“En este momento, hay diez empresas acusadas por fraude fiscal por más de ¢5 mil millones que buscan conciliar con la Procuraduría General de la República, entre ellas, La Nación que adeuda al menos 1.918, 3 millones de colones.”…

La directriz 030-P publicada en La Gaceta el 19 de abril del 2012 creó ciertos lineamientos a seguir por el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría, “para la atención de las medidas alternas que se tramitan en los procedimientos penales por denuncias de delitos tributarios”. En cuatro breves artículos, el gobierno Chinchilla-Miranda ordenó al ente procurador “procurar que la mayoría de ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio”. Esto porque pretendían que se lograra no sólo el pago de la deuda, sino que se penara con cárcel el delito. Además generó excepciones “muy calificadas” en las cuales si era preferible que se lograra un acuerdo conciliatorio u otra medida alterna. Para que esto fuera posible se debían cumplir varias reglas. Estas eran el pago completo de la obligación adeudada, los intereses y la multa si procedía. La segunda era que sólo se aceptaba el pago en dinero en efectivo, en un sólo tracto y sin admitir bienes o derechos como forma de pago. Finalmente se definió que la Procuraduría debía establecer el monto del “daño social”, que debía exigirse en toda conciliación. Bajo la directriz, la autoridades debía exigir al denunciado que se abstenga de cometer otra conducta ilícita, por al menos dos años y publicar el acuerdo en un diario nacional.”…

“Las autoridades del Ministerio de Hacienda realizaron la derogatoria de la directriz N30-P, aprobada durante la administración de Laura Chinchilla, que impedía a los grandes evasores conciliar en casos de defraudación fiscal, como el de La Nación y Canal 7, entre otros y por el contrario, establecía que los evasores debían enfrentar procesos penales. El pasado 28 de mayo del 2014, el jerarca de Hacienda, Helio Fallas, firmó la directriz N002, que según un comunicado de prensa, se basa en “una interpretación jurídica” de derogatoria,  cosa que no se pudo confirmar tras pedir reiteradas veces una entrevista con los funcionarios quienes la realizaron. Eso sí, la directriz, que regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, no cambia la situación legal de los imputados en los procesos penales pendientes, pues corresponderá ahora a la Procuraduría General de la República en representación de los intereses del Estado decidir si se concilia o no. El Ministerio de Hacienda aseguró, vía correo electrónico, que la Dirección General de Tributación seguirá interponiendo  ”demandas penales contra los contribuyentes que defrauden al fisco.”…

Así entonces, a partir de ahora, la “Procuraduría decidirá si frena procesos legales contra La Nación, Canal 7 y grandes evasores”; No obstante,

“Esta tarde, tras la sesión de Consejo de Gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís se refirió al tema, cuando se le consultó por el mensaje que conlleva la derogación de la directriz implementada en el gobierno de Chinchilla. Como primera respuesta aseguró que no tomó esa decisión de derogar la directriz. Mencionó que hubo un mal entendido, pues lo que se dio fue una “interpretación” de la directriz, para que con los evasores se pudiera conciliar en “costes sociales”, esto siendo la “reparación del daño social” mencionado por Hacienda en su comunicado de la tarde. En el momento, Casa Presidencial aseguró que hubo una “confusión” en los términos. Solís negó que haya una intención de “socavar” las obligaciones de los contribuyentes y por eso pidió al vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, que hiciera una rectificación de la información que había brindado anteriormente. El Presidente insistió que no tiene sentido tener laxitud con quienes están en mora, para luego decir que no hubo derogatoria. Ante la insistencia de si hay confusión en el tema, mencionó que Fallas aclararía el caso. Sin embargo, la tarde de este martes, tras diversas consultas dirigidas al Ministro de Hacienda, no se obtuvo respuesta.”…Laura Chinchilla, expresidente de la República. (Herbert Arley para CRH)

Por su parte y como era de esperarse,Chinchilla defiende directriz contra grandes evasores y asegura que nunca concilió en caso ‘La Nación’.

Ya expuestas todas las partes y todos los ángulos; lo que queda es hacer una breve reflexión; Sí la Conciliación se basa en “una interpretación jurídica” de derogatoria, que Efectivamente, “no cambia la situación legal de los imputados en los procesos penales pendientes”; para Procurar “el pago completo de la obligación adeudada, los intereses y la multa si procedía” , como decía la directriz N30-P; aunque, No “se penara con cárcel el delito”; entonces, la Conciliación Esta Bien.

Pero (siempre hay un pero), Sí la Conciliación se basa en una “interpretación” de la directriz, para que con los evasores se pudiera conciliar en “costes sociales”, esto siendo la “reparación del daño social”; Efectivamente, eso podría Significar “una intención de “socavar” las obligaciones de los contribuyentes (demandados)“; Como bien se puede Concluir de la Intención de “La Nación busca salida para no pagar deuda por presunta defraudación fiscal”;    

nacion3“Altos jerarcas de La Nación han mantenido a lo largo de estas semanas una serie de reuniones con autoridades del Ministerio de Hacienda, para no pagar el 60% de una deuda que tienen con el Estado por una supuesta defraudación fiscal.”…

Es obvio que en un caso como ese, Es Preferible los “ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio”. 

 

Procuraduría decidirá si frena procesos legales contra La Nación, Canal 7 y grandes evasores

Hacienda posee 27 propiedades, entre terrenos y edificaciones. CRH.

Ministerio de Hacienda. CRH.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda realizaron la derogatoria de la directriz N30-P, aprobada durante la administración de Laura Chinchilla, que impedía a los grandes evasores conciliar en casos de defraudación fiscal, como el de La Nación y Canal 7, entre otros y por el contrario, establecía que los evasores debían enfrentar procesos penales.

El pasado 28 de mayo del 2014, el jerarca de Hacienda, Helio Fallas, firmó la directriz N002, que según un comunicado de prensa, se basa en “una interpretación jurídica” de derogatoria,  cosa que no se pudo confirmar tras pedir reiteradas veces una entrevista con los funcionarios quienes la realizaron.

Eso sí, la directriz, que regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, no cambia la situación legal de los imputados en los procesos penales pendientes, pues corresponderá ahora a la Procuraduría General de la República en representación de los intereses del Estado decidir si se concilia o no.

El Ministerio de Hacienda aseguró, vía correo electrónico, que la Dirección General de Tributación seguirá interponiendo  ”demandas penales contra los contribuyentes que defrauden al fisco”.

Según las autoridades de Hacienda el acuerdo da por terminado el proceso penal pero no implica una condonación de la deuda tributaria y por tanto el pago de la deuda y de la reparación integral del daño social. Esto último lo definirá la Procuraduría General de la República.

Grupo Nación y Teletica enfrentan sendos procesos por supuesto fraude fiscal. (CRH)

Grupo Nación y Teletica enfrentan sendos procesos por supuesto fraude fiscal. (CRH)

En este momento, hay diez empresas acusadas por fraude fiscal por más de ¢5 mil millones que buscan conciliar con la Procuraduría General de la República, entre ellas, La Nación que adeuda al menos 1.918, 3 millones de colones.

La Procuraduría General de la República contestó que no se referiría a la consulta sobre la decisión del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de derogar la directriz emitida durante el mandato de la expresidenta Laura Chinchilla, la P-30, de abril de 2012, debido a que no tenían formal conocimiento de ésta.

Se consultó a los abogados de Grupo Nación (Carlos Tiffer) y Teletica Canal 7 (Francisco Torrealba) por medio de correo electrónico para saber si sus representadas buscarán conciliar con el Estado, pero no se ha recibido respuesta.

Por su parte, el abogado tributario Allan Saborío, mencionó que la Procuraduría General de la República no debería estar limitada por un decreto para llevar a cabo negociaciones de conciliación, por lo que considera que la decisión es atinada.

“La directriz no modifica en nada los impuestos de renta, ni ventas y mucho menos el Código Tributario. Las obligaciones de impuestos estarán ahí y lo que permite es no tener que llegar a procesos eternos donde muy probablemente el Estado costarricense va a perder los procesos, como ha ocurrido hasta la fecha y eso le permitirá a la Administración Tributaria recuperar los recursos en un plazo más corto”, manifestó.

Presidente pidió aclaración a su Ministro

Esta tarde, tras la sesión de Consejo de Gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís se refirió al tema, cuando se le consultó por el mensaje que conlleva la derogación de la directriz implementada en el gobierno de Chinchilla.

Como primera respuesta aseguró que no tomó esa decisión de derogar la directriz. Mencionó que hubo un mal entendido, pues lo que se dio fue una “interpretación” de la directriz, para que con los evasores se pudiera conciliar en “costes sociales”, esto siendo la “reparación del daño social” mencionado por Hacienda en su comunicado de la tarde. En el momento, Casa Presidencial aseguró que hubo una “confusión” en los términos.

Solís negó que haya una intención de “socavar” las obligaciones de los contribuyentes y por eso pidió al vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, que hiciera una rectificación de la información que había brindado anteriormente. El Presidente insistió que no tiene sentido tener laxitud con quienes están en mora, para luego decir que no hubo derogatoria.

Ante la insistencia de si hay confusión en el tema, mencionó que Fallas aclararía el caso. Sin embargo, la tarde de este martes, tras diversas consultas dirigidas al Ministro de Hacienda, no se obtuvo respuesta.

¿Qué decía la directriz derogada?

La directriz 030-P publicada en La Gaceta el 19 de abril del 2012 creó ciertos lineamientos a seguir por el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría, “para la atención de las medidas alternas que se tramitan en los procedimientos penales por denuncias de delitos tributarios”.

En cuatro breves artículos, el gobierno Chinchilla-Miranda ordenó al ente procurador “procurar que la mayoría de líctios denunciados sean llevados a la etapa de juicio”. Esto porque pretendían que se lograra no sólo el pago de la deuda, sino que se penara con cárcel el delito.

Además generó excepciones “muy calificadas” en las cuales si era preferible que se lograra un acuerdo conciliatorio u otra medida alterna. Para que esto fuera posible se debían cumplir varias reglas.

Estas eran el pago completo de la obligación adeudada, los intereses y la multa si procedía. La segunda era que sólo se aceptaba el pago en dinero en efectivo, en un sólo tracto y sin admitir bienes o derechos como forma de pago. Finalmente se definió que la Procuraduría debía establecer el monto del “daño social”, que debía exigirse en toda conciliación.

Bajo la directriz, la autoridades debía exigir al denunciado que se abstenga de cometer otra conducta ilícita, por al menos dos años y publicar el acuerdo en un diario nacional.

Chinchilla defiende directriz contra grandes evasores y asegura que nunca concilió en caso ‘La Nación’

Laura Chinchilla, expresidente de la República. (Herbert Arley para CRH)

Laura Chinchilla, expresidente de la República. (Herbert Arley para CRH)

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, emitió su criterio ante la derogatoria que la actual cúpula del Ministerio de Hacienda realizó de la directriz N30-P, aprobada durante su administración, con la cual se impedía a los grandes evasores conciliar en casos de defraudación fiscal, tales como en el caso de La Nación y Canal 7, entre otros. La directriz emitida por Chinchilla buscaba que los evasores enfrentaran procesos penales así como el pago del monto defraudado, los intereses y el daño social provocado a la Hacienda Pública.

La exmandataria dijo, en su página en Facebook, que no pensaba dar su posición con respecto al actual gobierno hasta después de un período prudencial. Sin embargo, argumentó que “mi gobierno pagó una altísima factura por la forma honesta e independiente con que manejamos casos que involucraban intereses de dueños de medios de comunicación”.

“La directriz que ahora se quiere derogar y que firmé en el año 2012 se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la evasión fiscal. Si bien es cierto, como lo justifica el Ministerio de Hacienda, la directriz no puede impedir los procesos de conciliación contemplados en la legislación, la misma envió un mensaje político muy poderoso a entes técnicos y judiciales sobre la importancia de perseguir los delitos tributarios, los cuales hasta ahora contabilizan una única condena en nuestro país. Echar para atrás esta directriz es volver a propiciar la impunidad que históricamente ha reinado en esta materia”, citó, textualmente, Chinchilla en esa red social.

Chinchilla dijo que cuando se firmó la directriz no tenían conocimiento de casos concretos relacionados con los alcances de la disposición. Incluso, se refirió al caso de La Nación.

Laura Chinchilla público mensaje en su cuenta en Facebook. Tomada de Facbeook

“Pese a ello, dos personeros del diario La Nación, en su momento, le atribuyeron a esa directriz una intencionalidad que nunca tuvo y la ligaron a un caso que ese medio tiene abierto desde hace 10 años en la Dirección General de Tributación Directa”, agregó la expresidenta.

A su vez, aseveró que nunca estuvieron dispuestos a conciliar con La Nación y criticó la línea editorial tomada por ese medio luego de esta disposición.

“Lo que sí resulta constatable, es que coincidiendo con la emisión de esa directriz y con la reticencia a conciliar el caso de La Nación, por parte del entonces Director General de Tributación Directa y del Viceministro de Hacienda quienes siempre actuaron con rigurosidad e independencia de criterio, se desató una “inexplicable” línea informativa de ese medio en contra de nuestro gobierno que nos acompañó hasta el final de nuestra gestión”, dispuso.

Asimismo, la mandataria concluyó diciendo que confiaba en que el gobierno de Luis Guillermo Solís no haga efectiva la directriz para esa derogatoria y pidió que se mantenga firme la posición en torno a la evasión fiscal.

“Confío en que el Gobierno de la República, no haga efectiva la directriz emitida por el Ministerio de Hacienda. Confío en que se mantenga el llamado a las autoridades técnicas y judiciales para que eviten la impunidad en materia de evasión fiscal”, concluyó.

La Nación busca salida para no pagar deuda por presunta defraudación fiscal

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Altos jerarcas de La Nación han mantenido a lo largo de estas semanas una serie de reuniones con autoridades del Ministerio de Hacienda, para no pagar el 60% de una deuda que tienen con el Estado por una supuesta defraudación fiscal.

El caso, que fue elevado al Ministerio Público desde 2004 tras una denuncia del Ministerio de Hacienda, aún no ha sido resuelto.

Esta no es la primera vez que La Nación intenta llegar a un acuerdo con Tributación Directa y el Viceministerio de Ingresos. La última vez que uno de esos intentos fue rechazado data del 18 de abril de 2012, cuando dicho viceministerio giró un oficio al Procurador Penal de la República, Juan José Soto Cervantes, señalando claramente que no conciliaría con la empresa dueña del periódico La Nación, Al Día y La Teja, entre otros negocios.

Dentro de los alegatos de Hacienda para no llegar a un acuerdo que eximiera de los pagos a La Nación está la Directriz 30-P del 12 de abril de 2012, firmada por la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda, indicando claramente que “ya no se procedan con conciliaciones en delitos fiscales sin excepciones”.

Pese a las reiteradas negativas de Hacienda, una fuente que conoce el caso aseguró a crhoy.com que representantes de la empresa buscan de nuevo un posible arreglo, con el cual La Nación estaría “dispuesta” a pagar solo un 40% de lo correspondiente a los intereses y al daño social que señala la denuncia.

Se consultó a Carlos Vargas, Director de Tributación, cuál es la posición oficial de Hacienda con respecto a conciliar en casos de delito penal tributario. Su primera respuesta fue que “En materia penal tributaria el Poder Ejecutivo, mediante Directriz 030-P 2012, ha regulado las condiciones bajo las cuales la propuesta de conciliación debe ser valorada para considerar o no su procedencia”.

Pero la Directriz que cita Vargas dice, textualmente, que “en caso de ilícitos tributarios derivados del incumplimiento al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, deberá la Procuraduría General de la República procurar que la mayoría (…) sean llevados a la etapa de juicio, por cuanto resulta de relevancia en la política de control de la evasión fiscal, que no solo se dé el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito del legislador de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables”.

Ante la pregunta de las nuevas negociaciones de La Nación que buscan conciliar la deuda y las reuniones que habrían sostenido en días anteriores, Vargas aún no responde, pese a que su encargada de prensa aseguró desde el viernes que “está elaborando la respuesta”.

El caso de La Nación se remonta a 2001, cuando la empresa supuestamente simuló la venta de dos viejas rotativas, en unas transacciones entre compañías relacionadas. Eso habría dado como resultado una disminución significativa del pago de impuestos y la sustracción a los accionistas de cerca de $2 millones, que supuestamente se le devolvieron con una capitalización a otra empresa relacionada en Guatemala.

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