Esta es la Crónica de una Red de Cuido de Políticos Corruptos Anunciada por el Gobierno de Laura Chinchilla, “Pedro Castro faltó a principios de imparcialidad y rectitud, por participar en adjudicación a Cacisa”; No hace Falta que yo Agregue o Quite Nada; el Reportaje Es Más Que Contundente; Así que lo Dejo, Tal cual Está; Lo Único que Podría Agregar Es que Pedro Castro No Fue el Político Corrupto Protegido por la Red de Cuido Político de la Administración Chinchilla. 

Pedro Castro faltó a principios de imparcialidad y rectitud, por participar en adjudicación a Cacisa

    Cuando era jerarca del MOPT, se abstuvo de conocer otras decisiones sobre Cacisa, pero participó en licitación para la Trocha
    Un año después de la denuncia, Procuraduría envió informe a Laura Chinchilla, que no informó de su decisión

Pedro Castro fue el segundo Ministro de Transportes de Laura Chinchilla. (Archivo / Casa Presidencial)

Pedro Castro fue el segundo Ministro de Transportes de Laura Chinchilla. (Archivo / Casa Presidencial)

El exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Pedro Castro fue una de las figuras más visibles y cuestionadas de la administración de Laura Chinchilla. Los señalamientos se transformaron en denuncias, una de ellas ante la Procuraduría de la Ética Pública, por faltas a la ética.

Menos de un mes antes de terminar su periodo, la Procuraduría envió a la entonces mandataria su informe por la investigación que realizó, tras una denuncia del diputado socialcristiano Wálter Céspedes. Dicho informe señaló actos que generaron dudas sobre la rectitud, imparcialidad, objetividad y transparencia.

El informe fue señalado como confidencial, hasta que Chinchilla tomara una decisión de si lo archivaba o enviaba el caso a la Fiscalía. Tres meses después del último “incidente” de la anterior Administración, crhoy.com conoció el informe, del cual tiene una copia.

Este fue claro en señalar que el exministro Castro incumplió los principios y generó dudas en cuanto a su rectitud, imparcialidad, objetividad y transparencia. Esto por votar un acuerdo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el cual se le dio una licitación por ¢360 millones a la empresa Cacisa.

Llama la atención que Castro decidió abstenerse de conocer otros acuerdos relacionados con esa compañía, pero en el caso de la adjudicación de una licitación a la misma, para obras en la trocha fronteriza, no hizo lo mismo, a pesar de que tiempo antes señaló al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) que debía hacerlo, para respetar el derecho de probidad.

La investigación determinó que los principios éticos debían ser respetados por cualquier funcionario público y lo comunicó a Chinchilla el 25 de abril, en el informe AEP-INF-001-2014, un año después de la denuncia presentada el 18 de abril del 2013. Además, en la página 29 del informe, al hacer referencia a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que señala sanciones como el despido si se compromete el principio de imparcialidad.

Por otro lado, descartó que hubiera un problema o que Castro hubiera participado en decisiones en relación con la concesión de la carretera a San Ramón a la empresa OAS, de la cual también fue consultor.

El caso de Conavi y Cacisa

Director del CONAVI dice desconocer si se le pagó o no a CACISA. CRH

Cacisa participó en obras de la la Trocha. (Archivo CRH)

El análisis de la denuncia que terminó por señalar a Castro por incumplir los parámetros éticos tuvo que ver con una adjudicación hecha a la empresa Compañía Asesora en Construcción en Ingeniería S.A. (Cacisa), para el diseño de pavimentos, elaboracón de planos y otros trabajos en un tramo de la controversial trocha fronteriza. Esta buscaba determinar si el exministro podía votar el acuerdo o inhibirse.

Como se conocía, el ingeniero trabajó durante varios años para Cacisa, en el diseño estructural de pavimentos y sistemas de administración de pavimentos. La Procuraduría avisó que, una vez siendo funcionario público, debía respetar el derecho de probidad, es decir, estaba obligado a abstenerse de conocer asuntos en los que se genere alguna duda sobre su imparcialidad.

La institución llamó la atención que apenas seis días después de asumir como Ministro, el 24 de octubre del 2012, Castro alertó a la junta del Consejo Nacional de Concesiones que en el pasado tuvo una relación laboral con OAS, por lo que no participaría en ninguna discusión o adopción de acuerdos en torno al proyecto de la ruta a San Ramón.

Trece días después de asumir, hizo lo propio y se abstuvo de firmar un finiquito de una contratación de Cacisa, “en razón del principio de transparencia y el deber de probidad”. Decidió evitar una participación en un acto con la misma empresa la cual, unos meses después, si participaría.

31 de octubre, 2013

El Conavi procedió, por segunda vez, a adjudicar la licitación a Cacisa. En esa sesión, Pedro Castro no estuvo presente.

2003-2006 – La relación con Cacisa y el sector privado

Pedro Castro fue consultor de la Compañía Asesora en Construcción en Ingeniería S.A. (Cacisa). En esa época realizó diversos proyectos en diseño y modelación estructural de pavimentos en vías de Barranca, Cañas e incluso fuera del país.

También apareció registrado como trabajador de la Empresa Consultoría e Ingeniería Civil de Centroamérica S.A., en el periodo de julio del 2010 a octubre del 2012. De igual manera hizo consultorías a OAS sobre la carretera a San Ramón.

31 de octubre, 2012 – Se apartó de un tema…

Mediante el oficio DMOPT-6398-2012, Pedro Castro le solicitó al secretario de Concesiones Edwin Rodríguez que firme el finiquito de una contratación para la supervisión de la ejecución del contrato en la carretera de San Ramón.

Para esa supervisión, el Consejo Nacional de Concesiones contrató al consorcio formado por la Compañía Asespra de Construcción e Ingeniería S.A. (Cacisa) y Cano Jiménez. Castro devolvió el finiquito sin su firma, alegando el principio de transparencia y deber de probidad, dado que tuvo relación laboral con Cacisa, antes de asumir el puesto.

La Dirección Jurídica dijo que no había problema en delegar la firma en el Secretario General de Concesiones. Posteriormente en diciembre, la Junta presidida por Castro, acordó esa delegación.

13 de marzo, 2013 – …pero en Conavi si participó.

El Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adjudicó a Cacisa una licitación por 360 millones de colones, para el diseño de pavimentos y elaboración de planos para el tramo de la ruta 1856, concretamente el de Los Chiles-Río Pocosol. La publicación en La Gaceta se dio el 19 de marzo.

En la sesión 987-13 de este día, Pedro Castro estuvo presente y votó en firme dicho acuerdo.

17 de junio, 2013

La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (resolución R-DCA-349-2013) anuló el acto de adjudicación de la licitación a Cacisa. El ente contralor determinó parcialmente con lugar un recurso interpuesto por IMNSA Ingenieros Consultores S.A. y otro recurso si lo declaró sin lugar. Las empresas rivales alegaron anomalías en la calificación y otros detalles en la adjudicación.

4 de julio, 2013

El Conavi readjudicó la misma licitación a la empresa INMSA, la que presentó el recurso. En la sesión en la cual se acordó esa decisión, Pedro Castro no estuvo presente

17 de setiembre, 2013

La Contraloría de nuevo anuló la adjudicación, esta vez la que se realizó a favor de INMSA, después de que la propia Cacisa presentara un recurso en contra del acto.

31 de octubre, 2013

El Conavi procedió, por segunda vez, a adjudicar la licitación a Cacisa. En esa sesión, Pedro Castro no estuvo presente.

2003-2006 – La relación con Cacisa y el sector privado

Pedro Castro fue consultor de la Compañía Asesora en Construcción en Ingeniería S.A. (Cacisa). En esa época realizó diversos proyectos en diseño y modelación estructural de pavimentos en vías de Barranca, Cañas e incluso fuera del país.

También apareció registrado como trabajador de la Empresa Consultoría e Ingeniería Civil de Centroamérica S.A., en el periodo de julio del 2010 a octubre del 2012. De igual manera hizo consultorías a OAS sobre la carretera a San Ramón.

Hasta ese momento, según señaló el informe, responde a los principios éticos, de forma preventiva para evitar dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo cambió su conducta cuando conoció la adjudicación de un contrato por 360 millones de colones a Cacisa, por el diseño de planosl pavimentos y otros detalles en un tramo de la Trocha fronteriza.

Por eso fue que la Procuraduría recordó que los funcionarios debían actuar como el propio Castro lo señaló en cartas previas, con respecto a empresas que fueron clientes cuando no eran trabajadores del Gobierno.

…debió comunicar a los miembros del Consejo de Administración del Conavi la existencia de la relación profesional con (…) Cacisa y abstenerse de participar directa o indirectamente en la discusión o adopción de acuerdos relativos a su excliente. Abstención que había satisfecho los princpios de imparcialidad, objetividad, transparencia y rectitud que rigen el accionar del funcionario público.”

Procuraduría de la Ética

Principio de imparcialidad

Implica respetar el ordenamiento jurídico y que todas las decisiones del funcionario se ajusten al mismo, tanto las normas jurídicas como los princpios éticos. Obliga al funcionario a actuar conforme al interés general, sin preferencias y con una actitud de independencia frente a otros vínculos.

Principio de objetividad

Las actuaciones deben fundarse de manera objetiva, sin que se vea parcialidad. Insiste en que debe satisfacer el interés general.

Principio de abstención

A partir de los dos anteriores, el funcionario debe abstenerse de participar en la toma de decisiones con el fin de lograr la objetividad de sus actuaciones a través de la neutralidad e imparcialidad.

Está relacionado con el conflicto de intereses y el respeto al deber de probidad, que es el correcto ejercicio ético en la función pública

La ley y posibles sanciones

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito

Artículo 3 – Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Artículo 38 – Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que:

b) (…) ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público.

Artículo 39 – Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas así: a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta días. c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

El caso con OAS

Estado pidió declarar sin lugar medida cautelar contra negociación con OAS.CRH

Para finalizar la relación con OAS, el Gobierno pagó más de $30 millones. (CRH)

La Procuraduría no acreditó que Pedro Castro haya participado en la discusión, votación y resolución de asuntos relacionados con la aprobación de la cesión del contrato para la carretera a San Ramón. Si bien mencionó que el ingeniero fue consultor de OAS, incluso en reuniones con Concesiones, pero antes de fungir como funcionario público, fuera como Viceministro en la administración de Oscar Arias o luego como Ministro.

Por eso concluyó que, antes de sus ocupaciones de esos puestos, el Consejo Nacional de Concesiones ya había dos acuerdos que iban perfilando a OAS como la concesionaria del nuevo contrato que buscaba reconstruir la carretera.

Primero en abril del 2012 cuando se aprobó la cesión de la empresa anterior a la brasileña; y luego en octubre del 2012, apenas seis días antes de que Castro asumiera como jerarca, cuando se aceptó la modificación del contrato, incluidos los montos financieros. La Procuraduría destacó que diversos informes relevantes, así como la participación de la Contraloría, se realizaron y acordaron en sesiones donde se ausentó el Ministro.

La cronología de esta situación, según los hechos comprobados por la Procuraduría, se pueden dividir en dos fases. La previa a la designación de Pedro Castro como Ministro y la posterior. En la primera, se describe el camino de la concesión para la carretera, hasta el nombramiento de uno de los hombres defendidos por Laura Chinchilla.

18 de octubre, 2012

Pedro Castro fue nombrado como ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que ocupó hasta el final de la administración Chinchilla-Miranda el 7 de mayo de este año.

7 de junio, 2004 – Inicio del contrato

Concesiones adjudicó la licitación por el corredor San José-San Ramón a el Consorcio Vial San José-San Ramón integrado por las empresas Concesiones Viales de Costa Rica S.A., Itinere Costa Rica S.A., Soares Da Costa Concesiones Costa Rica S.A. y M&S Concesiones S.A.

8 de mayo, 2006 – El Viceministro Castro

Pedro Castro Fernández asumió, en la administración de Oscar Arias, como Viceministro de Transportes, cargo que desempeñó durante los cuatro años de gobierno.

29 de marzo, 2012 – La cesión

Concesiones conoció formalmente la solicitud de cesión de la concesión de la vía a San Ramón. Esta la formuló Autopistas del Valle, en conjunto con sus accionistas directos, integrantes de un consorcio adjudicatario: Concesiones Viales de Costa Rica, S Y V Concesiones, Soares Da Costa y M&S a favor de Concesionaria Vial Valle Central como futura cesionaria, constructora OAS Limitada como avalista y OAS Central American Investing Limited como futura adjuticataria. Estas tres figuras formaban lo que hemos conocido como OAS, la cual recibió un pago a finales de la administración anterior, para finiquitar el cuestionado contrato.

19 de abril, 2012 – El visto bueno

La Junta del CNC acordó en forma unánime y en firme autorizar la cesión de la concesión entre Autopistas del Valle y OAS, sujetando la cesión a que el cesionario debía presentar el contrato de cesión en un máximo de 10 días hábiles. Posteriormente la cesión debía ser autorizada por la Contraloría General de la República.

Mayo a agosto, 2012 – Castro con OAS

Pedro Castro realizó un trabajo de consultoría para OAS, según lo que él mismo dijo ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y los Gastos Públicos de la Asamblea Legislativa del 9 de marzo del año pasado.

Julio del 2010 a octubre del 2012

Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Pedro Castro apareció registrado como trabajador de la empresa Consultoría e Ingeniería Civil de CA.

11 de octubre, 2012

La Junta de Concesiones acordó en forma unánime y en firme autorizar a la Secretaría Técnica Nacional y/o el Presidente del Consejo Nacional de Concesiones remitirle al Poder Ejecutivo para que se firmara el contrato nuevo por el corredor San José-San Ramón, el cual debía ser suscrito por la Presidenta, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Presidente de Concesiones y las empresas Concesión Vial Valle Central (cesionaria) y OAS,

Con esto se aprobó la solicitud de OAS por lograr el “reequilibrio económico y financiero”, así como modificaciones del contrato.

18 de octubre, 2012

Pedro Castro fue nombrado como ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que ocupó hasta el final de la administración Chinchilla-Miranda el 7 de mayo de este año.

7 de junio, 2004 – Inicio del contrato

Concesiones adjudicó la licitación por el corredor San José-San Ramón a el Consorcio Vial San José-San Ramón integrado por las empresas Concesiones Viales de Costa Rica S.A., Itinere Costa Rica S.A., Soares Da Costa Concesiones Costa Rica S.A. y M&S Concesiones S.A.

El segundo es posterior a la llegada de Castro a la jerarquía del MOPT. A pesar de que a su llegada advirtió al Secretario de Concesiones de que había sido asesor de OAS y aseguró que no participaría “de manera directa ni indirecta en ninguna discusión o adopción de acuerdos relativos al citado proyecto”, el Ministro lo hizo en dos momento en particular.

Pero en esas participaciones acordó actas, haciendo la excepción de los acuerdos relacionados con la vía. Además se ausentó de sesiones cuando acuerdos se hicieron firmes.

También tuvo alguna relación cuando realizó presentaciones del proyecto de la carretera a vecinos de San Ramón y Grecia.

16 de abril, 2013. – Chinchilla lo aparta del tema

Tras múltiples críticas y presiones, la entonces presidenta Laura Chinchilla separó a Pedro Castro de la mesa de diálogo del proyecto para la concesión de la obra.

24 de octubre, 2012 – Advertencia

El ya ministro Pedro Castro se comunicó con el secretario del Concesiones Edwin Rodríguez y le recordó en el oficio DMOPT-6286-2012, que había realizado una consultoría para OAS, en trabajos técnicos que tenían que ver con estudios de pavimentos de la propia vía a San Ramón.

Por eso le informó a los miembros de la Junta del CNC que “en el marco de la mayor transparencia (…) estimo inestimable apartarme del conocimiento del citado asunto. (…) mi separación del asunto señalado, se hará extensiva a cualquier eventual hipotética adjudicación a la Constructora OAS S.A. aunque corresponda a proyectos diferentes a la Concesión de Corredor San José-San Ramón, esto en aras de mantenerme en el más estricto sentido de ética”.

15 de noviembre, 2012 – Primera participación

Castro, como presidente de la Junta del CNC, junto a los demás miembros, acordaron en forma unánime y en firme, aprobar el acta de la sesión del 11 de octubre del 2012 – en la cual Castro no participó – en donde se incluía el acuerdo declarado en firme en esa sesión, sobre la aprobación de un nuevo contrato con OAS.

29 de noviembre 2012 – Contraloría

La Contraloría solicitó información a Concesiones, antes de otorgar el refrendo.

29 de enero, 2013 – Ausencias

Castro se ausentó de una sesión extraordinaria de la Junta de Concesiones en la cual se acordó de forma unánime acoger el estudio técnico del 25 de enero del 2013 para darle visto bueno al texto del nuevo contrato.

También estuvo ausente de cuando se acordó de forma unánime trasladar el contrato para la firma del Ejecutivo, ya con las observaciones de la Contraloría. El 31 de enero, también sin Castro, se acordó en firme el acta.

El 20 de febrero, también sin Castro en la sesión, se aprobó la extensión del plazo para la conclusión de los trámites de la cesión de la obra, así como el informe técnico sobre obras que se agregarían al contrato.

7 de marzo, 2013 – Segunda participación

Ahora si con participación de Pedro Castro como presidente de la Junta del CNC, se acordó de forma unánime y en firme aprobar el acta y recomendaciones elaboradas por un consultor externo de la empresa Consultora L.C.R. Logística.

11 de marzo, 2013 – Contraloría da visto bueno

La Contraloría General de la República dio la autorización a la cesión contractual entre Vial Valle Central y OAS.

16 de abril, 2013. – Chinchilla lo aparta del tema

Tras múltiples críticas y presiones, la entonces presidenta Laura Chinchilla separó a Pedro Castro de la mesa de diálogo del proyecto para la concesión de la obra.

24 de octubre, 2012 – Advertencia

El ya ministro Pedro Castro se comunicó con el secretario del Concesiones Edwin Rodríguez y le recordó en el oficio DMOPT-6286-2012, que había realizado una consultoría para OAS, en trabajos técnicos que tenían que ver con estudios de pavimentos de la propia vía a San Ramón.

Por eso le informó a los miembros de la Junta del CNC que “en el marco de la mayor transparencia (…) estimo inestimable apartarme del conocimiento del citado asunto. (…) mi separación del asunto señalado, se hará extensiva a cualquier eventual hipotética adjudicación a la Constructora OAS S.A. aunque corresponda a proyectos diferentes a la Concesión de Corredor San José-San Ramón, esto en aras de mantenerme en el más estricto sentido de ética”.

Tras la investigación, se comprobó que el exministro no faltó a su deber de abstención, dado que no intervino en la discusión, votación o resolución de asuntos relacionados con el contrato de la cesión de la concesión, por lo que no faltó a deberes éticos.. Además, con respecto a los encuentros ciudadanos, determinó que se hizo posterior al refrendo de la Contraloría.

Gobierno anterior lo habría dejado en nada

Aunque la expresidenta dijo que tomaría una decisión al respecto, antes de salir de Casa Presidencial, nunca informó al respecto. Se le llamó pero no contestó su teléfono celular. Se le dejó un mensaje y envió otro de texto, pero no se obtuvo respuesta. En sus últimos días, Laura Chinchilla habló así:

Desde junio pasado, este medio hizo la consulta a Casa Presidencial, sobre el estado en qué encontró este caso el presidente Luis Guillermo Solís, sobre si Chinchilla lo archivó y si su actual gestión podría elevarlo a otras instancias, sin embargo aún no se ha recibido respuesta.

El diputado Walter Céspedes, quien presentó la denuncia, dijo que nunca fue notificado de algún cambio, pero asume que según los antecedentes de la administración, no creía que se habría elevado el caso el Ministerio Público. Laura Chinchilla descartó en más de una ocasión las opiniones de la Procuraduría de la Ética, siendo el caso más sonado, el del vuelo que hizo en un jet asociado a un sospechoso de narcotráfico.

En diciembre pasado, Castro, junto a la expresidenta, fueron denunciados por el caso de OAS. El Gerente del Conavi también lo denunció ante la Contraloría.

Por su parte Pedro Castro nunca quiso profundizar en el caso, aunque defendió sus actuaciones y criticó a la Procuraduría por hablar al respecto. El jerarca defendió que la última vez que trabajó con Cacisa fue en el 2006 y el voto fue 7 años después, en el 2013, por lo que consideraba suficiente el tiempo que había pasado. La tarde del pasado viernes, no contestó llamadas a su celular.

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