Santa Cruz, Un Caso Muy Claro Acerca de Por Qué la Política Tradicional (Neoliberal), “Santa Cruz desafía orden de detener construcciones en el cantón”; “Santa Cruz permitirá más construcciones pese a agonía de acuífero”; Debe Ser Eliminada, Erradicada del Quehacer Político en Nuestro País.

“El desarrollo en algunos cantones guanacastecos, como Santa Cruz y Carrillo, está amenazado por la falta de disponibilidad de agua. Esa carencia responde, justamente, al crecimiento desmedido que permitieron municipios y otras autoridades durante la última década. El Concejo de Santa Cruz en Guanacaste decidió desafiar una orden para detener obras de construcción en el cantón, lo que podría hacer colapsar su principal acuífero y, con ello, poner en riesgo el abasto para 17.000 pobladores.”…

La Pregunta Obvia Es ¿Por Qué lo Hace?, ¿Por Qué Poner en Riesgo el Abasto Para 17.000 pobladores?; No Sólo Eso, ¿Por Qué Echar Atrás Si?

“La semana pasada, Angulo, quien también es jefa de la Comisión Cantonal del Agua, dijo que los cinco miembros del Concejo habían decidido prohibir, de inmediato, el otorgamiento de avales de construcción en los distritos Tamarindo, Tempate y Cabo Velas.”…

Simple y Sencillamente Porque, la “Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz”;

“Se acabó la posibilidad de construir casas, hoteles, restaurantes o comercios en las costas de Santa Cruz, Guanacaste. La sobreexplotación de un acuífero impide el levantamiento de cualquier obra adicional en tres de sus distritos más cotizados por el turismo. La parálisis del desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate –hogar de unas 17.000 personas– responde justamente al desarrollo desmedido que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero Huacas-Tamarindo, que los abastece de agua potable, debe ser sometido a una “rehabilitación”.”…

Y Aunque, el Alivio del colapso depende del consenso entre pueblo y Estado”; Cuando Se Trata de Políticos y Política Tradicional (Neoliberal), el Consenso del Pueblo NO IMPORTA, TAN SÖLO IMPORTA, lo Que Diga el Consenso de los Empresarios y de LOS POLÍTICAMENTE INFLUYENTES Y LOS ECONÓMICAMENTE PODEROSOS.

En Otras Palabras, “No solo los ricos sufren, las vacas no tienen agua’; Pero Para el Político y Política Tradicional (Neoliberal), Sólo Importa el Sufrimiento de los Ricos; Porque Cuando Se Trata de Dinero y de Negocios, el Sufrimiento de Vacas o de Cualquier Otro Animal, Incluyendo los 17 000 Humanos Afectados, No Importa, Es Un Daño Colateral Que Puede Quedar de Lado.

Es Por Eso Que a Un Nivel Político e Institucional Mayor, el “INVU frena reglamento que proponía limitaciones a la propiedad privada”.

Ya Que, Desde el Punto de Vista de la Política Tradicional (Neoliberal);

“El texto propuesto, publicado en el diario oficial  La Gaceta el 7 de mayo anterior, otorgaba a municipalidades y al INVU la potestad de definir qué tierras son o no urbanizables en todo el país al margen de que sean propiedad privada. A partir del Artículo 6, y subsiguientes, se hace una subclasificación de los suelos en términos de si son o no urbanizables (donde no se puede construir nada). Además, le encarga a las municipalidades a hacer un mapeo de todo distrito del país, con un año de plazo para hacerlo. Si no lo hacen en ese período, la sección de Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU se encargaría de hacerlo. Así, el documento ahora desechado, declaraba grandes porciones de terrenos como no urbanizables y, para pasar estos a urbanizables, el único criterio municipal iba a basarse, según el texto, en un crecimiento poblacional de la zona. Esto quiere decir que si a un lugar no llegan a vivir más personas o hay más nacimientos allí, entonces los terrenos declarados no urbanizables podrían seguir así indefinidamente. Por lo tanto, quien sea propietario de un terreno o un lote localizado en una zona no urbanizable no podría impulsar una construcción o venderlo para que algún desarrollador haga un edificio, o un centro comercial o un condominio.”…

En Otras Palabras, al Igual que Con el Caso del Alcalde de Santa Cruz, No Importa Que la Población Se Quede Sin Agua, No Importa Que el Ganado Muera de Sed, No Importa Que el Agonizante Acuífero Muera del Todo; Lo Único Que Importa Para los Políticos y la Política Tradicional (Neoliberal) en la Asamblea Legislativa Es que;

“El documento retirado señalaba que el principal criterio municipal para definir si un terreno podía recibir o no una urbanización, era si había un crecimiento de población en la zona donde está la propiedad, denunció, a su vez, Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Carazo recalcó que, si a un sitio no llegan a vivir más personas o no hay más nacimientos allí, entonces terrenos declarados no urbanizables podrían seguir así indefinidamente. Así, el propietario de un lote en una zona sin aval municipal para construcción, tampoco podría impulsar obras como centros comerciales, comercios, hoteles o vender el terreno, aseguró.“Esto no es un trámite para un nuevo reglamento; esto parece más una propuesta para transformar todo el mercado inmobiliario del país y eso tiene serios efectos para las personas, la economía y nuestro sector”, agregó.”…

Y Como, Al Igual Que el Político Tradicional (Neoliberal) de Santa Cruz, los Políticos Tradicionales (Neoliberales) de la Asamblea Legislativa Apoyan a la Plutocracia Neoliberal de los Ricos y Poderes Empresarios de la Construcción, Que Fueron Parte de los Que los Que los Pusieron en el Poder (Asamblea Legislativa), “Contribuyendo” y “Donando” Magnánimamente Con Sus Respectivos Partidos Políticos Durante la Campaña Electoral.

De Ahí el Rechazo de los Políticos Tradicionales (Neoliberales) en la Asamblea Legislativa al Reglamento que Proponía Limitaciones a la Propiedad Privada;

“Rechazo. Otras voces sumaron sus dudas sobre los efectos que habría tenido dicha iniciativa. Para el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, la propuesta habría encarecido la construcción de viviendas y obligaría a muchas personas a salir de sus comunidades hacia zonas urbanas, aun teniendo terrenos para construir, pero declarados no aptos para ello. “Al restringir la construcción de casas, se limita la posibilidad de las personas a tener techo y también las oportunidades de trabajo”, señaló el diputado. Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el texto no solo destila “improvisación”, sino que, en el tema de la construcción de condominios, incluye “obstáculos ridículos que se planteaban, como el requisito de abrir sus calles internas como si fueran calles públicas”, dijo Jiménez.”…

Es Por Eso Que al Igual Que la Molestia de los Funcionarios de las Respectivas Instituciones Públicas Por la Absoluta Falta de Lógica y de Raciocinio Esgrimido Por el Político Tradicional Neoliberal) de Santa Cruz;

“Molestia. A Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, lo indignó la decisión del Concejo y reconoció que le extraña que tanto el municipio como los inversionistas apuesten a construir más a pesar de conocer que los desarrollos podrían quedar a secas pronto. Romero y Angulo consideran que el dictamen fue acordado por presiones del gremio turístico y empresarial, y afirman que resultará contraproducente. “El alcalde no puede decir que tiene agua; no es técnico, ni sabe de hidrogeología, es político y está diciendo lo que los inversionistas quieren oír. Para mí, esta fue una decisión política muy irresponsable, presionada por un gremio muy fuerte”, alegó Romero. José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Agua del Minae, informó de que el municipio santacruceño se podría exponer a demandas judiciales si se atreve a otorgar permisos sin las cartas de disponibilidad hídrica. “¿Con qué agua van a construir? Si no se le va a otorgar disponibilidad –y tenga la seguridad de que el Minae no va a autorizar más pozos porque estamos claros de que no se pueden autorizar más–, no entendemos cómo van a permitir obras”, expresó Zeledón.”…

Señala la Representante, “Jessica Martínez, directora de Urbanismo y Vivienda: ‘Aquí se tocan intereses fuertes’;

¿Qué opinión le merece el retiro del reglamento que tanto ha impulsado?

“No entiendo cómo, si somos una institución autónoma que procura corregir problemas que se vienen desde hace dos o tres décadas en el país, de pronto hay una orden de Casa Presidencial que ordena que se haga lo contrario. Esto me deja en un estado de completa interrogante. Le puedo asegurar que se ha hecho un trabajo serio, a conciencia, con estudios y comparaciones de un montón de países y legislaciones, de situaciones que sufren los municipios día a día con este problema de la situación normativa. Lo que pasa es que aquí se tocan intereses fuertes que la gente no quiere dejar.”…

Entre Tanto, Gracias a Estas Políticas y Políticos Tradicionales (Neoliberales), el País Va Cada Día de Mal en Peor y la “Agricultura se extingue en cinco cantones de Costa Rica”; “En total, el país perdió en ese periodo un 21,6% de su superficie destinada al agro.”… (entre 1984 y en el 2014); lo que Significa Que, “Costa Rica perdió un 9% de fincas agropecuarias en las últimas tres décadas”.

Y Es que, Precisamente Hablando de Guanacaste (Santa Cruz), “Guanacaste tiene las fincas más grandes del país”.

Como Decían Nuestros Abuelos, “Mal de Muchos, Consuelo de Tontos” 

 

Santa Cruz desafía orden de detener construcciones en el cantón

El desarrollo  en algunos cantones guanacastecos, como Santa Cruz y Carrillo, está amenazado por la falta de disponibilidad de agua. Esa carencia responde, justamente, al crecimiento desmedido que permitieron municipios y  otras autoridades   durante  la última década. | ALBERT MARÍN

El desarrollo en algunos cantones guanacastecos, como Santa Cruz y Carrillo, está amenazado por la falta de disponibilidad de agua. Esa carencia responde, justamente, al crecimiento desmedido que permitieron municipios y otras autoridades durante la última década.

El Concejo de Santa Cruz en Guanacaste decidió desafiar una orden para detener obras de construcción en el cantón, lo que podría hacer colapsar su principal acuífero y, con ello, poner en riesgo el abasto para 17.000 pobladores.

El martes, los regidores determinaron que seguirían otorgando permisos para levantar infraestructura, como hoteles, condominios y restaurantes. A la sesión asistió un grupo de inversionistas alarmados por la eventual prohibición.

El municipio cedió pese a la oposición del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

La semana pasada, la regidora María Rosa Angulo –también jefa de la Comisión Cantonal del Agua– dijo que los cinco miembros del Corporación Municipal estaban de acuerdo en suspender la entrega de avales de construcción en los distritos Tamarindo, Tempate y Cabo Velas.

Eso, luego de que el Senara revelara una crisis por sobreexplotación en los niveles de la red de pozos del acuífero Huacas-Tamarindo, que abastece al comercio y a unos 17.000 pobladores de esos tres distritos.

Ante esos hallazgos, la entidad ordenó la “rehabilitación” de esa fuente hídrica, lo cual implica, por ejemplo, impedir la perforación de pozos, evaluar el caudal a algunos de los usuarios y que se cierren los pozos más cercanos al estero por el riesgo de que se contaminen con agua de mar.

La decisión de acatar las órdenes estatales estaba tomada, según Angulo. Empero, la noche de este martes, los miembros del gobierno local echaron atrás.

Tendencia de descenso de los niveles de agua en la época seca (2010-2014)

Tendencia de descenso de los niveles de agua en la época seca (2010-2014)

¿Qué viene? El alcalde santacruceño Jorge Chavarría manifestó ayer que no es necesario frenar las construcciones y restó importancia a la merma del acuífero. Para él, el informe del Senara “es solo una voz de alarma” y dijo que está trabajando en varias soluciones, pero sin precisar cuáles.

“¿Quién dice que no se puede construir? (…) Casi todo está lleno de agua, que no digan que aquí no hay agua, sí hay”, declaró.

Molestia. A Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, lo indignó la decisión del Concejo y reconoció que le extraña que tanto el municipio como los inversionistas apuesten a construir más a pesar de conocer que los desarrollos podrían quedar a secas pronto.

Romero y Angulo consideran que el dictamen fue acordado por presiones del gremio turístico y empresarial, y afirman que resultará contraproducente.

“El alcalde no puede decir que tiene agua; no es técnico, ni sabe de hidrogeología, es político y está diciendo lo que los inversionistas quieren oír. Para mí, esta fue una decisión política muy irresponsable, presionada por un gremio muy fuerte”, alegó Romero.

José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Agua del Minae, informó de que el municipio santacruceño se podría exponer a demandas judiciales si se atreve a otorgar permisos sin las cartas de disponibilidad hídrica.

“¿Con qué agua van a construir? Si no se le va a otorgar disponibilidad –y tenga la seguridad de que el Minae no va a autorizar más pozos porque estamos claros de que no se pueden autorizar más–, no entendemos cómo van a permitir obras”, expresó Zeledón.

Al respecto, el alcalde indicó que el Minae no le ha dicho “que existe la posibilidad de exponerse a procesos judiciales”, por lo que no evaluará cambiar de parecer, sino hasta que lo notifiquen.

Santa Cruz permitirá más construcciones pese a agonía de acuífero

La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.

El riesgo de parálisis en la construcción en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas– responde justamente al desarrollo desmedido que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero Huacas– Tamarindo, que los abastece de agua potable, debe ser sometido a una ‘ rehabilitación’.

El Concejo Municipal de Santa Cruz decidió anoche seguir otorgando permisos de construcción en ese cantón guanacasteco, pese a la agonía de su principal acuífero costero y a pesar de los graves riesgos que advierten el Senara, AyA y Minae.

Así lo resolvieron los regidores durante la sesión de este martes, a la que se hicieron presentes un grupo de inversionistas preocupados por la intención inicial del municipio de ponerle freno a las nuevas construcciones mientras se rehabilitaban las fuentes de agua.

Así lo confirmaron el alcalde santacruceño, Jorge Chavarría, y la regidora María Rosa Angulo.

La semana pasada, Angulo, quien también es jefa de la Comisión Cantonal del Agua, dijo que los cinco miembros del Concejo habían decidido prohibir, de inmediato, el otorgamiento de avales de construcción en los distritos Tamarindo, Tempate y Cabo Velas.

Así lo habían considerado luego de que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) revelara, mediante un estudio, una severa crisis en los niveles de la red de pozos del acuífero Huacas-Tamarindo.

Senara realiza mediciones periódicas ahí desde el 2002 y tras los hallazgos ordenó la inmediata ‘rehabilitación’ del acuífero. Para esto es necesario, por ejemplo, impedir la perforación de pozos y cerrar los que están más cercanos al estero, por el riesgo de que se contaminen con agua de mar.

Urgieron estas medidas dramáticas el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Anoche, sin embargo, los miembros del gobierno local echaron para atrás.

¿Qué pasará? El alcalde manifestó que no es necesario frenar las construcciones y restó importancia al tema de sobreexplotación del acuífero. Para él, el informe de Senara es solo una voz de alarma.

El jerarca municipal aseguró que están trabajando en soluciones, sin precisar de qué tipo.

"¿Quién dice que no se puede construir? (…) Casi todo está lleno de agua, que no digan que no hay agua, sí hay agua en Santa Cruz (…) Hay que mejorar todo, es cierto, estamos dándole seguimiento para que todo se arregle pero agua sí hay", declaró el alcalde.

José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Agua del Minae, informó a este medio de que el municipio santacruceño podría exponerse a demandas judiciales si se atreve a otorgar avales de construcción sin contar con cartas de disponibilidad de agua.

"¿Con qué agua van a construir? Si no se le va a otorgar disponibilidad -y tenga la seguridad de que el Minae no va a autorizar más pozos, porque estamos claros de que no se puede autorizar más-, no entendemos cómo van a autorizar construcciones.

"Estarían faltando a la ley y ahí se podrían ver en conflicto el ingeniero o el alcalde a cargo, si autorizaran algo que no tenga todo los requisitos de ley", declaró Zeledón.

Consultado al respecto, Chavarría indicó que "el ,Minae no les han comentado" sobre esa posibilidad de exponerse a demandas, por lo que no cambiarán de parecer sino hasta que los notifiquen.

Por su parte, la regidora María Rosa Angulo expresó que le indigna el cambio criterio de los otros cuatro miembros del Concejo, y aseguró que la decisión de paralizar construcciones se tendrá que tomar pronto, pese a la presión de los inversionistas y desarrolladores.

Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz

La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.La parálisis del  desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate – hogar para unas 17.000 personas–  responde justamente al desarrollo desmedido  que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero  Huacas– Tamarindo, que  los abastece de agua potable, debe ser sometido  a una ‘ rehabilitación’.

Guanacaste. Se acabó la posibilidad de construir casas, hoteles, restaurantes o comercios en las costas de Santa Cruz, Guanacaste. La sobreexplotación de un acuífero impide el levantamiento de cualquier obra adicional en tres de sus distritos más cotizados por el turismo.

La parálisis del desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate –hogar de unas 17.000 personas– responde justamente al desarrollo desmedido que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero Huacas-Tamarindo, que los abastece de agua potable, debe ser sometido a una “rehabilitación”.

Ese es el mandato de carácter vinculante que emitió el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), tras revelar una severa crisis en los niveles de la red de pozos de esa fuente costera. Esa entidad realiza mediciones periódicas ahí, desde el 2002.

La orden obliga al sector a ejecutar medidas dramáticas. María Rosa Angulo, regidora de la Alcaldía de Santa Cruz y jefa de la Comisión Cantonal del Agua, dijo que los cinco miembros del Concejo prohibieron el otorgamiento de avales de construcción desde esta semana.

“Estamos muy alarmados, debemos tomar la decisión de que no se puede dar agua. La zona costera no puede crecer más, no podemos permitir dar más permisos”, declaró Angulo.

La sobreexplotación de los pozos del acuífero cercanos al estero los tiene en grave riesgo de salinización (contaminación con agua de mar), por lo que deberán ser clausurados al menos hasta que recuperen sus niveles. Esto podría llegar a afectar el abasto a hoteles y comercios.

Pero no solo el desarrollo sufre. Muchos de los 17.000 pobladores de la costa de Santa Cruz ya tienen racionamientos diarios, los pozos secos y al ganado sediento.

¿Qué detonó la crisis? El Senara alertó, desde el 2003, sobre los problemas del acuífero Huacas-Tamarindo. Hoy advierte de que podría no ser el único.

Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz (ADRIÁN SOTO H)

Los niveles de la fuente comenzaron a descender significativamente en el 2011, y del 2013 al 2014 cayeron el doble que entre el 2011 y el 2013. En este caso, hubo factores que aceleraron la afectación, como la sequía, la cobertura de aguas de recarga y la “costumbre” de perforar pozos ilegales o modificar su tamaño original para satisfacer más demanda.

Esas irregularidades impiden que las autoridades conozcan el nivel de explotación real en este acuífero (y en los demás). El mes pasado, 37 de sus pozos fueron monitoreados por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Senara.

La solución tardará. Según Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, es muy probable que el desabastecimiento y la sequía se alarguen al menos hasta el 2017.

Yamileth Astorga, presidenta del AyA, urgió detener la perforación de pozos en este acuífero, hoy manejado por más de 10 acueductos rurales. La Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados de Tamarindo es la que posee los pozos más propensos a salinizarse.

Bajo la manga. Según Romero, la vida, el desarrollo económico y turístico de los distritos costeros colapsarán si no se hace un plan de aprovechamiento de la fuente. Eso implica tomar acciones externas, como construir más acueductos e “importar” agua potable desde otros sitios.

Romero y Astorga coincidieron en que la crisis actual debe obligar a consensos entre sector comunal, turístico y municipal, en pos de la rehabilitación y una administración conjunta y eficiente de esta fuente hídrica.

Entre tanto, las entidades barajan opciones urgentes, como el cierre de pozos ilegales y cercanos a la costa, además de la excavación de otros temporales, más continentales pero en el mismo acuífero. Otra opción es que el Ministerio recorte los caudales cedidos para las construcciones.

Esta no sería la primera vez que la construcción se frena por la escasez del líquido en las costas guanacastecas. Según Priscilla Solano, jerarca de la Cámara de Turismo de la provincia, eso los golpea desde el 2000, paraliza su desarrollo e impacta el índice de desempleo (es del 17%).

Un proyecto de condominios en playa Hermosa, Carrillo, quedó a medio construir hace cinco años por la falta de disponibilidad de agua. Hoy, mientras sus compradores están desesperados por recuperar su inversión, los desarrolladores afrontan un juicio por el incumplimiento y confían en que el AyA aporte $1,5 millones para construir un nuevo acueducto.

infografia

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Alivio del colapso depende del consenso entre pueblo y Estado

El desarrollo en el centro de Tamarindo sufrirá un estancamiento, en espera a la rehabilitación del acuífero que lo abastece. | ALBERT MARÍN.

El desarrollo en el centro de Tamarindo sufrirá un estancamiento, en espera a la rehabilitación del acuífero que lo abastece.

La parálisis del desarrollo en la zona costera de Santa Cruz no verá una solución pronta, a menos que los pobladores y el Gobierno lleguen a un consenso sobre la construcción de nuevos acueductos en zonas aledañas.

Hasta hoy, la alternativa más tentadora para las autoridades es la explotación del acuífero de Nimboyores, el cual tiene un potencial explotable de 188 litros por segundo (L/s) y se ubica a unos 10 kilómetros del acuífero en crisis, Huacas-Tamarindo.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) consideran que la fuente haría crecer el abasto y, además, ser sustituta, mientras se rehabilita y desaliniza el acuífero costero.

Como primera medida, en febrero, el hotel Reserva Conchal (RC) cedió al AyA un pozo en el acuífero Nimboyores, durante 12 meses, para que lleve agua a los poblados más sedientos.

Para ello, se firmó un contrato de comodato: el AyA asumiría, ese mismo mes, el control de los terrenos y del pozo de RC, sustraería el recurso y lo haría llegar a familias y comercios, mediante camiones cisterna.

El acuerdo dispone que la empresa estaría dispuesta a donar sus propiedades y activos a Acueductos, una vez concluido el comodato. Eso, solo si AyA incorpora en su presupuesto del 2016 los recursos para construir el acueducto de Nimboyores.

Según Yamileth Astorga, presidenta del AyA, esa obra será definida mediante consulta y participación de los vecinos y acueductos rurales (Asadas), muchos de los cuales se han opuesto a ella y al “aporte” de Reserva Conchal.

¿Y ahora? La semana pasada, Astorga dijo a La Nación que acondicionaron el campo de pozos en Nimboyores, por lo que está listo para abastecer a camiones cisterna. Agregó que “quienes quieran pueden llegar a cargar agua”.

Empero, la logística para cobrarles a Asadas y hoteles por ese líquido es compleja, pues la tarifa de agua a granel (limpia, pero sin administrar) aún no se ha fijado.

Clara Agudelo, jefa de la Unidad de Gestión Hídrica del Senara, recordó que el acueducto de Nimboyores sería una medida a largo plazo. Lo son, también, la idea de levantar un acueducto en río Cañas y la de construir un embalse de 900 hectáreas sobre el cauce del río Piedras, en Bagaces, con capacidad para almacenar 80 millones de metros cúbicos de agua. Esa última, sin embargo, suma ya 25 años engavetada.

Según Agudelo, el Senara está exigiendo medidas como que los administradores de acueductos aminoren pérdidas, usen medidores para controlar pozos, sancionen y anulen concesiones.

No solo los ricos sufren, las vacas no tienen agua’

Teodoro Duarte sobrevive de darle agua al ganado.  | ALBERT MARÍN

Teodoro Duarte sobrevive de darle agua al ganado.

Teodoro Duarte se ha dedicado por 50 años a darle agua al ganado ajeno y nunca se le ocurrió que llegaría al pozo y lo encontraría seco. Pero, en los últimos meses, esa es una de sus más inminentes preocupaciones.

La escasez de agua en el poblado Huacas –en Tempate de Santa Cruz, Guanacaste– lo afecta a él, pero también a las 50 vacas finas a las que arrea, dos veces al día, sobre una yegua, hacia una pila de cemento en la extensa finca Guanacaste.

El pozo de 12 metros de hondo, al que le saca el jugo desde sus 16 años, está por colapsar: un jueves de mayo registra solo 50 centímetros de agua. En estos tiempos le toca galopar mucho más, hacia otro pozo que alguien perforó hace muy poco.

Cerca de las 9 a. m., de ese jueves, mientras carga una botella de agua, maíz y jícara vacía, el guanacasteco, de 66 años, lamenta enterarse de que pronto vendrán tiempos aún peores para la vida, el ganado y el trabajo.

“En esto, no solo los ricos sufren, ni los grandes edificios de lujo, ni los turistas. Las vacas se están quedando sin agua, basta con verlas esperando a que les llene la pila. Nunca las he visto tan ansiosas; ellas están enteradas de que hay algo mal”, dice.

A unos cuantos kilómetros, en el centro de Tamarindo (uno de los puntos más turísticos y desarrollados de Guanacaste), la falta del líquido no parece quitarles el sueño a los comerciantes, al menos por ahora.

Así lo revela un sondeo realizado por La Nación en las comunidades abastecidas por el acuífero costero Huacas-Tamarindo. La fuente está sobreexplotada y entrará en rehabilitación, lo que podría afectar, por tiempo indefinido, el abasto en Tamarindo, Tempate y Cabo Velas.

Según Wálter Martínez, dueño del restaurante Walter’s, a los usuarios de la Asada de Tamarindo (que administra los pozos más afectados del acuífero) no les falta ni una sola gota.

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INVU frena reglamento que proponía limitaciones a la propiedad privada

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) anunciará hoy que va a retirar de consulta pública una propuesta de reglamento que planteaba  limitaciones al uso de propiedades en el país; especialmente en lo tocante a construcciones.

Ericka Calderón, asesora legal de Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, confirmó el retiro del documento en consulta a este diario justo cuando un periodista de La Nación estaba por consultarle a Calderón sobre algunos de los aspectos polémicos que el texto plantea.

Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, asegura que  hará cabildeo en la Asamblea para conseguir el dinero faltante.  |  JOSÉ CORDERO.

Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, salió hoy a vacaciones y regresa a inicios de junio, informó su asesora legal.

Entre ellos, por ejemplo, otorgarle potestad a las municipalidades y al INVU sobre la regulación de condominios aún y cuando estos tienen su propia Ley y reglamento.

Poco antes de mediodía, Calderón informó de que el INVU había asumido una posición institucional entorno a la propuesta de regulación, luego de una instrucción recibida directamente de Casa Presidencial: la instrucción es sacar de consulta pública el reglamento, confirmó la asesora en representación de Montero quien hoy salió a vacaciones.

"No veo entonces razón para referirme al fondo del asunto. Ahora la idea es tener el documento bajo estudio a futuro", concluyó la vocera interina. La presidenta ejecutiva del INVU regresará a inicios de junio de sus vacaciones, agregó Ericka Calderón.

El documento en cuestión es una actualización que el INVU impulsaba del reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

El texto propuesto, publicado en el diario oficial  La Gaceta el 7 de mayo anterior, otorgaba a municipalidades y al INVU la potestad de definir qué tierras son o no urbanizables en todo el país al margen de que sean propiedad privada.

A partir del Artículo 6, y subsiguientes, se hace una subclasificación de los suelos en términos de si son o no urbanizables (donde no se puede construir nada). Además, le encarga a las municipalidades a hacer un mapeo de todo distrito del país, con un año de plazo para hacerlo. Si no lo hacen en ese período, la sección de Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU se encargaría de hacerlo.

Así, el documento ahora desechado, declaraba grandes porciones de terrenos como no urbanizables y, para pasar estos a urbanizables, el único criterio municipal iba a basarse, según el texto, en un crecimiento poblacional de la zona.

Esto quiere decir que si a un lugar no llegan a vivir más personas o hay más nacimientos allí, entonces los terrenos declarados no urbanizables podrían seguir así indefinidamente. Por lo tanto, quien sea propietario de un terreno o un lote localizado en una zona no urbanizable no podría impulsar una construcción o venderlo para que algún desarrollador haga un edificio, o un centro comercial o un condominio.

Posibles violaciones a leyes vigentes y a la Constitución. De haber prosperado, solo este punto citado (entre varios más) habría supuesto una posible violación a la Constitución Política de Costa Rica en los artículos sobre la autonomía municipal, administrativa y funcional de los gobiernos locales (169 y 170).

También podría haber violado el principio de legalidad de la Constitución (artículo 11), que dice que todas las instituciones y la administración pública solo pueden actuar conforme a lo que la ley expresamente les autoriza.  Sin ley que dé una facultad o función a una institución, una entidad como el INVU, mediante un reglamento, no podría ejercer estas funciones y mucho menos con un instrumento de inferior jerarquía en relación a una ley.

Del mismo modo, el INVU estaba proponiendo cambios en la administración y uso de la tierra que habrían violado la Carta Magna costarricense en su artículo 45, el cual declara que la propiedad privada  es inviolable o el 50.

Ese artículo dice lo siguiente: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".

Esto quiere decir que el reglamento podría violar justamente esa función del Estado en lo tocante a la organización y estímulo de la producción nacional porque, al restringirse de esa forma el uso de la tierra como lo proponía el INVU, también podría desestimularse el desarrolo de la actividad econonómica (construcción, apertura de comercios y servicios, turismo, etc.) si los terrenos están en zonas no urbanizables. 

Estos principios constitucionales están desarrollados por leyes especiales que, igualmente, estarían siendo violadas, ya que la propuesta de reglamento que el INVU estaba impulsando inflinge el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana y la Ley General de la Administración Pública y la Ley Reguladora de la propiedad en condominio.

INVU frena reglamento de límites a la propiedad

Vistas del condominio Los Volcanes, localizado en San Pablo de Heredia. Cámaras y diputados han expresado inquietudes ante la propuesta del INVU, que, en el caso de condominios, plantea más visibilidad de estos desde el exterior y acceso público por sus vías internas.   | GRACIELA SOLÍS

Vistas del condominio Los Volcanes, localizado en San Pablo de Heredia. Cámaras y diputados han expresado inquietudes ante la propuesta del INVU, que, en el caso de condominios, plantea más visibilidad de estos desde el exterior y acceso público por sus vías internas.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) retiró ayer de consulta pública un borrador de reglamento que planteaba límites al uso de propiedades y a la construcción, a raíz de las críticas de varios sectores.

La Nación quiso consultar a la presidenta del INVU, Sonia Montero, por qué el texto planteaba darles potestad a municipalidades y a la institución para impedir que condominios nuevos levanten muros cuando estos limiten con zonas públicas (parques y calles). También por qué la circulación vial y de personas en las áreas comunes de estos asentamientos, debe ser más accesible a cualquiera que desee transitar por ellas.

La entidad buscaba su aprobación a inicios del próximo mes, pero recibió críticas por imponer restricciones al uso de la propiedad privada.

Ericka Calderón, asesora legal de Montero, se limitó a informar del retiro del borrador, justo cuandoLa Nación llegó a consultar aspectos de la propuesta para un nuevo Reglamento del Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

A media tarde de ayer, el área de prensa del INVU confirmó, en un comunicado de cuatro líneas, que se retiraba el documento, “con la finalidad de poder estudiar el tema a profundidad y de manera inclusiva con los diferentes sectores interesados”.

Calderón informó de que Montero estaba de vacaciones, y que desde la Casa Presidencial se ordenó sacar de consulta el texto.

Además, dijo que no iba a referirse al fondo del documento ni respondería a este diario.

El borrador publicado en el diario oficial La Gaceta, el 7 de mayo, también daba a las municipalidades y al INVU potestad de definir qué tierras son o no aptas para levantar urbanizaciones.

Detalles. Por ejemplo, a partir del artículo 6 y subsiguientes del reglamento en consulta, se hace una clasificación de los suelos y se encarga a las municipalidades trazar un mapa de los distritos del país, según esas indicaciones, en el plazo de un año. Si los ayuntamientos incumplen, la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU trazaría dicho mapa.

El documento retirado señalaba que el principal criterio municipal para definir si un terreno podía recibir o no una urbanización, era si había un crecimiento de población en la zona donde está la propiedad, denunció, a su vez, Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Carazo recalcó que, si a un sitio no llegan a vivir más personas o no hay más nacimientos allí, entonces terrenos declarados no urbanizables podrían seguir así indefinidamente.

Así, el propietario de un lote en una zona sin aval municipal para construcción, tampoco podría impulsar obras como centros comerciales, comercios, hoteles o vender el terreno, aseguró.

“Esto no es un trámite para un nuevo reglamento; esto parece más una propuesta para transformar todo el mercado inmobiliario del país y eso tiene serios efectos para las personas, la economía y nuestro sector”, agregó.

De haber prosperado, este punto podría haber violado la Constitución Política en los artículos 169 y 170 sobre autonomía municipal, y los cambios propuestos en la administración y uso de la tierra el artículo 45, que declara inviolable la propiedad privada.

Rechazo. Otras voces sumaron sus dudas sobre los efectos que habría tenido dicha iniciativa.

Para el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, la propuesta habría encarecido la construcción de viviendas y obligaría a muchas personas a salir de sus comunidades hacia zonas urbanas, aun teniendo terrenos para construir, pero declarados no aptos para ello.

“Al restringir la construcción de casas, se limita la posibilidad de las personas a tener techo y también las oportunidades de trabajo”, señaló el diputado.

Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el texto no solo destila “improvisación”, sino que, en el tema de la construcción de condominios, incluye “obstáculos ridículos que se planteaban, como el requisito de abrir sus calles internas como si fueran calles públicas”, dijo Jiménez.

Jessica Martínez, directora de Urbanismo y Vivienda: ‘Aquí se tocan intereses fuertes’

¿Qué opinión le merece el retiro del reglamento que tanto ha impulsado?

No entiendo cómo, si somos una institución autónoma que procura corregir problemas que se vienen desde hace dos o tres décadas en el país, de pronto hay una orden de Casa Presidencial que ordena que se haga lo contrario. Esto me deja en un estado de completa interrogante. Le puedo asegurar que se ha hecho un trabajo serio, a conciencia, con estudios y comparaciones de un montón de países y legislaciones, de situaciones que sufren los municipios día a día con este problema de la situación normativa. Lo que pasa es que aquí se tocan intereses fuertes que la gente no quiere dejar.

Hay inquietud por el tema de dónde se puede o no construir. ¿Qué opina de esas dudas?

Es un asunto de lógica. Me parece que hay mala interpretación. El reglamento no dice que no se puede construir una casa. Si usted es agricultor y tiene que hacer una casa, usted puede hacerlo. Lo que dice es que si usted está en una zona urbana, porque tiene servicios y accesos, y sabiendo que es un suelo impactado porque ya hay ocupación, pues, entonces, usted delimita ese perímetro, y puede haber zonas con posibilidad de ser urbanizadas más adelante.

Entonces, ¿por qué cree que haya tan ebullición con esto?

Lo que pasa es que en suelos rurales, donde la tierra es más barata, los desarrolladores inmobiliarios han estado comprando sistemáticamente las tierras que otrora fueron de uso agrícola, que por varias razones, ya no son tan rentables, y desarrollando proyectos pero sin la debida infraestructura de servicios básicos. La carga de construir esos servicios la estamos pagando todos porque el Estado y la municipalidad deben proveer los servicios que debieron asumir los inversionistas. Esos proyectos deberían ser en zonas donde ya hay infraestructura.

También preocupa que los condominios deban ser más abiertos a la vía pública.

En el tema de las tapias, lo que pusimos es que las áreas comunes del condominio que colinden con la vía pública tienen que tener permeabilidad. Es decir, usted no puede tener un muro de bloques, pero sí puede un muro de un metro y luego una verja de 300 metros de altura. No es lo mismo caminar en una acera entre jardines, que entre tapias, donde lo asaltan mucho más rápido.

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Agricultura se extingue en cinco cantones de Costa Rica

El condominio Hacienda Gregal muestra el avance inmobiliario en La Unión, frente a la agricultura. En 25 cantones el área agrícola cayó más del 40% en tres décadas. | JORGE ARCE

El condominio Hacienda Gregal muestra el avance inmobiliario en La Unión, frente a la agricultura. En 25 cantones el área agrícola cayó más del 40% en tres décadas.

Las áreas destinadas a actividades agropecuarias prácticamente se extinguieron en cinco cantones de Costa Rica, pues disminuyeron por encima del 78% en los últimos 30 años.

Así lo demuestra una comparación de la cantidad de hectáreas dedicadas a la producción agrícola en 1984 y en el 2014, de acuerdo con la información de los dos últimos censos nacionales agropecuarios.

En total, el país perdió en ese periodo un 21,6% de su superficie destinada al agro.

La información, preparada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a pedido de La Nación, indica que los cambios más evidentes se presentaron en Tibás, Escazú, Belén, Flores y Curridabat.

En Tibás, el área cultivada pasó de 695,3 hectáreas en 1984, a tan solo 4,3 hectáreas registradas en el 2014, para una caída del 99,4%.

En el caso de Escazú, la baja fue de 1.091 hectáreas en 1984, a apenas 57,6 hectáreas en el 2014; en Belén cayó de 731 hectáreas a 66 hectáreas; en Flores de 811 a 199 hectáreas y, en Curridabat, de 946 hectáreas a 204 hectáreas, según revelaron los censos.

Al contrario, solo en nueve cantones se registró un aumento en la extensión dedicada a la producción agropecuaria.

Cantones que bajan y suben.

Cantones que bajan y suben. (INFOGRAFÍA)

Se trata de Coto Brus, Guatuso, Hojancha, Valverde Vega, San Mateo, Pococí, Talamanca, Limón y Tarrazú, todos ubicados fuera del Valle Central. Coto Brus pasó de tener 41.452 hectáreas en 1984 a 52.104 hectáreas en el 2014, el aumento mayor del país (26%).

Recaudación. Las municipalidades de algunos cantones reconocieron que el cambio implica una mejoría en la recaudación del impuesto a los bienes inmuebles, al tiempo que conlleva retos en la prestación de servicios y convierte estas zonas en dormitorios y sitios con intenso flujo vehicular.

Irene Bravo, vicealcaldesa de Tibás, explicó que en ese cantón josefino apenas tienen tres terrenos de vocación agrícola y que el cambio dramático de uso de la tierra acarrea algunos problemas para ese gobierno local: la presión de la población por más áreas verdes, y por ser lugar de paso, un tránsito muy elevado.

Para Ana Lucía Hidalgo, vicealcaldesa de Flores, la posición geográfica de ese lugar le concede atractivo como dormitorio, además de ser un sitio donde aún se pueden encontrar cualidades rurales y las calles no sufren todavía por congestión.

El alcalde de Belén, Horacio Alvarado, estimó positivo el mayor ingreso en impuestos, pues las tierras se dividen en propiedades más pequeñas, pero lamentó que el área central del país se quede sin actividad agropecuaria.

En Coto Brus, donde más creció el área agropecuaria entre 1984 y 2014, el alcalde Rafael Ángel Navarro resaltó que se debió principalmente a la ganadería y la necesidad de las familias de cultivar para subsistencia.

Navarro advirtió de que, con el cobro diferenciado del impuesto de bienes inmuebles al agro, los ingresos de ese ayuntamiento caerán un 50% en el 2016.

Costa Rica perdió un 9% de fincas agropecuarias en las últimas tres décadas

El número de fincas destinadas a la actividad agropecuaria bajó en casi 9.000 en las últimas tres décadas. El INEC censó, este año, un total de 93.007 propiedades usadas para cultivo  y ganadería.  | ALBERT MARÍN

El número de fincas destinadas a la actividad agropecuaria bajó en casi 9.000 en las últimas tres décadas. El INEC censó, este año, un total de 93.007 propiedades usadas para cultivo y ganadería.

En los últimos 30 años, Costa Rica perdió un 9% de las fincas destinadas a la actividad agrícola y pecuaria.

Así lo revelaron los primeros datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según la información preliminar difundida, fueron contabilizadas un total de 93.007 fincas. La última vez que se había realizado el estudio, en 1984, se encontraron 101.938 propiedades.

Del total de lugares censados, Alajuela y San José suman la mitad, pero son los cantones de San Carlos y Pérez Zeledón los que poseen la mayor concentración de terrenos agropecuarios, según el INEC.

El Censo identificó además 38.015 terrenos con producción agropecuaria que no son fincas, sino con un uso mixto de vivienda y cultivo de autoconsumo.

Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional Agricultura y Agroindustria, estimó que la baja en fincas en estas tres décadas pudo responder a la creación de parques nacionales o reservas forestales.

Herramienta. En mayo, el INEC presentará los resultados generales del Censo que mostrarán con más exactitud la evolución de la extensión de terreno cultivado y los lugares donde se concentra la producción costarricense.

“La información obtenida en el campo nos permitirá determinar, por ejemplo, en dónde y en cuáles cantones del país se concentra la siembra de arroz y así con el resto de cultivos”, manifestó Didier Hernández, coordinador del Censo Agropecuario.

Para Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, el trabajo del INEC será fundamental para orientar los programas impulsados desde el Gobierno, de fomento de la agricultura y la actividad pecuaria.

“Los datos nos permitirán establecer correlaciones entre el agro y la pobreza. De esta forma podremos focalizar mejor los programas de asistencia pública”, resaltó el ministro.

infografia

Guanacaste tiene las fincas más grandes del país

Parcela de arroz en Abangares

Parcela de arroz en Abangares (ARCHIVO GN)

uanacaste con un promedio de 54,6 hectáreas por finca es la provincia donde se encuentran las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño en Costa Rica, según los datos del sexto Censo Nnacional Agropecuario 2014, revelados preliminarmente la mañana de este jueves.

En segundo lugar se ubica Puntarenas con un promedio de 35,6 hectáreas por finca, seguida por Limón con 28,8 hectáreas por finca.

Al contrario Cartago es la provincia con el tamaño promedio por finca menor con 9,7 hectáreas por cada una.

Los datos también confirman que el área total dedicada por el país a actividades agropecuarias bajó un 8,7% con respecto a 1984, cuando se realizó el último censo.

Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería da a conocer los resultados del censo agropecuario 2014

Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería da a conocer los resultados del censo agropecuario 2014

El censo también reveló que la edad de los agricultores se concentra entre los 50 y 54 años.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, considera que por un lado los datos establecen que la actividad agropecuaria mantiene bastante importancia en el país, aunque su participación porcentual en la economía haya disminuido frente a otras actividades como la manufactura y los servicios.

Sin embargo, por otro lado la concentración de productores en edades avanzadas implica que se debe hacer un esfuerzo para que la juventud vuelva a interesarse y se mantenga en la producción rural, aseguró Arauz.

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