Uno de los Titulares de La Nación Señala, que el “Gobierno propone bajar 20% a nuevas pensiones estatales”; y Pone Como Foto Principal;

Hay 8.000 funcionarios que aún pueden jubilarse  por los regímenes especiales, entre ellos personal del Ministerio de Obras Públicas. | RAFAEL MURILLO

Hay 8.000 funcionarios que aún pueden jubilarse por los regímenes especiales, entre ellos personal del Ministerio de Obras Públicas.

Inmediatamente la Información Señala que;

“El Gobierno propondrá reducir en un 20% el monto de las nuevas pensiones estatales. El plan persigue bajar la jubilación de 8.000 empleados públicos para que sea equivalente al 80% del salario en vez del 100%, como está en la actualidad.”…

Titular e Información Ciertamente Mal-Intencionados; Ya que, Como Seguidamente Indican;

“Estos funcionarios trabajan en el Poder Legislativo, los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y Transportes, y en el Registro Público. Ellos se jubilarán en las próximas dos décadas, estimó el Gobierno. La iniciativa es parte de un paquete de medidas para reducir el costo de los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.”…

En Otras Palabras, Sólo Afecta a los Privilegiados Funcionarios Públicos Que Se Consideran Especiales Por Recibir el 100% de los Beneficios de Cobertura Salarial en su Pensión.

En Contraste Con Todo el Resto de Pensionados del Régimen de Invalides, Vejez y Muerte (IVM) Que Tan Sólo Reciben el 64% de Cobertura Salarial en su Pensión.

Y Es que, Es Falso que se Pretenda Bajar 20% a las Nuevas Pensiones Estatales; Con Eso Quiero Decir, A Todas, Tan Sólo A;  

“La iniciativa es parte de un paquete de medidas para reducir el costo de los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.”…

Además, el “Ministerio de Trabajo propone ajustar jubilaciones por la fórmula de costo de vida”;

“Entre las medidas está la revalorización por costo de vida . Actualmente, a los jubilados de Hacienda se les actualiza el monto como si aún trabajaran y a los exdiputados un 30% del monto total cada año.”…

¿Por Qué?

Entre Otras Cosas, Porque, “170 pensiones de exdiputados aumentan un 30% cada año”;

“Así lo confirmó la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo. Según esa instancia, la remuneración más alta de este régimen es de ¢6.426.635 (el doble de lo que gana un parlamentario hoy), mientras la más baja es de ¢464.810 al mes. De acuerdo con los datos de la DNP, durante el 2013 el Estado gastó en pensiones para exdiputados ¢11.889 millones, mientras que a junio de este año, el gasto real acumulado llegó a los ¢5.832 millones.”…

Pero Eso No Es Todo, la “Pensión de exdiputados será de ¢200 millones en 30 años”;

“Las pensiones de los exdiputados, pagadas con el presupuesto del Ministerio de Hacienda, son las que tienen el crecimiento más vertiginoso en Costa Rica. Actualmente, los 208 exlegisladores retirados reciben, en promedio, ¢5 millones al mes. Sin embargo, dicho monto se duplicará cada cinco años, y alcanzará ¢200 millones, en dinero de hoy, dentro de 30 años.

Tal proyección se establece en el Informe Actuarial sobre los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional , contratado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del cual La Nación tiene copia .”…

Nuevamente, Pero Eso No Es Todo;

“También se incluye un tope a la pensiones de lujo, de 12 veces el salario base más bajo de la Administración Pública. La aplicación sería para todos los regímenes, incluido el transitorio de reparto del Magisterio Nacional.”…

Nuevamente, ¿Por Qué?

Aparte de que, Una “Pensión de ¢16 millones lidera ranquin de jubilados”; Poner “Límite a jubilaciones ahorraría hasta ¢12.000 millones anuales”.

Tristemente Eso No Pasa, Ya que, a Pesar de que;

“El 5 de agosto, el Gobierno anunció que reduciría a ¢2,3 millones mensuales el pago a 910 pensionados, al poner en práctica una ley de 1998, según la cual el monto máximo de una pensión del Estado es 10 veces el salario más bajo de la Administración Pública”.”…

La Triste Realidad Es que, el “Tope a pensiones de lujo ahorra la mitad del dinero esperado”; Por lo Que;

“El plan anunciado por el Gobierno para ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de pensiones de lujo mediante la imposición de un tope, se desmoronó a la mitad en cuestión de un mes. Las expectativas de ahorro se redujeron a solo ¢5.900 millones luego de que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) informara al Ministerio de Trabajo de que más de la tercera parte de esas jubilaciones está legalmente blindada contra el recorte.”…

Consecuencias Adicionales, el “Gobierno solo recauda un 11% de lo que paga en pensiones a cargo del Presupuesto Nacional”; En Otras Palabras, el “Exceso de beneficios a jubilados pasan costosa factura al Estado”.

Y Es que, Para Empeorar las Cosas, el “Estado incumple ley que pone tope a pensiones desde 1998”; Una “Reforma del 2005 frenó las pensiones por invalidez”; Y “Estudio clave sobre pensiones de la CCSS sufre retraso de tres meses” (27 de abril de 2015); O Sea, Que Dentro de Poco Serán 5 Meses.

Y Es que, Si Mal-Intencionadamente Vemos de Dónde Podría Provenir el Propósito de Estos Retrasos y la Oposición a Que Se Rebajen y/o Modifiquen los Regímenes Especiales de Pensiones Como los de Hacienda o el Magisterio Nacional.

Vemos Que, “133 pensionados de lujo impugnan tope de ¢2,3 millones a sus jubilaciones”; Y Que, la “Sala IV ordena al Gobierno frenar recorte a pensión de lujo”.

Pero, Seguramente, Eso Fue, ¡Sin Querer, Queriendo!

¿O No?… ¿Usted Qué Opina?    

 

 

Gobierno propone bajar 20% a nuevas pensiones estatales

Hay 8.000 funcionarios que aún pueden jubilarse  por los regímenes especiales, entre ellos personal del Ministerio de Obras Públicas. | RAFAEL MURILLO

Hay 8.000 funcionarios que aún pueden jubilarse por los regímenes especiales, entre ellos personal del Ministerio de Obras Públicas.

El Gobierno propondrá reducir en un 20% el monto de las nuevas pensiones estatales.

El plan persigue bajar la jubilación de 8.000 empleados públicos para que sea equivalente al 80% del salario en vez del 100%, como está en la actualidad.

Estos funcionarios trabajan en el Poder Legislativo, los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y Transportes, y en el Registro Público. Ellos se jubilarán en las próximas dos décadas, estimó el Gobierno.

La iniciativa es parte de un paquete de medidas para reducir el costo de los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional .

Los ministerios de Hacienda y Trabajo presentarán el proyecto de ley en las próximas semanas, confirmó José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos de Hacienda. También se quiere que la edad de retiro pase de 55 años a 60 años.

Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, dijo que la aplicación de los nuevos parámetros propuestos de retiro regirían 18 meses después de aprobados.

Los 8.000 funcionarios tienen derecho a pensionarse con mejores condiciones que los jubilados por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), porque comenzaron a trabajar para el Estado antes de julio de 1992, cuando se promulgó la Ley Marco de Pensiones.

Más medidas. La propuesta estatal incorpora, además, restricciones a las 60.000 pensiones financiadas con el pago de tributos y que costarán ¢709.969 millones durante este año.

Entre las medidas está la revalorización por costo de vida . Actualmente, a los jubilados de Hacienda se les actualiza el monto como si aún trabajaran y a los exdiputados un 30% del monto total cada año.

También se incluye un tope a la pensiones de lujo, de 12 veces el salario base más bajo de la Administración Pública. La aplicación sería para todos los regímenes, incluido el transitorio de reparto del Magisterio Nacional.

“Aplicar el tope a 550 jubilados con pensiones altas generaría un ahorro de ¢4.000 millones al año”, dijo Pacheco.

Desde 1998 existe una disposición similar que se comenzó a aplicar hasta el año anterior; pero está bajo análisis de la Sala IV.

El límite a las pensiones de lujo se incorpora en el proyecto actual pues la norma de 1998 es confusa, explicó Hasbum.

La última medida es la aplicación de una cotización solidaria de hasta el 18%. Hoy los pensionados y empleados con derecho a una pensión estatal aportan el 9% de su salario o pensión.

Hasbum dijo que el aporte adicional se crea en un proyecto de ley de la diputada Sandra Piszk, apoyado por el Gobierno, pero excluirán pensiones de menos de ¢500.000 al mes.

Jorge Regidor, abogado del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda, calificó de grave el intento de reducir las pensiones existentes.

“La medida se podría aplicar a los pensionados futuros, pero jamás a los que están jubilados”, recalcó Regidor.

Sobre el límite a las pensiones altas, Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, dijo que a los docentes ya se les aplican topes con las cotizaciones extra, que van de 8,75% a 16% del monto de la jubilación.

Propuesta en resumen

– Regímenes. El plan para limitar el gasto de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se aplica solo a los regímenes contributivos. Estos son el de Hacienda, Poder Legislativo, Ministerio de Obras Públicas, Registro Público y General de Pensiones.

– Activos. Hay 8.000 empleados que aún trabajan y pueden retirarse con una pensión estatal. La propuesta es subir la edad de retiro de 55 años a 60 años y bajar el monto de la pensión, equivalente al 100% del promedio de los últimos 12 salarios, a un 80%.

– Pensionados. En el caso de los 60.000 jubilados con cargo al Presupuesto Nacional, la propuesta es ajustar todas las pensiones por costo de vida, imponer un tope a las pensiones altas –incluido el Magisterio Nacional– y una tasa de cotización solidaria de hasta 18%, en vez del 9% actual.

FUENTE: Ministerios de Hacienda y Trabajo.

 

Ministerio de Trabajo propone ajustar jubilaciones por la fórmula de costo de vida

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propondrá que el monto de las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional se actualicen a la evolución del costo de la vida cada año.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propondrá que el monto de las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional se actualicen a la evolución del costo de la vida cada año.

El Ministerio de Trabajo prepara una iniciativa legal para que el monto de las pensiones financiadas por el Gobierno se ajuste al costo de la vida.

La medida tratará de frenar el rápido crecimiento del gasto en las jubilaciones de los exdiputados y de las personas retiradas en el régimen de Hacienda.

En el caso de los exlegisladores, el monto de la jubilación se revaloriza cada año un 30% de manera automática.

En el de los pensionados por Hacienda, la persona se jubiló con el último salario devengado. Además, el ajuste que reciben se hace como si aún trabajara, pues se le reconoce el salario base, la dedicación exclusiva, anualidades y carrera profesional. De este grupo son casi 7.000 personas retiradas.

Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, comentó que la jurisprudencia sobre derechos adquiridos favorece a quien se haya jubilado por algunos de estos regímenes.

“Entre los ajustes contemplados está que todas las pensiones, sin excepción, se revaloricen exclusivamente por el costo de la vida que decrete el Poder Ejecutivo”, aseguró Hasbum.

Buen ambiente. Los diputados liberacionistas Sandra Piszk y Antonio Álvarez Desanti, junto con el oficialista Ottón Solís, confirmaron que hay buen ambiente en el Congreso para frenar el aumento desmedido de las pensiones, en especial de exdiputados.

Piszk criticó que el Gobierno vaya a presentar una propuesta legal muy similar a la que ella introdujo el año anterior. Dicho proyecto está a la espera del primer debate en plenario.

“El crecimiento del gasto de las pensiones de los exdiputados es un desastre, debido a la revalorización. Hay que frenarlo pronto”, afirmó la diputada.

Álvarez recalcó que es urgente entrar a revisar los beneficios recibidos por los exlegisladores, pues pese a ser un grupo pequeño consumen grandes cantidades de recursos.

“Como los beneficios son difíciles de modificar, debido a los derechos adquiridos, la acción inmediata sería establecer un impuesto”, aseguró el verdiblanco.

Para Solís, el régimen de pensiones de los exdiputados es el ejemplo claro de grupos políticos que han utilizado su poder para beneficiarse.

“Hay que tomar medidas. Esto no puede ser. Espero que los exdiputados no digan que no sabían y que el cheque les llega sin darse cuenta”, dijo el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Exceso de beneficios a jubilados pasan costosa factura al Estado

El exceso de beneficios de jubilación, de las pensiones financiadas por el Presupuesto Nacional, son una costosa factura anual para el Estado.

Retirarse con el último salario recibido, la revalorización del monto de la pensión un 30% cada año o como si la persona aún trabajara, junto con la posibilidad de que las hijas solteras hereden, de por vida, la jubilación de los padres, son algunas de las razones del alto gasto de estos regímenes.

Peso de las pensiones

Peso de las pensiones (INFOGRAFÍA, LA NACIÓN)

Para este año, el pago de las pensiones, de casi 60.000, ascenderá a ¢709.969 millones, según los recursos presupuestados por el Ministerio de Hacienda. Este gasto equivale al 2,5% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica en el 2015.

Dicho monto de dinero es un 15% más de lo que la Caja Costarricense de Seguro Social destinó, en el 2014, para el pago de la jubilación de 217.000 personas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Jerarcas de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y del Ministerio de Trabajo coinciden en que los beneficios excesivos de jubilación, sin ningún soporte técnico, junto con la inexistencia de una reserva de dinero son las causas que obligan al Gobierno a financiar estas pensiones.

La Dirección Nacional de Pensiones, adscrita a Trabajo, administra los 18 sistemas de pensiones financiados en un 90% con ingresos tributarios.

El régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional, el de Hacienda y el de los exdiputados son los sistemas que más recursos absorben.

La mayoría de estos sistemas de jubilación fueron creados en el siglo XX y no hubo ninguna justificación actuarial para otorgar los privilegios, aseguró Pablo Sauma, especialista en temas de seguridad social.

“El pecado original fue que nunca se crearon los fondos de reservas para pagar las pensiones, pese a que las leyes que crearon los regímenes obligaban al Gobierno a hacerlo”, dijo Sauma.

Abusos. Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, dijo que no hay ninguna justificación para que la pensión de los exdiputados, por ejemplo, se actualice 30% al año, cuando la inflación es 5%.

“Es un abuso cuando el cálculo de los montos originales de pensiones y las revaloraciones no tienen un sustento financiero-actuarial, lo que lleva a que esos excesos deban ser financiados por el Presupuesto Nacional”, enfatizó Hasbum.

Los ministerios de Trabajo y Hacienda buscan, actualmente, la manera de aminorar la factura de los regímenes de pensiones financiados a cargo del Presupuesto Nacional.

Sin embargo, los derechos adquiridos de los jubilados directos y de los familiares que pueden heredar las pensiones impiden realizar ajustes en las leyes.

De los 60.000 beneficiarios de pensiones 9.319 son sobrevivientes, con lo cual hay un número alto de personas que aún poseen derecho, según datos de la Superintendencia.

“Los beneficios están establecidos y los regímenes están cerrados; por tanto, resulta muy difícil realizar cambios en las condiciones de pensión”, aseguró Édgar Robles, jerarca de la Supén.

“Los jubilados aportan un 9% al régimen por ley, pero se puede modificar por vía legal y aplicarse a pensiones otorgadas y por otorgar si coadyuve en la sostenibilidad”, enfatizó Robles.

Pese a que los regímenes tienen más de dos décadas cerrados, hay cerca de 10.000 docentes y casi 2.000 funcionarios de gobierno con derecho a retirarse en estos sistemas.

Pensión de exdiputados será de ¢200 millones en 30 años

La pensión promedio de un exlegislador  triplica, actualmente, la jubilación más alta en el IVM. El monto sube   un 30% cada año.  | EYLEEN VARGAS

La pensión promedio de un exlegislador triplica, actualmente, la jubilación más alta en el IVM. El monto sube un 30% cada año.

Las pensiones de los exdiputados, pagadas con el presupuesto del Ministerio de Hacienda, son las que tienen el crecimiento más vertiginoso en Costa Rica.

Actualmente, los 208 exlegisladores retirados reciben, en promedio, ¢5 millones al mes. Sin embargo, dicho monto se duplicará cada cinco años, y alcanzará ¢200 millones, en dinero de hoy, dentro de 30 años.

Tal proyección se establece en el Informe Actuarial sobre los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional , contratado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del cual La Nación tiene copia .

El estudio muestra que el sistema de jubilación de los excongresistas, creado en 1984, es el más desproporcionado del país. La posibilidad de ingresar al régimen se cerró en 1995; desde entonces la mayoría de personas electas para el Congreso se pensionan por el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El aumento tan veloz en la pensión de los exdiputados ocurre porque se revalorizan de manera automática un 30%, cada año .

El estudio actuarial estimó que el Estado pagará ¢120.000 millones en los próximos 95 años por la jubilación de los exlegisladores y sus beneficiarios. Pero al incluir el resto de regímenes de pensiones, con más de 20.000 personas, el gasto será de ¢1,7 billones.

Alerta. Es la primera vez que se hace un análisis de este tipo desde que, en 1992, se creó la Ley Marco de Pensiones que cerró una serie de sistemas de jubilación.

En total, se analizaron 16 de los 18 sistemas a cargo del Presupuesto Nacional; se excluyó el Magisterio Nacional. El trabajo hizo una proyección solo de egresos, pues estos regímenes carecen de ingresos provenientes de reservas de recursos.

La investigación determinó que, en el 2045, Hacienda empezará a destinar cada vez menos dinero para financiar estos regímenes de pensiones.

El análisis enfatiza que la situación fiscal del país empeoraría si no se planifica el gasto en pensiones, en los próximos años. Además, recomienda ajustar el monto de las jubilaciones con base en el costo de vida, en especial, las de los exparlamentarios.

Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, confirmó que están imposibilitados para contrarrestar el aumento de estos regímenes especiales y la forma para frenarlos sería una reforma legal.

El Ministerio es el encargado de administrar los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto. Actualmente, la institución redacta un proyecto de ley para frenar el crecimiento de las pensiones de los exlegisladores.

Los diputados Sandra Piszk, Antonio Álvarez Desanti y Ottón Solís coincidieron en que es necesario frenar, de una vez por todas, las jubilaciones sin tope. Los tres eran parte del Congreso que, en 1995, cerró el ingreso de nuevos legisladores al régimen especial.

Piszk presentó, el año pasado, un proyecto de ley similar al que prepara Trabajo. La iniciativa espera la discusión de primer debate en el plenario legislativo.

infografia

170 pensiones de exdiputados aumentan un 30% cada año

Los actuales diputados   dieron un paso contrario a los de 1985:   anularon  el alza automática anual de un 10% en salarios. Ahora, podrían debatir el alza del 30% de sus predecesores.  | EYLEEN VARGAS

Los actuales diputados dieron un paso contrario a los de 1985: anularon el alza automática anual de un 10% en salarios. Ahora, podrían debatir el alza del 30% de sus predecesores.

En 1985, los legisladores del gobierno de Luis Alberto Monge aprobaron una ley que establece un aumento del 30% anual en las pensiones de los excongresistas.

Hoy, 28 años después, esa legislación permite que 170 pensiones de exdiputados se engorden con ese incremento del 30% anual, pues no tienen ningún tope.

Así lo confirmó la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.

Según esa instancia, la remuneración más alta de este régimen es de ¢6.426.635 (el doble de lo que gana un parlamentario hoy), mientras la más baja es de ¢464.810 al mes.

De acuerdo con los datos de la DNP, durante el 2013 el Estado gastó en pensiones para exdiputados ¢11.889 millones, mientras que a junio de este año, el gasto real acumulado llegó a los ¢5.832 millones.

La DNP también explicó que hay otras 59 pensiones de exlegisladores, pero con un tope de crecimiento que es igual al salario actual de un diputado: ¢3.776.000.

Además, no todos los 170 subsidios mensuales llegarían a manos de excongresistas, sino también de beneficiarios como viudas o hijos en edad de estudio.

El régimen que permitía a los legisladores jubilarse al terminar su periodo de cuatro años en el Congreso se derogó en 1995, de la mano de diputados como Sandra Piszk, Ottón Solís y Antonio Álvarez, todos del PLN en ese entonces y hoy nuevamente ocupando una curul.

En contraposición a este beneficio, el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una pensión máxima de ¢1.465.500 y el último aumento semestral aprobado por la Junta Directiva para 200.000 jubilados fue de 0,42%.

Beneficiarios. Entre los beneficiarios del régimen de exdiputados están Bernal Jiménez Monge (PLN, 1982-1986, 2002-2006), Rolando Laclé (PUSC, 1970-1974, 1982-1986, 1990-1994, 2002-2006), Álvaro Montero Mejía (Coalición Pueblo Unido, 1982-1986), Fabio Araya Vargas (PLN, 1982-1986) y Claudio Guevara Barahona (PUSC, 1982-1986).

Bernal Jiménez, hoy presidente del Partido Liberación Nacional, a sus 84 años, contó que se jubiló con una pensión cercana a los ¢600.000 y que en su segundo periodo en el Congreso, entre el 2002 y el 2006, solo cobró la pensión legislativa.

Sin embargo, dijo que hace tres años recibió ¢24 millones como reajuste de esa pensión. Alarmado por ese pago imprevisto, colocó el dinero en un fideicomiso y preguntó al extesorero nacional, José Adrián Vargas, el motivo del depósito.

En notas de la Dirección General de Pensiones a Jiménez, se le indicó que esa entidad hizo la revalorización de la pensión de oficio y que de ahí provenían los ¢24 millones que la Tesorería depositó.

La pensión de Jiménez actualmente es de ¢5.106.485. En el caso de Álvaro Montero Mejía, Rolando Laclé y Fabio Araya, ellos reciben el monto máximo de la pensión: ¢6.426.000.

Laclé (74 años y cuatro veces diputado) contó que él se jubiló en el régimen de diputados luego de 30 años de servicio público y que el antiguo régimen de pensión lo financiaron los propios legisladores.

“El tema del aumento es, a veces, decisión del Ministerio de Trabajo. Creo que todavía hay herederos de esas pensiones”, dijo.

En 1972, Francisco Morales Morales se pensionó, con 52 años, dentro de ese régimen.

Morales, hoy de 93 años, fue legislador del PLN en el gobierno de José Joaquín Trejos (1966-1970) y se jubiló dos años después de salir.

“Estuve dos años en el Ministerio de Gobernación y me pensioné como educador”, añadió Morales.

Otro beneficiario del subsidio es Claudio Guevara Barahona, de 88 años, padre del actual diputado libertario Otto Guevara Guth. Él fue parlamentario con la Unidad Social Cristiana entre 1982 y 1986, cuando se aprobó la ley que permitió el ajuste del 30% anual a los exparlamentarios.

Guevara contó que, sin saberlo, estaba jubilado desde que salió de la curul. Aseguró que 10 años después, Trabajo le informó de que llevaba una década jubilado y que debía llenar papeles para recibir el pago. “Nunca me fijé en los incrementos, porque nunca reclamé. Casi siempre permaneció igual”, dijo.

Pensión de ¢16 millones lidera ranquin de jubilados

Rolando Ramírez Paniagua encabeza la nómina de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional de la República. Él recibe ¢16.309.024.   | ARCHIVO

Rolando Ramírez Paniagua encabeza la nómina de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional de la República. Él recibe ¢16.309.024.

Una pensión mensual de ¢16.309.024 lidera el ranquin de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional de la República.

Ese monto lo recibe el economista Rolando Ramírez Paniagua, según informó el Ministerio de Hacienda. Esa entidad divulgó una nómina de pensiones, actualizada a mayo de este año, cuyo pago depende del Presupuesto Nacional.

Ramírez fue subcontralor general de la República entre 1972 y 1982, gerente general del Banco Nacional de 1983 a 1986, ministro de Gobernación en el mandato de Óscar Arias (1986-1990) y presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hasta 1991.

Tras su paso por el sector público, Ramírez Paniagua, ahora de 78 años, fue segundo vicepresidente y luego presidente del Banco Cathay.

A Ramírez se le llamó ayer a los nueve números telefónicos en los que aparece relacionado, pero no se pudo localizar. En uno de ellos, una empleada afirmó desconocer el número de Ramírez. En otro, un hombre que no se identificó, ratificó que se trataba del condominio en el cual reside Ramírez, pero que no estaba autorizado a dar el número telefónico de su casa.

Otras pensiones. La lista de las pensiones más altas de Hacienda sigue con otros exfuncionarios públicos, como los exdiputados Adrián Prado Jenkins (1974-1978), Rodrigo Ureña Quirós (1978-1982), Francisco Rojas Arroyo (1974-1978) y Fulvio Rodríguez Sagot (1970-1974), quienes perciben ¢11.700.000.

Todas estas pensiones y otras de ¢10.000.000 y ¢9.000.000 se cargan al Presupuesto Nacional por la vía de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

Dentro de esas remuneraciones por jubilación también están las más altas del régimen de los exdiputados, que crecen 30% al año.

La lista incluye las pensiones mayores pagadas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), donde la mayor corresponde a ¢16.000.000. Entre esos jubilados hay académicos y exfuncionarios de la educación.

La actual ministra de Educación, Sonia Marta Mora, aparece en la lista de Hacienda por recibir ¢6.126.652 al mes.

En su cuenta de Twitter, ella explicó que, tras las rebajas de ley, su pensión queda en ¢3.580.000. Dijo que el monto recibido es por haber alcanzado el máximo grado académico (doctorado) y laborar por 30 años en la educación superior pública, por ejemplo, como rectora de la Universidad Nacional (2000-2005).

A la par de Mora, está en la lista el economista y expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano, con ¢6,1 millones, así como la exrectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González, con un pago de ¢9,2 millones.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, anunció el lunes que esas pensiones de lujo son el 3% de los 60.000 jubilados con cargo a la Hacienda Pública y consumen el 15% de su presupuesto total.

Límite a jubilaciones ahorraría hasta ¢12.000 millones anuales

Aplicar el límite a las jubilaciones altas con cargo al Presupuesto Nacional, significaría un ahorro anual hasta de ¢12.000 millones.

Así se desprende de un informe, de junio pasado, hecho por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, por solicitud del viceministro de la institución Alfredo Hasbum.

El documento, del cual tiene copia La Nación , detalla que a julio de este año el tope de pensión se podría imponer a 952 personas. El impacto mensual de ejecutar la medida sería de ¢1.000 millones.

La Ley N.° 7.858, del 21 diciembre de 1998, estableció un tope del equivalente a 10 veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública. Pero dicha norma nunca se ha aplicado a las pensiones en curso de pago.

Para este año, el techo se estableció en ¢2,3 millones, según el cálculo de la DNP. Este se determinó por la multiplicación del salario base de un misceláneo en el Gobierno que es de ¢233.350.

“Si usted compara el tope con el presupuesto de más de ¢700.000 millones, para este año, de los regímenes especiales, el ahorro no sería ni del 2%. Pero el tope hay que aplicarlo porque la ley lo indica”, afirmó Elizabeth Molina, directora de la DNP.

La legislación excluyó de dicho límite a exdiputados con revaluación anual del 30% de la pensión, expresidentes y retirados de los regímenes no contributivos.

También unos 17.000 jubilados del régimen del Magisterio Nacional que postergaron su retiro. Esto es cuando la persona, cumplido los requisitos para pensionarse, trabaja unos años más. Molina resaltó que el problema central no es la aplicación del tope, sino las condiciones favorables de pensión de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

Por ejemplo, en el régimen de Hacienda y Poder Legislativo hay 4.000 retirados a quienes el monto de la jubilación se les actualiza como si aún estuvieran trabajando, afirmó la directora de la DNP.

Estado incumple ley que pone tope a pensiones desde 1998

El Estado incumple con la aplicación del tope a las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional establecido legalmente en 1998.

Elizabeth Molina, jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, confirmó que el límite a las jubilaciones nunca se ha ejecutado.

La Ley 7.858, aprobada el 21 de diciembre de 1998, fijó el monto máximo de las pensiones financiadas por el Estado en 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

Gasto en jubilaciones

Gasto en jubilaciones (INFOGRAFIA GN)

Para este año, dicho límite es de ¢2,3 millones y se debería aplicar a 952 personas que reciben montos superiores a esa cifra, según la DNP. La cantidad de casos podría ser mayor, pero está exenta una parte de los jubilados del Magisterio Nacional –por requisitos legales–, los exdiputados, expresidentes y las pensiones no contributivas.

El costo de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional es de ¢708.042 millones este año; es decir, el 10,6% del presupuesto total del Gobierno Central.

La mayoría de los recursos de las pensiones se pagan con impuestos, pero ¢64.000 millones son por aportes de los jubilados.

Hay 14 regímenes especiales de este tipo, con más de 58.000 personas pensionadas.

Cómo funciona. La ley de 1998 estableció que el Ministerio de Hacienda y la DNP coordinan para imponer tope a las jubilaciones altas, pero nunca se han puesto de acuerdo.

El único requisito para aplicar el mandato es que Hacienda certifique que los ingresos por cotizaciones estatales, obreras y patronales son menores al beneficio que se paga al pensionado.

“El supuesto de que los ingresos son inferiores a los egresos se cumple siempre. Pero para nosotros decir a qué pensión en curso se le aplica el tope, necesitamos la orden de Hacienda”, explicó Molina.

El lunes anterior, varias personas realizaron trámites de su jubilación en la Dirección Nacional de Pensiones. Actualmente, hay más de 58.000 jubilados mediante los regímenes especiales. |  EYLEEN VARGAS

El lunes anterior, varias personas realizaron trámites de su jubilación en la Dirección Nacional de Pensiones. Actualmente, hay más de 58.000 jubilados mediante los regímenes especiales. |

Añadió que el límite sí se impone, por una única vez, cuando la DNP aprueba una nueva pensión. Sin embargo, por los ajustes y revalorizaciones posteriores, el monto de la jubilación sobrepasa el tope.

Helio Fallas, ministro de Hacienda, recalcó que corresponde a la DNP remitir la información necesaria para ejecutar los topes.

“Este mecanismo (el límite a la pensión) lo estamos analizando para enfrentar el tema de las pensiones”, explicó Fallas.

Édgar Robles, superintendente de Pensiones, consideró que restablecer el tope de manera retroactiva es casi imposible. “Para adelante se podría aplicar. Pero se debe estudiar bien porque es probable que los afectados vayan a los Tribunales a defenderse”, añadió.

La Procuraduría General de la República estudia, por solicitud del Gobierno, la posibilidad legal de imponer un techo a la pensión de los actuales jubilados.

133 pensionados de lujo impugnan tope de ¢2,3 millones a sus jubilaciones

Hasta hoy, 133 personas pensionados de lujo han presentado recursos de amparo contra la decisión del Gobierno de aplicar un tope de ¢2,3 millones al pago mensual de estas jubilaciones.

Ministro de Trabajo, Víctor Morales, insiste en aplicar la medida.  | ARCHIVO.

Ministro de Trabajo, Víctor Morales, insiste en aplicar la medida. | ARCHIVO.

Con dichas acciones, los jubilados logran frenar la reducción de sus giros mientras la Sala IV estudia el caso.

El 5 de agosto, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció que rebajaría las pensiones de más de 910 personas a partir de setiembre mediante la aplicación de un tope, aprobado en una ley de 1998, según el cual estas no pueden superar la suma de diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública. La medida implicaba la reducción de jubilaciones hasta de ¢16 millones mensuales.

Esta tarde, el Ministerio informó de que, con la primera quincena de setiembre, logró aplicar el tope a 511 pensiones, lo que generó un ahorro de ¢488 millones para el Estado.

Casi 400 jubilaciones no pudieron ser tocadas, más de 100 a causa de los recursos de amparo y el resto porque la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional reportó que se trataban de pensiones del régimen de postergaciones, las cuales están excluidas de la ley que impone el tope.

Morales informó de que, en caso de que la Sala IV resuelva en contra, el Ministerio ya tiene listo un proyecto de reforma legal que eliminaría las excepciones existentes, incluida las pensiones de exdiputados.

Sala IV ordena al Gobierno frenar recorte a pensión de lujo

La Sala IV ordenó ayer al Gobierno suspender, por ahora, el recorte de una de las 910 pensiones de lujo a las que se pretende imponer un tope de ¢2,3 millones.

Los magistrados constitucionales tomaron la medida mientras estudian un recurso de amparo interpuesto por un jubilado de apellidos Valerio Sánchez.

Él alegó que la directriz del Ejecutivo se opone a la protección que otorga la Ley del Adulto Mayor. La Sala explicó que la decisión se aplica solo para este caso concreto.

Ministro de Trabajo, Víctor Morales, insiste en aplicar la medida.  | ARCHIVO.

Ministro de Trabajo, Víctor Morales, insiste en aplicar la medida. | ARCHIVO.

El pasado 5 de agosto, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció que, a partir de setiembre, el Gobierno aplicará una ley de 1998 que permite fijar un tope a las jubilaciones de lujo con cargo al Presupuesto de la República.

La norma establece que las pensiones no deben sobrepasar el equivalente a 10 veces el salario más bajo de la Administración. Así, montos que se pagan ahora hasta de ¢16 millones, bajarían a ¢2,3 millones.

La directriz abarcaría más de 900 pensiones y supondría un ahorro de unos ¢12.000 millones anuales para las finanzas del Estado.

Morales Mora defendió que el Ejecutivo tiene potestad de aplicar el tope y dijo que están preparados para responder el recurso, convencido “de la solidez legal” de la decisión. Aun si la Sala fallara en contra, el ministro afirmó que tienen un plan alternativo mediante una reforma legal en el Congreso.

MAS SOBRE ESTE TEMA

Elizabeth Molina: “Nunca se ha aplicado”

Elizabeth Molina, directora de la Dirección Nacional de Pensiones. Eyleen Vargas

Elizabeth Molina, directora de la Dirección Nacional de Pensiones.

¿Se aplican los topes a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional?

A las pensiones en curso de pago, nunca se ha aplicado. Nosotros solo hemos topado las pensiones cuando se declara el derecho (de jubilación). Se aplica solo una vez, porque así lo ha dicho la Sala IV.

”Aunque la Ley N.° 7.858 dice que el tope es para todas las pensiones en curso de pago”.

¿Por qué no se ha aplicado?

Quien debe imponer el tope, en coordinación con nosotros, es el Ministerio de Hacienda, bajo los supuestos que establece la misma Ley 7.858 de 1998.

”Este es un tope para aplicar a todos los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, incluyendo Magisterio. La ley habla, concretamente, a quién le corresponde en coordinación con quién y bajo qué supuesto”.

¿Cuándo se impone el límite a las pensiones?

En tanto los ingresos por cotizaciones estatales, obreras y patronales del Gobierno sean menores que los egresos derivados del pago de los beneficios.

”Cuando este supuesto se da – que es siempre–, el único que lo puede certificar es Hacienda. Es, en ese momento, que se podría establecer el tope a las pensiones en curso de pago”.

¿Quienes están exentos?

Todo lo que es régimen de Hacienda y exdiputados con 30% de revalorización anual. Son 170 personas. Al Magisterio Nacional con postergación, que son casi 17.000 personas, no se podría aplicar tope, así como los expresidentes y los regímenes no contributivos.

¿A cuántas personas se debería aplicar el límite?

Determinamos que a 952 personas se les podría aplicar el tope, considerando las excepciones de ley. El ahorro sería de ¢1.000 millones por mes, de acuerdo con nuestros datos. Al año más de ¢12.000 millones.

Helio Fallas: “Hasta ahora se ve el tema”

Helio Fallas, ministro de Hacienda.

Helio Fallas, ministro de Hacienda.

Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), los topes a las pensiones en curso nunca se han aplicado. ¿Es cierto?

Hay un mecanismo previsto y es que la DNP nos remite la información al Ministerio de Hacienda y aquí se ejecuta.

La ley dice que, para usar el tope, Hacienda debe comprobar que los ingresos por cotizaciones son menores que lo que se paga de pensión. ¿Se hace?

La verdad es que tendría que consultarlo con la parte legal. Pero, de nuevo, necesitamos la información de la DNP.

”El uso del tope es uno de los mecanismos que analizamos para enfrentar el tema de las pensiones. También valoramos otras posibilidades”.

¿Cómo imponer deducciones adicionales?

Es una de las valoraciones, pero no hemos tomado ninguna decisión concreta.

¿Sabe si alguna vez se inició un proceso para aplicar el tope a las pensiones?

Hasta ahora se ve el tema. Esto es muy reciente. Es parte del afinamiento de cosas que estamos haciendo con la DNP.

Según la DNP, el tope se aplicaría solo para 952 retirados y sería un ahorro anual de ¢12.000 millones. ¿Coincide con los datos de Hacienda?

No, habría que cotejar las cifras. Creo que son más personas. Pero no tantas, como nosotros habríamos dicho (1.745). La cifra de ahorro sí es parecida.

¿Se puede hacer algo con las pensiones exentas?

El Magisterio Nacional tiene sus deducciones y modifican bastante las pensiones.

”Nos preocupa otros casos, como el de los exdiputados. También los del régimen de Hacienda, pues se jubilaron a menor edad y con el salario completo. Disfrutan una pensión alta y para dicho beneficio tendrían que haberse pensionado con más edad y cotizar mucho más”.

RELACIONADAS

Viceministro de Egresos: “Es clave bajar el crecimiento”

¿Cuáles cambios propondrán a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional?

En el proyecto se contemplan medidas como el incremento de la tasa de cotización, de la edad de retiro y disminución de la tasa de reemplazo (monto de pensión). Es decir, las pensiones que reciben 100% (del salario) se bajarían a 80%.

José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda.

José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda.

”La clave es bajar el crecimiento de las pensiones porque entre nuevos pensionados y aplicación de los beneficios de los regímenes especiales, el gasto crece 8% al año. Los sistemas con cargo al Presupuesto se cierran en el año 2065 y después del 2035 dejan de entrar pensionados; es decir, nos quedan 20 años de crecimiento”.

¿Cuántas personas más se pueden pensionar?

Tenemos estimaciones de 20.000 personas cotizantes activos a los regímenes especiales, de los cuales 12.000 son maestros, pero, en el caso del Magisterio Nacional, la mayoría de propuestas ya se aplica.

¿Incorporan medidas sobre las pensiones otorgadas?

Sí. Eliminar cualquier regla que hoy hace crecer la pensión por encima del costo de vida. Hay pensiones que están atadas a un puesto particular y si el salario crece un 20%, también lo hace la pensión.

”Los otros parámetros son aplicar una tasa solidaria, como en el régimen transitorio de reparto del Magisterio y el tope a las pensiones altas.

”También, se quiere eximir del aporte del 9% actual a las pensiones menores a ¢500.000, como medida de promoción de la equidad”.

Gobierno solo recauda un 11% de lo que paga en pensiones a cargo del Presupuesto Nacional

Durante el primer semestre del 2014, el Gobierno solo logró recaudar un 11% de lo que paga en pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, informó esta mañana el Ministerio de Hacienda.

Para ese periodo, el Gobierno pagó más de ¢267.447 millones en pensiones financiadas por el Estado, y reportó una recaudación de unicamente ¢30.507 millones.

Según Hacienda, lo anterior se traduce en un déficit cercano a los ¢237.000 millones entre lo recibido por aportes de los regímenes especiales y lo pagado en pensiones.

Billetes de dólares y colones que se contabilizaban ayer en el Banco de Costa Rica.  A mitad de mes,  generalmente,  hay una mayor oferta de divisas para pagar los tributos, así que   el precio del  dólar    baja.  | LUIS NAVARRO

El presupuesto para pensiones este año supera los ¢700.000 millones.

De acuerdo con la autoridad, un reporte de este tipo, que certifique tanto el total de ingresos recaudados por los aportes de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, como el total de gasto en los que incurre el Gobierno por el pago de estas pensiones, no se generaba desde hace 16 años por razones "desconocidas".

Los datos dados a conocer este martes, llegan luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitiera una resolución en la que ordena la aplicación del tope a las pensiones de los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional que superan los ¢2.367.000 al mes.

El tope de ley se realizará a 910 personas pertenecientes a los regímenes de Hacienda, Registro Nacional, Obras Públicas y Magisterio Nacional (sin postergación).

Según Trabajo, los nuevos montos comenzarán a aplicarse en la primera quincena de setiembre, y vienen a poner en práctica los lineamientos establecidos por ley desde 1998.

En ese momento, la Ley 7.858, aprobada el 21 de diciembre de 1998, fijó el monto máximo de las pensiones financiadas por el Estado en 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

De ese tope se excluyen, por mandato de la misma ley, las pensiones de los exdiputados y de los pensionados de Magisterio Nacional a los que se les aplica postergación, pues para establecer un freno a esas pensiones se requeriría una reforma a la ley en la Asamblea Legislativa.

Hacienda recordó que dicha medida significaría un ahorro de ¢12.000 millones al año para la hacienda pública y se suma a una serie de acciones que ha venido ejecutando el Gobierno para lograr una mayor eficiencia en el gasto público.

El congelamiento del 85% de plazas vacantes del Gobierno Central, el congelamiento de salarios para jerarcas y el recorte de un 20% en gastos controlables, son algunas de las directrices señaladas por la entidad.

Para el presente año, el costo de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional es de ¢708.042 millones; es decir, el 10,6% del presupuesto total del Gobierno Central.

La mayoría de los recursos de las pensiones se pagan con impuestos, pero ¢64.000 millones son por aportes de los jubilados.

Hay 14 regímenes especiales de este tipo, con más de 58.000 personas pensionadas.

Estudio clave sobre pensiones de la CCSS sufre retraso de tres meses 27 de abril de 2015

La sostenibilidad  del régimen de pensiones podría estar en riesgo pronto, lo que afectaría las jubilaciones del futuro. | JONATHAN JIMÉNEZ

La sostenibilidad del régimen de pensiones podría estar en riesgo pronto, lo que afectaría las jubilaciones del futuro.

¿Cuál es la salud financiera del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? La respuesta ya no se conocerá a finales de este mes, como estaba previsto, sino hasta dentro de tres meses.

La Universidad de Costa Rica (UCR) está a cargo de revisar el estudio actuarial elaborado por la firma argentina Eduardo Melinsky, en el que se determinó la sostenibilidad del régimen de jubilación más grande de Costa Rica. Ese análisis debía estar listo este mismo mes.

Sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS aprobó una prórroga hasta por un trimestre más a la UCR, confirmó el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes.

Así lo indicó mediante un comunicado de prensa, en el que no especificó la razón del visto bueno para un nuevo retraso.

Escenario turbio. En los últimos cinco años, la Caja y la Superintendencia de Pensiones (Supén) han defendido diferentes criterios sobre el cálculo de cuándo entraría en riesgo la sostenibilidad financiera del IVM.

El sistema hoy agrupa a 1,4 millones de cotizantes, 220.000 pensionados, una cobertura del 64% y una reserva de ¢1,9 billones.

Para unificar posiciones, el 13 de febrero del 2014, las entidades anunciaron la contratación de Melinsky. La valuación actuarial –pactada por $125.000– debía estar lista al final de ese año e incluiría la evaluación de los tres componentes del IVM: edad de retiro, número de cuotas y beneficios.

No obstante, en enero, la CCSS y la Supén suspendieron por tres meses el acuerdo con Melinsky (hasta este 24 de abril) “para asegurar la calidad de los productos”, tarea que fue delegada a Ciencias Actuariales de la Escuela de Matemática de la UCR.

La Nación tuvo acceso a tres oficios de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, fechados entre el 18 y el 19 de diciembre, en los que se criticaron supuestas inconsistencias técnicas en los productos de la consultora.

Entre las observaciones de los funcionarios Guillermo López y Mauricio Pérez, figuraban errores de proyecciones “que hacen que los resultados (de Melinsky) sean equivocados”.

Reforma del 2005 frenó las pensiones por invalidez

La reforma al régimen de pensiones de IVM realizada hace 10 años, frenó el crecimiento de las jubilaciones por invalidez.

cifras

64%

Cobertura de trabajadores en el seguro de pensiones. Antes de 2005, la cobertura llevaba 20 años estancada en un 45%.

60%

Promedio del salario que se recibe hoy de pensión. El monto se calcula con base en los últimos 20 años de cotización.

En el 2005, el número de pensiones por alguna incapacidad física o psíquica era casi el mismo que por vejez. Actualmente, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene 50.233 pensionados por invalidez y 98.824 por vejez.

Para lograr esta reducción, se establecieron controles en su otorgamiento, pues habían detectado un uso excesivo de la invalidez para conseguir el retiro dentro del sistema administrado por la CCSS.

Esta fue una de las mejoras alcanzadas por la reforma, que cumplió 10 años. Tales mejoras se repasaron ayer, en el último ciclo de conferencias del seminario de análisis de los cambios a pensiones de América Latina.

Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró, por ejemplo, que la reforma permitió inyectar recursos al sistema con el aporte de un número mayor de contribuyentes.

A agricultores como Berny Brenes, de San Juan de Chicuá, en Cartago, se les hace difícil asegurarse. (Foto ilustrativa) | ARCHIVO/ALBERT MARÍN

A agricultores como Berny Brenes, de San Juan de Chicuá, en Cartago, se les hace difícil asegurarse. (Foto ilustrativa) | ARCHIVO/

Desde el momento en que se hicieron los cambios hasta la fecha, la Caja aumentó en un 20% la cobertura contributiva entre la población económicamente activa (PEA), aseguró Barrantes.

Además, en ese decenio se consiguió que los nuevos jubilados reciban una pensión acorde a su esfuerzo contributivo, pues el monto se calcula hoy con el promedio de los últimos 20 años de cotizaciones.

La última reforma al régimen de IVM incluyó, entre otras medidas, el aumento de las cuotas (se pasó de 240 a 300) y el cambio en la fórmula de cálculo. También reguló el retiro anticipado con cierta penalización.

Tarea pendiente. Sí hay que entrar a revisar las llamadas pensiones reducidas: aquellas por las que optan las personas que tienen las cuotas pero no la edad para el retiro, mencionó la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal.

Según la Gerencia de Pensiones, del total de beneficios por vejez, el 30% corresponde a pensiones de ese tipo.

De acuerdo con uno de los escenarios actuariales elaborados hace 10 años por la Caja (escenario medio), el IVM empezaría a usar su reserva de ¢1,9 billones en el 2038 y se convertiría en un sistema de reparto en el 2042.

Estudios de la Superintendencia de Pensiones (Supén) adelantan ese escenario al 2024.

En estos momentos, se está haciendo un análisis actuarial para determinar cuál es el estado de la salud financiera del IVM y verificar esos escenarios.

Barrantes informó de que los resultados podrían estar en junio próximo.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS: ‘Podemos llegar a un 75% del seguro de pensiones’

¿Qué se ha hecho para elevar la cobertura contributiva?

La institución ha tenido programas, a través de la Dirección de Inspección, donde se han hecho esfuerzos para implementar barridos a nivel nacional. Se han visitado empresas y a trabajadores independientes para aumentar el número de afiliados.

Cada día va a ser más difícil aumentar esa cobertura.

Seguir aumentando la cobertura será difícil porque los grupos que nos van quedando son los más complejos: por su situación de ingreso y por la forma de localizarlos, como agricultores y domésticas.

¿Llegar al 100% es posible?

Las previsiones actuariales nuestras están sustentadas en que se pueda llegar a un 75%.

¿La gente prefiere una pensión baja para retirarse antes?

Hemos visto que las personas, aunque se les reduzca un porcentaje de su pensión, están acudiendo a pensionarse apenas tienen derecho. Lo que hay que analizar es quién es el que ocupa este tipo de pensión, y lo vamos a analizar.

¿Para frenar esa práctica?

Por lo menos para que las personas que la buscan sea porque se quedaron sin trabajo; hubo cierre de empresas. La idea es que, en un momento de alta esperanza de vida, las personas se retiren conforme van consolidando sus derechos.

Tope a pensiones de lujo ahorra la mitad del dinero esperado

Las autoridades del Ministerio de Trabajo sostienen que, si la Sala IV declara con lugar las acciones legales contra la directriz que les pone un tope a las pensiones de lujo, presentará un proyecto de ley para cerrar los portillos legales que impiden hacerlo.   |  ARCHIVO

Las autoridades del Ministerio de Trabajo sostienen que, si la Sala IV declara con lugar las acciones legales contra la directriz que les pone un tope a las pensiones de lujo, presentará un proyecto de ley para cerrar los portillos legales que impiden hacerlo.

El plan anunciado por el Gobierno para ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de pensiones de lujo mediante la imposición de un tope, se desmoronó a la mitad en cuestión de un mes.

Las expectativas de ahorro se redujeron a solo ¢5.900 millones luego de que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) informara al Ministerio de Trabajo de que más de la tercera parte de esas jubilaciones está legalmente blindada contra el recorte.

El 5 de agosto, el Gobierno anunció que reduciría a ¢2,3 millones mensuales el pago a 910 pensionados, al poner en práctica una ley de 1998, según la cual el monto máximo de una pensión del Estado es 10 veces el salario más bajo de la Administración Pública”.

A partir de setiembre, Trabajo recortaría jubilaciones hasta de ¢16 millones mensuales, las cuales habían sido autorizadas por los diferentes regímenes pagados con el Presupuesto Nacional, principalmente por el del Magisterio.

Empero, a la hora de hacer el anuncio, Trabajo no tenía claridad de cuántas pensiones de lujo no podían ser reducidas a causa de las excepciones fijadas en la Ley N.° 7.858. Aunque el Ministerio había consultado a la Jupema, para ese momento no había recibido respuesta.

Fue el 19 de agosto cuando la Junta de Pensiones del Magisterio le comunicó al Gobierno que, de los casi 600 jubilados de este régimen que serían afectados con la medida, 368 (60%) estaban protegidos.

A ellos no se les puede reducir el pago porque aplazaron su fecha de retiro y la ley exceptúa del tope a quienes hayan hecho la postergación. Se trata de personas que trabajaron al menos un año más luego de la fecha en que les correspondía jubilarse. También, están exentos los 170 exdiputados que gozan de aumentos anuales del 30%.

Consultado sobre el porqué se hizo el anuncio con una expectativa diferente, el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, alegó que la Jupema “varió la información dada al Ministerio”.

Según el jerarca, después de que se comunicó públicamente la directriz firmada por los ministros de Trabajo y Hacienda, se mandó a pedir la información a la Junta del Magisterio, pero esta, lejos de dar los datos, argumentó que había una mala interpretación de la ley.

“Hubo una controversia entre las partes”, puntualizó Hasbum, quien sostiene que el Gobierno “va en la dirección correcta”, aunque no se ahorrará lo que se previó.

Jupema alegó sobre los casos de postergación: “Todos se encuentran debidamente comprobados por medio de resolución administrativa que oportunamente emitió la propia Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, declarando el derecho a la postergación, conforme lo establece el artículo 89 de la Ley Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.

Dos trabas más. Otro grupo de pensiones no pudo ser recortado porque el aumento salarial decretado por el Ejecutivo para el sector público, en el segundo semestre , provocó que el tope a las pensiones se elevara a casi ¢2,5 millones.

Y, encima de ello, casi 200 pensionados han presentado recursos ante la Sala IV, la cual suspendió la aplicación del tope en sus casos. A raíz de ello, en la primera quincena de setiembre, el Gobierno solo pudo recortar 511 jubilaciones.

“La diferencia tiene que ver con acciones legales y una actualización que hace Jupema de su base de datos con respecto a las postergaciones”, dijo a este diario el ministro de Trabajo, Víctor Morales.

Anuncios