El Gobierno y sus Instituciones dejaron de hacer lo que tenían que hacer, para convertirse en Neoliberales; el Estado dejó de preocuparse y atender al sector público para preocuparse y atender al sector privado; la Administración prefirió dedicarse a desarrollar negocios para y por los extranjeros, transnacionales y supuestos “inversionistas” que hacerlo para los nacionales; las Instituciones dejaron de funcionar por y para los costarricenses, la ciudadanía y empezaron a hacerlo para Sí mismas; abandonaron su vocación de servicio y adoptaron una de comercio; se creyeron que eran empresas propias y No públicas; prefirieron que las empresas privadas les robaran su patrimonio, sus funciones, sus “clientes” y servicios brindados, a tener que luchar por brindarlos mejor; prefirieron rendirse a la competencia y ser adsorbidos o privatizados a tener que competir con eficiencia y buen servicio; en fin, el Gobierno Neoliberal y sus Instituciones (también neoliberales) dejaron de hacer lo que tenían que hacer, para convertirse en… ¡Un remedo de lo que eran antes! ¡Un esperpento de clientelismo y servilismo político al servicio del neoliberalismo económico y comercial! ¡Que lástima!

El MOPT dejó de hacer obra pública para dedicarse a darla en concesión a empresas extranjeras que aparte de entregarle al Estado y a los costarricenses que la pagan, obras de infraestructura obsoleta, carísimas, sin estudios o requisitos técnicos y de calidad mínimos, sobre cotizados, híper inflados y por si fuera poco, pagando peajes y tarifas igualmente híper inflados y sobre cotizados; para muestra, los siguientes reportajes publicados todos el mismo día, en diferentes noticieros: “Conductores pagan ¢380 en peaje de La Guácima”; “Proyecto de ampliación de ruta 32 está rodeado de omisiones y mucha presión, según expertos” ; “Hundimientos y colapso de alcantarillas en ruta 1 no son novedad para las autoridades” ; “ Grupo Consenso enviará al Gobierno documento con 40 dudas sobre ruta 32”; eso sin mencionar los ya pasados y por todos conocidos casos de: la Trocha Fronteriza, el Puente de la Platina, los Hundimientos de las Alcantarillas, etc; etc; etcétera.

El INVU se dedicó a comprar y contratar proyectos de vivienda de “interés social” a empresas y constructoras nacionales y extranjeras y a desarrollarlos con interés político; esto, a parte de encarecer los costos (convirtiendo el costo de una vivienda de interés social en uno similar o comparable al que tendría una de clase media y el de una de clase media en inalcanzable para dicha clase), volvió al sistema y a sus beneficiaros en un claro objeto de clientelismo político; desvirtuando por completo la función, la visión y los objetivos con que se creo la Institución; nuevamente, veamos dos ejemplos publicados ambos el mismo día: “Cobro de cuotas ilegales saca a pobres de proyecto de vivienda”; “Cobro de cuotas ilegales saca a pobres de proyecto de vivienda”; sólo cabe pensar ¡Que diferente sería si el INVU construyera proyectos completos de vivienda (urbanizaciones y condominios) como lo hacía antes! Y ¡Si el BANHVI los ofreciera al ciudadano de clase media o baja, al costo, con bajas cuotas de interés (o sin intereses a los de clase baja) y a largo plazo! ¡Como lo hacía antes!

La gerencia médica de la CCSS; así como la de sus diferentes Hospitales siguen con su política “política”, valga la redundancia y administrando las pensiones y los Hospitales como si fueran de su propio feudo y No de todos los costarricenses y asegurados; veamos el último ejemplo: “Anomalías por facturas “fantasmas” por $4 millones era un problema conocido en el Calderón…”.

Prácticamente lo mismo puede decirse y señalarse de la Hacienda pública; claro está, dentro de su propio contexto: “ Ingresos de patronos y empleados públicos crecieron más en 10 años”; eso sin mencionar el consabido déficit fiscal, el gasto público, la ineficiencia tributaria y la falta de controles fiscales; no en balde el “PNUD recomienda a Costa Rica ir hacia un sistema de impuestos más justo” y como último ejemplo de los descontroles fiscales y financieros la “Contraloría detecta debilidades en fondo de créditos de bananeros”; nuevamente, sin mencionar los ya pasados casos en que la Contraloría ha detectado y reportado serias deficiencias en conocidos proyectos de concesión de obra pública como la Refinería China, las Carreteras a San Ramón, Caldera, Ruta 32, los Puertos del Caribe y nuevamente un largo etc; etc; etcétera.

A pero eso no es todo; sigamos con los ejemplos (encontrados todos el mismo día en diferentes noticieros) en Educación: “Maikol Oporta: ¿Que hará para que jóvenes como yo, no tengamos que salirnos del cole?”; en el Sistema Judicial: “27 jueces rehúsan conocer caso por ataque de colega a otro”; en Telecomunicaciones: “Baja calidad de redes móviles drena batería de celulares”; en Turismo: “ Crisis turística en zona norte dejó sin empleo a 3 mil personas en los últimos cuatro años”; y así podríamos seguir y seguir, problema por problema, institución por institución, Chorizo por Chorizo; porque cuando el fin justifica los medios, cuando lo que importa es el negocio y No la ciudadanía o el país, el Neoliberalismo Económico y Comercial se hace presente en el Gobierno y sus Instituciones y ¡Nada Más Importa!

 

 

Ingresos de patronos y empleados públicos crecieron más en 10 años

Si usted es empleado de una empresa privada y tiene un nivel medio de educación, sepa que usted y sus semejantes están entre la población más afectada por las alzas salariales desde el año 2000.

Si en cambio usted es dueño de una empresa o empleado del sector público, puede felicitarse de hallarse entre los más favorecidos con los aumentos de ingresos en la primera década de este siglo en Costa Rica.

Esta notable diferencia de aumento salarial anual entre tipos de trabajadores fue parte de las conclusiones de un estudio sobre desigualdad social presentado ayer por la oficina local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El salario reportado (en la realidad podría ser mayor) de los patronos en las encuestas a hogares creció a una tasa de 5,1% entre el 2000 y el 2010, mientras el asalariado estatal recibió un 2,9% de incremento entre cada año.

Los 1,2 millones de asalariados de empresas tuvieron como aumento promedio anual solo un 0,4%, pese a lo cual la clase media creció en la década analizada y ahora es el 40%, de acuerdo con el estudio elaborado por el PNUD y un programa de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.

El análisis coincide con una reciente publicación de este diario, según la cual los trabajadores públicos ganan hasta un 50% más que los de las empresas privadas , por los pluses salariales.

En términos de riqueza, los que más mejoraron sus ingresos son los más ricos. El 10% más adinerado fue el que más se benefició, pues creció en un 8% sus ingresos, lo cual coincide con informes recientes sobre el mejoramientos de condiciones de vida de quienes ya de por sí viven bien.

El 10% (decil) que se ubica en segundo puesto en riqueza también mejoró sus salarios por encima del promedio, 5,3%. Para este grupo, el promedio entre cada año del 2000 al 2010 fue de 6%.

En este caso, sin embargo, también sobresale el 10% más pobre de los costarricenses, pues mejoró sus ingresos a un ritmo del 7,3% entre cada año, en buena parte como resultado de las ayudas sociales como pensiones del régimen no contributivo o el dinero mensual del Programa Avancemos.

Estas ayudas sociales (las cuartas más altas en términos relativos en América Latina, con un 22,6% del PIB) ayudaron a evitar que creciera la desigualdad social, de acuerdo con el estudio llamado La equidad en Costa Rica: incidencia de política social y política fiscal .

Diferentes son los resultados publicados en noviembre por el informe del Estado de la Nación , según el cual creció en el país el coeficiente de Gini , un indicador que se utiliza para medir la brecha entre ricos y pobres.

Clase media, menos favorecida. La clase media fue la menos beneficiada con el aumento de sus ingresos. Esto significa que la mayoría del país se favoreció menos con los aumentos de ingresos, pues la clase media del país es el 40% de la población costarricense, concluyó el estudio.

Esto significa que a cuatro de cada diez pobladores les corresponde un ingreso diario entre los $10 (poco más de ¢5.000) y los $50 (¢25.000), según los parámetros que utiliza el PNUD.

Este estudio determinó que la clase media creció, pues era casi un 30% al comenzar este siglo y ahora es el 40%, lo que ubica a Costa Rica como el cuarto país con la mayor clase media entre las naciones de América Latina y el Caribe. Lo superan Uruguay (60%), Argentina (54%) y Chile (42,5%).

El 38% vive en condiciones de “vulnerabilidad” (con ingresos de entre $4 diarios y $10) y el 17,4% está en el “estrato inferior”, según parámetros que usa el PNUD. Esta metodología no riñe con las mediciones que indican que el 20% de los costarricenses es pobre, pues se incluyen todos los del “estrato inferior” y parte de los “vulnerables”.

El informe presentado ayer por el PNUD señala que también hay parte de la clase media expuesta a la vulnerabilidad, pues dos de cada diez de ellos carece de seguro de salud y cuatro de cada diez, de un plan de pensión.

Sin embargo, la representante del PNUD para Costa Rica, Yoriko Kasukawa insistió en que “aquí hay noticias positivas importantes”. Se refirió al aumento de la clase media y al buen puesto que tiene Costa Rica en inversión social.

Consultado por la brecha del sector público y el privado, el dirigente sindical Albino Vargas señaló la necesidad de profundizar más allá de los promedios, pues “hay médicos que ganan ¢14 millones mensuales” y “el guarda de una escuela en Alajuelita no gana más de ¢300.000 después de 10 años de trabajar ahí”.

“Las generalizaciones en este delicado tema de las remuneraciones pueden ocultarnos realidades de precariedad que no afloran dentro de los promedios”, dijo Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Se intentó conocer ayer la opinión de un representante de patronos, asociados en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Sin embargo, al final de la tarde no fue posible.

La desigualdad social en el país ha sido uno de los temas relevantes de la campaña política electoral, pues tanto el candidato oficialista Johnny Araya como Luis Guillermo Solís, del PAC, la señalan como un problema grave.

PNUD recomienda a Costa Rica ir hacia un sistema de impuestos más justo

Jennifer Delgado y sus hijos Anderson y Dulce forman parte del estrato de menos ingresos, donde algunos también pagan impuestos.  | ALBERT MARÍN /LN

Jennifer Delgado y sus hijos Anderson y Dulce forman parte del estrato de menos ingresos, donde algunos también pagan impuestos. |

La oficina local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomendó aplicar una reforma tributaria que aumente la recaudación, permita mejorar la calidad y cobertura de servicios sociales y reparta de manera más equitativa la carga del pago de impuestos.

A tono con el debate político nacional sobre posibles reformas a las leyes de cobro de impuestos y de gasto del dinero estatal, el informe presentado ayer por el PNUD incluyó su recomendación para así permitir que la inversión social del país tenga un impacto más grande en el bienestar de la mayor parte de la población.

El reporte sugiere cambios legales que permitan al Estado disponer de más dinero, pues “hay un déficit fiscal importante que pone en riesgo la continuidad y fortalecimiento de la política social”, se lee en el documento.

Sin embargo, el dilema no se limita a fondos disponibles para gasto social, sino también a la procedencia de ese dinero, pues se señala que el sistema tributario es “regresivo”; es decir, que no exige que la gente de más ingresos pague impuestos de acuerdo con su capacidad financiera.

Costa Rica presenta una carga tributaria del 21,6% del producto interno bruto (PIB) si se incluyen como impuestos las cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto nos acerca al promedio de América Latina, que es de 22,6%. Pero, si se quita el pago del seguro social obligatorio, queda en 13,5%.

El problema es que la mayor parte de lo que recauda el Estado lo hace mediante impuestos indirectos, los cuales se cobran por igual sin importar si el contribuyente es rico o pobre. Es el caso del impuesto de ventas.

Esto pudo incidir en la imposibilidad de reducir la brecha social en los últimos años, dice PNUD.

El tema ha estado presente en la campaña electoral que acabará con la elección presidencial del domingo 6 de abril.

Aunque la representante del PNUD en Costa Rica, Yoriko Kasukawa, señaló que es casualidad que el tema del informe coincidiera con la campaña, resaltó que sí es necesario un acuerdo nacional que permita avanzar en una reforma tributaria, algo que no se ha podido lograr en los últimos años, en parte por la oposición de sectores influyentes.

Maikol Oporta tiene 16 años y trabaja abonando palma. | ADRIÁN SOTO H.

NACIONAL | CANDIDATO DEME UNA RESPUESTA

Maikol Oporta: ¿Que hará para que jóvenes como yo, no tengamos que salirnos del cole?

“No tenía plata para el uniforme ni para los zapatos ni para los cuadernos”. Así responde Maikol Oporta cuando le preguntan por qué razón salió del colegio.

Él tiene 16 años y vive en una comunidad rural de Pocosol de San Carlos, a una hora de Ciudad Quesada. Cuando cursaba el sétimo año cambió las aulas por el campo, en donde labora abonando plantaciones de palma por un pago de ¢800 la hora.

De esta forma, él pasó a ser parte de los 47.400 menores de edad en Costa Rica que trabajan.

Cada colón que gana el muchacho, se va para los gastos del hogar pues el dinero escasea.

Vive junto a sus padres, cuatro hermanos y una sobrina, en un rancho que les prestan.

“A mí me gustaría regresar al colegio, prepararme, ser alguien en la vida, poder mantener una familia, ser alguien estudiado”, dice.

Maikol es uno de los diez costarricenses que participaron en el proyecto de La NaciónCandidato, deme una respuesta” , en el cual se le dio a la ciudadanía la oportunidad de realizarle una pregunta concreta al candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís…

Cobro de cuotas ilegales saca a pobres de proyecto de vivienda

Margarita Martínez (derecha, de pie) vive en esta casa desde hace 21 años, por lo que, afirma,  no es justo que la obliguen a irse para ubicar a familias que no forman parte del precario. Con ella, sus hijas Daniela  y Heyda Vado.  |  MAYELA LÓPEZ.

Margarita Martínez (derecha, de pie) vive en esta casa desde hace 21 años, por lo que, afirma, no es justo que la obliguen a irse para ubicar a familias que no forman parte del precario. Con ella, sus hijas Daniela y Heyda Vado.

Trece familias pobres quedaron por fuera del proyecto de vivienda de interés social El Faro, en Guararí de Heredia, por no pagar cuotas mensuales de ¢5.000 a la Asociación de vivienda Las Orquídeas, que administra el proyecto.

Los vecinos fueron excluidos de las listas de potenciales beneficiarios pese a que tienen más de 20 años de vivir en el precario, que mide 5.864 metros cuadrados.

En su lugar, la presidenta de la asociación, Ligia Murillo, incluyó a familias que acceden a pagar las cuotas y que no pertenecen a Guararí de Heredia, según se desprende de la lista de potenciales beneficiarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Algunas de las personas enlistadas registran como lugar de residencia Pérez Zeledón y León XIII de Tibás, San José.

“Sí se hacen esos cobros, pero no tengo por qué decirle cuánto se cobra. Ya si usted ve algo incorrecto en eso o dice que las familias no son de Guararí, vaya y le pregunta al INVU. Ellos son los que tienen que fiscalizar eso. Yo no puedo ponerme a ver si mintieron o no.

”Las familias que se excluyeron es porque no quieren participar del proceso”, contestó Murillo.

El artículo 35 del Reglamento de Producción de Soluciones de Vivienda dicta que “no podrá haber cláusulas o disposiciones de la asociación que impongan el pago de sumas de dinero o cuotas a la asociados para su eventual selección como beneficiarios ”…

Presidente ejecutivo, Álvaro González: ‘El INVU dejó de hacer lo que venía haciendo bien…’

El presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González, confirmó que el proyecto El Faro, en Heredia, está paralizado debido a que hay una medida cautelar que impide el desalojo de las familias.

A continuación, un extracto de la entrevista con el jerarca…

Contraloría detecta debilidades en fondo de créditos de bananeros

La Contraloría General de la República señaló una serie de debilidades en el Fondo de Préstamo a Productores, manejado por la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y que se nutre con recursos propios de esa entidad.

El fondo fue creado dentro de la ley de Corbana, una entidad pública no estatal, para ayudar a los productores de la fruta.

Según el informe DFOE-EC-IF-01-2014, se encontraron debilidades en la normativa vigente emitida por Corbana y aplicable en el otorgamiento de créditos a los productores bananeros, dado que existe un vacío en cuanto a la regulación de los préstamos concedidos a quienes dejan la actividad bananera.

Adicionalmente, se encontraron debilidades vinculadas con el establecimiento de límites en la aprobación de líneas de crédito para el pago de aguinaldos de las empresas productoras de banano y de la línea de crédito para emergencias y desastres naturales, así como con la gestión de las garantías fiduciarias y de la capacidad de pago de los fiadores.

Jorge Sauma, gerente general de la Corporación, aseguró que el informe es muy positivo, porque no evidencia problemas de operación en materia crediticia. “Lo que señala la Contraloría son oportunidades de mejora en nuestra reglamentación, las cuales serán acatadas de inmediato”, expresó.

Cualquier productor bananero puede presentar solicitudes de préstamos ante el fondo que maneja Corbana, explicó  esa entidad. Se utiliza particularmente para situaciones en las cuales las plantaciones se encuentran afectadas por problemas climáticos, como inundaciones y sequías. La cartera actual es de unos ¢7.756 millones. |  ARCHIVO

Cualquier productor bananero puede presentar solicitudes de préstamos ante el fondo que maneja Corbana, explicó esa entidad. Se utiliza particularmente para situaciones en las cuales las plantaciones se encuentran afectadas por problemas climáticos, como inundaciones y sequías. La cartera actual es de unos ¢7.756 millones. | ARCHIVO

El presidente de la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano (Anaproban), Édgar Quirós, aseguró que no hay ninguna debilidad en ese sistema, el cual ayuda mucho a los productores en fin de año, cuando deben pagar aguinaldos y vacaciones.

Agregó que de inmediato el productor que pide el préstamo autoriza a la compañía comercializadora a reducir un monto por cada caja exportada para pagar la deuda.

“La única debilidad que hay es la de criterio, de la Contraloría”, aseveró Quirós.

El fondo tiene actualmente una cartera de $14 millones (unos ¢7.756 millones al tipo de cambio actual)…

27 jueces rehúsan conocer caso por ataque de colega a otro

Un total de 27 jueces penales del Caribe se niegan a conocer la causa que se sigue contra uno de sus colegas por atacar la vida de otro.

Se trata de 12 jueces del Tribunal Penal de Pococí y 15 del Tribunal Penal de Limón, según confirmó el Poder Judicial.

El caso es contra el juez Miguel Ángel Lizano Córdoba, quien, según la Policía, contrató a un grupo de sicarios para asesinar a su jefe, Jorge Paisano Saborío.

Los juzgadores acogieron la recusación que presentó el defensor del acusado, luego de que el Juzgado Penal de Pococí rechazara permitir una conciliación entre las partes.

Jorge Paisano (al lado de la mujer) tiene más de 15 años de laborar como juez. Cuando ocurrió el ataque en su contra, él se encontraba como coordinador de los demás jueces de Pococí.  | REINER MONTERO.

Jorge Paisano (al lado de la mujer) tiene más de 15 años de laborar como juez. Cuando ocurrió el ataque en su contra, él se encontraba como coordinador de los demás jueces de Pococí. |

El abogado defensor, Carlos Redondo, impugnó la decisión del Juzgado, pero solicitó que ni el Tribunal Penal de Pococí ni el de Limón resolvieran la apelación, al alegar la cercanía de los jueces con el ofendido.

Así lo aceptaron los juzgadores de Pococí quienes lo remitieron al Tribunal Penal de Limón, que también rechazó conocer el expediente.

Los otros imputados en este proceso son tres supuestos pistoleros de apellidos Víquez, Platero y Alfaro, así como dos acusados de ser intermediarios, de apellidos Guido y Núñez.

Amigos de imputado. Los 15 jueces del Tribunal Penal de Limón comunicaron…

Baja calidad de redes móviles drena batería de celulares

De los celulares usados en Costa Rica, 44% eran smartphones a junio del 2013, según Sutel. Eso equivale a 2,6 millones de móviles en manos de usuarios más propensos a este calvario energético, contradictoriamente, por usar una red más moderna.

Hace 20 años la carga en la batería del celular aguantaba toda la semana. Era lo usual. Hoy lo normal es que rinda un día o menos.

Parte de esa poca duración es culpa de la calidad local de las redes de telefonía móvil, asegura la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“El uso de smartphones (teléfonos inteligentes) exige mejor nivel de calidad e infraestructura de telecomunicaciones. Los teléfonos se hacen con la misma calidad, pero redes menos desarrolladas, como las nuestras, exigen más de un teléfono”, aseguró Wálther Herrera, director de la División de Mercados de Sutel.

Para él, es “muy distinto el rendimiento del teléfono” en una red de país desarrollado. Por eso, asegura, “el tema de las distancias entre torres es tan importante”.

Toda red de telefonía celular se compone de torres con antenas de transmisión. Cuanto más lejanas estén una de otra, el celular utilizará más energía para “engancharse” a la red.

Esto, porque cuando un usuario se mueve de sitio, el teléfono tenderá a perder señal y de forma automática intentará recuperarla buscando la torre de transmisión más cercana.

Cuanto más lejos esté el punto de transmisión, más energía gastará. Eso es común en Costa Rica por carencias de infraestructura de telecomunicaciones.

En mayo del 2013, Sutel puso en línea una herramienta para que los usuarios verifiquen la cobertura de las telefónicas.

En esa ocasión, Sutel confirmó que, en promedio, los operadores solo cumplían 75% de la cobertura que mostraban en sus mapas.

En desacuerdo. Matías Señorán, vocero de Telefónica (dueña de la marca Movistar) y Jaime Palermo, gerente de Servicio al Cliente del Instituto Costarricense de Electricidad (Kölbi), difieren de Sutel.

Para Señorán, la duración de la carga se debe más a hábitos de consumo y conducta del usuario que a la calidad de las redes móviles.

“Las redes en nuestro país tienen condiciones de infraestructura muy buenas. Esto es un tema de interés para los fabricantes. Los equipos vienen con más prestaciones, pero el tema de las baterías está en revisión”, insistió Señorán…

Conductores pagan ¢380 en peaje de La Guácima

Desde el sábado anterior, los vehículos livianos y las motocicletas pagan ¢380 por usar el nuevo acceso a La Guácima de Alajuela desde la ruta Caldera–San José.

Ese paso fue habilitado por la empresa Autopistas del Sol luego de cuatro años de atrasos. La semana anterior, la firma española recibió el aval del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para poner a funcionar ese paso.

Anteriormente, los conductores que viajan desde Caldera sobre la ruta 27 y querían desviarse en La Guácima tenían que continuar hasta Santa Ana para virar.

Las otras tarifas por usar ese peaje son: ¢760 para buses, ¢950 para vehículos dedos y tres ejes, ¢1.680 para vehículo de cuatro ejes y ¢2.410 cuando el vehículo tiene cinco ejes o más. Hasta el viernes solo estaba habilitado el acceso desde La Guácima a la ruta 27, no así el paso en sentido contrario.

German Marín, director de la Policía de Tránsito, dijo que en el lugar se mantendrá presencia de oficiales para guiar a los conductores en la nueva rampa de acceso.

“Es un asunto de los primeros días mientras los conductores se acostumbran a la nueva carretera. Así mantenemos la seguridad en el lugar y la precaución para evitar algún tipo de accidente”, expresó el director del cuerpo policial…

 

Proyecto de ampliación de ruta 32 está rodeado de omisiones y mucha presión, según expertos

Un grupo de expertos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCR), entre quienes destacan Ricardo Castro, Randall Murillo y Aaron Morales, cuestionan las intenciones de las autoridades por llenar de mitos, verdades a medias y algunas omisiones el proyecto de ampliación de 107 kilómetros de la ruta 32 hacia Limón.

Este grupo aclaró que están a favor del proyecto, pero en contra de las imposiciones de China en las condiciones del préstamo de financiamiento y de la contratación condicionada de la empresa china CHEC.

Estos son algunos aspectos que los especialistas señalaron en una entrevista concedida a crhoy.com:

“El precio de la obra es de $465 millone”. Según los expertos, esto no es cierto. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el monto de la obra, calculado por la empresa china CHEC, será de $465 millones, pero los especialistas aseguran que el costo será mucho mayor, pues a esa suma se debe agregar el precio de relocalización de servicios y expropiaciones.

Según el MOPT, bastará con $20 millones para completar las obras, sin embargo, las mismas autoridades de servicios públicos como el ICE, consideran que ese dinero no será suficiente.

“Diversos estudios justifican el precio de las obras que impone CHEC”. Mientras no se cuente con un anteproyecto preciso que incluya cantidad de obras, calidad de esas obras y materiales a utilizar, ningún estudio es preciso en cuanto al precio de la misma.

Hasta ahora, solo se pueden conseguir estimaciones que varían entre sí, tales como las aportadas por el MOPT  realizada por Cal & Mayor, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el estudio referencial que hizo la Asociación de Caminos y Carreteras de Costa Rica. Todos arrojan resultados diferentes y solo son montos estimados.

“Con CHEC no hay que pagar reajustes”. De acuerdo con los representantes de la Cámara de la Construcción el convenio con CHEC indica que en “casos fortuitos” y el Estado costarricense deberá asumir el costo que eso implique, pero nunca se define cuáles son esos casos, por lo que se podría considerar que hasta una huelga es un caso fortuito por indefinición.

Además, los expertos señalan que ninguna obra requiere de un sobreajuste de precios superior al 2% como resultado del encarecimiento de los materiales de construcción. Lo que sucede es que si la Administración no define inicialmente cuáles obras son las que se necesitan, en el proceso constructivo podrían aparecer otras necesidades que habrá que pagar.

La CCC también señala que en todo caso, se le está pagando a CHEC un sobreprecio de hasta un 25%, por lo que desde el inicio, ese ajuste ya está saldado.

“China es la única opción de financiamiento”. Para los expertos esto también es falso, pues hace tres años -cuando se iniciaron las discusiones sobre este proyecto-, el país tenía empréstitos que podía haber utilizado, tales como la línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tampoco era necesario descartar otras entidades financieras. Los expertos señalaron como ejemplo el crédito que adquirió el Instituto Costarricense de Electricidad con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de $560 millones a un plazo de 40 años con una tasa fija de interés anual de 0,6%.

“Licitar la obra tardaría años”. Según dijo Pedro Castro, titular del MOPT, licitar la obra tardaría más de un año en la mejor de las condiciones.

Los expertos señalaron que efectivamente los procesos de licitación tardan demasiado, pero solo cuando el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) los encabezan. Según datos recopilados por la CCC, las instituciones autónomas tardan 380 días en formular un cartel y en adjudicar las obras, sin tomar en cuenta el proceso de construcción, mientras que el MOPT o Conavi lo hacen en 1.184 días bajo las mismas condiciones.

Para la CCC, la licitación pública es el mecanismo más transparente para la contratación de obra pública, pero mientras las autoridades de infraestructura realicen carteles con imprecisiones la adjudicación se seguirá retrasando.

“Contratación directa es el mejor mecanismo”. Construir obra pública “a la carrera” ha demostrado ser el mecanismo menos efectivo para la administración, según los expertos. Como evidencia, el caso de la “Trocha Fronteriza” con declaratoria de emergencia y la nueva refinería con China, dos proyectos que no dieron frutos. “Contratar a la empresa CHEC sin haber concursado en ninguna licitación y sin tener si quiera un anteproyecto, no garantiza una sana ejecución”, según la CCC.

“El proyecto de ley se puede modificar”. Eso no es correcto.

Pedro Castro mencionó, en una conferencia de prensa la semana anterior, que a raíz de los cuestionamientos de algunos diputados, se podrían modificar condiciones en el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las condiciones del préstamo no pueden variar, según reconoció el viceministro de Crédito Público, Jordi Prat, quien reconoció que de variar se tendría que someter a discusión en un nuevo proyecto de ley. Las condiciones del contrato comercial y de financiamiento no se pueden variar porque fueron cláusulas ya negociadas.

“El proyecto es constitucional”. Aunque el gobierno ha defendido esa tesis,la misma Secretaría Técnica de la Asamblea Legislativa reveló en un informe que el proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad.

Según la CCC, el mismo proyecto compromete la soberanía del Estado costarricense en alguna de las clausulas del contrato, por ejemplo donde se indica que China podría cobrar el préstamo y los intereses cuando el Gobierno de ese país modifique leyes.

También, en el convenio se le concede a China trato especial en temas de migración y ambiente.

Crisis turística en zona norte dejó sin empleo a 3 mil personas en los últimos cuatro años

El impacto de la crisis económica en el turismo costarricense dejaron huella; en los últimos cuatro años cerca de 3 mil personas se quedaron sin empleo en la zona norte del país, ellos laboraban en actividades asociadas con los atractivos del volcán Arenal y La Fortuna de San Carlos.

Esa cifra fue proporcionada por la Cámara de Turismo de la Zona Norte (Catuzón), donde informaron que muchas de esas personas debieron abandonar el lugar para buscar mejores condiciones de vida y una oportunidad laboral.

“De hace cuatro años para acá, solamente en la zona de La Fortuna se fueron 3 mil puestos de trabajo directos y si usted lo suma por los demás familiares de esas personas es un impacto social. Ellos tuvieron que salir de la zona porque no tenían trabajo”, explicó Leovigildo Villegas, presidente de Catuzón.

Hasta el momento, solamente un hotel fue intervenido y asumido por una entidad bancaria en la zona. Sin embargo, existen otras medianas y pequeñas compañías que están con un panorama complicado. Por ese motivo, han solicitado en reiteradas ocasiones la colaboración de las autoridades gubernamentales.

“Se le hizo una solicitud a la Asamblea Legislativa para la aprobación de una ley. Necesitamos que se apruebe una ley para proteger las pequeñas y medianas empresas… Al final, son las más importantes para el país. El 80% de la mano de obra costarricense es sostenida por las pequeñas y medianas empresas”, replicó Villegas.

El funcionario fue claro en que la situación no es exclusiva de La Fortuna. El patrón se repite en otras zonas turísticas del país. Para este año las expectativas han sido mejores y se espera que en la próxima Semana Santa haya un repunte en comparación con el año pasado. Uno de los aspectos que más llamativos es la variedad de la nacionalidad de turistas que han estado visitando la zona.

“La Semana Santa va a estar por lo menos en un 80% de ocupación. Pinta que va a estar bien, mucho turista nacional que se va a desplazar aquí. Lo más grueso será el turismo extranjero estarán llegando alemanes, franceses, españoles, sudamericanos y mexicanos. Está muy variado pero sí está llegando turismo. No realmente como queremos, pero si se ha visto un pequeño incremento”, agregó Villegas, en referencia a esta zona.

El dirigente señaló que todavía es muy pronto para hacer una estimación con respecto al resto del año y prefieren no lanzar las campanas al vuelo.

“Las pequeñas y medianas empresas han sido muy golpeadas. Aquí no hay proyectos gigantes… No queremos sonar tambores, el turismo ha sido muy golpeado en una forma muy general. La zona norte es un lugar de pequeñas y medianas empresas”, agregó el jerarca de la cámara…

Anomalías por facturas “fantasmas” por $4 millones era un problema conocido en el Calderón…

Atropello sucedió en Coronado. Archivo CRH

Luego que el jefe suspendido de Cirugía del Hospital Calderón Guardia, Dr. Raúl Valverde, denunciara una serie de supuestas anomalías por el pago de $4 millones por concepto de facturación de servicios médicos que no existen, el director de este centro médico, Dr. Taciano Lemus aseguró que dicho caso fue denunciado también ante el Ministerio Público.

Según el Dr. Valverde existe al menos un lote de 1.022 facturas presentadas desde el año 2011, por las cuales se inició una investigación preliminar que concluyó en setiembre del 2013 y señaló que otras 100 facturas relacionadas a 500 expedientes clínicos  no correspondían con los nombres facturados ni con las cirugías realizadas.

El Dr. Lemus, aseguró que un mes después de asumir la dirección del Hospital, en enero del presente año, identificó las presuntas irregularidades en unas facturas que corresponden al periodo 2010, por lo que denunció dicha anomalía.

Según las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, se le encomendó a la Dirección Médica y al  Equipo de Transición, la tarea de mejorar la gestión administrativa del hospital y como parte de este proceso, se está investigando el lote de facturas que corresponde a uno de los servicios de cirugía.

El Dr. Lemus indicó que las facturas fueron secuestradas por la Auditoría de la institución con el objetivo de proteger la evidencia. Igualmente señaló que al estar interpuesta esta denuncia, las facturas no prescriben.

Hasta que no se concluya la investigación del Ministerio Público, no se puede adelantar ningún detalle del proceso, incluso la entidad asegura que serán estas autoridades quienes determinen las responsabilidades del caso.

Sobre este tema, crhoy.com trató de conocer la versión del exdirector de este centro médico, Dr. Luis Paulino Hernández quien en ese entonces tenía a su cargo dicho Hospital, pero fue imposible contactarlo a pesar de las múltiples llamadas a su celular.

Hundimientos y colapso de alcantarillas en ruta 1 no son novedad para las autoridades

Hundimiento en Cambronero. CRH

Hundimiento en Cambronero. CRH

Los hundimientos o colapsos de alcantarillas en ruta 1 no son acontecimientos nuevos para las autoridades, pues en los últimos meses han ocurrido situaciones similares a lo largo de la ruta.

De San José a San Ramón se encuentra el deslizamiento a la altura de Naranjo, donde el terreno ha ido cediendo en los últimos tres años, según advirtió el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en dos informes, el último entregado la semana anterior.

En el último informe se constata que las autoridades han sido incapaces de intervenir en el sitio y así evitar que el terreno siga cediendo y se ponga en peligro la seguridad de los quienes transitan por allí.

El segundo hundimiento en ruta es el que se encuentra a altura de Cambronero entre San Ramón y Esparza ocurrido el pasado sábado. El deslizamiento se provocó por la erosión del terreno, luego de que las autoridades intervinieran el sitio para sustituir una alcantarilla de acero corrugado por una de concreto.

En diciembre, cerca de la entrada a Miramar en la misma ruta, colapsó una alcantarilla que obligó al paso regulado en la zona, mientras se realizaba la sustitución de la vieja estructura por una nueva de concreto. El costo de esta intervención superó los 40 millones de colones, según informó el Conavi.

Estos incidentes no son más que el reflejo del descuido de la red vial nacional de los últimos años, según Guillermo Loría, del Lanamme, quien aseguró que es falso que no se puedan intervenir cada uno de los puntos críticos de la vía, pero que para ello se requiere de un plan de sustitución de alcantarillas.

Según Cristián Vargas, director del Conavi solo entre San Ramón y Esparza hay86 alcantarillas deterioradas que podrían provocar una situación similar a la ocurrida en Esparza.
Para Loría no es normal que sucedan estas situaciones, y que se requieren de intervenciones oportunas.

De acuerdo con Vargas, lo sucedido en Naranjo no se ha podido intervenir porque el contrato de concesión que mantenía con OAS impedía que el Conavi diera mantenimiento a la zona, y en el caso de Miramar, aseguró que durante la época seca se han sustituido unas 6 alcantarillas para evitar lo sucedido en el sector en diciembre anterior.

Grupo Consenso enviará al Gobierno documento con 40 dudas sobre ruta 32

Grupo Consenso enviará al Gobierno documento con  40 dudas sobre ruta 32

Archivo. CRH.

Archivo. CRH.

En esta semana, el Grupo Consenso que integran expertos en el campo de la construcción, entregará al Gobierno un documento con 40 dudas sobre el proyecto de ampliación de ruta 32, y pedirán a las autoridades que respondan con la formalidad del caso esas interrogantes.

Esto sería el último esfuerzo del Grupo por mejorar el proyecto, según Randall Murillo, de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Así también lo dejó saber Guillermo Loría, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) quien aseguró que a las consultas que ellos han hecho se les dio un tinte político.

Entre las inquietudes que tiene el Grupo se encuentran situaciones del marco jurídico, del precio y de la empresa CHEC que construiría la obra si se aprueba tal como está el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.

“Simplemente, si el proyecto se aprueba tal como está existe un riesgo que no se pueda ejecutar por una serie de inconsistencias que ya han sido señaladas por Servicios Técnicos del Congreso”, dijo Ricardo Castro, de la (CCR), miembro del Grupo Consenso.

Estas son algunas de las dudas que enviarán al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT):

– Que los procedimientos contenidos en el contrato de préstamo prevalecen sobre el ordenamiento jurídico del país, y que los derechos y obligaciones se regirán por la Ley de China.
– Costo de la obra: ¿Cómo se justifica la variación de costos de distintos entes bajo un mismo alcance del proyecto?
– ¿Cuál es el presupuesto que hizo la empresa CHEC? No se incluye en ningún documento el detalle del costo de las obras ni el detalle de los materiales que se utilizarán.
– Que aclaren los costos de rehabilitación de la ruta existente versus los costos de mantenimiento.
– Aclarar el asunto de los peajes, pues el proyecto de Ley abre la posibilidad del cobro.
– Explicación del por qué no se realiza mediante contratación administrativa.
– No hay certeza de los terrenos a expropiar, ni del costo de los mismos, lo cual incrementa el precio de la obra.

El contrato con la empresa CHEC también generó dudas entre el sector, pues incluye condiciones negativas para el país, por ejemplo donde se indica que se tendrá que pagar la totalidad del préstamo más intereses si el país incumple con acciones, errores en los materiales o si el país cambia las leyes.

Para el Grupo Consenso no queda claro cuáles acciones nos harían incumplir y por lo tanto el Estado deberá de pagar.

Castro agregó que detrás de este documento y de los esfuerzos por mejorar el proyecto por parte del Grupo Consenso no existen intereses empresariales ni de ningún tipo, sino acciones bien intencionadas para mejorar la competitividad del país, contrario a las declaraciones del ministro Pedro Castro por desacreditar la labor de los expertos.

“¿Será que don Pedro no entiende de buenas intenciones?”, dejó como una interrogante más Ricardo Castro de la CCC.

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