El “Gobierno pagará ¢7.000 millones por la negligencia del Minae”;

“El Gobierno desembolsará ¢7.000 millones por 10 terrenos que un finquero inundó en 1998, debido a que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no invirtió ni una milésima parte de ese monto para reparar el daño, tal como se lo exigió una orden judicial en el 2001.

Se trata de 1.800 hectáreas, ubicadas en la antigua localidad de Caño Blanco, en el distrito de Buenavista de Guatuso, provincia de Alajuela. Las propiedades quedaron anegadas luego de que Asdrúbal Campos Campos desvió el cauce del río Buenavista para secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.

El caso fue denunciado ante el Tribunal Penal de San Carlos, que en el 2001 multó al finquero con ¢100.000 y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó.

En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del Minae que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.

De hecho, en una respuesta al Tribunal de San Carlos en setiembre del 2011, las autoridades del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, adujeron que, en el 2002, intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ¢2.550.000 para hacerlo.

En la misma respuesta, afirmaron que en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ¢1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.

“A la fecha de hoy 28 de setiembre de 2011, no se ha realizado ninguna obra de enmienda o restauración a su estado original, a los trabajos de drenaje realizados por parte del imputado”, dice la carta de respuesta al tribunal.

En setiembre del 2011, el Minae le informó al Tribunal Penal de San Carlos que el daño provocado a las fincas no se puede reparar, pues ello generaría un daño al humedal que se creó en la zona, hábitat de varias especies de peces, aves y mamíferos como puma y jaguar.”…

El “Congreso ya aprobó la primera partida para comprar fincas”;

“Los diputados aprobaron en el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015 una primera partida para comprar las tierras inundadas por la acción de un finquero en Caño Blanco de Guatuso, en 1998.

A petición del ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, presentó una moción para autorizar a esa entidad un gasto por ¢2.000 millones, aunque el total sería por ¢7.000 millones.

Gutiérrez explicó que la cifra surgió de una estimación de acuerdo con los precios de la tierra en esa zona, pero que finalmente se pagaría lo que los peritos del Ministerio de Hacienda definan tras los avalúos.”…

infografia

Aparte de la Buena Noticia Que Significará Para la Vida Silvestre (Flora y Fauna) de Nuestro País, la Extensión del Refugio Silvestre de Caño Negro Con la Incorporación de las Tierras Inundadas.

Las Consecuencias y Resultados de la Negligencia del Minae Son,

Además de los ¢7.000 Millones con Cargo al Presupuesto Nacional, Que Deberemos Pagar Todos los Costarricenses;

Son la Impunidad Judicial y Administrativa de los Culpables Civiles y Políticos;

Y la Inacción Institucional y Gubernamental en Contra de los Responsables Civiles y Políticos, en los Gobiernos de Turno.

Juan Carlos Averruz tenía una finca de 200 hectáreas en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso. Hoy, sus tierras son lagunas y pantanos, solo accesibles en lancha.Siete casas quedaron bajo el agua luego de que un finquero desvió el río Buenavista, en Guatuso.La inundación de los terrenos generó un canal de 800 metros de largo y dos de ancho. Fueron afectadas más de 50 familias, de las cuales solo 23 personas exigen acciones del Estado.Este es uno de los canales que se abrió entre las fincas inundadas.

Juan Carlos Averruz tenía una finca de 200 hectáreas en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso. Hoy, sus tierras son lagunas y pantanos, solo accesibles en lancha.

“No veo posibilidades reales de que nos indemnicen. No es posible que a quien cause un daño incalculable solo le impongan una multa de cien mil colones”, opinó Roberto Alvarado.

“No veo posibilidades reales de que nos indemnicen. No es posible que a quien cause un daño incalculable solo le impongan una multa de cien mil colones”, opinó Roberto Alvarado.

“Perdí todo lo que tenía y ahora, para subsistir, tengo que hacer de taxista pirata. Con los pocos ingresos que tengo, mantengo a mi marido enfermo”, dijo Edulvina Villalobos, de 66 años.

“Perdí todo lo que tenía y ahora, para subsistir, tengo que hacer de taxista pirata. Con los pocos ingresos que tengo, mantengo a mi marido enfermo”, dijo Edulvina Villalobos, de 66 años.

Definitivamente No Se Puede Seguir Encubriendo el Mal Accionar de Políticos; Ya Sea Por Negligencia o Por Omisión; En Ninguno de los 3 Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Ejecutivo No Puede Tener y/o Conservar Ministros Que Desacatan Ordenes, No Atienden Razones, No Se Movilizan, No Hacen Nada, ¡Salvo Política!

El Legislativo No Puede Aprobar o Desaprobar Proyectos de Ley Por el Mero Hecho de Que Van a Favor o en Contra de sus Creencias Ideológicas y Políticas; O Porque, No Responden a los Intereses Económicos y Empresariales de Quienes los Pusieron en el Poder (Asamblea Legislativa).

El Poder Judicial No Puede Simplemente Decir, “ Se le Impuso Tal Pena o Medida Cautelar”; O, “Se le Dijo Debía Hacer Tal o Cual Cosa”; Y Luego Simplemente Desentenderse del Asunto, ¡Cómo Si Eso No Les Correspondiera!; Pues ¡Sí Les Corresponde!

Así Que, la Negligencia Punitiva, No Es Sólo Para el Minae y los Dos Anteriores Gobiernos Neoliberales Que No Hicieron Nada.

También lo Es Para las Dos Anteriores Asambleas Legislativas y los Correspondientes Magistrados, Fiscal General, Contraloría y Procuraduría General de la República, Que Tampoco Hizo Nada,

¡Mas Que Sentarse a Ver Como las Tierras Se Inundaban!       

 

 

Gobierno pagará ¢7.000 millones por la negligencia del Minae

Juan Carlos Averruz tenía una finca de 200 hectáreas en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso. Hoy, sus tierras son lagunas y pantanos, solo accesibles en lancha.Siete casas quedaron bajo el agua luego de que un finquero desvió el río Buenavista, en Guatuso.La inundación de los terrenos generó un canal de 800 metros de largo y dos de ancho. Fueron afectadas más de 50 familias, de las cuales solo 23 personas exigen acciones del Estado.Este es uno de los canales que se abrió entre las fincas inundadas.

Juan Carlos Averruz tenía una finca de 200 hectáreas en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso. Hoy, sus tierras son lagunas y pantanos, solo accesibles en lancha.

El Gobierno desembolsará ¢7.000 millones por 10 terrenos que un finquero inundó en 1998, debido a que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no invirtió ni una milésima parte de ese monto para reparar el daño, tal como se lo exigió una orden judicial en el 2001.

Se trata de 1.800 hectáreas, ubicadas en la antigua localidad de Caño Blanco, en el distrito de Buenavista de Guatuso, provincia de Alajuela. Las propiedades quedaron anegadas luego de que Asdrúbal Campos Campos desvió el cauce del río Buenavista para secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.

El caso fue denunciado ante el Tribunal Penal de San Carlos, que en el 2001 multó al finquero con ¢100.000 y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó.

En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del Minae que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.

De hecho, en una respuesta al Tribunal de San Carlos en setiembre del 2011, las autoridades del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, adujeron que, en el 2002, intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ¢2.550.000 para hacerlo.

En la misma respuesta, afirmaron que en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ¢1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.

“A la fecha de hoy 28 de setiembre de 2011, no se ha realizado ninguna obra de enmienda o restauración a su estado original, a los trabajos de drenaje realizados por parte del imputado”, dice la carta de respuesta al tribunal.

En setiembre del 2011, el Minae le informó al Tribunal Penal de San Carlos que el daño provocado a las fincas  no se puede reparar, pues ello generaría un daño al humedal que se creó en la zona, hábitat de varias especies de peces, aves y mamíferos como puma y jaguar. Foto: Carlos Hernández, corresponsal.

En setiembre del 2011, el Minae le informó al Tribunal Penal de San Carlos que el daño provocado a las fincas no se puede reparar, pues ello generaría un daño al humedal que se creó en la zona, hábitat de varias especies de peces, aves y mamíferos como puma y jaguar.

Nuevo humedal. De acuerdo con el Minae, la construcción de un drenaje de 800 metros de largo, dos de ancho y 1,5 metros de profundidad convirtió los terrenos en un solo humedal con “vida propia y alta biodiversidad”.

Según el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, los 23 copropietarios de las 10 fincas afectadas por Campos esperan una respuesta del Gobierno.

Para el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, ahora la única opción es añadir los terrenos al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, pues adujo que no es posible echar atrás el daño.

“Hubo inacción de parte del Ministerio de Ambiente, es culpa de las autoridades. Ese es el gran problema, la inactividad y complacencia”, aceptó Gutiérrez.

Para el jerarca, es una mejor opción pagar por las tierras ahora, antes de que los propietarios decidan ir ante el Tribunal Contencioso-Administrativo a reclamar por los daños y la negligencia de los cuatro gobiernos anteriores para resolver el asunto.

Gutiérrez cree que eso le costaría al Estado hasta ¢20.000 millones, entre el valor de las tierras y la indemnización a los propietarios por la pérdida de las fincas ante la negligencia del Minae.

El 2 de junio de este año, los diputados aprobaron, en un presupuesto extraordinario, los primeros ¢2.000 millones para comprar las tierras inundadas.

Entre los afectados por las inundaciones que generó el canal de 800 metros de largo y dos de ancho hecho por Asdrúbal Campos, hay más de 50 familias, de las cuales solo 23 personas exigen acciones del Estado. Foto: Carlos Hernández, corresponsal.

Entre los afectados por las inundaciones que generó el canal de 800 metros de largo y dos de ancho hecho por Asdrúbal Campos, hay más de 50 familias, de las cuales solo 23 personas exigen acciones del Estado.

El Minae añadirá las 1.800 hectáreas a las 9.969 de Caño Negro, pues el ministro aseguró que ya el humedal se ha convertido en una especie de pulmón y hábitat para especies de flora y fauna.

La mayoría de los afectados se fue de la zona e hizo vida en la localidad de Tiales. Juan Carlos Averruz, por ejemplo, levantó una nueva casa, pero visita sus 200 hectáreas perdidas bajo el agua de vez en cuando.

Martha Jiménez reclama que el Estado no les ayude y añadió que, si bien antes no eran millonarios, vivían con dignidad. Ahora trabaja en lo que pueda, para sostener a su familia.

infografia

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Congreso ya aprobó la primera partida para comprar fincas

“Perdí todo lo que tenía y ahora, para subsistir, tengo que hacer de taxista pirata. Con los pocos ingresos que tengo, mantengo a mi marido enfermo”, dijo Edulvina Villalobos, de 66 años.

“Perdí todo lo que tenía y ahora, para subsistir, tengo que hacer de taxista pirata. Con los pocos ingresos que tengo, mantengo a mi marido enfermo”, dijo Edulvina Villalobos, de 66 años.

Los diputados aprobaron en el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015 una primera partida para comprar las tierras inundadas por la acción de un finquero en Caño Blanco de Guatuso, en 1998.

A petición del ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, presentó una moción para autorizar a esa entidad un gasto por ¢2.000 millones, aunque el total sería por ¢7.000 millones.

Gutiérrez explicó que la cifra surgió de una estimación de acuerdo con los precios de la tierra en esa zona, pero que finalmente se pagaría lo que los peritos del Ministerio de Hacienda definan tras los avalúos.

Aunque la erogación fue incluida en el Presupuesto de este año, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), no estuvieron de acuerdo en aprobarla.

Según Guevara, el Estado no debería asumir ese costo sin que haya antes un proceso judicial que determine si se debe pagar por las tierras.

“No veo posibilidades reales de que nos indemnicen. No es posible que a quien cause un daño incalculable solo le impongan una multa de cien mil colones”, opinó Roberto Alvarado.

“No veo posibilidades reales de que nos indemnicen. No es posible que a quien cause un daño incalculable solo le impongan una multa de cien mil colones”, opinó Roberto Alvarado.

El ministro defiende la posición de comprar las fincas, antes de que un juez de lo contencioso determine que se debe pagar también una indemnización ante los daños a las fincas y los montos dejados de percibir por la producción perdida.

El oficialista Ottón Solís es de la misma tesis que Guevara, pues adujo que el Congreso no puede aprobar beneficios para una lista mínima de personas, por medio de una ley singular.

Araya defendió el gasto, pues consideró que ahora los terrenos solamente son aptos para la conservación y, aunque ya productivamente no valen nada, ambientalmente sí.

“Si esto va al Contencioso, el Estado podría tener que pagarles entre ¢15.000 millones y ¢20.000 millones. ¿Por qué exponer al Estado?”, aseguró el legislador frenteamplista.

Para Solís, entre los eventuales beneficiarios del pago por las tierras podría haber empresarios agrícolas, lo cual hace la adquisición de las tierras de dudoso interés para el Estado.

Edgardo Araya defendió la precaria situación de los afectados, quienes no han podido extraer los beneficios de las fincas luego de la inundación causada por los intereses particulares de un finquero. El ministro prevé continuar con el pago hasta comprar todas las tierras.

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