Intromisión de Poderes o Clientelismo Político: la Diferencia de Utilizar la Independencia Otorgada por el Pueblo y la Constitución para Ejercer Control Político a Través del Sistema de Pesos y Contrapesos o Bien, Utilizarla para el Despotismo y la Partidocracia a Favor de la Plutocracia Neoliberal que Nos Ha Gobernado Durante los Últimos Años, Defendiendo al Déspota Ilustrado del Partido Libre-Corrupción Nacional.

El Despotismo del Poder Judicial se Hizo Manifiesto Cuando Hizo Uso de su Independencia par Tomar la Decisión Unilateral de Re-Elegir como Fiscal General a Un Funcionario Público Con Claras y Declaradas Tendencias Políticas, Afectando el Sistema de Pesos y Contrapesos Que Sostienen el Debido Equilibrio de Poderes y Torciendo el Brazo de la Balanza de la Justicia, Inclinándolo por Completo Hacia un Solo Lado, el Lado del Partido Libre-Corrupción Nacional; el Poder Detrás del Trono y Quien Desea Seguir Manteniéndolo, Pese al Descontento y la Indignación Popular.

La NO Separación de poderes y la Dependencia del Poder Judicial Así Como Su Favoritismo Hacia Un Partido Político Quedó Más que Evidenciada Cuando la “Corte Plena rechaza recurso interpuesto por diputados contra reelección de Fiscal General”.

¿Por Qué?

Porque en el Momento en que Se Vota Con Criterio Político, Se Está Entrometiendo en las Decisiones Propias Tanto del Ejecutivo Como del Legislativo, al Dar Autoridad y Poder de Decisión a Quien Puede Afectar las Decisiones (valga la redundancia) que Tome el Ejecutivo o el Legislativo, Favoreciendo (como lo ha hecho con OAS y  el PLN) o Desfavoreciendo (como lo ha hecho con la oposición a OAS y al PLN) Políticamente un Proceso Judicial.

Así las Cosas 

La Partidocracia de los Magistrados de la Corte Plena Hacia el Déspota Ilustrado del Partido Libre-Corrupción Nacional También Quedó Demostrada Cuando los “Magistrados declaran ‘inadmisible’ solicitud de diputados contra reelección del fiscal general”.

Su Clientelismo político Quedó Demostrado Cuando con la Re-Elección del Fiscal general Propiciaron que “figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción” Quedaran en la Total Impunidad.

Su Marca Preferencia y Simpatía por la Plutocracia Se Hizo Evidente Cuando Desoyeron por Completo el Clamor y la Indignación Popular Que Reclamaba Justicia, Libertad, Igualdad; No Trato Preferencial, No Clientelismo Político, No Servilismo Político y Menos Hacia un Partido Corrupto y Defensor de la Plutocracia Neoliberal Como lo Es el Partido Libre-Corrupción Nacional; “Ciudadanos en las afueras de la Corte piden no ratificar reelección de Fiscal General”.

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¿Queremos Democracia o Queremos Plutocracia?… ¡La Decisión Es Suya!

 

Corte Plena rechaza recurso interpuesto por diputados contra reelección de Fiscal General

Los magistrados reunidos en Corte Plena  el lunes anterior, cuando aprobaron la reelección de Jorge Chavarría como fiscal. CRH.

Los magistrados reunidos en Corte Plena el lunes anterior, cuando aprobaron la reelección de Jorge Chavarría como fiscal. Archivo CRH.

Los magistrados de la Corte Plena sesionaron esta mañana para conocer un recurso enviado por 16 diputados de la Asamblea Legislativa para revisar la reelección de Fiscal General, Jorge Chavarría.

De acuerdo con la votación de los magistrados para declarar admisible el recurso: la petición se rechazó con 22 votos para no darle curso y únicamente 2 para tomarlo en cuenta.  La votación fue pública.

El recurso fue rechazado debido a que varios de los magistrados expusieron que debían mantenerse la independencia de poderes y el legislativo debería respetar las decisiones del Poder Judicial.

Chavarría en un principio desistió de optar por mantenerse en el cargo, sin embargo planteó la posibilidad de querer mantenerse en el cargo y el pasado 6 de octubre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron su reelección.

En ese momento la votación contó con 16 votos a favor y seis en contra.

Chavarría fue designado Fiscal General en octubre de 2010 y su nombramiento vence el próximo 15 de octubre.

Hoy al igual que la semana pasada un grupo de ciudadanos y diputados protestaban por la reelección de Chavarría, que será juramentado esta tarde.

Magistrados declaran ‘inadmisible’ solicitud de diputados contra reelección del fiscal general

Veinte magistrados rechazaron esta mañana la solicitud de diputados del PAC, el PUSC y el Frente Amplio de echar para atrás la reelección del fiscal general, Jorge Chavarría, por cuatro años más.

Jorge Chavarría fue nombrado fiscal general en el 2010 y fue reelegido, el lunes pasado, para cuatro años más, pese a las críticas   | RAFAEL MURILLO

Jorge Chavarría fue nombrado fiscal general en el 2010 y fue reelegido, el lunes pasado, por cuatro años más. |

La Corte Plena declaró "inadmisible" la petición del Congreso de revisar la reelección acordada hace una semana. Lo decidieron mientras legisladores de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio protestaban con unas 50 personas frente a la sede central del Poder Judicial, en San José.

Solo dos magistrados votaron a favor de revisar el acuerdo en torno a Jorge Chavarría.

El viernes, diputados del PAC, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente presentaron una carta a la Corte Plena en la que alegaban que fue apresurada la reelección de Chavarría, a quienes ellos acusan de favorecer a políticos de Liberación Nacional (PLN) en las investigaciones judiciales. El fiscal dice sufrir una persecución política.

"El fiscal perdió credibilidad, existe un descontento generalizado. Ha promovido la impunidad política por su cercanía con el PLN", dijo ese día Franklin Corella, del PAC.

Chavarría respondió con una conferencia de prensa en la que sostuvo que sufre una persecución porque, en su criterio, sus detractores no aportan argumentos sólidos en contra de su quehacer. "Las cosas hay que llamarlas por su nombre", dijo.

Ciudadanos en las afueras de la Corte piden no ratificar reelección de Fiscal General

Un grupo de ciudadanos llegó a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para protestar en contra de la designación de Jorge Chavarría como Fiscal General de la República por cuatro años más.

Con pancartas y carteles, piden a los magistrados que no se ratifique el nombramiento de Chavarría como cabeza del Ministerio Público para el próximo periodo.

“Señores magistrados, el pueblo está indignado con la reelección del Fiscal. ¡No a la reelección!”, son parte de los mensajes que gritan los ciudadanos a las afueras del complejo de edificios del Poder Judicial.

Como parte de los simpatizantes de esta protesta, destaca el diputado Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien está abiertamente en contra de la reelección de Chavarría, debido a la falta de ejecución que ha tenido la gestión del Fiscal en casos como Crucitas o la Trocha.
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“Este no es un movimiento político, es parte de lo que hemos llamado el movimiento de Indignación Nacional con el objetivo de hacer sentir la voz del pueblo costarricense ante un acto reprochable de reelección del Fiscal General”, comentó el legislador.

Corella adelantó que si la Corte ratifica el nombramiento y no acata la exigencia de pueblo de Costa Rica, estarían tomando otras medidas que el Estado de Derecho permite para exigir claridad en los diferentes procesos.

“Nadie tiene el poder absoluto en un Estado social de derecho”, reiteró el diputado.

Roberto Mora, conocido como el Cobrador de la Caja, también forma parte de este movimiento de protesta debido a múltiples denuncias que no avanzan en la Fiscalía.

“Estamos aquí para repudiar la reelección de un Fiscal General que no sirve a los intereses del pueblo; que sirve a los intereses políticos de un grupo específico”, dijo Mora. Además agregó que no se debe permitir que siga la impunidad en Costa Rica.

Los magistrados de la Corte Plena sesionarán esta tarde para ratificar el acuerdo de nombramiento que tomaron la semana anterior.

 

Separación de poderes

Glosario De Conceptos Políticos Usuales

SEPARACIÓN DE PODERES: Es el principio político según el cual las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales. El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales: esta tarea es necesariamente más lenta que otras, porque las leyes deben estar cuidadosamente hechas para que sean reconocidas como legítimas por la mayor parte de la población y de los grupos de interés del país. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general.

Separación de poderes

La separación de poderes o división de poderes (en latín, trias politica) es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno.

Modernamente la doctrina denomina a esta teoría, en sentido estricto, separación de funciones o separación de facultades, al considerar al poder como único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía (nación o pueblo), resultando imposible concebir que aquél pueda ser dividido para su ejercicio…

Historia

… Al momento de su formulación clásica, las funciones del Estado consideradas como necesarias para la protección del ciudadano eran fundamentalmente las de dar las Leyes, la de poner en práctica éstas leyes en forma general y más particularmente, con la finalidad de resolver conflictos y la administración del aparato de gobierno, funciones que durante el Antiguo Régimen eran monopolizadas en la sola entidad de la monarquía absolutista a la cual se le atribuía la práctica del despotismo.

Controles y Contrapesos

Para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema, y para inducirlas a cooperar, los sistemas de gobierno que emplean la separación de poderes se crean típicamente con un sistema de "checks and balances" (controles y contrapesos). Este término proviene del constitucionalismo anglosajón, pero, como la propia separación de poderes, es generalmente atribuido a Montesquieu. Checks and balances se refiere a varias reglas de procedimiento que permiten a una de las ramas limitar a otra, por ejemplo, mediante el veto que el presidente de los Estados Unidos tiene sobre la legislación aprobada por el Congreso, o el poder del Congreso de alterar la composición y jurisdicción de los tribunales federales. Cada país que emplee la separación de poderes tiene que tener su propio mecanismo de checks and balances; cuanto más se aproxime un país al sistema presidencial, más checks existirán entre las distintas ramas del poder, y más iguales serán en sus poderes relativos…

Adopción

… Desaparece la legitimación del sistema jurídico como consecuencia de estos cambios y por eso se adopta la distinción de Sieyès entre "poder constituyente" y "constituido", el constituyente es el pueblo ejerciendo su poder soberano mediante el que aprueba la constitución y crea los poderes constituidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y ahora el legislativo va a aprobar las leyes, leyes que a partir de ahora van a estar por debajo de la Constitución la cual expresa los valores compartidos por todos y se crea el Tribunal Constitucional como garante de estos valores.

http://es.wikipedia.org/

Despotismo

El despotismo fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en las que los reyes, que seguían teniendo poder absoluto, trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. La frase que sintetiza al despotismo ilustrado es «todo por el pueblo, pero sin el pueblo»…

Partidocracia

La partitocracia o partidocracia se trata de un neologismo empleado para definir la burocracia de los partidos políticos. Según el filósofo Gustavo Bueno "la partitocracia constituye una deformación sistemática de la democracia. Cada partido tiene sistemáticamente que atacar al otro". Asimismo, para la teoría antiliberal, "la partitocracia es aquella forma de Estado en que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva", como lo enunció Gonzalo Fernández de la Mora.1 Su desarrollo suele venir aparejado con los sistemas parlamentarios.

Es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual, aunque teóricamente se vive en democracia, los actores principales y únicos del panoramapolítico son los grandes partidos políticos. Estos a base de un sistema democrático de turnismo se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real más allá de los partidos ya existentes. Partiendo de la base de que los partidos son un mal necesario, los ciudadanos se van apartando de ellos y buscan otros cauces para intervenir, lo que lleva a la creación de los llamados "grupos de presión". En muchas ocasiones también viene asociado a sistemas bipartidistas

Plutocracia

Plutocracia (del griego πλουτοκρατία, ploutos ‘riqueza’ y kratos ‘poder’) es una síntesis crítica que se hace a la democracia, al sufragio universal y al parlamentarismo, pudiendo enunciarse como un sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan quienes poseen las fuentes de riqueza.

La plutocracia, después de haber destruido el poder real por la fuerza bruta con disfraz de democracia, ha comprobado y reducido a la nada esta democracia. El dinero es el que habla, el que imprime, el que radia, el que reina, y los reyes, lo mismo que los jefes socialistas, tienen que acatar sus decretos y aún, por extraña paradoja, que suministrar los fondos para sus empresas y garantizar sus utilidades. Ya no se compra a la democracia: se la embauca.

Bernard Shaw

Síntesis

Suele incluirse como un tipo de oligarquía en su visión clásica promovida por las experiencias en algunas ciudades griegas y ciudades-estado de Italia medieval (Génova, Venecia y Florencia). No hay que confundir la plutocracia con sistemas donde el ejercicio de la ciudadanía está vinculado a una riqueza mínima, correspondiendo en hecho a un supuesto interés para la colectividad, por ejemplo, los sufragios censitarios que exigen una contribución mínima a las finanzas públicas (censo). Estos sistemas no son plutocráticos porque las contribuciones no pasan a fomentar un partido.

Para que la plutocracia sea material la representación es posible que corresponda, aunque no de manera exclusiva, con el viejo modelo de representación de origen iusprivatista:

  • La representación atiende únicamente a aquellos que le apoyaron, no ateniéndose al mandato de la voluntad general.
  • Existe la posibilidad de que el mandatario sea revocado en cualquier momento por voluntad de sus mandantes.
  • Existe la responsabilidad del mandatario ante aquellos que le apoyaron, con obligación de rendir cuentas de su gestión.
  • El carácter limitado y explícito de los poderes de los que dispone el mandatario estará sometido a instrucciones vinculantes de sus mandantes.

Se trata pues de un tipo de mandato imperativo y vinculante que establece un nexo de unión inmediata entre mandante y mandatario. Esta estructura suele aparecer en aquellos sistemas de gobierno en los que aquellos que ostentan el poder político y legislativo son ordenados por el poder económico…

Plutocracia y financiación de partidos

Una forma común de plutocracia hoy día podría venir motivada por la financiación irregular de partidos. Ésta puede provocar que en una partitocracia o democracia, alrededor del poder estatal se forme un holding empresarial o fáctico que, tras financiar partidos y medios de comunicación, obligue a realizar un clientelismo político, la mayoría de las veces mediante una legislación favoritista.

Según la nomenclatura estadounidense existe en la financiación de partidos hay una distinción relativamente importante en cuanto al tipo de dinero utilizado:8

Por un lado el «dinero duro» (hard money), los fondos provenientes de contribuciones reguladas por la Ley Federal de Campañas Electorales (Federal Election Campaign Act) que establece límites a las contribuciones que pueden hacer los individuos, los partidos políticos y los Comités de Acción Política (Political Action Comitees o PACs), que son organizaciones formadas específicamente para recaudar fondos destinados a las campañas. Las corporaciones y los sindicatos no pueden hacer contribuciones directas a los candidatos pero pueden constituir Comités que recaudan contribuciones de sus empleados o asociados. Si bien lo que un Comité de Acción Política puede darle a un candidato de un modo directo para su elección suele estar limitado pero estos Comités pueden gastar una cantidad ilimitada de dinero en aportes que no van directamente al candidato pero se invierten en campañas que abogan en pro —o en contra— de determinados candidatos.

Por otro lado, el «dinero blando» (soft money), que proviene de contribuciones que no están reguladas por la mencionada ley. No hay límite para las contribuciones que cualquier institución puede hacer al Comité Nacional de un partido político. Si bien, teóricamente, este dinero no puede ser empleado para inducir a la ciudadanía a votar en favor —o en contra— de determinado candidato, los partidos políticos eluden de un modo muy sencillo esta restricción con promociones publicitarias que evitan cuidadosamente frases tales como «Vote a…» o «No vote por…», pero realizan demagogia.

Finalmente, hay una categoría adicional de dinero político masivo que es aportado por instituciones tales como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, y que se gasta en publicidad específica sobre temas puntuales. Se critica argumentando que incurre en la ficción de suponer que estas campañas no promueven directamente una determinada candidatura pero cualquier político, con tan sólo posicionar su discurso en línea con el tema publicitado, se beneficia directamente de la promoción.

Para evitar que la financiación de partidos se convierta en un puente entre democracia y plutocracia se necesita de una ley de financiación de partidos adecuada y fuerte, que impida que el poder de éstos no acabe recayendo en aquellos que los financiaron.

Clientelismo político

El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyoelectoral.

En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema. Resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo. En general, los sistemas clientelares aparecen donde la necesidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades.

Estructura del clientelismo

En el clientelismo los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley, sino que bajo una apariencia legal se utilizan discrecionalmente por los detentadores del poder político; normalmente se corresponde con figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores (O’Donnell: 1997).

Hábito clientelar

La relación de los clientes no se apoya solo en su interés por los favores que pueden recibir a cambio de su adhesión, sino que está basada en la concepción que estos se forman a partir de su experiencia del funcionamiento del poder, y en las expectativas que así desarrollan. El elemento material y puntual de intercambio del clientelismo tiene así un efecto persistente sobre las expectativas sociales y políticas de los participantes; si bien la relación entre cliente y patrón se inicia a través de un "favor fundacional" (Auyero, 1997), mediante el cual el patrón —posiblemente a través de un puntero omediador— brinda una prestación al cliente, no es este el factor más importante en la constitución del sistema, sino el conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que la experiencia repetida, directa e indirecta de estas relaciones provoca en los clientes.

Estos factores consolidan la relación, y disimulan su carácter de transacción; al igual que el don de las sociedades primitivas, en el cual la separación en el tiempo de los regalos recíprocos disimula el hecho de que se trata de una forma de intercambio de equivalentes, en el clientelismo la irregularidad y falta de simetría de las prestaciones escamotea su carácter económico. Puesto que cliente y patrón (o mediador) se conocen personalmente, y la concesión de prestaciones se realiza de manera individualizada, la relación clientelar se confunde con las afinidades personales dadas por la pertenencia común a redes sociales, familiares, étnicas, religiosas o deportivas. Los factores subjetivos vinculan más estrechamente a patrones/mediadores con sus clientes, y se transforman en indispensables para que la relación clientelar no se quede en un simple hecho mercantil (Trotta, 2002).

Relaciones de dominación

Sin embargo, la relación entre cliente y patrón no es simétrica: existe en ella una neta dominación, motivada por las dotaciones sumamente desiguales de capital social, simbólico y económico de patrones y clientes. Además de las diferencias producidas por el acceso desigual al poder estatal o económico, es la posición histórica de los agentes en el campo clientelar —su reconocimiento público como "necesitados" o "dispensadores"— lo que le da el carácter de un espacio históricamente constituido, con instituciones específicas y leyes propias de funcionamiento.

Posiciones en el campo

La explicación del sistema clientelar como un campo —en lugar de como una estructura estable de roles, en la tradiciónestructural-funcionalista— permite explicar que las posiciones de los actores cambien a partir de una compleja serie de cuestiones; por ejemplo, el poder del patrón puede verse amenazado por el ingreso de un patrón alternativo, o por circunstancias especiales, como las vísperas de un acto electoral, donde necesita el voto de los clientes de la red, quienes —aprovechando la coyuntura favorable— adquieren mayor fuerza en la negociación. Incluso la dinámica propia de una red clientelar podría generar que un actor modifique su posición, pasando de cliente, en virtud de la confianza obtenida de su patrón, en mediador, con lo cual suma capital para moverse dentro del campo.

Cada participante del campo clientelar tiene objetivos propios. Los clientes buscan respuestas a sus necesidades básicas inmediatas, los mediadores pueden motivarse por diferentes cuestiones —desde adscripción partidaria o ideológica hasta el mantenimiento de un empleo estatal—, y patrones buscan a su vez acumulación política, como objetivo estratégico, y acumulación electoral, como objetivo coyuntural.

La acumulación política incluye tanto la búsqueda de adhesiones que legitimen su rol de dirigentes políticos como la construcción de aparatos que otorguen la posibilidad de acrecentar su poder político. El patrón no obtiene recursos económicos de la red, sino que amplía su base de sustentación para mantener su carrera. Esa acumulación debe concretarse, hacerse visible, en un momento concreto: los comicios, cuando el poderío del patrón debe ratificarse.

Clientelismo y sistema político

Patrón y mediadores no aportan privadamente los recursos que sustentan los intercambios, sino que los toman del ámbito estatal; generalmente, patrón y mediadores también están allí insertos. Las prestaciones sociales —en particular aquellas que no están disponibles universalmente, como planes diferenciales de subsidios o becas— son los recursos generalmente considerados como medios típicos de la redistribución clientelar.

Los patrones suelen ser gobernantes o legisladores; los mediadores, parte de la plantilla de ministerios, municipios o legislaturas (ver nepotismo). Esa es otra característica propia del clientelismo: se ejerce a partir de la estructura burocrática o del aparato público estatal (Trotta, 2002). Del Estado provienen por lo general los recursos que aceitan los intercambios clientelares, y es también el ámbito de actuación de patrones y mediadores; el clientelismo moderno tiene su base en él, constituyéndose en una variante de privatización de lo público. De acuerdo a la influente definición de Javier Auyero, el clientelismo «[depende] de una tercera parte para su continuación (aquí refiriéndose al patrón político, representado por un político en particular o por una estructura estatal). Los incentivos materiales necesarios para el desarrollo de la relación vienen del afuera y son producto de un balance de poder específico entre el mediador y el patrón político exterior» (Auyero, 1997).

En los estados clientelistas, se relega el derecho como instrumento de gobierno. La vigencia del derecho está determinada por el grado de preponderancia de los vínculos clientelistas. En los estados puramente patrimonalies, las relaciones clientelistas desplazan al derecho como medio de gobierno. La ley y las instituciones dependen del capricho de quienes ostentan el poder, y la norma no guía la conducta de los individuos. Las personas dejan de ser iguales ante la ley: el trato depende de la relación con los que ostentan el poder. El estado de derecho es un medio para lograr una falsa legitimidad, un instrumento de manipulación, y a veces, de represión.

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