Tres noticias, aparentemente, no correlacionadas, nos muestran como reina la contradicción y la in-justificación en el actual Gobierno.

En la primera noticia el Asesor de Presidencia cuestionado: Iván Barrantes; trata de justificar su accionar, afirmando y reafirmando, el “Conflicto” del que se le acusa; en otras palabras, se in-justifica a sí mismo;

‘Yo no regalo el trabajo; sigo el trabajo que en noviembre inicié (en campaña)’…

O sea, que está afirmando que sí existe un compromiso laboral; ya que, no regala su trabajo; pero sí lo sigue.

“Hay una intención de desgastar al Gobierno, porque estamos generando cambios.”…

Hay una contradicción, porque lo que la gente le reclama al Gobierno es precisamente que No ha habido Cambios. 

“Resulta un negocio generar los conflictos y desgraciadamente tenemos un personaje como Ottón Solís (fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), que se cree dueño de la verdad.”…

O sea, el experto en generar negocios, le dice al Fundador del Partido (PAC) que el Conflictivo es él (Ottón Solís) por defender los estatutos de ética y moralidad, tanto del Partido, como de la Administración Pública y la Gestión de Gobierno; diciéndole, “que se cree dueño de la verdad”.

“No soy funcionario público, no estoy amarrado con el Gobierno, pues no tengo nada firmado con esa formalidad que tanto les encanta a ustedes los periodistas, analistas y opinólogos”, respondió…

O sea, está afirmando que trabaja en la informalidad para el Gobierno, siendo él (Iván Barrantes) un profesional privado y el trabajo que deberá desempeñar un cargo público.

Es mas, esa posición la confirma el hecho de que,

“Barrantes estuvo a cargo de la estrategia de imagen electoral en la campaña dirigida por Melvin Jiménez, quien confirmó que hay una intención de contratar específicamente a este consultor. Dijo que ya él tiene afinidad de ideas y empatía con el personal que trabajó en la campaña, por la cual se le pagaron ¢111 millones en siete meses (monto sin rebajar impuestos). Sin embargo Barrantes, como consultor que es, también da servicios a empresas privadas, lo que podría representar un conflicto de interés, según el diputado Ottón Solís, quien le pidió a Luis Guillermo Solís apartar al asesor. De momento, Barrantes sigue.”…

Y luego dice, que no hay “Conflicto de interés”; ¡Cinismo Crónico!

Lo mas increíble de todo es como utiliza la retórica y la demagogia política para, según él, justificarse, Asesor de Presidencia cuestionado: ‘hay una intención de desgastar al gobierno’.

La segunda noticia viene de la “Libertad religiosa: un derecho humano, no un beneficio”; según el Conglomerado Político Religioso de Cristianos y Evangélicos en la Asamblea Legislativa, que tiene la absolutamente tergiversada y completamente falsa creencia de que “un “Estado sin fe oficial, pero con Dios”, es un “Estado confesional”.

Vuelvo a repetir, esa concepción es absolutamente tergiversada y completamente falsa; “un “Estado sin fe oficial, pero con Dios”, Es un “Estado laico”; un Estado aconfesional, Protegido por, “La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.”;      

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Que Sustenta a la Verdadera Libertad Religiosa en que se Basa la “Libertad de culto”;

“La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.”…

La tercera noticia tiene que ver con el Conflicto de Intereses que Genera el Mezclar lo Público con lo Privado, en la Administración y la Gestión del Gobierno; el Eterno Conflicto Entre Defender el Interés Común, el Interés General, el Interés Ciudadano O Defender el Interés Económico, el Interés Privado, el Interés Comercial y Empresarial; “Muelleros piden a magistrados impedir plan de megapuerto”.

Y es que, en relación con el tema, el Interés Privado, el Interés Comercial y Empresarial; dice, 

“Rolando Laclé, abogado de APM Terminals y ministro de la Presidencia entre 1990-1994, pidió a los magistrados rechazar la apelación del sindicato. Argumentó que los demandantes no habían presentado una petición clara para anular el contrato. “Aquí no hay monopolio de un servicio público, en este caso la carga y descarga del puerto, pues el servicio y el puerto siempre serán del Estado que más bien tendrá beneficios”…

En tanto que, el Interés Común, el Interés General, el Interés Ciudadano; dice,

“Jorge Regidor, abogado de Sintrajap, insistió ayer ante los magistrados que dichas instalaciones traerán perjuicios al país. “Actualmente, por las tendencias del mercado, las cargas se transportan en contenedores. Esto quiere decir que, de entrar el nuevo muelle, Japdeva se quedaría solo con el 20% de la carga que no ingresa al país en contenedor”, alegó.”…

Entonces, ¿A cuál de los dos intereses creerle? por Lógica Debería Ser al Interés Común, al Interés General, al Interés Ciudadano; Pero, al Parecer, la lógica y la razón Riñen con el Interés Político y Éste con el Interés Económico, el Interés Privado, el Interés Comercial y Empresarial.

Veamos porque

“En economía y en Derecho administrativo, una Concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada.”…

Hasta ahí, todo está bien, no hay conflicto;

“Muchas concesiones públicas tienen una estructura de costos que se beneficia de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen a medida que la red aumenta.”…

“Esto quiere decir que, de entrar el nuevo muelle, Japdeva se quedaría solo con el 20% de la carga que no ingresa al país en contenedor”.

“Sin embargo, la existencia de estas redes suele provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural para dar ese servicio en el área donde operan.”…

“El monopolio natural suele ser característico de las industrias que requieren de una gran inversión para entrar en el mercado. Suele ser característico de las economías de escala que se caracterizan por unos altos costes fijos.”…

Y sí a eso agregamos que,

“En un mercado competitivo, los consumidores y los productores son precio-aceptantes, ya que el precio viene fijado únicamente por la oferta y lademanda. En cambio, en un “Monopolio”, el oferente monopolista puede fijar el precio utilizando su poder de mercado.”…

Tenemos entonces que, Ciertamente, APM Terminals Vendría a Conformar un Monopolio Natural en los Puertos del Caribe (Moín).

 

 

Asesor de Presidencia cuestionado: ‘hay una intención de desgastar al gobierno’

Devuelve ataques a Ottón Solís, critica a la prensa y dice que hay un rechazo al cambio

‘Yo no regalo el trabajo; sigo el trabajo que en noviembre inicié (en campaña)’

Eran tiempos de campaña electoral y Luis Gmo. Solís (centro) se reunió el 7 de marzo con Iván Barrantes (d.), Melvin Jiménez, actual ministro de la Presidencia, y Emilia Molina, ahora jefa de los diputados oficialistas.   | MARIO ROJAS

Eran tiempos de campaña electoral y Luis Gmo. Solís (centro) se reunió el 7 de marzo con Iván Barrantes (d.), Melvin Jiménez, actual ministro de la Presidencia, y Emilia Molina, ahora jefa de los diputados oficialistas.

El consultor de comunicación Iván Barrantes, estratega de la campaña electoral de Luis Guillermo Solís, se intentó sacudir ayer de los cuestionamientos por su presencia dentro de la Presidencia de la República, a pesar de no ser funcionario gubernamental.

Al final de una semana, en la que se conoció su relación con el Gobierno y la petición del diputado oficialista Ottón Solís para que se le separe , Barrantes devolvió los ataques al legislador y concluyó que estas críticas son parte de una intención de hacer quedar mal al gobierno de Luis Guillermo Solís.

“Hay una intención de desgastar al Gobierno, porque estamos generando cambios. Resulta un negocio generar los conflictos y desgraciadamente tenemos un personaje como Ottón Solís (fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), que se cree dueño de la verdad”, expresó Barrantes.

El mercadólogo, quien se atribuye la estrategia de comunicación aplicada en la campaña ganada por el PAC, dijo que no pretende dejar sus funciones como “colaborador” ad honórem del Gobierno y posible proveedor de una consultoría que está alistando, ya con paga.

“El conflicto es parte de la vida y de la política (…). Esto no me hace débil, sino más fuerte”, contestó por teléfono, a las 9 de la noche, después de pasar el día pendiente de las noticias que, en su criterio, llevan la intención de afectar al Gobierno, “por los cambios que se están planteando”.

“No soy funcionario público, no estoy amarrado con el Gobierno, pues no tengo nada firmado con esa formalidad que tanto les encanta a ustedes los periodistas, analistas y opinólogos”, respondió.

A pesar de no tener relación formal, dice que tiene vínculos emocionales y por eso se permite hablar del Gobierno en primera persona, como si perteneciera a él. Por ejemplo dice frases como “las cosas que estamos haciendo” o “estamos poniendo tope a las pensiones altas”.

¿Y por qué trabaja gratis para el Gobierno? “Yo no estoy regalando trabajo; estoy continuando el trabajo que inicié en noviembre. El primer libro fue la campaña y el segundo es el gobierno”.

Esto contradice al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien el jueves insistió en que Barrantes solo está preparando una propuesta de consultoría y no da ningún servicio, a pesar de que para ello utilice una oficina de la sede de la Presidencia, en Zapote.

Barrantes estuvo a cargo de la estrategia de imagen electoral en la campaña dirigida por Melvin Jiménez, quien confirmó que hay una intención de contratar específicamente a este consultor. Dijo que ya él tiene afinidad de ideas y empatía con el personal que trabajó en la campaña, por la cual se le pagaron ¢111 millones en siete meses (monto sin rebajar impuestos).

Sin embargo Barrantes, como consultor que es, también da servicios a empresas privadas, lo que podría representar un conflicto de interés, según el diputado Ottón Solís, quien le pidió a Luis Guillermo Solís apartar al asesor. De momento, Barrantes sigue.

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Iván Barrantes

 

Libertad religiosa: un derecho humano, no un beneficio

En La Nación del 3 de agosto, el periodista Esteban Mata presenta una nota en la que señala que los evangélicos queremos un “Estado sin fe oficial, pero con Dios”. Según mi criterio como periodista, el abordaje que hace el colega es, a todas luces, equivocado, desenfocado y contrario a la realidad.

En primer lugar, yo no soy un “diputado evangélico”, si con ello se quiere decir, como en efecto se hace, que represento a una organización política de corte religioso. Yo milito en un partido político nacional de fundamentación ética cristiana que, de ninguna manera, se deja endosar el apelativo de religioso por improcedente, absurdo y trasnochado.

Aunque soy orgullosamente cristiano evangélico, me parece que deben abandonarse estas etiquetas políticas, implícitamente medievales y perniciosas, con el único fin de desacreditar nuestro trabajo: yo represento a todos los costarricenses de principios cristianos, a la sazón el 90% de la población, y no solo a un sector particular.

En segundo lugar, desde el título, la nota insiste en que los diputados “evangélicos” promovemos el famoso “Estado laico”, entendido como uno sin fe oficial, pero “con Dios”. Nuevamente, falla su sentencia, cuando menos, en lo relativo a Restauración Nacional. Seamos claros: no somos nosotros los propulsores del Estado laico; son los grupos sociales interesados en sacar a los principios cristianos de la Constitución, como ciertos movimientos sociales y las fracciones políticas del PAC, el Frente Amplio y agentes de otras agrupaciones parlamentarias. No nos endilguen luchas que no son nuestras, por favor, porque, aunque no tenemos inconveniente en que el país tenga un Estado aconfesional, nuestro interés no apunta a promover una reforma legal en ese sentido, aun si creemos oportuno que el país no abandone, como se pretende, sus principios históricos.

En tercer lugar, y lo más grave, el artículo periodístico quiere asociar el tema el Estado laico con el proyecto de Ley de Libertad Religiosa y de Culto, desarrollado a lo largo de varios años por Restauración Nacional, con el concurso de importantes líderes religiosos de la sociedad civil. No hay ninguna relación entre una y otra cosa, ya que este proyecto constituye una valiosa herramienta jurídica para garantizar uno de los derechos humanos más fundamentales de primera generación: la libertad religiosa, de culto y de conciencia.

En efecto, en una clara violación a los derechos humanos básicos, el ordenamiento jurídico costarricense no reconoce la existencia legal de las confesiones no católicas, ante lo cual, como si fueran un abortivo, se encasillaron en la famosa Ley de Asociaciones 218 –desde los setenta–, una ley hecha para un tipo de organización que nada tiene que ver con las religiosas, que no responde a las necesidades y derechos jurídicos de los costarricenses que profesamos una fe no católica. Con el proyecto de ley, garantizamos este derecho fundamental y les damos existencia legal a estas organizaciones religiosas, lo cual incluye a las evangélicas o judías, entre otras, con el fin de ordenarlas jurídicamente y establecer los parámetros mínimos de su existencia.

No es cierto, como señala el artículo de comentario, que creamos “beneficios” o gollerías para las iglesias evangélicas y para el pastorado, ya que la ley no habla de ninguna subvención o exención para ellas, sino de derechos y deberes fundamentales para las organizaciones y los miembros que las componen. Hablar de beneficios es simplemente desconocer el contenido del proyecto.

Tampoco es cierto, como se sentencia en el reportaje, que el proyecto crea “más burocracia” para atender esos presuntos “beneficios”. Lo único que propone el proyecto es crear una Dirección de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia y Paz, lo cual significa una dependencia pequeña, de ínfimo presupuesto, conformada por unos pocos funcionarios, para darle soporte a la política nacional de promoción de la libertad religiosa de un porcentaje significativo de la población.

El proyecto ni siquiera sugiere, nunca, que el Estado favorezca gollerías para las iglesias no católicas o que pague las cuentas de estas confesiones, como se insinúa o se dice. Se trata de que el Estado resguarde los derechos humanos de los costarricenses que profesan una fe distinta a la católica, y que ponga orden, a su vez, en este importante sector de la población.

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Estado laico

 

Muelleros piden a magistrados impedir plan de megapuerto

El sindicato de Japdeva solicitó ayer a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia impedir la construcción de un megapuerto en Moín, Limón, por considerar que esa obra implicaría el “nacimiento de un monopolio portuario”.

Tal fue el principal alegato expuesto por el gremio de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), durante una vista realizada en ese despacho judicial.

La Sala Primera tramita un recurso de casación interpuesto por los muelleros y la Cámara de Bananeros, en contra de un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo que les impidió detener el proyecto para la terminal portuaria.

Jorge Regidor, abogado de Sintrajap, insistió ayer ante los magistrados que dichas instalaciones traerán perjuicios al país.

“Actualmente, por las tendencias del mercado, las cargas se transportan en contenedores. Esto quiere decir que, de entrar el nuevo muelle, Japdeva se quedaría solo con el 20% de la carga que no ingresa al país en contenedor”, alegó.

El megapuerto fue concesionado en el 2011 a la compañía holandesa APM Terminals. La obra incluye la construcción de un rompeolas de 2,2 kilómetros y una plataforma de 900 metros de longitud para atender tres barcos a la vez.

Sin permisos. Rándal Quirós, abogado de los bananeros y quien fue ministro del MOPT en la Admnistración 2002-2006, aseguró ayer que la obra no cuenta con permisos ambientales, situación que a su criterio deben analizar los magistrados para emitir su fallo.

“A la fecha, no existen estudios de viabilidad potencial del proyecto, esto quedó en evidencia hoy (ayer) en esta sala. Además, en el tema de tarifas se supo que el costo del proyecto creció en $300 millones y, aun así, la fórmula de cálculo de tarifas sigue igual”, indicó.

Rolando Laclé, abogado de APM Terminals y ministro de la Presidencia entre 1990-1994, pidió a los magistrados rechazar la apelación del sindicato. Argumentó que los demandantes no habían presentado una petición clara para anular el contrato. “Aquí no hay monopolio de un servicio público, en este caso la carga y descarga del puerto, pues el servicio y el puerto siempre serán del Estado que más bien tendrá beneficios”.

La mayoría de movimientos de carga y descarga, en el actual puerto de Moín, son de contenedores, muchos de ellos de banano.  | ARCHIVO.

La mayoría de movimientos de carga y descarga, en el actual puerto de Moín, son de contenedores, muchos de ellos de banano. | ARCHIVO.

Luego de esta audiencia, los magistrados deliberarán para resolver si aceptan o no la apelación.

Una de las novedades de la terminal es que se instalará sobre una isla artificial de 80 hectáreas para recibir barcos con capacidad de carga de 13.500 TEUs, como llaman a los contenedores de 20 pies.

Representantes de la empresa estiman que si nada detiene el cronograma de obras, a más tardar en noviembre empezaría el movimiento de tierra.

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APM Terminals

 

Conflicto

El conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo menos confrontacional en relación a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente envueltos, como a otras personas…

Conflicto de interés

Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.

Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional. A continuación presentamos algunas situaciones que conllevan conflicto de interés:

  • Ejemplo. 1.– El interés económico del trabajador de una empresa A o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la empresa A.
  • Ejemplo. 2.– Servir como director, funcionario o consultor, o en cualquier otra posición importante de alguna empresa que tenga o busque tener relación particular o personal de negocios con la misma empresa.
  • Ejemplo. 3.– El contabilizar la encuesta de servicio de un departamento por sí mismo
  • Ejemplo. 4.– Un fabricante de jeringas no desechables no tiene interés que existan las desechables a precio más barato.

 

Libertad de culto (Religiosa)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.1

Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite, como una concesión graciable, el ejercicio de religiones distintas a la impuesta oficialmente, en situaciones de confesionalidad del Estado propias del Antiguo Régimen. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno.

La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.2

Estado laico

Estado laico o Estado secular se denomina al Estado, y por extensión a una nación o país, independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión1 y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional.2 3

En un sentido estricto la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, ya sea, en el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial. En un sentido laxo un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Es importante señalar que no todos los Estados que se declaran laicos lo son en la práctica.

A diferencia del Estado laico, un Estado aconfesional es aquel que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, aunque pueda tener acuerdos (colaborativos o de ayuda económica principalmente) con ciertas instituciones religiosas…

    Estado laico o aconfesional     Estado confesional     Ambiguo o sin datos

Un Estado confesional es el que se adhiere a una religiónespecífica, llamada religión oficial (iglesia estatal o iglesia establecida). Esta situación puede ser simplemente resultado de losusos y costumbres o tradición, o reflejarse en su legislación, especialmente en la Constitución del país. El que el Estadoreconozca una religión oficial, no significa que otras religiones no se permitan practicar con libertad, bien públicamente o bien restringidas al ámbito privado. Esa situación es la de tolerancia religiosa o intolerancia, respectivamente.

La situación contraria es la de Estado laico, que practica el laicismoo la separación entre la religión y el Estado

Estados confesionales:
     Católico     Protestante     Ortodoxo     Islámico     Suní     Chií     Budista

 

En economía y en Derecho administrativo, una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada.

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público.

Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para el público, por ejemplo, la electricidad, el gas, el suministro de agua, la depuración de aguas residuales y las telecomunicaciones. Las concesiones públicas afectan a casi toda la infraestructura de los países desarrollados, ya que requieren grandes redes de distribución integradas, o la coordinación de muchos servicios esenciales como la red nacional del tendido eléctrico. Muchas concesiones públicas tienen una estructura de costos que se beneficia de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen a medida que la red aumenta. Sin embargo, la existencia de estas redes suele provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural para dar ese servicio en el área donde operan…

Monopolio

Un monopolio (del griego monos ‘uno’ y polein ‘vender’) es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopolista) que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado…

En un mercado competitivo, los consumidores y los productores son precio-aceptantes, ya que el precio viene fijado únicamente por la oferta y lademanda. En cambio, en un monopolio, el oferente monopolista puede fijar el precio utilizando su poder de mercado

Monopolio natural

Un monopolio natural es un caso particular de los monopolios en el cual una empresa puede generar toda la producción del mercado con un coste menor que si hubiera varias empresas compitiendo.1

Esto usualmente ocurre en mercados en los cuales se tiene que realizar una altísima inversión inicial para ingresar, junto a elevados costos de mantenimiento de la estructura productiva para atender un mercado que, adicionalmente, es limitado. Así, los incentivos para que firmas adicionales a la primera ingresen en el mercado son bajos, dado que los costos totales necesarios no disminuyen mientras que, al mismo tiempo y en el mejor de los casos, solo se podría servir una parte de dicho mercado. Además, esta participación de empresas adicionales también sería ineficiente: la replicación de las estructuras industriales no conduce necesariamente a una mejora ya sea en la cantidad o en la calidad del producto…

El monopolio natural suele ser característico de las industrias que requieren de una gran inversión para entrar en el mercado. Suele ser característico de las economías de escala que se caracterizan por unos altos costes fijos

Fuente: Wikipedia

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