¡Todo Por NO Quitarle al MOPT el Chorizo Político Empresarial del Conavi!


El Gurú Todo lo Sabe | Opinión Política en Costa Rica

El Actual “Gobierno promovió plan para municipios sin contar con los fondos”;

“El Poder Ejecutivo impulsó en el Congreso un plan de ley para fortalecer los municipios, sin contar con una fuente de financiamiento para sostenerlo.

Se trata del expediente 18.001, que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales a mediados de abril.

El texto plantea un cambio en la disposición de los recursos que se recaudan con el llamado impuesto a la gasolina, establecido por la Ley 8.114.

El proyecto, redactado por el Ministerio de Planificación (Mideplán), propone triplicar el dinero que esa legislación obliga a dar a las municipalidades, pasando del actual 7,5%, a un 22,5%, lo cual se haría de forma escalonada durante tres años.

El segundo porcentaje equivaldría a unos ¢62.750 millones, explicó Leonardo Campos Castillo, coordinador de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).”

“No obstante, ni los jerarcas del Poder Ejecutivo encargados de enviar el proyecto al Congreso, ni los diputados que lo dictaminaron en la Comisión de Municipales, tuvieron en cuenta un pequeño detalle: los fondos ya son usados por el Estado.”…

Para Hacer el Desaguisado Aún Mayor, la “Ministra de Planificación desconoce a quién quitará dinero para dárselo a municipalidades”; Lógicamente, Así las Cosas, el “Plan municipal llevaría las finanzas de Costa Rica a la quiebra”.

Y Aunque Usted No lo Crea, Aún Quedó Espacio Para, Salir Con Una Ocurrencia de Domingo 7; Ya que Un Compadre, “Diputado del PLN propone pasar ¢800.000 millones a municipios sin darles funciones”.

Pero Analicemos el Tema y Sus Aristas, Un Poco Mas A Fondo.

Por Un Lado, las “Penurias financieras aquejan a 38 municipalidades”; Por lo Que Sería Justo, Aliviarlas en la Medida de lo Posible, Sobretodo a las Más Pobres y Alejadas del País.

Pero Por el Otro Lado, los “Gobiernos locales sacan notas bajas en gestión”; “pues en su conjunto solo habían ejecutado  un 32% de sus gastos presupuestados, por ¢412.722 millones” (programados en el 2014).

No Sólo Eso, “17 municipios forman el ‘club’ de los más ineficientes”.

Y Por Si Eso Fuera Poco, los “Municipios tienen sin usar millones para vías y la niñez”.

¿Por Qué Ocurre Eso?

En Gran Medida Porque los Alcaldes y Regidores Son Elegidos Políticamente Por los Partidos Políticos Para Mantener el Control y Sus Intereses en los Diferentes Municipios.

Eso Se Refleja en el Hecho de Que los Alcaldes de las Municipalidades Más Ricas y Poderosas Ganan Más Que los de las Más Pobres y Menos Influyentes, “Diferencia entre sueldos de alcaldes llega a ¢4 millones”; Sí el Puesto No Fuera Político, Todos Deberían Ganar Igual, No Importa Si la Municipalidad Es Rica o Pobre.

Pero Mayoritariamente Se Debe a Que, los “Municipios tienen poco peso en obras públicas”.

En Otras Palabras, Los Municipios Realizan Obras Locales; Cuando Se Trata de Obra Pública, Sobretodo Si Es de Gran Magnitud Como Carreteras y Caminos Vecinales, Acueductos y Alcantarillados, Electrificación, Etcétera; Se Debe Acudir al Gobierno; Es Decir, al Estado y A Sus Instituciones Como lo Son el MOPT, el ICE, AyA, Etcétera.

Es Por Eso Que No Tiene Ningún Sentido Trasladar Recursos del Estado a las Municipalidades Para que Éstas Construyan y Desarrollen Infraestructura Pública.

En Otras Palabras, Eso le Toca al Estado, Eso le Toca al MOPT.

Entonces, ¿Por Qué el MOPT No lo Hace?

Simple y Sencillamente Porque Desde Que la Plutocracia Neoliberal Creo el CNC y el Conavi; el MOPT Se Olvidó de Que Esa Era Su Función y Bajo el Modelo Neoliberal de Concesión y Contratación de Obra Pública Pasó a Creer Que Su Nueva Función Es la de Dar y Conceder Chorizos, digo Contratos y Concesiones a Empresas y Constructoras Tanto Nacionales Como Extranjeras; Pero, Principalmente, Extranjeras.

¿Qué le Ha Dejado al País Ese Cambio del MOPT del Modelo Solidario al Modelo Neoliberal?

Para Nuestra Dos Botones

1) El “Peligro aumenta en cinco vías nacionales por obstáculos y falta de barandas”; las “Bases de los postes de iluminación resultan letales en la Florencio del Castillo”; Así que, “MOPT sacará nuevo cartel para barreras protectoras en Florencio del Castillo”; (4 de septiembre de 2014); las “autoridades judiciales estimaron en 6 meses el tiempo máximo para colocar estos materiales de seguridad”; “Tres empresas presentaron ofertas para colocar barreras en carretera Florencio del Castillo”; (23 de octubre de 2014); “Constructora Hernán Solís se encargará de eliminar obstáculos en Florencio del Castillo”; (12 de febrero de 2015); “Vehículo se sale de la vía y choca contra árbol en La Unión”; (11 de abril de 2015).

Conclusión: Pasaron los 6 Meses, Es Más Pasaron 7 Meses, Y el Problema Sigue Sin Solucionar, Y, la Empresa Como Si Nada, Gracias al Conavi.

2) La “Ruta 32 depende de que CHEC acepte peticiones del ministro del MOPT”; (25 de febrero de 2015); Ese Mismo Día, el “Ministro pide aprobar préstamo chino para ruta 32 tal como está”; (25 de febrero de 2015); ¿Coincidencia?; los “Diputados dan aprobación final a préstamo para la ruta 32”; (25 de febrero de 2015); Vuelvo a Preguntar, ¿Coincidencia?; los “Diputados aprueban plan de ruta 32 sin conocer contrato comercial”; (26 de febrero de 2015); De Esa Forma, el “MOPT promovió ruta 32 confiado en honor chino”; (27 de febrero de 2015).

Así Que, lo Que Tenía Que Pasar, Pasó, “China subirá costo de ruta 32 y podría alterar préstamo”; (29 de abril de 2015); ¿Por Qué?, Ciertamente No Porque el Gobierno Chino Incumpliera Con Su Honor; Sino Porque el Honor en los Negocios NO EXISTE, “Business is Business”, Y En Competencia, Gana el Más Fuerte; Y ¿Quién Es el Más Fuerte en Un Contrato de Burro Amarrado Contra Tigre Suelto?

Para Luego, Ya Es Tarde y Como Siempre, los Responsables Se Esconden Para No Dar la Cara, “Ministro Carlos Segnini se escondió ante noticia de una obra más cara”; Y los Co-Responsables Se Rasgan las Vestiduras, Para No Aceptar Que También Son Responsables, “Asamblea Legislativa arde en contra de ministro Carlos Segnini”.

Pero lo Obvio Es Obvio Y la Verdad Siempre Sale a Relucir, los “Expertos culpan al MOPT por encarecimiento de ruta a Limón”.

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¡Todo Por NO Quitarle al MOPT el Chorizo Político Empresarial del Conavi!

 

Gobierno promovió plan para municipios sin contar con los fondos

La reforma del 2001 obliga al Estado a transferir a las municipalidades el 10% de sus ingresos para darlos a los municipios.  | CARLOS HERNÁNDEZ /LN

La reforma del 2001 obliga al Estado a transferir a las municipalidades el 10% de sus ingresos para darlos a los municipios.

El Poder Ejecutivo impulsó en el Congreso un plan de ley para fortalecer los municipios, sin contar con una fuente de financiamiento para sostenerlo.

Se trata del expediente 18.001, que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales a mediados de abril.

El texto plantea un cambio en la disposición de los recursos que se recaudan con el llamado impuesto a la gasolina, establecido por la Ley 8.114.

El proyecto, redactado por el Ministerio de Planificación (Mideplán), propone triplicar el dinero que esa legislación obliga a dar a las municipalidades, pasando del actual 7,5%, a un 22,5%, lo cual se haría de forma escalonada durante tres años.

El segundo porcentaje equivaldría a unos ¢62.750 millones, explicó Leonardo Campos Castillo, coordinador de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

No obstante, ni los jerarcas del Poder Ejecutivo encargados de enviar el proyecto al Congreso, ni los diputados que lo dictaminaron en la Comisión de Municipales, tuvieron en cuenta un pequeño detalle: los fondos ya son usados por el Estado.

Por eso, en la sesión del 15 de abril, tanto la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, como el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, hicieron ver a los diputados la necesidad de aprobar impuestos para poder financiar el nuevo plan de ley.

Explicaron que pasarlo así crearía un agujero en la caja única del Estado, que se nutre en buena parte con recursos provenientes del impuesto a la gasolina.

Cuchillo. A pesar de que la iniciativa fue redactada por el Mideplán en febrero y enviada al Congreso en marzo, fue hasta mediados de abril –una semana antes de que los diputados lo dictaminaran– que Sánchez y Pacheco previnieron sobre la obligación de más impuestos para cubrir los desembolsos.

“No aprobar algún tipo de ingreso termina siendo, en términos muy coloquiales ‘cuchillo para su mismo pescuezo’”, dijo el viceministro a los legisladores.

Pese a la advertencia, el plan fue dictaminado en comisión.

Este proyecto es una de las iniciativas especiales de ley para dotar a los municipios de más recursos a través de la transferencia de competencias, establecida en el artículo 170 de la Constitución Política, luego de una reforma aprobada en el 2001.

Dudas. Para la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, es preocupante que el proyecto avance si no hay claridad de que sea viable en el futuro.

La representante criticó que el plan fuera de conocimiento de un consejo consultivo, conformado por representantes del sector municipal y del Gobierno, y que no conocieran de los riesgos.

“Nos hicieron una propuesta muy atractiva, porque triplica lo que las municipalidades reciben para el mantenimiento de la red vial cantonal (…). Cuando ella (la ministra Sánchez) lo presenta, lo primero que pregunté fue que si Hacienda y el MOPT estaban de acuerdo, y ellos estaban allí (y no hubo objeción)”, afirmó.

Plan municipal llevaría las finanzas de Costa Rica a la quiebra

De aprobarse el primer plan, las municipalidades recibirían ¢126.000 millones de Caja Única para mantener vías cantonales.  | FABIÁN HERNÁNDEZ /LN

De aprobarse el primer plan, las municipalidades recibirían ¢126.000 millones de Caja Única para mantener vías cantonales.

La Casa Presidencial confirmó, a mediados de este mes, su intención de avanzar hacia el cumplimiento de una reforma constitucional del 2001 que llevaría a la quiebra las finanzas públicas del país.

Se trata de una enmienda hecha por la Asamblea Legislativa al artículo 170 de la Carta Magna que obliga al Poder Ejecutivo a transferir no menos del 10% del Presupuesto Nacional a las 81 municipalidades.

Hoy, de cumplirse en su totalidad, ese mandato implicaría el traslado de unos ¢800.000 millones a los ayuntamientos, lo cual le quitaría al Gobierno la mitad de los recursos con los que realmente opera.

Dicha situación dispararía el déficit fiscal y obligaría a la Administración a cerrar ministerios y despedir empleados, a menos de que decida endeudarse todavía más.

“Llevaría al país al umbral de una crisis fiscal. Aceleraría cualquier crisis”, admitió el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco.

Esta reforma ordena, además, concretar el traslado del dinero en un periodo de siete años (a razón de un 1,5% anual), siempre y cuando el Congreso traspase funciones del Ejecutivo a los gobiernos locales.

A la fecha, la enmienda no se ha puesto en práctica. En mayo del 2010, el Congreso aprobó tramitar siete leyes para garantizar una transferencia paulatina de competencias y fondos, pero ninguna ha sido aprobada.

No obstante, el Congreso actual, acuerpado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, ya avaló en la Comisión de Asuntos Municipales un primer plan para asignar ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado.

Se trata de una reforma a la Ley 8.114 que propone tomar el 15% de los recursos generados por el impuesto a los combustibles para que los municipios atiendan las rutas cantonales, función que, de por sí, ya tienen.

Ese primer proyecto, dictaminado en abril paso, ahora puede ser sometido a votación en el plenario legislativo.

Enorme mordisco. El Presupuesto Nacional del 2015 asciende a ¢7,9 billones. Sin embargo, casi un 80% corresponde a gastos rígidos, sobre los cuales el Ejecutivo no puede maniobrar.

Más de una tercera parte se destina a pagar la deuda pública. Un porcentaje cercano se va en cumplir la obligación constitucional de invertir en educación pública el equivalente a un 8% del producto interno bruto (PIB).

Otro 10% se gasta en pensiones y casi un 7% en financiar a los poderes Judicial y Legislativo. así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Eso deja al Gobierno con un 22% del Presupuesto para pagar el quehacer del resto de sus ministerios, de acuerdo con datos suministrados a La Nación por el Ministerio de Hacienda.

Y, aun así, ese no es un gasto flexible, advirtió el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, pues la mayor parte se debe usar para pagar salarios y pluses de los empleados públicos.

Al final, el Poder Ejecutivo solo puede disponer de un 5% o un 6% para invertir en los proyectos que considere prioritarios, como los de obra pública, dijo Pacheco.

En esas condiciones, quitarle al Gobierno un 10% del Presupuesto Nacional llevaría al país a un “panorama muy complicado”, admitió el funcionario.

Para cumplir la orden constitucional sin afectar la operación del Gobierno, se requerirían cerca de ¢800.000 millones que hoy no existen. Tendrían que conseguirse prestados de manera constante, año con año.

Golpe letal. “Si tuviéramos que cumplir, llevaríamos el déficit fiscal del 5,7% al 8,7%. Entraríamos en números rojos, en los valores de los países de Europa que explotaron en crisis”, indicó Pacheco.

La otra posibilidad sería quitarle ¢800.000 millones al Gobierno para pasarlos a los municipios, lo que tendría efectos sobre la operación de los ministerios.

“Tendría que cerrar programas enteros. Tendría que cerrar instituciones, la pregunta es ¿a quién?”, cuestionó Pacheco.

Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, informó de que por ley son intransferibles las competencias de los ministerios de Educación Pública, Seguridad y Salud, que están entre los más grandes. Las otras instituciones grandes son Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Justicia y Gracia. Esta última administra las cárceles del país.

Sin claridad. Aunque la ministra de Planificación considera esencial fortalecer las competencias de las municipalidades y cumplir con el artículo 170 de la Constitución, todavía no tiene claridad sobre qué funciones se les traspasarían. “Creo que a futuro veremos”, declaró.

Entre los ministerios de presupuesto mediano, están Agricultura, Hacienda y Cultura, dijo Pacheco. Los pequeños, como Vivienda, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y Relaciones Exteriores, no suman ¢50.000 millones anuales entre todos. Y hay competencias intransferibles, como las diplomáticas.

El exalcalde y diputado del Liberación Nacional (PLN), Juan Marín, defensor del régimen municipal, admitió que llegar al 10% no es viable financieramente:

“Tenemos que empezar la discusión de nuevo. Pusimos un 10% porque es lo que dice hoy la ley, pero podría bajar ese porcentaje al 4% (¢320.000 millones), siempre y cuando se nos quiten las trabas burocráticas”, aseveró.

“Un 4% escalonado se podría trasladar para las 32 competencias que tienen las municipalidades, porque el 80% no tiene un presupuesto, como, por ejemplo, para ordenamiento territorial y saneamiento ambiental”, dijo.

El viceministro Pacheco advirtió de que otra desventaja de pasar funciones a los municipios es que se pierde la posibilidad de ahorrar costos con la economía de escala (compras grandes) que puede hacer el Gobierno.

infografia

Ministra de Planificación desconoce a quién quitará dinero para dárselo a municipalidades

JOSÉ CORDERO

¿Qué programas se cortarán para que ese dinero pase a los municipios? La titular de Planificación admitió que trabajan en la respuesta.

Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, admitió que todavía no está claro qué programas del Gobierno se recortarán para trasladarles más dinero a las municipalidades.

Sin embargo, defendió la posición del Poder Ejecutivo de cumplir con la reforma constitucional del 2001 que obliga a traspasarles a los ayuntamientos al menos el 10% del dinero del Presupuesto Nacional.

En ese sentido, Sánchez expresó su apoyo a la primera de las siete leyes contempladas para concretar ese traslado de competencias y recursos, la cual avanza a golpe de tambor en la Asamblea Legislativa.

Se trata de un proyecto elaborado por el propio Mideplán que propone asignarles ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado a los ayuntamientos para que asuman el mantenimiento total de las vías cantonales.

El plan, que ya ingresó al plenario legislativo, propone reformar la Ley N.° 8.114 del impuesto a los combustibles para poder tomar el 15% de los recursos generados por el tributo y dárselos a los gobiernos locales.

¿Qué programas se cortarán para que ese dinero pase a los municipios? La titular de Planificación admitió que trabajan en la respuesta. A continuación, un extracto de la entrevista.

¿El primer plan para trasladar competencias y dinero a las municipalidades es un proyecto sin fuente de financiamiento?

Es un proyecto de ley que tiene como fuente de financiamiento la Ley N.° 8.114 (impuesto a los combustibles).

Este plan, si no hay otra fuente de financiamiento, reduciría el dinero del que Hacienda dispone como caja chica.

Sí, eso es el pastel de la 8.114.

¿Qué programas se van a quedar con menos recursos?

Usted me introduce a un tema que maneja el ministro de Hacienda (…). Este es un tema que estamos viendo como el cumplimiento de una obligación constitucional. La discusión sobre financiamiento de la inversión pública, la discusión sobre cómo aminorar el impacto del pago de la deuda y sus intereses, es la discusión macro.

Pero el proyecto avanza a un paso acelerado y podría pasar sin que se cree una fuente de financiamiento. y tarde o temprano se llegará al punto en el que se deben tomar recursos de la Ley 8.114. La pregunta es, ¿Qué se va a recortar?

Hay otro elemento, y es que estamos planteando la gradualidad de la transferencia. Es un 1,5% (equivalente a ¢126.000 millones) que se van a distribuir en tres años.

Y sienten que con esa gradualidad sí salen. ¿Qué pasará después? Al final de los tres años, ¿se heredará el problema a la siguiente administración?

Yo le digo que lo que valoramos es que este esfuerzo, que es un esfuerzo presupuestario, es de inyectar dinámica a la generación de capital en las localidades.

¿Y por qué no aceptar que esta reforma constitucional es un error? ¿Es muy grande el pleito con las municipalidades? No hay plata para financiarla ni tienen competencias qué transferirles.

No. Fíjese que transferir competencias a los gobiernos locales, dentro de un Estado centralista, me parece que es una decisión importante, o sea, el contenido esencial de la transformación del artículo 170 (de la Constitución).

”Lo que habría que discutir y nosotros hemos estado investigando, es la fijación del monto”. Es muy alto. Es el 10% de los ingresos del Estado que se dirigiría a los municipios (mediante la aprobación de siete leyes especiales. De las que ya hay una con avance en el Congreso).Habría que valorarlo. Pero hay que discernir las dos cosas: la esencialidad de ir fortaleciendo las competencias de los gobiernos locales y sus recursos.

Doña Olga, suena muy bonito, pero duraron 14 años para buscarles algo qué hacer (a las municipalidades).

No creo que sea tanto eso. No es tanto buscarles qué hacer.

Entonces, ¿qué competencias les van a dar. ¿Salud? ¿Educación? No se puede.

En el futuro, veremos, pero por ley no se puede transferir ni salud ni educación ni seguridad.

¿Cómo se va a afectar el manejo de la Hacienda Pública, tomando en cuenta los recursos que van a transferirse?

Cuando se hace una priorización, hay elementos que quedan sin prioridad. Hay una perspectiva asociada a mirar esto como un esfuerzo para posicionar y promover la inversión pública como elemento para dinamizar el desarrollo (…). Es clarísimo que donde se arregla una calle o una carretera, todo cambia. Eso es lo importante, inyectar recursos a la función pública que va a generar mayor inversión pública y privada.

Pero no ha respondido. ¿Cuáles elementos o programas se verían afectados con el desvío de recursos de la Ley N.° 8.114?

Estamos trabajando con mucho cuidado la formulación del presupuesto del 2016.

¿Toman en cuenta el recorte?

Por supuesto. Cuando se presente el presupuesto, esto estaría incorporado. Hay un elemento poco visible para la gente, y es la integración del plan (de desarrollo) con el presupuesto.

No es pecado decir ‘no tengo esa respuesta’, porque se está trabajando en esa respuesta.

Estamos trabajando en esa línea, como le decía. Para nosotros un factor fundamental es incentivar la inversión pública en este país. No solamente hemos subido los niveles de ejecución –no al nivel que quisiéramos–, hay muchos recursos que movilizar a la inversión pública.

El margen para hacer recortes en el Presupuesto Nacional y darles más dinero a los municipios es poco; no supera el 20% de los fondos disponibles.

Todo el sistema presupuestario nacional es muy rígido, y usted sabe que es por el peso de la deuda. Esta es una situación que se generó en el 2007. A nosotros nos están doliendo las decisiones de otros.

”Una porción muy grande del pastel del presupuesto la tenemos que pagar en intereses”.

¿Se sentirían más cómodos si se les aprobaran impuestos?

Ahorita la iniciativa que está en el ámbito fiscal y que me parece de una gran fuerza, si lo miramos desde las responsabilidades ciudadanas, es la iniciativa de ley enfocada en la evasión (el proyecto contra el fraude fiscal).

Pero ese proyecto, ahorita, no tiene posibilidades de pasar. ¿Por qué el Gobierno no acepta la realidad política? Hay un bloque opositor que no quiere aprobar impuestos y menos el plan contra el fraude fiscal. ¿Cuál es su valoración de que el proyecto de transferencia de competencias se apruebe así como está?

Nosotros presentamos el mejor proyecto que pudimos trabajar al interior del Ejecutivo, con mayor claridad y calidad.

”Hemos trabajado no solamente el Ejecutivo, poniéndonos de acuerdo en temas que no son fáciles, y hemos estado en una relación de trabajo con representantes de los gobiernos locales, asumiendo compromisos de eficiencia y responsabilidad que les compete también a ellos.

”Esto entra en un contexto nacional de interés por lo local” Hay grupos de trabajo de los diputados, asociados con identificaciones territoriales, multipartidistas. A mí me han citado comisiones de diputados de Heredia, de Guanacaste, de Cartago.. .

Claro, y se vienen las elecciones municipales del 2016, y todos estamos hablando un idioma electoral, aunque no se diga explícitamente. Los diputados hacen lo propio por las alcaldías de sus partidos, de todos los partidos que están metidos en el proceso de elecciones, y el Gobierno no se queda atrás, y no puede quedar mal a las municipalidades sin hacer el gesto de que van a cumplir. Usted no puede referirse a temas electorales, pero, ¿influye el proceso electoral en la presión que hay sobre este expediente?

Cuando se da una coyuntura, no hay una única determinación. Hay determinaciones en torno a esta normativa, que, como usted lo decía, es una decisión de la Asamblea Legislativa, donde hay concepciones de desarrollo, donde algunos creemos que debe haber un Estado más descentralizado; hay resultados estructurales que nos muestran enormes asimetrías entre las comunidades y hay condiciones coyunturales, efectivamente, como la que se acerca, que es la primera elección de gobiernos locales separadas de las elecciones nacionales. Siempre un proyecto tiene coyunturas que lo explican, pero quiero dejar claro que este es un esfuerzo por la inversión pública en función del desarrollo y la generación de empleo.

Presentación de Hacienda

Diputado del PLN propone pasar ¢800.000 millones a municipios sin darles funciones

Juan Marín, nuevo primer secretario del Directorio recibe los abrazos de Mario Redondo y Víctor Morales Zapata.

Juan Marín, a la izquierda, presentó el proyecto de ley sobre traslado de dinero a las municipalidades. En la imagen, con Mario Redondo y Víctor Morales Zapata.

El diputado del PLN, Juan Marín, presentó un proyecto de ley para que el Gobierno tenga que entregarle el 10% de su presupuesto a las municipalidades, sin que estas asuman nuevas responsabilidades. Hoy, la cifra equivaldría a casi ¢800.000 millones.

Se trata de una reforma al artículo 170 de la Constitución Política, el cual fue modificado en el año 2001.

En aquel momento, se estableció que el Ministerio de Hacienda debía distribuir un 10% del Presupuesto Nacional entre los ayuntamientos siempre que la Asamblea Legislativa aprobase leyes para transferirles competencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales.

Ahora, Marín pretende eliminar el párrafo que ordena pasar responsabilidades, de manera que el Gobierno solo transfiera el dinero.

La reforma del 2001 establecía que el traslado de dinero sería gradual a razón de un 1,5% anual durante siete años, al tiempo que se aprobaban los traslados de funciones.

Sin embargo, a la fecha no se ha concretado ninguna transferencia de funciones. El traslado de recurso dejaría al Gobierno central con menos recursos para financiar sus gastos.

Actualmente, el gobierno de Luis Guillermo Solís apoya un proyecto de ley que pasaría a las municipalidades el 15% del impuesto único a los combustibles para que financien la atención de vías cantonales, una función que ya tienen. El Ministerio de Hacienda perdería, de esa manera, más de ¢60.000 millones.

El diputado Juan Marín, exalcalde de Hojancha, alega que quiere eliminar el traslado de competencias porque la reforma del 2001 “no fue la más feliz”. Argumentó: “Su contenido y redacción han sido contraproducentes para hacer realidad, lo que demandan y esperan los ayuntamientos”.

 

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Penurias financieras aquejan a 38 municipalidades

Casi la mitad de las municipalidades del país afrontaron serios problemas en sus finanzas en los últimos dos años.

Endeudamiento, morosidad y déficit presupuestario fueron los problemas recurrentes que frenaron el desarrollo en 38 de los 81 cantones del país, concluyó el estudio Situación financiera de los gobiernos locales , de la Contraloría General de la República, de mayo anterior.

En estos ayuntamientos, con deficiencias en la administración de los recursos, vive un tercio de los habitantes del país, según los datos de población del Censo 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los municipios con las mayores penurias financieras son costeros y rurales, según demuestra el reporte del ente contralor.

Esta es la primera vez que la Contraloría hace un análisis global de las finanzas de todos los gobiernos locales del país.

German Mora, gerente del Área de Gobiernos Locales de la Contraloría, recalcó que, por la mala gestión municipal, se dejan de hacer obras para la comunidad y se deterioran los servicios públicos.

“En estos municipios hay falta de personal idóneo, ausencia de controles internos y problemas de planificación”, enfatizó Mora.

Pablo Sauma, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, ente encargado de elaborar el índice de competitividad cantonal, explicó que en los municipios con más problemas financieros, también hay bajo desarrollo humano.

“Cuesta ver una mejoría en estos cantones. Los índices de pobreza son altos, con lo cual hay menor capacidad de pago de los contribuyentes”, aseguró Sauma.

Desglose. El régimen municipal costarricense reportó, al 31 de diciembre del 2013, un saldo de deuda por ¢27.370 millones con el sistema bancario y el Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

En 68 gobiernos locales había créditos pendientes de pago. En 27 de ellos la deuda por habitante fue superior al promedio nacional de ¢8.037, según la información elaborada por La Nación , con base en los datos de la Contraloría y el INEC.

Carrillo, en la provincia de Guanacaste, tuvo el año pasado un endeudamiento per cápita de ¢66.438, el más alto del país. En este cantón viven más de 37.000 personas.

Carlos Cantillo, alcalde del municipio, explicó que la deuda total por ¢2.400 millones se debe a la construcción del acueducto de Sardinal.

La morosidad promedio nacional fue del 40% sobre el monto estimado a cobrar el año anterior.

La mora total fue mayor a los ¢84.000 millones.

Sin embargo, cinco gobiernos locales destacan por tener una mora por encima del 50%.

El caso más extremo fue Corredores. El año pasado, el saldo de mora del ayuntamiento significó el 100% de las cuentas por cobrar.

Xinia Contreras, alcaldesa de la Municipalidad, explicó que parte del saldo de los ¢1.000 millones de morosidad es incobrable. Sin embargo, no saben a cuánto asciende.

“Estamos en el proceso de actualizar las bases de datos y determinar la mora real. Para este año nuestra meta fue recuperar ¢150 millones y hemos logrado un 60% de ese dinero”, aseguró Contreras.

Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, reconoció que los ayuntamientos arrastran problemas de morosidad porque las bases de datos de contribuyentes, en muchos casos, están desactualizadas.

“No todos los municipios tienen problemas; en algunas la gestión es buena. Pero la Contraloría no cita en su informe que hay imposiciones de administración rígidas que impiden a los gobiernos locales realizar su trabajo”, aseguró Porras.

Por último, los ayuntamientos de Aguirre, Puntarenas, y Carrillo fueron las localidades en las que los gastos fueron más altos que los ingresos, en el 2013. En ambos, el déficit presupuestario fue equivalente al 22% de lo recaudado.

Municipios tienen sin usar millones para vías y la niñez

Las necesidades de infraestructura y servicios en las 81 municipalidades del país persisten, pese a que los gobiernos locales tienen recursos disponibles sin utilizar que les permitirían solventar deficiencias en obras comunales.

Hasta el pasado 23 de julio, los municipios acumulaban poco más de ¢47.000 millones sin ejecutar en el Ministerio de Hacienda. La mitad del dinero es para la rehabilitación de vías cantonales y el resto para la atención de adultos mayores y la Red de Cuido.

La falta de planificación e incapacidad para ejecutar obras en las comunidades son algunos de los problemas que impiden utilizar esos fondos, señala el informe Situación de las finanzas de los gobiernos locales , de la Contraloría General de la República.

Según el ente contralor, hay casi 40 cantones en los que se detecta un descontrol en las finanzas municipales, debilidades en los procesos de ejecución de los recursos y problemas tecnológicos para la gestión administrativa de proyectos.

Como resultado, se acumulan significativas cantidades de dinero destinadas a obras en Hacienda, detalla el documento.

“Hay un serio problema de falta de planificación en los municipios del país que impiden satisfacer necesidades de la población”, explicó German Mora, gerente del Área de Desarrollo Local de la Contraloría.

La mitad de los recursos sin utilizar, por parte de los gobiernos locales, son para la rehabilitación de caminos cantonales. En la imagen, una vía de lastre en Parrita, de Puntarenas, que comunica con Acosta. | ARCHIVO/JORGE NAVARRO

La mitad de los recursos sin utilizar, por parte de los gobiernos locales, son para la rehabilitación de caminos cantonales. En la imagen, una vía de lastre en Parrita, de Puntarenas, que comunica con Acosta. | ARCHIVO

Los recursos ociosos se generan de la recaudación de impuestos y tienen como destino obras municipales. El dinero está a disposición de los ayuntamientos y se gira una vez que los proyectos se hacen, explicó Mauricio Arroyo, subtesorero de Hacienda.

La falta de capacidad de los ayuntamientos para resolver los problemas comunidades impide a los gobiernos locales tener buenos resultados en el ranquin del Índice de gestión municipal, de la Contraloría. En dicho indicador se califica al municipio con una nota de 1 a 100, donde 100 es el mejor puntaje.

Guatuso, en Alajuela, tuvo la calificación 31, la más baja. No obstante, tiene sin ejecutar ¢567 millones para obras, según Hacienda.

Casos. Los ayuntamientos de Cartago y Pococí son los que tienen más dinero sin ejecutar. Cada uno reportó un saldo superior a ¢2.000 millones, al 23 de julio anterior.

Los 10 gobiernos locales con más dinero disponible acumulaban casi ¢16.000 millones, un tercio del saldo total.

Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago, culpó al Gobierno por los atrasos en la ejecución de los proyectos municipales.

Los 10 primeros

Los 10 primeros (W. S./ LA NACIÓN)

“Hacienda nos informa siempre, a final de año, del dinero que tenemos disponible para utilizar. En ese momento, el presupuesto del año siguiente está cerrado, con lo cual el dinero se puede usar hasta un año después”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, la Contraloría insiste en que hay incapacidad en algunos municipios para ejecutar recursos y dirigirlos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Yelgi Lavinia Verley, alcaldesa de Siquirres, admitió que solo falta el aval del Concejo sobre las contrataciones para obra pública.

“La Alcaldía solo puede adjudicar planes por un valor máximo de ¢5 millones. Pero la mayoría supera ese monto porque son para mejoras de la red vial”, explicó Verley.

Gobiernos locales sacan notas bajas en gestión

En los últimos tres años, ninguna municipalidad del país obtuvo buena nota en el Índice de gestión municipal, de la Contraloría General de la República.

En el informe más reciente, del 2012, la nota promedio de los ayuntamientos fue de 55. En el 2011, fue un 47,3 y, en el 2010, 46,9. El documento evalúa los gobiernos locales con una calificación de 1 a 100, en donde 100 es la calificación más alta. Para el ente contralor, las notas entre 85 y 100, son las sobresalientes. Sin embargo, todos los municipios están por debajo de ese rango.

El índice revisa la gestión de las municipalidades en temas como recaudación de ingresos, eficiencia en servicios –como recolección de basura–, aseo de vías y sitios públicos, rehabilitación de la red vial cantonal e inversión para el desarrollo de espacios públicos, como parques.

En el promedio nacional, las notas más bajas se registraron en la gestión del desarrollo ambiental (40,7) y en la atención de los servicios sociales (46,7).

Los cantones de San Rafael (Heredia) y Heredia fueron los que, en el último informe, obtuvieron la mejor nota: un 81,3 y un 77,8, respectivamente. En tanto, el municipio de Guatuso, en Alajuela, sacó la calificación más baja del país: un 31,3.

Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, reconoció que hay algunos municipios con problemas en el manejo de recursos. “Siempre se hace el cuestionamiento de su falta de resultados. Pero la única forma para mejorar es que el Gobierno transfiera la totalidad de los recursos que por ley les corresponden a los municipios”, afirmó.

Miguel Gutiérrez, investigador del Estado de la Nación, considera que los municipios tendrían un mayor impacto si contaran con funcionarios capacitados, un recurso escaso en las zonas que obtuvieron las más bajas notas en el índice.

Municipios tienen poco peso en obras públicas

Arreglos en una vía cantonal en Guayabo de Turrialba.  | ARCHIVO

Arreglos en una vía cantonal en Guayabo de Turrialba. | ARCHIVO

Las municipalidades son las entidades que menos peso tienen dentro de la inversión de obra pública estatal, según datos del Ministerio de Hacienda.

Durante el último año, los 81 municipios del país destinaron un 0,3% del producto interno bruto (PIB) hacia gastos de capital, o sea, ¢51.887 millones.

Sin embargo, Leonardo Campos, director ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, defendió que dicho porcentaje no es bajo, pues los presupuestos municipales significan el 1% del PIB.

“Los municipios atienden casi 35.000 kilómetros de vías cantonales, lo que significa el 82% de la red nacional. Casi dos tercios del total de esta superficie está en buen estado según la Contraloría”, dijo.

Para Jorge Rodríguez, alcalde de Paraíso, realizar obras públicas con solo los recursos de recaudación del municipio es difícil.

“Sin la transferencia de recursos por parte del Gobierno Central se haría muy poco. No se puede atender las necesidades de la comunidad con solo los impuestos cantonales”, aseguró.

María Elena Montoya, alcaldesa de Turrialba, comentó que los presupuestos municipales son reducidos para poder hacer obras y sostener el gasto administrativo.

“Dependemos del Gobierno y de las alianzas con otras instituciones públicas”, aseguró.

 

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Diferencia entre sueldos de alcaldes llega a ¢4 millones

Limón es una de las zonas del país con más problemas en el manejo de la basura, que es foco de criaderos de los zancudos transmisores. Este basurero clandestino está localizado en el barrio Limoncito.  | ARCHIVO/JONATHAN JIMÉNEZ

La basura es uno de los problemas que más aqueja a la población del cantón de Limón.

Mientras el alcalde de Dota recibe un salario mensual de ¢1 millón, el sueldo del representante municipal de Limón supera los ¢5 millones y el de Santa Cruz es de ¢4.750.000.

La brecha salarial de hasta ¢4 millones obedece a una fórmula establecida en el Código Municipal, que señala que el salario del alcalde será un 10% más de lo que gane el funcionario con mejor sueldo en el ayuntamiento. A eso se le suman un incentivo salarial por prohibición que va de 35% a 65%.

“Sí hay un portillo, porque aunque la escala salarial la define el Concejo Municipal, el alcalde tiene la facultad de contratar a una persona que venga con 30 anualidades y le justifique su alto salario”, afirmó el alcalde de Montes de Oca, Fernando Trejos, cuyo salario es de ¢2,5 millones.

Las disparidades entre los sueldos de los alcaldes de los 81 cantones motivaron al diputado Otto Guevara a solicitar una revisión de la metodología para el cálculo de salarios a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

Cambios. El diputado Guevara propone que se redacte una reforma para estandarizar el pago a los alcaldes y vicealcaldes, con la finalidad de ponerles un tope a esos salarios.

“Les he solicitado a los integrantes de la Comisión redactar una reforma para estandarizar el pago a los alcaldes y vicealcaldes, con la finalidad de ponerles un tope”, manifestó Guevara.

El primer vicealcalde municipal recibe un salario base que es equivalente a un 80% del salario base del alcalde municipal.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dice que, pese a que no se está incurriendo en nada ilegal con el pago de los salarios de los alcaldes, es sano hacer una revisión de estos.

“Ellos se acogen a una fórmula. No hay nada que se esté haciendo de forma irregular. Los pluses y su salario base están definidos en el Código Municipal, en su artículo 20. Los diputados tienen la potestad de plantear las modificaciones, lo respetamos y estaremos a la espera de lo que resulte de esta consulta”, manifestó Karen Porras, directora Ejecutiva de la UNGL.

Los alcaldes y la UNGL señalan que ya los salarios no se calculan con base en el presupuesto municipal, debido a que los sueldos serían más altos.

“Eso se hacía antes, pero ya no. Imagínese, si así fuera, cuánto ganarían los alcaldes de San José y Alajuela, cuyos presupuestos anuales rondan entre ¢60.000 millones y ¢21.000 millones, respectivamente”, explicó el alcalde de Montes Oca.

El alcalde de Santa Cruz, en Guanacaste, Jorge Chavarría, manifestó su desaprobación a la revisión de los salarios para fijar un tope a los sueldos.

“No estoy de acuerdo. Cuando yo llegué, ese era el salario. Además, este es un puesto de mucho sacrificio, de labor eterna las 24 horas del día. Es más fácil ser diputado”, manifestó Chavarría.

Contraloría llama la atención a instituciones del Estado sobre su ejecución de presupuesto

En su informe sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2014, la Contraloría General de la República llamó la atención a varias entidades públicas por considerar que hace falta un esfuerzo en la gestión de sus recursos.

En el 2013 las municipales de Santa Ana, San Carlos y Cartago encabezan el ranking de gestión municipal que anualmente realiza la Contraloría General de la República.

La Contraloría resaltó la baja ejecución presupuestaria de algunas entidades del Estado. (ARCHIVO)

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, la entidad solo ejecutó un 42% de los gastos programados para el 2014.

La Contraloría señaló la necesidad de reforzar en esta institución la gestión de cobro y el combate a la evasión del seguro de salud, así como la cobertura y la calidad de los servicios. También hizo un llamado para acelerar la implementación del expediente digital único.

En Recope los gastos se ejecutaron en un 52%. Según el ente contralor, la baja ejecución de inversiones continúa caracterizando a esta institución, pues esta situación se ha presentado en años previos.

Sobre el Ministerio de Educación Pública, la Contraloría resalta que el mayor gasto presupuestado (un 96%) corresponde a remuneraciones y transferencias.

Acueductos y Alcantarillados (AyA) solo ejecutó el 24% de los gastos. “Se observa un importante pago de intereses por el uso de recursos del financiamiento; sin embargo los proyectos no muestran avances significativos”, señala el informe.

Sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Contraloría señala que a mitad del año solo se había ejecutado el equivalente a un 0,3% del PIB. “Se requiere un esfuerzo adicional de la Administración, a fin de alcanzar el logro de las metas mediante una razonable ejecución presupuestaria”, indica la recomendación.

La situación financiera crítica del Consejo Nacional de Producción es el principal señalamiento sobre la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. A mitad de año, el presupuesto solo se había ejecutado en un 32%,

Las municipalidades también recibieron mala nota, pues en su conjunto solo habían ejecutado  un 32% de sus gastos presupuestados, por ¢412.722 millones.

17 municipios forman el ‘club’ de los más ineficientes

Según la Municipalidad de Santa Bárbara, a su cargo tiene 120 kilómetros de calles cantonales, las cuales, en mayoría,  se ven deterioradas.  |  JOSÉ CORDERO.

Según la Municipalidad de Santa Bárbara, a su cargo tiene 120 kilómetros de calles cantonales, las cuales, en mayoría, se ven deterioradas.

La Contraloría General de la República (CGR) ubicó a 17 municipalidades del país en la lista de las más ineficientes durante los últimos tres años, en aspectos como ejecución presupuestaria, control interno y manejo de residuos sólidos.

Así lo destacó la CGR en su más reciente Índice de Gestión Municipal 201 3 (IGM), divulgado ayer, en el cual destacó a los cantones que han obtenido, en promedio, las notas más bajas entre 2011 y 2013.

En ese periodo, estos ayuntamientos obtuvieron 45 puntos o menos, de los 100 posibles en la escala de calificación.

Guatuso ostenta la menor nota, con 29,81, mientras la mayor (44,73) fue para Santo Domingo que, junto a Santa Bárbara –ambos de Heredia– son los únicos, entre los 17, que pertenecen a la Gran Área Metropolitana (GAM).

“El año pasado yo presenté más de siete proyectos al Concejo Municipal y no me los aprobaron y así es muy difícil”, justificó el alcalde de Santa Bárbara, Melvin Alfaro.

El jerarca detalló que por ese motivo, esta municipalidad ejecutó apenas ¢400 millones de los ¢1.400 millones que tenía disponibles el año anterior.

Además, desde hace más de un año, Santa Bárbara tiene guardados ¢210 millones para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. Según Alfaro, eso se debe a que están “tratando de conseguir un terreno en el que lo podamos construir”.

German Zamora, gerente del Área de Desarrollo Local de la CGR, resaltó que uno de los problemas comunes en estos 17 ayuntamientos es la división que existe en los concejos.

“El problema político es un problema que nosotros hemos mencionado. Ese tema es algo que hay que superar en procura del bienestar común e interés público”, indicó.

Municipios

La calificación 2013. La municipalidad con mayor puntuación en el IGM 2013 fue Santa Ana, la cual obtuvo 86,48 puntos.

Otras que lograron superar la barrera de los 80 puntos fueron San Carlos y Cartago.

En el IGM del 2012 solo San Rafael de Heredia había conseguido más de ese puntaje.

La calificación promedio en esta última evaluación de las 81 municipalidades a escala nacional fue de 56,3, lo cual representa un avance de 1,2 puntos con respecto al año anterior, resaltó la CGR.

“Me preocupa la mala calificación que tenemos en el apartado de rendición de cuentas, porque tenemos cinco medios para comunicarnos con la gente, entre esos un programa de radio todas las semanas”, expresó Alejandro Ubau, alcalde de Upala, cantón al norte del país.

Este es uno de los municipios con números rojos, tanto en el promedio de los años 2011, 2012 y 2013, con 41,23 puntos, como en la nota del reciente informe, en el cual logró una puntuación de 40,13.

Metodología. En total, el IGM evalúa 61 indicadores divididos en cinco ejes temáticos: Planificación, Gestión Institucional, Gestión Ambiental, Gestión Económica y Gestión de Servicios Sociales.

Además, clasifica a los municipios en cuatro grupos (A, B, C y D) para poder compararlos entre sí.

Esa categorización se basa en el Índice de desarrollo humano 2011 , así como en el presupuesto, extensión territorial y cantidad de viviendas de cada cantón.

Peligro aumenta en cinco vías nacionales por obstáculos y falta de barandas

Hileras de postes como esta en la ruta hacia Cartago están presentes en otras vías y representan peligro de muerte en caso de colisión…

Bases de los postes de iluminación resultan letales en la Florencio del Castillo

Los entrevistados coinciden en que los postes no tienen la culpa y son necesarios, pero es urgente colocar barandas que impidan a los vehículos irse contra los postes o el espaldón.

Los entrevistados coinciden en que los postes no tienen la culpa y son necesarios, pero es urgente colocar barandas que impidan a los vehículos irse contra los postes o el espaldón…

MOPT sacará nuevo cartel para barreras protectoras en Florencio del Castillo Actualizado el 4 de septiembre de 2014

La nueva licitación para comprar e instalar barreras protectoras en la carretera Florencio del Castillo será publicada el lunes próximo, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El anuncio del MOPT sale menos de 24 horas después del accidente que este miércoles le costó la vida a cinco personas en esa carretera, cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un poste y luego contra un camión que venía en el sentido contrario.

El cartel es para barreras laterales y las divisorias entre ambos sentidos de la vía.

Cristian Vargas, gerente de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad, explicó que el nuevo cartel será publicado luego de que se declarara infructuoso un primer cartel  publicado en junio de este año.

Vargas indicó que esta semana recibirán de Ingeniería de Tránsito las especificaciones de los diferentes niveles de contención que deberán tener las barandas metálicas protectoras, de acuerdo a las características del sitio en las que serán colocadas.

El Conavi se ve obligado a colocar las barreras en esa vía nacional tras una sentencia del Poder Judicial del 2011, por la muerte de dos personas en el 2007, que colisionaron contra un poste.

El funcionario detalló que las autoridades judiciales estimaron en 6 meses el tiempo máximo para colocar estos materiales de seguridad –plazo que ya venció- como medida para mitigar las consecuencias de accidentes en esta vía.

Sin embargo, “entendiendo que estos procesos de confección de carteles, licitación, adjudicación y ejecución toman mucho tiempo, sumado a la ausencia de ofertas en el primer cartel, es que cada 15 días informamos al juez, quien nos indicó que desea ver el documento para ponerlo en conocimiento, también, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales”, indicó.

La colocación de barandas en la Florencio del Castillo será una de las acciones en seguridad vial que estarán listas en el corto plazo, según el Conavi.

La colocación de barandas en la Florencio del Castillo será una de las acciones en seguridad vial que estarán listas en el corto plazo, según el Conavi.

Vargas añadió que estos materiales de contención como barreras metálicas, amortiguadores de impacto ubicados en las uniones de las barretas, así como terminales de impacto y rejillas para las cunetas, entre otros, deben adquirirse en el extranjero y se ocuparán cuatro meses a partir de su llegada al país para que puedan ser instalados en su totalidad.

Los dispositivos serán colocados en los 18 km de la vía que comunica San José con Cartago, con un costo de unos ¢2.500 millones.

El objetivo es evitar los choques frontales cuando un vehículo se sale de la vía y termina en el otro carril de circulación, o impedir que los automotores caigan en  zanjas o en cunetas.

El proyecto también incluye la remoción de obstáculos en la vía, como algunos árboles y piedras y la colocación de tapas en las cunetas.

Tres empresas presentaron ofertas para colocar barreras en carretera Florencio del Castillo Actualizado el 23 de octubre de 2014

La iluminación de la autopista no debe atentar contra la conducción segura. Urgen mecanismos que eviten a los carros irse contra los postes, dice el Lanamme.

El MOPT debe colocar barreras luego de que un Tribunal fallara en contra del estado por la muerte de dos personas en un accidente de tránsito en dicha vía en el 2007.

Tres empresas presentaron sus ofertas para colocar barreras de contención en la carretera Florencio del Castillo, así como realizar otras mejoras de seguridad vial.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este jueves venció el plazo para la recepción de ofertas y que se recibieron propuestas de las empresas Hernán Solís, Codocsa y Horizontes de Vías y Señales.

Para este proyecto el MOPT sacó a licitación dos líneas de trabajo, una corresponde a la colocación de barreras en el tramo de 15 kilómetros entre Curridabat y Taras y la otra es para la elminación de obstáculos en dicha ruta.
La empresa Constructora Hernán Solís ofertó ¢1.761 millones para la colocación de las barreras y ¢572 millones para eliminar obstáculos. Por su parte Horizontes de Vías y Señales C.A. S.A. ofertó ¢1.514 para la colocación de barreras y ¢1.280 millones para la eliminación de obstáculos.

Mientras tanto, la empresa Codocsa solo presentó ofertas para la eliminación de obstáculos por un monto de ¢1.988 millones.

Una vez recibidas las ofertas, el MOPT deberá realizar los  estudios técnicos, legales, de costos y financieros sobre las ofertas para tomar una decisión.

Cristian Vargas, gerente de Conservación Vial del Conavi, dijo que esperan tener una resolución en un mes, aproximadamente.
Vargas explicó que la adjudicación podría recaer sobre una o dos empresas, según se desprenda del estudio de las propuestas.
Según dijo, no existe una fecha prevista para iniciar las obras, pues además del análisis y adjudicación, debe darse espacio para eventuales objeciones y además someterse al refrendo de la Contraloría General de la República…

Constructora Hernán Solís se encargará de eliminar obstáculos en Florencio del Castillo Actualizado el 12 de febrero de 2015

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adjudicó a la empresa Hernán Solís la eliminación de los obstáculos peligrosos en la carretera Florencio del Castillo (entre San José y Cartago).

Los trabajos fueron valorados en ¢572,5 millones y consiste en la eliminación de todos los elementos que sobresalen del nivel de la vía, como tapas, cabezales o pozos de registro pluviales de concreto. El proyecto además incluye la colocación de rejillas sobre las cunetas y deberán tener una vida útil de 75 años.

Según detalló el Conavi también, en los casos necesarios, se deberá modificar la estructura de los cabezales, de las cajas de registro, cunetas, de las rampas de acceso y cualquier elemento cuya configuración represente un riesgo potencial en los márgenes de la vía. Asimismo, se incluye la remoción árboles y piedras.

Cristian Vargas, gerente de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad, explicó que tras la publicación en el diario oficial que se realizó este lunes, las demás compañías tienen un plazo de 10 días para presentar apelaciones, posteriormente de no darse este tipo de impugnaciones el proyecto deberá esperar el refrendo de la Contraloría General de la República.

La constructora tiene un plazo de 90 días para ejecutar las obras.

Aún está pendiente la adjudicación del proyecto para colocar barreras que separen los flujos vehiculares en cada sentido a lo largo de 15 kilómetros entre Curridabat y Taras.

Para este proyecto presentaron ofertas la empresa Hernán Solís por ¢1.761 millones y la empresa Horizontes de Vías y Señales C.A. S.A. por ¢1.514 millones. Esta adjudicación sería anunciada el próximo mes.
La colocación de barreras protectoras se hará en la isla medianera que tiene la ruta, separando los flujos vehiculares. Con ello, se eliminarían o reducirían los choques frontales que ocurren cuando un vehículo se pasa al otro sentido de circulación.
Además se colocarán barreras en los laterales de la carretera, para reducir que los vehículos se salgan de la vía.

“Estas barreras son de concreto y de metal, su uso depende de las especificaciones técnicas definidas para cada tramo de estos 15 km. Así, se colocarán barreras de alta contención hasta las de menos, dependiendo de variables como velocidad permitida, presencia de curvas o rectas, el tamaño  de los vehículos que suelen pasar por la zona, entre otras”, explicó Vargas.

Vehículo se sale de la vía y choca contra árbol en La Unión Actualizado el 11 de abril de 2015

Un vehículo Mitsubishi Montero colisionó contra un árbol en la carretera Florencio del Castillo, frente al restaurante El Campanario en La Unión, cuando viajaba en sentido Cartago San José.

Según el reporte de la Cruz Roja, los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados en condición delicada al Hospital Calderón Guardia.

Al lugar también acudió una unidad de Bomberos, para liberar a los pacientes.

El accidente ocurrió pasadas las 10 p.m. de este sábado.

El accidente se produjo pasadas las 10 p.m.

El accidente se produjo pasadas las 10 p.m.

Al parecer el conductor del vehículo, perdió el control y se salió de la vía, colisionando primero contra un árbol y luego fue a dar a la cuneta.

Ruta 32 depende de que CHEC acepte peticiones del ministro del MOPT Actualizado el 25 de febrero de 2015

El plan Conavi-CHEC serviría  para ampliar a cuatro carriles la ruta 32, en los 107 km que van del cruce a Río Frío a la ciudad de Limón.   | ARCHIVO

El plan Conavi-CHEC serviría para ampliar a cuatro carriles la ruta 32, en los 107 km que van del cruce a Río Frío a la ciudad de Limón.

El futuro del proyecto para ampliar la ruta 32 (vía a Limón) depende de la voluntad de la constructora china CHEC de aceptar los cambios que le solicitará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En un texto de 50 páginas, que se enviará a China en los próximos días, el ministro de Transportes, Carlos Segnini, pide a la firma aclarar y cambiar algunos de los temas controversiales del anteproyecto –como el ajuste del ancho de vía e intersecciones–, pero sin encarecerlo en un solo colón.

Ese texto de modificaciones técnicas no llevarían a Costa Rica a pagar a China más que los $395 millones pactados en el convenio inicial de préstamo, el cual fue aprobado por los diputados, en primer debate, el lunes. Así lo aseguró ayer el ministro Segnini. Esta mañana está previsto el segundo debate.

“Hay cuestiones técnicas que (CHEC) debe adaptar a la normativa centroamericana y nacional. Hasta que no lo haga, no le daré el visto bueno al anteproyecto (que entregó esa firma en diciembre) ”, declaró.

Otro asunto pendiente es que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) firme “algunas adendas” al contrato original, lo cual, según Segnini, se ha retrasado por las celebraciones del nuevo año chino.

Sin eso completamente claro, el acuerdo entre CHEC y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no será enviado a refrendo a la Contraloría General de la República (CGR), requisito necesario para darle eficacia jurídica.

Una vez que el MOPT lo remita (no tiene plazo límite para ello), la Contraloría tiene 20 días hábiles para decidir.

“Este contrato será analizado y el análisis permitirá comprobar su apego a legalidad o no”, se limitó a expresar ayer Mariela Azofeifa, vocera del órgano contralor.

En dos informes, de diciembre del 2013 y marzo del 2014, la CGR señaló a los diputados errores y peligros importantes en el contrato original y en algunos términos del préstamo.

El jerarca del MOPT admitió que sería batalla perdida pretender refrendar el contrato sin haber corregido antes las observaciones de la Contraloría…

Ministro pide aprobar préstamo chino para ruta 32 tal como está Actualizado el 25 de febrero de 2015

Mientras en el plenario se discute la aprobación del préstamo para la ruta 32 en segundo debate, el diputado Luis Vásquez repartió patty a los periodistas, con un mensaje que promueve la aprobación del préstamo chino por $395 millones.

Mientras en el plenario se discute la aprobación del préstamo para la ruta 32 en segundo debate, el diputado Luis Vásquez repartió patty a los periodistas, con un mensaje que promueve la aprobación del préstamo chino por $395 millones.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, envió una carta a los diputados, a las 11:03 a. m., en la que les pide que aprueben el préstamo chino por $395 millones para la ampliación de la ruta 32, en segundo debate, tal como está.

En su nota, de respuesta al reclamo de los legisladores por explicaciones del jerarca, Segnini confirma que el anteproyecto que presentó la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) generó una serie de observaciones que, hasta que no sean corregidas, no se aprobará esa propuesta.

“La administración tiene la responsabilidad de revisar dicho producto (el anteproyecto de CHEC) y si no se encuentra satisfecha, hacer las observaciones del caso para que sean subsanadas por el contratista, así como funciona para todo proyecto de infraestructura pública”, dijo Segnini en la carta…

Diputados dan aprobación final a préstamo para la ruta 32 Actualizado el 25 de febrero de 2015

Los diputados aprobaron esta tarde, a las 2:13 p. m., el proyecto de ley de préstamo chino por $395 millones para la ampliación a cuatro vías de un tramo de la carretera a Limón.

La iniciativa contó con 46 votos a favor, y seis en contra.

La votación en segundo debate se dio luego de fuertes polémicas en el plenario, por las dudas sobre el crédito de las entidades expertas en materia de infraestructura, entre ellas el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y la Cámara Costarricense de la Construcción.

Además, varios diputados cambiaron de criterio respecto al primer debate, luego de que La Naciónpublicó hoy el criterio del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, de que la ejecución de la obra dependerá de que la empresa encargada, CHEC, cambie el criterio sobre varios puntos técnicos del anteproyecto de la rehabilitación de la carretera.

Entre esos diputados que cambiaron de criterio está el frenteamplista Edgardo Araya, mientras que Ottón Solís, Epsy Campbell y Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana, se mantuvieron en contra del préstamo.

También votaron en contra Patricia Mora y Ligia Fallas, del Frente Amplio.

El PLN, el ML, el PUSC, la Alianza Demócrata Cristiana, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y el PASE votaron a favor.

En una carta enviada esta mañana, a las 11 a. m., Segnini pidió a los diputados la votación afirmativa. “Lo que está sujeto a cambios y ajustes es el anteproyecto a cargo de la empresa CHEC y no el contrato”, dijo el ministro en esa carta.

La votación se dio, además, luego de que varios legisladores pidieran que el ministro Segnini se presentara al plenario a explicar esas dudas, entre ellas que las medidas de los carriles son menores a las disposiciones técnicas y normativas nacionales y centroamericanas…

Diputados aprueban plan de ruta 32 sin conocer contrato comercial Actualizado el 26 de febrero de 2015

Los legisladores aprobaron ayer el préstamo chino por $395 millones para la ampliación de la ruta 32, a pesar de que ignoran los alcances del contrato comercial que lo condiciona.

Los diputados limonenses y la mayoría de jefes de las fracciones admitieron que no han leído el contrato firmado, en junio del 2013, entre el Conavi y la constructora china CHEC para ampliar a cuatro carriles un tramo de 107 km entre el cruce a Río Frío y la ciudad de Limón.

A pesar de esa ignorancia –y aunque dicen lamentarlo– muchos aseguran que votaron a favor pues alegan que la carretera es “urgente” para el desarrollo económico y social limonense.

“El contrato no lo hemos visto; es parte de la paupérrima comunicación con el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini.

”A pesar de las dudas que tengo, creo que existe un bien superior, que es votar el empréstito independientemente del contrato. Este superará, lamentablemente, las preguntas que tenemos”, declaró Carmen Quesada, diputada limonense del Libertario.

El crédito aprobado ayer en segundo debate –con el voto de 46 legisladores a favor y seis en contra– no es un crédito común: está directamente ligado al contrato comercial con la constructora estatal China Harbour Engineering Company (CHEC).

Los términos de ese acuerdo fueron cuestionados por la Contraloría General de la República (CGR) desde diciembre del 2013, principalmente porque no estaba claro el costo total de la obra; tampoco cuánto podrían encarecerse las expropiaciones y la relocalización de los servicios públicos.

Traileros solicitan aprobación del proyecto de ruta 32 (ALBERT MARÍN)

Entonces, el órgano recomendó a los diputados exigirle al Gobierno que incluyera el contrato comercial entre CHEC y el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) en el expediente, para tener claridad antes de votar el crédito.

Aunque este convenio fue incluido en los registros, la mayoría de congresistas omitió revisarlo antes de la votación final.

“Es una cosa muy interesante; hasta el lunes nos dimos cuenta de que existía un contrato comercial. Nadie en el Frente Amplio (FA) lo conoce. Voté a favor porque el presidente Luis Guillermo Solís lo pidió y sé que la ruta es un martirio para los limonenses, nada más”, dijo Gerardo Vargas, jefe de fracción frenteamplista.

Quienes votaron a favor del empréstito enfatizaron que la suerte del proyecto de la ruta 32 queda, desde ahora, solo en manos del Poder Ejecutivo, el cual se comprometió a reparar el contrato comercial antes de enviarlo a refrendo de la Contraloría.

‘Es innecesario’. Legisladores como Danny Hayling y Aracelly Segura, de Liberación Nacional; los libertarios Otto Guevara y José Alberto Alfaro; los evangélicos Fabricio Alvarado y Abelino Esquivel, y el socialcristiano Luis Vásquez consideran que es innecesario conocer un contrato comercial pese a que está ligado al crédito que aprobaron.

Emilia Molina, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue una de las que manifestó que no es su deber conocer el contrato, e ignora si está en el expediente.

Según la oficialista, ella tiene la información que le proporcionó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y -añadió- conoce el anteproyecto de la obra, tal como lo entregó CHEC en diciembre.

Los diputados Luis Vásquez (PUSC), Carmen Quesada (ML) y Abelino Esquivel (RC) celebraron ayer  la aprobación del préstamo para la ampliación de la ruta a Limón.   | DIANA MÉNDEZ

Los diputados Luis Vásquez (PUSC), Carmen Quesada (ML) y Abelino Esquivel (RC) celebraron ayer la aprobación del préstamo para la ampliación de la ruta a Limón. |

Ottón Solís, también del PAC, contradijo a Molina y reafirmó el criterio del ente contralor, de que era necesario analizar el convenio antes de votar el préstamo.

De hecho, Solís fue el único que reconoció no solo haber leído el contrato, sino además le hizo observaciones que enumeró en el plenario, antes de la votación del segundo debate.

Para el fundador de Acción Ciudadana, la aprobación del crédito es como comprar un auto a ciegas, sin conocerlo y solo a pura confianza. “Con la plata de los costarricense no se juega”, dijo el legislador.

Guevara y Alvarado confiaron en que el Congreso “nunca revisa los contratos comerciales” (aunque estén condicionados) antes de aprobar préstamos para obras como esta, pues no es su obligación: su deber, dijeron, se limita a avalar empréstitos.

El ministro de Transportes, Carlos Segnini, admitió el martes que desconocía si el contrato y el anteproyecto están incluidos en el expediente legislativo 18.945. Aseguró que se encargó de explicarles a los diputados ambos convenios aprobados ayer.

“Bueno, a los diputados les fuimos a explicar el contrato y las adendas que estábamos negociando, y luego llegó la empresa CHEC a explicar el anteproyecto con filminas”, admitió Segnini.

La falta de un anteproyecto serio fue uno de los temas más criticados, desde el 2013, por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Ante las múltiples críticas por lo “escueto” del primer documento, Segnini solicitó uno nuevo y más amplio, el cual fue entregado en diciembre.

A pesar de las enmiendas, tanto los entes expertos como Segnini quedaron otra vez disconformes. En unas 50 páginas, el MOPT pedirá a los chinos que lo ajusten a la normativa nacional.

Ese documento no es de difusión pública, pues el MOPT se comprometió con CHEC a mantenerlo en secreto por asuntos de “propiedad intelectual”. Este saldría a la luz hasta que la CGR refrende el contrato comercial.

Los diputados de Limón reclamaron, 14 días atrás, que la presentación que les dio CHEC y el ministro Segnini “de unas cuantas filminas de PowerPoint ” los dejó insatisfechos. Sin embargo, ellos votaron a favor ayer.

MOPT promovió ruta 32 confiado en honor chino Actualizado el 27 de febrero de 2015

El MOPT promovió la aprobación legislativa del crédito para la ampliación de la vía a Limón confiado en “el honor, tan asentado en la cultura china”.

En una carta, enviada al Congreso el 23 de febrero, el ministro de Transportes, Carlos Segnini, garantizó que los chinos no harían cambios en las condiciones de implementación de ese proyecto– a pesar del incumplimiento tico en los plazos acordados– debido al “honor” que, según él, los caracteriza.

“(…) el honor, tan asentado en la cultura china, impediría que hagan algo que los haga verse como quienes quieren aprovecharse abusivamente, manteniendo las condiciones originales durante las negociaciones, pese al vencimiento del plazo, y cambiarlas una vez obtenida la aprobación legislativa”, redactó.

Dos días después de que el ministro envió esa misiva, la Asamblea Legislativa aprobó el crédito chino por $395 millones, para la ruta a Limón (32). Del total, $295 millones provienen del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) y otros $100 millones los aportó su Gobierno.

Sin embargo, el futuro de las condiciones de implementación del proyecto, diseño, rehabilitación y extensión de la ruta a Limón dependen, desde el 3 de junio del 2014, de la buena voluntad del Gobierno de ese país asiático.

Ese día venció el plazo para mantener los términos originales, porque se cumplió un año desde la firma del convenio marco entre Costa Rica y China –para el préstamo–, y del contrato comercial entre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la constructora estatal China Harbour Engineering Company (CHEC).

Según la cláusula 9.3 de los dos convenios de préstamo, en caso de que estos no entraran a regir un año después de la firma de las partes (2013), “el prestamista tendrá el derecho de reevaluar las condiciones para la implementación del proyecto, para determinar si se continúa, o no, con la ejecución del presente convenio”.

El ministro se basó en el diccionario de la Real Academia Española para asegurar que esos posibles cambios en las condiciones de “implementación” se limitarían a asuntos operativos– como plazos– y no afectarían el precio “a suma alzada”, pactado al inicio entre Costa Rica y China.

Segnini respaldó su confianza en la contraparte, en que aunque en el 2014 él visitó China y negoció con los altos jerarcas de Eximbank (luego de que caducara el plazo para la estabilidad de términos), la opción de reevaluar las condiciones del proyecto “no se mencionó por parte de ellos”.

En la misiva, Segnini aseguró que “no le parece ingenuo” apostar a que en el Eximbank no traerán a colación la cláusula 9.3 de los convenios, “pues el interés del Gobierno chino no se limita a este Contrato, sino a una relación más amplia y duradera con los países de la Región”.

Tras el incumplimiento del plazo por parte de Costa Rica, ¿tendrá China una carta poderosa a su favor, para las negociaciones por venir? La Nación envió la consulta al ministro y lo llamó varias veces, mas no dio respuesta…

China subirá costo de ruta 32 y podría alterar préstamo Actualizado el 29 de abril de 2015

La confianza en el “honor chino” y una garantía personal de que los asiáticos no encarecerían el costo de la ampliación de la ruta 32 (a Limón), solo le duró dos meses al ministro de Transportes, Carlos Segnini.

Teresa Wu, representante de China Harbour Engineering Company (CHEC) –la firma contratada para ejecutar las obras– declaró ayer que subirán el precio porque Segnini les solicitó agregar nuevas condiciones técnicas al proyecto inicial.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió construir los puentes nuevos con tecnología antisísmica y agregar esa característica a los ya existentes. También añadió en sus requisitos el ajuste del ancho de vía e intersecciones.

Esos cambios y otros más alterarán el precio de $465 millones, pactado en junio del 2013 entre China y Costa Rica, para ampliar el tramo entre el cruce a Río Frío y la ciudad de Limón.

“Será un aumento bien sustantivo, porque nos piden requerimientos técnicos que no estaban contemplados en un inicio. Aún no puedo decir cuánto más caro les costará porque estamos valorando detalles”, aseguró Wu.

El ministro Segnini presionó, en febrero, el aval para el empréstito por parte de los diputados, mediante una carta en la cual garantizó que los chinos no harían cambios en las condiciones de implementación del proyecto debido al “honor” que, según él, los caracteriza.

Sin embargo, la promesa del ministro chocó contra el anuncio de CHEC y la potestad de los chinos para cambiar los términos.

Según la cláusula 9.3 de los dos convenios de préstamo, en caso de que estos no entraran a regir un año después de la firma de las partes (2013), “el prestamista tendrá el derecho de reevaluar las condiciones para la implementación del proyecto, para determinar si se continúa, o no, con la ejecución del presente convenio”.

El MOPT asegura que CHEC debe costear cualquier posible aumento en el costo del proyecto. | RAFAEL MURILLO.

El MOPT asegura que CHEC debe costear cualquier posible aumento en el costo del proyecto. |

La vocera Wu dejó claro ayer que si las obras no se inician antes de marzo del 2016, Costa Rica deberá renegociar las condiciones del préstamo con el banco chino Eximbank y con el Gobierno de su país. Eso podría alterar, por ejemplo, las tasas de interés.

De acuerdo con los términos actuales del contrato, China aportará $395 millones. De estos, $99 millones provienen del Gobierno chino (al 2% de interés anual) y $296 millones del Eximbank, con una tasa del 4% anual.

Costa Rica, por su parte, debe dar una contrapartida de $70 millones y encargarse del costo por expropiaciones y relocalización de los servicios públicos.

Wu agregó que el titular del MOPT tiene pendiente la entrega de un nuevo documento sobre recomendaciones técnicas para el proyecto.

“Dicen que pronto nos lo van a entregar, pero nunca dan un fecha fija (…). Llevamos más de tres años esperando y, aunque vemos voluntad política de este Gobierno, hay mucha burocracia que frena los procesos”, afirmó.

Wu dio estas declaraciones ayer, luego de participar en el foro Limón, puerto de oportunidades,realizado en Escazú.

Segnini también había confirmado su asistencia a esa cita, mas luego del anuncio de CHEC, su departamento de prensa afirmó que no asistiría y él se negó a dar declaraciones posteriores sobre tema.

El MOPT envió un boletín y un audio del viceministro Mauricio González, en el cual asegura que, al tratarse de un contrato de suma alzada, CHEC debe asumir cualquier posible encarecimiento, incluido el que anunció ayer…

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