IVA a los servicios ligados a la construcción con el fin de no encarecerla, estos son: ingeniería, topografía, arquitectura y construcción.

Empero, se les aplicará un 5% del IVA durante el segundo año de vigencia de la ley, 10% al tercer año y la tarifa general del 15% al cuarto año; exactamente lo mismo ocurriría con servicios turísticos como alquiler de vehículos y cuadraciclos, guía turístico, transporte de turistas, canopy, rafting, surf, kayaking, paseos en bote, en teleféricos y el bungee.

Ambos proyectos de ley serán enviados por Hacienda para su discusión en el Congreso durante la segunda semana de abril entrante.

Cooperativas evidenciaron su oposición formal a pagar impuestos de renta

Los integrantes del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) aprobaron un documento de oposición que presentarán al Ministerio de Hacienda para solicitar la exoneración del Impuesto sobre la Renta.

Los representantes del edificio cooperativo se reunieron para presentar su oposición formal.

Los representantes del edificio cooperativo se reunieron para presentar su oposición formal.

Los sectores tienen tiempo para presentar sus propuestas hasta el 27 de marzo y según confirmaron las autoridades hacendarias se han presentado 31 consultas a la reforma a la ley de impuesto sobre la renta, 31 al proyecto que reforma el impuesto sobre las ventas y 35 relacionados con otros temas.

“No estamos de acuerdo con la propuesta que pretende imponerle un impuesto del 30% a las cooperativas, incluye como ingresos afectos las rentas provenientes de excedentes distribuidos y pagados por las cooperativas a sus asociados imponiéndoles el pago de un 8%.

Además, porque le aplica un tributo mensual a las personas físicas domiciliadas en el país y para estos efectos en el caso de cooperativas de cogestión y autogestión, la totalidad de la remuneración correspondiente al trabajo será considerada como excedentes y en consecuencia estará gravada por la ley”, destacó.

Es importante aclarar que según lo establece el artículo tres del proyecto para modificar el impuesto sobre la renta, las cooperativas que serían exentas del pago del impuesto sobre la renta, serían aquellas declaradas como micro, pequeñas o medianas empresas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), o bien, que se dediquen a la venta de electricidad y que tengan precios regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

 

Ministerio de Hacienda redactará proyecto de ley para eliminar 200 exoneraciones

Las autoridades del Ministerio de Hacienda analizarán con los representantes del Programa Estado de la Nación eliminar unas 200 exoneraciones que están vigentes. Para eso, redactarán un proyecto de ley, sin incluir la canasta básica y lo entregarán a los legisladores a más tardar el 1 de julio próximo, cuando inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso, según confirmó el viceministro de la cartera, Fernando Rodríguez.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dio detalles del proyecto para eliminar exoneraciones.  CRH.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dio detalles del proyecto para eliminar exoneraciones. CRH.

“Ellos revisaron toda la legislación desde 1950 y encontraron que una de cada 25 leyes creadas desde ese año tienen algún incentivo o exoneración y 200 exoneraciones no tienen mayor sentido, ni uso de vigencia y se pueden derogar”, explicó el viceministro.

En su momento, el anterior ministro de Hacienda, Édgar Ayales, planteó la medida cuando realizó el proceso de diálogo nacional y dijo que también se podrían aplicar exoneraciones a la canasta básica, siempre y cuando, se hiciera un estudio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que permitiera establecer una nueva medición que proteja a los consumidores de más bajos ingresos.

http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/06/viceministro-de-hacienda.mp3

De acuerdo con Rodríguez, lo que deja de percibir en este momento el Gobierno por este tipo de privilegios tributarios ronda casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) que es la estimación del déficit fiscal para este año.

“Claro, mucho de eso se debe a la canasta básica y por eso, hay que analizar cada una de las leyes”, destacó.

Ticos pagan diferencias de hasta 147% por bienes de la canasta básica. CRH

La canasta básica no estará exonerada. CRH

En la actualidad se encuentran, según el Estado de la Nación, 340 leyes aprobadas que contemplan exoneraciones de algún tipo. Esto significa que una de cada veinticinco leyes promulgadas hasta abril de 2013 (un total de 9.141) han creado algún incentivo fiscal.

Muchos de este tipo de beneficios tributarios han sido impulsados principalmente por el Poder Ejecutivo. No obstante, en las últimas tres administraciones el Congreso ha tendido a ser más cauto, pues se han aprobado en promedio tres exoneraciones por año.

Sin embargo, también es cierto que esta práctica se ha reducido en las últimas décadas y el tiempo que tarda la Asamblea en aprobar los beneficios se ha vuelto más extenso.

El documento afirma que un 53% de las leyes registradas no contiene ningún tipo de control y regulación, es decir, que limita a indicar qué se exonera, en varios casos incluso se encontró que la redacción es general y no define en forma explícita el plazo en vigencia de la exoneración.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estima que Costa Rica es la economía de Centroamérica con mayor cantidad de exoneraciones.

El grupo de bienes exentos incluyen alimentos, productos de higiene personal, medicamentos, artículos educativos, insumos para la pesca, así como un amplio grupo de mercancías varias.

Ley de Exoneraciones derogará 141 leyes y establecerá sanciones

El proyecto de exoneraciones denominado “Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”,  listo para ser enviado a la corriente legislativa, incluye la derogación de 141 leyes vigentes que conceden este beneficio.

Archivo/CRH.

Archivo/CRH.

También deroga 60 artículos y 12 incisos de otras leyes que tratan sobe el “no pago” de tributos.

Para compensarlo, la iniciativa define las actividades e instituciones que sí gozarán de exenciones, las cuales están definidas a lo largo de 90 artículos del prospecto.

Según lo especifica el propio texto del proyecto, su propósito es “definir en forma taxativa las no sujeciones y exenciones previstas en el ordenamiento jurídico costarricense”

Además, crea un régimen sancionatorio aplicable a los incumplimientos a la normativa, es decir, que castigará a quienes hagan un uso inadecuado o ilícito de las exenciones para motivos diferentes a los previstos en la ley.

“Para las exenciones aplicables a la importación y compra local de mercancías se regula además, el  otorgamiento, los procedimientos para la liberación, liquidación y traspaso de bienes  exonerados,  y los mecanismos de control para el correcto uso y destino de los mismos”, define.

Asimismo, el texto aclara que en adelante las personas físicas y jurídicas estarán exentas del pago de impuestos únicamente en aquellos casos previstos en dicha ley, salvo en lo que respecta al impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, que tendrán exenciones particulares.

¿Qué queda exonerado?

El proyecto exonera del pago de todo tributo a los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

También define como entidades “no sujetas a tributos” a la Caja Costarricense del Seguro Social, las Municipalidades, el INA, el Incopesca, el Pani, el Inder, el Inamu, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banhvi, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Inec y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

Otros entes descentralizados o autónomos solo tendrán exenciones específicas.

Las medicinas seguirán exentas. CRH.

En el caso de misiones internacionales, las exenciones se basarán en el principio de reciprocidad, es decir, se otorgarán las mismas que reciban las embajadas de Costa Rica en el extranjero.

En el plano educativo,  se exonera de tributos a la importación y compras locales de mercancías y servicios de las instituciones estatales de educación universitaria y parauniversitaria y las juntas de educación de escuelas y colegios.

Los medicamentos y los equipos médicos  para procedimientos no estéticos y para personas con discapacidad  permanecerán exonerados de todo tributo nacional, excepto derechos arancelarios.

Todos los autobuses, los taxis de tecnologías limpias, los vehículos de transporte para discapacitados, así como las bicicletas que cuesten menos de $1.000 tendrán exoneración del 100% de sus impuestos.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja podrán hacer compras locales e importaciones sin pagar impuestos. Las cooperativas no pagarán impuestos nacionales ni municipales.

Tampoco pagarán impuestos las maquinarias, equipos e insumos para la producción agrícola y agrícola orgánica.

Al Comité Olímpico, las federaciones y asociaciones deportivas y recreativas se les exonera del pago de impuestos aplicables a la compra de artículos o implementos deportivos.

Otras exoneraciones atañen a las producciones artísticas, los espectáculos deportivos y públicos, servicios de hotelería, arrendamiento de vehículos a turistas, el transporte aéreo nacional e internacional y los productos manufacturados en Centroamérica.

Lea la lista completa y detallada.

Ley de exoneraciones comprende sanciones

El proyecto de ley indica que los beneficiarios de exenciones tributarias que incumplan sus obligaciones incurren en la comisión de infracciones administrativas y serán sancionados.

Las infracciones administrativas son sancionables, incluso como negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes que tienen los beneficiarios de exenciones.

Estas infracciones son:

Mal uso y destino de bienes exonerados: mercancías exoneradas a las que se les da un uso distinto del previsto en la ley o se les destina para otros fines que no sea para los cuales se  otorgó la exención.

Quien cometa esa infracción será sancionado con una multa correspondiente a dos veces el monto originalmente exonerado, excepto en el caso de mal uso y destino de los vehículos automotores exonerados, en cuyo caso el monto de la sanción corresponde a diez veces el monto originalmente exonerado.

Omisión en la Presentación de Informes: beneficiarios que no presenten los informes periódicos o especiales  requeridos por la Dirección General de Hacienda, dentro de los plazos preestablecidos. Se le impondrá una sanción equivalente a dos salarios base.

Falta de pago de liquidación de tributos: cuando el beneficiario o quien demuestre un interés legítimo, no cancele la obligación tributaria una vez vencido el plazo otorgado para su liquidación.

Estos serán sancionados con una multa correspondiente al cincuenta por ciento del monto correspondiente a la liquidación.

De acuerdo con Helio Fallas, vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, este proyecto ya recibió el visto bueno del presidente Luis Guillermo Solís y solo falta que sea enviado al Congreso.

 

Gobierno impulsa iniciativa para exonerar del pago del Impuesto de ventas a los centros de recreo

Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Pese a que el Gobierno de la República busca nuevos impuestos para financiar elhueco fiscal que afronta el país y una ley de exenciones y exoneracionesque agrupe todos estos beneficios, los ordene y elimine los innecesarios, ahora  también impulsa una iniciativa que condonaría del pago del impuesto sobre la renta a todos los centros de recreo y “similares”.

La iniciativa no especifica cuanto podría dejar de percibir el Estado con dicha exoneración, pero plantea que es un proceso necesario, debido a que “con el fin de no perjudicar al sector turístico, específicamente en lo que atañe a los servicios turísticos vendidos bajo la modalidad de planes o paquetes turísticos por las agencias, así como los servicios prestados por los hoteles, se considera que se debe condonar el pago de la deuda generada con anterioridad al 1° de agosto de 2014, por concepto del impuesto sobre las ventas”.

Según la exposición de motivos, muchos de estos centros de recreo no cobraron nunca el impuesto de ventas por considerarse que no entraban en el gravamen determinado en el artículo 1, inciso c) de la Ley, por lo que en Hacienda aducen que de hacerse un cobro retroactivo, esto perjudicaría al empresario.

“En el caso específico de las actividades y empresas calificadas como turísticas por el Instituto Costarricense de Turismo y que no cobraron el impuesto general sobre las ventas a sus clientes, se considera que debe condonarse el pago del impuesto, intereses y multas, a efectos de no efectuar un cobro retroactivo de este impuesto, en razón de las posibles repercusiones que pueda darse en la industria turística, por tratarse de actividades muy sensibles a los cambios económicos nacionales e internacionales”, indica la iniciativa.

El proyecto consta solo de dos artículos y dos transitorios. En ambos artículos establece que la condonación del pago del impuesto cubre exclusivamente a las empresas o actividades turísticas que no se habían inscrito como contribuyentes del impuesto general sobre las ventas y que han prestado servicios por medio de centros de recreo o similares, siempre y cuando cumplan con el requisito de inscribirse como contribuyentes de este impuesto ante la Administración Tributaria.

En la comisión de turismo de la Asamblea Legislativa, Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, pidió a los diputados archivar tanto un proyecto presentado por el Movimiento Libertario (ML) que lo que busca es gravar dichos centros de recreo y el presentado por la congresista Karla Prendas, que pide exonerar del pago de impuestos la compra e importación de vehículos destinados a la función turística.

“Nosotros tenemos un criterio que hemos venido aplicando, y que cuando por algún elemento de control de algunas de estas empresas, entra dentro del radar de control del Ministerio, entonces, no le pedimos que inicie a cobrar impuestos, sino le pedimos que se ponga al día, hasta atrás los cuatro años que la ley nos permite hacer, y eso le podría estar originando problemas, ahí nosotros entendemos que esa situación se haya dado desde esa perspectiva y para no crear problemas, yo ahí sí creo que el proyecto que presentamos, que es el que ve el tema de turismo y se presentó el año anterior, si crea un espacio para hacer, es decir, un borrón y cuenta nueva, una especie de amnistía y una moratoria hacía adelante”, dijo el viceministro.

Mientras Gobierno habla de impuestos, proyecto de economía social solidaria crearía exenciones para ciertos grupos

Mientras por un lado el gobierno busca la aprobación de una serie de nuevos impuestos con el fin de resolver el problema del déficit fiscal que agobia al país, por otro lado el proyecto de ley que establece el modelo de Economía Social Solidaria (ESS) para Costa Rica señala que las empresas bajo ese régimen estarían completamente exentas de impuestos, tanto nacionales (renta, ventas y de aduanas) como de impuestos municipales.

Las empresas cobijadas en la economía social solidaria no pagarían impuestos.  CRH.

Las empresas cobijadas en la economía social solidaria no pagarían impuestos. CRH.

Esto fue fuertemente criticado por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Víctor Ruíz, quien aseguró que la figura de ESS representa una competencia desleal contra las empresas privadas formales y no contribuye en nada a los graves problemas fiscales del país, porque reduce el tema de la recaudación.

Se aprueban en total cinco exenciones de impuestos para las empresas que se cobijan bajo este régimen. Entre ellas, la exención del pago del impuesto territorial por un término de diez años, a partir de la fecha de su inscripción legal.

Además, no pagarán del todo el impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales para su funcionamiento.

Tampoco pagarán el cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado, timbres, y derechos de registro en los documentos otorgados por ellas en favor de terceros o de éstas en favor de aquellos y en todas las actuaciones judiciales en que tengan que intervenir, activa o pasivamente.

La cuarta exoneración es que no pagarán los impuestos nacionales ni municipales, los bienes que las entidades de la ESS adquieran para el “normal desarrollo de sus actividades”. Es importante señalar que la ley no define qué es ese “desarrollo normal”.

También, estarán exentas del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, libros de texto, tecnología especializada, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, hierbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias siempre que en el país no se produzcan de calidad aceptable, o que la producción nacional no sea suficiente para abastecer el mercado.

Además, especifican que dichas empresas serán sujetas de los beneficios del Sistema de Banca para el Desarrollo, conforme la Ley 8 634.

El economista Victor Hugo Céspedes, aseguró que hay que tener en cuenta cuáles serían las empresas que podrían gozar de estos beneficios y el costo que representaría eso para el Gobierno sin embargo el proyecto de Ley de Economía Social Solidaria no lo especifica.

“No tengo muchos elementos de juicio, pero es injusto tal y como pasa con las cooperativas que están exentas de impuestos y cuentan con utilidades altísimas”, destacó.

La economista, Roxana Morales, del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Nacional (UNA), manifestó que el proyecto no lo ha analizado pero que hay que tener cuidado con el impacto que esto podría tener para la economía nacional, sobre todo por las exoneraciones.

“Cambiar la estructura tributaria debería de someterse a consulta porque las exoneraciones ya existen y se han aprobado para las empresas de zonas francas y para las pequeñas y medianas empresas en cortos períodos de tiempo, mientras puedan consolidar su compañía, pero eso requiere una discusión nacional”, destacó.

Aspirantes a convertirse en entidades de la ESS

a) Asociaciones Cooperativas reguladas por la Ley N. 4179 de Asociaciones Cooperativas del 22 de agosto de 1968.

b) Asociaciones Solidaristas reguladas por la Ley N.6970 de Asociaciones Solidaristas del 7 de noviembre de 1984.

c) Asociaciones Comunales reguladas por la Ley N.3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad del 7 de abril de 1967.

d) Asociaciones de la ESS reguladas por la Ley N. 218 de Asociaciones, del 8 de agosto de 1939.

e) Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS); de acuerdo a la Ley N. 2726, Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, del 14 de abril de 1961 y a la Ley N. 218 de Asociaciones, del 8 de agosto de 1939.

f) Sociedades Anónimas Laborales reguladas por la Ley N. 7407, Ley de Sociedades Anónimas Laborales, del 12 de mayo de 1994.

g) Organizaciones Gremiales y de Productores, que agrupan y prestan servicios a sus asociados, al amparo de la Ley N. 218 de Asociaciones, del 8 de agosto de 1939.

h) Fundaciones que desarrollan o promueven los fines de la ESS, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N. 5338, Ley de Fundaciones, del 28 de agosto de 1973.

i) Organizaciones de Trabajadoras y Trabajadores constituidas para dar continuidad a empresas privadas o sociedades mercantiles en proceso de liquidación y quiebra, al amparo de la Ley N. 218 de Asociaciones del 8 de agosto de 1939.

j) Forman parte también como entidades de la ESS, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Asociaciones Solidaristas, la Caja de ANDE, los Fondos de Préstamos de Empleados de Entidades Públicas y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

 

Excelente Iniciativa, Lástima Que Siempre Haya Políticos y Empresarios Tradicionales Que Se Opongan

Una Excelente Iniciativa Surgió Desde el Seno del Gobierno, el “INA enseña ‘economía social solidaria’ en sus clases”;

“A pedido del Gobierno, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) está modificando sus planes de estudio para incluir la enseñanza de conceptos de la economía social solidaria, como cooperativismo y sindicalismo. De esta forma, la institución creada hace 50 años para brindar capacitación técnica gratuita, hace ajustes para incluir en todas sus clases una materia que genera recelo y temor entre empresarios y diputados.”…

Lástima Que Siempre Haya Políticos y Empresarios Tradicionales Que Se Opongan, “Diputados tienen la economía social solidaria en la mira”;

“Inquietos. Los ajustes en los programas de capacitación del INA encendieron las alertas en el sector empresarial y en algunos diputados, quienes temen que a los alumnos se les instruya con doctrinas de izquierda.

La preocupación nace porque, según ellos, el Poder Ejecutivo no ha definido cuáles serán los alcances del término de “economía social solidaria” en el país.

Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo temer que el Instituto pueda modificar sus prioridades. “Vemos con gran preocupación que se le vaya a cambiar al INA su objetivo, que es capacitar personal técnico (…).

”El INA tiene una función muy definida y es aprovechar los fondos del sector empresarial para formar personal técnico, darles empleo a los costarricenses y darle mano de obra al sector empresarial. No quisiéramos verlo dando cursos, por ejemplo, de doctrina política”, dijo Jiménez.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rosibel Ramos, también duda. “Sabemos que en Venezuela y en otros países se iniciaron programas de este tipo y a nosotros nos preocupa mucho que eso mismo se quiera hacer en Costa Rica”, aseveró.

Ottón Solís, legislador de Acción Ciudadana, consideró que el INA podría estar violando la Carga Magna al incluir este concepto en sus planes de estudio.

“El INA fue creado para que capacitara a trabajadores, para que aprendieran oficios, para que aprendieran de administración. No fue creado para que aprendieran una forma ideológica de organizar la actividad productiva.

”La Constitución reconoce la empresa privada y formas asociativas de producción como el cooperativismo, pero complementando, no compitiendo”, dijo.

Minor Rodríguez, jerarca del Instituto, replicó que el cambio no pretende bajar la atención a la industria normal. “Pero, ciertamente, hay que favorecer a los pequeños productores, emprendedores y empresarios para que puedan, de alguna manera, asociarse en figuras de economía social”, aseveró.”…

Inquietos, Sí, Pero Porque la Economía Neoliberal Que Han Profesado Por Años, Se les Salga de las Manos; Y, Porque la Plutocracia Que Nos Gobierna, Pueda Perder Su Influencia y Poder, Si los Técnicos y Especialistas Que Tanto Necesitan Abren los Ojos y Ven Que Pueden Existir Otros Modelos Empresariales Alternos al Capitalismo Neoliberal, Que Respeten Tanto los Derechos de la Empresa, Como los del Trabajador, Mediante el Solidarismo.

Es Por Eso Que Temen Tanto Que;

“La entidad ya inauguró en San Pablo de León Cortés, una sede especializada en ese modelo, donde su personal está recibiendo capacitación para transmitir luego el nuevo conocimiento. En dicho recinto, rótulos con leyendas como “Priorizar los intereses del colectivo sobre los individuales” decoran paredes.

Además, en el Instituto se utiliza un documento titulado La economía social solidaria como instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible , como base para el proceso de formación de los docentes. El texto reza que la “empresa de capital tiene poca o ninguna conciencia crítica del trabajador” y que las firmas de la economía social solidaria son “un instrumento formador de compromiso y conciencia crítica.”…

Y Como Siempre, Todos y Cada Uno, Utiliza la Falacia, Para Hacer Pasar Por lo Contrario a lo Que Verdaderamente Son las Cosas.

Veamos: Constitución Política De la República De Costa Rica

Titulo V Derechos y garantías sociales

Articulo 50. El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y él más adecuado reparto de la riqueza…

INA Msión, Visión y Valores

El Instituto Nacional de Aprendizaje como entidad rectora de la formación y capacitación de los recursos humanos que demanda el país, fundamenta su trabajo en los siguientes postulados:

MISIÓN

“Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país.”…

En Otras Palabras, la Misión del INA Está en Total y Completa Concordancia Con el Artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Hecho Que Se Refuerza con Leyendas Como “Priorizar los intereses del colectivo sobre los individuales”.

Ah, Pero Hay Más, Continúa el Artículo 50 de Nuestra Constitución Política

“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.”…

Lo Que Está También, en Total Concordancia Con el “documento titulado La economía social solidaria como instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible , como base para el proceso de formación de los docentes.”…

Y Todavía Hay Más, Sigue el Artículo 50 de Nuestra Constitución Política 

“El Estado garantizara, defenderá y preservara ese derecho. La ley determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”…

Que Es Precisamente lo Que Hizo el Estado (Gobierno): Garantizar, Defender y Perseverar el Derecho al “mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y él más adecuado reparto de la riqueza.”…

¡Permitiendo al INA la Enseñanza de la ‘economía social solidaria’ en sus Clases!

Y Es que, Como Señala, el “Presidente ejecutivo del INA: ‘No es impuesto por la izquierda’; Yo Más Bien Diría que, Es Un Tributo a Solidaridad Social y Empresarial de Este País.

VISIÓN (INA)

Ser la Institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país”.

Fue aprobada en el Acuerdo de Junta Directiva N°046-2011 JD

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