Acerca de Altos Salarios, Pensiones de Lujo y Otros Privilegios que Solo Ciertos Gremios y Élites Políticas Gozan.

No hace mucho, un “Comentario de Ottón Solís sobre salarios en sector público sacude las redes sociales”; “El hoy diputado electo por el Partido Acción Ciudadana aseguró que en el país existen funcionarios con salarios que, a su criterio, son excesivos.”

A mi criterio, Ottón Solís pecó de modesto en su comentario, los salarios de ciertos funcionarios públicos, en las Altas Jerarquías de Gobierno, en las Presidencias de ciertas Instituciones Públicas, Bancos y Ministerios de Gobierno; no solo Son Excesivos, En la imagen, el Gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo.Son Abusivos, Son Desproporcionados, en Relación a los Salarios del Resto de Funcionarios Públicos.

En ese sentido, el “PUSC presentará proyecto de ley para limitar salarios “desproporcionados” del sector público”; “Incluye también a todas las Instituciones Autónomas, Ministerios, miembros de juntas directivas, gerentes de bancos estatales, jefes departamentales de instituciones centralizadas, descentralizadas  y funcionarios públicos con remuneraciones demasiado altas.”… Aparentemente, el “Gobierno avala proyecto que limitaría salarios “desproporcionados” del sector público”; y propone, un “techo a los aumentos “desproporcionados” en el sector público”; lo cual, me parece sumamente acertado.

Pero es que, aparte de los exorbitantes aumentos salariales que se auto-recetan ciertos “funcionarios públicos” como el “aumento salarial en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)”; tenemos casos como el de “Undeca denuncia grandes aumentos de Presidenta Ejecutiva, Gerentes y Directores de la CCSS”; “De acuerdo con la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) la Presidencia Ejecutiva,  Gerentes, Subgerentes y miembros de la Junta Directiva, se han auto-beneficiado “recetándose millonarios aumentos salariales, jugosas dietas, gastos astronómicos en alimentación y hasta el pago de viáticos para salir al extranjero”…

Tenemos el Injusto problema de los Pluses e Incentivos Salariales que Gozan ciertos Gremios, Profesionales y Funcionarios en el Sector Público; los “Pluses salariales generan diferencias de más de 300 mil colones, entre instituciones públicas”; así lo evidencia, “El estudio “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”, realizado por la Academia de Centroamérica evidenció que dos funcionarios que trabajan en una misma posición en distintas instituciones del Gobierno Central pueden llegar a recibir hasta un 50% de diferencia en su salario, todo porque se le reconocen los pluses.”…

Y es que, los “Incentivos salariales del sector público superarán los ¢883 billones en el 2014”; Acrecentando el Déficit Fiscal; así como, la Brecha Salarial Entre Trabajadores con Iguales Calificaciones; y por Ende, la Discriminación.

Actualmente, “Unos 120 mil funcionarios públicos reciben beneficios de 54 regímenes de convenciones colectivas”; “La cifra de cuánto representa esto para el Gobierno no se determinó de manera exacta en un reciente estudio publicado por la Academia de Centroamérica denominado: “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”realizado por los economistas: Edna Camacho y Miguel Loría. Sin embargo, según Camacho, el gasto por remuneraciones, incluyendo el de aquellos a los que se les pagan convenciones colectivas, representa un 25% del gasto total del presupuesto del Gobierno.”

Un 25% del Gasto Total del Presupuesto del Gobierno; Es un Gasto Excesivo; razón por la cual, apoyo la Conclusión de que, Al principio –según dijo Loría- las convenciones colectivas procuraban compensar salarios base muy bajos, pero luego se convirtieron en una maraña de incentivos y pagos millonarios que el gobierno no ha podido controlar, en gran medida por el amparo legal e institucional de los llamados pluses salariales.”…     

Actualmente, un “Diputado pide al Ministerio de Trabajo revelar beneficios de las convenciones colectivas”; “Redondo envió una nota al Mandatario en la que pide “se giren instrucciones claras para que los jerarcas respectivos accionen la inconstitucionalidad de aquellos privilegios claramente abusivos”. El congresista solicitó además al ministro de Trabajo, Víctor Morales, que se digitalice y haga públicas en la web de la institución todas las convenciones colectivas vigentes en la Administración Central y las entidades descentralizadas. De la misma manera, “a efectos de cuantificar los costos de cada componente negociado en esas convenciones colectivas, solicitamos respetuosamente se emita una directriz, que permita vislumbrar, de manera clara, la cantidad de beneficiarios y la suma incorporada para cada beneficio en las convenciones colectivas”, solicitó el diputado Mario Redondo.”

Eso también me parece una Excelente Iniciativa en la Asamblea Legislativa; Lamentablemente, el “Ministro de Trabajo afirma que por ahora no eliminarán las convenciones colectivas”; “Eliminar o no las convenciones colectivas es uno de los temas que según el ministro de Trabajo, Víctor Morales, tiene pendientes de discutir con su homólogo de Hacienda, Helio Fallas. Sin embargo, confirmó que por el momento no ha tomado ninguna decisión.”

Y es que, aparentemente, el Ministro de Trabajo tiene una Seria Confusión, por Ley y por Constitución, las Convenciones Colectivas No se Pueden Eliminar; lo que Se Puede o No Hacer desde el Gobierno y desde el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda es que “se giren instrucciones claras para que los jerarcas respectivos accionen la inconstitucionalidad de aquellos privilegios claramente abusivos”.

En ese sentido, otra “Propuesta pretende que Congreso fiscalice presupuestos de instituciones que ahora no pasan por este filtro”; “El diputado Mario Redondo presentó un proyecto de ley que pretende que los presupuestos y liquidaciones de 34 instituciones públicas que en este momento no son reguladas por la Asamblea Legislativa, pasen por este filtro, a fin de que se aumenten las regulaciones a los gastos excesivos en los presupuestos. Actualmente, solo algunas instituciones tienen que rendir cuentas ante el Congreso sobre sus gastos, otras son supervisadas solamente por la Contraloría General de la República (CGR). El proyecto menciona a 34 instituciones autónomas, 12 órganos adscritos a entidades, ocho semiautónomas, 21 empresas públicas, 5 empresas públicas no estatales, 49 entes públicos no estatales, 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito.”…

Ciertamente, es otra Excelente Iniciativa para llevar al Congreso y Hacer mas Clara y Transparente la Administración de la Función Pública y sus Instituciones.

Pero no todo lo que brilla es oro; según, “Mario Redondo: “Juntas directivas consumen hasta 4 mil millones de colones en dietas”; por lo que, “El diputado Mario Redondo presentará un proyecto de ley para eliminar las juntas directivas de diferentes instituciones públicas, por los altos costos que representa mantenerlas activas.”… “También pedirá que se eliminen todas las directivas de las entidades bancarias que son de las que más dietas pagan. El congresista cita el ejemplo del Banco Popular, que cuenta con un presupuesto de 358 millones de colones, el Crédito Agrícola de Cartago de 210 millones de colones, el Banco de Costa Rica cuenta con 161 millones de colones y el Nacional 142 millones.”…

Si bien es cierta la afirmación de Mario Redondo de que las juntas directivas de diferentes instituciones públicas, representan altos costos, es necesario mantenerlas activas; lo que Se Debe Eliminar son las Presidencias Ejecutivas de las Diferentes Instituciones Públicas; así como de, Todas las Entidades Bancarias; ya que, las Instituciones Públicas Deben Servir y Responder al Ciudadano; No, Nunca, al Ejecutivo; es decir, al Poder Político Partidista de Turno; es así que, las Juntas Directivas Responden a la Institucionalidad de la Institución (valga la redundancia) y la Institución Sirve al Propósito para la cual fue Creada; esto Es, al Pueblo, a la Ciudadanía.

Es así como Algunas Instituciones Públicas que Fueron Creadas con una Visión y una Misión Netamente Política; al Servicio del Ejecutivo; es decir, al Poder Político Partidista de Turno; tales como la Autoridad Re-Aumentadora de los Servicios Públicos (Aresep), el Consejo Nacional de Corrupción (CNC), el Consejo Nacional de Vividores (Conavi) y el COMEX; claramente Sí Deberían Ser Eliminadas; porque su Función No Es Servir al Pueblo, a la Ciudadanía.

En ese sentido, la Mejor Solución para Evitar los Altos Costos que representa Mantenerlas Activas (Juntas Directivas); Es precisamente, la Propuesta pretende que Congreso fiscalice presupuestos de instituciones que ahora no pasan por este filtro”.

Finalmente, de todos es sabido que, los “Sistemas de Pensiones requieren cirugía mayor ante insostenibilidad financiera”; tan solo “Hacienda financia ¢600.000 millones de los regímenes de pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional”; por eso me extraña que, entre otras cosas, el “Ministerio de Hacienda redactará proyecto de ley para eliminar 200 exoneraciones”; pero que, Ni Hacienda, Ni el Ejecutivo, Ni Ninguna Fracción de la Asamblea Legislativa, Tengan Algún Proyecto de Ley para Unificar las Pensiones en Un Solo Régimen; o Tan Siquiera, un Proyecto de Ley para Ponerle Tope a las Pensiones de Lujo que se Auto Recetan Ciertos Regímenes Especiales.      

 

Comentario de Ottón Solís sobre salarios en sector público sacude las redes sociales

Ottón Solís calificó de Las declaraciones que Ottón Solís dio esta mañana a ADN Radio y que ratificó esta tarde a crhoy.com, sobre la eliminación de puestos en el sector público que devengan salarios “abusivos”, generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

El hoy diputado electo por el Partido Acción Ciudadana aseguró que en el país existen funcionarios con salarios que, a su criterio, son excesivos.

Ottón Solís calificó de “abusivos” algunos salarios en el sector público. CRH/Archivo

PUSC presentará proyecto de ley para limitar salarios “desproporcionados” del sector público

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentará un proyecto de ley que tiene como fin limitar los aumentos salariales de los altos jerarcas, que excedan sumas desproporcionadas. Esto con el fin de regular el gasto del Gobierno y propiciar unas mejores finanzas públicas.Luis-Vasquez-PUSC-3

La propuesta salió del despacho del diputado Luis Vásquez, quien afirma que después de lo denunciado por los aumentos salariales de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) es urgente poner un tope a los salarios de lujo en la función pública.

El proyecto de ley propone limitar los salarios desproporcionados  en la administración pública  incluyendo las remuneraciones de  los jerarcas de varias instituciones desconcentradas, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa,  la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Incluye también a todas las Instituciones Autónomas, Ministerios, miembros de juntas directivas, gerentes de bancos estatales, jefes departamentales de instituciones centralizadas, descentralizadas  y funcionarios públicos con remuneraciones demasiado altas.

“Esto se ha querido politizar en razón de los diputados, pero el porcentaje del aumento de salario de los diputados es ínfimo en comparación con los salarios de otras instituciones en la administración pública, a este trema le entramos con este proyecto de ley”, afirmó Vásquez.

Los congresistas enviaron además una nota al presidente de la República Luis Guillermo Solís, pidiéndole que congele los aumentos salariales de jerarcas de la función pública que superen los 4 millones de colones.

“Sabiendo que el principal problema que enfrenta el país es un déficit fiscal en crecimiento, con mucho respeto, me permito recomendar al señor Presidente, girar una directriz a todas las instituciones del gobierno para hacer una amnistía salarial por un año, donde se congelen los aumentos de los salarios y montos de dietas iguales o superiores a cuatro millones de colones mensuales en el Presupuesto del 2015 y poder dar un buen mensaje de austeridad a Costa Rica”, le expuso en la carta el legislador Leiva Badilla.

Gobierno avala proyecto que limitaría salarios “desproporcionados” del sector público

Jerarcas de la Aresep reciben alza de hasta un millón de colones. (Imagen tomada del Facebook de la Aresep).

Jerarcas de la Aresep reciben alza de hasta un millón de colones. (Imagen tomada del Facebook de la Aresep).

El proyecto que está en la corriente legislativa y que fue presentado por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para poner un techo a los aumentos “desproporcionados” en el sector público, tiene el aval del Gobierno.

Así lo confirmó Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia.

“Estamos contentos que el PUSC haga este planteamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa. Escuchamos propuestas de proyectos, hemos subrayado a los jerarcas de instituciones autónomas la importancia de llegar a una regulación de los aumentos salariales y por eso este proyecto sale en buen momento y lo apoyaremos”, explicó el jerarca.

Jiménez aprovechó el tema para externar el malestar del Gobierno por el tema del aumento salarial en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

“Estamos descontentos con el aumento desproporcionado de la Aresep. Por el momento que vive el país y los costarricenses no podemos tomarlo a bien, nos tiene que disgustar a todos. Tenemos que ver la manera que nos permita proceder para que no se repita -por lo menos- en las instancias que tenemos control y en aquellas que no, ver qué mecanismos creamos a futuro para que esto no se repita de la manera en que se dio”, recalcó.

Explicó además que existe una directriz para que no se den los aumentos de funcionarios de Casa Presidencial.

“Hay una directriz que tenemos que ver cómo se logra en el marco que no entre con una lesión a los derechos consolidados de los trabajadores. No podemos decir que se haga en tanto hay derechos, el área legal está estudiando la directriz”, advirtió.

Pluses salariales generan diferencias de más de 300 mil colones, entre instituciones públicas

El estudio “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”, realizado por la Academia de Centroamérica evidenció que dos funcionarios que trabajan en una misma posición en distintas instituciones del Gobierno Central pueden llegar a recibir hasta un 50% de diferencia en su salario, todo porque se le reconocen los pluses.

El proyecto de flexibilización de las jornadas laborales está en una comisión legislativa desde febrero del 2009. CRH/Archivo

Las diferencias salariales entre trabajadores en un mismo puesto es abismal. CRH/Archivo

Por ejemplo, un conductor que trabaja para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibe un salario que ronda los 550 mil colones, pero ese mismo cargo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se remunera con unos 280 mil colones.

Cuando se suman “los pluses salariales” la situación se torna más difícil, por ejemplo, un jefe de unidad con dos años de antigüedad en la Asamblea Legislativa recibe una salario base 32% superior al de un asistente técnico.

Sin embargo, si este asistente tiene 11 anualidades, él y el jefe de unidad terminarán ganando lo mismo: un millón de colones, aunque el jefe de la unidad requiera mayor preparación académica y enfrente más responsabilidad en sus labores.

Estos son solo algunos de los hallazgos que realizaron los economistas Miguel Loría, Carlos Umaña y la presidenta de la Academia de Centroamérica, Edna Camacho, además a la ex Contralora de la República, Rocío Aguilar,  al dar a conocer el documento.

Otra distorsión que tiene el sistema salarial vigente es que equipara los salarios entre los puestos que tienen exigencias y calificaciones distintas, condición que puede desestimular el ingreso de nuevos funcionarios que provengan del sector privado, los cuales carezcan de antigüedad en el sector público, y por consiguiente, no tengan derecho a recibir anualidades…

Incentivos salariales del sector público superarán los ¢883 billones en el 2014

Imagen de archivo. CRH

Imagen de archivo. CRH

Un estudio realizado por el economista y experto en temas financieros, Marvin Calderón Gómez, llegó a la conclusión de que los incentivos salariales del Gobierno Central, universidades y otras instituciones con cargo en el Presupuesto Nacional superarán los ¢883 billones en el 2014.

Dicho dinero proviene de pluses salariales (retribución de años servidos), dedicación exclusiva (porcentaje por ejercicio liberal profesional), salario escolar (corresponde al 8,9% del ingreso) y otros incentivos.

Si todos estos gastos en los que el Gobierno incurre se utilizaran para inversión pública se construirían 72 torres médicas como la que se quiere edificar en el Hospital de Niños o 165 cárceles nuevas y modernas o 112 centros educativos o 9.000 kilómetros de carreteras para este país.

“Lo cierto del caso es que si Costa Rica invirtiera en infraestructura productiva, educación, salud y seguridad podríamos lograr que cada año los niveles de pobreza y desempleo desaparezcan y que las calificadoras de riesgo vean con diferentes ojos al país”, destacó.

El economista, Marvin Rodríguez, evidenció las diferencias entre los salarios del sector público y el privado.

El economista, Marvin Calderón, evidenció las diferencias entre los salarios del sector público y el privado.

El pago de este tipo de incentivos salariales siembran desigualdades e inequidades, promoviendo la formación de esa economía dual, tal y como pasó en países como España, Grecia, Portugal, el estado de Detroit en Estados Unidos  y ahora Puerto Rico que llegaran al abismo de la crisis social y económica”,…

Proyecto de ley pretende frenar aumentos salariales a profesionales de Ciencias Médicas

Archivo

Proyecto frenaría aumentos a los médicos. Archivo.

Un proyecto de ley presentado por el diputado Mario Redondo, jefe de Fracción de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), busca poner freno a los aumentos en profesionales de ciencias médicas, calificados por el congresista como “abusivos”.

La propuesta se presenta pocos días después de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunciara que 100 médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ganan ¢ 1.348 millones mensuales.

“Es verdaderamente preocupante que los salarios de los profesionales en ciencias médicas sigan creciendo de esta manera mientras que algunos empleados públicos solo reciben una miseria”, comentó el legislador.

La propuesta elimina los artículos 12 y 15 de La Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982, los cuales establecen la obligación de elevar el salario de los médicos cuando la administración pública decreta un alza para sus empleados.

“Esta ley de incentivos golpea a quienes menos ganan, que son las clases menos calificadas y más empobrecidas, pues sus salarios no pueden ser mejorados sin disparar el gasto con ajustes automáticos previstos para los profesionales en ciencias médicas”, advirtió Redondo.

Con la fórmula actual, cada seis meses, el personal médico nacional recibe un incremento salarial a la base, superior al de aquellos que laboran en el Gobierno Central. El salario base del personal médico crece más que los reajustes semestrales generales del Gobierno Central, y aunado a ello si a algunos gremios dentro de éste, se le otorgan incrementos salariales extraordinarios o específicos, pues también los salarios médicos se verán aumentados con todo y sus pluses…

Diputado pide al Ministerio de Trabajo revelar beneficios de las convenciones colectivas

Gobierno mantendrá la cita con dirigentes gremiales. CRH/ archivo

Ministerio de Trabajo. Foto ilustrativa. CRH/ archivo

El diputado del Partido Alianza Democrática Mario Redondo hizo una instancia al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que ordene a jerarcas acabar con privilegios abusivos en instituciones, que contemplan las convenciones colectivas.

Redondo envió una nota al Mandatario en la que pide “se giren instrucciones claras para que los jerarcas respectivos accionen la inconstitucionalidad de aquellos privilegios claramente abusivos”.

El congresista solicitó además al ministro de Trabajo, Víctor Morales, que se digitalice y haga públicas en la web de la institución todas las convenciones colectivas vigentes en la Administración Central y las entidades descentralizadas.

De la misma manera, “a efectos de cuantificar los costos de cada componente negociado en esas convenciones colectivas, solicitamos respetuosamente se emita una directriz, que permita vislumbrar, de manera clara, la cantidad de beneficiarios y la suma incorporada para cada beneficio en las convenciones colectivas”, solicitó el diputado Mario Redondo.

Detalló que en algunas instituciones se conceden “privilegios ridículos que generan grandes gastos para el país y que de una vez por todas deben acabarse, máxime que ya existe jurisprudencia de la Sala Constitucional”.

De acuerdo con el legislador “en el país existe una distribución poco justa de los beneficios e incentivos salariales que afectan negativamente tanto la remuneración de los empleados como en el gasto público”.

“La existencia de convenciones colectivas y otro tipo de normativa en materia de salarios, remuneraciones y beneficios abre espacios a grandes disparidades y privilegios odiosos que deben ser eliminados,” según el congresista.

Unos 120 mil funcionarios públicos reciben beneficios de 54 regímenes de convenciones colectivas

El pago de los incentivos con poca fiscalización se ha convertido en uno de los principales gastos del sector público y mucho de eso está relacionado con que 120 mil funcionarios se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas.

Las convenciones colectivas benefician a 120 mil empleados públicos.  CRH.

Las convenciones colectivas benefician a 120 mil empleados públicos. CRH.

La cifra de cuánto representa esto para el Gobierno no se determinó de manera exacta en un reciente estudio publicado por la Academia de Centroamérica denominado: “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”realizado por los economistas: Edna Camacho y Miguel Loría.

Sin embargo, según Camacho, el gasto por remuneraciones, incluyendo el de aquellos a los que se les pagan convenciones colectivas, representa un 25% del gasto total del presupuesto del Gobierno.

De acuerdo con los expertos, la medición internacional le otorga al país una baja calificación por aplicar incentivos sin medir resultados.

Al principio –según dijo Loría- las convenciones colectivas procuraban compensar salarios base muy bajos, pero luego se convirtieron en una maraña de incentivos y pagos millonarios que el gobierno no ha podido controlar, en gran medida por el amparo legal e institucional de los llamados pluses salariales.

Fuente: Academia de Centroamérica.

Fuente: Academia de Centroamérica.

El Régimen de Servicio Civil se creó mediante la Constitución de 1949 para tutelar algunos principios básicos de la función pública como la contratación competitiva y basada en méritos; la Constitución de 1949 además establece al Estado como patrono único.

Sin embargo, la Sala Constitucional amplió los alcances de esta disposición y le otorgó a instituciones y empresas estatales la posibilidad de contratar y operar bajo régimen privado pero apegados a principios constitucionales públicos.

Sumado a eso, estas empresas quedaron fuera del Estatuto del Servicio Civil, creado desde 1953, lo que propicia que generen sus propias leyes especiales, convenciones colectivas y procesos para regular la contratación y promoción de los funcionarios.

Eso, según Camacho, suscita inequidad y un sistema salarial difícil de controlar desde el punto de vista financiero.

“El estudio menciona convenciones colectivas que pagan un “plus salarial” por el título profesional, aunque este ya sea un requisito básico para obtener el puesto”, explicó.

Otro elemento a destacar, según la economista, es que muchos se otorgan de forma automática, sin que haya de por medio una medición de rendimiento o resultados, condición contraproducente en un sistema burocrático que urge de potenciar su eficiencia…

Ministro de Trabajo afirma que por ahora no eliminarán las convenciones colectivas

Eliminar o no las convenciones colectivas es uno de los temas que según el ministro de Trabajo, Víctor Morales, tiene pendientes de discutir con su homólogo de Hacienda, Helio Fallas. Sin embargo, confirmó que por el momento no ha tomado ninguna decisión.

Víctor Morales, ministro de Trabajo.  CRH.

Víctor Morales, ministro de Trabajo. CRH.

“He solicitado a un grupo del Ministerio de Trabajo que analice el informe realizado por los economistas de la Academia de Centroamérica: Edna Camacho y Miguel Loría,denominado: “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público” sin embargo, quiero analizarlo con cuidado y ver la viabilidad de las recomendaciones”, destacó.

http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/06/victor-morales.mp3

De acuerdo con el informe, en el país, existen más de 120 mil funcionarios públicos que se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas y que junto con los 110 mil más que conforman el total del sector público se les paga por concepto de remuneraciones (salarios) un 25% del total del gasto del presupuesto nacional.

El jerarca aseguró que el tema de convenciones colectivas se podría incluir en la Comisión de Salarios del Sector Público, en la cual, también tiene participación el jerarca de Hacienda, Helio Fallas.

Este tipo de beneficios se iniciaron, según confirmó el economista, Miguel Loría, “para compensar los salarios base que eran muy bajos, pero luego se convirtieron en una maraña de incentivos y pagos millonarios que el gobierno no ha podido controlar, en gran medida por el amparo legal e institucional de los llamados pluses salariales”.

El informe hace referencia algunas recomendaciones que anunció la Comisión de Control y Ordenamiento de Gasto Público y entre ellas sobresalen: congelar por dos años o más o por el plazo que sea necesario la contratación de los nuevos servidores en toda la Administración Pública.

No pagar en el sector público más de lo que se cancela en el sector privado por concepto de incapacidades y otros beneficios.

Helio Fallas, ministro de Hacienda.  CRH.

Helio Fallas, ministro de Hacienda. CRH.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, reconoció luego de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que abrirá una mesa de diálogo para una nueva ley de empleo público a partir de setiembre de este año.

Ministerio de Hacienda redactará proyecto de ley para eliminar 200 exoneraciones

Las autoridades del Ministerio de Hacienda analizarán con los representantes del Programa Estado de la Nación eliminar unas 200 exoneraciones que están vigentes. Para eso, redactarán un proyecto de ley, sin incluir la canasta básica y lo entregarán a los legisladores a más tardar el 1 de julio próximo, cuando inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso, según confirmó el viceministro de la cartera, Fernando Rodríguez.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dio detalles del proyecto para eliminar exoneraciones.  CRH.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dio detalles del proyecto para eliminar exoneraciones. CRH.

“Ellos revisaron toda la legislación desde 1950 y encontraron que una de cada 25 leyes creadas desde ese año tienen algún incentivo o exoneración y 200 exoneraciones no tienen mayor sentido, ni uso de vigencia y se pueden derogar”, explicó el viceministro.

En su momento, el anterior ministro de Hacienda, Édgar Ayales, planteó la medida cuando realizó el proceso de diálogo nacional y dijo que también se podrían aplicar exoneraciones a la canasta básica, siempre y cuando, se hiciera un estudio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que permitiera establecer una nueva medición que proteja a los consumidores de más bajos ingresos.

http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/06/viceministro-de-hacienda.mp3

De acuerdo con Rodríguez, lo que deja de percibir en este momento el Gobierno por este tipo de privilegios tributarios ronda casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) que es la estimación del déficit fiscal para este año.

“Claro, mucho de eso se debe a la canasta básica y por eso, hay que analizar cada una de las leyes”, destacó.

Ticos pagan diferencias de hasta 147% por bienes de la canasta básica. CRH

La canasta básica no estará exonerada. CRH

En la actualidad se encuentran, según el Estado de la Nación, 340 leyes aprobadas que contemplan exoneraciones de algún tipo. Esto significa que una de cada veinticinco leyes promulgadas hasta abril de 2013 (un total de 9.141) han creado algún incentivo fiscal.

Muchos de este tipo de beneficios tributarios han sido impulsados principalmente por el Poder Ejecutivo. No obstante, en las últimas tres administraciones el Congreso ha tendido a ser más cauto, pues se han aprobado en promedio tres exoneraciones por año…

Propuesta pretende que Congreso fiscalice presupuestos de instituciones que ahora no pasan por este filtro

Entre las juntas directivas por nombrar se encuentra la del ICE. CRH.

Entre las juntas directivas por nombrar se encuentra la del ICE. CRH.

El diputado Mario Redondo presentó un proyecto de ley que pretende que los presupuestos y liquidaciones de 34 instituciones públicas que en este momento no son reguladas por la Asamblea Legislativa, pasen por este filtro, a fin de que se aumenten las regulaciones a los gastos excesivos en los presupuestos.

Actualmente, solo algunas instituciones tienen que rendir cuentas ante el Congreso sobre sus gastos, otras son supervisadas solamente por la Contraloría General de la República (CGR).

El proyecto menciona a 34 instituciones autónomas, 12 órganos adscritos a entidades, ocho semiautónomas, 21 empresas públicas, 5 empresas públicas no estatales, 49 entes públicos no estatales, 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito.

Algunas de las que no pasan por el ojo de los diputados son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Radiográfica Costarricense, el Instituto Costarricense de Puertos, la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago, el Fondo Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Consejo Nacional de Producción, entre otros.

“Estamos dejando pasar miles de millones de colones sin fiscalización, para nadie es un secreto que hay instituciones que están en condiciones de privilegio, para nadie es un secreto que hay salarios de lujo en varias instituciones autónomas y convenciones colectivas donde se dan privilegios enormes, altísimos para el personal sin ninguna regulación”, afirmó el diputado Redondo.

En el informe anual del 2013 que acaba de presentar la Contraloría General de la República (CGR) al Congreso, se externa la preocupación en el manejo de las finanzas públicas de parte de las instituciones descentralizadas y autónomas, indicando serios déficit financieros, aumentos en las dependencias de transferencias del Gobierno Central, importantes porciones del gasto destinados solo a remuneraciones, descuidando la inversión y destacando eventuales riesgos de insolvencia financiera en varias instituciones.

El proyecto adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, de tal forma que en las propuestas de presupuesto, las instituciones tendrán que elevar un informe detallado a la Comisión legislativa de Hacendarios.

“La CGR ha advertido que varias de estas instituciones atraviesan por una seria situación económica”, dijo el diputado.

Mario Redondo: “Juntas directivas consumen hasta 4 mil millones de colones en dietas”

Foto Archivo.

Foto Archivo.

El diputado Mario Redondo presentará un proyecto de ley para eliminar las juntas directivas de diferentes instituciones públicas, por los altos costos que representa mantenerlas activas.

De acuerdo con el congresista, hay al menos diez juntas directivas que unidas consumen al rededor de 4 mil millones de colones en dietas y todas son cargadas al presupuesto nacional.

Entre ellas, el congresista mencionó al Consejo Nacional de Producción, al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

También pedirá que se eliminen todas las directivas de las entidades bancarias que son de las que más dietas pagan. El congresista cita el ejemplo del Banco Popular, que cuenta con un presupuesto de 358 millones de colones, el Crédito Agrícola de Cartago de 210 millones de colones, el Banco de Costa Rica cuenta con 161 millones de colones y el Nacional 142 millones.

El diputado prepara un proyecto de ley que va en el mismo sentido del que había presentado la Comisión de Notables a la Asamblea Legislativa, pero el criterio de Redondo es que este se separe del paquete dispuesto por los especialistas hace dos años y se vote y se discuta por aparte.

“Existen 330 instituciones una gran cantidad de ellas tienen juntas directivas, muchas de ellas devengan dietas, paralelo a esto, tenemos gastos por almuerzos o cenas, gastos de transportes y otros problemas de orden estructural y político, miembros de juntas se han visto involucrados en problemas de corrupción por el manoseo de las juntas directivas y esto se tiene que acabar”, afirmó el congresista.

El diputado tiene el apoyo de varios congresistas, quienes comparten la posición de que estas juntas deben de eliminarse, entre ellos los legisladores del Frente Amplio.

El diputado pidió además al presidente de la República Luis Guillermo Solís, que emita una directriz temporal con el fin de que se haga más restrictivo el funcionamiento de las juntas directivas., en cuanto a la alimentación, transportes, viales y cantidad de sesiones, mientras que la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley que se está presentando y que eliminaría 33 de estos cuerpos institucionales.

Sistemas de Pensiones requieren cirugía mayor ante insostenibilidad financiera

De los diez regímenes de pensiones que existen en el país y son supervisados por la Superintendencia de Pensiones (Supen) existen tres que sufren de una enfermedad crónica de sostenibilidad y requieren de una cirugía mayor. Se trata de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial y una parte del Magisterio Nacional.

El superintendente de pensiones, Édgar Robles. CRH.

El superintendente de pensiones, Édgar Robles. CRH.

Así lo confirmó el superintendente de pensiones, Édgar Robles, en una entrevista concrhoy.com, quien dijo que en todos los casos deben de hacerse una serie de reformas, de lo contrario, todoso entrarán a partir del 2020 en un problema actuarial.

“Esto lo pagaremos todos los costarricenses, cuando el Ministerio de Hacienda tenga que poner más impuestos para cancelar el rubro de remuneraciones: pensiones y salarios”, acotó…

Hacienda financia ¢600.000 millones de los regímenes de pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional

La contralora General de la República (CGR), Martha Acosta Zuñiga, hizo un llamado de alerta a las nuevas autoridades,  al dar a conocer su Memoria Anual, asegurando que más de ¢600.000 millones, de los ¢655.339 millones que se desembolsan para los regímenes de pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional debieron ser pagados por el Gobierno y una buena parte se financió con deuda.

Acosta advirtió que esa cifra “es insostenible en el tiempo”.

Martha Acosta: “Mi lucha será contra la corrupción”. Foto:CGR

Martha Acosta Zuñiga. Foto:CGR

Esto representa -en promedio- un 2,6% del PIB para el 2014.

El Régimen del Magisterio Nacional es el principal rubro dentro de este título, con un gasto de ¢402.514 millones.

Cabe señalar que la reforma introducida en la Ley N° 9104 establece la condición de exento de contribución al régimen para aproximadamente el 50% de la población de pensionados que pertenecen al mismo.

Otros regímenes importantes son el de Hacienda y Poder Legislativo (¢76.715 millones) y el Régimen General de Pensiones (¢18.619 millones).

El superintendente de Pensiones, Edgar Robles, manifestó que no hay mucho campo de acción en estos regímenes porque los beneficiarios tienen un derecho adquirido que no puede ser modificado.

El superintendente de pensiones, Édgar Robles. CRH.

El superintendente de pensiones, Édgar Robles. CRH.

Otras conclusiones

La Contraloría General de la República apuntó también en la Memoria anual deficiencias y debilidades en la administración de los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo de Pensiones del Poder Judicial y de los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones que ya han sido denunciadas también por la Superintendencia de Pensiones.

Edgar Robles, aseguró a crhoy.com que diez de los regímenes ocupaban una cirugía mayor, entre ellos, el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial y una parte del Magisterio Nacional.

La Contraloría señaló que el panorama actual y futuro de los distintos regímenes de pensiones que conforman el primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones es preocupante.

“Esto sugiere la necesidad de que el tema de pensiones se convierta en un tema país y forme parte de una agenda de reflexión nacional sobre la necesidad de revisión de la normativa que regula esos regímenes y del otorgamiento de los beneficios, si es que se quiere contar con un sistema de pensiones sostenible en el mediano y largo plazo”, evidenció la Contralora.

En el caso del Fondo del Poder Judicial, en enero del presente año, la Supen publicó el estudio Situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en el cual se expone que de acuerdo con la última evaluación actuarial al régimen (2011) el fondo excedió el umbral de insostenibilidad.

A pesar de las reformas realizadas por la Corte Plena no se resuelve esta situación sino que únicamente se extiende el plazo para la insolvencia, por lo que,  recomienda el cierre del mismo y el traslado al presupuesto nacional para los pensionados actuales y los que cumplan derechos de jubilación 18 meses posterior a la fecha del fondo así como el traslado al régimen de IVM de los cotizantes que no consoliden derechos.

Undeca denuncia grandes aumentos de Presidenta Ejecutiva, Gerentes y Directores de la CCSS

Según UNDECA, la Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, tiene un salario es superior  a los ¢7,000.000.00. CRH.

Según UNDECA, la Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, tiene un salario es superior a los ¢7,000.000.00. CRH.

De acuerdo con la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) la Presidencia Ejecutiva,  Gerentes, Subgerentes y miembros de la Junta Directiva, se han auto-beneficiado “recetándose millonarios aumentos salariales, jugosas dietas, gastos astronómicos en alimentación y hasta el pago de viáticos para salir al extranjero”.

Según la agrupación, esto lo han realizado en plena crisis declarada en el Seguro Social en el año 2011.

“Tomaron medidas de contención del gasto, acelerando aún más el deterioro los servicios de salud, la falta de especialistas, de recurso humano, medicamentos y de las largas filas de espera, que hoy a 45 días de la entrega de esta administración, no han podido resolver. Además estas autoridades llegaron inclusive a eliminar conceptos de viáticos, zonaje, pago de peligrosidad y hasta amenazar los derechos laborales del personal,” asegura UNDECA.

La denuncia en números

Seis cargos de Gerente y dos con cargo de Subgerente pasaron de ganar ¢1.322.306 en el año 2005 a ¢7.157.383, incluyendo el 65 % por concepto de prohibición, para un desproporcionado aumento de ¢5.835.077.00 en 28 días.

“Lamentablemente se nos negó la información del salario de Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva, pero según algunas informaciones, su salario es superior  a los ¢7.000.000.00. Pero la fiesta no se quedó ahí, también está confirmado que los 8 miembros de la Junta Directiva de la CCSS durante el período 2010-2013 han recibido un monto aproximado de ¢85 millones por pago de dietas,” asegura UNDECA.

Por otra parte, por concepto de contratación de alimentación en el 2013 fue de ¢15.446.490, con lo cual los gastos del período de su gestión pudieron rondar los ¢60 millones.

“Otra cifra que nos alerta aún más, es el pago de viáticos al exterior que se le pagó al Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, directivo representante del sector empresarial por un monto de $1.844 para realizar un curso en Estados Unidos “Teoría y Herramientas del Proceso de Negociación”. Pero es del entendido que la temática no tiene nada que ver con sus funciones en la Junta Directiva,” expresa la denuncia.

“Estas autoridades no tienen la moral para hablar de implementar fuertes medidas de austeridad si se han recetado jugosos beneficios, mientras han sido incapaces de recuperar las enormes deudas del Gobierno,” concluye UNDECA.

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