En un claro, conciso y bien pensado artículo para malintencionadamente, manipular, la opinión pública del electorado acerca de los Debates presidenciales y en un claro intento por revertir la decisión de la Sala IV de considerar las garantías existentes para la libertad de expresión, al exigir a los medios de comunicación, dar un trato igualitario a todos los partidos políticos y candidatos; No solo a unos cuantos, a quienes política, económica y mercantilmente les sirve a los medios de comunicación publicitar y/o patrocinar; hacen uso de la demagogia y de la retórica, para, justamente, decir lo contrario, de lo que realmente se pretende con dicha medida de Democracia Participativa; convirtiéndose en un arma de manipulación masiva al servicio de los partidos políticos tradicionales y de los poderosos, poderosísimos intereses político-empresariales que los respaldan; haciendo clara, patente la frase “ Donde hay una buena manipulación informativa, no es necesario el fraude electoral”.  

Veamos a qué me refiero

“La Sala Constitucional, sin considerar las garantías existentes para la libertad de expresión, prohibió a los medios celebrar debates sin cursar invitación a todos los candidatos presidenciales, sin excepción. La inspiración del fallo es una ingenua concepción de la igualdad, discutible incluso desde la perspectiva de la definición del concepto por la propia jurisprudencia constitucional.”…

La Constitución Política de Costa Rica en su TÍTULO IV: DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES señala las siguientes garantías individuales:

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado.

Queda entonces claro como el agua que la Sala Constitucional consideró, no sólo las garantías existentes para la libertad de expresión, sino también, las garantías existentes para que Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; las de que Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley y el hecho de que Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público; al prohibir a los medios celebrar debates, sin cursar invitación a todos los candidatos presidenciales, sin excepción.

Está por demás decir que, La inspiración del fallo es una genuina concepción de la igualdad, indiscutible desde la perspectiva constitucional y soportada por la propia definición del concepto de la jurisprudencia constitucional.

“Los magistrados exigieron a los medios de comunicación dar igual tratamiento a partidos y candidatos totalmente disímiles en importancia y arrastre electoral. Les impuso no hacer diferencias, por demás totalmente lógicas y apegadas a la realidad, donde la propia ley las hace, por ejemplo, para adjudicar el financiamiento de las campañas. Menospreció, en última instancia, las diferencias establecidas por el propio electorado, que jamás se reparte por igual.”…

Lo que sí queda claro es que los medios de comunicación, en especial, el que redacta este Editorial, exigen a los magistrados que se irrespeten los derechos constitucionales de Libertad, Igualdad y Fraternidad; para dar tratamientos totalmente disímiles en importancia y arrastre electoral, a partidos políticos mayoritarios y candidatos minoritarios; en un típico tratamiento de Tigres Sueltos contra Burros Amarados; por el simple y sencillo hecho de que por ser pobres, por ser minoritarios, No tienen el derecho a expresarse, a darse a conocer ante el electorado; ya que, de otra forma, les sería imposible; ya que, ni siquiera tienen derecho a deuda pública, a financiamiento; mucho menos a pagar una pauta política, en un medio de comunicación como el que escribe este Editorial, o en cualquier otro, menos neoliberal. 

“La exigencia de participación universal vigente durante una década empobreció la discusión política, redujo el número de debates y les restó interés. Si las consecuencias prácticas de la “igualdad” de trato impuesta a ultranza son graves, también es seria la afectación de la libertad de expresión.”…

La exigencia de participación universal vigente no hace más que enriquecer la discusión política, al reducir el número de debates pactados, comprados a los medios de comunicación y les aumentar, no solo el interés, sino el conocimiento general acerca de los candidatos, los partidos políticos y sus propuestas; generando capacidad de criterio para decidir, en el electorado indeciso. Así las consecuencias prácticas de la “igualdad” de trato impuesta a ultranza son, no solo el acrecentamiento y el asentamiento de la libertad de expresión; sino también, el enriquecimiento de la cultura política del electorado y de la democracia participativa, en general.

La igualdad de trato, No debe ser solo para los que van ganando, o van arriba en las encuestas compradas, digo pagadas por los medios de comunicación a las casas encuestadoras, para que muestren los resultados que a ellos (medios de comunicación y partidos políticos) les sirven económica y comercialmente.

La igualdad de trato es y siempre será eso Igualdad de Trato; o sea, a Todos por Igual; es por eso que llevan justa razón los “Candidatos de tres partidos minoritarios reclaman al TSE trato desigual en medios de comunicación”; es por eso que ante el contubernio del TSE con los partidos políticos mayoritarios; “TSE rechaza amparo de candidatos minoritarios contra medios de comunicación”; principalmente con el del oficialismo, cuando el  TSE rechazó el “recurso de amparo electoral interpuesto el lunes por tres candidatos” a 3 candidatos de partidos minoritarios a la Presidencia de la República, no les queda más que “Tres partidos políticos van a Sala IV para tratar de frenar debates televisivos” y el “TSE suspende debate de esta noche por no estar invitados todos los candidatos presidenciales”; por violar claramente la Constitución Política de nuestro país; aunque, ni ellos (TSE), ni los partidos políticos mayoritarios, ni por supuesto, los medios de comunicación, lo admitan.

De todos modos, no hace falta que lo hagan, el Artículo 10 de nuestra Constitución Política, le da la razón a la Sala Constitucional.

TÍTULO I: LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 10.– Corresponderá a una Sala especializada de la Corte  Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades y órganos que indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.

Así que No se deje engañar, No se deje manipular por los medios de comunicación masiva, hágale caso a su conciencia, entérese, infórmese y haga un uso adecuado de su derecho al voto.

Recuerde que todos tenemos un cerebro… Por favor ¡Úselo!   

 

 

 

 

 

Constitución Política de Costa Rica

TÍTULO I: LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 4.– Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición.

ARTÍCULO 10.– Corresponderá a una Sala especializada de la Corte  Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades y órganos que indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.

Reformado.

TÍTULO IV: DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado.

 

 

 

 

 

 

Tres partidos políticos van a Sala IV para tratar de frenar debates televisivos

Tres partidos políticos presentaron un recurso de amparo contra varios medios de comunicación y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que este último obligue a los primeros a tomar en cuenta a todos los candidatos presidenciales en los debates que programan…

TSE suspende debate de esta noche por no estar invitados todos los candidatos presidenciales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspendió, esta tarde, un debate presidencial programado para las 6 p. m. de hoy (9 Enero) debido a que era organizado por un ente adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud y no estaban invitados los 13 candidatos a la Presidencia…

Candidatos de tres partidos minoritarios reclaman al TSE trato desigual en medios de comunicación

Siete de los 13 candidatos expusieron sus ideas en un debate realizado esta noche en el Tribunal Supremo de Elecciones. Concluyó a las 9:51 p.m.

Tres candidatos presidenciales de los llamados partidos minoritarios presentaron un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el que reclaman un trato desigual por parte de los medios de comunicación…

Ellos buscan que el TSE intervenga para que los medios de comunicación privados que organizan debates u otras actividades relacionadas con los comicios del 2 de febrero, incluyan a los 13 aspirantes a Zapote…

TSE rechaza amparo de candidatos minoritarios contra medios de comunicación

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó ayer el recurso de amparo electoral interpuesto el lunes por tres candidatos de partidos minoritarios a la Presidencia de la República.

El TSE advirtió que las encuestadoras deben conservar los documentos que respaldan sus estudios de opinión.

El TSE rechazó el martes el recurso de amparo electoral presentado el lunes por tres candidatos de partidos minoritarios.(ARCHIVO)

Los aspirantes Sergio Mena, de Nueva Generación; José Miguel Corrales, de Patria Nueva; y Wálter Muñoz, de Integración Nacional, reclamaron al TSE un trato desigual de los medios de comunicación por organizar debates u otras actividades políticas con solo una parte de los candidatos…

Debates presidenciales

En setiembre del 2009, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) devolvió a los costarricenses el derecho a presenciar debates presidenciales y, a los medios de comunicación, la facultad de organizarlos sin injerencia del Estado. Esos derechos habían sido conculcados por la Sala Constitucional poco antes de la elección del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en 1998.

La Sala Constitucional, sin considerar las garantías existentes para la libertad de expresión, prohibió a los medios celebrar debates sin cursar invitación a todos los candidatos presidenciales, sin excepción. La inspiración del fallo es una ingenua concepción de la igualdad, discutible incluso desde la perspectiva de la definición del concepto por la propia jurisprudencia constitucional.

Los magistrados exigieron a los medios de comunicación dar igual tratamiento a partidos y candidatos totalmente disímiles en importancia y arrastre electoral. Les impuso no hacer diferencias, por demás totalmente lógicas y apegadas a la realidad, donde la propia ley las hace, por ejemplo, para adjudicar el financiamiento de las campañas. Menospreció, en última instancia, las diferencias establecidas por el propio electorado, que jamás se reparte por igual.

El resultado práctico fue lamentable. Un debate entre 13 es imposible, como lo acaba de demostrar el propio TSE al dividir a los aspirantes en dos grupos, a inicios de esta semana, para los encuentros transmitidos por Canal 13. Aun así, no hubo debate, sino una entrevista colectiva sobre los mismos temas, con participantes incapaces de despertar el interés del electorado.

Poca gente sintonizó esos “debates” y la mayoría salió decepcionada. En cambio, la ágil confrontación organizada por Canal 7 el lunes, a tempranas horas de la mañana, entre los tres candidatos con más peso en las encuestas, suscitó en menos de una hora el interés nacional y avivó la discusión política. ¿Cómo quedó mejor servida la vitalidad de la democracia?

La exigencia de participación “igualitaria” vigente durante una década, por erróneo mandato de la Sala Constitucional, empobreció la discusión política, redujo el número de debates y les restó interés. La sobrepoblación de candidatos con escaso apoyo electoral entorpeció el intercambio entre los principales contendientes, privando a los costarricenses de un ejercicio útil y común en las democracias de todo el mundo.

Los medios intentaron despertar interés dividiendo la nómina de aspirantes, como lo hizo el TSE esta semana, pero no lo consiguieron, sobre todo en los debates de “segunda”, donde correspondía el turno a los candidatos menos relevantes. La multitud torna difuso el contraste entre los principales contendientes e impide a las mayorías fundamentar mejor la decisión del sufragio.

Sería criticable, aunque no ilícita, la actuación de un medio de comunicación que excluyera a un candidato relevante por razón de su ideología u otros factores similares, pero la actual contienda electoral demuestra que los medios cumplen con mayor objetividad el principio de dar igual trato a los iguales o, cuando menos, a los similares. El Frente Amplio, cuyo candidato no fue invitado a los debates celebrados hace cuatro años, hoy es convocado, sin falta, a la confrontación de ideas. Otros, que en el pasado no podían faltar, no siempre son invitados en la actualidad, merced al declive de sus caudales políticos. El espacio en los debates se gana con el favor del electorado y nada puede haber más consecuente con el ejercicio democrático.

Si las consecuencias prácticas de la “igualdad” de trato impuesta a ultranza son graves, también es seria la afectación de la libertad de expresión. Las decisiones editoriales propias de los medios de comunicación no pueden ser sustituidas por criterios estatales en la sociedad democrática. La imposición de contenidos a la prensa independiente es siempre ilegítima, como lo tiene bien establecido la doctrina y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.

Si el Estado puede imponer la nómina de participantes en un debate, también estaría facultado para exigir la adjudicación del mismo espacio informativo a cada aspirante y, quizá, hasta los mismos temas y enfoques. A nadie se le ocurriría semejante locura, pero es la misma lógica llevada a sus extremos más absurdos.

La jurisprudencia internacional va mucho más allá de la sentencia emitida por el TSE en el 2009, a cuyo tenor, cuando los organizadores sean sujetos privados, “no resulta aplicable la obligación de invitar a todos los candidatos presidenciales inscritos, en tanto estos medios se encuentran regidos por el principio de libertad…”.

Como es evidente, el Tribunal no aplicó aquel principio a las entidades públicas, dejándolas en grave desventaja, condenadas a patrocinar insustanciales y aburridos “debates” multitudinarios. En los Estados Unidos, por contraste, los jueces rechazaron la exigencia de David Duke, un candidato minoritario vinculado con el Ku Klux Klan, de ser incluido en el debate organizado por una televisora estatal. Duke argumentó, precisamente, el carácter público de la televisora, pero los jueces respondieron que la libertad de expresión no distingue entre periodistas de medios de comunicación públicos y privados. En ambos casos, exige respetar el criterio editorial y la independencia de la prensa.

Más allá de ese defecto, la sentencia del 2009 reparó el despropósito de 1998 y salvó al país de una nueva condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya había medios decididos a plantear el reclamo. Tampoco hay falta en la convocatoria universal a los debates organizados por el TSE. La función del Tribunal le exige llegar a ese extremo, aunque el resultado sea de limitado provecho. Pero el supuesto derecho de un puñado de candidatos a “darse a conocer” no implica permitirles el secuestro de la discusión política sustancial, en detrimento del interés mayoritario.

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