1- Una Solución a Medias, No Es Solución

El país cuenta con 5.268 kilómetros de rutas nacionales; Según, “Informe de Lanamme revela urgencia de intervenir 12% de carreteras del país”.

Eso Significa que, “604 kilómetros de las rutas nacionales se encuentran en pésimos estados de calidad.”…

Para Empeorar las Cosas, “El documento las clasifica en rehabilitación menor, rehabilitación mayor y reconstrucción mayor. En esta última categoría se encuentran 237 kilómetros, es decir el 4,87% del total.”…

Así las Cosas, Para Cualquiera Es Obvio Que, ¡Urge Una Solución!

Así las Cosas, el Triunvirato del Mal: MOPT-CONAVI-CNC, “Ministerio de Transportes quiere nueva planilla en ente sustituto del Conavi”;

“Eliminar el régimen de Servicio Civil es la principal condición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para crear el nuevo Instituto Nacional de Infraestructura (INI). Esta entidad pasará a tomar el lugar del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en caso de ser aprobado el proyecto de ley presentado este martes.

La idea del Gobierno es quitarse de encima la normativa de la Dirección General del Servicio Civil para tener la potestad de hacer los cambios de personal que necesite el INI. El jerarca del MOPT, Carlos Segnini, enfatizó que el Instituto debe nacer sin las ataduras presentes en ese régimen.”…

Una Solución a Medias: “Eliminar el régimen de Servicio Civil, para tener la potestad de hacer los cambios de personal que necesite el INI.”;

¡NO ES SOLUCIÖN!; Ya Que, Falta, LA OTRA MITAD

El Modelo de Contratación de Obra Pública a Empresas Privadas Es la que Ata al MOPT y le Impide Diseñar, Contruir y Planificar Infraestructura Vial a Futuro.

Quitarse de Encima la Normativa (el Conavi); Así Como la de Concesión de Obra Pública a Empresas Extranjeras (el CNC); ES LO QUE PERMITIRÁ AL MOPT SALIR ADELANTE Y VOLVER A SER EL ENTE RECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN EL PAÍS.

Así que, Tomo las Palabras del Ministro Segnini, Y les Incorporo Un Pequeño Cambio Adrede;

“Si llega a la Asamblea Legislativa (el INI) y lo Meten Sin Eliminar el CNC y el Conavi, Señores Diputados, Mejor Mátenlo (el Proyecto) de Una Vez.”

”Mejor No Creamos Nada, Porque, Si No Van a Eliminar el CNC y el Conavi.  Estaríamos Creando Casi lo Mismo y Eso No Tiene Sentido.”

2- Los Aguacates y los Cerdos del Libre Comercio

Cada costarricense consume por año 17 aguacates importados”;

“Se estima que el 60% de la demanda total de aguacate se satisface con producto local.”… Y Muy Probablemente el 100% Se Podría Satisfacer Sí el Gobierno, el MAG y la Banca de Desarrollo Apoyaran al Productor Nacional y Se Crearan Programas Para Tecnificar la Agricultura y la Producción Nacional.

Pero Eso NO ES LO QUE IMPORTA A LOS NEOLIBERALES DEL LIBRE COMERCIO Y A SUS APODERADOS EN EL COMERCIO NACIONAL; PARA ELLOS LO QUE IMPORTA ES;

“Los 82 millones de aguacates (importados de México) son equivalentes a 12 millones de kilos de la fruta esto es, $21 millones.”…

En Otras Palabras, $21 Millones Que Podría Estar Recibiendo Nuestros Productores Nacionales, SÍ LA PRIORIDAD DEL COMEX  NO FUERA QUEDAR BIEN CON SU CONTRAPARTE MEXICANA Y CON LOS IMPORTADORES NACIONALES, LOS INTERMEDIARIOS COMERCIALES Y LOS DUEÑOS DE LAS GRANDES CADENAS DE SUPERMECADOS ¡POR SUPUESTO!

Prueba de Eso Es que, el “Agro protesta en Casa Presidencial para solicitar más apoyo ante crisis del sector”;

“La Alianza, la cual está formada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), el Consejo Nacional de Cooperativas y la Unión de Pequeños Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav), asegura que existe una ineficiente administración de los tratados de libre comercio, razón por la cual el sector enfrenta caídas en las ventas.

LEA: Exportaciones de bienes cayeron un 17% en primeros cinco meses

Agrega que esta situación lleva a importar productos, mientras Costa Rica no logra colocar los suyos en los distintos mercados. El presidente de la CNAA, Juan Rafael Lizano, detalló que Costa Rica debe aplicar acuerdos internacionales de comercio, que sean eficientes tal como los demás países se los aplican a los productores ticos. La Cámara Nacional de Porcicultores, afiliada a la CNAA y que apoya la protesta, también denuncia que no existe un cumplimiento con las disposiciones comerciales.”…

Mas Claro No Canta Un Gallo

 

3- El Mundo al Revés: Cuando la Excepción Hace la Regla

Los “Jueces impedidos para imponer sentencias superiores a 25 años”;

“Los jueces penales no pueden imponer penas superiores a los 25 años de prisión debido a que la Sala Constitucional acogió para estudio una acción que cuestiona la reforma de mayo de 1994, que pasó de 25 a 50 años la sanción máxima a imponer.”…

La “Defensa Pública pide a Sala IV el cierre técnico de 10 cárceles”;

“Las constantes violaciones a los derechos humanos de los reos durante la última década, llevó a que la Defensa Pública presentara un recurso de amparo contra el Estado costarricense y pidiera el cierre de 10 cárceles.

El escrito, de 103 páginas, llegó el jueves a la Sala Constitucional y se tramita en el expediente N.° 15-9213-0007-CO, aún en estudio de admisibilidad.”…

Los “Tribunales analizan suspender juicios con posibles penas altas”;

“Los tribunales de justicia analizan cuáles juicios por delitos cuya posible pena por imponer supere los 25 años de prisión, deben suspenderse a raíz de la acción de inconstitucionalidad que acogió la Sala IV.

Mediante una resolución del 23 de junio, los magistrados frenaron la aplicación de dos artículos del Código Penal (51 y 76), que son la base para fijar penas de prisión de hasta 50 años.”…

No Hace Falta Ser Un Psicólogo Cínico Para Saber Que la Excepción No Hace la Regla, Que Es Al Revés, Que Un Psicópata, Un Violador, Un Pederasta, Un Sicario, Un Asesino a Sueldo, Un Narcotraficante, Un Pandillero de Mara, … Etcétera.

NO SE REHABILITA, EL QUE LO HACE ES LA EXEPCIÓN, NO LA REGLA

Por lo Tanto, Lo Que Hace Falta Es Aumentar las Penas Para Ese Tipo de Delincuentes Que No Se Rehabilitan, Que No Pertenecen a la Sociedad, Que de Salir Libres, Indudablemente Irán a Delinquir Más, A Causar Más Daño a la Sociedad, a la Ciudadanía, a la Propiedad, a la Vida.

Por lo Tanto, Hay Que Construir Más Cárceles, No Menos, Para Inhabilitar de Por Vida a Estos Reos, Ya Que, Ciertamente, el Hacinamiento Es Inhumano, Pero Igualmente Es Inhumano y Viola Todos los Derechos Civiles, No Sólo los de Una Persona, El Exponer a la Sociedad A Esa Clase de Criminales y Delincuentes.

El tedio mañanero es parte de la rutina en la General Cañas y en Curridabat.

El país cuenta con 5.268 kilómetros de rutas nacionales.

Informe de Lanamme revela urgencia de intervenir 12% de carreteras del país

El sexto informe de Evaluación de la Red Vial Nacional del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) revela que el 12% de los 5.268 kilómetros de carreteras necesitan una intervención urgente.

De acuerdo con el Lanamme, 604 kilómetros de las rutas nacionales se encuentran en pésimos estados de calidad.

El documento las clasifica en rehabilitación menor, rehabilitación mayor y reconstrucción mayor.

En esta última categoría se encuentran 237 kilómetros, es decir el 4,87% del total.

Por otra parte, 1.707 kilometros (35%) está en la categoría de mantenimiento y preservación, 2.553 (52%) en mantenimiento y recuperación.

El país cuenta con 5.268 kilómetros de rutas nacionales.

Guillermo Loría, vocero del Lanamme, manifestó que está evaluación debe ser una herramienta para la planificación de inversión en carreteras.

Según datos del Conavi, un 10% de los empleados ha congelado sus plazas y se ha ido a otros trabajos en vista de la incertidumbre que rodea la entidad. La planilla del Consejo tiene un costo de ¢351 millones al mes, aproximadamente.  | GRACIELA SOLÍS.

Según datos del Conavi, un 10% de los empleados ha congelado sus plazas y se ha ido a otros trabajos en vista de la incertidumbre que rodea la entidad. La planilla del Consejo tiene un costo de ¢351 millones al mes, aproximadamente. |

Ministerio de Transportes quiere nueva planilla en ente sustituto del Conavi

Eliminar el régimen de Servicio Civil es la principal condición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para crear el nuevo Instituto Nacional de Infraestructura (INI).

Esta entidad pasará a tomar el lugar del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en caso de ser aprobado el proyecto de ley presentado este martes.

La idea del Gobierno es quitarse de encima la normativa de la Dirección General del Servicio Civil para tener la potestad de hacer los cambios de personal que necesite el INI.

El jerarca del MOPT, Carlos Segnini, enfatizó que el Instituto debe nacer sin las ataduras presentes en ese régimen.

“Si llega a la Asamblea Legislativa y lo meten dentro del Servicio Civil, señores diputados, mejor mátenlo (el proyecto) de una vez.

”Mejor no creamos nada si lo van a meter dentro del Servicio Civil. Estaríamos creando casi lo mismo y eso no tiene sentido”, afirmó Segnini.

Si el plan logra luz verde, los 346 empleados del Conavi tendrán tres opciones de salida.

Los funcionarios con cinco años o menos para obtener su pensión pasarán al MOPT hasta que se jubilen.

A los trabajadores que no cumplan esa condición se les buscará acomodo en otras entidades públicas que estén bajo el régimen de Servicio Civil.

Por último, a las personas que no quieran continuar como funcionarios públicos, se les liquidará con todos sus derechos.

Un grupo de empleados sería recontratado por el INI, pero no se detalló la cantidad.

Segnini tampoco precisó la cantidad de puestos que requerirá la nueva organización.

Édgar Morales, secretario adjunto de la Unión Nacional de Trabajadores, denunció que fue hasta este martes que los empleados conocieron las alternativas.

“No las conocíamos formalmente, no por escrito. Es más, aún no se nos ha dado por escrito”, comentó el líder sindical.

Morales agregó que estudiarán el texto propuesto para tomar una posición al respecto.

Estructura. El proyecto de la propuesta establece un periodo de tres años para hacer la transición del INI al Conavi. Este plazo se puede prorrogar por tres más.

Todas las obras viales en ejecución seguirán bajo la supervisión del Conavi.

El INI empezará a adjudicar y vigilar proyectos después de un año de su nacimiento.

El órgano estará regido por una Junta Directiva de siete miembros, un Consejo Técnico Asesor integrado por el sector empresarial (Uccaep), el Instituto Tecnológico Costarricense y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales.

 

Agro protesta en Casa Presidencial para solicitar más apoyo ante crisis del sector

Protesta de los agricultores.

Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.

Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.Protesta de los agricultores.

La Alianza Nacional Agropecuaria realiza una manifestación la mañana de este martes en Casa Presidencial para solicitar más apoyo por parte del Gobierno, ya que el sector enfrenta problemas por la caída de exportaciones.

La agrupación realizó tortuguismo desde las 7 a. m. sobre circunvalación, mientras que otras personas llegaron directamente a Zapote, donde se encuentran con camiones estacionados para hacerle presión a los funcionarios.

La Alianza Nacional Agropecuaria protesta al frente de Casa Presidencial para solicitar mayor apoyo por parte del Gobierno.

La Alianza Nacional Agropecuaria protesta al frente de Casa Presidencial para solicitar mayor apoyo por parte del Gobierno.

La Alianza, la cual está formada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), el Consejo Nacional de Cooperativas y la Unión de Pequeños Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav), asegura que existe una ineficiente administración de los tratados de libre comercio, razón por la cual el sector enfrenta caídas en las ventas.

LEA: Exportaciones de bienes cayeron un 17% en primeros cinco meses

Agrega que esta situación lleva a importar productos, mientras Costa Rica no logra colocar los suyos en los distintos mercados.

El presidente de la CNAA, Juan Rafael Lizano, detalló que Costa Rica debe aplicar acuerdos internacionales de comercio, que sean eficientes tal como los demás países se los aplican a los productores ticos.

La Cámara Nacional de Porcicultores, afiliada a la CNAA y que apoya la protesta, también denuncia que no existe un cumplimiento con las disposiciones comerciales.

El ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), afirmó que desde hace varias semanas las autoridades del sector Agropecuario realizan gestiones para apoyar al sector porcicultor costarricense, para que puedan salir adelante de la crisis de bajos precios que afecta la actividad.

"Bajo la coordinación de la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Ivannia Quesada Villalobos; y el Director del Servicio Nacional de Salud Animal, Bernardo Jaén, las acciones se han concentrado en procurar que la industria cárnica eleve sus compras en unos 3 mil ejemplares de cerdos, especialmente a los pequeños y medianos productores, que son los más vulnerables a las fluctuaciones de precios", explicó la institución.

Agregó que la empresa SIGMA Alimentos adquirirá esta semana unos 500 cerdos y se está coordinando para que el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción incremente la oferta de carne de cerdo al mercado institucional.

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Gobierno se compromete a entregar al sector agro una propuesta en 24 horas

Agro le solicita al Gobierno mayor apoyo para enfrentar problema con la caída de las ventas.

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El Gobierno se comprometió a entregar una propuesta de acción para atender los problemas del sector agropecuario en 24 horas.

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…El grupo representante de los productores estuvo integrado por Juan Rafael Lizano, exministro de Agricultura y presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria; Fabian Segura, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Papa; Luis Roberto Vega, vicepresidente de la Cámara de Agricultura; Guido Vargas, Secretario General de UPA Nacional; Renato Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Porcicultores; Luis Román Chacón, secretario general de UPIAV de Pérez Zeledón; Jesús Villalobos de Conacoop y Rodolfo Coto, exministro de Agricultura…

Cada costarricense consume por año 17 aguacates importados

Se estima que el 60% de la demanda total de aguacate se satisface con producto local.

Se estima que el 60% de la demanda total de aguacate se satisface con producto local.

El aguacate es un invitado frecuente en la mesa del costarricense, sin importar la época del año o las discusiones políticas del momento.

El país compró en el mercado internacional, entre abril del 2014 y marzo pasado, 82 millones de unidades, que se estima ayudaron a satisfacer el 40% de la demanda total de la fruta.

Lo anterior implica que cada habitante degusta, al menos, unos 17 aguacates importados en el año.

Esa es una tendencia que se ha mantenido constante en los últimos cinco años.

La información se desprende de cálculos de La Nación usando datos de importación (en dólares y toneladas) de la Promotora de Comercio Exterior, entre el 2011 y marzo de este año. También se consideró que el peso de un aguacate, de tamaño mediano, es de 150 gramos.

Los 82 millones de aguacates son equivalentes a 12 millones de kilos de la fruta esto es, $21 millones.

El 97% del aguacate importado vino de México, otro 2% tenía el sello peruano y un 1% llegó de Nicaragua.

infografia

No obstante, la cantidad de la fruta que se compra en el mercado internacional ha tenido una tendencia decreciente desde agosto del 2013.

La mayoría de producto era de la variedad Hass, que tiene una semilla pequeña, un exterior rugoso, oscuro y poca agua.

La importación del aguacate Hass tiene en confrontación al sector empresarial y al Gobierno, luego de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) bloqueara las compras mexicanas, el 5 de mayo pasado.

El ente estatal adujo protección de la sanidad agropecuaria porque en ese país está presente la enfermedad de la mancha del sol y esta podría ingresar a suelo nacional. Esa institución entregó, este martes, a la Embajada de México la información que justifica su decisión.

Ahora queda esperar que la institución homóloga mexicana analice los documentos.

La semana anterior, México advirtió a Costa Rica de que podría acudir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el conflicto.

Fruta apetecida. En el mercado mayorista nacional –Centro Nacional de Distribución de Alimentos (Cenada)– se comercializaron casi 2,6 millones de kilos (nacionales e importados) de aguacate entre abril del 2014 y marzo de este año.

Por allí pasa solo el 11% (en kilos) de toda la fruta que reporta Procomer en su estadística de importación, en ese periodo.

El Cenada asegura que el 60% de la demanda total de aguacate se satisface con producto local.

Una consulta a supermercados confirma que la fruta está presente en la dieta del costarricense durante todo el año.

Incluso, este producto, hoy día, es parte de la canasta alimentaria que sirve para calcular la inflación mensual.

“El aguacate es parte de las frutas de consumo regular como la papaya y la piña”, dijo Yolanda Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica.

“Sin considerar las frutas de temporada, ocupa el tercer lugar en consumo (en el área de verduras y frutas). Su consumo es estable. A eso ayuda que la importación sea continua en el año”, dijo.

En Auto Mercado, la fruta también se ubica entre los primeros cinco productos en el área de verduras y frutas.

Anabelle Durán, gerenta de Mercadeo de esa empresa, explicó que los clientes, quienes buscan una vida saludable, estimulan la demanda de la fruta.

En Auto Mercado se vende el aguacate en varias presentaciones: la fruta sola y como parte de un paquete con cebolla y limón, para preparar de manera rápida. También, se ofrece como acompañamiento en las comidas preparadas y como guacamole.

En el último año, Costa Rica importó de México $1.142 millones, de los cuales solo un 3% fue de producto agrícola. Ese porcentaje equivale a $34 millones, de los cuales $20 millones fueron por la compra de aguacate.

 

Jueces impedidos para imponer sentencias superiores a 25 años

Los jueces penales no pueden imponer penas superiores a los 25 años de prisión debido a que la Sala Constitucional acogió para estudio una acción que cuestiona la reforma de mayo de 1994, que pasó de 25 a 50 años la sanción máxima a imponer.

El caso fue acogido para estudio el 23 de junio, a raíz de la acción que interpuso Francisco Madrigal Guerrero, un reo de La Reforma condenado a 70 años de cárcel –en mayo del 2011–por un doble homicidio .

Madrigal alegó que existen vicios en el procedimiento legislativo que reformó los artículos 51 y 76 del Código Penal, mediante la Ley N.° 7.389, del 22 de abril de 1994, que elevó la pena máxima a los 50 años.

Por esa razón, los magistrados ordenaron que, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ningún juez pueda dictar resoluciones finales con base en esos dos artículos hasta tanto no se resuelva la acción.

Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, confirmó a La Nación que los efectos suspensivos se aplican solamente cuando se deban imponer sanciones superiores a los 25 años y no así bajo otros presupuestos legales.

Impacto. Marco Mairena, juez del Tribunal de Apelaciones de Cartago, explicó que la orden, al ser de acatamiento obligatorio, afecta únicamente los juicios cuya eventual pena a imponer esté por encima de los 25 años, ya sea por tratarse de la sanción propia para un delito en particular o por las reglas del concurso material cuando, al haber varios delitos, se fija el triple de la mayor pena impuesta y esta supere los 25 años.

Mairena añadió que los efectos suspensivos tendrían un impacto en aquellas causas donde hay imputados con prisión preventiva, pues deberán mantenerse presos hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva.

Por otro lado, dijo que si se iniciaron debates con eventuales penas de más de 25 años, pero aún no han terminado, podrían anularse si transcurren más de 10 días desde la última audiencia y el momento en que la Sala dicte la resolución.

Según Adaptación Social, 1.000 personas descuentan penas superiores a 25 años,  es decir, cerca del 7% de la población total. Este es uno de los ámbitos del  Mediana Cerrada de La Reforma. | ARCHIVO / JORGE NAVARRO.

Según Adaptación Social, 1.000 personas descuentan penas superiores a 25 años, es decir, cerca del 7% de la población total. Este es uno de los ámbitos del Mediana Cerrada de La Reforma. | ARCHIVO /

Armijo aseguró a este diario que están estudiando el caso con celeridad, para reducir el impacto en todas las causas penales donde no se pueden aplicar las dos normas cuestionadas.

Según dijo, pidieron informes a la Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia y Ministerio de Justicia. Una vez que los reciban, resolverán en las próximas semanas.

Argumentos. El reo Francisco Madrigal planteó varias razones por los cuales debe reducirse a 25 años la pena máxima.

En primer lugar, sostuvo que el aumento de la sanción no tiene un fin de rehabilitación y ha ocasionado que, en la actualidad, se presente un problema crítico: el hacinamiento.

Luego, apuntó que la prisión, lejos de reducir la delincuencia, ha estigmatizado y provocado un daño físico y psicológico al reo. En su criterio, esta situación la advirtió la entonces ministra de Justicia, Elizabeth Odio, cuando se discutía la reforma legal.

Finalmente, consideró que hubo un vicio en el trámite, debido a que la Corte Suprema de Justicia había emitido un dictamen sobre esa reforma de 1994 y la Asamblea Legislativa se separó del criterio. La Constitución Política obligaba a que fuesen 38 diputados los que aprobaran la ley, pero esto se realizó en una comisión plena (con 19 diputados).

Defensa Pública pide a Sala IV el cierre técnico de 10 cárceles

Las constantes violaciones a los derechos humanos de los reos durante la última década, llevó a que la Defensa Pública presentara un recurso de amparo contra el Estado costarricense y pidiera el cierre de 10 cárceles.

El escrito, de 103 páginas, llegó el jueves a la Sala Constitucional y se tramita en el expediente N.° 15-9213-0007-CO, aún en estudio de admisibilidad.

La clausura técnica pretende que no ingresen más reclusos de los existentes en las cárceles El Roble, Sandoval, Cocorí, Pérez Zeledón, San Rafael, La Marina, San Sebastián, Pococí, Gerardo Rodríguez y La Reforma, así como cualquier otra con niveles de sobrepoblación.

El amparo expone que ha habido un patrón de discriminación estructural que atenta contra la dignidad de los reos, ya que las medidas generadas a favor de este grupo son insuficientes.

Además, apunta que ha habido una omisión del Estado en cumplir sus deberes constitucionales hacia los reos por una falta de voluntad política, mala administración de los recursos y la desobediencia a fallos de la Sala IV.

El recurso se presentó contra los Juzgados de Ejecución de la Pena, Defensoría de los Habitantes, los ministerios de Justicia y Paz, y de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Presidencia de la República.

Esas autoridades deberán rendir informes sobre las acciones que hayan tomado con respecto al sistema penitenciario, tanto en denuncias por violaciones a derechos humanos como en el seguimiento a las órdenes judiciales de cierres de centros, recortes presupuestarios y fiscalización.

Según el texto, presentado por Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, la violación “masiva, reiterada y prolongada” es producto de las deficiencias de la estructura política, legislativa y administrativa.

Sistemático. Este recurso se diferencia de cualquier otro amparo, ya que se presenta en favor de toda la población carcelaria y no de un caso en particular.

Por otro lado, expone que el incumplimiento sistemático de los deberes constitucionales y legales del Estado en relación con los reos, se traduce en un trato cruel, inhumano y degradante.

Apunta que mientras en el 2000 había 147,9 reclusos por cada 100.000 habitantes, en el 2012 se elevó a 299,9 y hoy va por 321.

Además, plantea que la violación sistemática se traduce en un estado de las cosas inconstitucional, pues las acciones y omisiones continuadas, que transgreden los derechos, provienen de distintas instituciones y no se atribuyen a un único agente.

Para Marta Iris Muñoz, el problema de la sobrepoblación carcelaria no se limita a la creación de nuevos espacios, sino que debe cambiar el modelo de atención.

Según dijo, no niegan los esfuerzos de Justicia, pero las medidas apenas disimulan el fenómeno. Cristina Ramírez, ministra de la cartera, dijo que se referirá al amparo cuando sea notificada.

En el recurso solicitan que se procese por desobediencia a quienes hayan incumplido sentencias de la Sala IV dictadas para reducir el hacinamiento.

También, que Justicia fije un tope máximo para cada cárcel, según la capacidad real, y que elabore un mecanismo de descongestión. Además, que desarrolle un plan de necesidades de recursos financieros, infraestructura, vehículos y personal para atender a la población y cumplir con el fin resocializador de la pena.

Finalmente, pide ordenar al Ejecutivo presentar presupuestos con recursos financieros para que Justicia cubra sus gastos y Hacienda no los recorte.

Tribunales analizan suspender juicios con posibles penas altas

Los tribunales de justicia analizan cuáles juicios por delitos cuya posible pena por imponer supere los 25 años de prisión, deben suspenderse a raíz de la acción de inconstitucionalidad que acogió la Sala IV.

Mediante una resolución del 23 de junio, los magistrados frenaron la aplicación de dos artículos del Código Penal (51 y 76), que son la base para fijar penas de prisión de hasta 50 años.

Si bien esa orden rige a partir de la publicación en el Boletín Judicial , hasta ayer todavía se encontraba en trámite, pero los despachos judiciales ya se preparan para acomodar agendas.

La acción de inconstitucionalidad, interpuesta por un reo de La Reforma, cuestiona la modificación legal de mayo de 1994, que pasó de 25 a 50 años la sanción máxima, por vicios en el procedimiento legislativo.

Cambios. Para Hugo Porter, coordinador del Tribunal Penal de Goicoechea, una vez que se publique el edicto, habrá un impedimento de orden constitucional para dictar sentencias en los procesos en que se discuta la existencia de delincuencias que en abstracto tengan penas de más de 25 años de prisión.

La acción de inconstitucionalidad también reclama la falta de una ley para la rehabilitación de los sentenciados. El plan de ejecución penitenciaria que existe está paralizado en la Asamblea Legislativa. | ARCHIVO.

La acción de inconstitucionalidad también reclama la falta de una ley para la rehabilitación de los sentenciados. El plan de ejecución penitenciaria que existe está paralizado en la Asamblea Legislativa. | ARCHIVO.

Según su criterio, aquellos procesos que se encuentren dentro de ese rango y por los cuales todavía no haya comenzado el juicio oral y público, no deberán iniciarse. Por otro lado, explicó que si al día de hoy ya hay juicios en trámite, estos deben suspenderse hasta que se emita el fallo final de la Sala IV.

Si desde el momento en que se suspenda ese juicio transcurren más de 10 días, el debate tendrá que ser anulado para que se programe nuevamente.

Ese criterio es compartido por Rodrigo Vásquez, coordinador del Tribunal Penal de Desamparados, quien afirmó que ya estudian cuáles causas suspenderán; indicó que la acción debe resolverse a la mayor brevedad.

“La problemática podría presentarse tomando en consideración que, por lo general, en este tipo de casos, las personas se encuentran privadas de libertad y, al subsistir los peligros procesales, los jueces asignados deberán realizar las prórrogas de prisión. De ahí que se haga de suma urgencia que la Sala Constitucional resuelva en uno u otro sentido a la mayor brevedad”, dijo Vásquez.

La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia fueron notificados el 25 de junio, y un día antes la Corte Suprema de Justicia. Las entidades tienen 15 días para dar a conocer su posición y, a partir de la publicación del edicto, cualquiera puede presentar una coadyuvancia.

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